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PROPUESTA CIUDADANA POR UNA JUSTICIA ÁGIL, EFICIENTE Y OPORTUNAANTECEDENTESEn la ciudad de Quito, al igual que en varias ciudades de nuestro país, en losúltimos años hemos experimentado el incremento o agravamiento de algunoscasos de delincuencia y violencia, lo cual ha generado temor y alarma en laciudadanía.Cuatro son los delitos de mayor connotación y que preocupan a la Alcaldía delDistrito Metropolitano de Quito:1. Asaltos y robos a personas, los mismos que tienen lugar en zonas demayor concentración de transeúntes en el hipercentro de Quito: CentroHistórico, Mariscal, La Carolina, Michelena. Las denuncias de estos delitos sehan incrementado un 12% del año 2010 al año 20111, tienen lugarespecialmente en las calles y en el transporte público y sus principales víctimasson los jóvenes estudiantes. Los principales objetos robados son celulares,computadoras portátiles, dinero y joyas.2. Asaltos y robos a domicilios que ocurren en barrios residenciales de laciudad en el norte, sur de la ciudad y también en los valles. Estos delitos, deacuerdo a los partes policiales de los mismos, se realizan por bandas queposeen datos previos sobre las posibles víctimas, sus rutinas, familiares, etc., yes así como ahora ingresan no solo a los domicilios mientras sus dueños noestán presentes, sino también cuando están ahí y se les somete con armas defuego, sustrayéndoles objetos específicos como joyas, cuadros, aparatoselectrónicos que seguramente son parte de circuitos económicos ilegales.3. Tráfico de drogas marihuana y cocaína que cuenta con redes dedistribución en sitios y barrios de la ciudad y en las cercanías de centros deeducación. La economía ilegal del narcotráfico se va tomando así ciertaszonas de Quito y perforando a centros legales de comercio.4. Nuevas modalidades delictivas como el sicariato, secuestro express,clonación de tarjetas de crédito y otros delitos informáticos, que estánapareciendo con mayor frecuencia en la ciudad. Ya en el año 2011 existen 21homicidios que podrían configurarse como sicariato, es decir asesinatos porprecio, de ellos 19 son hombres y 2 son mujeres2. Los casos de secuestro1 Datos denunciados en la Fiscalía Distrital de Pichincha, elaborado por el ObservatorioMetropolitano de Seguridad Ciudadana.2 Información recogida del Departamento Médico Legal de la Policía Nacional, elaborado por elObservatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana. -1-

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express denunciados en la Fiscalía, de enero a agosto correspondiente a losaños 2010 y 2011, aumentaron de 13 a 26. Estos delitos revelan gruposorganizados y armados que están presentes en la ciudad y que tienen clarasconexiones a nivel nacional e internacional. Falta cachineriasLa situación descrita exige un mejoramiento del trabajo de la Policía Nacional,del Municipio, de la Fiscalía General del Estado e indudablemente del sistemade justicia.ImpunidadLos datos expresan que la mayoría de delitos que suceden en la ciudadquedan en la impunidad y que las personas confían cada vez menos en la laborde la justicia.Como hemos descrito anteriormente, los asaltos y robos a personas y adomicilios causan gran zozobra en la ciudadanía y constituyenaproximadamente el 80% de los delitos denunciados3. Para estos delitosfrecuentes, la Fiscalía General del Estado, ha tenido una muy débil capacidadpara hallar las presunciones suficientes y pronunciar un dictamen acusatorio,es decir su indicador de capacidad incriminatoria es bajo, de acuerdo con unestudio sobre indicadores de la gestión de la justicia contratado por laSecretaría de Seguridad y Gobernabilidad. Así, solo el 49% del total de casosde hurto y el 66% de los robos, han recibido dictámenes acusatorios por partede la Fiscalía en el período 2005 - 20104.Por otro lado, solo una minoría de estos delitos frecuentes, una vez que se hainiciado el proceso penal, han recibido sentencia. Así el 36.5% de losprocesos penales iniciados por robo y el 58.2% de los procesos iniciados porhurto, en el poder judicial han tenido una sentencia dictada durante el período2005 - 20095.Lo anterior, sumado al hecho de que apenas el 20% de los delitos que secometen en la ciudad son denunciados, de acuerdo con la Encuesta deVictimización y Percepción de Inseguridad del año 20106, genera impunidad,pues no hay instituciones que juzguen y sancionen a los delincuentes.3 Promedio de enero 2005 a julio 2010 de la Fiscalía, en base al Informe de Consultoría“Sistema de Información de Administración y Justicia para la Seguridad Ciudadana en el DMQ”,elaborado por el Dr. Santiago Basabe, p. 254 Ibid, p.285 Ibid. p.376 Tercera Encuesta de Victimización y Percepción de Inseguridad en el Distrito Metropolitano deQuito levantada en enero y febrero del 2011, que recoge información de enero a diciembre del2010. -2-

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Lo anterior nos dice que de cada 100 delitos frecuentes (robos) que tienenlugar en Quito, 20 son denunciados, de estos 12 tienen dictamen acusatorio dela Fiscalía y a penas 5 de ellos reciben una sentencia.La lógica consecuencia, es una desconfianza muy grande en el sistemajudicial. En la Encuesta sobre Cultura Ciudadana realizada porCorpovisionarios en varias ciudades de América Latina, entre ellas, Quito, losjueces tienen el menor nivel de confianza, entre otras instituciones, apenas el9% y los órganos judiciales el 16%7. Por ello, es que los delitos no sedenuncian. De acuerdo con la Encuesta de Victimización, el 35 % de laspersonas entrevistadas y que dijeron haber sido víctimas de algún tipo deasalto8, afirmaron que no denunciaron este asalto porque no confían en elSistema de Justicia.Si las personas no confían en la justicia, en las instituciones, se produce unasituación de anomia social que vulnera el respeto de las normas, que irrespetalas leyes, y que puede proporcionar argumentos para utilizar la violencia paraarreglar los problemas. Así, Quito, de acuerdo con la Encuesta de CulturaCiudadana realizada por Corpovisionarios, tiene un indicador alto de razonespara desobedecer la Ley: 27%9. Es decir, casi un tercio de las personas diceque están de acuerdo con desobedecer la Ley en alguno de los siguientescasos: alcanzar sus propios objetivos, ayudarle a la familia, provechoeconómico, la creencia religiosa lo permite, responder a una ofensa al honor,porque es lo acostumbrado o para pagar un favor.Propuestas y alternativasEs una exigencia para la cohesión social, para la gobernabilidad, para el buenvivir, el que el sistema de justicia funcione de manera eficiente y oportuna. Porello presentamos estas Propuestas para una Justicia Oportuna, Ágil y Eficiente,las mismas que han sido elaboradas en base a las situaciones que impactan ala ciudadanía quiteña, a los delitos de mayor connotación y a las situacionesque requieren una intervención emergente en el sistema judicial.Estas propuestas elaboradas, por un equipo de juristas, han sido fortalecidascon la experiencia de quienes han sido víctimas de la delincuencia, ademáscuentan con el aporte de cientos de hombres, mujeres y jóvenes integrantes delos Comités de Seguridad de la ciudad, y han recogido las ideas de losintegrantes de la Mesa Ciudadana de Seguridad que se instaló el 3 de agostodel presente año, que continúan desarrollando sus actividades en cuatro mesasde trabajo; están orientadas a generar el bienestar social y una cultura de7 Corpovisionarios, Primera Encuesta de Cultura Ciudadana en el Distrito Metropolitano deQuito levantada en mayo del 2010.8 Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad, DMQ, Tercera Encuesta de Victimización yPercepción de Inseguridad. op.cit. p.39 Corpovisionarios, op. cit. -3-

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convivencia pacífica y democrática en la cual prevalezca el ejercicio de losderechos humanos de los habitantes del Distrito y plantean lo siguiente: 1. Nueva clasificación de delitos para viabilizar un ágil juzgamiento de los delitos frecuentes. 2. Juzgamiento especial de determinados delitos menores frecuentes. 3. Tipificación de las nuevas modalidades delictivas. 4. Juzgamiento ágil de delitos flagrantes contra la propiedad. 5. Tratamiento especial de la habitualidad delincuencial. 6. Implementación de un sistema informático penal. 7. Asesoría legal gratuita a víctimas de infracciones penales. 8. Sistema de evaluación permanente del desempeño de la administración de justicia. 9. Desconcentración y especialización de fiscales. 10. Creación de un cuerpo especializado en la investigación judicial. 1. Nueva clasificación de delitos para viabilizar un ágil juzgamiento de los delitos frecuentesProblemáticaEl actual Código Penal, en su artículo 10 señala que son infracciones, los actosimputables sancionados por las leyes penales, y se dividen en delitos ycontravenciones, según la naturaleza de la pena peculiar. Es decir, en estadisposición se plantea una división general de las infracciones.El Libro Segundo de este cuerpo legal, presenta una clasificación de los delitosen particular de acuerdo a su tipo, los mismos que se encuentran en títulos ysub clasificados a su vez capítulos y secciones.En efecto, la clasificación de delitos que existe en nuestro ordenamientojurídico, está efectuada conforme el Código Belga, que es el que sirvió de basepara la expedición de nuestro Código Penal en 1870, desde esa fecha se hanintroducido reformas importantes en los años 1927, 1971 y 2005.Bajo la dogmática francesa (Código Belga), no existen bienes jurídicos sinosolamente títulos clasificatorios de los delitos. En esta clasificación se handividido los delitos en función de las acciones, así en pública y privada, en elprimer caso existe un procedimiento común u ordinario, que contempla formasanticipadas de terminación del proceso para determinados delitos, como elprocedimiento abreviado, la conversión, el procedimiento simplificado, quetambién son considerados por el Código de Procedimiento Penal comoprocedimientos especiales y en el segundo caso también se prevé una figurapara concluir el proceso de forma anticipada y es la conciliación. Por esta razónlo que se busca con la clasificación de delitos, es considerar la gravedad de lapena, con la finalidad de aplicar estos procedimientos especiales, pues tanto el -4-

