DERECHO A ACCESO DE LA JUSTICIA EN COLOMBIA

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DERECHO A ACCESO DE LA JUSTICIA EN COLOMBIA

  1. 1. EL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: UN DERECHO HUMANO ESENCIALANTECEDENTESAl haber proscrito el Estado Moderno el hacer justicia por la propia mano, y siendo elacceso a la justicia un derecho humano esencial, el Estado debe brindar entonces unámbito amplio e imparcial donde pueda dirimir los conflictos y hacer valer sus derechospor medio de procesos, de forma que éstos sean satisfechos.Es entonces el proceso el medio o instrumento civilizado o culturalmente másavanzado, mediante el cual el Estado da respuesta para que los derechos invocados porlas partes puedan funcionar adecuadamente y de forma efectiva en el contextohumano-social, estableciendo la vigencia del derecho aplicable en el caso y dándole larazón a quien la tiene.Al atribuirse el Estado la protección del derecho de dirimir conflictos, debe brindar atodas las personas el poder acceder a ese instrumento que es el proceso, para que hayaefectividad del derecho.CONCEPTO DE ACCESO A LA JUSTICIAAl tratar el derecho conductas humanas, y al evolucionar la humanidad de acuerdo a lasépocas, decimos que el derecho es dinámico; y por lo tanto, el concepto de acceso a lajusticia también ha variado conforme a las ideas imperantes de cada época de lahumanidad, así como también ha evolucionado el sentido que tiene el proceso.Conforme a la ideología liberal posterior a la Revolución Francesa, el derecho de accesoa la justicia (o a la jurisdicción) era limitado porque no era facultad del Estado ocuparsede los conflictos entre las personas ni de brindarles la posibilidad de ejercer el derecho ode acceder a las instituciones; por lo que la igualdad era someramente formal.Posteriormente, tras la Declaración de los derechos humanos y del Ciudadano, se dioreconocimiento pleno al derecho de las personas y entre los derechos sociales; sedeterminó que el derecho de acceso a la administración de justicia debía ser real y noformal, buscando así que la igualdad de las personas se concretase en hechos que lo 1
  2. 2. EL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: UN DERECHO HUMANO ESENCIALhiciesen tangible, por lo que el estado debía minimizar la brecha existente entre lanorma y la realidad para que el acceso a la justicia fuese acorde a la realidad y adecuado.Al monopolizar el Estado la potestad de solucionar conflictos entre personas, sinimportar su naturaleza, es su deber permitir el fácil e indiscriminatorio acceso a lajurisdicción cuando las personas consideran que sus derechos han sido violados,amenazados o negados, y darle solución prevista en el ordenamiento jurídico.En esa evolución del derecho a la administración de justicia y basados en la teoría delprocesalista uruguayo Couture1, los constituyentes encargados de la ReformaConstitucional de 1991 le dieron apoyo constitucional a ésta situación jurídicapermitiendo que los ciudadanos puedan solicitarle al Estado Colombiano que intervengay dirima los conflictos entre las partes; es decir, que los ciudadanos tengan el “derecho ala prestación de la jurisdicción”.Pero como no bastaría con el hecho de poder hacer uso del derecho de solicitar elacceso a la administración de justicia si ésta no es efectiva, por lo que es necesario existauna real posibilidad de acceder a ella para que el Estado cumpla con el deber desalvaguardar los intereses de las personas y los derechos fundamentales tutelados, asícomo la defensa del orden constitucional.Para ello, el Estado debe garantizar que el principio procesal de “igualdad de armas2” nosea una igualdad utópica sino real, por lo que debe valorar todos los obstáculos quepuedan presentarse en la concreción del derecho.ANÁLISIS INTERNACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIAEl Estado regula la vida humana, por ello dicta normas de carácter general para dirimirlos conflictos o controversias, porque se suscita una duda sobre el derecho de las partes;y donde existe el riesgo inminente de que la persona que se siente afectada recurra a lafuerza que el mismo Estado le vedó.1 Couture vinculó el derecho de acción con el derecho de petición: derecho a la prestación de la jurisdicción.2 El principio de igualdad de armas en el Sistema Procesal Penal Colombiano a partir del Acto Legislativo 03 de 2002 2
