penología

1. TEORIA DE
LA PENA
Presentado por:
Luz Mireya Maldonado

2. INTRODUCCION
La pena es el medio con que cuenta Estado para reaccionar frente al delito, expresándose como la "restricción de derechos del responsable". Por ello, el Derecho que regula los delitos se denomina habitualmente Derecho penal. La pena también se define como una sanción que produce la pérdida o restricción de derechos personales, contemplada en la ley e impuesta por el órgano jurisdiccional, mediante un proceso, al individuo responsable de la comisión un delito.
Como bien sabemos los tiempos han cambiado y podemos decir que vivimos en una época de transición democrática y social, en la que los valores sociales han tocado fondo más pantanoso que pudiésemos haber imaginado, la impunidad, la desigualdad, El principal medio de que dispone el Estado como reacción frente al delito es la pena en el sentido de "restricción derechos del responsable". El orden jurídico prevé además las denominadas "medidas de seguridad" destinadas a paliar situaciones respecto de las cuales el uso penas no resulta plausible. De manera que el sistema de reacciones penales se integra con dos clases de instrumentos; penas y medidas seguridad. Desde la antigüedad se discuten acerca del fin de la pena fundamentalmente tres concepciones que en sus más variadas combinaciones continúan hoy caracterizando la discusión, así, para explicar estos remedios incluidos en legislación penal se ofrecen estas diversas teorías que parten de puntos vista retributivos o preventivos, puros mixtos que se encargan de fundamentar diverso modo y de explicar los presupuestos que condicionan el ejercicio del "ius puniendi" y la finalidad perseguida por el Estado con la incriminación penal.

3. V. TEORÍA DE LA PENA
1. PENOLOGIA
La Penología es una discutida ciencia penal que se ocupa de la aplicación y ejecución de las penas, y de forma general del castigo tratamiento delincuente.
La discusión sobre su propia existencia diferenciada de la ciencia penitenciaria vinculada al derecho penitenciario, estriba en que trata muchas ocasiones aspectos que son objeto central de estudio la anterior. Sin embargo, otros sectores doctrinales le atribuyen un carácter propio y específico, al entender que no solo actúa en el terreno de la aplicación las penas ámbito exclusivo de la prisión, sino también de esa misma aplicación en los casos que el condenado cumple la sanción penal fuera de un recinto penitenciario. Al desarrollarse en la práctica contemporánea los tratamientos de libertad y semilibertad de los condenados, ha vuelto a adquirir interés. Desde este punto de vista puede definirse como «la disciplina que tiene por objeto el estudio de los diversos medios de represión y prevención directa del delito, sus métodos aplicación y de la actuación pospenitenciaria».
Forman parte de su contenido toda clase de penas y medidas seguridad, así como los medios de ejecución y aplicación las mismas. Dentro ella ocupa un sector muy importante la ciencia penitenciaria, concebida como rama de penología que se ocupa de la pena prisión, de sus métodos ejecución y aplicación, y de toda la problemática que vida en prisión plantea. Los modernos medios de tratamiento en libertad trascienden lo puramente penitenciario, pero quedan dentro de los límites la penología. Aparece ésta, concebida del modo expuesto, como «ciencia del tratamiento de los delincuentes».

4. SANCION PENAL
La sanción es un término, en Derecho, que tiene varias acepciones. En primer lugar, se denomina sanción a la consecuencia o efecto de una conducta que constituye infracción de una norma jurídica (ley o reglamento). Dependiendo del tipo de norma incumplida o violada, pueden haber sanciones penales o penas; sanciones civiles y sanciones administrativas. Sin embargo, habitualmente la referencia a una sanción se hace como sinónimo de pena pecuniaria, es decir, una multa o, al menos, para penas leves (por ejemplo, prohibiciones ejercer cargos). Por el mismo motivo, comúnmente se suele relacionar la expresión sanción con la Administración pública (sanciones administrativas) y el término pena se deja para el ámbito del Derecho penal. En segundo lugar, se llama sanción al acto formal mediante el cual el jefe de Estado da su conformidad a un proyecto de ley o estatuto.
TEORIAS
Hay tres teorías al respecto:
1.- La Teoría de la responsabilidad relativa: Según esta teoría, el cómplice debe ser castigado con una pena inferior a la que se aplica al autor intelectual., co-autor material y al cooperador inmediato o cómplice necesario. Está contemplada en el artículo 84 del Código Penal en los siguientes términos: “Incurren la pena correspondiente al respectivo hecho punible, rebajada por la mitad, los que en él hayan participado de cualquiera los siguientes modos:
a) Excitando o reforzando la resolución de perpetrarlo o prometiendo asistencia y ayuda para después de cometido.
b) Dando instrucciones o suministrando medios para realizarlo.
c) Facilitando la perpetración del hecho o prestando asistencia auxilio para que se realice, antes de su ejecución o durante ella”.
2.- La Teoría de responsabilidad absoluta: Sostiene que el cómplice debe ser

5. castigado con una pena idéntica a la de los autores materiales, del intelectual y a la del cooperador inmediato o cómplice necesario.
Esta teoría corresponde a la Teoría de Relación Causalidad equivalencia condiciones, según la cual todas las condiciones del resultado antijurídico tienen el mismo significado y la misma trascendencia.
3.- Teoría de la Individualidad pena: Sostenida por la Escuela Positiva, el cómplice debe ser castigado en función de su mayor o menor grado peligrosidad o temibilidad.
El último aparte del artículo 84 Código Penal dice textualmente: “La disminución de pena prevista en este artículo no tiene lugar, respecto del que se encontrare en algunos de los casos especificados, cuando sin su concurso no se hubiera realizado el hecho”.
LAS PENAS EN EL CODIGO PENAL
Artículo 1.- Nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviere expresamente previsto como punible por la ley, ni con penas que ella no hubiere establecido previamente.
Los hechos punibles se dividen en delitos y faltas.
Artículo 2.- Las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al reo, aunque al publicarse hubiere ya sentencia firme y el reo estuviere cumpliendo la condena.
Artículo 3.- Todo el que cometa un delito o una falta en espacio geográfico de la República, será penado con arreglo a la ley venezolana.
Artículo 4.- Están sujetos a enjuiciamiento en Venezuela y se castigaran de conformidad con la ley penal venezolana:
1- Los venezolanos que, en país extranjero se hagan reos de traición contra la República y los que, unos contra otros, cometan hechos punibles según sus leyes.
2- Los súbditos o ciudadanos extranjeros que en país extranjero cometan algún