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Derecho Penal como el Derecho Procesal Penal son complementarios, elprimero determina la pena y el segundo aplica esa pena previo a un juicio justo.La actual clasificación de delitos, no toma en cuenta la gravedad de lainfracción, dando paso a que se aplique un solo procedimiento de juzgamientopara los delitos de acción pública y otro para los delitos de acción privada. Estosin duda, genera un problema en la administración de justicia, pues no puedeser concebible que un delito como el hurto de un bien, tenga el mismoprocedimiento de juzgamiento que un delito de asesinato, de ahí que espotestad del Estado ecuatoriano, el crear un procedimiento más adecuado parael juzgamiento de los delitos, con la obligación de respetar los derechosconstitucionales.Por otro lado las penas privativas de libertad actualmente se encuentran enpermanente crisis, pues no pueden prescindirse en ningún tipo de delitos. Hasido muy difícil encontrar soluciones adecuadas a este problema, ya que estetipo de penas no permiten alcanzar la rehabilitación del infractor y solo hancontribuido a la sobrepoblación de los centros de rehabilitación social.En el caso específico de las personas que cumplen penas de prisión,encontramos que éstas al ingresar a un centro de rehabilitación social, secontaminan con las ideas de reos que se encuentran recluidos por delitos másgraves, esto en nada contribuye a su rehabilitación.El delito es la acción u omisión penada por la ley, constituye la negación delDerecho, pues se trata de un acto contrario al mismo.Para César Beccaria 10, la medida de la gravedad de un delito, está en el dañosocial que éste provoca, por esa razón la gravedad de una infracción estáproyectada en la pena aplicable.En función de su naturaleza y duración, el Código Penal establece como penaspeculiares del delito, las siguientes:1.- Reclusión mayor (que se clasifica en ordinaria cuando va de cuatro a ochoaños y de ocho a doce años; extraordinaria de doce a dieciséis años y, especialde dieciséis a veinticinco años);2.- Reclusión menor (que se clasifica en ordinaria cuando ve de tres a seisaños y extraordinaria de seis a nueve años);3.- Prisión de ocho días a cinco años;4.- Interdicción de ciertos derechos políticos y civiles;5.- Sujeción a la vigilancia de la autoridad;10 BECCARIA, Cesare. De los delitos y de las penas. Ediciones Orbis, S.A. Barcelona,España. 1984. Pg. 88. -5-

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6.- Privación del ejercicio de profesiones, artes u oficios; y,7.- Incapacidad perpetua para el desempeño de todo empleo o cargo público.Históricamente han existido dos modelos de construir el delito, un modelotripartito, que divide al delito en tres partes: tipicidad, antijuridicidad oantijuricidad y culpabilidad, partiendo de que la acción es solamente un indiciode la antijuridicidad, este modelo tiene su origen en la teoría finalista o delinjusto personal; y, un modelo bipartito, que hace una diferencia entre la parteobjetiva o externa del delito y la parte subjetiva o interna, este modelocorresponde a la teoría clásica o positivista (tercera escuela italiana: teoría delmodelo de Von Liszt-Beling)11 y posteriormente a la teoría neopositivista o deEdmundo Mezger12Nuestra legislación ha adoptado el sistema bipartito penal, ya que conforme ala teoría imperante del positivismo, el hombre no podía influir en la parteobjetiva del hecho y solo aprehendía en forma sicológica, además, según estateoría la culpabilidad es psicológica y está dominada por el dolo y la culpacomo formas de culpabilidad, es por ello que el artículo 32 del Código Penal, seseñala que nadie puede ser reprimido por un acto previsto por la ley comoinfracción, si no lo hubiere cometido con voluntad y conciencia.Fiel a la teoría del positivismo jurídico, nuestro Código Penal determina quecualquier conducta contraria a la ley es una infracción, por esta razón acogió laclasificación de las infracciones en delitos y contravenciones; este sistemaadopta criterios extensivos de los delitos. Actualmente nuestro ordenamientojurídico se encuentra en una etapa de transición del positivismo jurídico a unneopositivismo, en el cual se busca la protección de los derechos de las partesprocesales.La Constitución de la República, ha declarado al Ecuador un Estadoconstitucional de derechos, y reconoce los principios de materialidad (artículo76, numeral 3), lesividad (artículo 66, numeral 5) y el principio de culpabilidad(artículo 77, numeral 12), por lo tanto el ordenamiento jurídico debe estararmonizado con la Constitución, con el fin de que el principio de legalidad seaselectivo en cuanto a su origen y a su contenido, todo en un marco de respetoy protección de los derechos humanos.ArgumentaciónLa Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 169 determina queel sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas11 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. Teoría del delito. Editorial Jurídica Universitaria. México D.F.,México. 2003. Pg 28.12 Ibíd. Pg 29. -6-

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procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia,inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías deldebido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión deformalidades.Al amparo de este principio constitucional resulta necesaria la implementaciónde una clasificación de delitos en el Código Penal, pero respetando la actualclasificación de delitos, a efectos de mantener la descripción de conductasantijurídicas, logrando que este cuerpo legal guarde una armonía estructural,pero que a su vez permita incorporar sistemas procedimentales simplificadosde juzgamiento para cierto tipo de infracciones en base a su gravedad, y laimposición de una sanción distinta a las penas alternativas de privación delibertad para determinados delitos sancionados con prisión, con respeto a laConstitución y a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, deconformidad a lo dispuesto en la norma constitucional consagrada en el artículo77 numeral 11.PropuestaEfectuar una clasificación de delitos, la misma que será incorporada al LibroPrimero, Título II, Capítulo I, del Código Penal, de esta manera los delitos seclasificarán en graves, menos graves y menores.Esta clasificación se basará en la naturaleza de la infracción penal y en sugravedad, así serán:- Delitos graves aquellos sancionados con reclusión mayor ordinaria,extraordinaria y especial, su procedimiento de juzgamiento será ordinario;- Delitos menos graves, aquellos sancionados con reclusión menor ordinaria yextraordinaria; y al igual que los delitos graves, su procedimiento deenjuiciamiento será ordinario;- Delitos menores, aquellos cuyas penas peculiares son sancionados conprisión, los delitos menores de acción pública contarán con un procedimientode juzgamiento especial, que estará determinado en el Código deProcedimiento Penal.En el caso específico de los delitos menores y de contravenciones, la autoridadjudicial competente, podrá sustituir la sanción de privación de la libertad porsanciones alternativas como trabajos comunitarios, siempre y cuando no setrate de delitos que comprometan de manera seria el interés social, que atentencontra la administración pública, que afecten los intereses del Estado, deviolencia sexual, intrafamiliar, odio, o de lesa humanidad.El trabajo comunitario consistirá en el trabajo no remunerado, librementeescogido por el infractor y realizado a favor de la administración pública o de lacomunidad, su duración será establecida en sentencia y podrá ser hasta por el -7-