  3. 3. EL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: UN DERECHO HUMANO ESENCIALPor ello, el Estado tiene el deber de brindar a las personas el derecho a acceder a untribunal donde las partes puedan: a) Ser oídos, donde se escuche de manera efectiva y cierta su reclamación. b) Presentar su caso sin importar la naturaleza o el resultado del mismo.Esto nos permite afirmar que la administración de justicia es un derecho humanoesencial, consagrado en el contenido de las normas emanadas del Sistema Universal deProtección de los Derechos Humanos y del Sistema Interamericano de Protección de losDerechos Humanos1.- SISTEMA UNIVERSAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOSHUMANOSA. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS3 : Artículo 10: Todapersona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y conjusticia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechosy obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.Artículo 11: 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma suinocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio públicoen el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 2. Nadieserá condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fuerondelictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena másgrave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.B. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS4 - Artículo 14:1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda personatendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunalcompetente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de3 Año 1948 – Artículos 10 y 114 Año 1966 – Artículo 14 3
  4. 4. EL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: UN DERECHO HUMANO ESENCIALcualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación desus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidosde la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público oseguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vidaprivada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal,cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a losintereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública,excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en lasacusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocenciamientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plenaigualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella; b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección; c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas; d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo; e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo; f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal; g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable. 4
  5. 5. EL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: UN DERECHO HUMANO ESENCIAL4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá encuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social.5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallocondenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior,conforme a lo prescrito por la ley.6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o elcondenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hechoplenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufridouna pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, amenos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse reveladooportunamente el hecho desconocido.7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido yacondenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimientopenal de cada país.2.- SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOSHUMANOSA. DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE5 -Artículo XXVI. Derecho a proceso regular: Se presume que todo acusado es inocente,hasta que se pruebe que es culpable. Toda persona acusada de delito tiene derecho a seroída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormenteestablecidos de acuerdo con leyes pre-existentes y a que no se le imponga penas crueles,infamantes o inusitadas.B. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS6 - Artículo 8.Garantías Judiciales:5 Año 1948 – Artículo XXVI6 Año 1969 – Artículo 8 5
  6. 6. EL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: UN DERECHO HUMANO ESENCIAL1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazorazonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecidocon anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formuladacontra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil,laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocenciamientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda personatiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ningunanaturaleza.4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juiciopor los mismos hechos. 6