6. delito contra la seguridad de República o alguno sus nacionales. En los dos casos anteriores se requiere que el indiciado haya venido al espacio geográfico de la República y que se intente acción por la parte agraviada, o por el Ministerio Público en los casos de traición o delito contra la seguridad Venezuela.
Requiérase también que el indiciado no haya sido juzgado por los Tribunales extranjeros, a menos que habiéndolo sido hubiere evadido la condena.
3- Los venezolanos o extranjeros que, sin autorización del Gobierno de la República, fabriquen, adquieran o despachen armas municiones, con destino a Venezuela, o favorezcan en alguna manera su introducción el territorio venezolano.
4- Los venezolanos que, en país extranjero, infrinjan las leyes relativas al estado civil y capacidad de los venezolanos.
5- Los empleados diplomáticos, en los casos permitidos por el Derecho Público de las Naciones, de conformidad con lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
6- Los empleados diplomáticos de la República que desempeñan mal sus funciones, o que cometan cualquier hecho punible no enjuiciable en el lugar de su residencia por razón de los privilegios inherentes a su cargo.
7- Los empleados y demás personas de la dotación marinería los buques aeronaves de guerra nacionales por la comisión, en cualquier parte, hechos punibles.
8- Los Capitanes o Patrones, demás empleados y la tripulación marinería, así como los pasajeros de buques mercantes la República, por hechos punibles cometidos en alta Mar o a bordo aguas de otra nación; salvo, siempre, respecto de los pasajeros, lo que se establece en el segundo aparte del número 2 del presente artículo.
9- Los venezolanos o extranjeros venidos a la República que, en alta mar, cometan

7. actos de piratería u otros delitos los que el Derecho Internacional califica atroces y contra la humanidad; menos en el caso de que por ellos hubieran sido ya juzgados en otro país y cumplido la condena.
10- Los venezolanos que, dentro o fuera de la República, tomen parte en trata esclavos.
11- Los venezolanos o extranjeros venidos al espacio geográfico de la República que, en otro país, falsifiquen o tomen parte en la falsificación de moneda curso legal en Venezuela o sellos de uso público, estampillas títulos crédito la Nación, billetes de banco al portador o títulos, capital y renta, emisión autorizada por la ley nacional.
12- Los venezolanos o extranjeros que de alguna manera favorezcan la introducción, en la República, de los valores especificados el número anterior. En los casos de números procedentes queda siempre a salvo lo dispuesto en el aparte segundo, número 2, de este artículo.
13- Los Jefes, Oficiales y demás individuos de un ejercito, en razón los hechos punibles que cometan en marcha por territorio extranjero neutral, contra los habitantes del mismo.
14- Los extranjeros que entren en lugares de la República no abiertos al comercio exterior o que, sin derecho, se apropien sus producciones terrestres, marítimas, lacustre o fluviales; que sin permiso ni títulos hagan uso de sus terrenos despoblados.
15- Los extranjeros que infrinjan las cuarentenas y demás disposiciones establecidas en beneficio de la salud pública.
16- Los extranjeros o venezolanos que, en tiempo de paz, desde territorio, buques de guerra o aeronaves extranjeras, lancen proyectiles hagan cualquier otro mal a las poblaciones, habitantes o al territorio de Venezuela, quedando a salvo lo expuesto en los dos apartes del número 2 de este artículo.
Artículo 5.- En los casos previstos en el artículo anterior, cuando se condene de

8. nuevo en la República a una persona que haya sido sentenciada el extranjero, se computara la parte de pena que haya cumplido en el otro país y tiempo detención, conforme a la regla del artículo 40.
Artículo 6.- La extradición de un venezolano no podrá concederse por ningún motivo; pero deberá ser enjuiciado en Venezuela, a solicitud de parte agraviada o del Ministerio Público, si el delito que se le Imputa mereciere pena por la ley venezolana.
La extradición de un extranjero no podrá tampoco concederse por delitos políticos ni por infracciones conexas con estos delitos, ni por ningún hecho que no este calificado de delito por la ley venezolana.
La extradición de un extranjero por delitos comunes no podrá acordarse sino la autoridad competente, de conformidad con los trámites y requisitos establecidos al efecto por los Tratados Internacionales suscritos Venezuela y que estén en vigor y, a falta de estos, por las leyes venezolanas.
No se acordara la extradición de un extranjero acusado delito que tenga asignada en la legislación del país requirente pena de muerte o una perpetua.
En todo caso, hecha la solicitud de extradición, toca al Ejecutivo Nacional, según el mérito de los comprobantes que se acompañen, resolver sobre la detención preventiva del extranjero, antes de pasar el asunto al Tribunal Supremo de justicia.
Artículo 7.- Las disposiciones del presente Código en su Libro Primero se aplicaran también a las materias regidas por otras leyes, en cuanto dicten penas y siempre que en ellas no se establezca nada contrario.
LAS PENAS CORPORALES Y NO CORPORALES
Artículo 9.- Las penas corporales, que también se denominan restrictivas de la libertad, son las siguientes:
1.- Presidio.

9. 2.- Prisión.
3.- Arresto.
4.- Relegación a una Colonia Penal.
5.- Confinamiento.
6.- Expulsión del Espacio geográfico de la República.
Artículo 10.- Las penas no corporales son:
1.- Sujeción a la vigilancia de autoridad pública.
2.- Interdicción civil por condena penal.
3.- Inhabilitación política.
4.- Inhabilitación para ejercer alguna profesión, industria o cargo
5.- Destitución de empleo
6.- Suspensión del mismo.
7.- Multa.
8.- Caución de no ofender o Dañar.
9.- Amonestación o apercibimiento.
10.- Perdida de los instrumentos o armas con que se cometió el hecho punible y de los efectos que provengan.
11.- Pago de las costas procesales.
APLICACIÓN DE LAS PENAS
Artículo 37. Cuando la ley castiga un delito o falta con pena comprendida entre dos límites, se entiende que la normalmente aplicable es el término medio obtiene sumando los dos números y tomando la mitad; se reducirá hasta el límite inferior o se la aumentará hasta el superior, según mérito de las respectivas circunstancias atenuantes o agravantes que concurran en el caso concreto, debiendo compensárselas cuando las haya de una y otra especie.
No obstante, se aplicará la pena en su límite superior o el inferior, cuando así lo disponga expresamente la ley, y también se traspasara uno u otro límite cuando

10. así sea menester en virtud de disposición legal que ordene aumentar o rebajar la pena correspondiente al delito en una cuarta parte, que entonces se calculara proporción a la cantidad de pena que el juez habría aplicado al reo si no concurriese el motivo del aumento o de la disminución. Si para rebaja mismo se fijaren también dos límites, el tribunal hará dentro de estos aumento o rebaja respectivo, según la mayor menor gravedad del hecho.
En todos estos casos se tendrá siempre presente la regla del artículo 94.
Artículo 38. Las penas de destitución y amonestación o apercibimiento, se aplicarán como indivisibles a quien las merezca, sin tomarse en cuenta circunstancias agravantes ni las atenuantes y sin distinción de delito consumado o no, ni el mayor o menor grado de participación en hecho.
Artículo 39. Los lapsos de penas que deben sufrirse por tiempo determinado, se contaran del modo pautado en el Código Civil.
El tiempo de la fuga no se contara en el condena que se está cumpliendo, pero si se computará el de la enfermedad involuntaria.
Artículo 40. En las sentencias condenatorias a pena de presidio, se computará favor del reo la detención transcurrida después de cinco meses efectuada, a razón de un día de detención por uno presidio. En los demás casos, el tiempo la detención en favor del reo se computará así; un día de por otro prisión; uno por dos de arresto; tres relegación a colonia penitenciaria; uno por cuatro de confinamiento o de expulsión del espacio geográfico la República; y uno por cada quince unidades tributarias (15 U.T.) de multa.
Artículo 41. El cómputo ordenado en el artículo anterior lo hará juez de la causa en el auto que mande ejecutar la sentencia condenatoria firme; y desde ese día se comenzará a contar el tiempo de las penas presidio, prisión o arresto, deducido el del cómputo hecho, aun cuando reo no sea enviado sino posteriormente a la penitenciara o establecimiento penitenciario donde haya de sufrir la condena.

