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Polo, Andrés Velázquez. Suscripciones: Cristina Sandoval Tel. 5636-2080 y 01 800 202 49 98. Ulisesde León.ATENCIÓN A SUSCR...
6 1910 / 9 DE JUNIO DE 2013“Desde 2010se los dijimos”Rodríguez Almeida, Mancera y Ríos Garza
1910 / 9 DE JUNIO DE 2013 7LA CAPITALPATRICIA DÁVILADesde septiembre de 2010,decenas de jóvenes comen-zaron a frecuentar b...
8 1910 / 9 DE JUNIO DE 2013OctavioGómezMARCELA TURATIPasadas las cinco de la mañana,adentro del bar Virtual de la colonia1...
1910 / 9 DE JUNIO DE 2013 9LA CAPITALno nos han dado ninguna información: Ca-pea no sirve para nada. Esos nomás die-ron pu...
10 1910 / 9 DE JUNIO DE 2013presentó denuncias ante funcionarios delgobierno capitalino como José Ávila, JesúsRodríguez Al...
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“Por el desaseo y la fabricación deculpables, el caso de ‘los 21 deTecate’ constituye un caso para-digmático de la actuaci...
ría Geotulio César Román Zúñiga y JuanRamírez Sánchez –sobrino del entoncesalcalde Gregorio Sánchez, Greg–, la PGRpuso en ...
riguaciones previas a los secretarios y lafalta de conocimiento directo de los casospor parte de los jueces.“Se imponían s...
de la impunidadEl turbio caso del incendio en la guardería ABC de Her-mosillo,Sonora,esemblemáticodelaimpunidadqueim-pera ...
que fue “ordenado y dirigido” por Juan Car-los Lam Félix,quien se desempeñaba comosecretario técnico del poder ejecutivo l...
sa. Al negarse éstos, mandó a su jefe deComunicación a presionarlos y el 9 de ju-nio tuvieron que dar dicha conferenciaaco...
de culpablesPoco a poco se desvanecen las “pruebas” con quecontaba la PGR para mantener en la cárcel a milita-res de alto ...
RODRIGO VERALa tarde del 17 de mayo de 2012, elgeneral Ricardo Escorcia Vargasestaba detenido en las oficinas dela Subproc...
na Muñoz, a la sazón subjefe del EstadoMayor de esa zona militar, y por lo tantosubalterno de Escorcia.Sin embargo, en su ...
dos –que bajo tortura atestiguaron en sucontra– que había una orden de aprehen-sión... por el fusil “perdido”. Los trasla-...
ral Tomás Ángeles Dauahare, con el mayorIván Reyna Muñoz o con algún otro miem-bro del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea yAr...
26 1910 / 9 DE JUNIO DE 2013ANABEL HERNÁNDEZEl calor de abril invade el am-biente del inmenso jardín de laresidencia marca...
Proceso 1910, 9 junio 2013
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Proceso, Revista del 9 de junio, El verdadero DF, Los abusos del sexenio anterior impunes

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Proceso 1910, 9 junio 2013

  1. 1. ÍndiceCISA / Comunicación e Información, SA de CVCONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Presidente, Julio Scherer García; Vicepresidente, Vicente Leñero;Tesorero, Enrique MazaDIRECTOR: Rafael Rodríguez CastañedaSUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN: Salvador CorroSUBDIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN: María Scherer IbarraSUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN: Humberto HerreroSUBDIRECTOR DE FINANZAS: Alejandro RiveraASISTENTE DE LA DIRECCIÓN: María de los Ángeles Morales; ayudante, Luis Ángel CruzASISTENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN: Graciela ZepedaCOORDINADORA DE FINANZAS DE REDACCIÓN: Beatriz GonzálezEDICIÓN Y CORRECCIÓN: Alejandro Pérez, coordinador; Cuauhtémoc Arista, Tomás Domínguez,Sergio Loya, Enrique de Jesús Martínez, Hugo MartínezREPORTEROS: Carlos Acosta, Jorge Carrasco, Jesusa Cervantes, Patricia Dávila, Gloria Leticia Díaz,Álvaro Delgado, José Gil Olmos, Santiago Igartúa, Arturo Rodríguez, Marcela Turati, Rodrigo Vera,Rosalia Vergara, Jenaro VillamilCORRESPONSALES: Campeche, Rosa Santana; Colima: Pedro Zamora; Chiapas, Isaín Mandujano;Guanajuato: Verónica Espinosa; Guerrero, Ezequiel Flores Contreras; Jalisco, Felipe Cobián;Michoacán, Francisco Castellanos; Nuevo León, Luciano Campos; Oaxaca, Pedro Matías; Tabasco,Armando Guzmán; Tamaulipas, Ma. Gabriela HernándezINTERNACIONAL: Homero Campa, coordinador; Corresponsales: Madrid: Alejandro Gutiérrez;París: Anne Marie Mergier; Washington: J. Jesús EsquivelCULTURA: Armando Ponce, editor; Judith Amador Tello, Javier Betancourt, Blanca González Rosas,Estela Leñero Franco, Isabel Leñero, Rosario Manzanos, Samuel Máynez Champion, Jorge MunguíaEspitia, José Emilio Pacheco, Alberto Paredes, Niza Rivera Medina, Raquel Tibol, Florence Toussaint,Rafael Vargas, Columba Vértiz de la Fuente; cultura@proceso.com.mxESPECTÁCULOS: Roberto Ponce, coordinador. espectaculos@proceso.com.mxDEPORTES: Raúl Ochoa, Beatriz PereyraFOTOGRAFÍA: Marco Antonio Cruz, Coordinador; Fotógrafos: Germán Canseco, Miguel Dimayuga,Benjamín Flores, Octavio Gómez, Eduardo Miranda; ; asistente, Aurora Trejo; auxiliar, Violeta MeloAUXILIAR DE REDACCIÓN: Ángel SánchezAYUDANTE DE REDACCIÓN: Damián VegaANÁLISIS: Colaboradores: John Ackerman, Ariel Dorfman, Sabina Berman, Jesús Cantú, DeniseDresser, Marta Lamas, Rafael Segovia, Javier Sicilia, Enrique Semo, Ernesto Villanueva, Jorge Volpi;cartonistas: Gallut, Helguera, Hernández, Naranjo, RochaCENTRO DE DOCUMENTACIÓN: Rogelio Flores, coordinador; Juan Carlos Baltazar, Lidia García,Leoncio RosalesCORRECCIÓN TIPOGRÁFICA: Jorge González Ramírez, coordinador; Serafín Díaz, Sergio DanielGonzález, Patricia PosadasDISEÑO: Alejandro Valdés Kuri, coordinador; Fernando Cisneros Larios, Antonio Fouilloux Dávila,Manuel Fouilloux Anaya y Juan Ricardo Robles de HaroCOMERCIALIZACIÓNPUBLICIDAD: Ana María Cortés, administradora de ventas; Eva Ángeles, Rubén Báez ejecutivos decuenta. Tel. 5636-2077 / 2091 / 2062VENTAS y MERCADOTECNIA: Margarita Carreón, gerente Tel. 56 36 20 63. Lucero García, NormaVelázquez. Circulación: Mauricio Ramírez, Gisela Mares. Tel. 5636-2064. Pascual Acuña, Fernandosemanario de información y análisisNo. 1910 • 9 de junio de 2013LA CAPITAL6 “Desde 2010 se los dijimos” /Patricia DávilaJUSTICIA12 La torcida justicia de la PGR /Patricia Dávila17 ABC: Emblema de la impunidad/José Gil Olmos20 Fábrica de culpables /Rodrigo VeraCORRUPCIÓN26 El polícia que se hizo millonario al amparode García Luna /Anabel HernándezPOLÍTICA32 El Pacto por México “tendrá que negociar”con el Legislativo /Jenaro VillamilESTADOS / NUEVO LEÓN36 Primera advertencia: Linchamiento en Monterrey/Luciano Campos GarzaANÁLISIS40 La vida de Beatriz /Marta Lamas41 La visita del dragón /Naranjo42 Primer semestre /Héctor Tajonar44 STC Metro: corrupción e impunidad/Ernesto VillanuevaINTERNACIONAL46 TURQUÍA: La democracia del gas lacrimógeno/Témoris Grecko50 IRÁN: El reto de los ayatolas/Témoris Grecko54 HONDURAS: Tregua incierta/Juan Carlos Ferra GarcíaPortada:Octavio Gómez17 36
  2. 2. Polo, Andrés Velázquez. Suscripciones: Cristina Sandoval Tel. 5636-2080 y 01 800 202 49 98. Ulisesde León.ATENCIÓN A SUSCRIPTORES (Reparto): Lenin Reyes Tel. 5636-2065. Jonathan García.ADMINISTRACIÓN. RECURSOS HUMANOS: Luz María Pineda, coordinadoraTECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN: Fernando Rodríguez, jefe; Marlon Mejía, subjefe; Eduardo Alfaro,Betzabé Estrada, Javier VenegasALMACÉN y PROVEEDURÍA: Mercedes Guerra, coordinadora; Rogelio ValdiviaMANTENIMIENTO: Miguel Olvera, Victor RamírezFINANZAS. CONTABILIDAD: María Concepción Alvarado, Rosa Ma. García, Edgar Hernández, RaquelTrejo TapiaCOBRANZAS: Sandra Changpo, jefa; Raúl CruzOFICINASGENERALES:Redacción:Fresas13;Administración:Fresas7,Col.delValle,03100México,DFCONMUTADOR GENERAL: Karina Ureña; Flor Hernández; 5636-2000FAX: 5636-2019, Dirección; 5636-2055, Subdirección de Información; 5636-2086, 5636-2028, Redacción.AÑO 36, No. 1910, 9 DE JUNIO DE 2013IMPRESIÓN: Quad Graphics. Democracias No.116, Col. San Miguel Amantla, Azcapotzalco, C.P. 02700.México, DFDISTRIBUCIÓN: Voceadores DF y Zona Metropolitana: Comunicación Telefónica en Línea, SA de CV. Tel.5535-0732. Voceadores Puebla, Pue.: Jorge López Morán; Tel. 467-4880. Resto de la República y LocalesCerrados: Publicaciones Citem, SA de CV. Tel. 5366-0000.EDITOR EN JEFE: Raúl Monge; Editores: Miguel Ángel Vázquez, Concepción Villaverde, Mária LuisaVivas; asistente: María Elena Ahedo; Tels.: 5636-2087, Fax: 5636-2006EDITOR: Marco Antonio Cruz; Dirección: www.procesofoto.com.mxCorreo electrónico:rednacional@procesofoto.com.mx; Ventas y contrataciones: 5636-2016 y 56362017EDITOR: Alejandro Caballero; Correo electrónico: acaballero@proceso.com.mx; Armando Gutiérrez,Juan Pablo Proal y Alejandro Saldívar, coeditores; Tel. 5636-2010RESPONSABLE TECNOLÓGICO: Ernesto García Parra; Saúl Díaz Valadéz, desarrollador,Tel. 5636-2106COORDINADOR: Alejandro Caballero; procesoradio@proceso.com.mx; Tel. 5636-2010Certificado de licitud de título No. 1885 y licitud de contenido No. 1132, expedidos por la ComisiónCalificadora de Publicaciones de Revistas Ilustradas el 8 de septiembre de 1976. Proceso es unaReserva para uso exclusivo otorgada por la Dirección de Reservas del Instituto Nacional del Derecho deAutor en favor de Comunicación e Información, S.A. de C.V., bajo el Número 04-2000-112911074700-102.Registro del S.P.M. CR-DFJ-003-99 / Número ISSN: 1665-9309Circulación certificada por el Instituto Verificador de MediosRegistro No. 105 / 21Suscripciones DF y zona Metropolitana: Un año, $1,490.00, 6 meses, $850.00; Guadalajara, Monterreyy Puebla: Un año, $1,600.00, 6 meses, $880.00. Ejemplares atrasados: $45.00. Servicios informativos yfotográficos: AP, Notimex, Reuters.Prohibida la reproducción parcial o total de cualquier capítulo, fotografía o información publicados sin autoriza-ción expresa de Comunicación e Información, S.A. de C.V., titular de todos los derechos.agencia proceso de informaciónagencia de fotografíaSiguenos en: @revistaproceso facebook.com/revistaprocesoOBITUARIO56 Arnoldo Martínez Verdugo y el poder(Segunda y última parte) /Enrique SemoCULTURA58 Vicente Leñero, un autor solitario/José Emilio Pacheco61 El Premio Biblioteca Breve, a 50 años/Rafael Vargas64 “Soy artesano, ¿y?” /Rafael Rodríguez Castañeda66 Páginas de críticaArte: Un plan B para La Esmeralda/Blanca González RosasMúsica: La médium /Raúl DíazTeatro: 7 dedos de la mano en el Plaza/Estela Leñero FrancoCine: El Gran Gatsby /Javier BetancourtTelevisión: Apagón analógico/Florence ToussaintESPECTÁCULOS70 Las amenazas al documentalista de ABCnunca más /Columba Vértiz de la FuenteDEPORTES / FUTBOL72 Liga MX: La compraventa de plazas/Raúl Ochoa y Beatriz Pereyra77 Atropello a la afición michoacana/Francisco Castellanos J.80 Palabra de Lector82 Mono Sapiens /Pitorréate más/Helguera y Hernández465877
  3. 3. 6 1910 / 9 DE JUNIO DE 2013“Desde 2010se los dijimos”Rodríguez Almeida, Mancera y Ríos Garza
