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Unidad 2 (1)

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estado y sociedad

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Unidad 2 (1)

  1. 1. 1 UNIDAD 2: “La política y las jurisdicciones estatales” Las jurisdicciones del Estado: Nación: El término “Nación” tiene dos acepciones:  la nación política, en el ámbito jurídico-político, es un sujeto político en el que reside la soberanía constituyente de un Estado;  la nación cultural, concepto socio-ideológico más subjetivo y ambiguo que el anterior, se puede definir a grandes rasgos, como una comunidad humana con ciertas características culturales comunes, a las que dota de un sentido ético- político. En sentido lato nación se emplea con variados significados: Estado, país, territorio o habitantes de ellos, etnia, pueblo y otros. Se entiende a la Nación como una comunidad humana con nombre propio, asociada a un territorio nacional, que posee mitos comunes de antepasados, que comparte una memoria histórica, uno o más elementos de una cultura compartida y un cierto grado de solidaridad, al menos entre sus élites. La palabra Nación proviene del latín nātio (derivado de nāscor, nacer), que podía significar nacimiento, pueblo (en sentido étnico), especie o clase. De allí que se defina a Nación como el conjunto de personas, por lo general de la misma etnia, que hablan el mismo idioma y tienen las mismas costumbres, formando de esta manera un pueblo. Una nación se mantiene unida por las costumbres, las tradiciones, la religión, el idioma y la conciencia nacional. Debe aclararse que los elementos como el territorio, el idioma, la religión, las costumbres y la tradición, por sí mismos, no constituyen el carácter de una nación. El elemento dominante debe ser la convicción de una vida colectiva, es cuando la población siente que constituye un organismo o un grupo, distinto de cualquier otro, con vida propia, intereses especiales y necesidades. La Nación no se anula a pesar de poder ser dividida en varios estados, y también muchas naciones pueden unirse para formar un país. El Estado es una forma política, adoptada por un pueblo con voluntad política, y la nación existe sin cualquier tipo de organización legal, sólo significa la sustancia humana que la forma, actuando en su nombre y por sus propios intereses. Provincia: Comúnmente, una provincia es una entidad subnacional al Estado. La palabra fue introducida por los romanos, quienes dividieron su Imperio romano en provincias. En latín, provincia se forma a partir de las voces pro («por») y vincia («victoria»). En un principio, designaba a los territorios conquistados fuera de la Península Itálica. El término provincia se utiliza para designar a un territorio que forma parte de otra entidad geográfica más grande y superior pero que, al mismo tiempo, tiene sus características y funciones particulares. La provincia es una creación puramente humana para ordenar geográficamente los diferentes espacios en los que una sociedad vive y se organiza. Para delimitar el territorio que forma parte de una provincia se
  2. 2. 2 pueden usar tanto elementos naturales (como por ejemplo el cauce de un río, una cadena de montañas, un bosque, etc.) como también elementos artificiales creados por el ser humano (por ejemplo, una ruta, un muro, una avenida, etc.). Siempre que se habla de provincias se está haciendo referencia a una entidad geopolítica que forma parte de otra entidad superior, normalmente un país, un reino, un imperio. La provincia es una de las unidades geográficas que componen ese territorio más abarcativo. Hay varios elementos que pueden ser tenidos en cuenta para definir lo que es una provincia. En primer lugar, podemos decir que el territorio provincial cuenta siempre con un sistema político propio: esto es un gobernador, un sistema legislativo y judicial propio que le permite tomar sus propias decisiones, aunque algunas sean compartidas con el Estado central. La provincia también suele tener la libertad de administrar sus fondos y recursos como le parezca aunque normalmente se suele solicitar a cada uno de estos territorios el envío de una suma al Estado central para gobernar todo el país o territorio. Finalmente, las provincias pueden contar con sus propias leyes, así como también con rasgos identificatorios únicos que hacen a lo cultural y lo social de cada región. Municipio: El término municipio, también llamado municipalidad, intendencia o gobierno municipal, refiere a un concepto jurídico que designa una instancia o tipo de Gobierno Local, comprendido dentro del espacio provincial. Una municipalidad es la institución que se encarga de la administración local en un pueblo o en una ciudad. Está encabezada por un intendente a cargo del poder ejecutivo y un consejo deliberante que ejerce como poder legislativo; ambos elegidos por votación popular. Las funciones de gobierno de cada municipalidad, en el caso de la Argentina, varían de acuerdo con lo establecido por los gobiernos provinciales que las contienen. Cada gobierno provincial define los límites del área municipal a través de una ley, en virtud de que así lo establecen las constituciones provinciales o las leyes orgánicas municipales promulgadas por las autoridades provinciales, que especifican las características generales de los regímenes municipales. En consecuencia, permanecen estables en tanto no sean modificados expresamente por otro instrumento legal que reemplace al anterior. Se considera municipio al conjunto de población que, contando con un gobierno propio y dentro de un territorio determinado, es reconocido como tal por el ordenamiento jurídico vigente. Este concepto involucra cuatro elementos esenciales: población, territorio, gobierno y orden jurídico. Condiciones jurídicas del gobierno municipal: La existencia de la jurisdicción municipal se encuentra establecida en la Constitución Nacional, cuyo artículo 5° establece: “Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano […] que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo estas condiciones el Gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones”.
