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Revista Proceso 1949
8 DE MARZO DE 2014

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  1. 1. Índice CISA / Comunicación e Información, SA de CV CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Presidente, Julio Scherer García; Vicepresidente, Vicente Leñero; Tesorero, Rafael Rodríguez Castañeda; Vocales, Francisco Álvarez, Salvador Corro DIRECTOR: Rafael Rodríguez Castañeda SUBDIRECTOR EDITORIAL: Salvador Corro SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN: Alejandro Rivera ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN: María de los Ángeles Morales; ayudante, Luis Ángel Cruz ASISTENTE DE LA SUBDIRECCIÓN EDITORIAL: Flor Hernández ASISTENTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN: Laura Ávila COORDINADORA DE FINANZAS DE REDACCIÓN: Beatriz González COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS: Luz María Pineda EDICIÓN Y CORRECCIÓN: Alejandro Pérez, coordinador; Cuauhtémoc Arista, Tomás Domínguez, Sergio Loya, Hugo Martínez, Juan Carlos Ortega REPORTEROS: Carlos Acosta, Jorge Carrasco, Jesusa Cervantes, Juan Carlos Cruz, Patricia Dávila, Gloria Leticia Díaz, Álvaro Delgado, José Gil Olmos, Santiago Igartúa, Arturo Rodríguez, Marcela Turati, Rodrigo Vera, Rosalia Vergara, Jenaro Villamil CORRESPONSALES: Campeche, Rosa Santana; Colima: Pedro Zamora; Chiapas, Isaín Mandujano; Guanajuato: Verónica Espinosa; Guerrero, Ezequiel Flores Contreras; Jalisco, Felipe Cobián; Michoacán, Francisco Castellanos; Nuevo León, Luciano Campos; Oaxaca, Pedro Matías; Puebla, María Gabriela Hernández,Tabasco, Armando Guzmán INTERNACIONAL: Homero Campa, coordinador; Corresponsales: Madrid: Alejandro Gutiérrez; París: Anne Marie Mergier; Washington: J. Jesús Esquivel CULTURA: Armando Ponce, editor; Judith Amador Tello, Javier Betancourt, Blanca González Rosas, Estela Leñero Franco, Isabel Leñero, Samuel Máynez Champion, Jorge Munguía Espitia, José Emilio Pacheco, Alberto Paredes, Niza Rivera Medina, Raquel Tibol, Florence Toussaint, Rafael Vargas, Co- lumba Vértiz de la Fuente; cultura@proceso.com.mx ESPECTÁCULOS: Roberto Ponce, coordinador. espectaculos@proceso.com.mx DEPORTES: Raúl Ochoa, Beatriz Pereyra FOTOGRAFÍA: Marco Antonio Cruz, Coordinador; Fotógrafos: Germán Canseco, Miguel Dimayuga, Benjamín Flores, Octavio Gómez, Eduardo Miranda; ; asistente, Aurora Trejo; auxiliar, Violeta Melo AUXILIAR DE REDACCIÓN: Ángel Sánchez AYUDANTE DE REDACCIÓN: Damián Vega ANÁLISIS: Colaboradores: John M. Ackerman, Ariel Dorfman, Sabina Berman, Jesús Cantú, Denise Dresser, Marta Lamas, Rafael Segovia, Javier Sicilia, Enrique Semo, Ernesto Villanueva, Jorge Volpi; cartonistas: Gallut, Helguera, Hernández, Naranjo, Rocha CENTRO DE DOCUMENTACIÓN: Rogelio Flores, coordinador; Juan Carlos Baltazar, Lidia García, Leoncio Rosales CORRECCIÓN TIPOGRÁFICA: Jorge González Ramírez, coordinador; Serafín Díaz, Sergio Daniel González, Patricia Posadas DISEÑO: Alejandro Valdés Kuri, coordinador; Fernando Cisneros Larios, Antonio Fouilloux Dávila, Manuel Fouilloux Anaya y Juan Ricardo Robles de Haro COMERCIALIZACIÓN PUBLICIDAD: Ana María Cortés, administradora de ventas; Eva Ángeles, Rubén Báez ejecutivos de cuenta. Tel. 5636-2077 / 2091 / 2062 semanario de información y análisis No. 1949 • 9 de marzo de 2014 POLÍTICA /PRD 32 La burocracia interna del PRD retrasa la sucesión /Rosalía Vergara ANÁLISIS 36 85 (d)años del PRI /Denise Dresser 37 Buque fantasma /Naranjo 38 Consulta popular acotada /Jesús Cantú 39 “Así somos y aquí estamos” /John M. Ackerman 41 Carta abierta al doctor Mireles, a Hipólito y a Estanislao /Javier Sicilia 42 La universidad ensimismada /Axel Didriksson 43 La acción externa en Venezuela /Olga Pellicer INTERNACIONAL 44 UCRANIA: Preludio de guerra /Leonardo Boix Foto portada: Miguel Dimayuga TELECOMUNICACIONES 6 La guerra sucia del “rating” /Jenaro Villamil 10 La ley secundaria, un proyecto represor del Estado /Jenaro Villamil NARCOTRÁFICO 14 La droga, riqueza de Sinaloa /Patricia Dávila 20 Medina Mora y Marisela Morales, exhibidos por la artera Operación Limpieza /Jorge Carrasco Araizaga 23 Turbios negocios en la embajada de Estados Unidos /J. Jesús Esquivel CORRUPCIÓN 26 El caso Oceanografía salpica a muchos... /Jesusa Cervantes 29 Mexicana de Aviación: la justicia laboral, diferida /Rosalía Vergara 14
  2. 2. VENTAS y MERCADOTECNIA: Margarita Carreón, gerente Tel. 56 36 20 63. Lucero García, Karina Valle, Norma Velázquez. Circulación: Mauricio Ramírez, Gisela Mares. Tel. 5636-2064. Pascual Acuña, Fernando Polo, Andrés Velázquez. Suscripciones: Cristina Sandoval Tel. 5636-2080 y 01 800 202 49 98. Mónica Cortés, Ulises de León. ATENCIÓN A SUSCRIPTORES (Reparto): Lenin Reyes Tel. 5636-2065. Jonathan García. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN: Fernando Rodríguez, jefe; Marlon Mejía, subjefe; Eduardo Alfaro, Betzabé Estrada, Javier Venegas ALMACÉN y PROVEEDURÍA: Mercedes Guerra, coordinadora; Rogelio Valdivia MANTENIMIENTO: Miguel Olvera, Victor Ramírez CONTABILIDAD: Edgar Hernández, contador; María Concepción Alvarado, Rosa Ma. García, Raquel Trejo Tapia COBRANZAS: Sandra Changpo, jefa; Raúl Cruz OFICINASGENERALES:Redacción:Fresas13;Administración:Fresas7,Col.delValle,03100México,DF CONMUTADOR GENERAL: Karina Ureña; Flor Hernández; 5636-2000 FAX: 5636-2019, Dirección; 5636-2055, Subdirección de Información; 5636-2086, 5636-2028, Redacción. AÑO 37, No. 1949, 9 DE MARZO DE 2014 IMPRESIÓN: Quad Graphics. Democracias No.116, Col. San Miguel Amantla, Azcapotzalco, C.P. 02700. México, DF EDITOR EN JEFE: Raúl Monge; Editores: Miguel Ángel Vázquez, Concepción Villaverde, María Luisa Vivas; asistente: María Elena Ahedo; Tels.: 5636-2087, Fax: 5636-2006 EDITOR: Marco Antonio Cruz; Dirección: www.procesofoto.com.mx Correo electrónico:rednacional@procesofoto.com.mx; Ventas y contrataciones: 5636-2016 y 56362017 EDITOR: Alejandro Caballero; Correo electrónico: acaballero@proceso.com.mx; Armando Gutiérrez, Juan Pablo Proal y Alejandro Saldívar, coeditores; Tel. 5636-2010 RESPONSABLE TECNOLÓGICO: Ernesto García Parra; Saúl Díaz Valadez, desarrollador,Tel. 5636-2106 Certificado de licitud de título No. 1885 y licitud de contenido No. 1132, expedidos por la Comisión Calificadora de Publicaciones de Revistas Ilustradas el 8 de septiembre de 1976. Proceso es una Reserva para uso exclusivo otorgada por la Dirección de Reservas del Instituto Nacional del Derecho de Autor en favor de Comunicación e Información, S.A. de C.V., bajo el Número 04-2011-072215095900-102. Número ISSN: 1665-9309 Circulación certificada por el Instituto Verificador de Medios Registro No. 105 / 23 Suscripciones DF y zona Metropolitana: Un año, $1,490.00, 6 meses, $850.00; Guadalajara, Monterrey, Puebla y Xalapa: Un año, $1,600.00, 6 meses, $880.00. Ejemplares atrasados: $45.00. Prohibida la reproducción parcial o total de cualquier capítulo, fotografía o información publicados sin autoriza- ción expresa de Comunicación e Información, S.A. de C.V., titular de todos los derechos. agencia proceso de información agencia de fotografía Siguenos en: @revistaproceso facebook.com/revistaproceso 49 ESPAÑA: 11M: Diez años de ninguneo /Alejandro Gutiérrez 53 VENEZUELA: La revolución huérfana de Chávez /Rafael Croda LIBROS 56 Breve historia de una tierra rota /Javier Valdez Cárdenas CULTURA 60 Retratos de Luis Villoro /Guillermo Hurtado 67 Páginas de crítica Arte: Rondinone en el Anahuacalli /Blanca González Rosas Música: El príncipe Ígor /Mauricio Rábago Palafox Teatro: Finea en el Papaloapan /Estela Leñero Franco Cine: La Grande Bellezza /Javier Betancourt Televisión: El financiero-Bloombergtv /Florence Toussaint Libros: Rembrandt en el tópico /Jorge Munguía Espitia LITERATURA 72 La obra finalmente reunida de Severino Salazar /Rodolfo Palma Rojo DEPORTES /CORRUPCIÓN 74 Los Gallos Blancos, manchados de negro /Raúl Ochoa y Beatriz Pereyra 77 Y el “Estadio del Mar” naufragó /Álvaro Delgado y Rosa Santana 80 Palabra de Lector 82 Mono Sapiens /¡¡No marchen!! /Helguera y Hernández 74 60 26 44
  3. 3. 6 1949 / 9 DE MARZO DE 2014 La ley secundaria, un proyecto represordel Estado JENARO VILLAMIL L a iniciativa de ley secundaria de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que se discuti- rá los próximos días en el Con- greso, no sólo regulará un sector dominado por grandes monopolios, sino que le otorgará al gobierno federal la fa- cultad de “bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de teleco- municaciones”, y prohíbe, en su artículo 227, la transmisión de “noticias, mensajes o propaganda de cualquier clase que sean contrarios a la seguridad del Estado o al orden público”. El último borrador de la iniciativa re- dactada en el Ejecutivo federal, fechado el martes 4 y cuya copia obtuvo Proceso, despertó la preocupación de organizacio- nes civiles y defensores de la libertad de contenidos en internet al enterarse de que restringe la circulación de información en la red, otorga facultades prácticamente persecutorias al gobierno en los artículos 143, 190, 195 VII y 227, niega la posibilidad de la neutralidad en internet y permite al Tras la aprobación de la reforma a la Ley de Telecomunicacio- nes, donde la presión social logró introducir algunos cambios de avanzada para airear un ámbito ahogado por gigantes monopólicos, nadie celebró antes de tiempo: el gobierno y los poderes fácticos pueden revertir esos virtuales avances en las leyes secundarias, que establecerán los procedimientos y la reglamentación concreta del ordenamiento constitucional. Un borrador fechado el martes 4 parece confirmar esos temores: se acota el poder de las grandes empresas pero,lejos de darle protagonismoalasociedad,sefortaleceelcontroldelEjecutivo sobrecontenidos,señales,concesiones… gobierno interferir las comunicaciones de teléfonos móviles y computadoras en un amplio apartado del capítulo octavo, ti- tulado “de las obligaciones en materia de seguridad y justicia”. Lejos del objetivo de “democratizar los medios de comunicación”, la iniciativa de ley le otorga al Ejecutivo federal, en espe- cial a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), poderes especiales pa- ra intervenir, definir sobre la intervención en “actos y circunstancias que ameriten”, bloquear señales e intervenir las comuni- caciones privadas. Por ejemplo,en el artículo 143,fracción III del proyecto de ley, sobre la neutralidad de las redes, el texto establece que los concesionarios autorizados para prestar servicios de internet “deberán preservar la privacidad de los usuarios y la seguri- dad de la red. Podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad”. En el artículo 190 se ordena a los