  7. 7. EL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: UN DERECHO HUMANO ESENCIAL5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar losintereses de la justicia.EVOLUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN COLOMBIADesde la expedición del Acto Legislativo N° 01 de 1945, la justicia en Colombia era unsimple servicio público a cargo de la Nación. Con la Reforma Constitucional de 1991, enel Preámbulo se consagró a la justicia como un valor supremo del Estado Social yDemocrático de Derecho.El Título VIII, Capítulo 1 de la Constitución Política de Colombia, que hace referencia alas disposiciones generales de la Rama Judicial, en el artículo 228 define laadministración de justicia:“La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Lasactuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y enellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán condiligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento serádesconcentrado y autónomo”.Para el Estado colombiano, la administración de justicia adquirió mayor relevancia alconstituirse en uno de los pilares fundamentales de los fines del Estado, elevándolaademás a bien jurídico tutelable y a función pública, cuyo cumplimiento y garantíaimplica un mayor compromiso jurídico por parte del Estado. La Reforma Constitucionalde 1991 trajo consigo además otros cambios importantes, como es el caso de laorganización de la Rama Judicial, cuando creó: 1. La jurisdicción y las especiales 2. El Consejo Superior de la Judicatura 3. La Fiscalía General de la Nación, órgano responsable de la investigación penal (que antes desarrollaban los jueces de instrucción criminal). 7
  8. 8. EL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: UN DERECHO HUMANO ESENCIALEn el Título V, Capítulo 1 de la Constitución Política de Colombia que hace referencia ala estructura del Estado, el artículo 116, modificado por el artículo 1° del ActoLegislativo N° 03 de 2002 reza:“La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, elConsejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales y losJueces, administran Justicia. También lo hace la Justicia Penal Militar.Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrarjusticia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la deárbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en lostérminos que determine la ley”.La Constitución consagra cuáles son los entes encargados de administrar justicia ydetermina las diferentes jurisdicciones de acuerdo a la naturaleza de los conflictos que seformulen: 1. Los litigios entre particulares los resuelve la Jurisdicción Ordinaria 2. Las controversias entre el Estado y los particulares y entre las distintas entidades estatales son competencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.ANÁLISIS CONSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIACuando una persona busca hacer valer sus derechos y presenta ante la autoridad judicialun reclamo, esa acción, en sí, es una manifestación intrínseca, propia del derecho depetición; por lo tanto, la acción del derecho de administración de justicia es una especiemás del derecho de petición (de arraigo constitucional)7, el cual sirve de llave para poderacceder a la justicia y garantiza que el proceso, como instrumento, cumpla con sufinalidad: el derecho de garantía o la garantía de la garantía.Pero además del amparo o seguridad que brinda el derecho procesal como instrumentosobre la efectividad del derecho de acceso a la justicia, la Constitución Política de7 Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia 8
  9. 9. EL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: UN DERECHO HUMANO ESENCIALColombia consagra formalmente el derecho esencial de acceder a la administración dejusticia y para formular la pretensión notamos dos matices: 1. El derecho abstracto de reclamar la función judicial del Estado 2. El reclamo concreto del derecho vulnerado.La Constitución Política de Colombia diseñó un esquema mediante el cual enuncia losderechos fundamentales inherentes a toda persona y así mismo prevé por medio de lasgarantías consagradas en ella la efectiva protección de esos derechos.Además, conforme a nuestro sistema de gobierno, la Constitución diseñó el esquema dedivisión de poderes por el cual le corresponde y le asigna al Poder Judicial “laadministración de justicia”.El libre acceso a la justicia en Colombia es un derecho constitucional consagrado en elartículo 229 como la garantía o seguridad para todas las personas de acudir ante losjueces competentes a solicitar su intervención para la protección y el restablecimientode sus derechos.“Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. Laley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado”.Al mismo tiempo, el artículo 2° de la ley estatutaria lo consagra como principio legal dela administración de justicia, según el cual, el Estado garantiza el acceso de todos losasociados a la justicia.OBSTÁCULOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIALa administración de justicia un derecho constitucional y le corresponde a la RamaJudicial protegerlo, pero los sistemas judiciales pueden no ser efectivos al momento degarantizar la protección de los derechos consagrados en la Carta Magna y por ello, nosatisfacer las pretensiones de las partes.Es un fin del Estado afianzar la justicia, por lo que las leyes de la administración dejusticia deben ajustarse, de fondo y de forma, al carácter irrestricto de la Carta Magna; y 9