11. Si se tratare de penas relegación a colonia penitenciaria, confinamiento o expulsión del espacio geográfico de la República, en el propio auto se computará al reo, en la proporción dicha, el tiempo que deba transcurrir entre esa fecha y el de la llegada a colonia, al lugar confinamiento o puerto frontera de la República por donde salga para el exterior, según el caso.
La duración del viaje se calculara a razón de treinta kilómetros por día, y el tiempo durante el cual debe sufrirse la pena se calculará haciendo previamente las deducciones indicadas, y comenzará a contarse desde el día de la llegada del reo a la colonia, al lugar del confinamiento o de la salida República.
Artículo 42. En caso de sentencia condenatoria a pena presidio, cualquiera que sea su duración o a la de prisión que haya durar mas un año, después hecho el cómputo a que se contraen los artículos anteriores, así como también en todos los casos de condena a arresto en fortaleza o establecimiento penitenciario, el juez de la causa enviará copia certificada sentencia condenatoria firme y del auto contentivo del cómputo, por órgano Ministerio Interior y Justicia, al Presidente de la República, a fin que designe el establecimiento penal nación donde el reo debe cumplir la pena.
Artículo 43. Cuando la pena haya de cumplirse en un establecimiento penitenciario local o en un Cuartel de Policía, el juez la causa enviará copia certificada de la sentencia al Jefe del respectivo establecimiento y tomará todas las medidas conducentes a la ejecución de aquella.
Artículo 44. Cuando se trate de penas relegación a colonia penitenciaria, confinamiento o expulsión del espacio geográfico de la República, el juez de la causa tomará, directamente, todas las medidas del caso para que el reo sea trasladado al lugar donde debe quedar relegado o confinado puerto sitio fronterizo por donde debe hacérsele salir del territorio nacional.
Artículo 45. En los casos del artículo anterior, el juez enviará copia certificada de la sentencia condenatoria firme y del auto contentivo cómputo, al jefe de

12. colonia penitenciaria donde ha de cumplirse la relegación o al Jefe Civil del municipio donde va a residir el confinado. Si se trata de expulsión del territorio nacional, enviará iguales copias al Presidente de la República, para que dicte las medidas conducentes a impedir que el condenado regrese Venezuela durante tiempo de la condena.
Artículo 46. Ninguna sentencia que imponga pena a quien se halle en grave peligro de muerte próxima por razón de enfermedad, se ejecutará ni aun le notificara al reo, hasta que desaparezca tal peligro.
Artículo 47. El castigo de una mujer encinta, cuando por causa de él puedan peligrar su vida o salud, o por la vida o la salud de criatura que lleva en su seno, se diferirá para después de seis meses del nacimiento esta, siempre que viva la criatura.
CRITERIOS
Los criterios que informan la determinación de las penas en el Código Penal venezolano, se fundamentan en una concepción clásica del delito; por lo que se otorga preeminencia a la sistemática culpabilista, es decir, imposición de pena se basa en la proporcionalidad, consideración de gravedad del delito y responsabilidad según el grado de culpabilidad del autor, para lo que se establece, en la parte general del referido texto legal (Libro Primero, Título V), un régimen de atenuantes y agravantes del hecho punible intencional o doloso, además de la consideración de la responsabilidad penal bajo las figuras preterintencionales y culposas.
El Código Penal, atendiendo al principio de humanidad las penas, prevé también un sistema de conversión y conmutación penas (Libro Primero, Título IV) y limitantes para su aplicación (Libro Primero, Título III), basado en ciertas condiciones del individuo condenado, tales como la edad (se establece un máximo de condena a pena corporal cuatro años para quienes alcancen los 70 años), las condiciones económicas (conversión de multa en prisión o arresto con

13. posibilidad de reversión), enfermedad física o mental, la condición embarazo la mujer condenada y buena conducta del condenado durante el cumplimiento de pena.
COMPUTOS
Es la competencia que tiene el juez de ejecución para determinar con exactitud, la fecha en que finaliza la condena, y su caso, a partir de cual el penado podrá solicitar la suspensión condicional de ejecución pena o cualquier medida alternativa de cumplimiento la misma, según sea el caso.
Reforma del cómputo de la pena: El es siempre reformable, nuevas circunstancias que lo hagan necesario.
¿A qué beneficios puede acceder un penado?
El penado podrá solicitar por ante el tribunal de ejecución la suspensión condicional de la ejecución pena, cualquier fórmula alternativa de cumplimiento de la pena, confinamiento y redención pena por el trabajo el estudio, conforme a lo establecido en Código Orgánico Procesal Penal y las leyes especiales. Quedando el Tribunal de Ejecución obligado a decidir en caso de que cualquier derecho del penado sea conculcado.
¿Se puede interponer recurso en contra de las decisiones los jueces ejecución?
De las decisiones de los jueces ejecución, cabe recurso apelación, el cual debe ser resuelto por la Corte de Apelaciones competente.
EJECUCIÓN
La pena y su ejecución ocupan un lugar relevante en el ámbito de las diversas argumentaciones desarrolladas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su mayoría, como consecuencia de la revisión sentencias jueces de primera y segunda instancia en lo penal. En tales decisiones se han desaplicado algunas normas del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), en virtud de lo cual la