  4. 4. 1910 / 9 DE JUNIO DE 2013 7LA CAPITALPATRICIA DÁVILADesde septiembre de 2010,decenas de jóvenes comen-zaron a frecuentar baresy centros de espectáculosde la Zona Rosa y la Con-desa. Iban en grupos de20 o 30. Desde el principioadvirtieron a los gerentes de los estable-cimientos que estaban ahí para venderestupefacientes; les dijeron que si no lespermitían el acceso los matarían. Antelas amenazas, terminaron por abrirleslas puertas de sus negocios.Además de violentos, los adolescen-tes portaban armas largas. Solían arribara la zona en automóviles viejos, no en ca-mionetas.Y así, de repente, se adueñarondel entorno, según relata Ismael RiveraCruces, presidente de la Asociación Na-cional de la Industria de Discotecas, Ba-res y Centros de Espectáculos (Anidice).“Atemorizados, acudimos a solicitarayuda de las autoridades del gobiernodel Distrito Federal. Nos entrevistamoscon José Ávila, entonces secretario ge-neral de Gobierno –hoy es diputadolocal por el PRD– y Héctor Serrano, susucesor.“También lo hicimos con el actualtitular de Seguridad Pública, Jesús Ro-dríguez Almeida, quien se desempeñabacomo subprocurador de la PGJDF (Procu-raduría General de Justicia del DistritoFederal) y después encargado del despa-cho del titular de esta dependencia”.Rivera Cruz afirma que él y sus com-pañeros se reunieron con Rodolfo RíosGarza, quien por esas fechas era secre-tario particular del procurador (hoy es eltitular de la PGJDF), así como con ManuelMondragón y Kalb, quien se desempeña-ba como titular de la Secretaría de Segu-ridad Pública capitalina (actualmente esel Comisionado de la Policía Federal).Esos son los antecedentes de la vio-lencia de alto impacto que se ha exacer-bado en las últimas semanas en zonas dela Ciudad de México, incluido el barrio deTepito, considerada hoy como una zonageneradora de crímenes similares a loscometidos por las organizaciones delin-cuenciales de 2008 a la fecha.Esa violencia contradice al jefe de Go-bierno capitalino, Miguel Ángel Mancera,quien insiste en que no existen cártelesde la droga en la Ciudad de México; in-cluso considera que la muerte de HoracioVite Ángel en las inmediaciones del barBlack el pasado 24 de mayo, así como ladesaparición de 12 jóvenes tepiteñosocurrida dos días después en el Heaven,propiedad del empresario Ernesto Espi-noza Lobo, son atípicos (Proceso1909).La noche del jueves 6, un par de ho-ras después de que un comando armadoingresara al gimnasio Body Extreme –enla calle Panaderos 43, colonia Morelos,colindante con Tepito– a ejecutar a cua-tro hombres y pese a que aún no inicia-ba la investigación, Mancera se apresuróa decir que ese atentado no tenía rela-ción con el del Heaven, pues se trató deuna venganza directa.También omitió hablar sobre AntonioOrtega Márquez, quien desapareció de esemismo bar en 2011. El martes 4, su her-mano Pablo Antonio Ortega presentó unescrito de inconformidad ante la agentedel Ministerio Público Reyna Lozada Ber-nal, porque, arguyó, la Fiscalía a Especialde Investigación para Secuestros regresóel expediente DGAVD/CAPE/1012/11-08 alCentro de Atención a Personas Extravia-das y Ausentes (CAPEA).ElDistritoFederalmuestrahoysuverdaderorostro:eldeladelincuenciaorganizada que las autoridades locales se empeñan en negar. IsmaelRivera Cruces, presidente de la Asociación Nacional de la Industria deDiscotecas, Bares y Centros de Espectáculos (Anidice), sostiene quedesde2010lecomunicaronalgobiernocapitalinoacercadelairrupcióndejóvenesenbaresycentrosnocturnosdelaZonaRosayotrascoloniasque encararon a los propietarios de los establecimientos y les dijeronqueibanavenderdroga.Perolasautoridadesnotomaronelguante.Hoy,anteladesaparicióndelos12jóvenesenelbarHeaven,nohaydudadeque el crimen organizado está en nuestra ciudad,secunda el dirigentedelaCoparmexenelDistritoFederal,FernandoÓscarGarcíaChávez.
  5. 5. 8 1910 / 9 DE JUNIO DE 2013OctavioGómezMARCELA TURATIPasadas las cinco de la mañana,adentro del bar Virtual de la colonia18 de Marzo, en el Distrito Federal,el pasado 21 de abril, fueron vistospor última vez cinco jóvenes defeños quepermanecen desaparecidos. Ellos son:Rodrigo González Villegas, de 16 años;Jorge Daniel Casasola López, de 19; Jona-tan Barrios Ferreira, de 22, y los estilistasLuis Orlando Flores García, de 20 años, yJonatan Astivia Velázquez, de 27.“Parece que las autoridades quie-ren que cerremos la calle para que inves-tiguen, y como las familias (de los desa-parecidos) de Tepito eso vamos a hacer,aunque ellos nos dijeron que no hagamosescándalo, pero vemos que no investigannada”, anunció la señora Guadalupe Ve-lázquez, madre del adolescente desapare-cido, entrevistada el pasado viernes 7 trassalir del Reclusorio Oriente, a donde fue conotros familiares a preguntar por los jóvenes.Las familias se conocieron buscando.Han ido a agencias del Ministerio Público, alanfiteatro, al Centro de Atención a PersonasExtraviadas y Ausentes (Capea) de la pro-curaduría capitalina y a la recién estrenadaUnidad Especial de Búsqueda de PersonasDesaparecidas de la PGR.“El bar se cerró desde la desaparición, se-gún dijeron que por remodelación, y por lógicaen ese tiempo han de haber sacado escom-bros y cosas de ahí. No sabemos si a ellos lossacaron de ahí, no hay cámaras, nadie vio na-da, sólo un testigo que vio a los cinco y que di-jo que cuando salió del baño se extrañó por-que ya no estaban y los había visto 10 minutosantes. Pero del Capea nunca abrieron cáma-ras, así que no sabemos qué pasó”, dijo el co-merciante Jorge Casasola, padre de JorgeDaniel, quien lo ayudaba en el negocio.Las familias no pudieron entrar al bar dela delegación Gustavo A. Madero, ubicadofrente a la estación de metrobús 18 de Mar-zo, porque cuando se fueron encontrandoy fueron hilando piezas decidieron visitar elbar, pero lo encontraron cerrado.Las familias no dejan de hacer paralelis-mos con el caso de los 12 jóvenes desapa-recidos en Tepito.“El testigo no sabe si salieron del bar, sise los llevaron, si se fueron a otro lado, y loraro es que a los ocho días cierran el bar pa-ra remodelación. Pero ya llevamos 45 días yDesaparicionessilenciosasLas contradiccionesEl cúmulo de declaraciones apresuradas ycontradictorias de Mancera y del procura-dor Ríos Garza abonan más incertidumbrea las familias de los jóvenes desaparecidos,afirma Eugenia Ponce, tía de Jerzy, hijo deJorge Ortiz Reyes, El Tanque, condenadoen 2004 a 23 años en prisión por liderar labanda de narcomenudistas de Tepito.“El procurador es contradictorio, enreunión sostenida la tarde del martes 4nos mostró un video en el que se ve unvehículo color vino y un taxi que llegan albar Heaven. La imagen muestra que sietede los jóvenes bajan del taxi e ingresan albar, sus padres los identificaron. Sin em-bargo, nunca vemos que del otro vehículobaje alguien. Por lo tanto, no hay nada quenos confirme que los otros cinco mucha-chos estuvieron ahí”, dice Eugenia Ponce.No es verdad, agrega, que les mostraronlos resultados de la práctica de diligenciascomo el análisis de 12 videograbaciones ob-tenidas, según el procurador Ríos, tanto delas cámaras de gobierno como de distintosestablecimientos y tampoco abordaron elanálisis telefónico de las llamadas que hi-cieron los desaparecidos.También hay confusión porque el 31 demayo, después de que las familias de los jó-venes tepiteños bloquearon el Eje 1-Norte,el gobierno del DF los envió a la PGR paraque solicitaran la atracción del caso: “Ahísolicitamos hablar con Jesús Murillo Ka-ram, pero nos recibió (la exdiputada perre-dista) Eliana García Laguna, coordinadorageneral de Políticas Públicas de la Sub-procuraduría de Derechos Humanos de laPGR, quien incluso se disculpó y declaróque no tenía competencia para atender elcaso”, agrega.El viernes 7, el procurador Ríos sostuvouna tercera reunión con los padres de losjóvenes. Les mostró un segundo video enel cual se observa el momento en que fue-ron subidos en varios automóviles, pero nose ve a ningún integrante del comando nia personas encapuchadas. El funcionarioafirmó que en los hechos están involucra-dos 17 personas que se ven caminandofrente al bar y a bordo de vehículos minu-tos antes de la salida de los jóvenes.Josefina García, madre de Said Sánchez–hijo de El Papis, otro de los delincuentespresos–, refuta: “Era un video borroso, conimágenes lejanas en las que se ve a hom-bres que llegan, estacionan vehículos y ca-minan por la calle; pero no se ve que subana los muchachos. No veo a mi hijo y si esta-ba ahí, quiero ver que salga. Juegan con lavida de ellos. Es una burla. No entiendo porqué lo hacen…”Otra declaración que “desvanece” laversión de Mancera, según publicó Reformael jueves 6, es la de Gabriel Carrasco, El Dia-blo, jefe de seguridad del Heaven. Él revelóque Marco Ledesma Rodríguez, El Mosquito,su hermano Dartx, así como Ernesto Lobo yel encargado del bar Heaven –conocido co-mo Polo–, le ordenaron apoyar un levantónque “se realizaría por esos días”.Rivera Cruces. Advertencias“Nos obligan a cerrar las calles”
  6. 6. 1910 / 9 DE JUNIO DE 2013 9LA CAPITALno nos han dado ninguna información: Ca-pea no sirve para nada. Esos nomás die-ron puras largas; en la PGR nos traen igualde que están investigando pero en realidadno hacen nada y estamos desesperadosporque esto todavía está fresco y no que-remos que pase más el tiempo porque va aser más difícil encontrarlos. Vamos a hacerlo mismo que lo de Tepito para que nos re-suelvan como ellos, tratamos de evitar ha-cer ruido pero nomás no nos dan respues-ta. Estamos como cuando empezamos: sinnada”, dice el hermano de Jonathan, Mi-guel Barrios.“Allá ya catearon, porque en nuestro ca-so no pudieron. Al menos allá ya catearon elbar, ya tienen tres o cuatro personas arraiga-das. Ya tienen lo de las cámaras ellos peronosotros no tenemos información; ellos yasaben del dueño del bar. Nosotros tenemos45 días y los de Tepito tienen unos 12 días yya tienen todo esto. Nos da gusto por los deTepito y no nos dan nada.”Algunos manejan un dato preocupante–no avalado por todos– pero que dicen ha-ber escuchado de gente que se les ha acer-cado. No precisan si está influido por lasnoticias que se han escuchado sobre el ca-so de los tepiteños.“Cuando se desaparecieron los cinco,de inmediato la gente dijo que era el Cár-tel de la Unión. La gente nos lo comenta-ba porque se maneja mucha droga en esebar”, indica una persona que no quiso seridentificada. “Dicen que se los llevó LaUnión, porque La Unión es la que mueve ladroga en todos los bares y podrían haber-se querido desquitar contra uno de los mu-chachos”, afirma otra.Consultado de manera extraoficial, uninvestigador de la PGR que conoce el ca-so señala que la autoridad no tiene indicioshasta este momento de que los jóvenes ha-yan sido sacados del bar o que la agrupa-ción de La Unión hubiera estado involucra-da en el delito; confirma que el Bar Virtuales un lugar donde se trafican drogas.Menciona que hay un segundo testigoal que se le pidió información; señala queAstivia Velázquez tiene antecedentes pena-les y aparentemente fue amenazado el añopasado en un bar por un adeudo, pero di-jo que aún no se establece si estos hechosestán relacionados con las desapariciones.Para las familias las investigacioneshan sido insuficientes.“Hemos ido a la Secretaría de Gober-nación con la maestra (subsecretaria) Lía Li-món, que nos dijo que ellos no se dedican abuscar personas, y como ni nos iban a ayu-dar nos retiramos. Nomás le dije: si mi hijo es-tá muerto quiero saber dónde está. Eso lo ha-go para que a los próximos muchachos quevengan no les pase lo mismo. Es doloroso yda mucha impotencia que no haga nada por-que mi hijo no es de una colonia renombradacomo Tepito ni hemos andando haciendo ar-güendes como ellos. Nunca había salido conesos muchachos; sólo estuvo en un lugarequivocado un día equivocado”, dice lloran-do la señora Velázquez, angustiada porquesu hijo estaba a punto de ser papá.“No sabemos nada nuevo”, lamenta laseñora Hilda García, quien denunció la desa-parición desde el primer momento.En diversas notas periodísticas se dacuenta de la desaparición de los jóvenespor separado, pero con los primeros datosimprecisos que tenían las familias, las cua-les no ubicaban a los demás amigos y des-conocían su presencia en el bar.Del relato que hacen las familias se esta-blece que los jóvenes Rodrigo González Vi-llegas y Jorge Daniel Casasola López, pro-venientes de Iztapalapa, conocieron porFacebook a los estilistas Luis Orlando FloresGarcía y Jonatan Astivia Velázquez, quieneslaboran en una estética de la colonia Obrera, adonde acudían a cortarse el pelo.El 20 de abril los dos jóvenes avisaronque estarían juntos. El día 21 sus madrescomenzaron a buscarlos cuando se dieroncuenta de que no habían llegado a ningunade las casas, y tiempo después, en Capea,cuando se encontraron al resto de las fami-lias, supieron que se habían reunido con losestilistas y Jonatan Barrios, amigo de estosúltimos. Los cinco fueron vistos despuésde las cinco de la mañana, y ya nadie vol-vió a verlos.“Nos están obligando a que cerremoslas calles”, fue la advertencia común.De acuerdo con el expediente DGAVD/CAPE/ T2/891/13-05, el levantón se realiza-ría cuando los jóvenes acudieran al Hea-ven. Quien iba a dar el pitazo era Polo. ElDiablo se enteró de que la acción se iba arealizar el 26 de mayo en ese bar, por loque salió del establecimiento a las ochode la mañana y regresó en el momento enque se realizaba el levantón.