  3. 3. 3 En tanto el artículo 123 consagra explícitamente la autonomía municipal cuando establece: “Cada provincia dicta su propia Constitución, conforme a lo dispuesto en el artículo 5° asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero”. Por lo tanto, en nuestro país cada provincia determina su propia definición de municipio y los alcances de su autonomía. De aquí que no existe una consideración unívoca en las 23 provincias, sino que predomina la disparidad. De acuerdo con el estudio realizado por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), el parámetro más utilizado –aunque no es el único– para constituir un municipio es la población. En pocos casos se establecen o adicionan otros requisitos, o directamente no se especifican condiciones. La mayor parte de las constituciones establece entre 500 y 2000 habitantes como población mínima. Los requisitos poblacionales que estable cada provincia para constituir municipios son los siguientes:  más de 500 habitantes: Catamarca, Corrientes, La Pampa y Neuquén (500). Chaco (800).  más de 1000 habitantes: Formosa y Santa Cruz (1000).  más de 1500 habitantes: Entre Ríos, Salta y San Luis (1500).  más de 2000 habitantes: Córdoba, R. Negro, S. Juan, S. Estero y T. Fuego (2000).  más de 3000 habitantes: Jujuy (3000).  más de 10 000 habitantes: Santa Fe (10 000).  otras situaciones: Buenos Aires, La Rioja, Mendoza y Tucumán (no mencionan población); Misiones (no cuantifica); Chubut (establece como mínimo tener 500 electores). Administración municipal: El concepto se vincula necesariamente con la noción de gestión pública. En la Argentina, dicho concepto se refiere al conjunto de organismos estatales que realizan funciones administrativas. En general, la Administración pública abarca los distintos entes y dependencias que integran el Poder Ejecutivo de algunos de los niveles de gobierno. No suele incluir las dependencias de los poderes legislativo y judicial ni entes privados que presten servicios públicos. Municipios de Argentina con carta orgánica: La reforma de la Constitución Nacional de Argentina sancionada en 1994 consagró la autonomía de los municipios de Argentina, los cuales fueron habilitados a establecer sus propias formas de gobierno por medio de la redacción de cartas orgánicas municipales de acuerdo a los alcances determinados por cada provincia. Hasta 1994 fue materia de interpretación y discusión entre los constitucionalistas argentinos si la Constitución Nacional establecía que los municipios eran autárquicos o eran autónomos. La autarquía significa que un ente u organismo determinado tiene capacidad para administrarse a sí mismo, de acuerdo a una norma que le es impuesta.
  4. 4. 4 La autonomía es no sólo la capacidad de administrarse por sí mismo, sino también la de dictarse sus propias normas por las que ha de regirse, como también la de gobernarse por autoridades elegidas. A partir de 1957 las provincias argentinas comenzaron a reconocer expresamente en sus constituciones la autonomía de sus municipios, e incluso su facultad constituyente para darse sus propias cartas orgánicas. La sentencia del 21 de marzo de 1989 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina (Caso Rivademar3 ) interpretó que los municipios eran constitucionalmente autónomos, fundando tal criterio en ocho razones: 1. El origen constitucional de los municipios. 2. La existencia de una base sociológica constituida por la población de la comuna, ausente en entidades autárquicas. 3. La imposibilidad de la supresión de los municipios. 4. El carácter de la legislación local de las ordenanzas municipales, frente al de resoluciones administrativas de las emanadas de entidades autárquicas. 5. El carácter de personas jurídicas de derecho público y de carácter necesario de los municipios establecido por el art. 33 del Código Civil, frente al carácter contingente de las entidades autárquicas. 6. El alcance de las resoluciones municipales que comprende a todos los habitantes de su circunscripción. 7. La posibilidad de creación de entidades autárquicas en los municipios. 8. La elección popular de sus autoridades. Este fallo y los reconocimientos de las constituciones provinciales fueron recogidos en la reforma de la Constitución Nacional de 1994 que consagró la autonomía de los municipios argentinos. Los aspectos de la autonomía municipal enumerados en la Constitución Nacional, significan:  Institucional: se refiere la posibilidad de dictar su propia carta orgánica obteniendo "plena autonomía". Si no puede hacerlo es una "autonomía semiplena", que es el caso de la provincia de La Pampa. Se dan también casos donde las cartas orgánicas deben ser aprobadas por las legislaturas provinciales: Chubut requiere que la primera carta orgánica de un municipio sea aprobada por la legislatura provincial, mientras que Neuquén y Salta también todas sus reformas.  Político: se refiere a la capacidad de elección de sus propias autoridades locales.  Administrativo: se refiere a la capacidad de gestionar servicios públicos, obras públicas, poder de policía, etc.  Económico: se refiere a la capacidad de gerenciar el gasto público municipal.  Financiero: se refiere a la posibilidad de establecer impuestos. La mayoría de las provincias optó por establecer requisitos poblacionales para permitir el dictado de cartas orgánicas. Los municipios que no dictaron su carta orgánica se reglan de acuerdo a las respectivas leyes orgánicas municipales de cada provincia.