  4. 4. 1949 / 9 DE MARZO DE 2014 7 TELECOMUNICACIONES concesionarios de telecomunicaciones realizadas “desde cualquier dispositivo, bajo cualquier modalidad”, que permi- tan identificar con precisión la siguiente información del suscriptor: nombre, de- nominación o razón social, tipo de comu- nicación y servicio, origen y destino de las comunicaciones, la fecha, hora “y, en su caso, duración de las comunicaciones”; fecha, hora y “ubicación geográfica de la primera activación del servicio”; la ubica- ción geográfica del dispositivo y “los de- más que hubiere entregado el titular del servicio contratado, suscrito o registrado para efectos de su identificación”. En el artículo 195, fracción VII de esta iniciativa se establece que los concesiona- rios de telecomunicaciones también debe- rán “bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicacio- nes en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes”. “El bloqueo de señales a que se refie- re el presente artículo se hará sobre todas las bandas de frecuencia que indique el instituto (Instituto Federal de Telecomu- nicaciones, IFT), de conformidad con las solicitudes de las autoridades competen- tes”, advierte el anteproyecto. Control presidencialista A pesar de que la reforma constitucional definió al IFT como un organismo autó- nomo, la ley secundaria plantea por lo menos cinco “candados” que le permiten al Ejecutivo federal, a través de la SCT, de Gobernación o de la Secretaría de Hacien- da y Crédito Público (SHCP), influir y tener el control del mercado, así como de los contenidos de telecomunicaciones y de radiodifusión, e incluso ordenar la requi- sa de las vías generales de comunicación con criterios discrecionales. La influencia del Ejecutivo federal se pone en evidencia en el artículo 40, donde se establece que “de manera excepcional y sólo cuando exista urgencia, atendiendo al interés social y al orden público, el Eje- cutivo federal, por conducto de la secre- taría (SCT), podrá solicitar al presidente del instituto (IFT) que los asuntos en que tenga interés sean sustanciados y resuel- tos de manera prioritaria, sin modificar de ningún modo los plazos previstos en la ley”. En materia de contraprestaciones para los concesionarios, el artículo 95 advierte que todas requerirán “previa opinión no vinculante”de la SHCP,que deberá emitirse en un plazo no mayor de 30 días naturales. Si se vence el plazo sin tal opinión, el IFT continuará los trámites correspondientes. El Ejecutivo federal, en especial la SCT, tendrá facultades para ordenar la requisa o terminación de las concesiones. Así lo establece el artículo 113: “En caso de desastre natural, de gue- rra, de grave alteración del orden público, o cuando se prevea algún peligro inmi- nente para la seguridad nacional, la paz interior del país o para la economía nacional, o para garantizar la con- tinuidad en la prestación de los servicios públicos a que se refiere esta ley, el Ejecutivo federal, a través de la se- cretaría, podrá hacer la requisa de las vías generales de comunicación, así como de los bienes muebles e inmue- bles y derechos naturales para operar di- chas vías y disponer de todo ello como lo juzgue conveniente”. En el artículo 188 se dice que los conce- sionarios “están obligados a permitir que las autoridades facultadas por la ley ejer- zan el control y ejecución de la intervención de las comunicaciones privadas y a brindarles el apoyo que éstas le soliciten, de confor- midad con las leyes correspondientes”. Esta orden se vincula con las nueve fracciones del artículo 195, que ordena a los concesionarios “bloquear, inhibir o anular de manera temporal” las señales de telecomunicaciones. La SCT, que durante años fue un re- gulador dominado por los intereses de la industria de la televisión y de las telecomuni- caciones, seguirá MarcoAntonioCruz
  5. 5. 8 1949 / 9 DE MARZO DE 2014 teniendo injerencia importante en la ma- teria. Toda la sección II de la ley contiene 22 facultades para la secretaría, incluyen- do las relacionadas con el manejo de los recursos públicos para la Televisión Digi- tal Terrestre (TDT) y para el despliegue de la llamada “red pública compartida” que estará en la banda 700 Mhz. En la fracción XVI del artículo 9 se se- ñala que la SCT tendrá atribuciones para “adquirir, establecer y operar, en su caso, por sí o a través o con participación de terceros, infraestructura, redes de teleco- municaciones y sistemas satelitales para la prestación de servicios de telecomuni- caciones y radiodifusión”. También le corresponderá “promover la generación de inversión en infraestruc- tura y servicios de telecomunicaciones” y “declarar y ejecutar la requisa de las vías generales de comunicación”. La Secretaría de Gobernación man- tiene amplias facultades en materia de supervisión y coordinación de boletines oficiales, de “monitorear las transmisio- nes del himno nacional”, así como vigilar el cumplimiento de los tiempos del Esta- do y que las transmisiones de radio y te- levisión cumplan con el respeto a la vida privada, dignidad personal y moral, y no ataquen derechos de terceros, facultades incluidas en la ya extinta Ley Federal de Radio y Televisión. Sin embargo, en la fracción VIII del ar- tículo 216, la ley faculta a Gobernación a “requerir a los concesionarios que presten el servicio de televisión y audio restrin- gidos, la reserva gratuita de canales para la distribución de señales de televisión de conformidad con las disposiciones legales”. El candado presidencialista más claro JENARO VILLAMIL E n menos de 15 días, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) movió las aguas del sector dominado por los gigantes Tele- visa,Telmex-Telcel yTV Azteca al adop- tar tres determinaciones importantes –lineamientos de must carry y must offer, declaratoria de “agentes económicos predominantes” y la publicación de la convocatoria para dos nuevas cadenas de televisión abierta–, pero los “cam- bios sustanciales” y los beneficios ple- nos para los usuarios y audiencias no se verán sino hasta dentro de dos años. Antes de que se cumpliera el pla- zo límite del 9 de marzo para dar a co- nocer estas resoluciones y sin una ley secundaria aprobada por el Congreso, los siete comisionados del IFT dispu- sieron que Grupo Televisa y Grupo Car- so e Inbursa constituyen los “agentes económicos predominantes” en sus respectivos sectores y aprobaron 188 medidas, de las cuales 76 son para el operador de telefonía móvil (Telcel- América Móvil), 63 para telefonía fija (Telmex), 45 para la desagregación del bucle (Telmex-Telcel) y cuatro en ma- teria de contenidos (Televisa). El efecto bursátil más negativo lo resintió Grupo Televisa el mismo viernes 7. Sus acciones disminuyeron 2.33% en la Bolsa Mexicana de Valores y en la de Nueva York bajaron 2.67%, mientras que Grupo Carso e Inbursa registraron caídas de 0.91 y 0.74%, res- pectivamente. El beneficiario inmedia- to fue TV Azteca, con un alza de 3.03%. Aún por verse, el beneficio a usuarios Fuentes bursátiles consultadas por Proceso aclaran que el impacto para Te- levisa fue mayor porque desde hace dos años las compañías del magnate Carlos Slim “ya habían adelantado” las posibles pérdidas que representaría la declarato- ria de dominancia o de agente económico preponderante. Al mismo tiempo, se despertaron ex- pectativas alentadoras entre los mercados por el anuncio de las bases de licitación para las dos grandes cadenas de televisión que podrían quedarse hasta con 14% del mercado de contenidos audiovisuales, pe- ro será “en cinco años que veremos todo el potencial de su despliegue”, admitió el comisionado Fernando Borjón. Oficialmente, no existe el nombre de ninguna compañía que formalmente haya solicitado participar en la licitación de las dos cadenas. Extraoficialmente, entre los grupos interesados se mencio- na a los consorcios América Móvil, de Carlos Slim; Grupo Imagen, de Olegario Vázquez Raña, propietario también del periódico Nuevo Excélsior y de Cadena 3 del canal 28 de televisión; MVS Comu- nicaciones, de Joaquín Vargas, accionis- ta de Grupo Dish y propietario de Canal 52; Grupo Pegaso, de Alejandro Burillo Azcárraga, primo del actual presidente de Grupo Televisa; El Universal, de Juan Francisco Ealy Ortiz; El Financiero, recién adquirido por Manuel Arroyo y socio de la agencia especializada Bloomberg; Grupo Mac, de la familia mexiquense Maccise, propietaria de Radio Capital; revistas como Cambio, recién asociada al español Grupo PRISA, y a Grupo Milenio, propietario de la cadena de periódicos Milenio, de estaciones de radio integra- das en Multimedios y socio de Televisa en Cablevisión Monterrey. Además de estos posibles postores están los grupos radiofónicos Fórmula, de Rogerio Azcárraga, tío de Azcárraga Jean, y Grupo Radio Centro, encabezado por Francisco Aguirre, y la Asociación de RafaelDurán Apertura. Round de sombra
  6. 6. 1949 / 9 DE MARZO DE 2014 9 TELECOMUNICACIONES está en el artículo 219, donde se estipula que “el Ejecutivo federal, por conducto de la dependencia facultada para ello, da- rá vista al instituto de aquellos asuntos, actos y circunstancias que ameriten su intervención para los efectos legales pro- cedentes en términos del mismo decreto”. Trampas publicitarias En el artículo 239 de la iniciativa de ley se establece que “se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda electoral pre- sentada como noticia”, pero en el artículo siguiente, el 240, se fija un criterio discre- cional que permitirá la comercialización de todos los espacios dentro de la progra- mación, con el riesgo de violar los topes máximos de uso comercial: 18% del tiem- po total en televisión y 40% del tiempo de transmisión en radio, según el artículo 238. El 240 dice: “Los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión o de televisión y audio restringidos tendrán el derecho de comercializar espacios dentro de su programación, de conformidad con lo establecido en esta ley y demás norma- tividad que resulte aplicable. “Los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión deberán ofrecer en términos de mercado, y de manera no discriminada, los servicios y espacios de publicidad a cualquier persona física o moral que los solicite. Para ello se deberán observar los términos, paquetes, condi- ciones y tarifas que se encuentren vigen- tes al momento de la contratación.” Se mantienen los 30 minutos, conti- nuos o discontinuos, de transmisión dia- ria de tiempos de Estado en los servicios de televisión y radio, “dedicados a difun- dir temas educativos, culturales y de in- Radio Independiente de México, orga- nismo que agrupa a 107 concesionarios. La mayoría de estos grupos ha bus- cado sociedad entre sí o con alguna de las grandes cadenas y productoras de contenidos de Estados Unidos, especial- mente con Fox, con Telemundo o con productores independientes. Predominancia incómoda Desde antes que se conociera la resolu- ción del 6 de marzo del IFT, se mencio- nó a Televisa y a Telmex-Telcel como los principales afectados de la declaración de “agente económico predominante”, cuya condición obliga a una serie de me- didas y recomendaciones que no llegan a la desincorporación de activos ni de bienes pero sí a asumir obligaciones en el sentido de compartir su infraestructu- ra y modificar sus tarifas. La reforma constitucional de 2013 dispuso que el “agente económico pre- dominante” será aquel que acapare más de 50% en su mercado.Telmex tiene 80% en telefonía fija, Telcel-América Móvil 70% en telefonía móvil y Televisa presio- nó para que no se le considerara con una preponderancia mayor de 60% en televi- sión abierta. En algunas resoluciones anteriores, pero especialmente en la del 27 de fe- brero último sobre must carry y must offer, el IFT estableció que Canal 2 o “Canal de las estrellas” de Televisa cubre 75.26% del territorio nacional, en tanto que Ca- nal 5 tiene una cobertura de 61.84%. El 13 de diciembre de 2013 el IFT publicó su Programa de Licitación y Adjudicación de Frecuencias de Televisión Radiodifundi- da y admitió que Televisa tenía 70% del mercado de televisión abierta y 55% de la televisión restringida. En conferencia de prensa la noche del viernes 7, el comisionado presiden- te de IFT, Gabriel Contreras, explicó que las medidas ordenadas contra los dos grandes gigantes “no pueden ser apli- cadas de un día para otro”, pero dejó entrever que “el siguiente eslabón de medidas”, en caso de que no se cum- plan las actuales, sería la desincorpora- ción de activos y venta de subsidiarias, entre otras más fuertes, previstas en la Constitución. Contreras dijo que existe un perio- do de 30 días para la revisión después del acto notificatorio y para que se rea- licen acciones administrativas y de in- fraestructura, sobre todo en los casos de Telcel-América Móvil y Televisa. El funcionario aceptó que existe la posibilidad de que esas compañías in- terpongan amparos, aunque, advirtió, “no procede la suspensión” en esta ma- teria, según lo dispone la reforma cons- titucional de 2013. Cada dos años se revisarán las obli- gaciones enlistadas en la resolución que fue subida la noche del mismo viernes al portal del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Varios de los siete comisionados presentes en la rueda de prensa insistie- ron en que estas medidas para obligar a compartir infraestructura de manera no discriminatoria, junto con la licitación de las dos cadenas nuevas de televi- sión, “podrán generar cambios sus- tanciales hasta en dos años”. Los beneficios para los usuarios de redes de telecomunicación y para las audiencias televisivas no se verán de manera inmediata, pero entre los impactos más claros la comisionada Adriana Labardini enumeró 15; por ejemplo, la eliminación de los cargos por roaming nacional en llamadas tele- fónicas, la obligación de notificar a los usuarios de telefonía vía mensajes de texto las tarifas en cada recarga de pre- pago, prohibir la venta de servicios de telefonía condicionada o atada a otros y mayor información sobre los servicios, entre otros. Al “agente económico predomi- nante” también se le imponen medi- das para mejorar la interconexión y para la desagregación del bucle o “úl- tima milla”. Esto permitirá el ingre- so al mercado mexicano de posibles operadores móviles virtuales, tales como la compañía Virgin. De acuerdo con las bases de licita- ción, publicadas también el viernes 7, el comisionado Borjón afirmó que la entrega del título de concesión para los dos nuevos jugadores está previs- ta para enero de 2015. Oficialmente, no se conoce a ninguno de los grupos interesados, pero se espera que a par- tir de esta semana se inicie el registro y en abril se defina el monto míni- mo y se realicen las reuniones con los “potenciales interesados”. Sobra la posibilidad de que se le cambie el título de concesión aTelmex para que participe en la licitación de las dos nuevas cadenas de televisión, Gabriel Contreras informó que existe un plazo de 60 días para que cualquie- ra de los concesionarios pueda ir a la figura de la “concesión única”. En ese proceso, la compañía de Slim podría entrar a la licitación. BenjamínFlores Slim. Nuevo tablero