“Espera a Mario (Ledesma Rodríguez)para darle seguridad, el cual sale del bar yse retira del mismo con una amiga, al pare-cer española, y con Andrés Estuard HenonetGonzález, chofer de Rodríguez Ledesma y suesposa, Brenda Angélica Casas Figueroa”. Deacuerdo con El Diablo, ese día Henonet Gon-zález se quedó afuera del bar como apoyo.En sus primeras declaraciones, El Dia-blo dijo que el secuestro estaba dirigidocontra Jerzy Ortiz, hijo del Tanque.Ese día también fueron detenidos He-nonet González y Casas Figueroa. Ella de-claró que su esposo se escondió luego de ladesaparición de los jóvenes y aseguró queél estaba consciente de que en el Heavense vendían sustancias prohibidas. Al díasiguiente El Mosquino se entregó a la PGJDF.“Cuando se registran los hechos delbar Haven, ya habíamos advertido estaproblemática a las autoridades capitali-nas. Sabían que desde 2010 ciertos lugaresestaban siendo presionados por gruposdesconocidos que entraban a vender sus-tancias prohibidas en los establecimien-tos”, insiste el representante de la Anidice.Los orígenes¿En dónde empezó todo?, se le pregunta aIsmael Rivera Cruces.“En septiembre de 2010 (los distribuido-res de droga) sometieron alrededor de 150 delos 250 negocios de la Zona Rosa y La Con-desa. Llegaban a las 11 o 12 de la noche a losestablecimientos y comenzaban a operar.Demuchos lugares tuvieron que irse porque noencontraron mercado. Curiosamente se reti-raron por un tiempo y el espacio quedó tran-quilo durante 2011”, relata.Sin embargo, agrega, en noviembre de2012 regresaron más violentos, “Iban arma-dos y decían a los dueños de los negociosque si no los dejaban trabajar los matarían oquemarían el lugar.Algunos establecimien-tos incluso recibieron coronas fúnebres conel nombre del propietario; a otros llegaroncabezas de perro como advertencia”.Eso sucedió en la Zona Rosa, y colo-nias como Condesa, Roma, Acoxpan, Juá-rez y el Centro Histórico, principalmentelas ubicados en la delegación Cuauhté-moc donde se concentran mil 500 de 3 mil600 centros nocturnos del DF.Los delincuentes, describe Rivera Cru-ces,no suelen divertirse como la mayoría delos parroquianos; permanecen de pie y se li-mitan a observar. Los que se quedan afueravigilan la llegada de los clientes y observancon qué pagan, si llevan reloj. Aunque, dice,no hay un patrón de conducta especial.Insiste en que en esa época la AnidiceLa violencia se desborda
  7. 7. 10 1910 / 9 DE JUNIO DE 2013presentó denuncias ante funcionarios delgobierno capitalino como José Ávila, JesúsRodríguez Almeida, Manuel Mondragón yKalb, quien incluso “nos dijo que iban a ha-cer trabajos de inteligencia para dar con es-tos grupos”.También, dice, informaron a MarceloEbrard, aunque “no avanzamos porquellegó el cambio de gobierno. Con la nuevaadministración retomamos el punto, peroaún es tema de agenda”.Rivera Cruces asegura que hace mesy medio se volvió a abordar el tema conel secretario de gobierno, Héctor Serrano;incluso hubo una reunión con integran-tes de la Comisión Nacional de Seguridadpara hablar sobre la forma de blindar a losnegocios de las zonas conflictivas en laCiudad de México y del resto del país paraevitar la venta de sustancias prohibidas.“Cuando le preguntamos al procuradorRodolfo Ríos qué hacer, nos dijo: Denun-cien, porque si autorizan la entrada a losnarcomenudistas, automáticamente se con-vierten en cómplices y entonces nosotrosaplicaremos la Ley de Extensión de Dominio.Le dije, si… vamos a denunciar con nuestrasvidas.Esto fue dos semanas antes de que su-cediera lo del Haven”, comenta el dirigentede la Anidice.–¿Hay vigilancia?–No con la consigna de combatir la ven-ta de droga porque se acaba de instalar laFiscalía de narcomenudeo y ni la PGJDF ni laSSP estaban capacitadas para actuar.A Héc-tor Serrano le entregue el ABC de cómo re-gularizar la vida nocturna en la ciudad paratransparentarla: le propuse que en internetse verifiquen todos los documentos queavalan la existencia del establecimiento.Los fines de semana las discotecas,bares y centros nocturnos afiliados a laAnidice reciben a millón 100 mil perso-nas, en su mayoría jóvenes, afirma RiveraCruces. Es a ellos a quien los delincuentesintentan venderles psicotrópicos.–¿Se identifican con algún cártel?–No los tenemos identificados; tam-poco sabemos de dónde son.–¿Conoce a los dueños del Crystal ydel Heaven?–No,porquesonlugaresnoafiliadosyca-recen de licencia de funcionamiento y otrosrequisitos para operar legalmente; son girosnegros. En la Ciudad de México deben existirunos 300, la mayoría se concentran en la de-legación Cuauhtémoc. A ellos, se suman 20Afters –donde la gente suele terminar des-pués de la fiesta–. Son demasiados, si toma-mos en cuenta que embriagan a los jóvenescon bebidas adulteradas hasta desmayarlos.Según datos proporcionados por fun-cionarios de la demarcación, en la Zona Ro-sa hay siete Afters. Tras la desaparición delos tepiteños,cerraron sus puertas.Hoy sóloabren de día el Foster, El Suit y El Roma.–Resulta increíble que el gobierno nolos detecte...–Hay impunidad y corrupción en lasdelegaciones. Su departamento jurídicoes autónomo; y para que haya una revi-sión formal se debe aprobar una orden deverificación. El problema es que, aun sa-biendo de la existencia de los lugares queoperan de manera ilegal, el jurídico no ge-nera una orden de verificación.“Pedimos a la Secretaría de Gobierno ya la Asamblea Legislativa que se legisle paraque el Instituto de Verificación Administra-tiva (Invea) tenga todas las facultades parala emisión de licencias de funcionamiento,porque existe un vínculo histórico de co-rrupción entre las delegaciones y los estable-cimientos mercantiles, desde una tintoreríahasta giros negros”, afirma Rivera Cruces.Desde que se creó el Invea, dice, “se-guimos las verificaciones que realiza enmateria de impacto zonal en centros noc-turnos y no hemos encontrado un solocaso de corrupción. Por intereses econó-micos, las delegaciones no quieren soltarese poder. Me refiero a la Cuauhtémoc, Ál-varo Obregón,Tlalpan y Coyoacán.Cotos de poder delegacionalCuando se le piden nombres responde deinmediato: “Víctor Hugo Romo, quien fuediputado y ahora es delegado de la MiguelHidalgo; Eduardo Santillán, es titular en Ál-varo Obregón hoy es diputado; Leonel Lu-na, ex titular en esa misma demarcación,luego fue legislador y de nuevo titular enÁlvaro Obregón. Ellos legislan y acotan elpoder. No quieren soltar la parte adminis-trativa de las verificaciones al Invea.–¿Por qué no quieren?–Porque hay intereses económicos delos delegados y los diputados.–¿Se refiere a que reciben dinero porproteger esos establecimientos?–¡Claro! Si multiplicamos 15 mil pesosmensuales –que cada uno le puede dar co-mo “cuota a las delegaciones”– por 3 mil600 negocios, ese es el monto del interéseconómico que tienen; por eso no lo suel-tan. Es la única forma en que lo interpreto.–¿Qué argumentos les dieron?–El secretario de Gobierno nos dijo quehay resistencia de los delegados y que les es-tá costando mucho trabajo integrarlos. Perose tiene que hacer porque está en la ley.–¿Tienen un padrón de giros negros?–Vamos a censar nosotros –verifica-dores, vecinos y los cuerpos de seguridaddel GDF– para detectar lugares que operendespués de las cinco de la mañana. El añopasado, la exsubsecretaria de ParticipaciónCiudadana de la SSPDF (Secretaría de Se-guridad Pública del DF), Nora Frías Melgo-za, tenía uno. Nunca lo emplearon.“Si me preguntas si hay forma de re-gular la vida nocturna la respuesta es sí. Sime preguntas por qué no lo han hecho, tedigo que por falta de voluntad y por intere-ses económicos. Corrupción e impunidad.”Acerca de si las autoridades capitalinasse sienten impunes ante el narcotráfico,Rivera Cruces, entrega a Proceso una re-lación de casos y señala: Antes de que ladelincuencia organizada generara desban-dada de empresarios, quemara negocios ymatara gente, empezaron a intimidar enGuerrero, Morelos, Sonora, Tamaulipas,Monterrey, Tabasco, Quintana Roo y Playadel Carmen. No visualizaban lo que les de-cíamos como algo que realmente sucedía.–¿Lo sabían desde 2010?–Sí. Se los dijimos.Sobre este punto, Fernando Óscar Gar-cía Chávez, presidente de la ConfederaciónPatronal de la República Mexicana (Copar-mex) en la Ciudad de México, dice: “Que sedenuncie y que haya discrecionalidad porparte del gobierno. Porque con los 12 jóve-nes desaparecidos no hay duda de que elcrimen organizado está en nuestra ciudad.Las autoridades afirman que no. Pero si seregistran este tipo de situaciones, el Distri-to Federal puede convertirse en un caos”.Y remata: “Que desde este momento lasautoridades entren a investigar, a cuidar alos empleados y a los negocios… porque asíse desbordó el crimen en otras ciudades”.LA CAPITALFamiliares de los 12 jóvenes tepiteños. Reclamos
  8. 8. PATRICIA DÁVILAEl sistema de justicia penal mos-tró su peor rostro en el sexenio deFelipe Calderón Hinojosa. Aún noconcluía su administración cuan-do los casos que tanto había pre-sumido el panista comenzaron adesplomarse por falta de solidez jurídica ypor violaciones al debido proceso.En cinco años de calderonismo, la Pro-curaduría General de la República (PGR) tu-vo que desistirse en más de medio centenarde denuncias por expedientes mal integra-dos y otras anomalías, así como por el abu-so de testigos protegidos, fabricación deculpables, manipulación de casos por fun-cionarios de primer nivel y abuso de la pri-sión preventiva.La autoridad también trompicó por vio-laciones al principio de tipicidad por partedel Ministerio Público (acusaciones que noLajusticia de la PGRcorrespondían con el delito realmente in-dagado), falta del conocimiento directo delos casos por parte de los jueces, manipula-ción de los casos por parte de Genaro Gar-cía Luna, entonces titular de la Secretaríade Seguridad Pública,y de Marisela MoralesIbáñez, la última procuradora de Calderón.Acciones emblemáticas del mandata-rio panista se derrumbaron una tras otra,bien durante su sexenio, bien durante elactual. Como ejemplos están la OperaciónLimpieza; el encarcelamiento de Noé Ra-mírez Mandujano, entonces titular de laSubprocuraduría de Investigación Espe-cializada en Delincuencia Organizada (SIE-DO); la Operación Cancún; el michoacanazo;la desarticulación de la banda de secues-tradores Los Zodiacos (a la que supuesta-mente pertenecía la francesa FlorenceCassez), y los procesos contra militares dealto rango como el general Tomás Ánge-les Dauahare –detenido por sus presuntosvínculos con el cártel de los hermanos Bel-trán Leyva.Casos como el de Javier Herrera Va-lles, excoordinador de Seguridad Regio-nal de la Policía Federal; el de Griselda Ló-pez Pérez, expareja de Joaquín GuzmánLoera –líder del Cártel de Sinaloa–, y el delexalcalde tijuanense Jorge Hank Rhon evi-denciaron también las fallas sistémicasen la impartición de justicia durante el go-bierno calderonista.El 18 de abril último, el titular de la PGR,Jesús Murillo Karam,anunció una investiga-ción contra el testigo protegido Jennifer y losfuncionarios que incurrieron en la “fabrica-ción” de pruebas y “manipulación” de testi-monios utilizados en la Operación Limpiezay en el caso del general Ángeles Dauahare.torcidaDavidDeolarte/ProcesofotoDavidDeolarte/Procesofoto12 1910 / 9 DE JUNIO DE 2013