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mismo tiempo de la pena impuesta en los delitos de prisión, será el juez quiendetermine el trabajo computable para dicho efecto y la forma de comprobacióny control. 2. Juzgamiento especial de determinados delitos menores frecuentesProblemáticaLos hurtos cuya cuantía supera los U.S.D. $132, 50, robos simples, lesiones(sancionadas con prisión), estafas y otras defraudaciones, entre otros, sonactos delictivos que de acuerdo a la nueva clasificación propuesta, constituirándelitos menores, ya que se encuentran sancionados con prisión de ocho días acinco años. En la actualidad estos delitos no cuentan con un procedimiento ágilde juzgamiento y más bien cuentan con el mismo procedimiento dejuzgamiento que tienen los delitos graves y menos graves.La legislación penal actual, no se adecua a las necesidades de la población, enaras de agilitar los procesos y emitir sentencias en el menor tiempo posible, sinviolentar las garantías del debido proceso.El Código de Procedimiento Penal actualmente prevé varias etapas en eljuzgamiento de un delito, así una fase de indagación previa que puede durar unaño en el caso de delitos sancionados con prisión y dos años en caso dedelitos sancionados con reclusión, concluida la misma se iniciará la primeraetapa del proceso penal que es la instrucción fiscal, la cual que puede durarhasta noventa días, seguidamente viene la audiencia preparatoria de juicio quedeberá ser señalada dentro de las veinticuatro horas en que el fiscal hayapresentado su dictamen, en la cual, si el juez de garantías penales consideraque de los resultados de la instrucción fiscal se desprenden presuncionesgraves y fundadas sobre la existencia del delito y sobre la participación delprocesado como autor, cómplice o encubridor, dictará auto de llamamiento ajuicio, iniciando por pronunciarse sobre la validez del proceso, luego vendrá laetapa de juzgamiento y finalizará con la etapa de impugnación, no obstante deque la parte interesada en el trayecto de la etapa de juzgamiento haga uso delos recursos que prevé el Código de Procedimiento Penal para impugnar losautos que conceden o niegan la prisión preventiva, nulidades, prescripcionesde acciones, etc.ArgumentaciónEl Derecho Penal debe enfocarse en actos realmente lesivos a la sociedad ycontemplar la necesidad de abreviar los plazos de juzgamiento en el casoespecífico del juzgamiento de delitos sancionados con prisión, a través deprocedimientos expeditos, contribuyendo a que el procesado sea juzgado en unplazo razonable, para lo cual deberá implementar un procedimiento especial, -8-

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que opere como un mecanismo de descongestión del sistema penal, a fin delograr un juicio más breve y simple.PropuestaCon el fin de agilitar el proceso de juzgamiento de los delitos sancionados conprisión, que de acuerdo a la presente propuesta se denominarán delitosmenores, se sugiere que se reduzcan los plazos contemplados para delitos deacción pública sancionados con prisión, de tal manera que la indagación sea denoventa días, así mismo se propone que la instrucción fiscal se mantengaabierta por un plazo no mayor a treinta días. Independientemente de promoverlos procedimientos especiales que contempla el Código de ProcedimientoPenal, como el procedimiento abreviado, procedimiento simplificado, laconversión, el acuerdo reparatorio o la suspensión condicional delprocedimiento. 3. Tipificación de las nuevas modalidades delictivasProblemáticaExisten formas delictivas que no se encuentran correctamente tipificadas en elCódigo Penal, pues se han revestido de variantes. Se trata de hechos delictivosque no son recientes pero que en los últimos años, se han ido incrementando yperfeccionando.Estas modalidades han recibido denominaciones (especialmente por losmedios de comunicación), que no se encuentran determinadas en el CódigoPenal, así tenemos el sicariato, secuestro express, cachinerías, saca pintas,dulces sueños, entre otros, que encierran grados de violencia explícita eimpactan terriblemente en la noción de seguridad ciudadana.De igual manera la trata de personas con fines diversos: explotación sexual,laboral, sustracción de órganos o formas complejas de esclavitud, esimportante que también se adecúe la normativa para sancionar estos delitos.Frente a estas manifestaciones del fenómeno criminal, la cada vez máscomplicada estructuración y alcance del crimen organizado, el Estadoecuatoriano no ha encontrado una respuesta oportuna para garantizar laseguridad ciudadana y precautelar los derechos de sus habitantes.Los actos humanos para que sean sancionados eficazmente, deben estardescritos en la Ley Penal, lamentablemente en nuestra legislación aún sedetectan falencias a la hora de sancionar a los autores y coautores de losdelitos, pues en muchos casos solo es sancionado el ejecutor de la infracción,quedando en la impunidad aquellas personas que directamente o -9-

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indirectamente participaron en la comisión de dicho delito, debido a vacíoslegales, lo que genera una sensación de inseguridad jurídica.La tipicidad en materia penal es la correspondencia entre el hecho real y laimagen rectora expresada en la Ley para cada especie de infracción, es decir,constituye la adecuación de la acción humana o el hecho investigado en lanorma penal.Nuestra Constitución en el numeral 3 del artículo 76, establece como unagarantía básica del debido proceso el que nadie pueda ser juzgado nisancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse no estétipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, nise aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley.Por lo expuesto, la descripción de un delito debe delimitar al sujeto activo(¿quién?) y al sujeto pasivo (¿a quién?), configurar la acción u omisión enforma exacta mediante un verbo rector que subsuma la conducta delictiva, lascondiciones subjetivas del delincuente, las modalidades o condiciones de laconducta, las circunstancias de tiempo, lugar y la intencionalidad dereproducirla.Dentro del cometimiento de una infracción encontramos varios tipos departicipación:Autoría directa o individual: Consiste en que una sola persona (salvo lospartícipes) realiza el acto delictivo.Autoría mediata: Consiste en que el autor del hecho utiliza a otra persona comoun instrumento para la ejecución del delito.Autoría concomitante: Consiste en los actos de varios sujetos que sin haberllegado a un acuerdo recíproco han logrado la producción de un delito, y eneste caso el hecho de cada uno se aprecia y se juzga por sí mismo. En estetipo de autoría cada sujeto tiene el dominio y determinación del hecho, pero enforma aislada, sin embargo supone que todas ellas actúan en relación al hechosin haber existido una decisión o acuerdo previo entre ellas.Coautoría: Consiste en que varias personas cometan un delito, todas ejercen elpapel de autores, se trata de una división de trabajo en el cual se repartenfunciones para la consecución del fin delictivo. El hecho delictivo en este casono corresponde a un solo individuo sino a varios.Coautoría funcional: Es la contribución que cada individuo aporta para laconsumación del delito, aquí surge el principio de división del trabajo, dondecada coautor completa con su parte en el hecho delictivo, se trata de unaejecución común del hecho con división del trabajo. - 10 -

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Nuestra actual legislación, fiel al positivismo jurídico y al causalismo, confundela determinación que es la instigación o el consejo, como una forma de autoría,lo cual siendo solamente considerado como una causa sin dominar el hechocomo tal, es una teoría del siglo XIX de Fuerebach, que ha sido superada porlas actuales teorías del delito, además la Constitución de la República delEcuador, determina que se debe responder por la acción propia.Las recientes apariciones de la criminalidad organizada, responden a nuevasformas delictivas que en el siglo XIX no eran previstas, por lo que se requiereactualizar esta forma de ver a la autoría clásica e ingresar a las nuevas formasdelictivas, para poder juzgar en forma adecuada a estas organizaciones quetrafican drogas, personas, y que ejecutan delitos contra la propiedad.ArgumentaciónEn base a estos parámetros, resulta necesario plantear la adecuación deciertos tipos penales en nuestro sistema normativo y el grado de participaciónque un sujeto puede tener en el mismo, de tal forma que se determinen ciertasconductas que por su nivel de reproducción, variantes de comisión oinnovación, requieren una figura legal expresa.En el caso específico del asesinato por precio o promesa remuneratoria, másconocido como sicariato, (término que proviene del latín sicarius empleado enla antigua Roma, y significa hombre daga), se debe tener en consideración quese trata de un delito mediante el cual se mercantiliza la muerte, un servicio porencargo o delegación donde existe una mediación social, en el cual la violenciaconstituye un medio de resolución de conflictos, que lamentablemente ha idoincrementándose en los últimos años y merece una tipificación adecuada.Otro delito que requiere una reforma, es la actividad de comercializar artículoshurtados, robados o cuya legal procedencia no se encuentre demostrada, esindudable que las denominadas cachinerías, nutren delitos como el hurto y elrobo, siendo parte de un círculo delincuencial en donde tanta responsabilidadtiene el que vende el artículo producto del ilícito, como el que lo compra.Otros aspectos que la Ley Penal debe considerar, son las nuevas modalidadespara sustraer las pertenencias de una persona, que se basan en la privaciónarbitraria de su libertad o su sentido, dentro de estas modalidades está el tanconocido secuestro express, que consiste en privar de la libertad a una personapor un determinado tiempo, bajo amenazas, violencia o intimidación, con el finde sustraerle sus bienes; también tenemos a los denominados saca pintas,quienes buscan a propósito personas que ingresan a entidades financieras aretirar dinero, para sustraerles el mismo, adicionalmente tenemos aquellosdelitos en los cuales se emplean substancias estupefacientes o psicotrópicaspara privar del sentido a una persona y sustraerle sus pertenencias, - 11 -