14. Sala Constitucional ha dictado algunas sentencias en las que ha puesto de manifiesto su criterio jurisprudencial con relación al contenido del artículo 272 de la Constitución de República. Al ir perfilando su posición respecto a interpretación de esta norma, ha terminado pronunciándose en orden a los derechos fundamentales de los reclusos –teniendo en cuenta la teoría de relación especial de sujeción–, a la esencia de pena, al principio resocializador y progresividad en la ejecución penal. Teniendo presente que muchas de las decisiones de la Sala Constitucional tienen como punto de partida reforma del COPP de noviembre 2001, se tratará resaltar el contenido las decisiones la Sala, a los fines de valorarlas en el contexto reforma penal venezolana y dar cuenta de la labor jurisprudencial del máximo tribunal constitucional, con el propósito de poner la atención en cuanto a su posible conexión con política criminal del legislador venezolano. En este sentido, se hará una interpretación artículo 272 de la Carta Fundamental desde la perspectiva del modelo constitucional de Estado proclamado por el Constituyente venezolano, para pasar al análisis algunas de las decisiones la Sala Constitucional en idea demostrar afinidad y el compromiso del tribunal constitucional con el ideario político- criminal del legislador.
Hablar sobre la pena y su ejecución en el marco de justicia penal venezolana, implica una precisión del espíritu y alcance artículo 272 de la Constitución República, en tanto que esta norma además de ser la invocada en mayoría los fallos revisados por la Sala Constitucional, es que desarrolla el ideal penitenciario en la Carta Fundamental. Dicha precisión normativa resultaría incompleta sin concatenación de la mencionada norma con los artículos 2 y 3 ejusdem. En estos, se define el modelo constitucional de Estado acogido por Constituyente – democrático y social de derecho justicia– y se establecen sus valores fines, cuya inobservancia e incumplimiento lo tornarían irrealizable. Por tanto, al no tenerse en cuenta la vida, libertad y preeminencia de los derechos humanos,

15. como valores del ordenamiento jurídico y de la actuación los poderes públicos, concebidos en la idea de lograr defensa, el libre desarrollo la persona y el respeto a su dignidad, podrá hablarse de la vigencia un Estado fuerza –a lo sumo de mera legalidad–, mas no de un Estado Democrático y Social Derecho de Justicia.
SUJECION A LA VIGILANCIA DE AUTORIDAD
La sujeción a la vigilancia de la autoridad es una pena excesiva, por lo que no cumple con las exigencias del derecho penal moderno. En la práctica pena de sujeción a la vigilancia de autoridad siendo una pena auto ejecución su eficacia depende de la persona sujeta a la misma, ahora bien, toda vez que su eficacia depende de la propia presentación del penado ante autoridad pública, aunado a lo cual debe tomarse en cuenta, tal como sostuvo el Tribunal Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal Área Metropolitana de Caracas, que las condiciones geográficas de las ciudades venezolanas han cambiado sustancialmente en los últimos años, convirtiéndose grandes urbes cosmopolitas en las cuales existen varios jefes civiles, resultando imposible, por lo tanto, que dichos funcionarios pudiesen ejercer algún tipo de control sobre los penados que están sometidos a esa pena accesoria, es lógico concluir con ella no se hace efectiva la reinserción social del penado.
LIBERTAD CONDICIONAL
La libertad condicional es una medida alternativa a pena privativa de libertad, como la prisión o el arresto domiciliario, que contemplan los ordenamientos jurídicos de algunos países, y que es posible imponer en la sentencia cuando se cumplen ciertos requisitos establecidos en la ley, que le permite al condenado por un delito cumplir su sanción penal en libertad, aunque sujeto a ciertas obligaciones o bajo condiciones, por ejemplo, no cometer nuevos delitos o faltas. En caso de incumplir tales condiciones, la persona a cual

16. se le ha concedido la libertad condicional debe cumplir su condena en cárcel.
Del mismo modo, esta figura es contemplada en ciertos sistemas legales como una medida de rehabilitación, que le permite al condenado, tras cumplir una cierta proporción de la pena impuesta y otros requisitos, terminar su condena en libertad, aunque sujeto a ciertas condiciones.
MEDIDAS DE SEGURIDAD
Carácter Policivo; Se llaman así porque las aplica la policía y no son objeto de estudio de la penología, porque las medidas carácter policivo son acciones predelictuales y tienen una función meramente preventiva, tan preventivas que muchas veces se cometen abusos, aquí son prohibidas.
Carácter Psiquiátrico Penal: Se imponen en virtud de la realización o ejecución un acto delictivo por parte de sujeto inimputable en virtud del trastorno mental, no son objeto de estudio la penología porque su naturaleza es carácter médico y no criminológica, las medidas de carácter psiquiátrico pena son internamiento del hospital psiquiátrico, pueden ser por trastorno mental o permanente.
Carácter Penal: Se imponen por la comisión de un hecho delictivo, se responsabilidad penal en circunstancias que denotan indicadores elevados de se reintegran conductas delictivas, o sea que reincidan
DIVERSOS TIPOS EN LA LEGISLACION VENEZOLANA
Tipos de penas sancionadas por el delito cometido:
A pesar de la connotación dolor, las penas pueden ser de multitud formas diferentes, no necesariamente dolorosas, en función del tipo de sanción que quiera imponer el Estado.
Penas corporales
En sentido estricto, las penas corporales son las que afectan a la integridad física.

17. También puede entenderse pena corporal en sentido amplio como aquellas que no sean pecuniarias. En aplicación del sentido estricto, penas corporales son:
 Tortura: Se suele entender que se trata de un trato inhumano o degradante y que va contra los derechos fundamentales, pero en muchos países se sigue usando (azotes, amputaciones, etc.).
 Pena de muerte: La más drástica, abolida en muchos países. Sin embargo, no se considera trato inhumano o degradante, al contrario que la tortura o los azotes.
Penas infamantes
Aquellas que afectan el honor de la persona. Son comunes en los delitos militares (por ejemplo, la degradación).
Penas privativas de derechos
Son aquellas que impiden del ejercicio de ciertos derechos (generalmente políticos como el voto o familiares como la patria potestad), privan de ciertos cargos profesiones o inhabilitan para su ejercicio. Hoy en día también son muy comunes la privación del derecho de conducción vehículos motor, y derecho al uso de armas. También son importantes las inhabilitaciones para el ejercicio de cargos públicos durante un tiempo determinado.
Son de muy variado contenido y existe una tendencia a su expansión. Se trata en la actualidad de una categoría residual abierta que se define por ser aquellas penas distintas de privación libertad y multa. Propiamente hablando toda pena priva de algún derecho.
Entre estas, se pueden señalar: inhabilitación absoluta, que priva definitivamente del disfrute de todo honor, empleo o cargo público durante el tiempo señalado; inhabilitación especial para el ejercicio de un derecho concreto ( como disfrute