  9. 9. Durante el sexenio de Calderón las herramientas judi-cialesseusaronconfinespolíticos.Laspruebashablan:a la PGR y a la SSP se les derrumbaron casos que ha-bían presumido como triunfos de sus administraciones.Apenas parece importar: pese a las decenas de vidasarruinadas, a las flagrantes violaciones al debido proce-so y a la incompetencia decenas de veces corroborada,no hay sentenciados por el montaje de Florence Cassez,el michoacanazo o las detenciones de Noé Ramírez y To-más Ángeles,entre otros.En el mejor de los mundos,afir-man académicos, quizás en 10 años sea juzgado algúnfuncionario de alto nivel por violar el debido proceso.Por esas razones llamó la atención elnombramiento de la exprocuradora Mari-sela Morales Ibáñez como cónsul de Méxi-co en Milán, Italia, en mayo pasado.Para Javier Ulises Oliva Posada, espe-cialista en seguridad nacional y narcotrá-fico de la Universidad Nacional Autónomade México (UNAM), el sexenio calderonis-ta estuvo marcado por un “uso de recur-sos judiciales con fines políticos”. Éste, di-ce, “es un punto crítico que caracterizó aesta administración. Por eso les fue impo-sible sostener muchos casos legalmente”.Oliva también critica el “uso despropor-cionado” de los testigos protegidos: “En Mé-xico basta con la palabra incriminatoria deun narcotraficante para enjuiciar a una per-sona –dice–. Hoy, en la PGR, una llamada oun escrito anónimo tiene mayor credibili-dad. Es tal la incapacidad de investigaciónde las policías que las denuncias anónimasse convirtieron en un pilar fundamental pa-ra rescatar secuestrados, detectar casas conacopio de armas, dinero y drogas”.Las fallas en la PGR se manifestarondesde 2008, precisamente cuando el titu-lar de la PGR, Eduardo Medina Mora, detec-tó que la dependencia estaba infiltrada porlas bandas criminales. Eran los tiempos dela Operación Limpieza, programa encami-nado a combatir a los grupos del crimen or-ganizado que habían logrado meterse a lasinstituciones gubernamentales.A raíz de ello fueron detenidos 25 al-tos funcionarios, de los cuales 13 fue-ron acusados de manera formal. En 2012,ocho –los de mayor rango– ya habían re-cuperado su libertad.Uno de los acusados era Noé RamírezMandujano, el titular de la SIEDO. Él fueacusado de presuntos nexos con los BeltránLeyva, entonces aliados del Cártel de Sina-loa.Ramírez Mandujano también quedó ab-suelto de los cargos el año pasado.Ya en 2013, el juez primero de Distri-to Penal, Mauricio Fernández de la Mora,pidió incluso al procurador Murillo Karaminiciar una investigación por probablesdelitos cometidos por el Ministerio Públi-co en el proceso de recopilación de prue-bas durante la Operación Limpieza.Cadena de fracasosTras la detención de Ramírez Manduja-no en agosto de 2008, su cargo fue ocupa-do por Morales Ibáñez. Dos años y ochomeses después, en abril de 2011, ella fuenombrada titular de la PGR. Fue durantesu gestión cuando comenzaron a acumu-larse los fracasos:–En 2008, según la declaración del tes-tigo protegido El Pitufo, la PGR acusó al ex-coordinador de Seguridad Regional de laPolicía Federal (PF), Javier Herrera Valles,de presunta colusión con el Cártel de Si-naloa. Sin embargo, según el acusado, to-do derivó de un enfrentamiento con Gena-ro García Luna, titular de la corporación.García Luna se molestó, dijo HerreraValles, por una denuncia que hizo sobrelos presuntos nexos del funcionario con elnarco, así como por la compra de helicóp-teros sin licitación, el ascenso de policíassin carrera y la protección a uniformadoscorruptos. El 7 de septiembre de 2012 untribunal federal absolvió a Herrera Vallespor falta de pruebas.–En marzo de 2009, después de la eje-cución del general de brigada Mauro Enri-queTello Quiñones, el teniente de infante-emmfuLeloaEduardoMirandaAPphoto/ChristopheEnaMorales con Murillo. Compleja transiciónJUSTICIA1910 / 9 DE JUNIO DE 2013 13
  10. 10. “Por el desaseo y la fabricación deculpables, el caso de ‘los 21 deTecate’ constituye un caso para-digmático de la actuación de laProcuraduría General de la República (PGR)durante la administración de Felipe Calde-rón”, sostiene el empresario y dirigente dela Fundación de Defensa de Derechos Ci-viles y Garantías Individuales, Juan Aldre-te Márquez.El caso, por el que fueron encarcela-das 21 personas acusadas de atentar con-tra dos policías federales en abril de 2009y que este semanario abordó en su edición1871, reúne prácticamente todas las faltasal debido proceso denunciadas por organi-zaciones de derechos humanos durante la“guerra contra el narcotráfico”. A saber: de-tenciones arbitrarias ejecutadas por policíasfederales, torturas atribuidas a militares; re-clusión en una instalación castrense; arrai-go durante 80 días; desaparición forzadade uno de los detenidos; pérdida de mate-rial probatorio; notificación tardía al consu-lado de Estados Unidos por la detención deuno de sus ciudadanos. Además, múltiplesanomalías en la integración de la averigua-ción previa, entre ellas la consignación confirmas no autorizadas por la PGR y la valida-ción de testimonios de personas sedadas.Las irregularidades del proceso penal,desahogado por el juez primero de Distritoen Procesos Penales en el estado de Naya-rit, Mauricio Fernández de la Mora –el mismoque puso en libertad al exzar antidrogas NoéRamírez Mandujano en abril de este año–,mantienen en prisión a 17 personas en el pe-nal de mediana seguridad de El Hongo. Cua-tro, los hermanos Samuel, César, Abrahamy Adán Parra Quiroa, quedaron en libertaddespués de ganar un amparo pero tuvieronque pagar cada uno una fianza de 13 mil pe-sos, por portación de un arma vieja sin cartu-chos, propiedad de César. Por esa misma ar-ma, Jorge Gaxiola, detenido junto a los Parra,purga en las Islas Marías una sentencia de 27años impuesta por el mismo juez Fernándezde la Mora (Apro, enero 18, 2013).“Los 21 de Tecate” fueron procesadospor homicidio calificado en grado de tenta-tiva, delincuencia organizada, delitos contrala salud, posesión de armas de uso exclu-sivo del Ejército, daños en propiedad aje-na y delitos cometidos contra funcionariospúblicos.“Estamos convencidos de que el ca-so cumple con las características para serpresentado ante la Corte Interamericana deDerechos Humanos –dice en entrevista conProceso Juan Aldrete Márquez, padre delestadunidense Jesús Aldrete Rosas– por-te la firma de una persona cuyo centro deadscripción en ese momento era el DistritoFederal; esas actuaciones son inválidas”,alega en entrevista la abogada de los dete-nidos Sandra Esquer.En el escrito de desvanecimiento de da-tos, la defensa de los acusados resalta laintegración de documentos firmados en Ti-juana y en Tecate por el mismo agente mi-nisterial, Humberto Velázquez Villalvazo, te-niendo como testigo de asistencia a Gómez,que hablarían de que se hicieron traslados auna velocidad inusitada.El acuerdo de recepción del parte infor-mativo firmado por Velázquez Villalvazo es-tá fechado el 8 de abril de 2009 a las cuatrohoras en la ciudad de Tijuana, “después es-te mismo agente en dos minutos se trasladaa la ciudad de Tecate para elaborar la cons-tancia de traslado a las cuatro horas condos minutos y (…) atendiendo a la lecturaíntegra del acuerdo mediante el cual califi-ca la detención, a las cuatro horas con cin-co minutos, lo realiza en la ciudad de Tijua-na, por lo tanto en menos de cinco minutosse constituyó en dos ciudades diferentesque están a una distancia de 35 kilómetros”,se indica en el escrito en el que se pedían aljuez Mauricio Fernández de la Mora deses-timar esas diligencias por generar “duda deser ciertos, y es una consecuencia de no te-ner personal capacitado (en la PGR) comodice la ley”.Otros elementos que según la defensadeben ser desestimados son las querellaspresentadas por los policías federales heri-dos Ulises Rodríguez González y César Be-cerra Mondragón el 8 de abril de 2009, cuyarecepción de documentos fue admitida porel agente ministerial Velázquez Villalvazo delo que dio fe Miguel Gómez.La defensa de los acusados puso en du-da también otros datos contenidos en la in-dagatoria que sirvieron a la PGR para “ro-bustecer” las acusaciones contra “los 21 deTecate”: el “hallazgo” de 527 envoltorios demarihuana por efectivos militares en un do-micilio inexistente en Tecate y atribuido auna llamada anónima recibida en la subde-legación de la PGR en Tijuana el 8 de abrilque adjudicaba la droga a los detenidos, asíCuando falla el debido procesoGLORIA LETICIA DÍAZque durante estos cuatro años hemos ad-vertido que cuando las autoridades decidenfabricar culpables, no hay nada qué hacer,por más que demostremos las irregularida-des en la integración de la averiguación pre-via, y que hemos sido víctimas de obstruc-ción de la justicia por parte del mismo juez,que perdió el video del atentado y que prue-ba la inocencia de nuestros familiares.”Aldrete Márquez interpuso dos denun-cias ante la PGR: una en la Visitaduría Ge-neral y la Dirección General de Delitos Co-metidos por Servidores Públicos, por laactuación de funcionarios de la dependen-cia y de la Policía Federal. Otra, en el Con-sejo de la Judicatura Federal, contra el juezFernández de la Mora por la pérdida del ma-terial probatorio.En el último trimestre de 2012, los de-tenidos unificados en una misma estrategiajurídica presentaron ante el juez Fernándezde la Mora un incidente de desvanecimientode datos que ponía en evidencia serias ano-malías en el proceso penal identificado conel número 8/2009.El documento, del cual Proceso tienecopia, asienta como primera irregularidadque 43 actuaciones del agente del Ministe-rio Público federal Humberto Velázquez Vi-llalvazo fueron validadas con firmas de unapersona de nombre Miguel Ángel Gómez,quien fungió como testigo de asistencia.Según información proporcionada porla PGR a la defensa el 19 de abril de 2012,“Miguel Ángel Gómez o Miguel Ángel Gó-mez Martínez se encontraba adscrito en laCiudad de México en el puesto de profesio-nal ejecutivo de Servicios Especializados”cuando firmó escritos en Baja California.“Si en los casos de Ramírez Manduja-no y el general Tomás Ángeles Dauahare sehace un escándalo porque comprobaronque el testigo protegido (Jennifer) mintió, estodavía más grave que en documentos ofi-ciales emitidos en Baja California se asien- http://www.radartecatenews.comAldrete (segundo de izq. a der.). Demanda de justicia14 1910 / 9 DE JUNIO DE 2013
  11. 11. ría Geotulio César Román Zúñiga y JuanRamírez Sánchez –sobrino del entoncesalcalde Gregorio Sánchez, Greg–, la PGRpuso en marcha la Operación Cancún.Elementos de la SIEDO (rebautizadacomo SEIDO en septiembre de 2012) de-tuvieron a Boris del Valle Alonso El Boris,asesor en materia de seguridad de Greg.Según la procuraduría, El Pitufo lo acusóde tráfico de indocumentados y de estarvinculado a Los Zetas en Yucatán. Pos-teriormente Greg fue arrestado, con unaacusación de delincuencia organizada.El Boris estuvo preso hasta el 11 deenero de 2011, cuando el Juzgado Segun-do de Distrito con sede en Tepic, Naya-rit, lo absolvió de los cargos. Meses des-pués, en julio, Greg recuperó su libertad;la PGR tampoco sostuvo la acusación ensu contra.–Morales Ibáñez también tuvo un tro-piezo en el caso de Juan Carlos Castro Ga-leana, Julio César Mondragón Mendozay Alfredo Rosas Elicea, detenidos por supresunta implicación en el estallido degranadas durante los festejos del 15 deseptiembre de 2008 en Morelia, Michoa-cán (averiguación previa PGR/SIEDO/UEI-TA/110 /2008). Los detenidos fueron tor-turados y acusados de terrorismo. El casotambién se cayó, pues dos de ellos fueronliberados en septiembre de 2011.–En mayo de 2009, en un operativo sinprecedente, elementos del Ejército y laSIEDO detuvieron en Michoacán a 27 ser-vidores públicos de Michoacán,entre ellos10  alcaldes, por presuntos vínculos conLos Zetas y La Familia Michoacana.Tuvie-ron que ser liberados por falta de pruebas.–En mayo de 2010, en Culiacán, Gri-selda López Pérez, exesposa de El Chapo,fue detenida por agentes de la SIEDO, laPF y soldados, acusada de lavado de di-nero. No llevaba ni 24 horas en la Sub-procuraduría cuando fue liberada.–El caso que más repercusión mediá-tica tuvo fue el de Florence Cassez, quienfue detenida el 7 de diciembre de 2005 porsu presunta asociación con la banda desecuestradores Los Zodiacos. Por órdenesde García Luna, la Agencia Federal de In-vestigación (AFI) realizó un montaje parasimular que el arresto ocurría horas des-pués de que fuera efectivamente concre-tado, para que las cámaras de TV Azte-ca y Televisa lo trasmitieran “en vivo”.Desmontado el montaje de García Lu-na, Cassez tuvo que ser liberada el 23 deenero pasado; la Suprema Corte de Justi-cia de la Nación le otorgó el amparo porfallas en su proceso, sin pronunciarse so-bre su inocencia o culpabilidad.El 24 de enero, un día después de la li-beración de la ciudadana francesa,MurilloKaram dijo en una reunión con senadoresdel PRI y del PVEM que los errores come-tidos en el caso Cassez podrían constituirun delito y que el resolutivo emitido por laCorte lastimó a la sociedad.