Revista no 29

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Revista no 29

  1. 1. Corte Suprema de Justicia • Revista 29 Reforma a la Justicia JAIME ALBER TO ARRUBLA PAUCAR PRESIDENTE (E) CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIAP ara nadie es un secreto de vieja data que la justicia El revolcón estructural que necesita la Justicia en el país no se en Colombia requiere de una trasformación reduce únicamente a revivir al extinto Ministerio del sector o a profunda y generalizada, la cual no puede ser agilizar procesos. Los fundamentos de la propuesta radican en llevada a cabo únicamente a través de normas la necesidad de dar respuesta efectiva a toda la problemática jurídicas, sino que es necesario invitar a toda que aqueja a la justicia, mediante una reforma normativa la comunidad a participar de manera activa y de la Rama Judicial, acompañada de recomendacionescomprometida en su calidad de usuaria y veedora de ésta. puntuales que faciliten la adopción de medidas urgentes y ordinarias que solucionen en breve tiempo y generen las¿Por qué es menester darle prioridad en la agenda nacional al condiciones idóneas para el adecuado desarrollo de la Rama,tema de la justicia? especialmente necesario dentro del proceso de globalización en el que está inmerso el país.Porque no se pueden concebir la paz ni la seguridadciudadana, el progreso del pueblo, su bienestar y su inclusión De allí la necesidad de que la política de justicia, ademásen un mundo globalizado, sino mediante una justicia sólida, de oportuna y eficaz, sea una prioridad para el Estado, puesautónoma e independiente, plural, solidaria, organizada, con ella se contribuye no sólo a la unidad nacional, sino a lamoderna, cumplida, sintonizada con las necesidades de los pacificación que tanto necesitamos.justiciables y con las exigencias del tráfico contemporáneo. Convertir la justicia en prioridad del Estado, de un ladoQuisiera entonces hacer una breve referencia del proceso reconoce la necesidad de consolidar la seguridad jurídica,que comenzó por iniciativa del Gobierno Nacional, en la de solucionar los grandes problemas nacionales como sonconformación de una Comisión de Expertos que, después la corrupción, la criminalidad organizada, el narcotráfico, elde varios meses, arrojó importantes reflexiones acerca de la paramilitarismo, etc.; y, de otro, siendo prioridad será unanecesidad de una política de Estado sobre el tema de la justicia directriz que persuada a todos los sectores del país al apoyoy de un acuerdo nacional alrededor de ésta. Además, sobre la y mejoramiento de la justicia, incluyendo a los sectorespropuesta que presenta el Gobierno a las Cortes y que llevará al empresariales nacionales e internacionales que requieren,Congreso próximamente. además de seguridad jurídica para sus inversiones y negocios, una pronta y debida justicia.Ha llegado el momento de que el problema de la justicia dejede ser contemplado parcialmente como si todo se redujera Sin embargo, dado que las soluciones planteadas constituyena un tema de congestión judicial, o de impunidad, por un proceso complejo integrado por varias fases, la propuestarelevantes que sean estos temas, para contemplar otros de no puede perseguir una solución inmediata para toda laacentuada significación que deben tenerse en cuenta en el problemática judicial, sino la formulación de un tratamientoplanteamiento de las soluciones. gradual, en el que se involucre a la sociedad. 1
  2. 2. Corte Suprema de Justicia • Revista 29 Recomendaciones prácticas de la reforma a la justicia en Colombia JAIME ARRUBLA PAUCAR PRESIDENTE (E) CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIAD e manera puntual me referiré a las Ahora bien, no se puede pretender que por el camino de una recomendaciones prácticas que hiciera la reforma constitucional se resuelva totalmente el problema del Comisión en su informe, y a algunas de las acceso a la justicia. El tema de la congestión judicial, por ejemplo, propuestas del Gobierno Nacional, no sin tiene unas raíces más profundas que conducen a evidenciar que antes dejar en claro que las mismas son la Justicia no parece ser una prioridad estratégica para el Estado apenas un inicio en la transformación de colombiano. En efecto, basta con revisar y comparar la bajalos problemas, pero hace falta todo un camino por recorrer. participación de la Rama Judicial en el presupuesto nacional frente a otros sectores como el de Defensa o el de Educación,En primer lugar, quiero enfocarme en el tema del así como la pérdida de participación sistemática frente al PIB.“Fortalecimiento del acceso a la administración de La carencia de recursos presupuestales conlleva a que la ofertajusticia” por parte de los ciudadanos. de justicia no crezca al mismo ritmo que la demanda y también hace que su infraestructura tecnológica y locativa acuse unaLa cuestión del acceso a la Justicia es de carácter esencial, porque de clara obsolescencia.la efectividad de ésta depende, en gran parte, el robustecimiento denuestro sistema democrático y la construcción de una ciudadanía La sobrecarga de trabajo de los funcionarios también generaincluyente que fortalezca los derechos de las personas. dilaciones en el trámite de los procesos que elevan los costos y los riesgos del litigio, en detrimento mayoritariamenteSe requiere, entonces, el diseño de estrategias por parte de quienes se encuentran en condiciones económicasdel Estado en el mejoramiento del servicio de justicia. Para más vulnerables. La oferta de asistencia jurídica gratuitaesto, no basta promover probidad, conocimiento, celeridad es insuficiente, y muchas veces sin calidad, habilidad yy buen juicio en el juzgador, sino que es decisivo también experiencia, lo que genera posiciones privilegiadas dentroque el legislador contribuya con el propósito de esclarecer de un proceso por parte de quienes tienen los recursos paralos derechos y precisar las obligaciones de los ciudadanos. contratar abogados expertos frente a las personas que seEn tal virtud, la Rama Judicial, en asocio de la Legislativa, encuentran en desventaja económica.cumplen una función relevante de cara a la colectividad, loque explica que una y otra no deben ahorrar esfuerzos en Teniendo en cuenta lo anterior, aunado a la problemáticadicha labor. de congestión y atraso judicial, las medidas que se tomen 2
  3. 3. Corte Suprema de Justicia • Revista 29 @Pie de foto @ Corporación excelencia en la justiciadeben partir de la creación de un Plan de Modernización de programas de descongestión y, sobre todo, promoviendo ella Justicia en cabeza del Estado. cumplimiento de las obligaciones por parte del Estado y el respeto por la jurisprudencia reiterada, especialmente enAsí mismo, se debe procurar la simplificación, por medio materia de salud.de la ley, de los trámites procesales e impulsar el tema de laoralidad, siempre que se otorgue la debida seguridad jurídica Del lado de los usuarios debe existir la conciencia de evitar ela las causas que se juzguen; se debe también incorporar uso abusivo de la Justicia, como por ejemplo, el caso del sectornuevas tecnologías que faciliten el trabajo de los funcionarios; financiero, cuando es irresponsable otorgando créditos a quienimpulsar a gran escala el uso de los mecanismos alternativos no tiene capacidad económica y luego utiliza los procesosde solución de conflictos formales como la mediación, la judiciales para presionar sus pagos; o el caso de la congestiónconciliación, el arbitramento, o informales (justicia de paz, causada por el abuso en el ejercicio de acciones de tutela. Haetc.); impulsar la solución rápida de las causas contenciosas de promoverse la divulgación del Derecho, y la adopción dejudiciales menores o comunes que encierren un interés estrategias para prevenir la litigiosidad, solucionarla mediantepúblico o un interés privado. formas alternativas, en general, para crear una cultura de cumplimiento del orden jurídico que reduzca la intervenciónUna justicia pronta, cumplida y accesible se logra respetando judicial en los asuntos estrictamente necesarios.las garantías constitucionales consagradas en favor de losusuarios de la administración de justicia, implementando En segundo lugar, resalto aquí que la Comisión de Expertosmecanismos legales existentes a su favor, desarrollando destaca el papel preponderante de la judicatura de cara 3