  7. 7. 10 1949 / 9 DE MARZO DE 2014 terés social”. Serán administrados por la Secretaría de Gobernación. En el artículo 251 se obliga a todos los concesionarios “a transmitir el Himno Nacional a las seis y 24 horas, y en el caso de la televisión, además, simultáneamen- te la imagen de la bandera nacional. Lo anterior con cargo a tiempos del Estado”. Esta vieja práctica de La Hora Nacional –que proviene de los tiempos dorados del priismo– se completa con otra orden am- pliamente benéfica para el gobierno fede- ral, indicada en los artículos 253 y 254: la obligación de “transmitir gratuitamente y preferentemente los boletines de cualquier autoridad federal que se relacionen con se- guridad o defensa del territorio nacional, la conservación del orden público, o con medidas encaminadas a prever o remediar cualquier emergencia pública” y la obliga- ción de “encadenar” las estaciones cuando lo ordene la Secretaría de Gobernación. La disputa de los monopolios En las últimas semanas, diversos medios impresos han publicado versiones parcia- les de los borradores del proyecto de ley. En la mayoría de los casos se concentran en los aspectos más polémicos de esta ini- ciativa para la industria: la regulación del monopolio de Telmex-Telcel y del duopo- lio televisivo de Televisa y TV Azteca. Sin embargo, más allá de la regulación específica a los gigantes del sector, la ini- ciativa contiene elementos de control gu- bernamental muy fuertes; y los apartados sobre derechos de los usuarios y derechos de las audiencias son menores que los del eje de la relación gobierno-concesionarios. La iniciativa de ley fue precedida por una serie de medidas adoptadas por el IFT que afectaron al Grupo Televisa, lo mismo que a Carso e Inbursa del magnate Car- los Slim, como es el caso de la resolución sobre el must carry y el must offer, o la de- claración de ambos bloques como “agente económico preponderante” en radiodifu- sión y telecomunicaciones el jueves 6. En el borrador del proyecto aludido, por primera vez se establece la figura de la “concesión única” para prestar tanto servicios de telecomunicación como de radiodifusión, pero se divide en cuatro ti- pos: para uso comercial, uso público, uso social y uso privado. La concesión única se otorgará por un plazo hasta de 30 años “y podrá ser prorrogada hasta por plazos iguales a los originalmente otorgados”. El título quinto, “De las redes y servi- cios de telecomunicaciones”, contiene re- gulaciones muy específicas que afectarán la primacía de Telmex-Telcel en telefonía fija y móvil, a partir del control de las tari- fas y del dominio de la red. Asimismo en el artículo 117 se esta- blece que “el instituto regulará los térmi- nos, condiciones y tarifas de los servicios de usuario visitante que deberá prestar el agente económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones a los demás concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que presten el servicio local móvil. A tal efecto, el insti- tuto determinará las tarifas con base en costos incrementales puros. Las tarifas en ningún caso podrán ser superiores a la menor tarifa que dicho agente registre, ofrezca, aplique o cobre a cualquiera de sus clientes, a fin de fomentar la compe- tencia efectiva. El agente económico pre- ponderante no podrá discriminar en la provisión de este servicio y la calidad del mismo deberán ser iguales a las que reci- ban sus clientes”. En cuanto a la interconexión, que ha mantenido la guerra de los competidores contra Telmex-Telcel desde 2006, la ini- ciativa señala que los concesionarios es- tán obligados a interconectar sus redes en condiciones “no discriminatorias, trans- parentes y basadas en criterios objetivos”. Según la ley, los servicios de interco- nexión son: conducción de tráfico, enla- ces de transmisión, puertos de acceso, señalización, tránsito, coubicación, com- partición de infraestructura, servicios auxiliares conexos y acceso a servicios, según el artículo 123. Con clara dedicatoria a Telmex-Telcel, en su artículo 127 la iniciativa indica que “el agente económico preponderante o el agente económico con poder sustancial en dicho mercado relevante, no cobrarán a los demás concesionarios por el tráfico que ter- mine en su red” y la tarifa de interconexión “será negociada libremente entre ellos”. En materia de must carry y must offer, los artículos del 162 al 167 fijan reglas que ya fueron acreditadas por el IFT al darle recien- temente la razón a Grupo Dish en su disputa conTelevisa yTV Azteca. Los concesionarios de televisión sólo deberán retransmitir las señales de televisión con cobertura de 50% o más del territorio nacional. El artículo 164 dispone que aquellos concesionarios de telecomunicaciones o de radiodifusión que hayan sido declara- dos con poder sustancial o agentes eco- nómicos preponderantes (el caso reciente de Televisa y América Móvil-Telmex) “no tendrán derecho a la regla de gratuidad” en el must carry y must offer. La iniciativa incorpora un amplio ca- pítulo sobre “regulación asimétrica” don- de se establecen las reglas para declarar preponderante a alguno de los agentes económicos. Por primera vez se incluyen algunos criterios en esta última materia en el caso de la televisión. En el artículo 259 se indica que será preponderante “cualquier empresa o grupo de interés económico que cuente directa o indirectamente con una participación nacional mayor de 50% de dicho sector, medido este porcentaje por el universo total de audiencia”. En telecomunicaciones, el artículo 260 señala que será agente económico pre- ponderante la compañía que tenga “una participación nacional mayor de 50% dentro del conjunto de servicios de di- cho sector, medido este porcentaje por el número de usuarios, suscriptores, tráfico en sus redes o capacidad utilizada en las mismas, de acuerdo con los datos de que disponga el instituto”. BenjamínFlores Congreso. Fase crucial
  8. 8. 1949 / 9 DE MARZO DE 2014 11 TELECOMUNICACIONES OctavioGómez Aunque Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego hacen hasta lo imposible por ocultarlo, lo cierto es que sus empresas insignia, Televisa y TV Azteca, han ido perdiendo audiencia pau- latinamente.El fenómeno obedece sobre todo a la nula calidad de suscontenidosyalaescasacredibilidaddesusespaciosinforma- tivos. En su lucha por seguirse ostentando como invencibles han recurrido al chantaje,la extorsión y los intentos de soborno,y han abiertovariosfrentesdebatalla,entreellosconelIBOPE(lainstan- ciademediciónderatings)yconelInstitutoFederaldeTelecomu- nicaciones,quelesacabadepropinarunseverogolpe. La guerra sucia del “rating”
  9. 9. 12 1949 / 9 DE MARZO DE 2014 JENARO VILLAMIL E ra un secreto a voces desde finales de 2010: los ratings o índices de audiencia de las dos principales televisoras mexicanas –Televisa y TV Az- teca– estaban a la baja debido a la pésima calidad de sus contenidos, la crisis de credibilidad de sus noticiarios, la manipulación de ambas empresas en el futbol mexicano y la migración creciente de jóvenes hacia los medios cibernéticos, en especial las redes sociales y las series de televisión por internet. Sin embargo las tarifas publicitarias de ambas empresas no disminuyeron. Rom- pieron en 2011 con uno de sus principales clientes –Grupo Carso, de Carlos Slim– y comenzaron una agria disputa con el Ins- tituto Brasileño de Opinión Pública y Esta- dística (IBOPE) por el fuerte descenso en el porcentaje de espectadores. En 2011 las telenovelas de Televisa tuvieron serias dificultades para rebasar los 20 puntos de rating. Lejos estaban los tiempos en que Amor real tuvo 43.1 pun- tos en 2004 o la adaptación de la teleno- vela colombiana La fea más bella obtuvo 43 puntos en 2007. En 2011 Dos hogares alcanzó un promedio de 19.7 puntos, pese a la inversión para lanzar al estrellato a Anahí, la actual esposa de Manuel Velas- co, gobernador de Chiapas. En 2012, en plena campaña electoral y año de los Juegos Olímpicos de Londres, los ratings tuvieron un pésimo desempe- ño. Según las cifras del IBOPE, en la inau- guración de los juegos Televisa tuvo 12 puntos, lejos de sus expectativas de llegar a 20, y TV Azteca apenas alcanzó cinco. En la clausura Canal 2 alcanzó apenas 10.8 puntos de rating mientras que el 7, de Ri- cardo Salinas Pliego, tuvo sólo nueve. La transmisión especial de La jugada olímpica pretendió superar las dos cifras de rating, pero se quedó en la orilla. El viernes 10 de agosto registró 8.7 puntos, el sábado siguiente apenas 10 puntos y el domingo tuvo 9.8. Es decir, menos de 5 millones de televidentes sintonizaron ese programa. Para octubre de 2013 los índices del IBOPE demostraron que los televidentes de Televisa preferían ver La Rosa de Guada- lupe, emisión vespertina de Canal 2 sobre supuestos milagros de la virgen, que el Noticiero con Joaquín López Dóriga: 18 pun- tos de rating y 48 de share (porcentaje de televisores encendidos sintonizando el canal), frente a los 11 puntos, en prome- dio, y 33 de share de López Dóriga. En TV Azteca la situación es peor. Las transmisiones de lucha libre y la serie Los Simpson son más vistas que noticiarios como Hechos de la noche, con apenas 5.3 y 5.5 puntos de rating. El miércoles 5, en un extenso reporta- je, The Wall Street Journal confirmó que am- bas televisoras se coludieron desde 2012 para ocultar la disminución de los índices de medición de rating e intentaron “lanzar un ataque fulminante contra la combina- ción Nielsen-IBOPE”. El reportero David Luhnow citó a fun- cionarios de Nielsen: en una presentación reciente ante el Consejo de Medición de Audiencias de Estados Unidos la compañía acusó a Azteca de intentar “socavar y des- truir los ratings del mercado mexicano”. The Wall Street Journal denunció que trabajadores de Banco Azteca, una de las empresas filiales de Salinas Pliego, trata- ron de corromper “a decenas de miembros del panel de telespectadores de IBOPE en ocho ciudades mexicanas y les ofrecieron dinero a cambio de audímetros, según de- claraciones juradas revisadas”. Entre 2008 y 2013, citó el periódico, el porcentaje de mexicanos que ven televi- sión abierta cayó de 84 a 72%, según cifras de Nielsen-IBOPE. Las amas de casa entre 25 y 45 años con mayor poder adquisiti- vo de México “miran TV abierta 68% del tiempo, frente a 77% hace cinco años”. Por supuesto estas mediciones no le han gustado a ninguna de las dos televiso- ras, pero el principal y más duro crítico ha sido Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, quien calificó de “basura”los índices de audiencia medidos por el IBOPE. En junio de 2012TV Azteca rompió con el IBOPE, y su ejecutivo Mario San Román acusó a la compañía de “destruir la con- fianza en el sistema de medición de ra- tings” ante un supuesto robo de la base de datos del panel de personas que forman parte de la muestra. El reportaje del Journal fue convenien- temente ignorado por los comentaristas y columnistas ligados a ambas televisoras. Silencio sepulcral. Donde acusaron el golpe fue en la in- dustria publicitaria. Grandes empresas que han invertido millones de dólares en publicidad por televisión abierta están “revisando” sus resultados y convenios con ambas televisoras. Es el caso, por ejemplo, de Procter And Gamble, según información proporcionada a Proceso. Batallas con el IFT El primer documento del Instituto Federal de Telecomunicaciones que generó pro- Legalidad. En entredicho