“Lástima –dijo–, porque no podemosllegar a una verdad legal sobre la inocen-cia o culpabilidad (de Cassez) derivado deun mal manejo de una parte de la inves-tigación… Me toca ver si ese mal mane-jo es producto de una actitud que pudie-ra constituir un delito.”Han pasado más de cuatro meses yla PGR aún no abre ninguna investiga-ción. El 13 de marzo pasado, el ómbuds-man nacional, Raúl Plascencia, expusoen un informe que, en el caso Cassez, 21funcionarios afrentaron el debido proce-so: 15 eran de la AFI, dos del MP y cuatromás eran altos mandos de la PGR.Todos, según Plascencia, violaron laConstitución mexicana y convenios in-ternacionales sobre derechos humanos.Igual de contraproducente le resultóa la PGR la detención del general TomásÁngeles Dauahare. Tras la liberación delmilitar, el juez que llevó su caso pidió ala dependencia investigar a los servido-res públicos responsables.Proceso solicitó una entrevista a laprocuraduría para conocer qué averigua-ciones previas se le abrieron al inculpado.Hasta el viernes 7 no hubo respuesta.Las fallas procesalesPara el penalista Héctor Carreón Herre-ra –antiguo delegado de la PGR en Pueblay Coahuila y subprocurador de Averigua-ciones Previas en la Procuraduría Generalde Justicia del Distrito Federal–, el siste-ma de justicia penal colapsó, entre otrosfactores, por el abuso de la prisión pre-ventiva, la violación del principio de tipi-cidad por parte del MP, el hecho de que setraslade la facultad para integrar las ave-como el decomiso de un arsenal tambiénen un domicilio inexistente en Tecate, pues-to a disposición el 7 de abril por los policíasfederales Óscar Cázares y Félix HernándezXochititla, quienes sostienen en sus com-parecencias que armas, cartuchos y carga-dores estaban en posesión de ocho deteni-dos, entre ellos Jesús Aldrate y su tío SixtoAldrate Márquez. Estas diligencias tambiénfueron validadas por la firma de Miguel Án-gel Gómez.De acuerdo con el documento presenta-do por la defensa de los detenidos al Juzga-do Primero de Distrito de Procesos Penales,con el incidente de desvanecimiento de da-tos lo que se buscaba era “refutar práctica-mente todos los medios de prueba que sir-vieron de base para acreditar el cuerpo deldelito”, en apego al artículo 422 del CódigoFederal de Procedimientos Penales.El 26 de noviembre de 2012, el juez Fer-nández de la Mora resolvió sin más explica-ciones que “resulta infundado el incidenteplanteado”, resolución que fue apelada poruno de los detenidos y que hasta ahora noha tenido respuesta.Apoyados en fotografías tomadas porun reportero local que atestiguó la detenciónde Jesús, los Aldrate han sostenido que Six-to y Jesús fueron sacados por otros policíasfederales del domicilio del empresario JuanAldrate, de donde también sustrajeron unacamioneta Ford Lobo-2005, color negra,con placas de California, que no aparece.“En estos cuatro años se ha citado en14 ocasiones a los que firman como agen-tes aprehensores para que se careen conmi hermano y mi hijo, y el juez Fernández dela Mora no ha querido tomar medidas pa-ra obligarlos a comparecer; se ha argumen-tado que uno de los aprehensores, ÓscarCázares, estaba comisionado como guar-dia personal de la hermana de Felipe Calde-rón (María Luisa Calderón Hinojosa)”, rela-ta Juan Aldrete, también coordinador de laFundación de Defensa de Derechos Civilesy Garantías Individuales.Agrega que “un día los policías que fir-man como aprehensores fueron al juzgadode El Hongo por exhorto y resulta que no pu-do llevarse a cabo el careo porque se dijoque tenían información de que habría un mo-tín en el penal, y cuando se logró localizar aMiguel Gómez para que se compareciera, laaudiencia no se llevó a cabo porque supues-tamente había una amenaza de bomba”.Aldrete Márquez estuvo en el Distri-to Federal los primeros días de mayo paraformalizar la queja contra el juez MauricioFernández de la Mora ante el Consejo de laJudicatura Federal, así como para soste-ner reuniones con funcionarios de la PGRpara dar seguimiento a sus denuncias con-tra funcionarios y exfuncionarios de esa de-pendencia y de la PF, interpuestas en 2011 y2012, sin que hasta ahora se les haya dadorespuesta.JorgeArcigaPlascencia. Informe cuestionadorJUSTICIA1910 / 9 DE JUNIO DE 2013 15
  12. 12. riguaciones previas a los secretarios y lafalta de conocimiento directo de los casospor parte de los jueces.“Se imponían sanciones con base enla peligrosidad o temibilidad de una per-sona, en lugar de que se hiciera efectivoel principio de culpabilidad. Esas situacio-nes de desconocer los principios que sus-tentan un derecho procesal penal de corteliberal llevó a esta crisis en el sexenio pa-sado”, comenta.–Si el MP llevara a cabo la investigacióny sancionara a los servidores públicos im-plicados, ¿qué delitos se les imputarían?–No conozco la investigación, si es queexiste, pero si alguien abusa de sus faculta-des, hay todo un catálogo de tipo penal alque pueden ajustarse las conductas.Las le-yes contemplan delitos contra la adminis-tración de justicia y contra la procuraciónde justicia.“Si un juez sabe que no se acredita per-fectamente el cuerpo del delito ni la res-ponsabilidad plena y dicta una sentenciacontraria a lo que puede probar está come-tiendo un delito contra la administraciónde justicia.“Si hace un uso indebido de recursoscomo servidor público es peculado; si uti-liza instrumentos legales del Estado y noles da el fin que establecen los reglamen-tos y la Ley Orgánica, extralimitándose enlas funciones que señala la norma, podríahaber un abuso de autoridad.”–Si no se investiga a los servidores pú-blicos responsables, ¿cuáles son las impli-caciones jurídicas, políticas y sociales?–El Estado debe proveer la seguridad ju-rídica y pública.Si no se investiga,continua-mos con la falta de credibilidad por parte dela sociedad. Si la autoridad tiene conoci-miento y no actúa, violenta el principio delegalidad.El artículo 21 constitucional seña-la que la investigación de los delitos corres-ponde al MP; si hay elementos y el juez noconsigna, incurre en una ilegalidad.–¿Por qué en lugar de investigar y san-cionar a estos funcionarios el gobierno lospremia con un consulado en Milán, comoen el caso de Marisela Morales?–No puedo afirmar que no están suje-tos a investigación. Fuera de los casos deflagrancia, el MP puede llevar a cabo la in-vestigación sin detenido.El penalista Javier Carrasco Solís, direc-tor del Instituto de Justicia Procesal Penal,explica la causa de que exista más de unacentena de casos en los que la PGR se vioobligada a desistirse: “Nos encontramosentre dos situaciones un tanto desiguales:el Estado, con todo el poder, va contra unapersona que se encuentra sin recursos e in-defensa. La ley reconoce la presunción deinocencia, pero para demostrarla debe ha-ber un control de la autoridad para evitarque atropelle esos derechos.En ese sentido,la PGR no ha actuado conforme a ese marcolegal. Por eso se han caído sus casos.“Si hablamos de Cassez, de Hank Rhono de los otros casos, la autoridad que par-ticipó en la detención violó los procedi-mientos que la ley establece, por eso eljuez debió invalidar esas actuaciones y lorecabado en torno a ellas.”Carrasco Solís considera que todos losservidores públicos implicados en el casoCassez deben responder a la autoridad enun debido proceso porque, puntualiza, ac-tuaron fuera de la ley.E insiste: si la Corte resolvió que huboactos ilegales, quienes participaron en laaprehensión –el que dio la orden y sus su-periores jerárquicos– son responsables. Ysi los jefes no dieron la orden literalmen-te también son responsables por omisión,porque no estuvieron al pendiente de loque sus subordinados hacían.“Aunque en México aún no se habla dela figura de ‘error judicial’, la Convención In-teramericana sobre los Derechos Humanosdice que la persona puede ser indemnizadapor este concepto.Entonces,una víctima de-tenida y sentenciada en forma indebida,conpruebas valoradas erróneamente, puede re-clamar un error judicial.“En este caso, el Estado mexicano en-frentará grandes problemas, porque losimputados están inconformes. Si esto su-cede, ¿de dónde les van a pagar?, porqueson muchos…”–De no sancionar a los servidores pú-blicos que fabricaron estos casos, ¿la PGRestaría incurriendo en la misma irregula-ridad del pasado?–Sí. Si las víctimas demandan que seinvestigue y la PGR no lo hace.–¿Y si no han denunciado?–Si no existe la denuncia, la PGR tienela obligación de abrir un proceso interno.En la administración pública cada entidadtiene sus propios mecanismos para inves-tigar a sus funcionarios a través de las vi-sitadurías o la contraloría, que son órga-nos de autocontrol. Si existiera voluntaden la Procuraduría, ese órgano de auto-control ya estaría investigando, partiendode que existen como 60 casos con irregu-laridades similares.Lo que vieneJavier Carrasco Solís explica que el funcio-nario sujeto a investigación puede resultarresponsable administrativa o penalmentede algún acto, por lo que debería abrírseleun proceso. En el primero de los casos seríainhabilitado para ejercer la función públicapor cierto tiempo.“En los casos de García Luna y MoralesIbáñez, por ejemplo, una instancia jurisdic-cional afirmó ya que hubo acciones fuera dela ley. Por lo tanto deben ser sancionados.De lo contrario,jamás vamos a funcionar deacuerdo al marco legal.”–Aun con todo lo que dejó atrás, Mari-sela Morales fue nombrada cónsul en Mi-lán –se le insiste.–Será una repercusión muy fuerte. Encasos en los cuales hubo irregularidades ya la autoridad responsable de las violacio-nes se le asigna un nuevo cargo,la ciudada-nía se pregunta: ¿Qué pasó aquí? Eso sí queimpacta socialmente.Acerca de qué debe hacerse para termi-nar con la manipulación por parte de fun-cionarios en muchas de las averiguaciones,el entrevistado afirma: “El MP debe ser in-dependiente. No permitir que le den unalínea política para dejar de hacer o hacercierta cosa. Debe ceñirse a investigar deacuerdo con la ley”.–¿Actualmente es independiente?–No en todos los casos. Por mil razo-nes no hay una investigación adecuada.Falta de pericia, de tiempo; a ello se sumala presión política, económica, la de gru-pos que manejan intereses muy fuertes yla de la prensa.“Con el nuevo sistema de justicia pe-nal acusatorio, quizás en 10 años poda-mos ver que un funcionario de alto nivelacusado de violar el debido proceso seasancionado.”GermánCanseco García Luna. En tela de juicio16 1910 / 9 DE JUNIO DE 2013
  13. 13. de la impunidadEl turbio caso del incendio en la guardería ABC de Her-mosillo,Sonora,esemblemáticodelaimpunidadqueim-pera en México. Cuatro años del “accidente” han trans-curridoy,apenas,unbalbucientegobiernofederal vuelveaprometerlomismoquelaadministración calderonista:justicia. Las nuevas tesis de un grupo de padres afecta-dos son implacables: el siniestro fue “provocado”, y elloocurrió por causa de la corrupción.JOSÉ GIL OLMOSCuatro años después del incendioen la guardería ABC, la exigenciade justicia no ha sido cumplidapor ninguna autoridad para lospadres de los 49 niños muertosy más de 70 afectados.“Este es elimperio de la impunidad y con este gobier-no tengo pocas esperanzas”, expresa des-ilusionado Abraham Freijo, miembro delMovimiento 5 de Junio.Durante todo este tiempo los papás delos niños muertos y afectados por el in-cendio de la guardería de Hermosillo, So-nora, han buscado con marchas, mítines,juicios populares, demandas, cartas, en-trevistas y hasta con peticiones a la Su-prema Corte de Justicia de la Nación quese investigue y se castigue a los res-ponsables del hecho.Hasta el momento, sin embargo,no se ha logrado nada. De las 29 per-sonas procesadas por su presuntaresponsabilidad, sólo Delia Irene Bo-tello Amante, excoordinadora zonalde Guarderías del Instituto Mexica-no del Seguro Social (IMSS), permane-ce presa en el Centro de ReadaptaciónSocial (Cereso) de Hermosillo, porqueno tiene derecho a fianza.Ahora existe una nueva línea de in-vestigación, basada en una sospechaque se manejó entre los padres de losniños de la guardería desde el principioy que ya sigue la Procuraduría Gene-ral de la República (PGR), la cual apun-ta a la responsabilidad del exgoberna-dor Eduardo Bours Castello.De acuerdo con el documento entre-gado a la PGR por la agrupación ManosUnidas por Nuestros Niños, el incendioen la bodega aledaña a la guardería ABCque servía de almacén de la Secretaría deHacienda estatal “fue intencional” y fueordenado por funcionarios del gobiernode Bours.Con base en la investigación que hizoeste grupo, integrado por padres de los in-fantes fallecidos y lesionados, el incendioocurrido el 5 de junio de 2009 “no se tra-tó de un hecho accidental ni fortuito”, sinoEmblemaJUSTICIA1910 / 9 DE JUNIO DE 2013 17