  4. 4. Corte Suprema de Justicia • Revista 29a la construcción, actualización y aplicación del Derecho Bar Association en su Manual sobre Derechos Humanoslegislado, haciendo concreta la voluntad abstracta del para jueces, fiscales y abogados, lo que realmente significalegislador; la judicatura redondea, precisa, complementa la independencia del juez es que este tiene tanto el derechoaquellos aspectos que, por una razón u otra, no lo fueron como la obligación de decidir los casos de conformidad conen el campo legislativo, y permite que la justicia material se el Derecho, libre de temor a la crítica personal o a represaliastorne en una realidad tangible, con rostro humano, cívico. de cualquier tipo.Me refiero concretamente a “la Jurisprudencia y su papelvinculante” en el ordenamiento jurídico. La Comisión propone, con el ánimo de buscar una justicia rápida y equilibrada, que la existencia de jurisprudencia deEl régimen actual, obviamente con excepciones, sigue siendo sólida proyección doctrinal ilumine al funcionario que debeun sistema de jurisprudencia libre o meramente indicativa, tomar decisiones pues cuenta para ello con un serio materiallo que trae dos problemas en el funcionamiento de nuestro de orientación. Pero, no obstante, esta circunstancia, debesistema jurídico: dejarse abierta la posibilidad para que los funcionarios se separen del criterio jurisprudencial existente, siempre que1. Los jueces distintos a los magistrados de las ‘Altas Cortes’, se haga con razones o fundamentos y no como producto del a veces realizan citaciones asistemáticas, y en otras capricho o de la ignorancia. oportunidades se limitan a citar simplemente algunos párrafos de sentencias que no siempre configuran o El proyecto del Gobierno opta por un precedente rígido traducen la jurisprudencia vigente; que coarta la independencia del juez, lo que llevará a un anquilosamiento de la jurisprudencia.2. La unificación de la jurisprudencia realizada por las Altas Cortes no siempre tiene efecto vinculante respecto de En tercer lugar, en un proceso de Reforma a la Justicia los funcionarios judiciales, lo cual tiene un acentuado debe ser preponderante el concepto de la “autonomía impacto frente a la unidad y estabilidad del sistema y la independencia judicial”. Para estos efectos, son jurídico. fundamentales las reformas encaminadas a robustecer la arquitectura institucional y el autogobierno, así como lasEs claro entonces que los jueces tienen el deber de relaciones con las demás ramas del Estado.respetar el precedente judicial. Pero un deber prima facieno constituye una obligación inexorable que, a las claras, La Rama Judicial ha avanzado en estas dos décadas. Esviolaría en Colombia garantías, amén de que sería altamente necesario preservar lo que se ha alcanzado por obra de lainconveniente. En desarrollo del principio de autonomía autogestión y todas las propuestas se encaminan a mantenerjudicial, rectamente entendido, los jueces pueden separarse el autogobierno, la dirección gerencial especializada y lade la línea jurisprudencial ya fijada si exponen motivos escuela judicial fortalecida dentro de la Rama; sería unsuficientes y razonables para ello. verdadero retroceso propender a los esquemas anteriores a la Constitución de 1991, en los que el Gobierno Nacional teníaEsta independencia de criterio no significa, por supuesto, la tarea de administración de la Rama Judicial. Es consensoque los jueces puedan decidir casos con base en sus propios que dentro de su atribución principal de administrarcaprichos y preferencias. De acuerdo con la International justicia, la Rama puede funcionar de la mejor manera con la colaboración accesoria y complementaria de una estructura administrativa y de gobierno autónomo. Los jueces pueden separarse de la En este tema, la reforma propone en reemplazo del Consejo línea jurisprudencial ya fijada si expo- Superior de la Judicatura, la creación del Consejo Nacional nen motivos suficientes y razonables de la Administración Judicial para el gobierno de la Rama para ello. Judicial, que cuente con una Dirección Ejecutiva, verdadero órgano de gestión y administración. No es necesario, se debe aprovechar la experiencia conseguida y corregir algunas 4
  5. 5. Corte Suprema de Justicia • Revista 29comas, como darle más fuerza a la participación de la anterior, dicha coordinación debe partir del respeto entrejurisdicción ordinaria y contenciosa en las decisiones sobre las distintas autoridades, el acatamiento a las decisiones quepolíticas fundamentales. estas toman en el marco de sus funciones, y la prohibición de descalificar el trabajo de cada una de ellas.Como lo mencioné anteriormente, el presupuesto de la RamaJudicial no es del todo suficiente y, además, su negociación De ahí que se invite a la articulación y a la realización abiertaanual con el Poder Ejecutivo y Legislativo genera grandes de un gran pacto nacional por la justicia en el cual quepandificultades en la consolidación de la independencia judicial. todos los colombianos, liderado por las cabezas de las tresPor muchos años, los Presidentes de Cortes Iberoamericanas, ramas del Poder Público, en asocio de otros sectores, tanto deen diversas cumbres, han sostenido la importancia de que naturaleza oficial, como privada, entre otros, la Procuraduríael Poder Judicial cuente con recursos suficientes para el General de la Nación, la Contraloría General de la República,cumplimiento de su cometido de administrar justicia con la Fiscalía General, los gremios, las universidades, etc.,autonomía. todas entidades y asociaciones interesadas en una justicia autónoma, independiente, digna, eficiente, incluyente,Consideramos entonces que esta consolidación se encamine oportuna y transparente, cuya coordinación general,garantizando, a través de la Constitución o de la Ley, un efectivamente, podría estar en cabeza del Ministro de Justicia,porcentaje mínimo que debe recibir la Rama Judicial como parte tal y como se propone un Ministerio escindido del actualde su presupuesto anual, y así evitar los inconvenientes que se Ministerio del Interior.presentan por la negociación que debe hacerse cada año. Es de conocimiento público que en 2003, el Ministerio deTambién quiero destacar la importancia de las relaciones Justicia se fusionó con el Ministerio del Interior. Uno deentre el Poder Judicial y las otras ramas del poder para el los argumentos utilizados para fundamentar la innecesariamantenimiento de la independencia de los jueces y el existencia del Ministerio de Justicia como ministeriofortalecimiento de su gestión. autónomo fue el de que sus funciones se habían reducido porque la gestión de la Rama Judicial se había entregado aLa independencia funcional debe tener en cuenta como ella misma. A pesar de lo anterior, los años posteriores a laprincipio de la democracia y de la Rama que los funcionarios fusión demostraron que fue una decisión desafortunada.que ejercen la jurisdicción están a un lado de las otras ramas En primer lugar, debido a la gran agenda política que tienedel poder. Esto se fortalece aún más con figuras como las a su cargo el Ministerio del Interior, los temas de la justiciade la carrera y la vigilancia judicial. No contribuye a la idea quedaron relegados a un segundo plano. Y en segundo lugar,de independencia la propuesta gubernamental de atomizar la las competencias del Poder Ejecutivo en el sector justiciafunción jurisdiccional pasándola a otras dependencias de la siguieron siendo bastante amplias, al tener a su cargorama ejecutiva e incluso a los notarios. el fortalecimiento de las políticas de acceso a la justicia, el seguimiento y control a la conciliación extraprocesal,Cabe resaltar aquí el Informe de la Relatora Especial sobre mecanismos alternos para la solución de conflictos, ella independencia de los Magistrados y Abogados - Misión a cumplimiento de las decisiones judiciales por parte de lasColombia de la Asamblea General de Naciones Unidas, Consejo autoridades administrativas, la participación en el diseñode Derechos Humanos, de marzo de este año, donde se expone de la política criminal, por lo que es trascendental tener uncon vehemencia que “Los integrantes de los otros Poderes del interlocutor que haga parte del Gobierno, que canalice lasEstado deben cumplir los fallos judiciales y abstenerse de toda inquietudes y busque consensos permanentes.invocación al no acatamiento de una sentencia así como detoda declaración conducente al descrédito o descalificación La consolidación de un Ministerio de Justicia no menoscabade Magistrados, jueces y abogados”. la independencia y autonomía de la Rama Judicial, pues ésta, como ya lo anotamos, conserva las funciones de suEs claro entonces que el enfoque sistémico de la justicia hace propio gobierno y gerencia. Lo que implica es que el Estadonecesaria la coordinación entre las distintas instituciones reconoce con ello la gran importancia del sector justicia, y dey autoridades relacionadas con el sector; no obstante lo la necesaria interlocución efectiva con la Rama Judicial. 5
  6. 6. Corte Suprema de Justicia • Revista 29En cuarto lugar, la Comisión destacó la necesidad de tutelas contra providencias judiciales, lo que significa que las“Robustecimiento de la Acción de Tutela”. Como acciones contra los derechos fundamentales que no recaigantodos saben la tutela se ha constituido en un instrumento sobre providencias judiciales no se exigirá que se formulenformidable para hacer realidad el Estado Social de Derecho, por medio de abogado ni contará con término de caducidad.efectivo acceso a la justicia de los ciudadanos y eficaces losderechos fundamentales y sociales, pero de su entendimiento Se pretende en el proyecto admitir la tutela frente a sentenciasjurisprudencial y de su práctica judicial se han derivado de la Corte Suprema de Justicia, que irían en revisión a laconsecuencias perturbadoras. Corte Constitucional, con el equivocado argumento de que no pueden existir tres órganos definiendo la jurisprudenciaLa activa realización judicial en derechos sociales ha creado de los derechos fundamentales.una cultura indeseable en los otros poderes públicos yactores sociales, en especial en la administración de los Sea lo primero advertir que no es cierto que el cierre enservicios públicos de seguridad social, donde se ha producido materia constitucional se lo haya asignado la Constituciónabandono, relegación y omisión en el respeto de esos Política a la Corte Constitucional. Lo que la Constituciónmismos derechos, y la gente deja de actuar para hacerlo le asigna a este Tribunal como órgano de cierre es decidirsólo a instancias judiciales; nada más diciente de este estado sobre la exequibilidad de las leyes y en cumplimiento dede cosas que lo que ocurre en la seguridad social en salud: tal propósito toma decisiones con carácter erga omnes