  10. 10. 1949 / 9 DE MARZO DE 2014 13 TELECOMUNICACIONES MiguelDimayuga funda molestia en el duopolio televisivo fue el acuerdo para aprobar el Programa de Licitación y Adjudicación de nuevos canales de televisión, publicado en el Dia- rio Oficial de la Federación el 20 de diciem- bre de 2013. En el apartado de sus consideraciones técnico-regulatorias el IFT hace una dura descripción: “Actualmente este mercado registra un alto nivel de concentración, ya que Grupo Televisa (GTV) y Televisión Azteca (TVA), en su conjunto, concentran, directa o indirectamente, 95% de las concesiones, 96% de la audiencia y 99% de los ingresos por publicidad, asociados con la televi- sión abierta comercial.” Particularmente duro fue el diag- nóstico de concentración en ingresos publicitarios: “La oferta de espacios publicitarios de alcance nacional en televisión abierta, que conforma un segmento de mercado especialmente valioso para una variedad de anunciantes de productos y servicios de consumo masivo, se encuentra casi completamente concentrada por GTV y TVA. En este caso, las posibilidades de competencia solamente pueden venir de otras cadenas de televisión abierta de co- bertura nacional.” Por extraño que parezca, a pesar de la baja en sus índices de rating, ambas televi- soras mantienen 98% de los ingresos pu- blicitarios en televisión comercial desde 2007. Un estudio elaborado por Fernando Buttler Silva, del Colegio Nacional de Eco- nomistas, advirtió que Televisa tiene 71% de la publicidad y TV Azteca 28%. Calculó que en los próximos años ese gasto crece- ría 9% (Proceso 1620). El IFT identificó varias “barreras de entrada” como explicación de este alto nivel de concentración de señales, de audiencias y de ingresos publicitarios. Entre aquéllas mencionó “los altos reque- rimientos de inversión” en contenidos au- diovisuales, y “la integración vertical de GTV y TVA” que incluyen actividades de producción, programación, transmisión y comercialización de contenidos. “Este hecho incrementa los reque- rimientos de inversión de un potencial entrante debido a que, en la ausencia de mercados independientes para estas ac- tividades, se encuentra obligado a desa- rrollar y financiar estas actividades para ofrecer sus servicios a las audiencias y los anunciantes”, advirtió el documento de diciembre 2013. Frente a este diagnóstico del IFT, Te- levisa emprendió una serie de ampa- ros indirectos contra la indagatoria del organismo para determinar el “agente económico predominante”, como el fe- chado el 22 de noviembre de 2013 en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Com- petencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. También intentó frenar, mediante el juez 32 de lo Civil en el Distrito Federal, la resolución del IFT sobre must carry y must offer, con el argumento de que el organismo no tenía atribuciones para definir en esta materia, a pesar del reco- nocimiento expreso de la Constitución. El revés a Televisa se dio con la promo- ción de una controversia constitucional, a través del Ejecutivo federal, el pasado 13 de febrero. TV Azteca también inició otra serie de medidas y presiones contra las decisiones del IFT, en especial a través de comunica- dos acusando a Grupo Dish y a Telmex de tener un “acuerdo comercial” que viola la prohibición del título de concesión de la empresa de Carlos Slim para ofrecer ser- vicios de video. La resolución del jueves 6 que declara agente económico predominante a Tele- visa en el mercado de televisión abierta afecta a la compañía de Azcárraga Jean pues por primera vez se le aplican medi- das para compartir su infraestructura y prohibir medidas discriminatorias en la contratación de publicidad, y le restringe la adquisición de “contenidos relevantes” destinados a la transmisión de mane- ra exclusiva en sus canales de televisión abierta y restringida. La PGR investiga a Salinas Pliego Mientras que a Televisa se le aplican me- didas como “agente económico relevante” en televisión abierta, Proceso confirmó que la Procuraduría General de la Repú- blica (PGR) mantiene una investigación abierta contra Ricardo Salinas Pliego, no en relación con su servicio televisivo, sino con el expediente derivado de la de- fraudación fiscal de Gastón Azcárraga en Mexicana de Aviación. Según la información proporcionada a Proceso, Salinas Pliego compró a través de Elektra del Milenio, una de las subsi- diarias del grupo, pérdidas fiscales por 14 mil millones de pesos (alrededor de mil 100 millones de dólares) a cinco de las seis pequeñas empresas en las que Gastón Az- cárraga dividió a Grupo Mexicana desde 2008. En 2009 Elektra del Milenio “adquirió” estas pérdidas fiscales que le sirvieron para consolidar y exentar impuestos ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) mediante unos instrumentos co- nocidos como cucas (cuenta de capital de aportación actualizada). Esta operación constituiría, según re- portes de la investigación ministerial, otro de los fraudes cometidos por Mexicana de Aviación e implica a Salinas Pliego. En tanto la PGR investiga este pre- sunto fraude fiscal, el Servicio de Admi- nistración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda le adjudicaron millonarios contratos a Operbes, filial de telecomu- nicaciones de Grupo Televisa, y a Grupo Iusacell, propiedad en 50% de Azcárraga Jean y Salinas Pliego. De acuerdo con la información publi- cada por el periódico Reforma, el pasado 7 de enero el SAT adjudicó un contrato por mil 929 millones de pesos a Operbes, hasta 2018, para tener el control de los servicios de administración de comunica- ciones del SAT. El otro contrato, firmado con Grupo Iu- sacell, fue por 320 millones de pesos, con vigencia hasta junio de 2017, para darle servicio a la red privada virtual de la Se- cretaría de Hacienda, que enlaza a sus 61 instalaciones en el gobierno federal. La información de estos contratos se divulgó a través de un recurso de incon- formidad presentado por la compañía Ax- tel ante el Órgano Interno de Control del SAT para suspender la firma de uno de los dos contratos por presuntas irregularida- des. El pasado 28 de enero fue rechazada la solicitud de Axtel.
  11. 11. La droga, riquezade Sinaloa PATRICIA DÁVILA E n un estudio sobre el producto interno bruto (PIB) de cinco mu- nicipios del sur sinaloense –Ma- zatlán, Escuinapa, Rosario, San Ignacio y Concordia–, un equipo de investigadores de la Univer- sidad Autónoma de Sinaloa (UAS) detectó que 8% –22 mil 880 millones de pesos– de la riqueza estatal generada en 2012 –286 mil millones de pesos– tiene una proce- dencia “inexplicable” y atribuye su origen al narcotráfico. Es la primera vez que especialistas revi- san analíticamente el comportamiento de la economía en un estado como Sinaloa, lu- gar de nacimiento de una decena de capos del narcotráfico convertidos ahora en per- sonajes míticos para los sinaloenses, capa- ces de salir masivamente a las calles para exigir la liberación o la no extradición de uno de ellos: Joaquín El Chapo Guzmán. En la entidad los cultivos de amapola y mariguana son tan importantes que en algunas regiones se vuelven el sostén eco- nómico fundamental. En una entrevista publicada en julio de 2001 en el periódico La Jornada, el exgober- nador Juan S. Millán reconoció que se que- daban cortos quienes decían que 62% de la economía sinaloense estaba permeada por la actividad de las drogas, dice a Pro- ceso Nery Córdova, también investigador de la UAS. Asegura que en Sinaloa el narcotráfico tocó directamente a la cultura además del turismo, la banca, la pesca, la agricultura, la ganadería, la agroindustria, la construc- ción y el comercio mediante el lavado de dinero. También se ha metido en los es- pectáculos, la música popular, el deporte y la educación. Información insuficiente Juan Manuel Mendoza Guerrero,Arturo Li- zárraga Hernández y Omar Lizárraga Mo- rales, investigadores de la UAS y autores Benjamín Flores 14 1949 / 9 DE MARZO DE 2014
  12. 12. Investigadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa detectaron que 8% de la riqueza generada en 2012 en cinco municipios sinaloenses tiene un origen formalmente “inexplicable”. Tiene que ver, sin duda, con el narco- tráfico, con la cosecha de amapola y mariguana, con su venta y con el blanqueo de capitales.En una entidad donde el Estado no ha sido capaz de satisfacer las necesidades elementales,para mucha gente el único camino para sobrevivir es el narcotráfico,lo que explicaría las marchas por la libe- ración o la no extradición del Chapo Guzmán. del libro Sinaloa en el siglo XXI; economía y población de la región sur (de próxima apari- ción) se dieron a la tarea de analizar el PIB de los municipios del sur del estado. Su primer reto fue calcular el PIB, pues la información económica municipal es deficiente en tanto que la del Instituto Na- cional de Estadística y Geografía es insufi- ciente, pese a que ha creado categorías se- paradas para los valores de la naturaleza (bioeconomía), de la economía informal y del valor generado por el trabajo no remu- nerado en los hogares y de las remesas. Los autores detectaron que 8% de la ri- queza generada en esa región tiene un ori- gen inexplicable. Mendoza aclara en entrevista: “Para analizar el PIB hay que tomar en cuenta más de mil actividades económicas y más de 20 subsectores. Podríamos pensar que ese 8% proviene de ‘cuentas satélites’ con- templadas por el Inegi para actividades in- formales; sin embargo no es el caso, por- que tampoco encuadra en este rubro de la economía informal”. Los autores detectaron que el sec- tor financiero se disparó en los últimos años, pero al analizar los PIB municipa- les no encontraron explicación a este fe- nómeno, pues el crecimiento de la rique- za siempre está asociado a la inversión en urbanización o en polos de desarrollo ur- bano y en los municipios no hay urbani- zación ni polos de desarrollo urbano. “Hablamos de un mundo de dinero. O sea que es casi equivalente al PIB arrojado en actividades del sector primario, que es de 11.78% del PIB o a actividades como la industria manufacturera, con 8.12% o de la construcción, donde llegó a 8.87%”, se- ñala Mendoza. Afirma que el problema de las activi- dades relacionadas con las drogas es que están disfrazadas en movimientos lícitos de innumerables empresas, las cuales tie- nen muchas formas de ocultar la informa- ción. Sin embargo tienen la certeza de que existe ese residuo de 8% proveniente de actividades ilícitas. El cultivo de amapola y mariguana en las zonas serranas de Sinaloa es de gran im- portancia para explicar los movimientos de población en sus municipios: cuando se ex- pande el cultivo hay propensión a arraigar a la población; cuando se le erradica se pro- voca que la gente emigre,pues se limita una considerable fuente de sus ingresos. Íntimamente relacionada con el nar- cotráfico y con la migración se encuentra la violencia, tanto institucional como la de los grupos que se dedican al cultivo y dis- tribución de goma de opio y mariguana. Lizárraga Hernández –también autor del libro Nos llevó la ventolera… sobre el pro- ceso de migración rural sinaloense hacia el extranjero– dice a este semanario: “La acti- vidad del narcotráfico se lleva a cabo prác- ticamente en todos los municipios que to- tal o parcialmente se encuentran ubicados en la sierra. Es más notoria en los munici- pios donde históricamente se ha sembrado la amapola, como Badiraguato, Sinaloa de Leyva, Choix, Culiacán, Cosalá y San Igna- cio. En los demás municipios serranos se siembra mariguana. “Pero el cultivo de esos enervantes se lleva a cabo cotidianamente, como si se tratara de cualquier otro producto agrícola: hay sembradores, coyotes y grandes com- pradores. Los primeros lo hacen de mane- ra regular, alternando los cultivos prohibi- dos con los legales: siembran maíz o frijol o cualquier otro producto, y mariguana o amapola al mismo tiempo, dependiendo, en todo caso, de la particularidad del ciclo agrícola.” El control lo tienen las organizaciones del narcotráfico y sólo se comercializa el producto a través de ellas. La mariguana se siembra “libremente”, dice Lizárraga Her- nández, pero se comercia a través de coyo- tes –quienes tienen los contactos con las mafias– que pasan a los pueblos una vez terminado el ciclo agrícola. Cuando se tra- ta de alguna variedad particular, ellos pro- veen de semilla mejorada; cuando llega el momento de cosechar pasan por los pue- blos a comprar el cultivo, como sucede con otros productos como maíz o frijol. Agrega que la amapola, en cambio, es financiada previamente por “inversionis- tas” que se encuentran en las ciudades y se dedican, además de financiar la siembra de este producto, a otras actividades eco- nómicas, como la agricultura en los valles. “Ellos nunca se arriesgan, contratan a intermediarios, quienes organizan a gru- http://mexico.cnn.com Incineraciones. Población ahuyentada NARCOTRÁFICO 1949 / 9 DE MARZO DE 2014 15
