En febrero de 2005, tres miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó - incluyendo un niño de 11 años - fueron secuestrados y asesinados. Posteriormente, se encontraron los cuerpos de cinco miembros de una familia, incluyendo dos niños pequeños, en una finca cercana. Tropas del ejército habían estado deteniendo ilegalmente a seis familias campesinas en la zona. Un soldado alteró evidencia al limpiar una navaja ensangrentada encontrada cerca de los cuerpos.

1. La Corporación Jurídica Libertad presenta ante la opinión pública nacional e
internacional una relación de acontecimientos sucedidos en San José de
Apartadó durante los días comprendidos entre el 21 y 27 de febrero de 2005.
http://www.dhcolombia.info/spip.php?article22
HECHOS
1. El 21 de febrero de 2005, hacia las 11:00 a.m., fueron retenidos en la Vereda
Mulatos Medio, en inmediaciones del río Mulatos, en el camino que conduce
hacia el sitio conocido como Cantarrana, LUIS EDUARDO GUERRA GUERRA
(35 años de edad), miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz de
San José de Apartadó, DEINER ANDRES GUERRA TUBERQUIA (hijo de Luis
Eduardo, de 11 años de edad), BEYANIRA AREIZA GUMAN (17 años de edad).
Al día siguiente habitantes de la región encontraron la mula en que se
movilizaba Luis Eduardo en la Vereda La Resbalosa, y en la Finca de
propiedad de ALFONSO BOLIVAR encontraron huellas de sangre y una fosa
con varios cuerpos entre ellos de menores de edad. Algunos de los cuerpos

2. mostraban señales de mutilación. Esta circunstancia hizo suponer que allí se
encontraba el cuerpo de Deiner Andrés, y por ende de las otras personas que
habían sido retenidas, al igual que la familia completa del señor ALFONSO
BOLIVAR TUBERQUIA.
Ante este hallazgo, algunos campesinos se desplazaron hacía el casco urbano
de San José de Apartadó y comunicaron lo sucedido en al Consejo Interno de
la Comunidad de Paz. Paralelamente, otros habitantes de la Vereda La
Resbalosa deciden instalarse en la finca del señor Alfonso Bolívar y esperar allí
hasta tanto se trasladara una Comisión Judicial para que se practicaran las
primeras diligencias penales.
Desde el mismo momento en que se tiene
información de lo sucedido. Esto es, el 23 de
febrero de 2005, en las horas de la tarde, la
CJL envió una comunicación al Director del
Programa de derechos Humanos y Derecho
Internacional humanitario de la Vicepresidencia,
Dr. Carlos Franco, solicitándole de manera
urgente, la conformación de una Comisión
especial de la Unidad Nacional de Derechos
Humanos para que iniciara las respectivas
investigaciones penales, y efectuara el
levantamiento de los cadáveres. Efectivamente,
el día 24 de febrero en las horas de la tarde,
una Comisión compuesta por 1 Fiscal, 1
Procurador y 10 técnicos judiciales, llegó al
municipio de Apartadó. Solo hacia el medio día
del 25 de febrero en helicópteros de la Fuerza
Pública, se trasladó a la Finca de propiedad del
Señor Alfonso Bolívar. En las horas de la tarde, lograron corroborar el hallazgo
de cinco cuerpos. Esto es, DOS MENORES DE EDAD, (uno de 6 años, otro de
un año) UNA MUJER y DOS HOMBRES. Los nombres de las personas
asesinadas fueron NATALIA ANDREA TUBERQUIA MUÑOZ (6 años de edad),
SANTIAGO TUBERQUIA MUÑOZ (2 años de edad), SANDRA MILENA
MUÑOZ, ALFONSO BOLIVAR y ALEJANDRO PEREZ CUILES. Los adultos
mostraban señales de descuartizamiento
El 25 de febrero, hacia las 5 y 30 de la tarde, los cuerpos de LUIS EDUARDO,
DEINER ANDRES y BELLANYRA fueron encontrados por miembros de la
Comunidad, en inmediaciones del centro de salud de Mulatos Medio,
expuestos al aire, en campo abierto. Esta circunstancia fue comunicada de
inmediato al Dr. Franco, con el fin de que la Comisión Judicial se desplazara
hacia ese lugar y continuara con las diligencias judiciales. Sin embargo, solo
hasta el día 27 de febrero en horas de la mañana se produjo el levantamiento
de los cuerpos.