  5. 5. 5 El primer municipio en dictar una carta orgánica fue el de la ciudad de Santiago del Estero en 1961. En la Provincia de Corrientes, todos los municipios deben dictar una carta orgánica. Así los municipios que cuentan con carta orgánica son 43: Alvear (1996), Bella Vista (2010), Berón de Astrada (2011), Bonpland (2012), Caá Catí (2010), Colonia Liebig (2013), Concepción del Yaguareté Corá (2012), Corrientes (1994), Cruz de los Milagros (2012), Curuzú Cuatiá (1994), Empedrado (2010), Esquina (1994), Felipe Yofre (2012), Garruchos (2012), Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro (1994), Goya (2009), Itá Ibaté (2012), Itatí (2010), Ituzaingó (2006), La Cruz (2007), Lavalle (2012),Lomas de Vallejos (2008), Mburucuyá (2012), Mercedes (2008), Mocoretá (2012), Monte Caseros (1994), Nueve de Julio (2012), Paso de la Patria, (2009), Paso de los Libres(1993), Pedro R. Fernández (2008), Perugorría (2012), Saladas (2006), San Cosme(2009), San Luis del Palmar (2008), Santa Ana de los Guácaras (2012), Santa Lucía(2008), Santa Rosa (2012), Santo Tomé (1994), Sauce (2008), Tabay (2010), Villa Olivari(2008), Yapeyú (2012), Yatay Tí Calle (2012). San Antonio Isla Apipé Grande dictó su carta orgánica en 2008 y fue suspendida por orden judicial. La convención de San Carlos finalizó su trabajo en 2012 sin dictar una carta orgánica. Las cartas orgánicas de Palmar Grande, y Ramada Paso no se pusieron en vigencia al no ser terminadas en 2012. Colonia Libertad tuvo convención constituyente en 2008 y no se puso en vigencia. La organización política del territorio argentino. Régimen Federal: 23 provincias + ciudad autónoma de Bs As. Niveles de Gobierno: Nacional, Provincial, Municipal y Ciudad Autónoma. Formas de gobierno:  Representativa: El pueblo tiene el derecho de votar sobre quienes son sus representantes ya sea a nivel provincial y nacional.  Republicana: es la división de poderes, el control y el equilibrio de esos poderes como forma de evitar el abuso y garantizar las libertades individuales.  Federal: las provincias son unidades autónomas, con propia organización. ¿Como se aplica el régimen federal en nuestro país? La Constitución es la base del ordenamiento jurídico del estado. Allí se definen las formas del estado, los órganos de gobierno, las formas de elección de los gobernantes y las competencias de estos. El régimen federal se aplica en forma organizada en 3 niveles de gobierno, cada una con atribuciones y competencias propias. Los niveles de gobierno son; La Nación, las Provincias y los Municipios, a estos niveles se le suma la ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sistema federal Argentino:
  6. 6. 6 La Administración Pública en Argentina. La Administración Pública es el conjunto de organismos estatales que realizan las funciones administrativas del Estado argentino. En general abarca a los distintos entes y dependencias que integran el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), y los poderes ejecutivos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como las administraciones municipales. Esquema de la Administración Pública Argentina. Debido al sistema de organización federal adoptado por la Argentina, el Estado argentino está formado por dos grandes estructuras estatales paralelas: el estado federal (o nacional) y los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada una de estas estructuras tiene su propia administración pública, conviviendo así la administración pública nacional, con cada una de las administraciones públicas provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires. A ellas hay que agregar las administraciones municipales, que dependen de las provincias, pero suelen tener autonomía. El grueso de la Administración Pública en Argentina se encuentra desconcentrada en las administraciones públicas provinciales, donde se encuentra empleado más del 60% del total de los empleados públicos del país. Entre los sectores que administran las provincias se encuentran las escuelas públicas, la policía y los centros de salud, responsables por sí mismos de la mayor parte del gasto y del empleo público. Luego de las administraciones provinciales, los dos sectores más importantes son la Administración Pública Nacional, que emplea aproximadamente el 13% del total de empleados públicos y las administraciones municipales, que emplean en conjunto el 15% de los empleados públicos. Otro sector de consideración es el de las universidades nacionales, que en conjunto tiene el 6% del total de empleados del Estado.