  10. 10. EL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: UN DERECHO HUMANO ESENCIALesto se logra mediante la posibilidad cierta de que todas las personas, sin excepciónalguna, puedan acceder al órgano jurisdiccional y obtener de ella un pronunciamientoexpidiéndose definitivamente a través del dictado de una sentencia.Entonces, la efectividad de la Rama Judicial radica en la garantía que se le brinde a losintegrantes de la Nación de poder acceder a ella, derecho que se deriva del derecho dedefensa en juicio y que encierra una potestad que se desarrolla en varios y sucesivosmomentos del proceso: a) Derecho a acceder al órgano judicial, deducir las pretensiones. b) Derecho a producir la pruebas. c) Derecho a obtener un pronunciamiento justo. d) Derecho a la doble instancia, es decir, a poder recurrir a instancias superiores en el evento de que el fallo no sea favorable. e) Derecho a solicitar la ejecución de la decisión cuando se encuentre firme.“La efectividad de la protección de la justicia implica la posibilidad de que todos losciudadanos puedan requerir irrestrictamente y obtener la tutela de sus legítimosderechos sin obstáculo que lo hagan de ilusoria defensa; es que los derechos plasmadosen la Constitución no se conciben ya como “meras” garantías jurídico formalesabstractas, sino derechos plenos y operativos, que exigen efectiva realización material”8Enunciar el plexo de conductas que implica un efectivo acceso a la justicia no essuficiente porque para que sea efectivo se hace necesario su cumplimiento. Pero éstecumplimiento suele enfrentar algunos obstáculos que pueden frustrar el proceso:1. COSTAS DEL JUICIO: Constituyen un impedimento para acceder al órganojurisdiccional: a) Las costas del juicio b) Los honorarios profesionales8 Roberto Berizonce – El costo del proceso, J.A. 1995-I-p. 955 10
  11. 11. EL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: UN DERECHO HUMANO ESENCIALEl principio del acceso a la jurisdicción sin pago previo alguno, tiene raigambreconstitucional y asegura a cada persona la posibilidad de recurrir a los tribunales,brindando idéntico amparo a todos en el ejercicio del derecho. “... y cuando la externa y ancha presión dirigida al cumplimiento de pautas fiscalistas (latasa de justicia, el sellado de reposición) o al cobro de derechos profesionales (ladeformada voz “honorarios” que tanto tiempo insume a los jueces y tantas fojas cargaen los repertorios jurisprudenciales) achicando el contenido propio o específico de lagarantía de la defensa, olvida y colisiona con la primera de las directivas que señala que lalaboral jurisdiccional no se encuentra formalmente dirigida a satisfacer esas exigencias,totalmente secundarias y complicantes de sus fines”92. EL TIEMPO EN EL PROCESO: La demora judicial incide se cuestiona la justificacióndel servicio de justicia. Una justicia que no da respuestas no es justicia. El tiempo en elproceso debe ser razonable para que no perjudique a las partes. Sin embargo, desde unavisión garantista el proceso necesita respetar la lógica interior de la contradicción,debate, prueba, sentencia y recursos, es decir, el procedimiento. No pueden sersuprimidos, pueden ser perfeccionados, pueden ser simplificados, pero no obviarse,porque se estaría atentando contra el principio de la debida defensa en juicio.3. POSICIÓN ECONÓMICA DE LAS PARTES: En términos de negociación, la parte“fuerte” del conflicto es la parte que posea mayor solvencia económica, por ello, lademora no la perjudica sustancialmente, pero que sí afecta a la parte “débil”, por lo quedichas ventajas financieras podrían traducirse en desmedro de los derechos de esa parte“débil”, quien podrían ceder en sus pretensiones ante la posibilidad de un juicio dilatado,y con ello se estaría vulnerando entonces, su derecho de obtener una sentenciacompletamente justa en un proceso.4. POSIBILIDAD DE CONOCER EL DERECHO: Hace alusión al desconocimiento quetienen las personas sobre sus derechos, por lo que no podrían solicitar sureconocimiento ni defender la vulneración de los mismos. Esto obviamente incide en la9 Voto del Dr. Adolfo R. Vázquez – “Marono Héctor vs. Allois Verónica – 26/11/96 11