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modalidades delictivas que requieren una tipificación adecuada, impidiendo suimpunidad.Es necesario que se sancione con más rigurosidad a los actos de violenciaejercidos en lugares públicos, nuestro actual Código Penal sanciona con penade uno a tres años de prisión únicamente a los incitadores o responsables dehechos de violencia dentro de los escenarios deportivos o en susinmediaciones o demás lugares que por su capacidad, puedan albergarreuniones masivas de público, antes, durante o después del evento deportivo,artístico u otros espectáculos y que causen lesiones a terceros, sin embargoresulta imprescindible que la Ley determine y sancione las consecuencias deesos actos de violencia, que no solo pueden atentar contra los bienes de unapersona sino contra su integridad física y psicológica.En relación a la trata de personas, nos encontramos frente a un delito en elcual se capta a personas de diferentes edades, para transportarlas a lugaresdiferentes de su domicilio y someterlas a procesos de explotación ya seasexual o laboral, sustracción de órganos, o estados más complejos deesclavitud doméstica. En este delito existen verdaderas organizacionesdelictivas que mediante una labor sumamente compleja y estructurada,traspasan las fronteras de los países y se convierten en multinacionales delcrimen. En nuestro país por el índice de crecimiento de la migración, los casosde trata de personas en sus diversas modalidades se han ido incrementando,sin que se cuente con una legislación que describa los modos de operación, lostipos de víctimas, los tipos de traficantes, los lugares de captación y de destinoy su alcance territorial.Finalmente, nuestra legislación no tipifica ni sanciona a los delitos informáticoscomo el robo de identidades, la conexión a redes no autorizadas, el empleo dekeylogger y spyware, la copia y distribución de programas informáticos, actosde racismo y xenofobia cometidos a través de sistemas informáticos, y otrosdelitos contra la propiedad y las personas cometidos a través de redes ysistemas informáticos.PropuestaEn vista de que el actual Código Penal no tipifica conductas, acciones uomisiones antijurídicas, que en la actualidad son juzgadas bajo otrasdenominaciones, son necesarias las siguientes reformas:Con el objeto de sancionar a todas las personas que participan en elcometimiento de una infracción, resulta imprescindible reformar el artículo 41del Código Penal, implementando la figura de coautores e instigadores, de talmodo que serán responsables de las infracciones los autores, coautores,instigadores, cómplices y encubridores. Concomitante a esta reforma, serequiere modificar el artículo 42 del mismo cuerpo legal, incorporando la figura - 12 -

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de autor mediato, que es aquella persona que ha determinado la perpetracióndel delito y efectuándolo valiéndose de otras personas, imputables o noimputables, mediante precio, dádiva, promesa, orden o cualquier otro mediofraudulento y directo; los que lideran las organizaciones criminales, sociedadeso personas jurídicas, empleando a sus subalternos para el cometimiento deldelito; los que han coadyuvado a la ejecución, de un modo principal,practicando deliberada e intencionalmente algún acto sin el que no habríapodido perpetrarse la infracción; y los que, por violencia física, abuso deautoridad, amenaza u otro medio coercitivo, obligan a otro a cometer el actopunible, aunque no pueda calificarse como irresistible la fuerza empleada condicho fin. Así mismo, en este artículo se incluirá a los autores concomitantes,que son aquellos que sin haber llegado a un acuerdo recíproco, ejecutan deforma individual actos para el cometimiento de un determinado delito. Tambiénse incorporarán a los coautores que son aquellos que participan en conjunto yen división de funciones. Los coautores funcionales serán otros sujetosincorporados al Código Penal, y son aquellos que ejecutan actos para aportar ala consumación el delito. Finalmente se incorporarán a los instigadores que sonlos que determinan la realización del delito y tendrán la misma responsabilidaddel autor.A efectos de que el asesinato por precio o promesa remuneratoria másconocido como sicariato, cuente con una correcta tipificación, se modificará elnumeral 2 del artículo 450 del Código Penal, estableciendo que el que dieremuerte a una persona por precio, pago, recompensa, o promesa remuneratoria,será sancionado con reclusión mayor extraordinaria de dieciséis a veinticincoaños. Se impondrá la misma pena, a aquellas personas que encargan uordenan la ejecución de la infracción, a los intermediarios a través de los cualesse encargó la ejecución de la infracción o a los que han utilizado a inimputableso imputables para el cometimiento de la misma.Se sugiere una reforma al artículo innumerado que sigue al artículo 473 delCódigo Penal, a efectos de que los incitadores y responsables de hechos deviolencia dentro de los escenarios públicos o en sus inmediaciones que por sucapacidad, puedan albergar reuniones masivas de público, antes, durante odespués del evento deportivo, artístico u otros espectáculos y que causenlesiones a terceros, no respondan por una pena de prisión de uno a tres años,sino por el delito que se perpetró como consecuencia de esta incitación o actode violencia, que puede revestir una mayor gravedad, por lo tanto se planteaque éstos, sean reprimidos con la misma pena que las infracciones perpetradascontra las personas o sus bienes.En relación a los objetos hurtados, robados o cuya procedencia no cuentan conjustificación legal y son comercializados, se procederá a continuación delartículo 569 del Código Penal, a implementar una disposición en la cual, el quecomercializare en cualquier forma o título equipos de telefonía móvil,informáticos, audiovisuales, electrónicos o eléctricos, sin justificar su legal - 13 -

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procedencia, será reprimido con prisión de tres a seis años, igual pena seimpondrá a aquel que compre dichos bienes.A continuación del artículo 552, se incluirá otra disposición en la que sedetermine que el que privare arbitrariamente de la libertad o el sentido parcial ototal a una persona, empleando intimidación, violencia, amenaza o utilizandosubstancias estupefacientes, psicotrópicas, alcohólicas o de cualquier otranaturaleza que provoque pérdida o disminución del sentido, con el propósito desustraer sus pertenencias o extorsionarle, será reprimido con reclusión mayorextraordinaria de ocho a doce años.Si con el empleo de los medios anteriormente descritos, se produjeren lesionesdeterminadas en los artículos 466 y 467, esto es, incapacidad para laborar quesupere los noventa días, incapacidad permanente para el trabajo, mutilacióngrave o pérdida o inutilización de un órgano principal, la pena se aumentarácuatros años a la pena impuesta.En caso de que la utilización de estos medios produzca la muerte de lapersona, la pena será de dieciséis a veinte y cinco años de reclusión mayorespecial.Modificar el capítulo innumerado Relativo a la de Trata de Personas, en el cualse determine que será considerado delito de trata de personas, aunque medieel consentimiento de la víctima, el promover, inducir, participar, facilitar ofavorecer la captación, traslado, acogida, recepción o entrega de personasrecurriendo a la amenaza, violencia, engaño abuso de poder, el aprovecharsede una situación de vulnerabilidad, cuando media la concesión o recepción depagos u otro tipo beneficios o cualquier otra forma de intimidación o coerción,con fines de explotación ilícita, con o sin fines de lucro. Para efectos de estainfracción, se considerará explotación toda forma de trabajos o serviciosforzados, esclavitud laboral, venta y/o utilización de personas para mendicidad,conflictos armados, reclutamiento para fines delictuosos, y cualquier forma deexplotación sexual.También se considerará delito de trata de personas, el promover, inducir,participar, facilitar o favorecer la captación, traslado, acogida, recepción oentrega de personas de menores de edad aún cuando no medie amenaza,violencia, engaño abuso de poder, el aprovecharse de una situación devulnerabilidad, concesión o recepción de pagos u otro tipo beneficios ocualquier otra forma de intimidación o coerción.En esta propuesta, a más de incluir las diversas modalidades de captación, detransporte, publicidad, comercialización y de explotación, de manera íntegra seidentificarán los tipos de participaciones delictivas, el daño generado a lavíctima sea físico, psicológico o sexual y las acciones destinadas a sureparación integral. - 14 -

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Con este planteamiento se busca: • La eliminación del tipo penal de proxenetismo; este tipo penal contiene algunos elementos del tipo de trata de personas con fines de explotación sexual, actualmente del tipo pena “traslado y entrega de personas para explotación sexual” provocando que frente a casos concretos, el juzgador desvíe la conducta de trata de personas, hacia un delito considerado menos grave y por lo tanto se aplica una sanción considerablemente inferior. De esta forma, se podría unificar los tipos penales de traslado y entrega de personas para explotación sexual y al de trata con otros fines de explotación en un solo tipo penal como “trata de personas”. • Considerar la edad de la víctima como circunstancia agravante, pues tanto en el tipo penal de trata de personas como en el de traslado y entrega de personas para explotación sexual, está contemplada la edad de la víctima, sin embargo para el primer caso lo es si la víctima es menor de catorce años, en tanto que para el segundo tipo penal, es agravante el hecho de que la víctima sea menor de doce años, es decir hay un menor rango de edad para la consideración de la agravación del delito. • Determinar al consentimiento de la víctima como irrelevante en los casos de trata con otros fines de explotación y del traslado y entrega de personas para explotación sexual (que es caracterizado dentro de los delitos de explotación sexual y no de trata de personas); el consentimiento de la víctima es irrelevante solamente si es menor de edad. Sin embargo inclusive en los casos de trata con fines de explotación sexual, el consentimiento de la víctima será irrelevante cuando de por medio han habido amenazas, usos de la fuerza, coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder, situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios. • Incluir dentro de los medios, que actualmente contemplan la amenaza, violencia, engaño, el abuso de poder, el aprovecharse de una situación de vulnerabilidad, o cuando media la concesión o recepción de pagos u otro tipo beneficios; de esta forma la descripción de los medios es más amplia e incluye una recurrente situación en el caso de trata, como es el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de las víctimas. • Contemplar la sanción a todo tipo de transacción que se lleve a cabo alrededor de las diferentes formas de explotación, incluida la sexual, como una medida de frenar la demanda que alienta a la trata de personas.Incorporar un capítulo relativo a los delitos informáticos en el Código Penal, quetipifique y sancione a los fraudes cometidos mediante manipulación decomputadoras, programas y datos de salida, fraudes efectuados por lamanipulación informática, falsificaciones informáticas, sabotajes informáticos,virus, gusanos, bombas lógicas o cronológicas, piratas informáticos, acceso no - 15 -