  7. 7. 7 Administración Pública Nacional (federal): La Administración Pública Nacional está integrada principalmente por el PEN y la mayor parte de los organismos bajo su mando, aunque existen algunos otros organismos federales de tipo administrativo que no dependen del PEN, como los Consejos Federales (de Educación, de Trabajo, etc.), el Consejo Interuniversitario Nacional, el Ombusman Nacional, etc. En sentido contrario, existen algunas organizaciones que dependen del PEN, pero no integran la Administración Pública, como las empresas del Estado. Poder Ejecutivo Nacional: El PEN es el ámbito del Estado Argentino que tiene el mayor presupuesto y la mayor cantidad de funcionarios y empleados. Su conducción es unipersonal y piramidal y se encuentra encabezada por del Presidente de la Nación Argentina. Organizativamente tiene tres áreas principales: 1. El área Presidencia de la Nación y las Secretarías Presidenciales 2. El área Jefatura de Gabinete 3. Los Ministerios Presidencia de la Nación: El área Presidencia de la Nación está integrada por el Presidente de la Nación y los organismos y personal más cercanos. Entre estos últimos se destacan por su importancia política la Secretaría General, la Secretaría Legal y Técnica, la Secretaría de Inteligencia(SIDE) y Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR). También funciona en esta área, la Casa Militar, encargada de la seguridad directa del Presidente. Otra oficina presidencial importante es el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Además, de Presidencia dependen varios organismos descentralizados:  Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a cargo del control interno de toda la Administración Pública Nacional  Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN)  Biblioteca Nacional  Fondo Nacional de las Artes (FNA)  Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)  Administración General de Museos y Archivo Presidencial  Teatro Nacional Cervantes  Instituto Nacional del Teatro  Instituto Nacional “Juan D. Perón” de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas  Instituto Nacional Yrigoyeneano  Cinemateca y Archivo de la Imagen Nacional  Ballet Nacional  Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), ex Comité Federal de Radiodifusión (COMFER)
  8. 8. 8 Jefatura de Gabinete de Ministros: La Jefatura de Gabinete de Ministros es un organismo supra-ministerial de la República Argentina, desempeñado por un Jefe de Gabinete, quien es el encargado directo de ejercer la administración pública nacional, designar al personal y coordinar las reuniones del gabinete de ministros, actuando como un delegado personal del Presidente de la Nación. Fue creado por la reforma constitucional de 1994 y sus funciones están establecidas en los artículos 100 y 101 de la Constitución Nacional. De la Jefatura de Gabinete dependen seis secretarías:  Secretaría de Integración Nacional  Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable  Secretaría de Evaluación Presupuestaria  Secretaría de Gabinete y Coordinación Administrativa  Secretaría de Relaciones Parlamentarias  Secretaría de Comunicación Pública  Dentro de su ámbito funciona el Cuerpo Administradores Gubernamentales y el Registro Central del Personal Contratado. Ministerios: Como en la mayoría de los países del mundo, en la Argentina, los ministros son los colaboradores directos del Presidente de la Nación y son designados y removidos a voluntad por el mismo. El conjunto de los ministros integran el Gabinete de Ministros, cuya reunión ordena el Presidente y coordina el Jefe del Gabinete de Ministros. Cada ministro dirige un ministerio, encargado de un área temática. El régimen y funciones de los ministerios se encuentran regulados por la Ley de Ministerios N° 22250, texto según Decreto 2082/2011, modificado por Decreto 874/2012. Cadena jerárquica: Uno de los mecanismos de organización de la Administración Pública es la jerarquía administrativa. Mediante la misma, dentro de cada ente, cada área funcional administrativa se va subdividiendo progresivamente en nuevas áreas, que se especializan en determinada función y que se mantienen subordinadas a la instancia inmediata superior. La jerarquía administrativa es exclusivamente funcional y se aplica sólo entre órganos de un mismo ente, no existiendo relación jerárquica entre el funcionario público y el ciudadano, ni con empleados pertenecientes a otros entes de la Administración Pública.  Secretarías ministeriales o secretarías de ministerios  Subsecretarías  Direcciones nacionales  Direcciones generales  Direcciones  Departamentos  Divisiones Fuera de la estructura jerárquica existen también Organismos fuera de nivel, que dependen directamente del órgano máximo.
