Que reforma el artículo 22 de la constitución

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Que reforma el artículo 22 de la constitución

  1. 1. QUE REFORMA EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOSMEXICANOS, A CARGO DEL DIPUTADO JOSÉ GUILLERMO ANAYA LLAMAS, DEL GRUPOPARLAMENTARIO DEL PANEl que suscribe, diputado José Guillermo Anaya Llamas de la LXII Legislatura alCongreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II,de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, 77, 78, ydemás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante estasoberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma lafracción II del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,de conformidad con la siguienteExposición de motivosEl combate a la corrupción en el servicio público y la función de gobierno es un temaque ha sido tratado desde los inicios de nuestra historia como nación independiente.Garantizar que quienes son funcionarios o servidores públicos cumplan con su cargoobservando la ley y ejerciendo sus facultades de forma honesta y eficaz ha sido y esuna de las exigencias que permanentemente exige la sociedad, por ello, desdenuestra Constitución Política de establece que quienes tienen el carácter deservidores públicos están obligados a observar los principios de legalidad, honradez,lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus empleos, cargos ocomisiones.La propia Constitución Federal establece en el título cuarto diversas disposicionesrelativas a las responsabilidades de los servidores públicos, faculta tanto al Congresode la Unión como a las legislaturas estatales para legislar en materia deresponsabilidades de los servidores públicos y refiere al ámbito de la ley los casos ylas circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa deenriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo,o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten substancialmentesu patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuyaprocedencia lícita no pudiesen justificar. Y señala las leyes penales sancionarán conel decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otraspenas que correspondan.Por su parte, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los ServidoresPúblicos establece diversos supuestos por los cuales los servidores públicos puedenincurrir en responsabilidad y señala que pueden imponerse sanciones económicascuando por el incumplimiento de las obligaciones se produzcan beneficios o lucro, ose causen daños o perjuicios, las cuales podrán ser de hasta tres tantos de losbeneficios o lucro obtenidos o de los daños o perjuicios causados.Aunado a ello, las legislaturas estatales también han legislado en esta materia, y sehan implementado programas que tienen como objetivo principal combatir y erradicarla corrupción en todos los niveles de gobierno.
  2. 2. Sin embargo, y pese a los esfuerzos implementados, vemos con pesar que lasprácticas de corrupción siguen realizándose, los medios de comunicación han dado aconocer diversos casos en los que servidores públicos se han enriquecido obeneficiado de forma desmedida con recursos públicos o utilizando su empleo, cargoo comisión para obtener beneficios económicos excesivos e injustificados.Hemos visto noticias de escandalosos casos de corrupción en los cuales sujetosdeshonestos y sin moral alguna llegan a pedir créditos a nombre del gobierno parabeneficio personal, como sucedió con el ex secretario de finanzas y el ex presidentedel Servicio de Administración Tributaria de Coahuila, al parecer con el conocimiento yconsentimiento por parte del gobernador en turno del estado Humberto Moreira, endonde llegaron al extremo de falsificar documentos para solicitar créditos bancarios ennombre del Gobierno y después convertirlos en deuda pública, utilizando esoscuantioso recursos en negocios propios que beneficiaron directamente a dichossujetos y sus familias.En estos últimos meses reiteradamente se han publicado noticias que dan cuenta dela desviación o ejercicio irregular de recursos públicos en todos los niveles degobierno y aun y cuando se lleven a cabo los procedimientos de responsabilidadesadministrativas o, en su caso, lleguen a imponerse sanciones penales, en la granmayoría de los casos el erario público no ve resarcido el daño o perjuicio causadodado que es común que se utilicen prestanombres o testaferros que generalmentequedan impunes gozando del dinero que pagan los contribuyentes para otrospropósitos.En la mayoría de los casos, por estar los bienes y beneficios a nombre de terceros, elembargo e incluso el decomiso de los bienes del infractor no alcanza para resarcir eldaño causado, consecuentemente, la hacienda pública no es indemnizada y al final,se dejan de prestar de forma adecuada servicios públicos o implementar programascuyo objetivo es beneficiar a la población.En el año 2008 se modificó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanosrealizándose una de las reformas más importantes en materia de Seguridad Pública ygracias a ello se ha comenzado a implementar un nuevo proceso penal acusatorio y elEstado tiene mayores herramientas para combatir a la delincuencia.En ese año, el artículo 22 constitucional fue modificado sustancialmente y, entre otras,se adicionó la posibilidad de que en determinados casos relacionados con delitosseñalados en el propio artículo mediante un juicio pueda decretarse la extinción dedominio de bienes utilizados por la delincuencia para cometer los ilícitos.Posteriormente, el Congreso de la Unión expidió la Ley Federal de Extinción deDominio, Reglamentaria del artículo 22 constitucional, para determinar las reglasaplicables en dicho procedimiento que es independiente de la causa penal y queconsiste, prácticamente, en una acción real que extingue el dominio de un bien ligadoa la delincuencia y al delito, en favor del Estado.