y142.000 tutelas en el 2008; y se estima que un 30% de las dicho examen lo tenemos que respetar todos los jueces dereclamaciones son por prestaciones contempladas dentro de la República.los planes de beneficio. Pero se olvida que es la misma Constitución la que le asignaDe igual manera, la seguridad jurídica y la predictibilidad a la Corte Suprema de Justicia la función como Tribunal dede los derechos se resiente con el uso de la tutela contra Casación. Una competencia constitucional que se combinadecisiones judiciales en un escenario en el que se prescinda además con ser el máximo Tribunal de la justicia ordinaria.de las reglas básicas de todo ordenamiento de competenciasjudiciales: la jerarquía, especialidad y jueces naturales En la comprensión de esta tarea constitucional encomendadaseñalados por la ley. Ni los ciudadanos pueden escoger a sus a la Corte Suprema de Justicia por los artículos 234 y 235, esjueces, ni éstos a los de sus instancias inferiores modificando donde está el quid del problema.las reglas ya establecidas. Es craso el desconocimiento del proyecto de Acto LegislativoInsiste la Comisión en la importancia de la acción de tutela presentado a iniciativa del Gobierno sobre estas funcionescomo instrumento de defensa de los derechos fundamentales; constitucionales de una Corte Suprema como Tribunal dey lejos de suprimirla o torpedearla persigue dotarla de Casación, aquí y en cualquier lugar del mundo.elementos que agilicen su trámite y la racionalicen con mirasa que perdure y no se deteriore en su aplicación. A continuación encontraremos los argumentos, precisamente en los fines que tiene la casación, para demostrar que dichaEn desarrollo de la mencionada protección, la Comisión propuesta desconoce qué es un orden jurídico y cuál es laestima necesario no sólo mantener la acción de tutela tal como manera de mantener su coherencia y su unidad.se encuentra consagrada en la Carta Política de 1991 y comoha sido desarrollada por la jurisprudencia constitucional, La contemporaneidad y sus innovaciones en el Derechosino que considera que ella debe ser complementada con llevan irremediablemente a la necesidad de repensar todasmedidas que aseguren su uso racional en protección de los las instituciones jurídicas y por consiguiente el proceso comoderechos fundamentales. instrumento de tutela de los derechos de las personas.Se propone entonces que a la tutela contra providencias Para algunos la unificación de la jurisprudencia es uno de losjudiciales se le exija una caducidad de un mes y la postulación fines primordiales de la casación. Ello no es así, es apenaspor medio de abogado. Y esto únicamente en tratándose de una de las consecuencias obtenidas, un resultado inevitable. 6
  7. 7. Corte Suprema de Justicia • Revista 29La labor principal de un tribunal supremo es la defensa del sentencias son argumentos de autoridad para justificar tododerecho, o mejor del ordenamiento jurídico. Sin embargo, de tipo de providencias, conceptos, dictámenes, etc. El propiono existir una jurisprudencia uniforme, creada por el más alto legislador en sus exposiciones de motivos cita jurisprudenciatribunal de justicia, el resultado final sería anárquico, pues de la Corte de Casación.existirían tantas posibles soluciones como casos particularesse presentan a diario. Esto no significa que la jurisprudencia de la Corte Suprema sea plenamente vinculante o exclusivamente de su producciónLa unificación de la jurisprudencia no es por tanto el fin creativa.que se pretende con la casación, sino el medio mediante elcual se consigue o materializa su principal objetivo que es la El principio de la autonomía judicial se mantiene;defensa del ordenamiento jurídico. perfectamente un juez puede apartarse de decisiones de la Corte Suprema, señalando las razones y motivos queEl motivo que justifica la casación es la defensa de la norma justifiquen su posición y quizás sus criterios provoquen unviolada mediante providencia judicial. cambio jurisprudencial. O puede tratarse de un punto que no ha tenido ningún desarrollo jurisprudencial y es la decisiónLa casación es un instrumento que actúa en defensa del juez de instancia la que motive el pronunciamiento endel ordenamiento jurídico, tanto cuando el derecho es casación.violado por providencia judicial, como cuando sin existirdicha violación, la Corte de casación se pronuncia sobre Ahora, si el juez se revela sin razón ni fundamento, el controlun determinado punto para que sea la guía de futuros estará en la posibilidad de que esa sentencia llegue a la Cortepronunciamientos judiciales. Entendiendo el ordenamiento de Casación y sea aniquilada en defensa del orden jurídico.jurídico en su concepción sistemática, comprensiva de todotipo de normas, tanto las de orden constitucional como También la Corte de casación puede apartarse de suslas legales y reglamentarias y concebido como un todo propios antecedentes cuando existan razones para el efecto,coherente y pleno. producidas por cambios sociales o de las costumbres de los pueblos.Además, entendemos el ordenamiento jurídico en unaconcepción monista, compuesto por legislación y sentencia; Esta dinámica es la que evita el anquilosamiento de laesta última, la sentencia, entendida como parte de un todo jurisprudencia y del mismo orden jurídico, sin tener queque crea y aplica derecho al caso concreto. El juicio concreto llegar a la obligatoriedad del precedente, ahora tan en bogadel juez, ajustado o no a la ley, justo o injusto, es el único en la teoría jurídica, que recorta la autonomía del juez y nosderecho indiscutible en el caso individual. La función es lleva a un sistema dogmático y cerrado, donde la evoluciónjurisdiccional en cuanto emite una norma (la sentencia) solamente puede venir de la cabeza a los pies, y no al contrariopara el caso concreto. como debería de ser, pues es el juez de las instancias quien se encuentra en contacto directo con el caso, sus partes,Sentencia y norma no son conceptos jurídicos antagónicos la prueba y, quien por consiguiente, debe ser el motor delo enfrentados, sino complementarios, son vertientes del cambio que impulse la jurisprudencia.mismo propósito. Son conceptos no contrarios sino sucesivos,a manera de lo cóncavo y lo convexo, que pertenecen a la “Nunca la deseada uniformidad jurisprudencial con lamisma estructura del derecho. fijación de criterios inamovibles que en nada favorecerían la finalidad nomofiláctica que está llamada a cumplir laEs indudable la fuerza vinculante o persuasiva de la sentencia casación”1.emitida por la Corte Suprema de Justicia. Los jueces ytribunales fundamentan sus decisiones apoyados en fallos delTribunal de Casación. No solamente los jueces sino cualquierautoridad, buscan sobremanera apoyar sus criterios en 1 Buendía Cánovas, Alejandro. La casación civil. Dijusa,la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Sus Madrid, 2006, Pág. 165. 7
  8. 8. Corte Suprema de Justicia • Revista 29La legalidad se defiende no solamente aplicando el criterio que de las normas realizada por los jueces, sin ella y sin lase ha considerado tradicionalmente correcto, sino adaptando la jurisprudencia uniformadora que dimane de las sentenciasinterpretación de la norma a la realidad mutante y cambiante y casacionales, difícilmente podremos hablar de unello solamente es posible con la autonomía del juzgador. ordenamiento sistemático, e incluso hablar propiamente de ordenamiento jurídico.Muchas son las maneras como cumple la casación sudefensa del ordenamiento jurídico. Lo hace conformando, Dejar las sentencias de la Corte Suprema y del Consejo de Estadouniformando, actualizando, agilizando, etc. como meros proyectos, pendientes de revisión, es terminar con la coherencia del sistema jurídico y con su unidad.Todos los jueces y operadores jurídicos, en sus providencias,realizan el derecho objetivo y en cierta forma efectúan una Haré referencia como quinto punto, a la “Ubicación y nuevonomofilasis en forma indirecta. Sin embargo, lo que hace norte de la Fiscalía General de la Nación”.la Corte Suprema en casación es singular, precisamente porestar en la cúspide de los tribunales logrando aglutinar la La Fiscalía ejerce “sólo excepcionalmente funcióndispersión y la amalgama interpretativa de todos los que la jurisdiccional”, pero su naturaleza no es propiamente lapreceden. Esto no sería posible si no estuviera en el punto de un órgano jurisdiccional. Sólo una vez definido quemás alto de la justicia ordinaria. No es pues la casación corresponde a la Fiscalía la función esencial de investigaciónmisma la que ejerce la nomofilasis (todos los recursos y acusación penal, y que esta no es jurisdiccional, será posiblepodrían ejercer esta misma función), sino la circunstancia de considerar la posibilidad de que la Fiscalía sea un Órganoencontrarse en la cima y que tal decisión no sea susceptible Especial y Autónomo. Pero mientras mantenga su vigencia lade recurso alguno. “Con ello estaremos intentando hacer Ley 600 de 2000, que establece para el proceso una estructuraefectiva la necesaria unidad de criterio en las decisiones de indagación previa, sumario y juicio, y asigna al fiscaljudiciales, y como corolario de ello, la coherencia exigible competencia para que durante el sumario cumpla tareasde todo ordenamiento jurídico”2. propias de los jueces, la Fiscalía tiene que seguir formando parte de la Rama Judicial.Por ello, quienes afirman que sobra la Corte Suprema deJusticia, lo que en realidad están manifestando es su rampante La intromisión de la mano política en el origen de laignorancia de lo que es un sistema jurídico y de cómo se