18. de empleo o cargo público, profesión, oficio, industria o comercio, de los derechos de patria potestad, tutela, guardia o curatela, y del derecho sufragio pasivo); suspensión de empleo o cargo público; privación del derecho a conducir vehículos de motor o ciclomotores, a la tenencia y porte de armas; privación del derecho a residir en determinado lugar, a acudir él, o aproximarse comunicarse con determinadas personas.
Penas privativas de libertad
Se denomina de esta forma a la pena emitida por el juez como consecuencia de un proceso penal y que consiste en quitarle al reo su efectiva libertad personal ambulatoria (es decir, su libertad para desplazarse por donde desee), fijando que para el cumplimiento de esta pena sentenciado quede recluido dentro un establecimiento especial para tal fin, llamado comúnmente cárcel, aunque cada ordenamiento jurídico le de un nombre concreto (correccional, establecimiento penitenciario, centro de reclusión, etcétera).
La pena privativa de libertad, tal como su nombre lo indica, consiste en privar libertad de tránsito al individuo sentenciado; se diferencia de la "prisión preventiva" porque la pena privativa es resultado de una sentencia y no de una medida transitoria como sucede con aquélla. Asimismo se diferencia de las denominadas "penas limitativas de derechos" en que la pena privativa no permite al reo conservar su libertad ambulatoria mientras la "pena limitativa de derechos" por cuanto ésta no afecta en modo alguno la libertad del reo para desplazarse y solamente impone la obligación de realizar ciertos actos (por ejemplo, prestar servicios a la comunidad) o el impedimento de ejecutar otros (ejercicio de una profesión, por ejemplo).
Pese a que viene ser una concreción de la pena privativa derechos, doctrina la sitúa en un campo aparte debido a su importancia. Es sanción penal más común y drástica en los ordenamientos occidentales (a excepción de la pena

19. muerte, de escasa extensión). Supone la privación libertad del sujeto, y dependiendo del grado de tal privación, pueden distinguirse las siguientes:
 Prisión.
 Arresto domiciliario.
 Destierro.
 Trabajo comunitario o Trabajos de Utilidad Pública.
Penas pecuniarias
La pena pecuniaria es aquella que afecta al patrimonio del penado. Hay que diferenciar en este caso la pena del resarcimiento de víctima (responsabilidad civil).
 Multa
 Comiso
 Caución
La caución o fianza es la garantia que entrega el encausado para poder defenderse en libertad. El jurista ecuatoriano Enrique León Palacios en su obra "La Libertad, Justicia y Derecho en America Latina" afirma que esta medida es tan solo un priviliegio de los que tienen dinero pues aquellos no lo poseen pueden gozar de él.
 Confiscación de Bienes
Esta clasificación de las penas toma en consideración la naturaleza del bien que privan al sentenciado. Se caracterizan porque recaen directamente sobre le patrimonio, imponiendo al delincuente la obligación de pagar una suma dinero a favor del Estado o en entregar los bienes u objetos materiales utilizados la

20. comisión del delito o los obtenidos como producto mismo.
CONSECUENCIAS CIVILES EX DELICTO
En principio responden civilmente ex delicto quienes han realizado el hecho que genera responsabilidad penal. El responsable penalmente, igualmente responde civilmente y si concurren en el hecho varias personas, todas quedan solidariamente obligadas por el daño causado. De allí que Código Penal, en artículo 113, señale:
Artículo 113.- Toda persona responsable criminalmente de algún delito o falta, lo es también civilmente.
La responsabilidad civil nacida de la penal no cesa porque se extingan esta o pena, sino que dura como las demás obligaciones civiles con sujeción a las reglas del derecho civil.
Sin embargo, el perdón de la parte ofendida respecto a acción penal, produce la renuncia de la acción civil si no se ha hecho reserva expresa.
Se prescribirá por diez años la acción civil que proceda contra funcionarios públicos por hechos ejecutados en el ejercicio del cargo.
Habiendo leído el artículo anterior, no siempre hecho delictivo genera responsabilidad civil. Como ejemplo podemos colocar a la tentativa y frustración o de algunos casos específicos delito en que no se produce un daño a particulares y por lo tanto no generan responsabilidad civil.
Según el sistema venezolano la responsabilidad civil ex delicto, a pesar de su naturaleza civilística, se regula específicamente por las normas contenidas en el Código Penal, en el artículo 113 y siguientes del Penal; además de las disposiciones contenidas en el Código Orgánico Procesal Penal cual se establece que la víctima o sus herederos solo podrán ejercer acción civil, después

21. que la sentencia penal quede firme, ante jurisdicción penal; claro está sin perjuicio del derecho de la víctima demandar ante jurisdicción Civil, esta disposición está contenida en el artículo 47 del COPP:
Artículo 47.- Ejercicio. La acción civil se ejercerá, conforme a las reglas establecidas en este Código, después que la sentencia penal quede firme; sin perjuicio del derecho de la víctima demandar ante jurisdicción civil.
El COPP además hace referencia en los artículos 415 y siguientes, al procedimiento de reparación del daño y la indemnización perjuicios ante el juez unipersonal o el presidente del tribunal que dictó la sentencia penal.
Igualmente, el código Penal hace referencia a la autonomía de acción civil, que no se extingue cuando agota la responsabilidad penal o pena, no produciendo la exención de responsabilidad penal exclusión en forma automática responsabilidad civil, de conformidad con las reglas que fija el propio Código Penal.
Artículo 124.- Si el hecho punible es imputable a varias personas, quedan éstas obligadas solidariamente por el daño causado.
Asimismo, el Código Penal prevé la responsabilidad civil de quien se ha beneficiado de los efectos un hecho punible hasta el monto su enriquecimiento.
Artículo 125.- El que por título lucrativo participe de los efectos un delito o falta, esta obligado al resarcimiento hasta la cuantía en que hubiere participado.
En nuestro ordenamiento jurídico existen excepciones en cuanto a la responsabilidad civil derivada de la pena. En este caso el Código Penal fija diversas reglas de acuerdo a las cuales en algunos casos el irresponsable penal responde civilmente. De la misma forma fija legislación supuestos de responsabilidad civil

22. subsidiaria en que responde otra persona en lugar de otro obligado directamente.
FORMAS DE EXTINCION LA PRESPONSABILIDAD PENAL
Son todas aquellas causas o circunstancias que tiene como efecto poner fin a la responsabilidad penal, bien antes de la imposición pena, después que esta a sido impuesta, las causas que vamos ver ahora hacen suponer la responsabilidad pena ha surgido por lo demás, se diferencian de las excusas absolutorias en que estas existen al momento de realizarse el delito, tanto las causas de extinción son posterior al hecho y la pena.
CUMPLIMIENTO DE LA CLASE PENA (FALTA)
El cumplimiento de esta pena obliga al penado a permanecer en su domicilio o en un lugar determinado fijado por el Juez sentencia, durante tiempo señalado en ésta. Su duración no puede exceder de doce días; en principio ha cumplirse de forma continuada, aunque si el reo lo solicita y las circunstancias aconsejan, oído el Ministerio Fiscal, Juez o Tribunal sentenciador puede acordar que la condena se cumpla durante los sábados y domingos o de forma no continuada. Sólo está prevista como pena principal directa asociada a faltas.
La localización permanente viene a ser lo que tradicionalmente se ha denominado arresto domiciliario, si bien presenta como rasgo peculiar el hecho de no limitar el lugar de cumplimiento la pena al domicilio del penado. Reemplaza a la pena de arresto fin semana, privación libertad discontinua que se incorporó al CP-95 como ejemplo de renovación del sistema penas y cuya aplicación práctica se ha demostrado, según la mayoría de doctrina, poco satisfactoria, lo que ha conducido al legislador a suprimirla radicalmente.
La pena de localización permanente procura contribuir al fin prevención general, mediante el efecto intimidatorio que se deriva del castigo con pena privativa de libertad a infracciones penales escasa gravedad, sin provocar los