  12. 12. EL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: UN DERECHO HUMANO ESENCIALresistencia a recurrir a los tribunales. Pero además, existen otros factores quegeneralmente obstaculizan la efectividad del sistema jurídico, como son: a) Ineficiente distribución de competencias de los tribunales: juzgados de conocimiento que convierten al juez en una suerte de actor que se transforma, (conforme el carácter del proceso) en inquisidor o dispositivo. Esto atenta también a la eficacia de la actuación del tribunal. b) Escaso personal y limitada infraestructura. c) Escasa capacitación y formación jurídica del personal. d) Escasez de recursos técnicos y financieros.Observamos entonces cómo desde el punto de vista material, el acceso a la justicia no secumple de manera efectiva pese a que éste principio está consagrado taxativamente en lanorma, pero la realidad de los estrados judiciales revela que en la realidad es totalmentediferente. Esto exige un cambio de paradigma en todos los operadores judiciales, porqueel proceso sirve de herramienta para solucionar los conflictos, pero es necesario quetodos los agentes jurídicos involucrados en la administración de justicia, así como losdefensores del derecho comprendan la necesidad de cambiar el sistema para que seconcrete el efectivo reconocimiento, protección y tutela de los derechosconstitucionales.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN DEJUSTICIA1.- INDEPENDIENTE: La segunda parte del artículo 228 de la Constitución Política deColombia nos dice que las decisiones de la administración de justicia sonindependientes. Esto significa que las determinaciones de los jueces son autónomas yque nadie podrá influenciar sobre ellas. Sobre ésta independencia y autonomía hacemención también la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en su artículo 5°.2.- PÚBLICO: Las actuaciones deben ser conocidas por todos y se debe excluir todomecanismo o ejercicio clandestino. 12
  13. 13. EL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: UN DERECHO HUMANO ESENCIAL3.- PERMANENTE: Las actuaciones de la administración de justicia son desarrolladaspor organismos y corporaciones con estructura y funcionamiento estable y profesional.4.- DESCONCENTRADO Y AUTÓNOMO: Al ser la administración de justicia unafunción estatal, se ejerce por sí misma en nombre de la República y por autoridad de laley a través de los distintos despachos judiciales del país distribuidos en el territorionacional, teniendo en cuenta factores materiales como: a) La sección territorial donde estén ubicados, b) La cuantía de los asuntos que atienda, c) La calidad de las personas que deban ser juzgados por ellos d) La naturaleza misma de algunos asuntos especiales.5.- PREVALESCENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL: La norma constitucionalconsagra que en la administración de justicia, prevalezca el Derecho Sustancial (DerechoMaterial) sobre el Derecho Formal (Derecho Procesal), porque el Derecho Formal es uninstrumento que regula la forma de la actividad jurisdiccional que permite aplicar elDerecho Sustancial, el cual regula el contenido, la sustancia, la materia de la actividadjurisdiccional, que es en sí, la finalidad de la función jurisdiccional. Sin embargo, elDerecho Procesal evita arbitrariedades y es la mejor garantía para el cumplimiento deigualdad.PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DE LAADMINISTRACIÓN DE JUSTICIAPara preveer esos comunes obstáculos que frustran el proceso, en el título 1 de la LeyEstatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996), los primeros nueveartículos hacen referencia a nueve principios de la Administración de Justicia. Dos de losnueve principios están consagrados en la Constitución Política de Colombia y los sieterestantes gozan del respaldo implícito en la Carta Magna.1.- PRINCIPIO SOBRE EL CARÁCTER Y FINALIDAD ÚLTIMA DE LAADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: Este principio fue declarado exequible por la Corte 13
  14. 14. EL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: UN DERECHO HUMANO ESENCIALConstitucional por considerar que interpreta apropiadamente los postulados contenidos,entre otros, en el preámbulo y en los artículos 1°, 2° y 228 constitucionales.El artículo 228 de la Constitución Nacional y el artículo 10 de la Ley Estatutariadeterminan que el carácter de la Administración de Justicia es una “función pública” quecumple el Estado para hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertadesconsagradas en la Constitución y en la ley, con el fin de lograr la convivencia social ymantener la concordia nacional.Esto indica que la Administración de Justicia, en su integridad estructural, funcional yhumana (corporaciones, procedimientos y jueces), deberá tener en cuenta que toda suactividad (autos, resoluciones y sentencias) no puede estar dirigida a cosa diferente queno sea la de lograr la concreción de lo que dicta la Constitución y la ley.El Código de Procedimiento Civil, en su artículo 304° determina la estructura formal delos autos y sentencias: “La parte resolutiva se proferirá bajo la fórmula "administrandojusticia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley"; deberácontener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda, lasexcepciones, cuando proceda resolver sobre ellas, las costas y perjuicios a cargo de laspartes y sus apoderados, y demás asuntos que corresponda decidir, con arreglo a lodispuesto en este código”.2.