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autorizado a sistemas y servicios, reproducción de programas que cuentan conprotección legal, entre otros. 4. Juzgamiento ágil de determinados delitos flagrantes contra la propiedadProblemáticaEn muchas ocasiones la identidad de la persona que ejecuta un delito de roboo hurto, es desconocida y en los casos en que se los llega a detener en delitoflagrante, su proceso de juzgamiento está sometido a procedimientos penalescostosos, lentos e ineficientes, que desaniman al ofendido a presentar larespectiva denuncia o acusación particular, quedando este tipo de infraccionesen la impunidad.En efecto el procedimiento previsto para este tipo de infracciones inicia con ladetención de la persona infractora a quien se le ha encontrado en su poder,algunas evidencias que no puede justificar, inmediatamente el miembro policialconduce al detenido a la Policía Judicial, lugar en el cual toma contacto con elFiscal de turno y le relata los hechos suscitados, seguidamente el fiscal solicitaal Juez de Garantías Penales de Turno, realice la audiencia de calificación deflagrancia dentro de las veinticuatro horas, una vez instalada dicha audiencia elFiscal de turno expone los hechos relevantes del ilícito cometido y de lasevidencias encontradas en su poder, iniciará así la instrucción fiscal por eldelito cometido; y si este delito supera una sanción con una pena mayor a unaño, el Fiscal solicitará al Juez que se sirva dictar las medidas cautelares comola prisión preventiva, dicha instrucción fiscal durará máximo hasta treinta días.Posteriormente el Juez de garantías penales concluye la audiencia resolviendola existencia de elementos de convicción para la exención o no de medidascautelares. Inmediatamente, dispondrá la notificación a los sujetos procesalesen el mismo acto de la audiencia.Seguidamente, el fiscal de turno, remitirá todo lo actuado a la Secretaria decada Unidad especializada, a fin de que otro Fiscal de dicha Unidad continúecon la Instrucción Fiscal, justamente en este procedimiento la Fiscalía retardael proceso de investigación.Una vez que el Fiscal de la unidad especializada, ha realizado toda lainvestigación penal en el plazo de treinta días, solicitará al Juez de garantíasPenales que señale día y hora para que se lleve a efecto la audienciapreparatoria a juicio, donde el fiscal emitirá su dictamen en forma oral que si esacusatorio, el juez dictará auto de llamamiento a juicio, para inmediatamenteremitir el proceso al Tribunal de Garantías Penales, y efectuarse el juzgamientodel infractor. - 16 -

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Durante este tiempo la víctima de la infracción, tiene que pasar por penosos ycostosos procedimientos para recuperar sus pertenencias, las mismas que leson devueltas generalmente cuando se ha llevado a cabo la audiencia dejuzgamiento, en donde debe demostrar su propiedad, la descripción del bien yel avalúo pericial, circunstancias que obligan a la contratación de abogados yen ocasiones al pago de honorarios, que superan el valor de los bienesrecuperados.Sin duda alguna el proceso penal de juzgamiento de determinados delitostipificados en el Título X del Código Penal, no contemplan una adecuadaceleridad procesal.Es importante resaltar que el proceso penal de juzgamiento de delitosflagrantes prevé plazos extensos, situación que debería cambiarse, por cuantola flagrancia hace que la discusión sobre la existencia de la infracción, asícomo sobre la responsabilidad del sujeto sea más sencilla y genere menosdudas para el juzgador.El Código de Procedimiento Penal en su artículo 162, define al delito fragantecomo aquel que se comete en presencia de una o más personas o cuando sele descubre inmediatamente después de su supuesta comisión, siempre quehaya existido una persecución ininterrumpida desde el momento de la supuestacomisión hasta la detención, así como que se le haya encontrado con armas,instrumentos, el producto ilícito, huellas o documentos relativos al delito reciéncometido. Establece que no se podrá alegar persecución ininterrumpida si hantranscurrido más de veinticuatro horas entre la comisión del delito y ladetención.Uno de los principios rectores de la Función Judicial es el principio deceleridad, consagrado en el artículo 20 del Código Orgánico de la FunciónJudicial, el cual determina que la administración de justicia será rápida yoportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en la ejecuciónde lo decidido.Por su parte el artículo 78 de la Constitución de la República del Ecuador,establece que las víctimas de infracciones penales gozarán de protecciónespecial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en laobtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenazau otras formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparaciónintegral que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechosy la restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición ysatisfacción del derecho violado. - 17 -

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ArgumentaciónEl artículo innumerado que sigue al artículo 370 del Código de ProcedimientoPenal, determina que hasta antes de la audiencia preparatoria del juicio, en loscasos en que se trate de delitos sancionados con una pena máxima de cincoaños de privación de la libertad, y que no impliquen vulneración o perjuicio aintereses del Estado, y cuando el fiscal así lo solicite expresamente al juez degarantías penales, para que el caso se ventile y resuelva mediante el trámite deprocedimiento simplificado, será competente para sustanciar y resolver dichoprocedimiento, en audiencia oral y pública, el tribunal de garantías penales quepor sorteo hubiera correspondido la competencia.El tribunal de garantías penales convocará, previa solicitud del fiscal, aaudiencia dentro de las veinte y cuatro horas si la persona está privada de sulibertad, y dentro de cinco días si está en libertad.Al inicio de la audiencia el tribunal de garantías penales explicará en presenciadel procesado sobre las consecuencias del procedimiento simplificado.Posteriormente el fiscal formulará la acusación con relación a las pruebas quehasta la fecha haya producido. En todo momento el procesado podrá consultarcon su abogado defensor. Se observarán las reglas aplicables al desarrollo dela audiencia de juzgamiento en el procedimiento ordinario.Se podrán efectuar las alegaciones por los asuntos a los que se refieren losnumerales 1, 2, 3 y 4 del artículo innumerado agregado al artículo 226 de esteCódigo, y si el tribunal de garantías penales observare que las alegacionesrespecto de la existencia de causas de nulidad del proceso están debidamentesustentadas, declarará la nulidad a partir del acto procesal que lo invalida.Descartando la existencia de vicios de procedimiento, procedibilidad eilegalidad de pruebas, el tribunal de garantías penales podrá expedir sentenciadeclarando su culpabilidad o ratificando su inocencia, aplicando de ser el caso,una pena no mayor a la solicitada por el fiscal.Desde luego para la aplicación del procedimiento simplificado se requiere elconsentimiento del juez de garantías penales.Por lo expuesto se podría aplicar un procedimiento simplificado en los delitosflagrantes de hurto descritos en la norma sustantiva penal, artículo 547, 607numeral 1 (en concordancia con lo dispuesto en el artículo 78), robo tipificadoen el artículo 550 y sancionado en el artículo 551, y el delito de abigeato,tipificado en el artículo 554 del mismo cuerpo normativo. - 18 -

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PropuestaEn virtud de que la flagrancia hace que la discusión sobre la existencia de lainfracción, así como sobre la responsabilidad del sujeto sea más sencilla ygenere menos dudas para el juzgador, en los delitos contra la propiedad, comoel hurto descrito en los artículos 547 y 607 numeral 1 (en concordancia con lodispuesto en el artículo 78) del Código Penal, robo tipificado en el artículo 550 ysancionado en el artículo 551 del mismo cuerpo legal, y abigeato, el plazo de lainstrucción fiscal no será superior a veinte días y obligatoriamente el fiscaldeberá solicitar al juez de garantías penales la aplicación del procedimientosimplificado. De la misma manera se plantea que las personas a las cuales seles han sustraído sus pertenencias durante el cometimiento de un delito,podrán recuperarlas inmediatamente en la misma audiencia oral de delitosflagrantes, a través de un procedimiento ágil y simplificado. Con este fin sesolicitará que en esta audiencia, se haga el reconocimiento de bienes ante eljuez de garantías penales y se entregue el bien previo a la obligación depresentarlo cuando la autoridad así lo ordenare.A fin de evitar dilaciones procesales, se dispondrá que el fiscal de turno quetenga conocimiento del delito, sea quien impulse la acción hasta el juzgamientodel delito. 5. Tratamiento especial de la habitualidad delincuencialProblemáticaCuando los actos delincuenciales constituyen un hábito en un individuo, la penaimpuesta no tiene ningún poder sobre la persona infractora, pues ni le intimidani le corrige, y en el momento en que esta persona recupera su libertadcontinuará siendo un peligro para la sociedad. Precisamente la habitualidaddelincuencial constituye una problemática que es objeto de discusión en elámbito jurídico penal, pues conlleva a pensar que las penas previstas en elCódigo Penal no sirven para reducir los altos niveles delincuenciales.La percepción de la ciudadanía es que frente a la comisión de las infracciones,tan solo cabe la impunidad de los infractores, generando un ambiente deinseguridad y zozobra terrible para el país. Esta impunidad es de algunamanera un respaldo para los infractores frecuentes, quienes irónicamente seencuentran protegidos por nuestro actual sistema penal, pues saben que van aingresar a un centro de rehabilitación social en donde tendrán comida y abrigo,y que saldrán en muchos menos años de los fijados en su sentencia, laproblemática se intensifica, cuando sobre estos mismos delincuentes seinstauran nuevas denuncias, lo que conlleva a pensar que el principio que tienetoda pena de prevenir, proteger y resocializar no es cierto, porque el infractorluego de que sale de la cárcel delinque nuevamente, convirtiéndose en uncírculo vicioso, por esta razón resulta imprescindible que se dicten medidas - 19 -