  3. 3. Esta acción de extinción de dominio permite que, aun y cuando los bienes utilizadospor la delincuencia se encuentren registrados a nombre de una tercera persona,dichos bienes se apliquen a favor del Estado, erradicando la impunidad.Si bien los servidores públicos están sujetos a diversos mecanismos que permiten elfincamiento de responsabilidades resarcitorias, el Estado y la sociedad en su conjuntose ven dañados cuando en el desvío de recursos públicos tiene como destinatario untercero que presta su nombre para cobijar el acto de corrupción y garantizar laimpunidad en el lucro obtenido a costa del erario.Es necesario y más que justificado aplicar la extinción de dominio cuando haya de pormedio la utilización de recursos públicos porque si bien el daño no se causa a unapersona en lo particular, sí se da de forma grave para la sociedad mexicana y hoymás que nunca debe evitarse a toda costa que alguien se beneficie de la conductailícita de lesionar a la hacienda pública y, en tal caso, deben recuperarse los bienessuficientes para el pago de los daños y perjuicios generados.El manejo de los fondos y recursos públicos debe aplicarse al destino para el cual seles comisionó, y en caso contrario, es necesario garantizar el resarcimiento del daño operjuicio ocasionado, aun y cuando los bienes se hayan registrado como propiedad deun tercero.La sociedad está cansada de la impunidad que impera, de ver cómo en tres o seisaños, personas que fungieron como servidores públicos se enriqueceninexplicablemente y que, en el caso de que hubiere una denuncia y un proceso dondeel sujeto que era servidor público es detenido, los recursos desviados nunca sondevueltos y sus familiares y amigos siguen gozando de la riqueza mal habida, aun ycuando con ello la sociedad en su conjunto padece las consecuencias nocivas de lacorrupción.Por ello, es más que justificado que existiendo un delito patrimonial en perjuicio de lahacienda pública, no exista duda o pretexto alguno para que proceda la acción deextinción de dominio sobre los bienes ligados a ese delito patrimonial, con lo que segarantizará que el dinero público debe siempre ser aplicado y destinado para los finesconcretos que correspondan.Es decir, quien puede cometer estos delitos es una persona que se desempeña comoservidor público y que pasando por alto la normatividad que rige sus acciones va encontra de la funciones que tiene encomendadas.Razón por la cual se propone reformar la fracción II del artículo 22 constitucional, paraestablecer que procede la extinción de dominio en los casos de delincuenciaorganizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas, ydelitos cometidos por servidores públicos que causen daño o perjuicio patrimonial a lahacienda pública federal, estatal o municipal.Debemos tener presente que cada peso que es objeto de un desvío de recursos, dejade destinarse a un programa determinado que tiende a beneficiar a la sociedad, que
  4. 4. ese peso es producto del esfuerzo hecho por los contribuyentes en el pago de susimpuestos y sobre todo implica una violación al estado de derecho.Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Cámarade Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyectodeDecreto por el que se reforma la fracción II del artículo 22 de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos MexicanosArtículo Único. Se reforma la fracción II del artículo 22 de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:Artículo 22. ... ... I. ... II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas, y delitos cometidos por servidores públicos que causen un daño o perjuicio patrimonial a la hacienda pública federal, estatal o municipal siempre y cuando se cumplan las formalidades del procedimiento respecto de los bienes siguientes: a) a d)... III. ...TransitoriosPrimero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación enel Diario Oficial de la Federación.Segundo. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados deberán realizarlas reformas a la legislación correspondiente para hacer cumplir lo dispuesto en elpresente Decreto, a más tardar dentro de los seis meses contados a partir de laentrada en vigor del mismo.Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, en el Palacio Legislativo de SanLázaro, a 6 de noviembre de 2012.Diputado José Guillermo Anaya Llamas (rúbrica)

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