23. efectos perjudiciales que se asocian frecuentemente a la reclusión en establecimientos penitenciarios (consecuencias criminógenas que merman la prevención especial).
CONDENA
La acción y efecto de condenar se denomina condena. Se trata de la sentencia que un juez o un tribunal impone a un reo tras un juicio. Por ejemplo: “El violador recibiría una condena ejemplar, de acuerdo a lo anticipado por fuentes cercanas al proceso”, “Sin condena, no hay justicia”.
La condena está asociada a una sentencia, que es la resolución judicial pone fin a un litigio. Esta sentencia reconoce la razón o el derecho a una de las partes involucradas en el proceso, obligando a la otra cumplir con ciertas obligaciones. Si el acusado es encontrado inocente, resulta absuelto y no condenado.
Puede hablarse, por lo tanto, de sentencia condenatoria o condena cuando el juez (o tribunal) acoge la pretensión del demandante acusador. De lo contrario, se habla de sentencia absolutoria o absolución. En ambos casos, la sentencia puede resultar firme (no cabe la interposición de recursos) o recurrible (acepta que se interpongan recursos).
EXTINCION DE LA ACCION PENAL Y PENA
La legislación penal venezolana plantea el tema como Extinción de la Acción Penal y de la Pena, visto desde dos vertientes primera encontramos en ley penal adjetiva en su artículo 48 donde enumera las causas de extinción la acción penal de la siguiente forma:
Artículo 48.- Son Causas de extinción Penal.
1.- La muerte del imputado o imputada
2.- La amnistía

24. 3.- El desistimiento o el abandono de la acusación privada en los delitos constancia de parte agraviada.
4.- El pago del máximo de la multa, previa la admisión del hecho, en los hechos punibles que tengan asignada esa pena.
5.- La aplicación de un criterio oportunidad, en los supuestos y formas previstos en este código.
6.- El cumplimiento de los acuerdos reparatorios.
7.- El cumplimiento de las obligaciones y el plazo suspensión condicional del proceso, luego de verificado por el Juez o Jueza en la audiencia respectiva.
CAUSAS COMUNES Y ESPECÍFICAS
Las causas que de modo excepcional extinguen a las dos acciones son: la prescripción, la muerte del imputado, retiro de querella o acusación siempre que se haya constituido también civilmente.
La acción penal prescribe en los casos siguientes:
 Cuando se vence el plazo igual al máximo de la pena, en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad, sin que el plazo exceda los 10 años ni sea inferior a 3, en ningún caso.
 Cuando se vence el plazo de 1 año las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad, sin que en ningún caso el plazo exceda 10 años ni sea inferior a 3.
 Cuando se venza el plazo de 1 año las infracciones sancionadas con penas no privativas de libertad o arresto.
Los plazos de prescripción se rigen por la pena principal prevista en ley y esta comienza a correr; desde el día de la consumación cuando se trate de infracciones consumadas, para las tentativas desde el día en que se efectuó ultimo acto de ejecución y, para las infracciones continuas o de efectos permanentes desde el día

25. en que cesó su continuación o permanencia.
La prescripción corre, se suspende o interrumpe, en forma individual para cada uno de los sujetos que intervinieron en la infracción. Y el caso haya una persecución conjunta de varias infracciones, las acciones penales respectivas que de ellas resultan prescriben por separado en el término señalado cada una.
La prescripción se interrumpe por:
 La presentación de la acusación,
 El pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable,
 La rebeldía del imputado.
Desde que se provoca la interrupción, el plazo comienza a correr desde su inicio.
Sin embargo el cómputo de la prescripción se suspende cuando:
 En virtud de una disposición constitucional o legal la acción penal no puede ser promovida ni perseguida. Esta no rige cuando pueda perseguirse por falta de instancia privada,
 No se les haya iniciado el proceso a los funcionarios públicos que sigan desempeñando la función pública y que hayan cometido infracciones estando en el ejercicio del cargo o ocasión de este,
 En las infracciones que constituyen atentados contra la constitución y libertad o relativa al sistema constitucional, cuando se rompa el orden institucional, hasta su restablecimiento,
 Mientras dure en el extranjero trámite de extradición,
 Cuando se haya suspendido el ejercicio de la acción penal en virtud un criterio de oportunidad o cuando se haya dictado la suspensión condicional del procedimiento y mientras dure la suspensión.
Cuando termina la causa de suspensión, el plazo vuelve a su curso normal.
MUERTE DEL REO

26. Artículo 103.- La muerte del procesado extingue la acción penal. reo extingue también la pena, aun pecuniaria impuesta y no satisfecha todas las consecuencias penales de la misma, pero no impide confiscación los objetos o instrumentos con que se cometió el delito ni pago de las costas procésales se harán efectivas contra los herederos.
Según este articulo la muerte del procesado extingue acción penal, así mismo exigen la pena de muerte del reo. De misma manera, el código orgánico procesal penal hace referencia a esta causal, en relación la extinción de acción (Art. 44 numeral 1).
PERDON DEL OFENDIDO
En la mayoría de los delitos (llamados "públicos" o perseguibles oficio", basta con que la autoridad conozca la existencia del delito para que esté obligada a perseguirlo y castigarlo, incluso sin denuncia del ofendido aunque el ofendido no coopere con la persecución mediante su testimonio, e incluso si el ofendido manifiesta su falta de voluntad que se persiga el hecho. Ello debe a que el llamado "ius puniendi" (derecho a castigar) es en Derecho Moderno un derecho del Estado, no de los particulares, que sólo tienen en su caso a denunciar, y si el correspondiente ordenamiento así lo prevé, a participar activamente como partes acusadoras en el procedimiento penal y solicitar una indemnización como víctimas. En los "delitos públicos", el perdón del ofendido no tiene efectos jurídicos, o como mucho puede equivaler a la renuncia exigencia de responsabilidades civiles (indemnización y/o recuperación las cosas objeto del delito). En los delitos "semipúblicos", es precisa la denuncia ofendido para que pueda perseguirse el delito, pero perdón de la víctima no extingue responsabilidad penal. En los llamados "delitos privados", la denuncia del ofendido y su voluntad de que se persiga al autor configuran como requisito imprescindible para que el Estado pueda perseguir y castigar, perdón del

27. ofendido extingue la responsabilidad penal.
La regulación de los efectos del perdón ofendido es una delicada decisión que ha de adoptar el legislativo cada estado. Éste ha decidir si configura uno los delitos como públicos, semipúblicos o privados, y cuáles serán efectos que consiguientemente haya de atribuirse a la concesión del perdón ofendido o víctima del delito, y si exige o no con carácter general en ciertos casos la autorización judicial del perdón como medida de precaución; igualmente ha decidir el legislador si el perdón puede tener lugar sólo antes de que delincuente haya sido condenado, o si los efectos del perdón pueden tener lugar también tras la condena penal. Para decidir si se otorga efectos al perdón del ofendido hay que considerar a) hasta qué punto están implicados los intereses públicos en la persecución del delito y b) hasta qué punto puede entenderse que dar efectos al perdón puede someter a la víctima nuevas presiones del delincuente para obtener de la misma el perdón.
LA AMNISTIA
Es otra de las formas la extinción responsabilidad penal que, con el indulto, materializa la ejecución de lo que algunos denominan el derecho gracia o soberana clemencia.
La amnistía según el artículo 104 del C.P. extingue la acción penal y hace cesar la ejecución de la condena. Consiste en renuncia del estado al castigo por determinados hecho punibles cometidos, correspondiendo a la asamblea nacional la facultad de decretarlas (articulo 187 numeral 5 constitución) con amnistía, se cancela el delito, siendo fundamentalmente objetiva y no referida a personas.
La amnistía elimina o borra el delito y las consecuencias penales dejando pendientes la responsabilidad civil.