designación de funcionarios que pueden involucrarse enmantiene su unidad y su coherencia a través de la casación. asuntos en el plano penal no le conviene ni al país ni a la justicia; abrirle camino a esa idea es desconocer la realidad yEl instrumento que hace posible la coherencia y unidad de arrojar la justicia penal a un caos obviamente previsible queun sistema jurídico es la casación. “Mediante la casación se generaría más desconfianza y un incremento notable de latraslada hacia la unicidad interpretativa la multiplicidad violencia. Esta situación se salvaguarda en gran medida por lainicial de criterios de los órganos llamados a decidir. Con independencia entre la Rama Judicial y la Ejecutiva en estosello se canalizan y recogen todas las interpretaciones aspectos y por la existencia de la carrera judicial.judiciales para concluir en una única y última definición.El recurso casacional sirve, pues, para intentar hacer Es cierto que en muchos países la Fiscalía depende delrealidad en el plano judicial aquella coherencia exigible Ejecutivo, de manera que la designación de Fiscal Generalen cualquier ámbito del ordenamiento jurídico”3. la hace el Presidente de la República; pero obviamente esa no es una razón suficiente para pensar que en ColombiaLa casación se convierte de esta manera en el instrumento debería ser igual, pues nuestra realidad social y política esprocesal idóneo con el que se podrá combatir este tipo de diferente. No es una fórmula recomendable en un momentoincoherencias posteriores, es decir, las que se producen en en que las denuncias contra altos funcionarios del Ejecutivoel terreno judicial como consecuencia de la interpretación son permanentes, y vienen desde hace varios lustros, por diversas situaciones relacionadas con violación de derechos2 Buendía Cánovas, Alejandro. Ob. cit. Pág. 168. humanos, por corrupción en la Administración Pública, y por3 Buendía Cánovas, Alejandro. Ob. cit. Pág. 195. la comisión de delitos graves. 8
  9. 9. Corte Suprema de Justicia • Revista 29 @ Revista SemanaLo mejor para la realidad colombiana, para la independencia que asuman el conocimiento de los procesos disciplinarios,de la Fiscalía en su labor de investigación de los delitos y las conductas de los profesionales del Derecho se ajustarán,acusación de los responsables, y para la confianza que es con más rigor a los cánones éticos y de corrección, puesindispensable que la ciudadanía tenga en ese órgano del han de saber que sus pares profesionales son las personasEstado, es que el origen de los candidatos a ocupar ese alto que vigilarán su comportamiento y los que han de velarcargo esté en la Corte Suprema de Justicia y la escogencia en directamente por el prestigio de la abogacía.el Presidente de la República. El tema de la justicia, el que no puede ser miradoLa elección del Fiscal General por el Jefe de Estado, asegura privativamente como un problema, sino como unala intervención del Ejecutivo en un tema que también extraordinaria y constructiva ocasión para fortalecer todasle concierne, pues la Fiscalía es una pieza clave para la nuestras instituciones, es un pilar insustituible de todaformulación y desarrollo de la política de Estado en materia democracia.criminal. Solo pensando en políticas públicas estables y de Estado,En sexto lugar la Comisión considera que la “Disciplina con el concurso y, especialmente, el compromiso personalde los profesionales del Derecho debe estar en e institucional de todos los habitantes, podrá hacersecabeza de Colegios de abogados” y por eso propone la realidad este anhelo, que es también el de centenares decolegiatura obligatoria para el ejercicio profesional. Aunque conciudadanos que reclaman más acceso, más presencia depueda pensarse que al ser los abogados los propios jueces la justicia, más independencia, más armonía, más eficacia ydisciplinarios se prestaría a encubrimientos o relajamientos más resultados positivos. Sin justicia, no hay esperanzas, node las conductas de los profesionales que ejercen el Derecho, hay presente, ni futuro. Por eso invito a creer que “Es esta ladesde el momento en que sean los mismos abogados los hora de la Justicia”, pero no con este proyecto. 9
  10. 10. Corte Suprema de Justicia • Revista 29 La reforma y la independencia judicial AUGUSTO IBÁÑEZ GUZMÁN MAGISTRADO SALA DE CASACIÓN PENALL a Reforma Constitucional del 91 o, la de la función judicial por el Ejecutivo, cuando la concreción Constitución Política que entró en vigencia en de las decisiones judiciales le corresponde, se le asigna en 1991, bien sea que se tome como reconstitución primer orden, a esa función constitucional convertida en de un orden del 86 o, creación de uno nuevo, poder público, vale decir, al Ejecutivo. lo cierto es que se arribó a un cambio, sin duda, en el modelo de Estado, es decir, del Así, aunque desde el punto de vista del diseño o programa‘Estado de Derecho’, al ‘Estado Social de Derecho’ o, lo constitucional, parece que se encuentra más que garantizadaque para otros, a un ‘Estado Constitucional’, con destacada la Independencia Judicial, lo cierto es que la meravisión de la administración de justicia, de la impartición de construcción normativa solo evidencia el deber ser, más nojusticia, que bien vale la pena recordar y, precisar. Veamos: la garantía de su existencia.(i) se crearon Cortes; (ii) se generaron los primeros pasossobre la figura y funciones de la Fiscalía General de la A lo anterior debe agregarse que, según indica y señala elNación –y, el llamado sistema penal acusatorio-; (iii) se cambio de modelo de Estado, el siglo XXI es el siglo de losotorgó autonomía en la gestión presupuestal, más no así, jueces, afirmación que concita especial y puntual reflexiónen la fijación del presupuesto; se reconoció autonomía en que, principalmente envuelve una visión de acercamientola integración y acceso a la función justicia; (iv) se procuró a la eclosión de los derechos fundamentales y al estándaruna función disciplinaria autónoma; (v) se crearon acciones internacional, de la protección, tutela y realización de losde directo acceso ciudadano, como las populares y la de Derechos Humanos. Al canto:tutela; y, (vi) se separó la función de control constitucional,aunque se conserva la excepción de constitucionalidad y, por Cada modelo de Estado refleja una forma de ser y, de debersupuesto, el control difuso de constitucionalidad que, aunque ser, con respecto a la sociedad, la norma y, por supuesto, alcorresponde a todo juez especialmente, se entregó al recurso Derecho Penal.extraordinario de casación. El ‘Antiguo Régimen’ que, concentra el Poder en un soloNo obstante, se avanza en la configuración en concreto de dispensador, no expresa nada distinto que la fusión tautológicala independencia judicial. Por supuesto, las diferencias entre operador, impartidor y depositario del Poder. Una solaplanteadas por el Ejecutivo, en especial por la acción de única persona dicta la norma, la ejecuta y, la aplica; de tal suertetutela y, el control penal sobre la llamada parapolítica, a que el Derecho no se interpreta, bien se dijo, se aplica, pues entremás de la desaparición del Ministerio de Justicia, dibujan y la divinidad que es el Poder o, su delegado, no cabe una hoja deponen de presente una insostenible postura de cooptación papel: es su designio, como lo que se aplica a él o, de él. 10
  11. 11. Corte Suprema de Justicia • Revista 29 @ Nubia HernándezCircunstancia superada. La tridivisión de funciones, de Poder del precedente, así el sistema del ‘common law’. El caso es tano de manifestaciones de Poder, dan cuenta de otra y, bien que sintomático que cuando Estados Unidos de Norteamérica optadiversa realidad política; por supuesto, de relación de Poder. por su independencia, lo hace con un instrumento bien que parecido a la corona; crean una figura como la Presidencial y,Esas relaciones, se sabe, son de variado orden o, de dependencia entonces el régimen de su mismo nombre.o, de preponderancia. No es nuestro propósito precisarlas,pero el interés reside en que tanto históricamente como en En la otra Corona, la española, se refleja la misma opción,ciencia política se sabe –en argumento de tales contenidos– es decir, el presidencialismo, aunque con ajustes en cuantoque los denominados posteriormente Parlamentarios, al origen de la norma, lo hará el Congreso, se ofrecen comosupieron, en su creación, no solo limitar el poder a efecto un dato dado –que otros llaman una importación acrítica– y,de crear o de reconocer los derechos, sino implementar toda que lleva al Presidencialismo total, fuerte y sin mayor control,una generación de relaciones y de dependencias; de allí, los por lo menos en primera etapa. El juez, en postura parecida,regímenes parlamentarios. Desde esa época hasta el siglo XIX, pero en construcción de la norma no del precedente yel Parlamento se constituye como punto de partida y de llegada el Parlamento, sino del Congreso y, especialmente, delal Poder y del quehacer político. Así la creación de la norma, la Presidente, del Ejecutivo.dirección de la economía, la dirección (en cohabitación) delEstado y, por supuesto, el cambio o configuración del Gobierno. Pero, ¿cuál es el punto de encuentro y connivencia entre ambos?Poco a poco, el después llamado Ejecutivo, la corona –lo laico– La filosofía liberal, el Estado gendarme, el Estado demoliberal,va cediendo a lo mero administrativo. A su turno, el Juez, el el ‘Estado de Derecho’. Varios matices, pero una sola la fórmulaconcepto de administración de Justicia, frente a una ‘norma’ en de observación: ‘statu quo’: la interacción de un total equilibrioconstrucción, por el Parlamento, coadyuvan a ella, por medio o consenso; consenso en lo económico, en lo social y, por 11