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estrictas, con el fin de reprimir más drásticamente a la persona que delinque,sin desconocer sus derechos, pero garantizando el pleno respeto del derechode la sociedad en su conjunto.La prisión preventiva constituye una medida privativa de libertad excepcional, yes aplicada por el juez de garantías penales para garantizar la comparecenciadel procesado o acusado al proceso, o para asegurar el cumplimiento de lapena, de conformidad a lo establecido en el artículo 167 del Código deProcedimiento Penal, para ordenar la prisión preventiva deben existir indiciossuficientes sobre la existencia de un delito de acción pública, indicios claros yprecisos de que el procesado es autor o cómplice del delito, que se trate de undelito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, que existanindicios suficientes de que es necesario privar de la libertad al procesado paraasegurar su comparecencia al juicio y finalmente indicios suficientes de que lasmedidas no privativas de libertad son insuficientes para garantizar la presenciadel procesado al juicio.La Constitución de la República del Ecuador, por su parte en su numeral 1 delartículo 77, determina la observación de las garantías básicas en todo procesopenal en que se haya privado de la libertad a una persona, entre las cualesestá la privación de la libertad que se aplicará excepcionalmente cuando seanecesaria para garantizar la comparecencia en el proceso, o para asegurar elcumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juezcompetente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas enla ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenersea la persona detenida sin fórmula de juicio por más de veinticuatro horas. Lajueza o juez siempre podrá ordenar medidas cautelares distintas a la prisiónpreventiva.ArgumentaciónLa prisión preventiva, no puede convertirse en una forma de privación de lalibertad personal indiscriminada o general, su aplicación deberá enmarcarse alo que estrictamente señala la ley, toda vez que la Constitución ordena a lasautoridades públicas velar por la efectividad de los derechos y libertades de lospersonas, garantizar la vigencia de los principios constitucionales (lapresunción de inocencia), y promover el respeto de la dignidad humana.Dentro de las preguntas efectuadas en la Consulta Popular el 07 de mayo de2011, en la cual el pueblo ecuatoriano votó sí, estaba la siguiente:“Con la finalidad de evitar la impunidad y garantizar la comparecencia a losjuicios penales de las personas procesadas, ¿está usted de acuerdo que lasmedidas sustitutivas a la prisión preventiva se apliquen únicamente para los - 20 -

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delitos menos graves, enmendando la Constitución de la República como loestablece el Anexo 2?”Esta decisión ciudadana conlleva a la obligatoriedad de aplicar a la prisiónpreventiva, en delitos graves, desde esta perspectiva la prisión preventivaevitará que el procesado continúe delinquiendo, permitirá que éste comparezcaal proceso y cumpla la eventual pena privativa de la libertad. De esta manera elprocesado no pondrá en peligro a la sociedad.Resulta importante determinar cuándo es necesario imponer la prisiónpreventiva a una persona que está siendo investigada y juzgada como posibleresponsable de haber cometido una conducta punible, y cuándo a pesar detratarse de conductas socialmente reprochables existen circunstanciassuperiores que señalan la necesidad de aplicar una medida de aseguramiento,distinta a la privación de la libertad en un establecimiento carcelario.Las medidas cautelares personales, afectan la libertad física o ambulatoria delas personas, bajo la óptica de garantizar en primer término el cumplimiento delas penas privativas de la libertad que pudieren imponerse, pero tambiénobedecen a razones de carácter público, relacionadas con la defensa de lasociedad, al restringir a los imputados la posibilidad de que vuelvan a cometernuevos delitos cuándo éstos presentan una conducta habitual delincuencial, orazones de orden judicial cuando se verifica su real comparecencia en elproceso y se evita la evasión de la administración de justicia o dificulten lainvestigación, incluso atemorizando contra las víctimas o destruyendo vestigiosde su infracción .Por esta razón es imprescindible que el juez o jueza de garantías penalesordene la prisión preventiva, solamente cuando existan elementos deconvicción suficientes que demuestren la habitualidad delincuencial delprocesado, desde luego la habitualidad delincuencial, en ninguna forma seráconsiderada como un indicio de responsabilidad en el cometimiento de lainfracción a juzgarse, respetando el principio universal de la presunción deinocencia.PropuestaModificar el numeral 4 del artículo 167 del Código de Procedimiento Penal,estableciendo como un requisito para dictar la prisión preventiva la existenciade elementos de prueba de los que se desprenda que la persona podría evadirla justicia, que otras medidas cautelares no privativas de la libertad soninsuficientes y que es necesaria la prisión preventiva para asegurar supresencia en el juicio; tomando en consideración la habitualidad delictual delprocesado y la gravedad del delito imputado. - 21 -

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6. Implementación de un sistema informático penalProblemáticaEl avance de la informática y los recursos tecnológicos crecen de formageométrica y debe ser positivo en términos generales; sin embargo, seconstata también la proliferación de nuevos delitos y delincuencia que seaprovecha de éstos recursos; por ello, el Estado debe ser consciente de lanecesidad de dotar a los organismos de investigación y administración dejusticia, medios informáticos más avanzados para poder enfrentar elfenómeno criminal y ser efectivos en la lucha contra el crimen, tambiéninformatizado.A pesar del avance tecnológico que el mundo globalizado experimenta,actualmente no existe un sistema informático que permita a todos losoperadores del sistema judicial interconectarse, con el fin de recabarinformación sobre procesados, tipos de infracciones, sentencias, estadísticasdelincuenciales, entre otros productos e información trascendental queefectivice la labor de administrar justicia.Los cuerpos de seguridad del Estado efectúan su trabajo sin la utilización deinstrumentos sistematizados que reproduzcan la más amplia gama deinformaciones sobre personas, bienes o procesos judiciales instaurados.Así también, en nuestro sistema penal con mucha frecuencia las audiencias delproceso se deben suspender por la no comparecencia de los sujetosprocesales (Fiscalía, Defensores Públicos, Policía Nacional), en razón de queexisten otras diligencias señaladas previamente por otros administradores dejusticia, circunstancia que dilata la tramitación de las causas.ArgumentaciónEl proceso penal por su naturaleza implica la participación de diversosorganismos del Estado, quienes actúan en ejercicio de sus competencias ypotestades en las diferentes etapas del proceso penal.Si bien sus funciones son totalmente independientes, requieren de un procesode organización que posibilite el cumplimiento del derecho de acceso a unajusticia eficaz y sin dilaciones.La investigación de infracciones es una labor compleja que requiere unamultiplicidad de acciones que estén encausadas a obtener el máximo deeficiencia, y la aparición de los recursos informáticos y tecnológicos son laprincipal herramienta con que cuentan los cuerpos de seguridad estatal einternacionales para enfrentar el crimen organizado y la complejidad de losnuevos delitos. - 22 -

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Un ejemplo de esta evolución informática, es el proceso desarrollado porINTERPOL (International Criminal Police Organization), que aplica de formamuy eficiente respecto a los asuntos de delincuencia general, bases de datosnecesarias en la ayuda mutua entre los cuerpos policiales de cada paísdemocrático, y, con un éxito añadido en la investigación y neutralización delterrorismo y la delincuencia organizada. Dentro de toda esta evolución queestá dando tan buenos resultados por la posibilidad de introducirinnumerables datos y correlacionarlos, al tiempo que transmitirlos conceleridad, cabe destacar como clave decisiva de su éxito el desarrollo delárea de inteligencia criminal.Adicionalmente con una adecuada coordinación y un sistema eficaz, seposibilitará la realización de audiencias y el cumplimiento de los principios deceleridad y economía procesal, desactivando el caos judicial y evitandoargucias legales para retardar la resolución de una causa penal.PropuestaCon el fin de que los administradores de justicia penal, puedan acceder ainformación relevante, se plantea la creación de un sistema integradoinformático de datos de la Policía Nacional del Ecuador, Ministerio del Interior,Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, FiscalíaGeneral del Estado, juzgados y tribunales de garantías penales y juzgados decontravenciones, de tal manera que les permita a estas instituciones compartirdicha información para obtener una mayor efectividad en la sanción deinfracciones.Implementar procesos informáticos de antecedentes penales, lista normalizadade fabricantes de armas y explosivos, autorizaciones de tenencia y porte dearmas, identificación de vehículos sustraídos, base de datos de órdenes decaptura a nivel nacional e internacional, incorporación de fichero de fotografías,huellas dactilares, datos de filiación, objetos de arte y patrimoniales sustraídos,bases de datos de personas desaparecidas, bases de datos de pasaportes,documentos de identidad y bancarios falsificados o sustraídos, sistema decoordinación informática sobre realización de audiencias, comparecencias ytestimonios, y demás datos efectivos. 7. Asesoría legal gratuita a víctimas de infracciones penalesProblemáticaLas disposiciones normativas han centrado su atención en los derechos de laspersonas que son imputadas por la comisión de un delito y especialmente a los - 23 -