  9. 9. 9 Administraciones públicas provinciales: Las provincias argentinas ejercen todo el poder no delegado a la nación. Todas tienen un poder ejecutivo unipersonal a cargo de un gobernador electo por voto directo. Cada provincia organiza su propia administración pública, de acuerdo a su propia constitución y sus leyes. Gestión participativa y democracia. La gestión local participativa: La gestión participativa para el desarrollo local es entendida como el saber hacer de las municipalidades y las organizaciones locales. Es un proceso dinámico, donde los diferentes actores locales, públicos y privados articulan sus intereses alrededor de un objetivo común. Uno de los instrumentos por excelencia es el Plan Integral de desarrollo. Este es a la vez un proceso, y un instrumento. En tanto proceso, se define como un conjunto de acciones y tareas que involucran a los actores políticos, sociales y económicos en la definición de objetivos y acciones para el desarrollo local. Como instrumento, constituye un marco conceptual que facilita la concertación para la toma de decisiones. Si bien hablamos de procesos, quienes lo conducen deben ser capaces de determinar las fases que vayan mostrando en el tiempo resultados concretos ante la población. Cada vez más gobiernos locales apuestan por una gestión participativa. La participación de la población en las diferentes etapas de un proceso de elaboración y gestión de un plan de desarrollo, legitima las acciones de la municipalidad y fortalece las capacidades de los actores. Un Plan de desarrollo local realizado de manera participativa se convierte así en el plan de la ciudad, y no sólo de la municipalidad. Constituye el eje articulador que deberá facilitar la construcción de un objetivo común para la comunidad, garantizando la sostenibilidad del proceso y reafirmando las identidades locales. Sin embargo existen una serie de elementos para la gestión democrática local que no sólo dependen del espacio local, sino de su articulación con espacios mayores, es decir con la ciudad y con el país. Los elementos elegidos para poner en práctica un proceso de desarrollo local van a determinar, a fin de cuentas, el modelo de gestión del desarrollo que será conducido por la municipalidad. Hay por lo menos cuatro elementos claves para asegurar la gestión participativa de desarrollo local: 1. Quien lidera el proceso (en este caso la municipalidad) debe tener un objetivo político claro y debe ser capaz de transmitirlo a la población. 2. Es necesario determinar las herramientas a ser utilizadas en el proceso. Por ejemplo la concertación de actores, en tanto permite articular esfuerzos y construir alianzas; o en el caso del presupuesto participativo, que define un “espacio”, un mecanismo institucional para la decisión de la población sobre el gasto público. En ambos casos se abren canales de participación ciudadana que se van institucionalizando a partir de espacios públicos donde se discute y construyen consensos.
  10. 10. 10 3. Las instancias de decisión deben ser claras, así como los roles de cada actor en el proceso, de manera tal que los actores puedan determinar qué es negociable y qué no. 4. Los mecanismos legales se convertirán en el soporte de este proceso, y serán un elemento básico para la institucionalización de los canales de participación ciudadana. Los espacios de participación, abiertos a la colectividad local, son un elemento importante para la sostenibilidad de los procesos de este tipo. Los instrumentos de una gestión participativa apuntan importantes del desarrollo local: el fortalecimiento de las capacidades de gestión de la municipalidad; y el fortalecimiento de las competencias de los actores locales, convirtiéndose en interlocutores con poder y legitimidad ante el gobierno. Condiciones básicas: Para que los elementos anteriores se den, es necesario fortalecer ciertas capacidades en la sociedad civil. Una de ellas, evidentemente, es la ciudadanía, requisito fundamental para la concertación. La ciudadanía es un principio de igualdad. Es un estatus que garantiza a los individuos iguales derechos y deberes, libertades y restricciones, poderes y responsabilidades. Pero la ciudadanía es, al mismo tiempo, la actualización (la puesta en práctica) de estas dimensiones en una comunidad. Por eso la ciudadanía no es sólo un estatus legal, sino la pertenencia y participación de los ciudadanos en una comunidad. La pertenencia implica una identidad compartida y una convicción subjetiva del derecho a intervenir en la determinación de las condiciones de su propio desarrollo. Sin embargo, la ciudadanía en un país como el Perú no viene con la partida de nacimiento. Depende de ciertas condiciones materiales y sociales que la mayoría de sus habitantes, pobres y marginados del “mercado”, no posee. Otro componente importante de la ciudadanía es el de la representación, segundo requisito para la concertación. La democratización de la sociedad peruana puede verse no sólo (y no tanto) en el reconocimiento formal de la igualdad ante la ley sino en el aumento de la capacidad asociativa de los miembros de la sociedad. Esto nos lleva al tema de la organización, y de cuáles son sus niveles de representación hoy en día. Una de las características de los sectores populares en nuestro país es su capacidad de organización mostrada durante décadas. El movimiento popular se construyó a partir de estas organizaciones que se nuclearon en torno a las necesidades básicas de las poblaciones pobres. La organización de los setenta se daba en torno a un agrupamiento territorial, y se denominaba organización vecinal (dado que representaba a un grupo de vecinos ante las autoridades). A medida que la ciudad se ha desarrollado, se han multiplicado y diversificado las necesidades e intereses de los habitantes. En sus inicios, la organización vecinal era capaz de aglutinar las demandas de los pobladores que giraban en torno a las necesidades básicas. En la actualidad, los intereses de los productores, comerciantes, padres de familia, mujeres, jóvenes y niños no se orientan en una misma dirección, y las asociaciones existentes no han logrado canalizar sus expectativas. En conclusión el tejido social se ha hecho más denso y la