  13. 13. pos reducidos de personas de las localida- des serranas para llevar a cabo el cultivo en las zonas más apartadas. Entregan la semi- lla, arman a las personas que se encargarán de la labranza, proveen de alimentos mien- tras dura el proceso y muchas veces pagan una cantidad por adelantado, ya que las fa- milias se quedan sin la presencia del padre. Una vez que llega el periodo de cosecha, en las zonas serranas más productivas fami- lias enteras ‘suben’ a los puntos de siembra y se incorporan a recoger la goma.Se estima que ganan más de 500 pesos por día. “Es imposible saber cuántas personas se dedican a esta actividad, pero un profe- sor del municipio de Cosalá decía que en temporada de cosecha hasta las escuelas se quedan sin niños. Familias enteras se van ‘para arriba’ a trabajar. Incluso es co- mún que los comerciantes de los muni- cipios serranos esperen con ansia el pe- riodo de cosecha, o sea, rayar la planta de amapola para recoger la goma, pues cuan- do hay dinero arriba (en la sierra), hay di- nero abajo (en las cabeceras municipa- les)”, explica. Dedicarse a la siembra y cosecha de ma- riguanaoamapolaesunaactividadcomple- mentaria o alternativa, dados los niveles de pobreza. En todos los municipios la pobla- ción se dedica al sector primario de la eco- nomía (agricultura, ganadería) en porcen- tajes que van desde 31.7% de la población económicamente activa (PEA) en munici- pios cercanos a la costa o cuya población se encuentra más concentrada, hasta más de 50% en los de las zonas serranas. La PEA dedicada al sector secundario varía apenas entre 12% y 25% y la dedicada E n la cima de la montaña más alta de La Tuna, en Badiraguato, Sinaloa, entre una base del Ejército y la fin- ca rosada de doña Consuelo Loera, madre del capo más famoso de México, se yergue una propiedad que destaca por sus altos cipreses, verdísimos jardines, naranja- les, coloridos rosales y una enorme palapa. Se llama El Cielo y era una de las guaridas de Joaquín El Chapo Guzmán, quien siem- pre estuvo a la vista de un gobierno que su- puestamente lo persiguió 13 años. Angus MacQueen y Guillermo Galdós –directores del documental The Legend of Shorty (La leyenda del Chapo), coproduc- ción de Canal 4 de Inglaterra y de las com- pañías estadunidenses Discovery Channel y Public Broadcast Service (PBS)– hace dos años establecieron contacto con el líder del Cártel de Sinaloa para entrevistarlo. A finales del pasado diciembre Guz- mán se negó a dar “por el momento” una entrevista, pero durante dos años les abrió a MacQueen y Galdós una de las puertas del mundo en el que vivió. La premier del documental tuvo lugar el viernes 7 en el South by Southwest Festi- val, en Austin, Texas. El Cielo “Él desde chiquillo aspiró siempre a mo- verse”, dijo doña Consuelo Loera desde su finca en La Tuna refiriéndose a su hijo El Chapo en entrevista para el documental, obtenida, según los directores, por instruc- ciones del capo. Ante las cámaras, con rostro sereno como quien habla de las travesuras de sus pequeños, narra que cuando Joaquín era chico enrollaba los billetes de colores del Turista Mundial, y aunque eran de fantasía él le pedía que se los guardara. “Billetitos que de a 50, que de a cin- co... y él juntaba y juntaba y hacía macitos y los amarraba y me decía: ‘Mamá, guár- demelos, guárdemelos’. Eran de colores, pero al verse juntos se veían como billetes. Tenía la curiosidad de juntarlos y yo se los guardaba. La finca a la que se llega por un camino pavimentado y empedrado está apenas a unos minutos del refugio preferido de Guz- mán, hasta donde llegaron las cámaras. El lugar se llama El Cielo y desde ahí El Chapo podía ver la casa de su madre, que él mis- mo mandó a construir, y el cuartel militar que en coche apenas está a 10 minutos. Aunque la casa de una sola planta no es ostentosa, Galdós señala a Proceso que el lujo es la majestuosa vista panorá- mica de sus dominios y la tranquilidad que ahí se respira. Con la tecnología satelital debe ser un lugar que difícilmente pasaría inadvertido, sobre todo si se encuentra en territorio de Guzmán Loera. Dicen sus allegados que allá fue El Cha- po luego de escapar del penal de Puente Grande en 2001. Y es El Cielo donde fue grabado un video subido a YouTube en 2012 en el cual aparece Guzmán interro- gando a un presunto miembro de un bando contrario, amarrado a un poste y con los pantalones hasta las rodillas. “El Chapo” permitió a televisoras extranjeras conocer sus dominiosANABEL HERNÁNDEZ Escenas del documental presentado en Texas 16 1949 / 9 DE MARZO DE 2014
  14. 14. al terciario es de alrededor de 20%. Puede ser aventurado afirmar que todos los dedi- cados al sector primario se dedican al nar- cocultivo, pero sí se puede decir que todos tienen un vecino, un amigo, un pariente re- lacionado con esa actividad. Un aspecto interesante del narcoculti- vo en los pueblos serranos es que no se le percibe como una actividad condena- ble moral o éticamente: “Me ha tocado ver que en las casas de las familias están los costales de mariguana, a la vista de todos, como si fuesen costales de maíz. En todo Galdós, periodista de Lima, Perú, señala en entrevista que por su trabajo él ha hecho reportajes en distintas zonas de conflicto en las que invariablemente hay retenes y fuerte presencia de policías o militares. “Después de subir seis veces al terri- torio del Chapo mi sorpresa fue que nunca me topé con un retén en el que me revisa- ran, aunque hay una base militar al lado de La Tuna”, dice. Agrega que una de las historias que se cuentan acerca de Guzmán es que era tal su cercanía con los soldados que cuando murió uno de sus sicarios más veterano les pagó para que permitieran que en la base militar aterrizara la aeronave que traía el cuerpo y poder despedirse de quien tanto le había servido. Galdós cuenta que durante las noches que pernoctó en las tierras de Guzmán, su mayor preocupación era que llegara un ataque del Ejército y los aniquilaran. “No te preocupes, de cualquier operativo nos avisan dos horas antes. Al comandante de la ciudad (Culiacán) ya lo tenemos bien arreglado”, le dijeron los hombres del Cha- po. Lo cierto es que mientras visitó la sierra de Badiraguato, nunca hubo ni por asomo una incursión militar. Las huestes A lo largo del documental aparecen perso- najes primitivos, elementales, que compo- nen los diferentes eslabones de la cadena de producción y distribución de droga que hizo que Guzmán fuera catalogado por el gobierno estadunidense como el narcotra- ficante más poderoso del mundo. Viendo y escuchando los testimonios de las hues- tes del Chapo es difícil pensar que sean exitosos en el negocio de la droga sólo por buena suerte. Uno de esos personajes es El Flaco, a quien Galdós describe como sacado de una película de Hollywood: al servicio del Chapo y responsable del tráfico de cocaína desde Sinaloa hasta Tijuana, con 20 años de trasegar drogas y nunca detenido, él fue el conducto para entrar a uno de los círculos de Guzmán. También desfila un pintoresco sina- loense apodado El Chino, quien tiene y canta a cámara su propio corrido. Es un piloto famoso por llevar por aire la droga a Estados Unidos. Es uno de los pocos que enseñan su rostro abiertamente, casi con orgullo, y muestra su habilidad de aterrizar en pistas diminutas en la sierra de Sinaloa, de las cuales hay docenas. Luego vienen los independientes, los que trafican su propia mercancía en menor escala pero deben respetar los precios que fija el Cártel de Sinaloa y pagar de- recho de piso, si no quieren morir. Como ejemplo aparece un traficante que con la cámara de testigo guarda más de seis paquetes de metanfetaminas en distintos compartimentos de una pick-up azul, cada uno con valor de 5 mil 500 dólares, y lo caso es una actividad económica con altos riesgos, tanto por el aspecto legal como el de la participación de los grupos armados. En el primer caso, cuando el Ejército o las policías realizan las pesquisas, puede sig- nificar la cárcel; en el segundo, cuando al- guien ‘da un pitazo’ es la muerte segura”, afirma el investigador. El problema, educación –¿Qué tanto influye la inaccesibilidad de la zona para que la mayoría de los progra- mas de gobierno no lleguen a las comuni- dades de la sierra, motivando que la única fuente de ingreso sean actividades del narcotráfico? –se le pregunta a Nery Cór- dova, autor del libro Narcocultura: simbolo- gía de la transgresión, el poder y la muerte. –Los sistemas de apoyo y los canales de distribución con que cuenta el Estado mexi- cano hacen difícil la vida y parece que los lugareños no tienen otro camino que dedi- carse a eso. El problema se expandió a las ciudades, donde miles de jóvenes margina- dos, sin educación, sin prácticamente na- cruza exitosamente a Estados Unidos. “La impresión que me dio es que estos personajes reflejan la realidad de Sinaloa; todos eran auténticos sinaloenses, gente acostumbrada al mundo del tráfico y el contrabando, un mundo en el que se sien- ten seguros”, dice Galdós. Por último se muestra el rostro y modo de vida de los campesinos, el eslabón más frágil de la cadena criminal multinacional que deja millones de dólares en todo el mundo. El documental exhibe sus vidas humil- des pese a las toneladas de droga que sus manos producen; contrastan con la vida que los narcojuniors exhiben en sus cuen- tas de Twitter y Facebook. Campesinos niños, adolescentes y adultos aparecen rayando la amapola o cortando, secando y haciendo pacas de mariguana que se van a Estados Unidos. “Si comparo mi experiencia con traficantes de Río de Janeiro que estaban llenos de oro, esta gente es bien básica; tienen sólo su .38 súper, su cuerno de chivo, una cuatrimoto y su bolsa de perico a un lado”, dice Galdós. La mayoría de los hombres de la sierra consumen cocaína, no mariguana. –¿Qué pensaron cuando supieron de la captura de Guzmán a unas semanas del estreno del documental? –se le pregunta a Galdós. –Pensamos que le había llegado la hora de cambiar de cara a la organización y que esto era algo quizás que había sido un pacto, un arreglo, que se había acordado su arresto. Me parece muy raro que haya estado solo, sin su seguridad... dicen que andaba protegido como un presidente. –¿Por qué piensa que El Chapo les abrió una ventana a su mundo? –Sabía que habíamos hablado con gen- te de organizaciones criminales de otra par- te del mundo y que nuestro interés principal era entender cómo funcionaba el negocio... tal vez quería mostrar ese mundo de la sierra y enseñar que no son los productores los que tienen las grandes ganancias. La ganancia está en los que la trafican, pero sobre todo en los que la distribuyen. NARCOTRÁFICO 1949 / 9 DE MARZO DE 2014 17