- PRINCIPIO DE ACCESO A LA JUSTICIA: En el Título VI, Capítulo 3 de laConstitución Política de Colombia que hace referencia a las leyes, el artículo 152 literal“b” ordena al Congreso de la República que mediante las leyes estatutarias regule, entreotras materias, la Administración de justicia. Es así como se crea la Ley 270 del 7 demarzo de 1996 o “Ley Estatutaria de la Administración de Justicia”, en cuyo TítuloPrimero que trata los Principios de la Administración de Justicia; el artículo 1° define laadministración de justicia como:“La administración de justicia es la parte de la función pública que cumple el Estadoencargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos,obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar laconvivencia social y lograr y mantener la concordia nacional”. 14
  15. 15. EL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: UN DERECHO HUMANO ESENCIALVemos entonces, que la administración de justicia en Colombia es una función pública,que debe ser suministrada por el Estado de manera eficiente, oportuna, permanente,autónoma, independiente y desconcentrada; y garantizando el libre acceso a todas laspersonas sin distinción de sexo, raza, ideología política o religión.El artículo 2° de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia enuncia el libreacceso a la justicia: “El Estado garantiza el acceso de todos los asociados a laadministración de justicia. Será de su cargo el amparo de pobreza y el servicio dedefensoría pública. En cada municipio habrá como mínimo un defensor público”.En la primera parte del artículo 2° de la Ley 270 dice que el Estado garantiza el acceso detodos los asociados a la administración de justicia. Es decir, que todas las personas, sindistinción alguna, pueden acceder libremente a la administración de justicia, la cualgarantizará el estricto cumplimiento de los procedimientos y principios previstos en laley, para que puedan alcanzar la justicia. Este derecho lleva implícito entonces el tambiénderecho fundamental del "debido proceso”, consagrado en el artículo 29 de laConstitución Nacional.En la segunda parte de la norma, se le impone al Estado asumir dos mecanismos ofiguras importantes que propenden a lograr el Acceso a la Justicia: a) Amparo de Pobreza: Consagrado en el Código de Procedimiento Civil en los artículos 160 y siguientes, y dirigido a aquellas personas que no están en capacidad de solventar los gastos inherentes a un proceso. b) Defensoría del Pueblo: Se institucionalizó en los artículos 281 y siguientes de la Constitución de 1991. La Defensoría del Pueblo hace parte del Ministerio Público y su dirección recae sobre el Procurador General de la Nación, quien debe velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. La Defensoría Pública atiende los casos de las personas que acreditan imposibilidad económica o social de proveer por sí mismas la defensa de sus derechos, o para asumir su representación judicial o extrajudicial, en los términos y bajo las condiciones que reglamente el defensor del pueblo. 15
  16. 16. EL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: UN DERECHO HUMANO ESENCIALEl Código de Procedimiento Civil, en su artículo 7° determina quiénes administranjusticia en la Rama Civil: “Quiénes ejercen la administración de justicia en el ramo civil.La administración de justicia en el ramo civil, se ejerce permanentemente por la Sala deCasación Civil de la Corte Suprema de Justicia, las salas civiles de los tribunales superioresde distrito judicial, los jueces de circuito, municipales, territoriales y de menores”.El Código de Procedimiento Civil, en su artículo 8° determina la naturaleza de los cargosde los auxiliares de la justicia: “…Los cargos de auxiliares de la justicia son oficiospúblicos que deben ser desempeñados por personas idóneas, de conducta intachable,excelente reputación e incuestionable imparcialidad. Para cada oficio se exigiránversación y experiencia en la respectiva materia y, cuando fuere el caso, títuloprofesional legalmente expedido. Los honorarios respectivos constituyen una equitativaretribución del servicio, y no podrán gravar en exceso a quienes solicitan que se lesdispense justicia por parte del poder público”.3.