  12. 12. Corte Suprema de Justicia • Revista 29ello, en la norma, en su interpretación. Aparece la expresión independencia del poder judicial en Colombia. (…)”. Y, esto‘aplicación’; pasamos de la exégesis a la interpretación propia otro, sostuvo la Relatora para la independencia judicial: “Si eldel ‘estado del arte’, en donde, al estilo de los postglosadores, Estado quiere que la justicia sea realmente independiente eslas normas van cambiando en precedente y, por su intermedio necesario que se adopten medidas que apliquen efectivamenteen su formulación social, convertida en ley, pero siempre atado las declaraciones constitucionales. Deben adoptarse medidasal consenso: el culto a la legalidad, a la legalidad pura. Se urgentes de protección para quienes han puesto sus vidas alproduce una tautología, como que la Norma es producida por servicio de la justicia, incluyendo todos los actores judiciales,el Estado y, el Estado existe, porque la norma o la ley lo indica, magistrados, jueces, fiscales, investigadores y abogados,lo permite. Por ello, la protección y la tutela es al ‘statu quo’. testigos y víctimas. Debe sancionarse drásticamente a quienes profieren amenazas contra los servidores judicialesEn suma: la organización pasa del parlamentarismo, al pero también sancionarse penalmente toda amenaza oPresidencialismo, lo que determina la creación de la norma. ataque contra su vida e integridad física, lo cual es también un atentado contra la independencia de la judicatura. (…)Otra situación bien importante, es la consideración que He venido a Colombia a apoyar la aplicación de ciertosse extrae en el punto de cambio del ‘Estado de Derecho’, estándares internacionales de protección a la justicia y meal ‘Estado Social de Derecho’ o, si se desea, al ‘Estado pongo a disposición de las autoridades gubernamentales,Constitucional’, pues la relación es producida desde otro de la Judicatura y de la sociedad civil para una mayorcomponente que define el paradigma que permite la independencia del Poder Judicial, de los magistrados, jueces,observación. Veamos: fiscales, procuradores, defensores públicos y abogados.”Se ha de considerar que pone de presente unos elementos Por manera que son varios los ítems de interés: (i) la propuestaque le son propios del modelo y, que obviamente, lo y generación de un presupuesto atendible y sostenible; nocaracterizan: (i) la ‘normal anormalidad’, lo que implica solo incidir en la propuesta general, sino en la discusiónque las relaciones sociales se plantean desde un punto de y aprobación del mismo, sea en el Congreso o, desde elvista que lejos del consenso se aproximan a lo conflictual, la Conpes y, Planeación Nacional, con un especial porcentajediscusión, el proceso dialéctico de opuestos; (ii) la aceptación del presupuesto nacional: la administración de justicia valede la otredad; (iii) el pluralismo; (iv) la deconstrucción del y cuesta tanto como los derechos que ha de dispensar oprincipio de la legalidad pura, para la garantía, la tutela efectiva moderar; (ii) fijación de competencias exclusivas y excluyentes,de los derechos fundamentales, de los derechos humanos; y, en cada materia, sin que sea excepción las dificultades que seen fin, (v) la protección de los derechos se encomienda al han presentado con la acción de tutela; si se parte del supuestojuez. De ahí que se haya dado en llamar ‘el siglo del Juez’. de que existe control difuso de constitucionalidad, ello corresponde a los segmentos de jurisdicción y, entonces, lasEn consecuencia, la reforma o programa institucional logrado competencias límite, órgano cierre y, el control interno sobrepor la Constitución Política de 1991 se encuentra dentro de las decisiones techo son garantía de independencia; evitandoestos planteamientos generales. No obstante, el quehacer que otras Salas de carácter no jurisdiccional se inmiscuyanEstatal permite, luego de esta puesta a prueba de casi veinte en el debate. En suma, por una parte, incidente interno en(20) años, encontrar algunos otros detalles que puedan ser los organismos límites de la jurisdicción y, de otro, rechazo ade utilidad a ese programa, en especial la garantía efectiva intromisión de funciones diversas a las jurisdiccionales propiasde la independencia judicial. El debate es ya internacional; la en la resolución de la acción de tutela; (iii) la posibilidad derelatora de Derechos Humanos de la ONU afirmó lo siguiente autoabastecer las vacantes sin que interese cuál sea el periodosobre la independencia judicial: –que tratan de aumentarlo–, es decir, volver a la cooptación, sin ninguna posibilidad de intervención de órgano o sala; (iv)“El Estado debe facilitar recursos adicionales para resolver la precisión de las funciones ordinarias en cuanto se lleve aefectivamente todos los casos de violaciones de derechos una descongestión en temas que se prediquen de postulaciónhumanos contra defensores. (…) Por último, me preocupa privada: algunos delitos bagatela de insignificancia social;también el hecho de que algunos fiscales operen desde algunos temas civiles de fácil resolución mediante acuerdo oinstalaciones militares, lo que arroja dudas sobre la conciliación, ello mediante la actuación de notarías en punto 12
  13. 13. Corte Suprema de Justicia • Revista 29 @ Palacio de Justiciade la inexistencia de lo contencioso; algunos temas laborales de recurso extraordinario de casación o de acción de revisiónespecial cumplimiento de acuerdo inter-partes; y, dejar la macro- se integre la Sala Penal con un experto en la materia, comovulneración y, lo referente a compromisos internacionales al magistrado o como iniciado en la materia; (ix) en el propósitojuez: regla general, la administración al servicio de dispensar de acceso a la justicia, dentro de los colegios de abogados, deel derecho fundamental; (v) la configuración de ‘una’ política las agrupaciones especiales y expertas, de los conjueces, secriminal adoptada como plan de gobierno, aceptado como encuentra la posibilidad de jueces de tiempo especial paraelemento de Estado y, realizado con independencia por el Juez; lograr la descongestión y, buscar la pronta y cumplida justicia;(vi) la aceptación de un entorno especial que no corresponde y se ha de diseñar un planteamiento en donde el gobiernoa la judicatura, aunque tenga consecuencias jurídicas; en de la judicatura sea colegiada, integrada por los presidentesun momento de justicia transicional corresponde aplicar de las altas cortes –Corte Suprema de Justicia, Consejo deel entorno que la nutre y, sin renunciar al poder deber de Estado y Corte Constitucional–, además, de un delegado de losla judicatura y la jurisdicción, plantear, en pro de un tejido empleados y funcionarios de la Rama Judicial; ello, a nivel desocial apropiado, la denominada ‘comisión de la verdad’; (vii) asamblea general y un gerente que lleve a cabo la ejecución delimplementar ‘un’ órgano de control o autocontrol de la materia plan y programa de la misma.disciplinaria, autorregulación aplicable a otros apreciablesoficios y profesiones; la colegiatura a nivel interno es una En fin, son propósitos estatales que no entrañan desmedronecesidad y, en el entorno internacional, un imperativo amén de las competencias de la Corte Suprema, del Consejo dede la justicia globalizada y, la actuación que en organización se Estado, en cuanto al control social, frente y con respecto adebe llevar a cabo; v. gr. Atención de víctimas y representación de los denominados aforados y, que tampoco dan especial virajeperpetradores; ellos por supuesto administrarán justicia en ese a la elección del Fiscal General de la Nación que tanto y queámbito; (viii) en especial consideración evitar la contaminación con esfuerzo y empeño ha realizado el nominador, en cuantocomo el distanciamiento que, sobre las operaciones de al cumplimiento del estándar internacional ofrecido por losguerra se tiene, es interesante que a cada posibilidad de documentos multilaterales. 13
  14. 14. Corte Suprema de Justicia • Revista 29 La reforma de la justicia en Colombia CÉSAR JULIO VALENCIA COPETE PRESIDENTE SALA DE CASACIÓN CIVIL CORTE SUPREMA DE JUSTICIAC uando se intenta abordar un tema como 1. Con respecto a la oralidad, es de ver que, aunque hasta el que ha sido propuesto para esta breve hace algo más de un año el debate se centraba en la exposición, el de la reforma a la justicia conveniencia de su implantación en Colombia, ya la en Colombia, lo primero que se impone Ley 1285 de 2009, reformatoria de la Estatutaria de a la mente es un panorama amplio y casi Administración de Justicia, la impuso para todos los ilimitado, dado que se abren expectativas procedimientos judiciales, con lo cual determinó laen muchos y vastos aspectos, porque las aristas de su esterilidad actual de esa inicial discusión. Así las cosas,contenido son más de las que al inicio se pudiera imaginar, es momento de hacer el examen pertinente para intentarde suerte que, por razones metodológicas, se hace necesario hallar la manera de obtener el mejor provecho de susprecisar el enfoque, confinando el tratamiento apenas a ventajas, partiendo, eso sí, de una advertencia central: noalgunos tópicos. Por esa circunstancia, esta nota se referirá puede ser concebida como un medio de descongestión,exclusivamente a tres puntos cardinales, sin que con ello se porque en esencia no lo es, ni tiene, per se, el carácterquiera predicar menor importancia frente a otros que son de solución coyuntural a los