  11. 11. 11 representación social ha visto seriamente afectada porque no se ha adecuado a esa “densidad”. . Los espacios de concertación en tanto espacios públicos, deben estar integrados por personas que reúnan estas dos condiciones:  Que sean ciudadanos  a la base están las condiciones sociales y materiales que les permiten ser sujetos de derechos.  Que sean representantes  a la base está la existencia de un tejido social “vivo” que permite a la población seguir organizándose. Adicionalmente, las herramientas utilizadas en el proceso de gestión participativa deben institucionalizarse. Las instituciones son las “reglas de juego” que se da una sociedad para resolver ciertos temas. Cada institución resuelve algún tema en particular, en este caso nos interesa que existan mecanismos institucionalizados para la gestión del desarrollo local. La institucionalidad de los procesos de planificación y concertación iniciados, es requisito fundamental para la sostenibilidad de los mismos. Un marco legal da institucionalidad a los procesos, pero por si sólo no es suficiente: una ordenanza puede ser derogada por la siguiente gestión local. Esto nos muestra que generar instituciones es más complejo que la sola voluntad política. Supone que todos los actores reconozcan un mismo espacio como legítimo y que por tanto constituya el canal privilegiado a la hora de definir objetivos y priorizar recursos: puede no haber leyes y sí una práctica sancionada como válida por la comunidad. Esa es la institución que necesitamos cuando apostamos a un plan de desarrollo compartido. Por tanto, los procesos democráticos y de participación para el desarrollo local requieren de tres condiciones básicas para ser exitosos: que existan ciudadanos, que existan organizaciones y que existan instituciones. Es más: a la vez que son condiciones, estos procesos contribuyen a generar ciudadanía, a fortalecer el tejido social y a crear instituciones. Se trata entonces de procesos sistémicos: cuando el sistema funciona (es decir resuelve los problemas de la comunidad), se logra que las personas crean en él. De lo local a lo metropolitano (o nacional): Un proceso de desarrollo local puede ser muy democrático y participativo, pero ello no necesariamente genera ni gobernabilidad ni desarrollo a mayor escala. Las tres condiciones básicas señaladas líneas arriba, están articuladas a la metrópoli y al Estado. El tema del desarrollo local está muy vigente en nuestros días. Es una propuesta de modernización que calza bien con Estados nacionales débiles y con lo que supone el proceso de globalización. Pero ¿es posible un desarrollo local participativo sin Estado? ¿Es posible concentrarnos únicamente en el espacio local y desde allí generar ciudadanía, procesos democráticos e institucionalidad? Las tendencias recientes nos muestran que en toda estrategia de desarrollo local debemos considerar tanto los factores endógenos como exógenos.
  12. 12. 12 A modo de conclusión:  El espacio local no tiene sentido sin el espacio mayor con el que se articula. Las condiciones básicas para una gestión local participativa y democrática, dependen del espacio mayor para lograr ser sostenibles en el tiempo. Si bien esto es cierto, también lo es que cada vez más ciertos procesos participativos a nivel local están contribuyendo con fuerza a cambiar procesos nacionales. Cada vez más gobiernos locales entienden que una gestión participativa les otorga mayor legitimidad y hace más eficiente la gobernabilidad local.  Los procesos de gestión participativa, se han convertido también en proceso de aprendizaje, y van generando una serie de beneficios como son el fortalecimiento de los actores y la promoción de la ciudadanía en el seno de la comunidad, la mejora de la gobernabilidad en la ciudad, por el hecho de que se refuerzan los acuerdos entre los diferentes actores sociales, públicos y privados, y la acción concertada que multiplica – y no sólo suma - los recursos existentes y aumenta la eficiencia y la legitimidad del gobierno local.  La participación en el proceso de planificación del desarrollo local debe estar articulada a la institucionalización de las prácticas democráticas de la sociedad civil. Las organizaciones más tradicionales van adquiriendo una nueva dinámica y se van generando otros espacios organizativos en función los nuevos intereses de los diferentes grupos existentes. Democracia. Democracia es una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la sociedad. En sentido estricto, la democracia es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales. En la democracia moderna juega un rol decisivo la llamada regla de la mayoría, es decir el derecho de la mayoría a que se adopte su posición cuando existen diversas propuestas. Ello ha llevado a que sea un lugar común de la cultura popular asimilar democracia con decisión mayoritaria. Las elecciones son el instrumento en el que se aplica la regla de mayoría; haciendo así de la democracia el ejercicio más eficiente, eficaz y transparente, donde se aplica la igualdad y la oportunidad de justicia, práctica oríginada en los siglos XVIII y XIX; cuando la mujer se hace partícipe del derecho al voto. Además, la democracia contemporánea, no se mantiene paralela al régimen absolutista y al monopolio del poder. Sin embargo muchos sistemas democráticos no utilizan la regla de la mayoría o la restringen mediante sistemas de elección rotativos, al azar, derecho a veto (mayorías