28. INDULTO
La facultad de castigar y perdonar se ha considerado tradicionalmente como una de las prerrogativas esenciales del soberano, y como muestra de civilización, contraria a una carácter justiciero o vengativo del poder y como muestra de "clemencia", que evitaría añadir al mal causado por el delito la pena. El indulto (también conocido como perdón) es una causa de extinción la responsabilidad penal, que supone el perdón de la pena. Lo concede un poder soberano, como un rey o jefe de estado (hoy en día lo conceden realidad los gobiernos, aunque formalmente lo haga el Jefe del Estado en la mayoría de los países). El perdón es diferente a la amnistía, que supone renunciar a perseguir el delito; sólo puede indultarse a quien ya ha sido condenado, en cambio amnistiarse a quien no lo ha sido. Hoy en día, el perdón y indulto se conceden en muchos países cuando los individuos llegan a demostrar que han pagado su deuda con la sociedad, o cuando por otras razones los encargados de concederlos entienden que son merecidos (por ejemplo cuando se sospecha un error judicial o se entiende que la ley penal por condenó era injusta). El perdón es concedido por ello en ocasiones a personas las que se ha acusado injustamente. No obstante, puesto que suele ser requisito para el indulto condenado o un tercero lo solicite, y la solicitud constituye implícitamente aceptación de una falta, en ocasiones el ofrecimiento es rechazado. El indulto puede ser total (de toda la pena) o parcial. El indulto parcial supone remisión de alguna algunas las penas impuestas o su conmutación por otras menos graves. A vez puede ser general (se le concede a un tipo de criminales) o particular favor una persona determinada). En España están prohibidos los indultos generales. El indulto total comprende la remisión de todas las penas a que hubiere sido condenado el reo y que aún no hubieren sido cumplidas.
LA PRESCRIPCIÓN DE ACCION PENAL

29. La acción penal prescribe, es decir, se extingue por el transcurso de un cierto lapso sin que el delito sea perseguido.
NATURALEZA
La prescripción de la acción penal es naturaleza extintiva, liberatoria.
LAPSOS
Están establecidos en el artículo 108 del Código Penal que dice textualmente: “Salvo el caso en que la ley disponga otra cosa, acción penal prescribe así:
1.- Por quince años, si el delito mereciere pena de presidio que exceda diez años.
2.- Por diez años, si el delito mereciere pena de presidio mayor siete años sin exceder de diez.
3.- Por siete años, si el delito mereciere pena de presidio años o menos.
4.- Por cinco años, si el delito mereciere pena de prisión más tres años.
5.- Por tres años, si el delito mereciere pena de prisión años o menos, arresto de más seis meses, relegación a Colonia Penitenciaria, confinamiento o expulsión del espacio geográfico de la República.
6.- Por un año, si el hecho punible sólo acarrease arresto por tiempo de uno a seis meses o multa mayor de ciento cincuenta bolívares o suspensión del ejercicio de profesión, industria o arte.
7.- Por tres meses, si el hecho punible sólo acarrease pena de multa inferior a ciento cincuenta bolívares o arresto de menos un mes”.
PRESCRIPCION DE LA PENA
Implica la existencia de una pena impuesta por sentencia condenatoria

30. definitivamente firme, pasada en autoridad de cosa juzgada. Y para que la pena prescriba se hace necesario el transcurso de un cierto lapso, sin que la misma sea ejecutada.
REPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO
Cuando ocurre la comisión de un hecho punible en contra bienes jurídicos ya sean colectivos o particulares se producen lesiones que derivan del hecho principal, los cuales no son menos perjudiciales que el mismo y por lo tanto le generan al individuo trasgresor sanciones que nuestro ordenamiento jurídico cataloga o define como responsabilidades civiles, estas se encuentran tipificadas en el Código Penal y supletoriamente en el Código Civil. En esta investigación se señalará de manera específica quienes pueden ser sujetos responsabilidad civil ya sea de manera directa o subsidiaria; cuales son los procedimientos que están previstos en las leyes para que los individuos trasgresores subsanen daños, además de otra serie puntos que también constituyen parte importante en lo que a este tópico se refiere.
El hecho que la ley describe como delictivo, además de producir un daño social, puede además ocasionar un daño privado o la lesión de intereses individuales que son susceptibles de ser reparados o indemnizados, lo que hace surgir la responsabilidad civil o la obligación de reparar el daño causado.
Sin embargo, el perdón de la parte ofendida respecto a acción penal, produce la renuncia de la acción civil si no se ha hecho reserva expresa.
Se prescribirá por diez años la acción civil que proceda contra funcionarios públicos por hechos ejecutados en el ejercicio del cargo.
Según este artículo (Art. 113) se dice que las personas responsables criminal o falta, son también responsables civilmente y dicha responsabilidad civil nacida de la pena no cesa porque se restrinjan esta o la pena sino que durara como las obligaciones civiles con ejecución según las normas establecidos por el derecho

31. civil.
DIFERENCIAS CON OTRAS ACCIONES
 La acción de separación cuerpos o divorcio por causa e adulterio consagrada en la causal 1er. Del artículo 185 del Código Civil: luego de perpetración de adulterio se deriva una acción civil que es la divorcio, cual es diferente de la acción responsabilidad civil, en el sentido que no tiene por finalidad la restitución, reparación o indemnización de daños perjuicios, sino que tiene por objeto la disolución del matrimonio.
 La acción destinada a obtener la declaratoria de indignidad del que ha sido condenado por haber dado o intentado dar muerte al causante de cujus, (artículo 810 del Código Civil): ésta es una acción civil, pero distinta a la acción de responsabilidad penal.
NATURALEZA E HISTORIA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL DELITO
El Código de Enjuiciamiento Criminal establece que la acción civil podrá intentarse junto con la penal en el juicio de esta última especie, o separadamente en juicio civil (Art. 3º del Código de Enjuiciamiento Criminal), pero este caso, pendiente la acción penal no se decidirá civil que haya intentado separadamente mientras aquella no hubiere sido resuelta por sentencia firme, esto es, sentencia contra lo cual estén agotados o no sean procedentes los recursos ordinarios o extraordinarios concedidos por la Ley (Art. 6º eiusdem), y sólo en el caso de que se proponga acción contra funcionarios públicos por infracción de los deberes de su cargo, la sentencia que declare el delito debe proceder a acción civil, salvo el caso en que la penal se hubiere extinguido antes de prescribir aquella (ordinal 2º , artículo 3eiusdem). Así mismo puede la parte perjudicada, sin formalizar acción penal, hacerse parte civil en el proceso siempre que se presente la demanda antes del acto de cargos.
Historia