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que se encuentran privados de libertad, en contraposición, la víctima del delitoha pasado también a ser víctima del olvido del Estado.Es muy frecuente que la víctima deba pasar por el sufrimiento primario de lainfracción, enfrentar un complejo proceso para sufrir la desatención y carenciade apoyo por parte de los organismos del Estado, lo que genera surevictimización.La víctima no ha sido tomada en cuenta por el Derecho, porque no encontrabaen algunos casos su factor punitivo, y en otros la falta de argumentación entorno a los delitos sin víctima, le obligó a ignorarla para no perder su validacióndoctrinal.Las víctimas de delitos frecuentes como hurtos y robos, por ejemplo no soloven violentados sus derechos durante el cometimiento de la infracción, sinoposterior a ésta, pues al momento de acudir a instancias judiciales con elpropósito de hacer valer sus derechos, no cuentan con el patrocinio gratuito deprofesionales del Derecho, lo que los coloca en un estado de indefensión, anteesta situación no se han adoptado medidas correctivas que faciliten eladecuado y eficaz acceso de la ciudadanía a la administración de justicia y setransgreda el principio de igualdad procesal.Estas circunstancias, generan que gran parte de la población opte por noperseguir el delito, apartarse del proceso por la incomodidad que conlleva, perosobre todo causa la pérdida dentro del proceso del principal aportante deprueba.ArgumentaciónUna de las principales obligaciones del Estado es proporcionar a sushabitantes, seguridad y garantizar el respeto a sus derechos constitucionales ylegales.Entre estas obligaciones trascendentales, está la prevención de larevictimización, que incluye las estrategias de reducción y acompañamiento,pero sobre todo la de respuesta social, jurídica y asistencial tendiente a lareparación y reintegración de la víctima.Si se toma en consideración que la víctima es la persona que comoconsecuencia de un delito enfrenta un trauma de dolor y sufrimiento, que puedepresentar daños colaterales en cuestiones físicas, psicológicas y conductuales,pero sobre todo con enfrentar la situación que le causa dolor, en perspectiva desu exigencia de justicia.La víctima será entonces la principal preocupación del Estado y deberáproporcionar los más variados recursos para aliviar la carga que representa su - 24 -

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situación. El papel del Estado dentro del proceso penal no debe únicamenteceñirse a representar la defensa de la sociedad como ente colectivo, sino quedebe convertirse en la principal garantía de los derechos individuales delofendido por la conducta delictiva.La norma constitucional, valora el derecho a la defensa y obliga que elimputado dentro de un proceso penal cuente con el patrocinio de un profesionaldel derecho costeado por el Estado, en el caso de que carezca de los recursospara ello. De lo anterior, podemos colegir que si este es un derecho para quienprobablemente ha infringido la norma, más razones justificarán que la víctimacuente con este derecho.De esta manera, las víctimas de infracciones penales, tendrán acceso directo alas instancias de administración de justicia y contarán con asistencia experticia,oportuna, y gratuita de abogados, facilitando la presentación de denuncias yacusaciones particulares, impidiendo así la impunidad de los delitos.PropuestaTres aspectos complementarios:1. Solicitar al Consejo de la Judicatura emita el respectivo Reglamento, con elfin de que las nuevas promociones de abogados, puedan asistir legalmente alas víctimas de las infracciones en los juzgados y tribunales de garantíaspenales, tutelando de manera efectiva sus derechos, de conformidad con loestablecido en el artículo 339 del Código Orgánico de la Función Judicial.2. Proponer convenios interinstitucionales en los cuales intervenga el Consejode la Judicatura y Universidades, de manera que las nuevas promociones deabogados, previo a obtener su título profesional, cumplan un período de trabajoen el cual asistan a las víctimas de los delitos.3. Estructurar un equipo dentro de la Defensoría Pública que se encargue delpatrocinio de las víctimas que probadamente, no puedan acceder a losservicios de un profesional del Derecho y que coordine con las nuevaspromociones de abogados que estarían apoyando a las víctimas de los delitos. - 25 -

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8. Sistema de evaluación permanente del desempeño de la administración de justiciaProblemáticaLa administración de justicia en el Ecuador atraviesa una de sus crisisinstitucionales más profundas, que han causado la pérdida de credibilidad ensus actuaciones.El problema de la justicia en el Ecuador, tiene una serie de aristas muycomplejas e incluye falta de profesionalización de sus funcionarios, carencia derecursos, desorganización, inestabilidad laboral, falta de estímulos ycrecimiento profesional, inexistencia de referentes jurisprudenciales, bajacalidad en las resoluciones y un incipiente sistema de evaluación.La eficiencia de un juez, suele estar relacionada con la efectividad cuantitativade su trabajo y la rapidez con que despachan los procedimientos que llegan asu conocimiento, sin embargo la cantidad de procesos que son reformados eninstancias superiores es alarmante, lo que lleva a concluir que lo trascendenteno es solo el número de actuaciones procesales sino la calidad de ellas.Una judicatura no está conformada exclusivamente por el operador de justicia,sino que incluye una serie de funcionarios que bajo ciertas circunstanciasinfluyen en el curso de un proceso, ya sea por su negligencia, carga de trabajo,intereses, falta de capacitación o incluso la desidia y falta de valores.ArgumentaciónLa evaluación de los funcionarios de las cortes a nivel nacional se vuelve unimperativo, no únicamente porque se trata de un servicio público y defuncionarios que ostentan esta calidad, sino que además su rol dentro delámbito democrático es vital y debe estar regulado y controlado para garantizarsu eficiencia.La estabilidad de los funcionarios judiciales debe ser una consecuencia a sueficiencia, a la calidad de su trabajo, a su formación y capacitaciónpermanente, a la transparencia de sus actuaciones, a la organización einnovaciones implementadas en el ejercicio de su labor, de tal manera queincluso su remuneración pueda estar supeditada a estos parámetros.PropuestaUna de las directrices de las carreras de la Función Judicial establecidas en elartículo 35 de su Código Orgánico, es la evaluación constante de susfuncionarios, sin embargo en la actualidad esta evaluación se ha centradoúnicamente en la cantidad de causas que despacha una judicatura. - 26 -

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Ante esta situación resulta urgente que el Consejo de la Judicatura implementeun sistema de evaluación que no solo se enfoque en la cantidad de causas quelos funcionarios judiciales despachan, sino en la calidad de sus sentencias yresoluciones, definiendo indicadores integrales de la eficiencia de laadministración de justicia. 9. Desconcentración y especialización de fiscalesProblemáticaLas unidades especializadas de la Fiscalía General del Estado, se encuentranen su gran mayoría asentados en las capitales provinciales, y en el caso delDistrito Metropolitano de Quito están ubicadas en el hipercentro de la ciudad,generando que la ciudadanía que habita en otras zonas, realice largostraslados, lo que implica pérdida de tiempo y dinero.La gran cantidad de usuarios que se trasladan diariamente a los lugares dondese encuentran ubicadas las fiscalías especializadas, crean un flujo de movilidadque dificulta la circulación, aumenta los tiempos de traslado de los habitantesdel Distrito, incrementa la necesidad de espacios de parqueo y satura elservicio de transporte público.Por otra parte, existe la necesidad de reformar el numeral 10 del artículo 216del Código de Procedimiento Penal, que versa sobre las atribuciones del Fiscal,en la cual actualmente se le da la facultad de delegar a la Policía Judicial o alos investigadores especializados su bajo, la práctica de ciertas diligencias,situación que muchas veces genera problemas en la investigación, pues losmiembros policiales deben contar con la orden del fiscal para efectuar trabajosde investigación que muchas veces no pueden esperar.ArgumentaciónLa competencia en materia penal por el territorio básicamente tiene alcanceprovincial, aunque se han implementado procesos de desconcentracióntrasladando fiscalías dentro de una misma provincia para que conozcan lascausas existentes en lugares cuyo crecimiento poblacional lo justifica.La desconcentración de estos servicios de justicia permitirá celeridad en lasactuaciones de los órganos de investigación, conocimiento del territorio, mayorfluidez de la movilidad en las ciudades, ahorro de tiempo para las y losciudadanos y los funcionarios de las dependencias desconcentradas.De igual forma, y teniendo como parámetro la especialización que los fiscalesdeben tener sobre determinadas infracciones, la desconcentración debe tenerla perspectiva de la frecuencia delincuencial y los lugares de mayor incidencia, - 27 -