  14. 14. que fue “ordenado y dirigido” por Juan Car-los Lam Félix,quien se desempeñaba comosecretario técnico del poder ejecutivo localen el gobierno de Bours.Según el documento, cuya copia tieneProceso y el cual fue entregado al procu-rador general de la República Jesús MurilloKaram el 17 de abril, el siniestro tuvo co-mo propósito “destruir información docu-mental relacionada con la deuda de $ 10,000,000,000.00 (Diez mil millones de pesos)generada en ese sexenio por el Plan SonoraProyecta, que fue el principal programa deobras de ese gobierno”.De acuerdo con la investigación delgrupo Manos Unidas por Nuestros Niños,el acto lo ordenó Lam Félix y fue ejecuta-do por su chofer y guardaespaldas CarlosAndrés López Meza, quien meses más tar-de, el 18 de agosto de 2009, fue encontra-do a las afueras de Hermosillo ejecutado denueve balazos.Según un testigo que se encontraba enla nave industrial donde ocurrió el incen-dio –conformada en parte por la guarderíay en parte por la bodega del gobierno esta-tal, separadas sólo por una pared improvi-sada que no llegaba hasta el techo–, LópezMeza estuvo en el lugar a bordo de su ca-mioneta pick up negra y, en un diálogo conotras dos personas, lo escuchó decir que“lamentaba lo que iba a suceder”. Una deesas personas era Efraín Castillo Guerrero,funcionario del gobierno de Bours, indicael mismo documento, que se halla en ma-nos de la PGR.En la información entregada al procu-rador Karam se indica que hay una per-sona identificada que posee un testimo-nio por escrito de un funcionario en el quenarra la forma en que procedieron a laquema y destrucción de la papelería que,les encomendaron, debería desaparecerusando turbosina que previamente saca-ron del hangar del gobierno estatal en elaeropuerto de Hermosillo.El texto indica que de esto estuvo en-terado el procurador Abel Murrieta Gutié-rrez, quien en ningún momento mandóllamar a declarar a los testigos para quepresentaran sus testimonios y se amplia-ra la averiguación previa que se abrió porel siniestro ocurrido en la bodega dondeestaba la guardería ABC.A partir de la denuncia presentada el17 de abril pasado por el abogado de la aso-ciación Manos Unidas por Nuestros Niños,Gabriel Alvarado Serrano, la PGR abrió laaveriguación previa 19/2013 en la zona nor-te. Renato Sales, subprocurador de ControlRegional, Procedimientos Penales y Ampa-ro, indicó que por indicaciones del procu-rador general de la República, Jesús MurilloKaram, se revisarán todas las actuacionesque en 2009 realizó la PGR sobre el incen-dio en la guardería ABC.“Se va a investigar todo lo que tengaque ver con ese fideicomiso (Plan SonoraProyecta). De hecho se han solicitado yainformes a la Secretaría de Finanzas delGobierno del estado; estamos esperandoalguna documentación. Acudiremos a re-visar, vamos a buscar indicios vinculadosa la presencia de ese fideicomiso… docu-mentación, si algo permanece y cómo semanejó ese dinero”, dijo el subprocuradorde la PGR en declaraciones hechas públi-cas en distintos medios.En entrevista con Proceso, el aboga-do Gabriel Alvarado dice que estas nue-vas pruebas entregadas a la PGR buscanllegar a la verdad histórica del caso y fin-car responsabilidades.“Finalmente recordar que a raíz deesos hechos murieron 40 niños. No se tra-ta de señalar responsables, sino que seaclare la situación, y para ellos se pone aconocimiento de la PGR una serie de cir-cunstancias que implican nombres y de-talles de lo que eventualmente pudo ha-ber pasado allí”, precisa el abogado.Recuerda que el Plan Proyecta Sonoraera el proyecto más ambicioso de Bours,pero fracasó. Este ambicioso plan, dice,consistía en llevar a cabo 100 obras viales,de transporte, de pavimentación, hidráu-licas, parques recreativos, infraestructurade turismo, circuitos interiores en algunasde las principales ciudades, etcétera, paralo cual se requería de una inversión inicialde 4 mil millones de pesos.El gobernador Bours pidió en 2007 unpréstamo a Banorte a cuenta de bonos ba-sados en los impuestos prediales y de au-tos que cobraría a lo largo de tres décadas.Pero como no fue aprobado por el Congre-so estatal la deuda subió de inmediato,con intereses, 520 millones de pesos másen los primeros siete meses.El gobernador Bours dijo que con eseproyecto se contemplaba una derramaeconómica de alrededor de 152 mil millo-nes de pesos que impactaría al estado. Pe-ro el esquema financiero de deuda ban-caria no fue aprobado de inmediato sinohasta un año después, en 2008, y al finallos intereses siguieron creciendo y el esta-do quedó endeudado por 19 mil millonesde pesos a pagar en 30 años.Las pruebas de las irregularidades co-metidas por la hacienda del estado pre-suntamente fueron las que se quemaronintencionalmente en la bodega aledaña ala guardería ABC.La trama de BoursDe acuerdo con una de las nuevas líneas deinvestigación entregadas a la PGR, el gober-nador Eduardo Bours, su procurador AbelMurrieta, Juan Carlos Lam, así como el se-cretario técnico de gobierno y el entoncesdirector de Comunicación Social, DanielDurán, desplegaron una estrategia paradesviar la atención del incendio y centrarlaen los dueños de la guardería, a fin de eva-dir toda responsabilidad.Prueba de ello –señala el documento en-tregado a la PGR– es que en una de las visi-tas que Daniel Karam,director del IMSS quesustituyó a Juan Molinar Horcasitas, hizo aSonora para atender el conflicto de la guar-dería, el gobernador Bours le dijo: “Oye, di-rector, en qué buen problema está el presi-dente de la República puesto que una de lasresponsables de este incendio es la sobri-na de Margarita (esposa del entonces presi-dente Felipe Calderón), haber (sic) cómo ex-plica esto y mira que acaba de salir una fotode ella en compañía de familiares de MarciaGómez del Campo…”.Luego Bours envió a dos de sus funcio-narios involucrados con los dueños de laguardería, Antonio Salido (representantelegal) y Alfonso Escalante (esposo de unade las dueñas, Sandra Lucía Téllez Nieves)para que dieran una conferencia de pren-MiguelDimayugaCuatro años. Y los responsables no caenJUSTICIA18 1910 / 9 DE JUNIO DE 2013
  15. 15. sa. Al negarse éstos, mandó a su jefe deComunicación a presionarlos y el 9 de ju-nio tuvieron que dar dicha conferenciaacompañados de los socios de la estanciainfantil siniestrada.“Prácticamente la estrategia de Bours ysu equipo estaba consumada.Los socios dela guardería eran los grandes culpables an-te toda la sociedad”, señala el documento,en el cual se acusa también al exgoberna-dor de falsear un oficio del IMSS “para in-criminar más a los socios de una maneradefinitiva”.Se trata del oficio 23180 del jefe dePrestaciones Económicas del IMSS, Emig-dio Martínez García, fechado el 26 de juliodel 2005,“cuyo contenido es contrario a to-da la demás documentación expedida porel propio IMSS relacionada con la guarde-ría ABC, la cual adulaba el buen funciona-miento de la guardería”.Es decir, que Bours trató de poner unanueva trampa e “incriminar jurídicamen-te” a los socios de la estancia infantil, puesdicho oficio resultó apócrifo”, según decla-ró ante el Ministerio Público Martínez Gar-cía, y nunca hubo esas recomendacionesde mejoría que supuestamente se hicierona la guardería y que no habrían sido cum-plidas por los dueños de la misma.Frente a esta presunta maraña detrampas y de estrategias para deslindarresponsabilidades, los únicos que han per-dido son los padres de los niños muertosy afectados. A cuatro años del incendio si-guen exigiendo justicia, sobre todo luegode que en junio de 2010 la Suprema Cor-te de Justicia de la Nación determinó quetanto Bours como los exdirectores del IM-SS Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karamno estuvieron involucrados en la“violacióngrave” de garantías en el caso.También se exoneró a una de las propie-tarias de la estancia infantil, Marcia MatildeGómez del Campo Laborín, prima de Mar-garita Zavala, esposa de Felipe Calderón.La impunidadSegún el subprocurador Rento Sales He-redia, el próximo 5 de julio la PGR tendráresultados de la nueva línea de investiga-ción sobre el origen y la presunta inten-cionalidad del siniestro y que apunta alexgobernador Eduardo Bours.“Hay que indagar precisamente en re-lación con esta afirmación, ver si conta-mos con el material suficiente para probarque el incendio fue doloso y revisar todo elmaterial que existe en la indagatoria. Hayun dictamen pericial, por ejemplo, en ma-teria de incendios y explosivos que seña-la que éste fue provocado, que se provocódirectamente con algún encendedor o conalgún cerillo a partir de la presencia de tur-bosina”,expuso el subprocurador en decla-raciones publicadas la semana pasada.1910 / 9 DE JUNIO DE 2013 19
  16. 16. de culpablesPoco a poco se desvanecen las “pruebas” con quecontaba la PGR para mantener en la cárcel a milita-res de alto rango,entre ellos varios generales acusadosde complicidad con cárteles del narcotráfico. El abusoen la utilización de testigos protegidos –casi siempredelincuentes sin ninguna credibilidad– trajo como re-sultado investigaciones hechizas, amañadas e inclusoilegales que no se sostienen. La liberación del generalTomásÁngeleseselanunciodequemuyprontopodríanrecuperar su libertad otros de los mandos castrensesque fueron acusados con bases endebles y con motivospoco claros.Pero los responsables de los abusos tienenaparentemente garantizada la impunidad.Abram Fraijo, padre de Emiliana, quienfalleció en el incendio, integrante del Movi-miento 5 de Junio, manifiesta sus reticen-cias ante la nueva línea de investigación.“Espero que no sea una cortina de hu-mo el anuncio de la investigación de la PGRa un incendio premeditado; ojalá que notengamos que esperar otros cuatro añospara que nos digan que por ahí no va la in-vestigación. ¿Cómo vamos a revisar lo re-visado, si ya todo está tan claro como es laguardería ABC desde el principio? Se ha se-ñalado la responsabilidad de los funciona-rios, hay pruebas, señalamientos. ¿Qué tandifícil es aplicar la justicia?... Pero es el bra-zo de la corrupción, que es muy largo. Esees el problema.”–El que haya una nueva línea de inves-tigación ¿qué significa? –se le pregunta.Responde:–Eso no exime de responsabilidades alos demás. No importa cómo y cuándo ha-ya iniciado el incendio: las medidas de se-guridad de la guardería eran una falacia, elesquema de subrogación y la manera enque estaban entregando los permisos delas guarderías por parte del IMSS, en esetiempo por Juan Molinar Horcasitas, erauna corrupción.“Esa línea de investigación no exime deresponsabilidades. Hay que recordar la de-terminación de la Suprema Corte de Justi-cia que dijo que sí había violaciones a la jus-ticia,pero no hay responsables.No frieguen,¿cómo va a haber violaciones y no respon-sables? Eso no es derecho, no es justicia, esees un maldito teatro. Si la Suprema Corte deJusticia hizo esto, ¿qué podemos esperar delos jueces en Hermosillo o de la PGR?”Fraijo es uno de los padres de los niñosde la guardería ABC que más activo ha es-tado exigiendo justicia. Junto con otros pa-dres y madres organizó el Movimiento 5 deJunio, que ha participado en todos los fo-ros, mítines, protestas y documentales so-bre la tragedia. El miércoles 5 encabezó lamarcha que se realizó en la Ciudad de Mé-xico, y ahí declaró que el mayor problemapara que se haga justicia es la impunidad.“Ese es el problema: los nombres, losapellidos, los contactos. Ese es el proble-ma en México: si tienes los contactos, sitienes los apellidos correctos, puedes ase-sinar y no te van a hacer nada porque vasa tener toda una red de corrupción arri-ba de ti protegiéndote. Aunque haya prue-bas en contra de los responsables, si tie-nes el dinero suficiente vas a salir impu-ne; eso lo vemos en el caso de la guarderíaABC. En ningún país ha sucedido algo así.Si ocurre, puedo asegurar que inmediata-mente caen cabezas. Es así.”–Con este nuevo gobierno, ¿qué posi-bilidades ven de que haya justicia?–Tengo pocas esperanzas en un go-bierno impuesto, pero me gustaría queme demostraran que estoy equivocado.FábricaGeneral Escorcia (der.)JUSTICIA20 1910 / 9 DE JUNIO DE 2013