  15. 15. da, algo tienen que hacer y se incorporan a las actividades delictivas. El sistema econó- mico sigue lastimando a amplias capas de la población. Éste es el mundo en que vivi- mos y esa población sin educación, sin cul- tura, sin opciones algo tiene que hacer pa- ra sobrevivir. “Es una población profundamente las- timada. Ha logrado poner en un predica- mento a las políticas del Estado mexicano y su combate al narcotráfico, porque lo que ha hecho el Estado es combatir los efectos, enfrentarse a las consecuencias, pero no han atacado las estructuras, las carencias, las ausencias, las limitaciones de una so- ciedad urgida de bienes de trabajo, de edu- cación, de empleo, de actividades.” –¿Es premeditada esa falta de atención? –Más bien creo que tratan de que con- vivan sanamente ambos mundos. Resol- ver los problemas económicos de una población no es sencillo y resolver los pro- blemas de seguridad es mucho más com- plicado. Quienes se dedican a estas acti- vidades, quienes cometen los crímenes son seres humanos que en otras circuns- tancias probablemente serían profesores, médicos, incluso policías o jueces; pero el destino, el mundo, las circunstancias eco- nómicas de nuestro país los han puesto en otro lugar. “Fueron las condiciones sociales,las co- sas que tenían al alcance, su aprendizaje. El problema que veo es el de la educación. No ven otro camino más sencillo, piensan que es fácil meterse a la industria del narcotrá- fico. Pero no, es una labor muy complicada donde todos tienen que vivir a salto de ma- ta.Ya vimos la odisea del Chapo y no es fácil esconderse 13 años.” –¿Qué tanto afectará su captura a la narcoeconomía? –Nada. Los personajes no son impres- cindibles. Surgen otros. El Chapo sólo era una figura, la punta del iceberg. La indus- tria sigue sólida. De la industria de las dro- gas ilegales se beneficia la industria mili- tar, la farmacéutica, la química, la política y los medios de comunicación, todo este oropel que significa una sociedad de ma- sas actual, así que El Chapo sólo es un de- talle, un detalle muy fuerte, por supuesto. –¿Hasta dónde van a llegar estas ma- nifestaciones públicas a favor de él? –Se tranquilizarán. Ni siquiera saben qué significa la extradición. Los sinaloen- ses simplemente manifiestan su encono, su rabia; no tienen fines políticos e ideo- lógicos más allá de ser una manifesta- ción espontánea de una población que es- tá nutrida, que vive cerca de un mundo de transgresión que forma parte de la cultu- ra aprendida. Es lo que le han enseñado a la sociedad a lo largo de más de un siglo. “Fuentes oficiales reportan que en el estado (con una población de casi 3 millo- nes) hay algo así como 5 o 6% de desem- pleo abierto, que se traduce en cerca de 70 mil personas que no tienen fuente de in- gresos. Pero de algo han de sobrevivir. No se sabe de qué forma precisa. “Por lo que sabemos los precios de la cocaína y la heroína (esta última un poco más elevada) son similares.En las zonas de producción se dice que un kilogramo llega a tener un precio aproximado de 5 mil dó- lares.Y ya en el mercado un kilo de heroína se dice que cuesta un poco más de 70 mil dólares, aunque también se habla de 100 mil dólares. “Nada de esto puede confirmarse bien a bien, obviamente por la naturaleza de la actividad y porque la droga puede sufrir al- teraciones en su tránsito desde la produc- ción hasta llegar al consumidor final. En el campo sinaloense muchos de los cultiva- dores son campesinos a quienes se les pa- ga por jornal y por cosecha, y se habla de cantidades que van de los 100 a los 150 pe- sos diarios, por sembrar, cuidar, cultivar, rayar y piscar o por alguna de estas fases.” Acerca de cuánto se produce y en qué extensión del territorio, señala que en ca- si la mitad de Sinaloa es factible la siem- bra de enervantes. Los cálculos se basan sobre todo en las incautaciones y destruc- ciones de plantíos. Sobre la economía sinaloense relacio- nada con el fenómeno, señala que se care- ce de datos confiables, aunque el exgober- nador Millán, cuando estaba en funciones, habló de que la economía estatal estaba afectada en más de 62% por dinero del nar- cotráfico. En su momento los empresarios pusieron el grito en el cielo, pero ahí que- dó todo. “Pero se tiene una idea o sólo una im- presión sobre el lavado de dinero, cuando a lo largo de todo el año una enorme canti- dad de negocios, tiendas, restaurantes, ba- res que pululan en las principales ciudades del estado, aunque sin ventas y sin clien- tes, inexplicablemente permanecen abier- tos”, concluye Córdova. JuanCarlosCruz “Base social” del crimen organizado 18 1949 / 9 DE MARZO DE 2014
  16. 16. La Operación Limpieza emprendida en el sexenio cal- deronista para ser aplicada en el seno de la corrupta PGR no solamente resultó en un fracaso rotundo. Fue una injusticia artera, mayúscula. Por falta de pruebas, una a una han ido saliendo de prisión las personas que fueron procesadas bajo la acusación de colaborar con el crimen organizado. El agente Alejandro Aguilar Ló- pez pasó casi cuatro años y medio en el penal de máxi- ma seguridad de Puente Grande, Jalisco, y cuando se presentó de nuevo en su centro de trabajo simplemen- te le dijeron: estás dado de baja. JORGE CARRASCO ARAIZAGA C uatro años, cuatro meses y cuatro días de prisión, además de su empleo, le costaron al policía ministerial de la Procu- raduría General de la República (PGR) Alejandro Aguilar López la injusta acusación de la subprocurado- ra Marisela Morales, sostenida de manera endeble, de que trabajaba para el Cártel de los hermanos Beltrán Leyva. En abril de 2009, la Operación Limpieza estaba en su apogeo al interior de la PGR. El entonces titular de la dependencia, Eduar- do Medina Mora, hoy embajador en Estados Unidos, y la subprocuradora Morales, ac- tual cónsul en Milán, estaban empeñados en demostrar, acicateados por la DEA, que el combate al narcotráfico enarbolado por su jefe,Felipe Calderón,incluía al propio go- bierno, empezando por la procuraduría. Necesitaban, pues, nombres de fun- cionarios y empleados, jefes y personal operativo, para darle contenido a la ope- ración que, según anunciaron, estaba diri- gida dentro de la PGR contra los protectores del narcotráfico, en especial de los Beltrán Leyva, entonces socios de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa deteni- do el pasado 22 de febrero. Medina Mora informó que entre octu- bre de 2008, cuando se inició la Operación Limpieza, y febrero de 2009, habían caído 25 funcionarios y agentes de la PGR, en- tre ellos Noé Ramírez Mandujano, quien fungía como titular de la Subprocuradu- ría de Investigación Especializada en De- lincuencia Organizada (SIEDO), hoy SEI- DO, cargo que heredó Morales. Cinco años y medio después, la justi- cia federal hizo de la operación un fracaso redondo. Todos los acusados están libres como consecuencia de la fragilidad de las pruebas, sostenidas sólo por testigos pro- tegidos, las cuales fueron desacreditadas por jueces federales por falsas e inconsis- tentes. Apenas el pasado 26 de febrero, el Eduardo Miranda Medina Mora y Marisela Morales, exhibidospor la artera Operación LimpiezaMorales. Justicia a la carta 20 1949 / 9 DE MARZO DE 2014
  17. 17. Poder Judicial Federal puso en libertad a los dos últimos detenidos. En el clímax de la operación fueron aprehendidos el coordinador técnico de la SIEDO, Miguel Colorado González, y el exje- fe de la Interpol México, Rodolfo de la Guar- dia García. Pero Medina Mora y Marisela Morales iban por más, entre ellos Alejandro Aguilar López, jefe de grupo de traslados de procesados en la Agencia Federal de Inves- tigación (AFI) de la PGR, ahora sustituida por la Agencia de Investigación Criminal. La emboscada La mañana del sábado 18 de abril de 2009, Aguilar López, de entonces 39 años, re- cibió la orden ministerial de trasladar a Guadalajara desde el Centro de Investiga- ción Federal (CIF), ahora Centro Nacional de Arraigos, a un grupo de nueve procesa- dos por delincuencia organizada. Entre los detenidos iba Gerónimo Gámez García, El Primo o El Contador, identificado como pri- mo de los Beltrán Leyva y uno de los en- cargados de las cuentas del cártel dirigido por los hermanos. Era uno más de los alrededor de 500 traslados que había hecho desde 2005. Ha- bía llegado a la PGR en el año 2000 como investigador de delitos federales. Psicólo- go egresado de la UNAM, con estudios de licenciatura en administración policial y cursos de la Policía Nacional de Francia y el FBI de Estados Unidos, ascendió desde vi- gilante hasta jefe de un grupo de traslados. Con una orden ministerial en la ma- no, que tenía apenas un día de haber si- do dirigida a la dirección de la AFI, Agui- lar López ya tenía organizado a su grupo Greco hacia el mediodía del sábado. Pero media hora antes de la salida, su jefe, Julio César Rodríguez López, encargado de los dos grupos de traslado de la AFI en la Di- rección de Operaciones Especiales, le dijo que las personas aprehendidas serían lle- vadas al penal de mediana seguridad del Rincón, en Nayarit. Partieron en dos Van Express y una su- burban hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En el hangar de la PGR, policías y detenidos volaron con me- dia hora de diferencia a Nayarit en dos ae- ronaves Grumman. Por orden del jefe del CIF, el general mayor retirado del Ejército Miguel Án- gel Pérez Reséndiz, salieron sin el apoyo de los servicios técnicos que se encargan de videograbar los operativos. Llegaron a Nayarit a las 14:12 y 14:40 horas, respecti- vamente, tiempo del Pacífico. Aguilar Ló- pez reportaba todos los movimientos me- diante el sistema Matra de radio a Arturo Negrete, jefe de departamento en el CIF, quien coordinó la entrega de los procesa- dos con la delegación de la PGR y las auto- ridades del penal. En Nayarit, el jefe del grupo dispuso un convoy de siete vehículos para el traslado. Iban 16 elementos de la AFI, dos más de la corporación destacados en Nayarit, un ministerio público federal que había via- jado desde el DF, elementos de la Policía Federal y custodios del penal. Él iba al fi- nal de la caravana. Por razones tácticas y con el conoci- miento de sus superiores en el CIF, deci- dió que en las dos camionetas de la AFI se trasladaran sólo 8 de los 16 agentes por- que de lo contrario en caso de un ataque se les dificultaría responder a una agre- sión. La mitad de los elementos se quedó en el aeropuerto. El convoy policial apenas había avan- zado kilómetro y medio cuando fue em- boscado por un grupo apertrechado con armas largas y explosivos. Comenzaron las ráfagas y de inmediato cayeron heri- dos dos de los agentes de la AFI. El resto se bajó a repeler el ataque. El jefe del gru- po alcanzó a marcar con su celular al CIF para pedir clave 5, que significa emergen- cia. El enfrentamiento duró 15 minutos y en ese lapso no llegó ningún apoyo. Antes de irse, los agresores lanzaron una grana- da que explotó a metro y medio de donde se encontraban los agentes policiales (Pro- ceso 1695 y 1707). En su huida, los atacantes dejaron un cuerno de chivo, un M16 y un vehículo blin- dado con un radio de comunicación, un chaleco táctico con tres cargadores, 40 car- gadores vacíos de entre 50 y 100 tiros para AK-47, 32 cartuchos para este tipo de arma y dos granadas, una de ellas sin espoleta. Según el reporte policial de Aguilar, los ata- cantes también dispararon desde una ca- sa ubicada a la orilla de la carretera, en la que después del enfrentamiento fue ase- gurada una camioneta Mitsubishi blanca con armas. El ataque dejó ocho muertos: cinco ele- mentos de la Policía Federal, el director téc- nico del penal y dos agentes de la AFI, uno del grupo Greco y otro más de esa corpora- ción en Nayarit. Hubo más de una decena de heridos, entre ellos el propio jefe del gru- po por un rozón de bala y el ministerio pú- blico federal Erasmo de Jesús Hernández. Uno de los sobrevivientes, el agente de la