  13. 13. 13 especiales), etc. De hecho, en determinadas circunstancias, la regla de la mayoría puede volverse antidemocrática cuando afecta derechos fundamentales de las minorías o de los individuos. Las democracias reales suelen ser complejos mecanismos articulados, con múltiples reglas de participación en los procesos de deliberación, toma de decisiones, en los que el poder se divide constitucionalmente o estatutariamente, en múltiples funciones y ámbitos territoriales, y se establecen variedad de sistemas de control, contrapesos y limitaciones, que llevan a la conformación de distintos tipos de mayorías, a la preservación de ámbitos básicos para las minorías y a garantizar los derechos humanos de los individuos y grupos sociales. Tecnocracia. El término tecnocracia significa literalmente «gobierno de los técnicos» y se deriva de los vocablos griegos τέχνη (tékhnē, «arte, técnica») y κράτος (krátos, «poder, dominio, gobierno»). Una tecnocracia es un sistema de gobierno dirigido por técnicos. Al técnico que se especializa en una determinada rama del conocimiento y cumple una función pública para ejecutar políticas que trasciendan la ideología se lo conoce como tecnócrata. Por eso, en un sentido más preciso, la tecnocracia es el gobierno de los tecnócratas. Los funcionarios de este tipo de gobierno apelan al método científico para brindar soluciones a la población. De esta manera, las decisiones están orientadas por la ciencia y no por cuestiones ideológicas. La idea de tecnocracia comenzó a desarrollarse en las primeras décadas del siglo XIX. El francés Claude-Henri Rouvroy proponía por entonces que el poder político sea asumido por los técnicos y los empresarios industriales que estaban impulsando la transformación de la producción y de la economía de Francia. Auguste Comte, también filósofo, fue otro de los pensadores que, por aquellos años, sostenía que la sociedad debía ser dirigida a través de la tecnología y de no mediante la política. La premisa indicaba que aquellos que promovían y controlaban la sociedad industrial estaban capacitados para encargarse de la dirección de la sociedad en general. Diversos tecnócratas han identificado su postura con el uso del método científico para resolver los problemas de la política. En vez de basar sus decisiones en convicciones ideológicas, se favorece la acción orientada a resultados y basada en datos empíricos. El tecnócrata es (o se asocia con) un científico o ingeniero. En la práctica, la tecnocracia nunca se instaló del todo, sino que los tecnócratas suelen contar con poder limitado o dedicarse a asesorar a los dirigentes políticos. La noción de tecnocracia, de hecho, suele emplearse de modo despectivo respecto a aquellos gobiernos que privilegian la eficiencia y minimizan la importancia de los efectos
  14. 14. 14 sociales que tienen sus decisiones. Un ministro de Economía que decide recortar el presupuesto de los hospitales públicos para mejorar las cuentas puede ser acusado de tecnócrata al no tener en cuenta las decisiones de su decisión sobre la población. El poder tecnocrático: Lo que caracteriza a la tecnocracia, a principios del siglo XXI, es la tendencia a suplantar el poder político en vez de apoyarle con su asesoramiento, asumiendo para sí la función decisional. Eliminando la división entre política como reino de los fines y técnica como reino de los medios, el tecnócrata abandona el terreno técnico-económico y de los medios de la acción social para meterse en el de los fines y en el de los valores, intentando que la decisión de tipo político y discrecional —con base en criterios prudenciales y morales— puede ser reemplazada por una decisión no discrecional, fruto de cálculos y previsiones de tipo científico, en base a puros criterios de eficiencia. «En la mentalidad tecnocrática racionalidad y "verdad" están indisolublemente unidas, según un esquema reconocido casi universalmente en el pensamiento contemporáneo, en el que además la racionalidad está fundada sobre elementos meramente cuantitativos, postergando al mundo de lo irracional, y por lo tanto de lo lamentable por definición, todo aquello que no sea cuantificable. Es obvio que ya no habrá sitio para los juicios de valor, esto es, para los juicios que por su misma sustancia no pueden fundarse sobre elementos cuantitativos». La ocupación de la esfera política trae consigo la demonización por incompetencia, por corrupción y por particularismos de los individuos que actúan tradicionalmente en ella; y también la afirmación de la plena suficiencia de la competencia para la gestión de los asuntos públicos, conforme a una concepción simplista de la sociedad como unidad productiva de la que, en un primer momento, hay que maximizar su expansión económica, o —en un segundo momento— integrar en un sistema económico mundial. Para tal fin hay que adaptar las estructuras institucionales y administrativas. De la desconfianza tecnocrática en la voluntad o en la capacidad de los individuos particulares o asociados de realizar un sistema económico más eficiente se deriva tanto la propensión a planificar la sociedad por medio de un sistema de control tecnoburocrático, como la expulsión de la vida social de todo principio que no sea cuantificable, la aversión hacia una concepción del bien común que no se reduzca a puro bienestar material. Movimiento tecnocrático: El movimiento tecnocrático es un movimiento social originado en los Estados Unidos durante la décadas de 1920 y 1930 y aboga por un sistema social donde el bienestar humano se optimiza mediante el análisis científico y el uso extendido de la tecnología. Los tecnócratas abogan por la tecnocracia, esto es, una forma de gobierno en la que los científicos y demás expertos toman las decisiones al servicio de la humanidad. Los tecnócratas describen la tecnocracia como una sociedad sostenida por expertos