  17. 17. RODRIGO VERALa tarde del 17 de mayo de 2012, elgeneral Ricardo Escorcia Vargasestaba detenido en las oficinas dela Subprocuraduría de Investiga-ción Especializada en Delincuen-cia Organizada (SIEDO), donde ungrupo de agentes lo presionaba para que in-culpara al generalTomás Ángeles Dauaharede tener vínculos con el narcotráfico.“General, usted es colateral. A ustedno lo queremos.Al que queremos es al ge-neral Dauahare. Díganos qué sabe de él”,le advirtieron.“Yo no sé nada”, respondió Escorcia.Al ver que no acusaría a Dauahare ame-nazaron con llevárselo al penal de alta se-guridad de La Palma, quitarle sus bienes ytomar represalias contra su familia.“Hable lo que sabe o lo mandamos a LaPalma. Recuerde que usted tiene propie-dades y familia”, le dijeron.Ahí estaba Gustavo Adolfo Flores Del-gado, entonces fiscal especial de la SIEDO,quien lo volvió a presionar: “General, digalo que sabe y evítese problemas”.Después entró un escribiente que em-pezó a redactar en computadora una de-claración del militar en la que se inculpabay atribuía a Dauahare vínculos con el nar-co. Al cabo de una hora terminó de escribiry le exigió a Escorcia: “¡Fírme!”… y el gene-ral firmó bajo coacción.En todo ese tiempo jamás le mostra-ron ninguna acusación en su contra ni lepermitieron contar con la asistencia de unabogado defensor.Este hecho es relatado ahora por el pro-pio Escorcia, en una ampliación de decla-ración que realizó el pasado 23 de abril an-te el juez Tercero de Distrito en Materia deProcesos Penales Federales, en el Estado deMéxico. Ahí señala que en aquella declara-ción forzada se violaron sus “derechos hu-manos y garantías procesales, así como elprincipio de no autoincriminación”.Y recalca:“Nadie me asistió, ni me mostraronacusación o documento alguno… No supede qué se trataba. Reitero que no tuve abo-gado defensor o persona de confianza quefuera nombrada por mí, y fui presionado eintimidado con mi familia e hijos, así co-mo con mis propiedades… Sé de lo que soncapaces los judiciales federales, por lo quefirmé sin más, siendo entonces conducidoa los separos.”El militar señala que durante los 78días que permaneció en el centro de arrai-go de la SIEDO –del 17 de mayo al 2 deagosto– fue sometido a permanentes tor-turas físicas y psicológicas por parte delpersonal de esa dependencia.Entre las torturas que sufrió estuvo lade “mantener encendida la luz día y noche”durante esos 78 días. “Esta es una forma detortura de las más antiguas que se conocen.Además, todas las notificaciones las hacíandespués de las 23 horas para mantenermeen un ‘estado de estrés’, y las pruebas ofre-cidas de mi parte no se diligenciaban por elagente del Ministerio Público”.“Mentirosos”En mayo de 2012 junto con Escorcia fuerondetenidos otros dos militares de alto ran-go: el general Dauahare y el general Rober-to Dawe González, todos ellos acusados detener presuntos vínculos con el narcotrá-fico; concretamente, de brindar proteccióna la organización de los hermanos BeltránLeyva desde 2007, cuando ese grupo crimi-nal todavía formaba parte del Cártel de Si-naloa de Joaquín El Chapo Guzmán.Las acusaciones contra los generalesprovienen principalmente de los testigosprotegidos Jennifer (Roberto López Náje-ra) y Mateo (Sergio Villarreal Barragán, ElGrande), incluidas en la averiguación pre-via PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010.En el caso específico de Escorcia, Jen-nifer y Mateo lo acusaron de haber recibi-do dinero del cártel de los Beltrán Leyvacuando era comandante de la 24 Zona Mi-litar, en Morelos, cargo que ocupó del 6 deenero al 31 de diciembre de 2007. Los testi-gos protegidos señalaron que el enlace delos narcotraficantes con Escorcia, y tam-bién con Dauahare, era el mayor Iván Rey-DAVIDDEOLARTE/PROCESOFOTO“El Grande”. Falsos testimonios1910 / 9 DE JUNIO DE 2013 21
  18. 18. na Muñoz, a la sazón subjefe del EstadoMayor de esa zona militar, y por lo tantosubalterno de Escorcia.Sin embargo, en su declaración del23 de abril, integrada a la causa penal44/2012-III, Escorcia desmiente esa ver-sión al acusar a Jennifer y a Mateo de “men-GUADALAJARA, JAL.- El sargento segun-do Aarón Israel González Espino que-dó epiléptico, extremadamente del-gado, frágil y con daños psíquicosdespués de largas sesiones, días de torturaen la XXI Zona Militar, en Morelia, perpetradaspara que se declarara culpable de delitos pre-suntamente cometidos por otros militares.González Espino siempre afirmó queera inocente, pese a los tormentos infligidosentre marzo y abril de 2010 por militares delcuerpo de élite GAFE (Grupo Aeromóvil deFuerzas Especiales) y agentes de la PolicíaJudicial Militar.Lúcido, pese a que las secuelas lo de-jaron al borde de la muerte, el sargento del37 Batallón, con sede en Zamora, cuenta suazarosa historia.Recluido en la Prisión Militar de la V Re-gión Militar, con sede en La Mojonera, Zapo-pan, relata que hizo alta en el Ejército en ju-nio de 2001, que nunca causó problemas yque –es importante– siempre fue hallado sa-no en las revisiones anuales que le hacía laSecretaría de la Defensa Nacional (Sedena).Todo se torció, asegura, el 31 de marzode 2010. Estaba de vacaciones cuando reci-bió una llamada telefónica que le hizo un ca-bo apodado El Nipón. El cabo le pasó la boci-na al coronel Andrés Ojeda Ramírez, quien ledijo a González Espino que tendría que pre-sentarse en Morelia, y que ellos lo llevarían.El Nipón fue por él a su casa, en Zamora.Aún sin decirle de qué se trataba, lo subie-ron a una camioneta “que manejaba el caboDemetrio Diego, y además iban el tenienteJuan Manuel Vidal Luna y personal de tropacon el rostro cubierto”.Ya en Morelia, afirma, lo llevaron al cuar-tel de la ciudad. Ahí lo presentaron ante eljefe del estado mayor, Gabriel Rincón. “Élme presentó con los gafes que estaban enla segunda planta de la XXI Zona Militar. Lesdijo: ‘Ahí se los encargo’. Y me ataron lasmanos a la espalda y me vendaron los ojos.Me tuvieron ahí ese día sin alimentos ni aguay no me explicaron por qué”, recuerda.Al día siguiente llegaron unas personasa donde estaba detenido: “Me decían queyo era El Español, lo que negué, y me co-menzaron a golpear: ‘Sí, alguien te señalay te reconoce como El Español’. Entoncestrajeron al ‘soldado coronel’. No lo vi, peroescuché cómo lo estaban golpeando se-veramente. Después de los golpes lo pu-sieron frente a mí, me descubrieron la caray él me señaló como El Español”.Así comenzaría a enterarse que lo acusa-ban de estar coludido con el narco y de pa-sarle información a La Familia Michoacana.Se intensificaron las golpizas. “Me die-ron cachetadas en la cara, la nuca y los oí-dos hasta que me quedaron zumbando. Melevantaron entre dos personas y me pasarona los baños de la Segunda Compañía deldoceavo Batallón de Infantería”.Lo metieron a la regadera y le pregunta-ban que cuánto dinero le daban por pasarinformación. Respondió que nunca habíapasado información ni lo haría: “‘Entonces lapasas gratis’. ‘No señor, yo nunca he pasa-do información’”, respondió.Posteriormente, “uno de ellos me empe-zó a echar agua con el trapo húmedo y mepusieron una bolsa que me tapó bien la narizy la boca y trataron de asfixiarme con fuerza.No sé de dónde comencé a patalear y mequedé viendo en blanco. Se subían en micabeza y me gritaban: ‘¡Ya muérete, cabrón!¡Me vale verga si te mueres, ya te aventaron,tú estás muerto, me vale madre, ya muére-te!’”, recuerda.Pero el sargento insistía en su inocen-cia. “‘¿Qué te parece si a tus hermanos, atus papás les plantamos droga, granadas?¿Cuántos años crees que se van a aven-tar?’. ‘Yo no sé nada’, les contesté. Me pre-guntaron qué hacía en la zona. Yo les dijeque era técnico en urgencias médicas yconductor de ambulancia y, aparte, hagotrabajos de carpintería que me pedían loscomandantes”. Recordó que también habíasido chofer del propio comandante de la XXIZona Militar, Mauricio Sánchez Bravo.Poco tiempo después una carcajadalo estremeció. “Así me gusta, que no digannada porque más me divierto”, dijo el de larisa. “Bienvenido a la segunda fase”, le es-petó. “Me echaron agua caliente en la cara,agua fría, agua caliente, agua fría y me co-menzaron a dar toques. ‘Así me gusta, queno hable nada porque más me divierto’, medijo. Dejaron puestos los cables en el pie yme presionaban las rodillas para que no lasencogiera. Mi cuerpo se ponía tieso”.El que disfrutaba torturando fue a más:“Okey, pues como no quieres aceptar queeres El Español y que trabajas para La Fami-lia, voy a ir subiendo así hasta llegar, ¿sabesa dónde? A los huevos, al cabo que ya tienescuatro hijos y ya no los ocupas”. “Y comen-zó de nuevo a darme toques hasta que llegóa mis testículos. No sé cuántas veces me pu-sieron toques, pero mejor quería de verdadmorir en ese instante. Ya no soportaba”.En esa misma sesión de tortura, afirma,se incorporó un judicial militar: “A uno de losjudiciales, el cual ubico bien por su forma dehablar, le sonó su nextel y era su novia, o nosé quién. Le dijo: ‘Es que estoy trabajando,de veras, ¿no crees?’ Y empezó a darme to-ques y toques otra vez y me acercó su telé-fono a la boca y me preguntaba: ‘¿Pasas in-formación a La Familia?’ Le dije que no y mesiguió dando toques. Luego dijo: ‘¿Ya escu-chaste, amor? Ando trabajando’”.Esa noche, asegura, escuchó cómo tor-turaban a otras personas.Poco después empezó a orinar rojo: “Medolían los testículos. Oriné rojo, no sé la in-tensidad de qué tan rojo”. Era el 2 de abril.Sólo al día siguiente fue presentado anteun Ministerio Público (MP) militar. Y cuandoestuvo frente a él, declarando, asentó que élera inocente. “Le dije al coronel del MP queno era El Español y que no era miembro deLa Familia”.Después de eso cesaron las torturas.Pero no la persecución.Entre el 7 y el 8 de abril lo llevaron a fir-mar un “correctivo disciplinario” de parte desu batallón, porque supuestamente se habíaperdido un rifle G-3. Y ahora era investiga-do por eso.Sólo el 13 o 14 de abril, recuerda, le qui-taron las esposas y las vendas de los ojos.Le pagaron su quincena. Hasta entoncespudo tener visita de sus familiares.El 19 de abril en la mañana les comu-nicaron al sargento y a otros siete deteni-Torturas sin castigoen la Zona Militar de MoreliaFELIPE COBIÁN R.tirosos e incongruentes”. Además, indicaque ellos mismos “se autoclasifican comotestigos de oídas; esto es, lo que refierenen sus declaraciones ministeriales, lo di-cen porque así se los hicieron saber terce-ras personas, y no porque por otro medioles conste lo que señalaron, ni porque lohayan percibido a través de sus sentidos”.Escorcia señaló que ni siquiera cono-ció personalmente a sus acusadores: “Nie-go y rechazo terminantemente conocer alos testigos colaboradores con nombresclave Jennifer y Mateo”.Y ante el juez tercero declaró:22 1910 / 9 DE JUNIO DE 2013