AFI Carlos Igor Hernández Flores, salió en un vehículo prestado por un particular en busca de los ocho agentes que se ha- bían quedado en el aeropuerto. Éstos ex- plicaron que al oír las detonaciones pi- dieron ayuda al personal de la empresa encargada de la seguridad del aeropuerto. Se las negaron. Los militares destacados en la terminal aérea tampoco hicieron na- da porque no tenían vehículo. Tampoco llegaron ambulancias. Los heridos fueron trasladados a clínicas del IMSS y del ISSSTE en vehículos de parti- culares que se acercaron después del en- frentamiento; 45 minutos más tarde, en el lugar del ataque ya estaban policías mu- nicipales, militares y personal de la PGR. El comando no logró rescatar a los de- tenidos. La Policía Federal pudo llevárselos al penal en un camión blindado, esposa- dos, y a ellos también les dispararon. No se sabe si para rescatarlos o para eliminarlos por cuenta del propio cártel o de otra orga- nización, dice Alejandro Aguilar a Proceso. Después de localizar a sus compañe- ros hospitalizados para reportar al CIF de su condición, Aguilar López llegó a las ocho y media de la noche a declarar ante la delegación de la PGR en Nayarit.Ahí pa- só la noche. Al día siguiente, domingo, ha- cia las dos de la tarde, llegaron a esa ofici- na los dos cuerpos de sus compañeros de la AFI caídos. Les hicieron una guardia de honor de 20 minutos. El jefe del grupo regresó a la Ciudad de México a las nueve y media de la noche junto con sus compañeros heridos para internarlos en un hospital privado. A las cuatro de la mañana del lunes llegó al CIF. Ahí, el jefe del centro, el militar retirado Pérez Reséndiz, antes de preguntarle por sus compañeros muertos y heridos le in- quirió sobre el número de tiros que usó, cuenta Aguilar López. La pesadilla siguió ese lunes 20, cuan- do los sobrevivientes, con engaños, fueron llamados a declarar ante la SIEDO. Les di- jeron que los iban a ascender por haber re- pelido el ataque. Relata que ahí estaba la directora de la AFI, Nicandra Castro Escar- pulli, quien para entonces ya tenía un ex- pediente armado con fotos satelitales de la DEA sobre la emboscada. Dice que en tono irónico les ofreció “una letra”, es de- cir, un ascenso. MiguelDimayuga Aguilar. Vapuleado NARCOTRÁFICO 1949 / 9 DE MARZO DE 2014 21
  18. 18. En la SIEDO se encontró con compañe- ros del grupo de traslados que habían sido llamados a declarar aun cuando se encon- traban de vacaciones, francos o en otros servicios.También estaba el ministerio pú- blico federal De la Cruz Hernández, quien atemorizado apenas le pudo decir que le tenían prohibido hablar con ellos. El agente Hernández Flores, sobrevi- viente de la emboscada, refiere en entrevis- ta que a las diligencias ministeriales de ese día llegaron agentes de la DEA.Además, di- ce, estuvo uno de sus principales acusado- res, José Salvador Quintanilla Puga, El Pitu- fo, uno de los testigos protegidos favoritos de la administración anterior. Relata que El Pitufo le preguntó cómo le había ido en el ataque. “(Él) ya estaba aleccionado por el Ministerio Público porque el expediente ya estaba armado”, asegura. La SIEDO construyó el expediente no sólo con las declaraciones de Quintani- lla Puga; también con las de otros testigos protegidos: Jorge Nieves Cárdenas, Conde; Rubén Ríos Estrada o Pedro Ignacio Zazue- ta o Ignacio Lorenzo Zazueta Rodríguez, Carlos, Pit o Angélica; Luis Ernesto Ramí- rez Vázquez, Guadalupe, y Marcos Asse- mat Hernández, Fernando, quienes fueron identificados por la justicia federal. La detención El viernes 24, el Ministerio Público Federal retuvo, sin que mediara orden de deten- ción, al agente que encabezó el traslado y a los otros 12 elementos de la AFI, quienes pasaron de víctimas a acusados. Alejan- dro Aguilar cuenta que el ministerio públi- co Julio Patesi Guedea Téllez les dijo: “Cha- vos, ya lo saben. Su situación jurídica ya cambió. Están detenidos y se van a echar el arraigo. Después ya veremos.Y si no tienen nada que ver, se van en el amparo”. En lugar de ser enviados a un centro penal, los mandaron a los separos del Cen- tro de Mando de la Policía Federal en Izta- palapa, donde estuvieron 74 días, seis an- tes de que se venciera el plazo del arraigo, “donde no se sabe si es de noche o de día” porque es un bloque cerrado en forma de L en el que se distribuyen ocho celdas y con un espejo en el corredor para reflejar a los detenidos. Aguilar López asegura que ahí fueron maltratados “por matapolicías”. Después de dos meses y medio de arraigo, fueron trasladados a distintos pe- nales. Alejandro Aguilar, contra quien la SIEDO quería una pena de 20 a 40 años, fue ingresado el 9 de julio de 2009 al de máxi- ma seguridad de Puente Grande, Jalisco, donde, dice, continuó siendo objeto de hu- millaciones y maltratos. La SIEDO consignó a 13 agentes y cua- tro albañiles de Tepic. A éstos los acusaron de ser parte de los sicarios. A todos los de- tenidos se les imputaron delitos graves: violación a la Ley Federal Contra la Delin- cuencia Organizada, homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, evasión de presos en grado de tentativa y contra la administración de justicia. Los ci- viles tampoco tenían nada que ver. Entre los 13 agentes federales había seis que no participaron en el traslado. On- ce salieron en libertad y 10 fueron reinsta- lados en sus puestos de policías federales ministeriales. No fue el caso de Aguilar Ló- pez, la agente María de Lourdes Rodríguez Oble y Flores Hernández, quienes no han sido reinstalados a pesar de que los dos primeros fueron absueltos y el tercero es- tuvo en todo momento amparado, por lo que no fue encarcelado. A ninguno le han pagado los salarios que le retuvieron des- de entonces. “La SIEDO nunca investigó y nos incul- paron por consigna”, coinciden en señalar los sobrevivientes de la emboscada. Incluso las armas que ellos mismos aseguraron fue- ron utilizadas en su contra. Los ministerios públicos los acusaron de haberlas utilizado para matar a sus compañeros y de haber fil- trado la información del traslado. Según El Pitufo, como jefe de grupo Ale- jandro Aguilar era uno de los que cobra- ban cuotas a la delincuencia organizada; el testigo protegido refirió que eso lo su- po cuando estuvo en el centro de arraigo. Tras la salida de Marisela Morales de la PGR, Aguilar López fue puesto en libertad el 29 de agosto de 2013 por el juez cuar- to de Distrito de Procesos Penales federa- les en el estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, quien dictó sentencia absolutoria. El fallo fue confirmado el 27 de noviembre por el Primer Tribunal Uni- tario del Tercer Circuito con sede en Zapo- pan, Jalisco. El juez unitario estableció que a par- tir de “insuficiencia probatoria” se acusó a los detenidos de integrar una célula de los Beltrán Leyva dentro de la PGR, ade- más de que encontró contradictorias e in- sostenibles las declaraciones de los testi- gos protegidos. En lo que atañe a las últimas liberacio- nes de implicados en la Operación Limpie- za –Miguel Colorado González,excoordina- dor general técnico de la SIEDO, y Antonio Mejía Robles, agente de la AFI– el 26 de fe- brero pasado, el Juzgado Segundo de Dis- trito de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco desestimó también a los testigos colaboradores. La permanencia de Alejandro Aguilar en prisión se prolongó porque durante el sexenio pasado el Ministerio Público Fe- deral evitó presentar al Pitufo, con lo que no se podía cerrar la instrucción. La PGR lo presentó hasta enero de 2013, cuando Felipe Calderón y Marisela Morales ya ha- bían salido del gobierno. En esa audien- cia, hecha por videoconferencia, el testigo protegido no lo reconoció. Entre las sanciones, el Ministerio Pú- blico había pedido su destitución del car- go. Apenas salió de prisión, el 2 de sep- tiembre volvió a su lugar de trabajo, pero le dijeron que tenía que reportarse en las oficinas centrales de la Policía Federal Ministerial, que sustituyó a la AFI. Ahí le dijeron que había sido dado de baja por decisión del Órgano Auxiliar de Instruc- ción del Consejo de Profesionalización de la PGR. Su trámite de baja estuvo a cargo de Je- sús Siller Leyva, quien en mayo de 2010 se entrevistó en Puente Grande con el agen- te federal para desahogar la diligencia de proceso administrativo en su contra. Agui- lar se negó a recibirlo porque aún no se ha- bía demostrado su culpabilidad. Sin embargo, en abril de 2012, Baltazar Avilés Ortiz, secretario instructor del Ór- gano Auxiliar, se presentó en el domicilio de la madre del agente para que le firmara la baja de su hijo de la institución. A pesar del fallo absolutorio, la PGR obstaculiza la reincorporación de Aguilar López, quien sostiene que Arturo Campillo Suárez, investigador de la Visitaduría de la dependencia, no quiere reconocer la reso- lución judicial y que sólo por orden del pro- curador puede recuperar su trabajo. En una carta que le envió el 26 de sep- tiembre pasado al presidente Enrique Pe- ña Nieto, Aguilar López le pregunta: “¿Có- mo les digo a mis hijos que fui encarcelado, separado de su lado y que además perdí el trabajo por cumplir cabal y honradamente con mis funciones laborales? ¿Cómo les in- culco el amor por las instituciones si cuan- do me entregué en cuerpo y alma a la PGR me pagó con cuatro años, cuatro meses y cuatro días de prisión?”. BenjamínFlores Medina Mora. Detenidos a destajo 22 1949 / 9 DE MARZO DE 2014
  19. 19. Más de 100 millones de dólares destinados al combate al narcotráfico en México fueron a dar a la basura. Un funcionario de la embajada de Estados Unidos es el en- cargado de licitar las adquisiciones de tecnología para la Iniciativa Mérida y no ha hecho más que favorecer a tres pequeñas empresas, con resultados desafortu- nados. Esas tres compañías no tienen capacidad para cumplir las funciones que se les encomiendan, pero siguen siendo las consentidas y recibiendo contratos para surtir de equipo a la PGR, el Cisen, el INM... J. JESÚS ESQUIVEL W ASHINGTON.- Por el sistema preferencial que aplica la embajada de Estados Uni- dos en México para asig- nar contratos a empresas estadunidenses, se mal- gastaron más de 100 millones de dólares que debían ser utilizados para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y la corrup- ción dentro de la Iniciativa Mérida. De acuerdo con documentos obteni- dos por Proceso, Fred Schellenberg, coor- dinador de tecnología de la Sección de Asuntos sobre Narcóticos de la embajada de Estados Unidos en México, incurrió en favoritismo a la hora de asignar contratos por más de 100 millones de dólares a las empresas Alutiiq 3SG, All Native Services (ANS) y Sarakki Associates Inc. LasempresasbeneficiadasporSchellen- berg, como se observa en los documentos y de acuerdo con las fuentes consultadas, proveen sistemas y soluciones de tecnología profesional para respaldar las actividades y mecanismos de seguridad nacional. OctavioGómez Turbios negociosen la embajada de Estados Unidos NARCOTRÁFICO 1949 / 9 DE MARZO DE 2014 23