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como por ejemplo para los delitos de tráfico de personas, estupefacientes, ensectores cercanos a aeropuertos y accesos a las ciudades.PropuestaSe promoverá la vigencia de un Reglamento expedido por la Fiscalía Generaldel Estado, con el fin de implementar unidades especializadas concompetencia zonal, que serán ubicados en todo el territorio del D.M.Q. enforma desconcentrada, de acuerdo al índice de incidencia delincuencial encada zona y el índice poblacional, permitiendo que la ciudadanía tenga unacceso real, directo y oportuno a los servicios que presta la Fiscalía Generaldel Estado.Se propone que a nivel nacional se contemple la desconcentración de lasunidades especializadas de la Fiscalía, dentro del territorio por razones depoblación y de acuerdo a las peculiaridades propias de cada zona.Con el fin de agilitar los procedimientos investigativos, los fiscales delegarán ala Policía Judicial o los agentes investigadores que están bajo su dirección lapráctica de ciertas diligencias como el reconocimiento de lugares, resultados,huellas, señales, armas e instrumentos conducentes a establecer la existenciadel delito e identificar a sus posibles responsables; recibir versiones delofendido y de las personas que hubiesen presenciado los hechos o de aquellasa quienes constare algún dato sobre el hecho o sus autores, e impedir por untiempo no mayor de seis horas que las personas cuya información seanecesaria se ausenten del lugar sin haberla proporcionado. 10. Creación de un cuerpo especializado en la investigación judicialProblemáticaLa Policía Judicial, a pesar de los esfuerzos realizados, no es actualmente unente que apoya el proceso de investigación delictiva efectuado por la FiscalíaGeneral del Estado, pues el talento humano que la conforma carece desuficiente capacitación, no cuenta con una adecuada infraestructura e insumosque le permitan cumplir a cabalidad sus funciones, lo cual repercute en los noeficientes procesos investigativos a su cargo.Esta peculiaridad causa que exista descoordinación e ineficacia en lasinvestigaciones debilitando el papel de la acusación y generando falencias enla obtención de prueba para el proceso.Adicionalmente, existen falencias de los cuerpos de investigación en cuanto ainvestigación preventiva, impidiendo acceder a las complejas tramas del crimenorganizado de forma oportuna y no únicamente como respuesta a la comisiónde los delitos ya ejecutados. - 28 -

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ArgumentaciónEl reto principal que plantea el crimen y especialmente el organizado para lasociedad actual amerita trascendentales esfuerzos en todos los órdenes de laactividad social, legal y estatal. En el caso particular de Ecuador se vuelveimprescindible adecuar y fortalecer el sistema de investigación judicial a losretos actuales, propendiendo por la profesionalización y especialización delsistema acusatorio.La investigación criminalística requiere de una profunda y eficientemodernización y de una estructura que permita el trabajo interdisciplinario deconnotaciones técnico científicas; fortaleciendo la conformación de equiposinvestigativos especializados que generen conocimientos tanto operativoscomo científicos de la actividad criminal organizada.Es prioritario fortalecer la ayuda a las víctimas, de tal manera que sucolaboración indispensable, facilite la obtención de información sobre losgrupos delincuenciales. La conformación de equipos investigativos conentidades policiales internacionales y la creación de conveniosinterinstitucionales con Universidades y organizaciones privadas es unanecesidad urgente. La sociedad tiene el derecho a ser informada sobre elquehacer delincuencial; el propiciar seguridad y ofrecer beneficios y motivar alos denunciantes y/o víctimas es fundamental.Se debe articular un gran giro en la investigación judicial, intentando abordar elfenómeno macro criminal, que ha sido relegado o poco combatido por centrarla lucha en combatir la micro criminalidad, que en la mayoría de los casospersigue a los participantes materiales y finales de la cadena criminal, pero quedeja de lado la organización y la estructura jerárquica y empresarial del crimen.El crimen ya no es el resultado de un sujeto anormal y peligroso, sino unaactividad de personas altamente capacitadas y especializadas, que ven unagran posibilidad de obtener riqueza y dispuestos a utilizar cualquier medio,ayudados por una aliada de inmenso poder como es la corrupción, que sefundamenta en el afán de riqueza de todo aquel que cae rendido por latentación del dinero fácil.La comunidad internacional ha creado estándares específicos queproporcionan información a las fuerzas policiales y a los funcionariosencargados de la investigación criminal. Estos estándares junto a la ley decada Estado y los Convenios Internacionales, proporcionan orientaciónautorizada y representan el consenso general sobre el comportamiento yprocedimientos de los funcionarios estatales.Los cuerpos de seguridad estatal, valiéndose de la recolección de informaciónelaborada, vigilancia humana y técnica, uso de agentes encubiertos, promoción - 29 -

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de incentivos para obtener denuncias e información, podrán identificar a losautores e integrantes de redes delincuenciales y llevarlos ante los órganos dejusticia, previniendo delitos y optimizando el juzgamiento de los infractorespenales.Esta necesidad es sustentada por el juez Baltasar Garzón: “Se requiereurgentemente de un sistema compacto de inteligencia, una comunidad deinformación que fluya de forma ágil y que aglutine y recoja, la que se produceen los diferentes países, para elaborarla y explotarla operativamente”.13Las empresas criminales tienen como único fin generar ganancias de susactividades, no son agrupaciones para causar daño por el simple placer decausarlo, tienen un componente económico, y de aquí que la labor del Estado,sea encontrar los mecanismos para que la actividad no sea rentable,apuntando sus esfuerzos hacia los núcleos económicos de las organizaciones,en base a la investigación estratégica penal.Este posicionamiento de los organismos de seguridad permitirá que se afectenlos circuitos económicos criminales, tanto a nivel macrodelincuencial como enel micro, pues en multiplicidad de casos los órganos de justicia deben desecharlas acciones judiciales que se presentan a su conocimiento por tratarse dedelitos menores (sustracción de celulares, repuestos, equipos informáticos) yque no cuentan con los medios probatorios suficientes, entonces la acción delEstado deberá direccionarse a terminar con la red que se sirve de estosmicrodelitos para su actividad comercial ilícita. Resulta evidente, si no existemercado para los bienes sustraídos se reducirá su cometimiento.Es necesario investigar el crimen organizado en sus orígenes, causas,desarrollo, efectos, mecanismos, medios y formas. Hay que conocer lasfuerzas a las que se enfrenta el Estado para poder cortar sus fuentes dealimento y crecimiento (Garzón-2005). Generar en consecuencia unainvestigación penal estratégica que anticipe las acciones del fenómenocriminal, que aborde sus actividades desde todos los campos y mediante losmecanismos permitidos por la ley.PropuestaLa propuesta va dirigida hacia la institucionalización de un cuerpoespecializado de investigación delictiva, altamente profesionalizado, que cuentecon los recursos económicos, científicos y tecnológicos necesarios, con lacolaboración de otras instancias estatales, con el aporte de las universidades yescuelas politécnicas, y que potencialice la resolución de delitos complejos,que mitigue las actuaciones del crimen organizado y que permita la obtención13 GARZON, Baltazar; “Un Mundo sin Miedos”; Plaza & Janes Editores; Barcelona España2005; pg 79 - 30 -

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de mejores elementos de convicción para la etapa procesal de valoración de laprueba, dependiente del Ministerio del Interior y que actúa bajo la coordinaciónoperativa de la Fiscalía.Es importante que exista una división específica de investigación penalestratégica que se concentre en las redes de economía ilegal a través de lacual se obtienen y distribuyen artículos como celulares, metales preciosos,computadoras, accesorios de vehículos. En estos casos, el individuo que robaestos objetos es solamente parte de una red con ramificaciones incluso a nivelinternacional, que debe ser investigada y procesada.Entidad de carácter armado, profesional, jerarquizada, obediente nodeliberante, técnica, científica, regida sobre la base de méritos y con criteriosde igualdad y no discriminación, profesional y altamente especializadaintegrada por servidores o servidoras civiles de investigación de la infracción lamisma que intervendrá en el desempeño efectivo en el ámbito de lainvestigación de la infracción posterior al cometimiento de la misma.Deberá coordinar su actuación con los órganos de la Función Judicial en elámbito de sus competencias en especial cooperación con la Fiscalía, prevenir einvestigar el cometimiento de una infracción penal, prevenir e investigar elcrimen organizado nacional y transnacional en el ámbito de su competencia.Garantizar la cadena de custodia vestigios y los elementos materiales de lainfracción en la escena del delito y que cuenta con la delegación permanentede la Fiscalía para su actuación inmediata en los procesos de investigaciónpreventiva y reactiva.MESA CIUDADANA DE SEGURIDADDISTRITO METROPOLITANO DE QUITO - 31 -