  15. 15. 15 técnicos que gobiernan, quienes a su vez sustentan sus posiciones mediante argumentación racional y pensamiento crítico. Ideas y metas: El movimiento tecnocrático busca establecer un sistema socioeconómico de crecimiento basado en la conservación, la abundancia en oposición a sistemas económicos basados en la escasez como son el capitalismo y el comunismo. La principal conclusión del movimiento tecnocrático es que el actual sistema de precios basado en la escasez, es un medio ilógico de distribución en un mundo tecnológicamente avanzado. La tecnocracia considera los modelos económicos, políticos y administrativos como reliquias del pasado. Los tecnócratas afirman que los avances en la mecanización han causado un desplazamiento masivo de empleo hacia el sector de los servicios. Mayor incremento en la eficiencia y la productividad quiere decir que la mayoría de las tareas desempeñadas por empleados humanos pueden ser eliminadas o reducidas a través de una mejor gestión, automatización, y centralización. Estas tendencias deben señalar un incremento tanto en las posibilidades de producción y de tiempo para el ocio puesto que se produce más con menos mano de obra. Dentro del sistema de mercado, sin embargo, un aumento en la productividad según estas teorías conduce a reducción del personal porque las compañías necesitarían menos trabajadores y estos recibirían salarios más bajos debido a la competencia. Como consecuencia, el estándar de vida de muchos declina. Los tecnócratas por lo tanto argumentan que el sistema de mercado se enfrenta a una paradoja fundamental: A pesar de que hay máquinas disponibles para remplazar mano de obra humana, estas no hacen nuestra vida más fácil, por el contrario la hacen más difícil. Aunque cada vez sea posible producir más debido a la tecnología, las disparidades en riqueza son mayores y el beneficio potencial de la tecnología es menos compartido. La causa fundamental del problema, según el movimiento tecnocrático, es que dependemos mucho de un sistema basado en el dinero para tomar las decisiones económicas. Contrario a los economistas, quienes definen eficiencia en términos de una máxima asignación de recursos limitados con el fin de proporcionar mayor utilidad a sus dueños, los tecnócratas definen eficiencia en términos de evidencia empírica. Eficiencia, para los tecnócratas se mide científicamente: la tasa de energía aplicada al trabajo útil sobre la energía aplicada al sistema completo. Los tecnócratas argumentan que existe un abismo entre el mundo real de la ciencia y el mundo de la economía. Ellos afirman que las entradas necesarias para hacer la mayoría de los productos se encuentran en abundancia, especialmente aquellas que son críticas para la sociedad como alimentación, refugio, transporte, información, etc. Los tecnócratas afirman que la mayoría de los problemas sociales, como pobreza y hambre se deben a una economía defectuosa y al uso inapropiado de la tecnología. Ellos frecuentemente señalan que el actual sistema de precios es un despilfarro porque utiliza tantos recursos como sean posibles para crear un número escaso de productos (productos privados rivales y excluibles). Los tecnócratas argumentan que el uso de la tecnología y los recursos debe ser capaz de producir en abundancia. Los tecnócratas afirman que el sistema de
  16. 16. 16 precios conlleva a una severa falta de poder de compra, y se ha apoyado en tácticas derrochadoras, remiendos al sistema económico, y un enorme incremento en las cantidades de deuda, las cuales empezaron a aumentar exponencialmente después de 1930. Esta deuda incluye deudas soberanas, hipotecas, deudas a largo plazo, deuda de crédito, y el creciente mercado de valores. Los tecnócratas ven la creciente deuda como una amenaza a la estabilidad del capitalismo, y afirman que el sistema eventualmente colapsará, en cuyo caso, esperan, habrá educado un número suficiente de gente para hacer cambios a la estructura económica y crear un tecnato. Los Tecnatos: El término tecnato fue acuñado por el movimiento tecnocrático para describir la región sobre la cual operaría una sociedad tecnocrática. Todos los recursos y la industria de esta región o territorio serían usados para proporcionar una abundancia de bienes y servicios a los ciudadanos. Según los tecnócratas, un Tecnato no puede simplemente fundarse como un país moderno actual. Éste tiene varios requerimientos que deben cumplirse con el fin de operar.  Debe tener suficientes recursos naturales para crear abundancia.  Debe tener una base industrial y científica pre-existente.  Debe tener una cantidad suficiente de personal cualificado para operar la infraestructura que proporciona la abundancia. Según el movimiento tecnócrata estadounidense, Norteamérica es actualmente el único territorio capacitado para constituir un Tecnato. Éste sería el Tecnato Norteamericano. Esto pondría fin al actual sistema de precios. Tecnato norteamericano: El tecnato norteamericano sería diseñado para transformar a Norteamérica en una sociedad tecnocrática. En el plan se incluiría Canadá, cuyos ricos depósitos de minerales y poder hidroeléctrico se complementarían con la capacidad industrial y agrícola de Estados Unidos y la abundancia energética de México. El tecnato norteamericano incluiría toda Norteamérica, América Central, el Caribe, partes de Sudamérica y Groenlandia, comprendiendo 30 naciones modernas, así como varios territorios dependientes. Si este tecnato fuera fundado hoy, contendría aproximadamente 600 millones de habitantes y su área total sería de 26 millones de km², haciéndolo la nación más grande de la tierra. Su territorio se extendería desde el Polo Norte hasta la línea del Ecuador y desde la línea internacional de la fecha hasta el Océano Atlántico.

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