  20. 20. Como proveedores, Schellenberg es- cogió a Alutiiq y Sarakki. El programa es- tablecía la entrega de aproximadamente 100 quioscos biométricos que se suponía se instalarían en estaciones migratorias y en otros puntos estratégicos. La intención era que con esos quios- cos, además de almacenar datos biométri- cos especialmente de los migrantes centro y sudamericanos, se facilitara la identifica- ción de delincuentes o personas sospecho- sas de estar implicadas en actos ilícitos. Se pensaba también que con los quios- cos se agilizaría el registro de entrada y salida al país de ciudadanos mexicanos y extranjeros; como hace por ejemplo Esta- dos Unidos con los programas US Visit y Global Entry. “Este programa no funciona”, senten- cia una de las fuentes consultadas, quien también pidió el anonimato. “A tres años del arranque de este pro- yecto, 40 de los quioscos están arrumba- dos en una bodega y la gran mayoría de los instalados no funciona”, explica. “Se colocaron quioscos en las estacio- nes migratorias de Iztapalapa y en Tapa- chula. No están funcionando como se su- ponía porque Alutiiq y Sarakki no son las empresas adecuadas para proveer estos sistemas ni por la tecnología que requieren ni para darles mantenimiento”, agrega. El objetivo de la instalación de esta tec- nología biométrica era intercambiar al ins- tante la información de cualquier persona entre todas las agencias de seguridad de México y de Estados Unidos para detectar sospechosos, ubicarlos y capturarlos. Las fuentes consultadas acotan que lo más grave es que las autoridades del INM conocen a detalle el caso de los quioscos, pero ni los funcionarios del sexenio calde- ronista ni los actuales han emitido un solo reclamo a la embajada de Estados Unidos. “El colmo”, como lo describen las fuen- tes, es que el pasado 13 de febrero la em- “El problema”, dice una de las fuentes consultadas que por razones de seguridad pide no se revele su identidad,“es que esas tres empresas han entregado sistemas que no funcionan para los propósitos definidos y solicitados por el gobierno mexicano, pe- ro nadie dice nada, nadie supervisa ni na- die en la embajada de Estados Unidos ni el gobierno mexicano audita que los siste- mas y las soluciones funcionen.” Para obtener sistemas y equipo bajo el esquema de la Iniciativa Mérida el go- bierno de México hace una solicitud a la embajada de Estados Unidos, la cual reci- be directamente Schellenberg; él analiza el pedido y si procede –según su criterio– contrata a una empresa 8(a) para que haga un análisis a fondo de los requerimientos. Una empresa 8(a) es la que presenta la viabilidad de la solicitud y se propone pa- ra su implementación. La embajada auto- riza a la empresa elegida a encargarse del proyecto. Con ello la compañía procede a contratar a quien desee para ejecutarlo. Y México tiene que “firmar de recibido” el proyecto para su cierre. Según los estatutos de la Administra- ción de Pequeños Negocios (SBA) del gobier- no estadunidense, Alutiiq, ANS y Sarakki están clasificadas como empresas 8(a),cate- goría de pequeñas compañías que están en desventaja frente a los grandes consorcios. Pero en Estados Unidos las tres empre- sas favorecidas por Schellenberg no perte- necen a la categoría 8(a); están catalogadas como empresas grandes y competitivas. No obstante para obtener contratos en Mé- xico –y porque sus dueños o las sociedades que las integran pertenecen a grupos étni- cos minoritarios–, las tres concursan bajo el esquema mencionado y así se les elimi- na la competencia. ANS y Alutiiq pertenecen a indígenas, mientras Sarakki es una sociedad del esta- dunidense Greg Mosley y dos indoestadu- nidenses:Venu Sarakki y PraneshTarikere. Quioscos inútiles Como se observa en los documentos ofi- ciales del Departamento de Estado, en los años fiscales 2011, 2012 y 2013 la embaja- da de Estados Unidos en México, basándo- se sólo en el criterio de Schellenberg, asig- nó a Alutiiq, ANS y Sarakki contratos por más de 113 millones de dólares. Uno de los ejemplos que ilustra el des- perdicio del dinero para financiar la Inicia- tiva Mérida –según las fuentes consulta- das– es el del Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM) del Instituto Nacional de Migración (INM). Para los años fiscales 2011, 2012 y 2013 México le solicitó a la embajada estadu- nidense sistemas para poner en marcha el Proyecto de Capacidades Biométricas dentro del SIOM. bajada abrió la licitación SWHARC14Q0022 para la adquisición de otros 40 quioscos biométricos. Esa licitación se puede ver en la página en internet del estadunidense Departamento de Estado. Aun cuando la licitación emitida a tra- vés del Departamento de Estado se abrió a todas las empresas estadunidenses, con énfasis en las de categoría 8(a), se modifi- có el pasado 18 de febrero para establecer las especificaciones técnicas requeridas y dos días después se cerró. “Lo hacen para no aplicar las aproba- ciones legales internas del Departamen- to de Estado, necesarias al dar una licita- ción directa a una compañía. Como dan un plazo de seis días para una respuesta, nadie responde, a excepción de la empre- sa de confianza (ya favorecida en el pasa- do), dejando fuera a todas las demás que pudieran competir por la adquisición del contrato. Tienen ventaja porque además cuentan, desde antes, con el conocimien- to de todas las especificaciones y las téc- nicas de lo que se necesita”, explica una de las fuentes consultadas. Camiones detectores Otro ejemplo del desperdicio del dinero para financiar la Iniciativa Mérida es el Programa Oasis, coordinado por la Secre- taría de Gobernación y el Centro de Inves- tigación y Seguridad Nacional (Cisen). El programa Oasis –cuyo proveedor de tecnología es Alutiiq– prevé la instalación en carreteras y autopistas en varios pun- tos del país de camiones especiales con emisores de rayos gamma. “Se suponía que esto serviría para ha- cer una especie de radiografía a los camio- nes de carga y autos sospechosos. Con esta tecnología se podrían identificar cargamen- tos de droga, armas o personas. ¿Dónde es- tán esos camiones?, ¿cuáles han sido sus resultados? Tampoco están funcionando y Foto:Especial Schellenberg. Favoritismo 24 1949 / 9 DE MARZO DE 2014
  21. 21. lo saben en Gobernación, en el Cisen y en la embajada, pero no pasa nada”, indica la fuente y añade que funcionarios del gobier- no mexicano le han confiado que Oasis está “funcionando parcialmente”. En cuanto a sistemas y tecnología, apartado con el que la embajada de Esta- dos Unidos favorece a las tres empresas, este rubro se integra también a los reque- rimientos de la Plataforma México y a los del Centro de Control y Comando Nacio- nal, creado el sexenio pasado y bautizado como“el búnker”por el entonces presiden- te Felipe Calderón. Sarakki es uno de los principales pro- veedores de la Plataforma México y no tie- ne empacho en publicitarlo y en dar deta- lles en la página en internet del Defense Technical Information Center, dependien- te del Pentágono: www.dtic.mil/cgi-bin/ GetTRDoc?AD=ADA547202. El resumen de la lista de los contratos asignados por Schellenberg a las tres em- presas en los años fiscales 2011, 2012 y 2013 por conceptos que no se pueden iden- tificar –razón por la cual la suma de los montos asignados a las empresas no coin- ciden con las aportaciones monetarias (en sistema y equipo) que recibieron las de- pendencias mexicanas– es así: Año fiscal 2011: Alutiiq, 37 millones 685 mil 442 dólares; ANS, 23 millones 967 mil 913 dólares; Sarakki, 3 millones 408 mil 251 dólares; PGR, 9.5 millones de dólares; INM, 14.5 millones de dólares; Secretaría de Sa- lud, 17.2 millones de dólares; Plataforma México, 2.5 millones de dólares, y Secreta- ría de Comunicaciones y Transporte (SCT), 18.7 millones de dólares. Año fiscal 2012, con más claridad en la asignación de conceptos: Alutiiq, 8 millo- nes 12 mil 645 dólares; ANS, 23 millones 403 mil 246 dólares; Sarakki, 2 millones 578 mil 204 dólares; PGR, 6 millones de dólares; INM, 10.2 millones de dólares; SCT, 800 mil dólares y Cisen, 16.2 millones de dólares. Año fiscal 2013, primero del sexenio de Enrique Peña Nieto: Alutiiq, 13 millo- nes 561 mil 173 dólares; ANS, 434 mil 861 dólares; INM, 700 mil dólares, y Cisen, 3.5 millones de dólares. En este trienio fiscal las empresas más beneficiadas por la asignación de contra- tos fueron Alutiiq, con 59.1 millones de dólares; ANS, con 47.7 millones de dóla- res, y Sarakki, con 6 millones. En cuanto a la recepción de fondos de las dependencias mexicanas, el INM ocu- pa el primer lugar con 25.4 millones de dó- lares, sigue el Cisen con 19.7 millones, lue- go la SCT con 19.5 millones y al final la PGR, con 15.5 millones de dólares. Empresas consentidas Según las leyes estadunidenses, las em- presas 8(a) están protegidas y los contra- tos que obtienen son a “precio fijo y sin competir”. Además pueden realizar “talleres” con el gobierno de México para modificar el al- cance de sus proyectos sin tener que dis- minuir el costo de los mismos. Como mu- chos de los funcionarios del gobierno de México no están familiarizados con su tec- nología, se quedan con la percepción de que están modificando tipos de funciona- lidad cuando en realidad le están quitando funcionalidad a los proyectos. Una de las fuentes consultadas asegu- ra que fue testigo de un incidente: “En una ocasión, cuando se anunció la asignación de un contrato, un alto funcionario del go- bierno de México se puso muy contento. Se compró un departamento en Acapulco y un BMW del año. Pero como hubo una denuncia por el mecanismo de la asigna- ción del contrato, éste se vino abajo y el funcionario se vio obligado a devolver el departamento y el automóvil. Este caso lo conocen muchos funcionarios en la em- bajada de Estados Unidos en México”. –¿Quién fue ese funcionario? –se le pregunta a la fuente. –No se lo puedo decir porque descu- brirían mi identidad. La misma fuente sostiene que por la generosidad con la que asigna contratos a Alutiiq, ANS y Sarakki, Schellenberg se ha hecho merecedor de varios “regalos”de parte de los dueños de esas compañías. La fuente añade que el funcionario de la em- bajada estadunidense ha viajado a todo lujo por Alaska, estado en el cual viven in- dios con intereses en ANS. Otro detalle que revelan las fuentes es que gracias a los buenos oficios de Sche- llenberg, en 2007 el Departamento de Es- tado le otorgó a ANS el premio Contratista Destacado del Año. En respuesta a ciertas denuncias he- chas al Departamento de Estado sobre el favoritismo aplicado por Schellenberg pa- ra asignar contratos asociados con la Ini- ciativa Mérida, el año pasado el inspector general de esa dependencia llevó a cabo una investigación que no arrojó ningún resultado. Si la conclusión del inspector general del Departamento de Estado avala el tra- bajo de Schellenberg, entonces las fallas recaen en los funcionarios y dependen- cias de México, receptores de los progra- mas financiados por la Iniciativa Mérida. Hasta el 30 de noviembre de 2012, úl- timo día de la Presidencia de Calderón, el gobierno de Estados Unidos había aporta- do unos mil 100 millones de dólares para financiar la Iniciativa Mérida. El pasado 4 de febrero el presidente Barack Obama so- licito al Congreso 80 millones de dólares para seguir aplicando ese mecanismo de cooperación bilateral para combatir al tra- siego de drogas. NARCOTRÁFICO 1949 / 9 DE MARZO DE 2014 25
  22. 22. L a acusación de que Oceanogra- fía defraudó a Citigroup por 360 millones de dólares derivó en una investigación de lavado de dinero por parte del gobierno mexicano que se extiende más allá de la empresa favorita del panismo y una de las principales proveedoras de Pe- tróleos Mexicanos. Gasolineras, cajas de ahorro, financie- ras, inmobiliarias, casinos y hasta un banco relativamente nuevo, Consultoría Interna- cional (CIBanco), podrían ser parte de una estructura financiera fraudulenta en torno a Oceanografía. Todas esas empresas están ligadas por un hombre: Martín DíazÁlvarez, sobrino de Francisco Gil Díaz, secretario de Hacienda durante el sexenio foxista. El 16 de diciembre de 2013 la Procura- duría General de la República abrió el acta circunstanciada PGR/SIEDO/AC/UEIORPI- FAM/74/2013 y solicitó a la Unidad de Inte- ligencia Financiera –que encabeza Alberto Bazbaz– y a la Comisión Nacional Banca- ria y de Valores todos los movimientos fi- nancieros realizados por Díaz Álvarez de 2005 a la fecha. Proceso reveló en su número 1934 que el gobierno de Enrique Peña Nieto tenía en la mira a Oceanografía: “Abrió una inves- tigación confidencial en contra de Mario La investigación emprendida por la PGR contra la em- presa favorita del panismo implica al crimen organiza- do, a los hijos de Marta Sahagún y a los exsecretarios Francisco Gil Díaz y Dioniso Pérez Jácome, entre otros, en una red que se tejió durante más de 12 años. La po- dredumbre que ahora se confirma incluye lavado de di- nero,fraudesalfiscoyhastacreacióndebancosamodo. Muestra también la manera en que el sistema político ha bendecido a sus empresarios cómplices. JESUSA CERVANTES Foto:Especial El caso Oceanografía salpicaa muchos... Amado Yáñez 26 1949 / 9 DE MARZO DE 2014

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