problemas que genera laigualmente destacables. alta demanda de justicia y el consecuente atraso en la composición de los litigios.Es también menester advertir que la modificacióninstitucional de la Administración de Justicia en búsqueda La concentración, la inmediación y la publicidad,de mejores resultados exige antes que cualquier otra cosa consecuencias naturales de su aplicación, muestran susuna amplia participación de los estamentos de la sociedad verdaderas virtudes en la medida en que por efecto de laen su estudio y análisis, como que únicamente del cruce de primera el asunto debe ser tramitado en una audiencia o enideas, propuestas y contrapropuestas puede fluir en forma varias continuas e inmediatas, lo cual comunica celeridadadecuada el conjunto de soluciones integrales y efectivas. al proceso específico que se adelante; al paso que por razónEn virtud, precisamente, de la falta actual de esa discusión de la segunda esa actuación transcurre sin obstáculos niy por razón de las circunstancias coyunturales por las intermediarios entre el juzgador y las fuentes de prueba,que atraviesa el país en estos días, no parece oportuna la circunstancia que comporta informalidad sin deterioro deindicada reforma. los derechos de las partes; así como por fuerza de la tercera emerge credibilidad y legitimidad frente a la decisión,Como consecuencia de lo expuesto, resulta prudente señalar en tanto la actividad judicial en presencia de los sujetoslas tres líneas de interés que, por ahora, llaman la atención, procesales y hasta de terceros crea confianza en el trámite yen medio de todas las posibilidades atendibles. en el funcionario que decide el asunto. 14
  15. 15. Corte Suprema de Justicia • Revista 29 @ Colprensa Debe reconocerse que no basta la creación normativa para una parte, constituye el mecanismo vigente un componente arribar al éxito en el empeño por la oralidad y sus bondades, esencial de la tradición cultural y jurídica colombiana que ha pues hace falta el cambio cultural que la acompañe, sin el mostrado efectividad en el respeto y protección de aquellos cual toda reforma resulta insuficiente; también se muestra valores y derechos, al tiempo que ha sido entendido, necesaria la disposición de un presupuesto vigoroso para interiorizado y reconocido por la sociedad como generador difundir con amplitud el sistema, adquirir los medios de credibilidad en la justicia. De otra parte, ha probado su tecnológicos que lo faciliten, crear el número y categoría de eficacia como elemento fundamental en la creación del órganos judiciales que son menester y descongestionar los derecho, permitiendo, en ejercicio de una dialéctica tarea de despachos judiciales, a fin de que comiencen su nueva vida confrontación de tesis entre jueces, encontrar los mejores sin las taras que en el pasado han corroído la oportunidad criterios interpretativos de la ley, y auspiciando una profusa de una pronta y cumplida justicia. producción científica, surgida en múltiples ocasiones desde los escaños judiciales más cercanos al ciudadano del común. En conclusión, es indispensable dar pronta entrada a la El ordenamiento jurídico de hoy es, en buena medida y oralidad, pero para que ella se constituya en mecanismo merced a ese método, el resultado de una permanente labor de exitoso debe ser acompañada de un presupuesto construcción colectiva, democrática y, por tanto, participativa. suficiente destinado a acelerar el abandono cultural de la escritura, a crear el número de jueces suficientes, No se opone lo dicho a la existencia de herramientas a contar con los medios tecnológicos necesarios y a cuya función conduzca al mantenimiento y aplicación descongestionar los despachos judiciales. por parte de los jueces de los precedentes horizontales y verticales, siempre que cuenten con la oportunidad2. Asimismo, es necesario para garantizar la igualdad y la de discrepar y alejarse, justificadamente, del contenido seguridad jurídica, dentro de un ambiente de independencia y alcance de esos antecedentes, en los casos en que la y autonomía de los jueces, abandonar la posibilidad del situación concreta lo exija o en los que ellos lo consideren sistema de precedente judicial obligatorio que ha sido conveniente en bien de la equidad y la justicia, posibilidad propuesto en reiteradas ocasiones en el país, bajo la creencia que garantiza, como se advierte con facilidad, que el de su rotundo éxito en otras latitudes por cierto atadas a dinamismo de las relaciones económicas, políticas, ordenamientos completamente extraños al colombiano. Y sociales y culturales, incida de manera directa aunque debe rechazarse por varias razones de peso sustantivo. De racional en la interpretación del derecho. 15
  16. 16. Corte Suprema de Justicia • Revista 29 La acción de tutela merece modificaciones en bien de representan, al tiempo que ignora el oficio de unificación su operatividad y en respeto de valores superiores que jurisprudencial que cumplen. No es conveniente ni pueden ser vulnerados con el pretexto de la imposición jurídico que las providencias de esos cuerpos colegiados, de sus efectos. expresión máxima de cada jurisdicción, puedan ser revisadas por otros entes completamente ajenos a ellas y3. Efectivamente, si bien esa institución ha representado nunca superiores. Tampoco emerge provechoso que esas un avance en favor de los ciudadanos y en frente de autoridades diferentes y destinadas a resolver asuntos los eventuales abusos de las autoridades, también es de su propia competencia puedan ingresar a la crítica y de atender el hecho de que por esa vía se ha generado definición de temas como la casación, cuya especialidad una innecesaria e inconveniente confrontación entre ha exigido la creación y mantenimiento de órganos altas corporaciones de justicia, merced al olvido judiciales dedicados casi exclusivamente a conocerlos. de principios y valores inestimables en un Estado de Derecho. Así, la interpretación que permite la En suma, se requiere que con explicitud indubitable, se procedencia de la tutela contra decisiones tomadas afirme legal y constitucionalmente la improcedencia de la por la Corte Suprema de Justicia y por el Consejo de acción de tutela contra las providencias de cualquiera de Estado desconoce abiertamente el carácter de órganos las Salas y Secciones de la Corte Suprema de Justicia y del de cierre de las respectivas jurisdicciones ordinaria Consejo de Estado. y contenciosoadministrativa, desdibuja la noción de supremacía funcional que dentro de cada organización Desde luego, como atrás se dejó sentado, una reforma de la justicia no debe reducirse a la regulación de algún aspecto específico, como el de la estructura organizacional, sino La acción de tutela merece modifica- que requiere un análisis amplio, profundo e integral que ciones en bien de su operatividad y conduzca, primeramente, a la identificación de las causas en respeto de valores superiores que que pueden impedir el real acceso a la Administración pueden ser vulnerados con el pretex- y, después, a la determinación de las modificaciones necesarias para la aniquilación de aquellas, de manera que to de la imposición de sus efectos. se pueda arribar al final a una reglamentación sistemática, completa y coherente. @ Manifestación frente a las Cortes 16
  17. 17. Corte Suprema de Justicia • Revista 2917 @ Germán Gómez
  18. 18. Corte Suprema de Justicia • Revista 29 Sobre la unificación de sistemas procesales MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS PRESIDENTE SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIAE l pasado 10 de junio, la Comisión de Expertos 2000, que responde a una estructura distinta e implica que para la Reforma a la Justicia presentó su los fiscales y jueces aun hoy se vean precisados a aplicar informe final, cuyo contenido no ofrece mayor un procedimiento bajo una mentalidad, principios y variación frente al preliminar rendido el 12 orientaciones distintas a las que impone el sistema vigente de abril anterior en los aspectos relacionados de orientación acusatoria”. con el tema penal, incluidos en el capítuloconcerniente a la Fiscalía General de la Nación (Capítulo V), Sin embargo, en el informe final, a diferencia del presentadoa saber: (i) Naturaleza y ubicación de la Fiscalía General de la con carácter preliminar, la Comisión formula una propuestaNación (ii) Elección y período del Fiscal General de la Nación concreta con miras a la unificación de los sistemas procesales(iii) Dirección de la estrategia de investigación y acusación encaminada a aplicar el modelo acusatorio de la Ley 906 dea cargo del Fiscal General (iv) Fortalecimiento del Sistema 2004 siempre y cuando se trate de actuaciones diferentes aPenal Acusatorio (v) Unificación de los procedimientos (vi) las ya iniciadas bajo la égida de la Ley 600 de 2000, respectoSupresión de la intervención del Ministerio Público en las de las cuales, entienden los comisionados, no es viable lainvestigaciones y procesos penales y (vii) la Defensoría Pública solución, en tanto este “es un sistema incompatible concomo función permanente y de dedicación exclusiva. A estos el previsto en la Ley 906 de 2004 y no hay posibilidad depuntos, contemplados en el primer informe, los comisionados integrarlos”. Se justifica la propuesta, además, ante el peligroagregaron un octavo aspecto atinente al Instituto Nacional de de que el anterior modelo procesal “puede mantenerseMedicina Legal. Sobre el quinto tópico plasmado en los dos alrededor de 18 años más, sin entrar a detallar los casosdocumentos, aprovecharé este breve espacio para consignar en que la prescripción puede ser superior, o los eventos dealgunas reflexiones. delitos en los cuales la acción penal es imprescriptible”.Según se infiere de los informes, apremia la unificación Para tal efecto se sugiere que, por vía legislativa, a partirde los actuales sistemas procesales penales coexistentes del 1° de enero de 2011 –como fecha optativa– todos loscontenidos en las Leyes 600 de 2000 y 906 de 2004, puesto casos denunciados o que por cualquier otro medio lleguenque se basan en postulados inconciliables y porque en esta a conocimiento de la Fiscalía se investiguen y tramitenúltima normatividad, así como en el Acto Legislativo 03 de aplicando la Ley 906 de 2004, independientemente de la2002, no se establecieron “reglas precisas y reales en el fecha de ocurrencia de los hechos.régimen de transición, derogatoria y vigencia”, lo cual“trajo como consecuencia la subsistencia ultraactiva por De esa forma se conseguirá, según refieren los comisionados,tiempo indefinido del sistema regulado en la Ley 600 de reducir notablemente el tiempo necesario para que el 18