- EL PRINCIPIO DEL DERECHO DE DEFENSA: El artículo 3° de la Ley 270 de 1996consagra el “derecho de defensa” como una garantía legal aplicable sin excepción algunaa toda clase de actuación judicial o administrativa de conformidad con la Constitución,los tratados internacionales vigentes ratificados por Colombia y la ley.Esta norma es coherente con el principio del derecho a acceder a la justicia, porqueresultaría antinomia poder acceder a la justicia si esa justicia no es equilibrada y si nopermitiese el derecho a la defensa. Además, está cobijada en el aparte del artículo 29constitucional que hace referencia al principio fundamental del debido proceso, cuandodeclara: “quien sea sindicado tiene derecho a la defensa”, derecho que la Carta Magnacomplementa con “la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante lainvestigación y el juzgamiento”, y con el enunciado posterior de un debido procesopúblico sin dilaciones injustificadas, el derecho a presentar pruebas y a controvertir lasque se alleguen en su contra, a impugnar la sentencia y a que no se le juzgue dos vecespor el mismo hecho.La defensa, como acción de ampararse o protegerse cuando se es atacado, sindicado oimputado en cualquier proceso de carácter judicial o administrativo representa elderecho a analizar, desentrañar, controvertir, refutar técnica, jurídica y probatoriamentelas acusaciones. Lleva intrínseco el derecho a la libertad, a la seguridad y el de petición. 16
  17. 17. EL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: UN DERECHO HUMANO ESENCIALEn la segunda parte, la norma contempla los casos donde la persona no tenga recursoseconómicos suficientes para afrontar su defensa. Para ello autoriza el ejercicio de ladefensa por parte de estudiantes de consultorios jurídicos de universidades debidamentereconocidas por el Estado siempre que, la universidad certifique la idoneidad delestudiante. Esto está en plena concordancia con lo previsto en el numeral 4° del artículo282 de la Constitución Nacional sobre la defensoría pública (defensor del pueblo).La Sentencia C-071 de 1995 de la Corte Constitucional declaró exequible que losabogados de oficio que se le asignen a un sindicado, deben escogerse de la lista de losdefensores públicos que posea la Defensoría Pública, ya sea de su planta de personal ocontratados y que sólo de manera excepcional se podrán nombrar abogados que noestén en esa lista. Esto nos indica que la designación de estudiantes de consultoriosjurídicos es remota, ya que solamente ocurre por razones geográficas, económicas ysociales, donde es imposible garantizar la defensa pública y la oficiosa por parte de unabogado.4.- EL PRINCIPIO DE LA CELERIDAD: Este principio hace referencia a los “términosprocesales”, es decir, a los plazos legales señalados en los procedimientos. Cada etapa delproceso tiene el carácter de perentorio y es de estricto cumplimiento, por lo que nopueden dejar de cumplirse so pena de sanción disciplinaria por mala conducta. Seidentifica con los conceptos de “prontitud” y “cumplimiento”, y está consagrado en: a) Artículo 4° de la Ley Estatutaria de la Justicia. b) Artículo 209 del capítulo de la Función Pública de la Constitución c) Artículo 3° del Código Administrativo sobre actuaciones administrativas.Está en plena concordancia con el artículo 228 de la Constitución Nacional cuandoordena observar los “términos procesales” con diligencia, y que su incumplimiento seasancionado. La Corte Constitucional lo ha definido como: “derecho fundamental de laspersonas a tener un proceso ágil y sin retrasos indebidos”, y lo ha calificado comointegrante del “derecho del debido proceso” (artículo 29 C.N.) y del acceso a la justicia(artículo 229 C.N.). 17
  18. 18. EL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: UN DERECHO HUMANO ESENCIAL5.- PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DE LA RAMA JUDICIAL:El artículo 5° del Estatuto de la Justicia dice que la Rama Judicial es independiente yautónoma en el ejercicio de sus funciones. Como corporación u organismo estatal nodepende de ninguna otra, y en cuanto a su función de administrar justicia, tiene lacapacidad legal de “sostener derechos y opiniones sin que la doblen respetos, halagos oamenazas”. Es coherente entonces a lo que dicta la primera y última parte del artículo228 de la Carta Magna sobre la independencia de la administración de justicia y sufuncionamiento autónomo, y que también confirma después en su artículo 230, aldeclarar que los jueces sólo están sometidos al imperio de la ley.La Corte Constitucional en su sentencia C-037 de 1996 declaró exequible el primerinciso de este artículo, pero en cuanto al segundo inciso hizo advertencias en relación aque ningún superior jerárquico en el orden administrativo o jurisdiccional podríaimponerle “criterios” a sus subalternos para decidir las providencias; pues esta parte de lanorma debía entenderse “sin perjuicio del carácter vinculante que pueda tener endeterminados casos la doctrina de la Corte Constitucional” haciendo referencia alprecedente judicial. En la misma sentencia valida este principio, pese a que en el legítimoejercicio de funciones constitucionales o legales, otras autoridades judiciales de otrasramas del poder público participan en la designación de algunos funcionarios judiciales.6.