  19. 19. dos –que bajo tortura atestiguaron en sucontra– que había una orden de aprehen-sión... por el fusil “perdido”. Los trasla-daron a la prisión militar, donde ahoraAarón Israel González Espino (el soldadoC-6373801) purga la pena señalada en lacausa 345/2010.A causa de todo esto, un año despuésintentó suicidarse. Lo llevaron al Hospi-tal Central Militar, en la Ciudad de Méxi-co. Fue atendido en la sección de neuroci-rugía por problemas serios de depresión:“Historia de crisis convulsiva. Refiere elpaciente que inicia en 2010. Esto le ha su-cedido de seis a ocho ocasiones y de esasocasiones ha presentado en tres eventosrelajación de esfínteres, dos urinaria y unafecal. La citada clase (soldado) se encuen-tra incapacitado en primera categoría parael servicio activo de las armas por padecerepilepsia”, reza el parte médico.Sin embargo, ya estabilizado lo regre-saron a la misma cárcel, pese a una reco-mendación de la Comisión Nacional deDerechos Humanos y a un amparo otorga-do por el Juzgado Quinto de Distrito.Las causas, en el aireEl sargento dice que de nada le valió ha-ber sido chofer del comandante de la XXIZona Militar, el general de brigada Mauri-cio Sánchez Bravo –ahora retirado– y desu esposa. Al contrario: cree que, paracubrirse, el propio comandante podríahaberlo acusado.El sargento no tiene claro por qué arre-metieron contra él. Sólo recuerda que, an-tes de ser detenido, él detectó que alguienlo estaba siguiendo. Por miedo a que lo “le-vantaran” dio “parte verbalmente al generalMauricio Sánchez Bravo, a los tenientes deinfantería Fierro, comisionado de contrain-teligencia, y a Mario Sosa”. Explica: “Teníamiedo a que me fueran a levantar, o a ha-cerle algo a la familia de mi general, puesyo fui su chofer y de la señora”.Cuando contó esa historia durante sudetención, uno de captores aventuró: “Ole querían llegar a mi general”...En la plática con este semanario, elsargento González Espino aseguró quejamás recibió de alguien alguna propues-ta ilícita, y que si así hubiera sucedido, selo habría dicho a sus superiores: estabade por medio su vida.“Niego y rechazo categórica y terminan-temente haber colaborado y/o fomentadoconductas relacionadas con miembros delcrimen y delincuencia organizada… Niegoy rechazo categóricamente haber realizado,colaborado, fomentado, permitido y/o tole-rado conducta delictiva alguna con el gene-JUSTICIA1910 / 9 DE JUNIO DE 2013 23
  20. 20. ral Tomás Ángeles Dauahare, con el mayorIván Reyna Muñoz o con algún otro miem-bro del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea yArmada”.El militar negó todas las acusacionesque los testigos hicieron en su contra, alseñalar que estuvieron “manipuladas” y“amañadas” por los agentes del MinisterioPúblico federal.Los testigos acusaron a Escorcia de per-mitir el aterrizaje de un avión King Air en elaeropuerto de Cuernavaca,Morelos,el 28 dediciembre de 2007, cuando era comandantede la 24 Zona Militar. La aeronave –proce-dente de Maracaibo,Venezuela– transporta-ba 500 kilos de cocaína, según declaró Jen-nifer. En cambio, Mateo señala que traía mil300 kilos de coca. Con la protección de Es-corcia, dice, la droga fue descargada por losnarcotraficantes Alberto Pineda, El Borrado,y su hermano Mario Pineda El MP.Al respecto, precisó Escorcia:“Niego y rechazo terminantemente la‘credibilidad’ del testigo colaborador (pro-tegido) Mateo (mentiroso e incongruente) alseñalarme como ‘protector’ de la organiza-ción de los Beltrán Leyva. Al ayudar a des-cargar con mi personal a los hermanos Pi-neda un avión con un mil 300 kilogramos decocaína. Y Jennifer, diversamente en su de-claración señala que son 500 kilogramos. Seve la clara contradicción de los ‘mentirosos’llamados testigos colaboradores (protegi-dos), con la anuencia y dirección del Minis-terio Público federal integrador ‘corrupto’,por no apegarse a derecho.”Agrega que en 2008 se hicieron dos in-vestigaciones por separado de ese hecho.Una fue realizada por las autoridades mili-tares y otra por la Procuraduría General dela República (PGR). El Ejército, dice, encon-tró culpables y sentenció a dos militaresadscritos al aeropuerto: el teniente FélixPablo López Landa y el sargento Adán Sán-chez Morales. Por su parte, la PGR consignóa “elementos de la entonces Policía FederalPreventiva”y a“dos vigilantes de seguridadprivada” del aeropuerto.Asegura que mientras estuvo arraiga-do en la SIEDO ofreció “pruebas públicasy contundentes” de ese suceso en el aero-puerto morelense al que fue ajeno, entreellas las averiguaciones previas, pero queno le fueron aceptadas, pues con “toda lamala intención”, el agente del MinisterioPúblico federal quería “cuadrarme el delitode delincuencia organizada”, basado en las“falacias” de Jennifer y Mateo.Por su parte, Jennifer sostuvo que, acambio de protección, el cártel de los Bel-trán Leyva le entregaba dinero a los gene-rales Escorcia y Dauahare, a través del ma-yor Iván Reyna. Relató que en noviembrede 2007, en una casa ubicada en la calleBosques de Cacaos, en la colonia Bosquesde las Lomas, de la Ciudad de México, Éd-garValdezVillarreal, La Barbie, así se lo hizosaber, señalándole al mayor Reyna, que ahíse encontraba presente y a quien Valdez leentregó ahí mismo 500 mil dólares.Jennifer aseguró que Escorcia siempre es-tuvo al tanto de esas entregas de dinero, algrado de que llegó a reunirse “en más de dosocasiones” con Arturo Beltrán Leyva, a me-diados de 2007,en una casa que éste tenía enel fraccionamiento Zumiya, de Cuernavaca.En su testimonio ante el juez, Escorcianegó esta imputación en su contra: “Estono es cierto y no ha podido comprobar laProcuraduría General de la República laexistencia de dicha casa, ni existe inspec-ción, fe ministerial o aseguramiento algu-no en relación al referido lugar”.El otro testigo, Mateo, llegó a declararque en ese tiempo los Beltrán Leyva sobor-naban a siete generales del Ejército adscri-tos a Morelos, tres de los cuales trabajabanen Cuernavaca. No obstante, Escorcia ase-gura que en 2007 el único general en Mo-relos era él (aunque detalla que en octubrellegó otro general), por lo que el testigo pro-tegido “miente en su declaración”.Contra los generalesUna acusación de mucho peso en contrade Escorcia corrió a cargo de un exsubal-terno suyo, el mayor Iván Reyna, actual-mente preso en el Cereso de San Juan delRío, Querétaro, acusado de extorsión y detrabajar para el cártel de los Beltrán Leyva.Reyna declaró que, a mediados de 2007,Escorcia le ordenó ir al restaurante Califor-nia, situado a un costado de la autopistaCuernavaca-México, a recoger unos sobrespara el general Dauahare que ahí le iban aentregar unas personas. Reyna obedeció yacudió al restaurante, pero al verlo vestidode militar las personas que le iban a entre-gar esos sobres se negaron a dárselos.Hastaese momento Reyna cayó en la cuenta deque eran narcotraficantes que, a través deél, le iban a entregar dinero a Dauahare.Sin embargo, tiempo después Reyna sedesdijo de esa versión. En una entrevistacon este semanario, señaló que la SIEDOlo obligó, bajo coacción, a inventar esa his-toria para incriminar a los generales Es-corcia y Dauahare.Y agregó: “La SIEDO me quiere usar pa-ra atacar a los generales. Han seguido pre-sionándome con respecto a las declaracio-nes de Jennifer y Mateo que dicen que ellossabían y que todo era a través de mí.Y aun-que ellos aseguran que me veían personal-mente –para entregarme el dinero de losBeltrán Leyva–, eso es imposible, infame”(Proceso 1860).En su declaración, Escorcia tambiénniega que le haya girado instrucción al ma-yor Reyna para ir al restaurante Californiaa recoger dinero del narco, como igual-mente niega que Dauahare haya estadodetrás de todo.En entrevista con este semanario JoséCristopher López Olguín, abogado defen-sor de Escorcia, comenta:“En 2007,la relación entre el general Es-corcia y el general Dauahare era solamen-te administrativa, tenían el trato normalque hay entre un comandante de zona yun subsecretario de la Defensa Nacional.Hasta ahí llegaba todo. No tenían ningunacomplicidad con los Beltrán Leyva.”–A Escorcia lo quitaron de la 24 ZonaMilitar en diciembre de 2007, recién ocu-rrió el incidente del avión cargado de co-caína. ¿Ese fue el motivo de su remoción?–No, no fue por esa razón. A principiosde 2008 lo enviaron a la III Región Militar,en Sinaloa, para que siguiera combatien-do al narcotráfico. Tres meses después, el22 de abril de ese año, la Secretaría de laDefensa Nacional le otorgó una placa debronce en reconocimiento por su patrio-tismo y su desempeño contra la delin-cuencia organizada. Hubo una ceremoniaen su honor en la que estuvo presente elmismo secretario de la Defensa, el generalGuillermo Galván.“Es ilógico que se le hubiera dado esereconocimiento de haberle encontradovínculos con el narcotráfico en el inciden-te del avión King Air. La DEA detectó a laaeronave desde que despegó de Maracaiboy alertó a las autoridades mexicanas. La ae-ronave iba a aterrizar en Puebla y no lo hi-zo. Enfiló rumbo a Morelos. El Sistema Inte-gral de Vigilancia Aérea (SIVA) le dio avisoal general Escorcia. Y éste intentó comuni-carse con el personal militar del aeropuer-to, a través del equipo de transmisión de sucamioneta, pero no le contestaron. Salió elgeneral al aeropuerto y cuando llegó la ae-ronave ya había sido descargada. Los mili-tares responsables fueron castigados.La in-tervención del general fue la adecuada, se-gún las investigaciones del Ejército y de laPGR que yo presenté como pruebas para sudefensa”, afirma el abogado López Olguín.Al dejar la comandancia de la 24 ZonaMilitar de Cuernavaca, Escorcia fue rele-vado por el general Leopoldo Díaz, a quienen 2009 la DEA le informó que en esa Zonahabía militares trabajando para el crimenorganizado. En enero de 2010, el generalDíaz ya había sometido a proceso a 16 mi-litares bajo sus órdenes, entre ellos cincotenientes y cuatro sargentos. Era, al pare-cer, la herencia que le había dejado Escor-cia, según información recabada por estesemanario (Proceso 1856).Al respecto, el abogado de Escorcia dice:“En la averiguación previa no se men-cionan estos hechos, tampoco los mencio-nan los testigos protegidos. Incluso man-damos llamar a unas siete personas queestuvieron bajo las órdenes del general enesa zona militar y en sus testimonios nose refieren a ese asunto, que incluso paramí resulta novedoso.”JUSTICIA24 1910 / 9 DE JUNIO DE 2013
  21. 21. 26 1910 / 9 DE JUNIO DE 2013ANABEL HERNÁNDEZEl calor de abril invade el am-biente del inmenso jardín de laresidencia marcada con el nú-mero 10 de la calle Tabachines,en Lomas de Cocoyoc, Morelos.La barra de bebidas refrescantesy alcohólicas está bien surtida y, al sondel mariachi, las carcajadas y la abundan-te comida, el calor es más humano queatmosférico.El rey de la fiesta es Armando Espino-sa de Benito, uno de los más poderososjefes de la Policía Federal y a quien le gus-ta autodenominarse “dios”. Actúa comosi lo fuera. Cincuentón, con canas en lassienes, usa el cabello castaño medio rela-mido hacia atrás. Viste pantalón beige yguayabera blanca de manga corta.Está extasiado, sonriente, a ratos gro-tesco. Abraza a un invitado mientras losmariachis tocan la última nota de unacanción. La escena reproduce con fideli-dad la imagen de los jefes policiacos enMéxico.El policía que se hizomillonarioal amparo de García Luna–¡Otra, otra, otra! –grita la concu-rrencia, animando a Espinosa de Benito.Él suelta la carcajada de quien se sabeimpune.Se trata de la comida de cumpleañoscon la que acostumbra celebrar a su es-posa Rebeca Ibarra Panszi en su residen-cia, que vale por lo menos 8 millones depesos. Está muy lejos de las posibilidadesque su salario de policía le permite; qui-zás por eso nunca la ha reportado en sudeclaración patrimonial.“¡Ya sabes que yo soy una música,compadre!”, exclama, con las mejillas ro-jas y dirigiéndose a un invitado.“Eres un folclor”, le responde una vozmasculina.Complacido, el jefe policiaco se lleva lamano a la nariz en un gesto en el que pa-rece extraer algo de la fosa nasal. Qué im-porta, es su casa, es su fiesta y es “dios”.Su propia familia, para ostentar su nivelde vida, subió el video de la fiesta a Face-book. Ahora el jefe policiaco está sujeto a larendición de cuentas y al escrutinio público.En 2001 Espinosa de Benito, sólo conla preparatoria terminada, era uno más enla Agencia Federal de Investigación (AFI)que comenzaba a dirigir Genaro GarcíaLuna. Tenía una larga carrera en la PolicíaJudicial Federal, que luego se convirtió enla AFI, y en otras instituciones policiacas,pero no prosperaba.Pasó muchas penurias antes de po-der gozar de la riqueza con su esposa,Rebeca Ibarra Panszi. Los dos provienenEduardo MirandaTabachines. Alberca con cascadaEspinosa de Benito. Se dice“dios”

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