  19. 19. Corte Suprema de Justicia • Revista 29sistema procesal penal se unifique pudiendo los funcionarios Y tenía que ser de ese modo porque la experiencia anteriorjudiciales y los intervinientes activos del proceso asimilar el había sido traumática, como ocurrió con la creación de lacambio de mentalidad que exige el modelo acusatorio, a tono Fiscalía General de la Nación en la Constitución Política decon su necesario fortalecimiento, expuesto en el capítulo 1991 y el Decreto 2700 del mismo año, cuya vigencia se previóanterior (literal D), cuando se destaca que cualquier intento para el 1° de julio de 1992, y que trajo como consecuencia elde revivir el precedente sistema de enjuiciamiento, con envío, a partir de esa fecha, de todos lo expedientes que seorientación inquisitiva, constituiría una regresión dadas las tramitaban en los extintos juzgados de instrucción criminalventajas y bondades del último modelo. al nuevo ente acusador. Las medidas, por lo tanto, tienen que cambiar en esta oportunidad, cuando se afronta unaSon varios los reparos que tengo a esta propuesta: transformación más estructural.1. Es poco justa con el régimen de transición previsto Por esa razón se diseñó la entrada en vigencia del nuevo sistemapara la implementación del procedimiento acusatorio en en el territorio nacional de forma paulatina y progresiva2, seColombia, basado en la experiencia nacional e, incluso, en capacitó al talento humano de todo nivel que intervendría enla internacional, esto es, en países en donde también se ha la nueva dinámica procesal, desde jueces, fiscales y defensoresadoptado dicho modelo de enjuiciamiento. Por considerarlo hasta investigadores, peritos y empleados3, para lo cual senecesario, me voy a detener en este punto. contó con el apoyo de organizaciones de países pioneros en la materia4, pero como es normal en este tipo de transicionesEl cambio de sistema, como así lo reconoce la Comisión, se han venido presentando dificultades principalmente en losimplica una transformación de enormes dimensiones. ámbitos cultural y logístico.Pasar de un sistema arraigado en nuestra cultura de estirpeescritural, en donde las labores de investigación, acusación Además, el proceso de implementación obedeció ay juzgamiento se confunden en un mismo funcionario, con patrones similares a los ya adoptados por otros países enaplicación del principio de permanencia de la prueba y el de Latinoamérica5, entre otros, Honduras (1999), Nicaragualegalidad en la persecución penal, entre otras característicaspredominantes, a uno netamente oral donde es clara la 2 Para diseñar el proceso de cambio, la Comisiónseparación de las funciones de investigación, acusación Interinstitucional para la Implantación del Sistema Penal Acusatorio, integrada por la Fiscalía General de la Nación,y juzgamiento, con inmediación de la prueba en un juicio el Consejo Superior de la Judicatura, la Procuraduría Generalpúblico, concentrado y continuo y en cuya aplicación es de la Nación, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Defensoría del Pueblo, abrió un concursoviable el principio de oportunidad, no puede concebirse público que fue adjudicado a la Universidad de los Andesintempestivamente sino a través de su implantación gradual, en unión temporal con el Instituto Ser de Investigación. 3 Desde el año 2001 se conformó la Comisión Interinstitucionalprogresiva y con la determinación de distritos piloto, como para iniciar la capacitación de jueces, fiscales, defensoresasí se previó desde el mismo Acto Legislativo 03 de 2002 que e investigadores en técnicas de oralidad y adelantar la adecuación física y dotación tecnológica de varias salas deabonó el terreno constitucional para su puesta en ejecución, audiencia en el país.modificando para ello los artículos 116, 250 y 251 de la Carta 4 Se contó con la ayuda económica de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID) del Gobierno de los EstadosPolítica1, luego desarrollado en los artículos 530 y 533 de la Unidos de Norteamérica (institución responsable de laLey 906 de 2004. ejecución y administración de los programas de ayuda oficial al desarrollo socioeconómico y asistencia humanitaria del Gobierno de los Estados Unidos en Colombia), que participó en la elaboración del proyecto de acto legislativo que reformó la Constitución Política y creó el sistema penal acusatorio. Otros actores internacionales que1 Así se consagró en el artículo 5° del Acto Legislativo 03 de influyeron decididamente en el cambio fueron el Banco 2002 al señalar, en torno a su vigencia, que: “El presente Interamericano de Desarrollo (BID), la Sociedad Alemana Acto Legislativo rige a partir de su aprobación, pero se para la Cooperación Técnica (GTZ, por sus siglas en alemán), aplicará de acuerdo con la gradualidad que determine la ley la Fundación Konrad Adenauer, la Agencia Española para la y únicamente a los delitos cometidos con posterioridad a la Cooperación Internacional (AECI), y el Programa de Naciones vigencia que en ella se establezca. La aplicación del nuevo Unidas para el Desarrollo (UNDP). sistema se iniciará en los distritos judiciales a partir del 1° 5 Así, el profesor Máximo Langer, en su ensayo “Revolución en de enero de 2005 de manera gradual y sucesiva. El nuevo el proceso penal latinoamericano: Difusión de ideas legales sistema deberá entrar en plena vigencia a más tardar el 31 desde la periferia” sostiene que la adopción de sistemas de diciembre del 2008”. acusatorios y de corte adversarial durante los últimos 15 años 19
  20. 20. Corte Suprema de Justicia • Revista 29(2001), Guatemala (1992), Ecuador (2000) y Chile (2000), El Ecuador adoptó un mecanismo similar, como se regulócon el objeto de mitigar el impacto que una reforma de esta en la primera disposición transitoria de su ordenamientomagnitud pudiera ocasionar. procedimental, al estipular que “Los procesos penales que estén tramitándose cuando entre en vigencia este CódigoEs así como, en el artículo 446 del Código de Procedimiento de Procedimiento Penal, seguirán sustanciándose dePenal de Honduras se previó: “Ámbito temporal de validez. acuerdo con el procedimiento penal anterior hasta suLas disposiciones contenidas en este Código serán conclusión, sin perjuicio del acatamiento de las normasaplicables a todas las causas que se inicien a partir de del debido proceso, previstas en la Constitución Políticala fecha en que entre en vigencia; las que se encuentren de la República”.en trámite para esa fecha deberán continuarse hasta sufinalización conforme al Código de Procedimiento Penal, Pero el país que acogió un mecanismo de mayor similitudemitido el 24 de octubre de 1984”. a Colombia fue Chile, pues no solo concibió la coexistencia de los dos sistemas de enjuiciamiento criminal, sino quePor su parte, en el artículo 425 del Estatuto Procedimental además determinó la entrada en vigor del novel modelo, denicaragüense se estableció un régimen transitorio para la forma paulatina y escalonada, en las diversas provincias, así:entrada en vigencia del sistema acusatorio en los siguientestérminos: “Los juicios y recursos por delitos y faltas iniciados “Art. 484. Entrada en vigencia respecto de hechos acaecidoscon anterioridad, se continuarán tramitando hasta su en el territorio nacional. Este Código comenzará a regir,finalización conforme el procedimiento con que fueron para las distintas regiones del país, al término de los plazosiniciados. Por un período de dos años, contados a partir de que establece el artículo 4º transitorio de la Ley nº 19.640,la entrada en vigencia del presente Código, se continuará Orgánica Constitucional del Ministerio Público.aplicando a los juicios y recursos en causas por delitosmenos graves y faltas penales, el procedimiento sumario En consecuencia, regirá para las regiones de Coquimbo yregulado en el Código de Instrucción Criminal de Nicaragua de la Araucanía, desde el 16 de diciembre de 2000; parade 29 de marzo de 1879 y sus Reformas, el cual se incorpora las regiones de Antofagasta, Atacama y del Maule, desde elal presente Capítulo. Durante este período, el trámite de 16 de octubre de 2001; para las regiones de Tarapacá, demediación a que hace referencia el presente Código se Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo y de Magallanesrealizará ante el juez local competente. De la misma forma, y de la Antártica Chilena, desde el 16 de diciembre de 2002;los juicios y recursos por delitos menos graves y faltas que, para las regiones de Valparaíso, del Libertador, Generalcon