- PRINCIPIO DE LA GRATUIDAD: Este principio está consagrado en el artículo 6° dela Ley Estatutaria de la Justicia cuando declara que la administración de justicia serágratuita y que su funcionamiento estará a cargo del Estado, sin perjuicio, obviamente,de las expensas, agencias en derecho y costos judiciales y significa: a) La administración de justicia no es onerosa, ya que el Estado no cobra para prestarla. b) Los costos de organización y funcionamiento del aparato de justicia los asume exclusivamente el Estado.Esto no contempla los gastos que las partes o terceros deban hacer en el curso de unproceso para obtener los resultados pretendidos, tales como honorarios de abogado,costos de peritazgos, fotocopias documentales, diligencias, transportes, envío dedocumentos, remuneración a auxiliares, remisión de expedientes, etc. Y además los 18
  19. 19. EL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: UN DERECHO HUMANO ESENCIALdeterminados en el artículo 1° del Código de Procedimiento Civil: “El servicio de lajusticia civil que presta el Estado es gratuito, con excepción del impuesto de timbre ypapel sellado y de las expensas señaladas en el arancel judicial para determinados actos desecretaría”.7.- PRINCIPIO DE LA EFICIENCIA: La Eficiencia es la virtud o condición cuidadosa,activa y exacta de actuar en aras de producir siempre los resultados esperados, estáconsagrada como principio legal de la administración de justicia en el artículo 7° de laLey 270 de 1996.La Corte Constitucional extiende la interpretación de esta norma más allá de ladiligencia con la que los jueces deben atender sus obligaciones, entendiendo que ésteprincipio le impone al juez dictar sus fallos con el mayor sentido de justicia, seriedad yjuridicidad, es decir, con excelencia; porque el juez que se limita a cumplir con diligencialos términos procesales sin interesarse por exponer los razonamientos de sus decisionesen forma clara y profunda, viola la Constitución cuando exige, como resultado últimode la actividad judicial, la consecución de un Estado Social de derecho.8.- PRINCIPIO DE LA ALTERNATIVIDAD: La Constitución de Colombia garantiza elacceso a la justicia por medio de la diversificación o alternatividad en la administraciónde la misma, para lo cual ha creado, aliado de la justicia institucionalizada, una justiciaespecial. Tal es el caso de los jueces indígenas, los jueces de paz, los conciliadores,amigables componedores y árbitros e incluso el mismo Congreso puede ejercerdeterminadas funciones judiciales.El principio de la alternatividad está descrito en el artículo 8° de la Ley 270 de 1996como la potestad de la ley de establecer mecanismos diferentes al proceso judicial parasolucionar los conflictos que se presenten entre los asociados, fundamentado en elartículo 116 de la Carta Magna de 1991.La Corte Constitucional ha avalado plenamente esta justicia alternativa, denominadatambién como Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos, al considerar que nosólo se adecúa a los postulados constitucionales sobre la justicia en general, sino que seconstituye en un instrumento trascendental para la descongestión de los despachos 19
  20. 20. EL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: UN DERECHO HUMANO ESENCIALjudiciales, y se logra cumplir con los deberes fundamentales de que tratan los numerales5 y 6 del artículo 95 Superior.9.- PRINCIPIO DEL RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS INTERVINIENTESPROCESALES: El artículo 9° de la Ley Estatutaria de la Justicia define los deberes de losfuncionarios judiciales en relación con los derechos de las personas que intervienen en elproceso. Entre ellos están las precisas expresiones de respetar (tener el miramiento y laconsideración necesaria por tales derechos), garantizar (afianzar y asegurar sucumplimiento) y velar por su salvaguarda (cuidados solícitamente).Se trata de un deber estricto y regulado que no se cumple solamente con “no violados”,sino que se extiende a una exacta consideración de un solícito cuidado y unapermanente seguridad y protección. Para ello se requieren funcionarios con unaformación jurídica y humanista suficiente para entender con grandeza los derechosfundamentales del debido proceso; un juez estricto que logre impedir los ataques y unjuez acucioso y disciplinado para velar incansablemente para que sea así en todos losprocesos, sean cuales fueren las partes y los intereses que estén en debate.NORMATIVIDAD VIGENTE*Constitución Política de Colombia*Ley 1285 de 2009*Decreto 1716 de 2009*Decreto Reglamentario 1216 del 2009*Ley 1437 de 2011 artículo 161 (Requisitos de la demanda) y 169 (Rechazo de lademanda) 20

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