4. 2. El día lunes 21 de febrero de 2005, tropas del ejército pertenecientes al
Batallón Contraguerrilla No. 33 Cacique Lutaima, adscrito a la Brigada XVII del
Ejército Nacional, se hicieron presentes en la Vereda Mulatos, en el sitio El
Barro. Allí mantuvieron retenidas a seis familias de ese lugar, hasta el día 26 de
febrero cuando una comisión de la Comunidad llegó hasta el lugar y logró que
dichas personas pudieran abandonar el sitio, ya que no lo habían podido hacer
debido a las constantes amenazas e intimidaciones efectuadas por los
soldados en contra de mujeres, niños y jóvenes, que incluso impedían que
salieran a recoger algún tipo de comida para los menores; cavaron dos fosas
en la que presumiblemente iban a ser inhumadas ya que constantemente les
manifestaban que solo estaban esperando la orden para proceder a
asesinarlos. En el tiempo que permanecieron en ese lugar, los uniformados
profirieron amenazas contra la Comunidad de Paz y los acompañantes
internacionales.
Al arribo de los uniformados, manifestaron a los pobladores que habían dado
de baja a tres guerrilleros, tratándose de un hombre, una mujer y un niño. En
vista de que Luis Eduardo Guerra, Líder de la Comunidad de Paz, su
compañera Beyanira y su hijo Deiner Andrés, momentos antes había salido del
sitio El Barro en dirección a Cantarrana donde se encontraba su finca con
producción de cacao, los pobladores les manifestaron a los militares que se
trataba de campesinos miembros de la Comunidad de Paz. Ante esta situación,
lo que adujeron los soldados era que esas muertes las habían ocasionado los
paramilitares. Igualmente manifestaron que venían de la vereda Las Nieves y
en lugar habían asesinado a cuatro miembros de una familia.
Los militares escribieron un graffiti con consignas contra la guerrilla y con la
identificación del Batallón No. 33 contraguerrilla, sin embargo, éste fue
posteriormente borrado, por ellos mismos cuando la comisión de rescate se
hizo presente en el lugar.
La comisión de la Comunidad de paz y el equipo de acompañantes desde que
arribó a la vereda Mulatos Medio recibió una información que habían logrado
enviar la familias cautivas en El Barro implorando que llegaran hasta el lugar
para rescatarlas ya que se encontraban bajo la absoluta intimidación y sin
alimentos porque no se les permitía siquiera salir a recoger productos agrícolas
para poder alimentarse. Una vez se tuvo contacto con un oficial de los que
estaba a cargo del Batallón 33 se le informó que el día 27 de febrero algunos
integrantes de la Comunidad y acompañantes llegarían hasta El Barro a
recoger unas familias que allí se encontraban, precisamente en el mismo lugar
donde la tropa se encontraba acantonada. Este oficial negó que allí se
encontraran familias campesinas y que se perdería el tiempo por cuanto el
lugar se encontraba completamente desocupado.

5. El día sábado, 26 de febrero en las horas de la tarde, en el sitio donde fueron
encontrados los cuerpos de Luis Eduardo, Beyanira y Deiner Andrés por parte
de la Comunidad, se hicieron presentes para acordonar la zona tropas de la
Contraguerrilla de la Policía Urabá, del Batallón Vélez y del Batallón No. 33
Cacique Lutaima. En ese lugar, un soldado perteneciente a este último batallón,
se acercó al sitio donde se encontraban los cuerpos y recogió un machete con
visibles muestras de sangre. Delante de todos los asistentes, lo llevó hasta el
río Mulatos y con arena limpio la sangre. Paso seguido dijo en tono alto
dirigiéndose a los demás soldados que ese era “el machete degollador”. Esta
circunstancia fue inmediatamente informada al Capitán Castro de la Policía. Al
día siguiente ante la comisión de la Fiscalía que practicó los levantamientos de
los cadáveres integrantes de ONG que hacían parte de la comisión dejaron una
constancia escrita del grave hecho que se había presenciado con la alteración
y ocultamiento de las evidencias por parte de los uniformados.
Durante los tres días que permaneció la comisión de la Comunidad y el grupo
de acompañantes se pudo constatar que en la zona solo había presencia de
personal uniformado perteneciente a la Brigada XVII, se recibieron testimonios
que dan cuenta que desde el viernes 18 de febrero de 2005 se inicio un fuerte
operativo militar con el ingreso de tropas desde diferentes veredas con
dirección a Mulatos. Se logro igualmente recoger información aportadas por los
campesinos de la región que da cuenta que algunas familias de las veredas La
esperanza, Las Nieves y Mulatos se encuentran desaparecidas y otras
pertenecientes a La Resbalosa se encuentran a la espera que de algún tipo de
acompañamiento para poder salir de la zona.
La Corporación Jurídica Libertad quiere dejar constancias que durante los
últimos 12 meses le había señalado al gobierno nacional la importancia de
ofrecer verdaderas y efectivas medidas de protección a la comunidad de San
José tal y como lo había dispuestos en diferentes oportunidades la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo frente a la necesidad de
remover el cuerpo de oficiales de pertenecientes a la Brigada XVII frente a sus
evidentes nexos con acciones paramilitares realizadas en la zona y frente a la
multitud de crímenes que se les ha atribuido en contra del proceso de
Comunidad de Paz, cometidos con la clara intención de lograr el exterminio de
esta propuesta de paz. Las diferentes instancias del estado comprometidas con
el proceso de concertación e implementación de las medidas provisionales,
esto es gobierno central, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General
de la Nación y Defensoría del Pueblo, han mostrado una actitud renuente a
cumplir con lo dispuesto por la COIDH.
Medellín, marzo 1º de 2005