base en el párrafo anterior, se inicien y tramiten en los Bernardo O’Higgins, del Bío Bío y de Los Lagos, desde el 16juzgados locales durante el período señalado, se continuarán de diciembre de 2003, y para la Región Metropolitana detramitando hasta su finalización conforme el procedimiento Santiago, desde el 16 de junio de 2005”.con que fueron iniciados”. De ahí que, entonces, no se comparta la tajante afirmaciónIgualmente, en la codificación procesal de la República de la Comisión en el sentido de que no se previeron reglasde Guatemala se consagró un régimen de transición en precisas y claras en el régimen de transición, derogatoria yel siguiente sentido: “Artículo 547. Se aplicarán las vigencia de la Ley 906 de 2004.disposiciones del Código Procesal Penal que se deroga poresta ley, a todas aquellas causas en las cuales se hubiere 2. Por otro lado, el intento de aplicar el sistema acusatoriodictado el auto de apertura de juicio”. a asuntos que deben, de acuerdo con las pautas existentes, tramitarse por el anterior modelo de enjuiciamiento criminal, ha en por lo menos 14 países de Latinoamérica ha obedecido de estar precedido de una reforma estructural de la Ley 906 de a patrones similares, no por la imposición proveniente de 2004, para así conjurar la posibilidad de que las graves falencias naciones desarrolladas, sino por la inconformidad de un grupo de profesionales del derecho preocupados por la crisis que exhibe este modelo se hagan extensivas a estos casos. de los modelos aplicados. Traducción del texto publicado en la Revista estadounidense de derecho comparado American Journal of Comparative Law, Vol. 55, p. 617. Centro de En efecto, la realidad demuestra que el sistema adversarial Estudios de Justicia de las Américas, 2007. implementado con esta ley está funcionando primordialmente 20
  21. 21. Corte Suprema de Justicia • Revista 29 @ Sala de Casación Penal - Juicio Oralpara los eventos de captura en flagrancia y delitos de bagatela o El desequilibrio existente para afrontar las diversas clasesde poca trascendencia6 en los cuales la persona imputada de su de delincuencia resquebraja uno de los pilares básicos delcomisión tanto porque encuentra, en el primer caso que tiene proceso acusatorio. Me refiero al principio de igualdad, puespocas posibilidades de defensa ante la contundencia de la prueba el sistema no se sostiene si en su seno no prodiga garantíasexistente en su contra, como porque, en el segundo, la sanción a equitativas a todos los miembros del colectivo social. Así loimponer es relativamente baja, opta por acogerse a las alternativas señaló el profesor Montero Aroca, para quien una de lasde terminación anticipada del proceso previstas en la normatividad aristas de este apotegma está constituido por la igualdadpara así obtener significativos descuentos de la pena que si bien ante la ley procesal, que “se vulneraría cuando, sin razonescumplen con el objetivo de celeridad del trámite, a la par siembran objetivas, la ley dispusiera que unas personas recibieranen la comunidad una percepción de impunidad. un trato distinto a la hora de ser juzgadas, y es indiferente que ese trato sea perjudicial o beneficioso. Se trata de unComo contrapartida, el sistema ha patentizado manifiesta aspecto parcial del principio general de la igualdad de losdebilidad en la investigación de casos complejos o de ciudadanos ante la ley”7.criminalidad organizada, supuestos en los cuales laresponsabilidad, en principio, se traslada a los fiscales, quienes Para erradicar ese trato desigual ante la ley, de granlegalmente coordinan tal función y, en general, a los organismos importancia sería, a mi juicio, la conformación de brigadasde investigación en quienes descansa la actividad investigativa, en las Fiscalías especializadas en la investigación de estosrazón por la cual apremia su reingeniería para dotarlos de asuntos, dotadas de investigadores del más alto nivel, conherramientas que fortalezcan esta labor, mejorando el diseño experiencia en estas modalidades de delincuencia, lo que, dede los programas metodológicos de manera científica y técnica. seguro, optimizará resultados.6 Así se señaló en el estudio realizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) “Reformas procesales 7 Montero Aroca, Juan. Principios del proceso penal: Una penales en América Latina, resultado del proyecto de explicación basada en la razón. Editorial Tirant Lo Blanch. seguimiento IV etapa”, Santiago de Chile, 2007. Valencia, España, 1997. 21
  22. 22. Corte Suprema de Justicia • Revista 29Otro aspecto controversial de la Ley 906 de 2004 es el previstas en los numerales 4º y 5º del artículo 365, segúnreferido a las fallas estructurales que muestra el régimen de así lo dispone el artículo 15 transitorio de dicha codificación.la libertad personal por la demora en la tramitación de losprocesos penales que ha desembocado en la libertad masiva Por lo mismo, sería importante proponer una reforma legislativade personas, como ha ocurrido en los casos adelantados que permita al juez romper la unidad procesal en aquellos casospor los denominados “falsos positivos”, con un despliegue de múltiples acusados, de manera que se pudiera adelantarpublicitario de grandes dimensiones que ha dejado en el la actuación por separado frente a aquel o aquellos cuyosconglomerado la percepción de que el aparato judicial no defensores no acuden a audiencias en las cuales su presenciasolo propicia la impunidad, sino que además incumple resulta obligatoria para su validez, como ocurre con la audienciacon el deber constitucional que aparece consagrado en de formulación de acusación, según así lo establece el incisoel artículo 2° de la Carta Política, en el sentido de que las tercero del artículo 339 de la Ley 906 de 2004.autoridades públicas están instituidas para “proteger a todaslas personas residentes en Colombia, en su vida, honra, El problema relacionado con el régimen de la libertad en estabienes, creencias y demás derechos y libertades”, en codificación se acentúa con la implementación de los mecanismosespecial cuando se piensa en los derechos de las víctimas. de vigilancia electrónica como (i) medida de aseguramiento no privativa de la libertad en el artículo 307, (ii) para sustituir laTodo ello fruto de una inadecuada regulación en la Ley 906 detención preventiva conforme lo señala el artículo 3148 y (iii)de 2004 de los términos procesales, pues no se previó en esa durante la fase de ejecución como sustitutivo de la prisión segúncodificación que todos los casos no son iguales, pues hay el Decreto Reglamentario 177 de 2008, cuya eficacia se ha vistoalgunos que, por su complejidad, atendida su naturaleza o el seriamente cuestionada, que pasa de considerarse una novedosanúmero considerable de sindicados vinculados a la actuación, y tecnológica solución a la grave problemática del hacinamientorequerían un tratamiento distinto. carcelario a un método de fácil burla y evasión9.En efecto, esta falencia está conectada con la anterior En efecto, son recurrentes los casos en que las personasen cuanto el sistema no se diseñó adecuadamente para beneficiadas con la instalación en sus cuerpos de estosenfrentar el reto que implica la tramitación de ese tipo de dispositivos de vigilancia electrónica se deshacen transitoriacasos. De esa forma, establece cortos términos para surtir las o permanentemente de tales artefactos para recuperaractuaciones procesales, los cuales operan a la perfección sólo su irrestricta libertad y, en no pocos casos, para volver apara las situaciones referidas de flagrancia o para casos de delinquir, reafirmándose la desconfianza de la sociedad en elpoca discusión jurídico-probatoria. sistema de justicia.Empero, cuando se trata de organizaciones delictivas, y Sugiero, por consiguiente, para precaver esta situaciónespecialmente de asuntos en los cuales están involucrados suspender por vía legal el uso de estos dispositivos mientrasdelincuentes de cuello blanco y, en fin, cuando se trata de se adoptan mecanismos tecnológicamente más fiables quepunibles de gran dificultad investigativa, donde el recaudo brinden total seguridad y control; sin embargo, mientras elloprobatorio y las intervenciones de los sujetos procesales en ocurre, los funcionarios judiciales podrán prescindir de aplicarlas diversas etapas de la actuación se hace muchas veces la sustitución de la detención preventiva por la domiciliaria bajointerminable, el sistema implementado con la Ley 906 de supervisión de mecanismos de control y vigilancia electrónica,2004 ha defraudado las expectativas trazadas. dada la potestad discrecional que en ese sentido les asiste,Para remediar esta dificultad, bien podría establecerse 8 El artículo 27 de la Ley 1142 de 2007 modificó el artículouna regulación diferencial, a semejanza de lo que en su 314 del Código de Procedimiento Penal, estableciendooportunidad dispuso la Ley 600 de 2000, es decir, señalar que el control de la detención en el lugar de residencia corresponde al INPEC y en el de excluir una serie de delitostérminos más laxos cuando se trata de unos determinados de la posibilidad de sustituir la detención preventiva enasuntos, como es el caso de los procesos de competencia de establecimiento carcelario por detención domiciliaria. 9 La aplicación de estos mecanismos se ha reglamentado alos jueces especializados, en donde los plazos para obtener través de los Decretos 177 de 2008, 3336 de 2008 y 1316 delibertad se duplican cuando se trata de las situaciones 2009 expedidos por el Gobierno Nacional. 22

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