32. Antiguamente se confundía la responsabilidad civil con penal, por lo que confundían ambas acciones, y por ello, cuando una persona perpetraba un delito grave, en lugar de imponérsele una pena, se le obligaba a la llamada “Composición”, por medio de la cual persona eludía tanto acción civil como acción penal, pagando una suma determinada de dinero para reparar el daño ocasionando por el delito que cometió.
Modernamente, se diferencian ambas acciones, puesto que son dos acciones persiguen finalidades diferentes; la penal está destinada a lograr imposición de una pena al delincuente, y la civil está encaminada a obtener o alcanzar restitución, reparación e indemnización.
OBJETO
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 120 del Código Penal Venezolano, la responsabilidad civil comprende:
1. Artículo 121.- La restitución deberá hacerse de la misma cosa, siempre que sea posible, con pago de los deterioros o menoscabos a regulación del Tribunal.
La restitución debe hacerse aun cuando la cosa se halle en poder de un tercero que la posea legalmente, salvo su repetición contra quien corresponda.
No será aplicable esta disposición cuando el tercero haya adquirido la cosa en la forma y con los requisitos establecidos por las leyes para hacerla irreivindicable.
2. La restitución. Esta debe ser hecha de la misma cosa, siempre que ello sea posible, son pago de los deterioros o menoscabos, a regulación del Tribunal. Tal restitución debe hacerse aún cuando la cosa se halle en poder de un

33. tercero que la posea legalmente, salvo su repetición contra quien corresponda. La restitución no procede, cuando el tercero ha adquirido la cosa en la forma y con los requisitos establecidos las leyes para hacerla reivindicable. Este se encuentra desarrollada en el artículo 121 del Código Penal que dice lo siguiente:
Si no fuere posible la restitución de cosa, se reparará pérdida pagándose el valor de ella.
La reparación se hará valorando la entidad del daño a regulación tribunal, atendido el precio natural de la cosa, siempre que fuere posible, y el grado de afección en que la tenga agraviado; y solo se exigirá cuando no haya lugar a la restitución.
3. La reparación del daño causado. Esta se realiza cuando no es posible la reparación del daño o el pago equivalente al valor de la pérdida cosa. La reparación de la cosa deberá hacerse in fine, es decir; a regulación del Tribunal, valorando la entidad del daño, para lo que se deberá tomar en cuenta el precio de la cosa y grado afección en que tenga agraviado. En el mismo artículo 121 eiusdem tenemos
4. La indemnización de perjuicios. La responsabilidad se extiende además a los perjuicios irrogados, por razón del hecho punible, a su familia o a un tercero. Y el importe de tal indemnización será regulado por tribunal en los términos fijados para la reparación del daño en el artículo 121 Código Penal.
RESTITUCION
La restitución deberá hacerse de la misma cosa, siempre que sea posible, con pago de los deterioros o menoscabos a regulación del Tribunal. O sea, que siempre que sea posible la restitución de cosa, debe realizarse ésta, con el pago los menoscabos o deterioros que produjo a tal cosa la perpetración del delito; esto es,

34. repetimos, cuando sea posible, pues puede ser que no lo sea, por ejemplo, porque la cosa ha sido vendida en forma tal, condiciones tales, que se convierte irreivindicable, o porque se ha perdido, la destruyó el que hurtó, etc.
El primer aparte del mismo artículo 121 de la Ley sustantiva Penal expresa: “La restitución debe hacerse aun cuando la cosa se halle en poder de un tercero que posea legalmente, salvo su repetición contra quien corresponda”. En este caso, el tercero que compró de buena fe la cosa tiene el derecho repetir cantidad pagada.
Y el aparte 2 del mismo artículo dice: “No será aplicable esta disposición cuando el tercero haya adquirido la cosa en forma y con los requisitos establecidos por las leyes para hacerla irreivindicable”.
REPARACIÓN DEL DAÑO CAUSADO
Se refiere el tercer aparte del mismo artículo 121 del Código Penal en los siguientes términos: “Si no fuere posible la restitución de cosa, se reparará pérdida pagándose el valor de ella”. Esto nos dice que la reparación del daño causado tiene carácter subsidiario con respecto a la restitución, porque si es posible, debe hacerse la restitución, pero si no es se reparará el daño.
El último aparte dela artículo 121 expresa: “La reparación se hará valorando la cantidad del daño a regulación Tribunal, atendido el precio natural de la cosa, siempre que fuere posible, y el grado de afección en la tenga agraviado; sólo se exigirá cuando no haya lugar a la restitución”. Vemos como reafirma lo subsidiario de la reparación frente a restitución; así restitución es de tipo principal y la reparación de carácter subsidiario. En cuanto a eso del valor natural, cabe decir que hay cosas tienen un valor irrisorio de cambio, pero gran valor afectivo, como por ejemplo: una foto de un familiar muerto muy querido, regalo, etc., y por ello son insustituibles; luego la afección que le tenga el agraviado hay que tomarla en cuenta.

35. CONCLUSIONES
La pena produce una serie de efectos en el conjunto individuos que componen la sociedad que se suponen positivos para ésta, y según la teoría relativa de la pena, serían los objetivos en que se fundamentaría la aplicación coactiva de la pena. Así, tanto la teoría retributiva de la pena (o teoría absoluta de la pena), como la teoría relativa antes mencionada coinciden en que pena, tanto su vertiente coactiva como en su vertiente coercitiva tienen, o han de tener los siguientes efectos:
 Prevención general: Dirigida al conjunto de la sociedad.
 Prevención especial: Dirigida al sujeto que ya ha sido penado.
Por otro lado, la teoría retributiva habla del efecto retributivo de la pena (en un sentido similar a venganza), mientras que la teoría relativa menciona necesidad de que la pena suponga una reinserción del penado en la sociedad. Sin embargo, algunos tipos penales consagrados en el ordenamiento jurídico patrio, entre ellos en la Ley de Extranjería, carecen aplicabilidad particularmente, los Estados fronterizos del país, donde la necesidad de contar con mano obra obliga a las empresas a solicitar los servicios de extranjeros indocumentados, sin que tal situación suponga la explotación del trabajador ni haga presumir que empresa los contrata con tal finalidad. Asimismo, debe tenerse en cuenta que delitos de

36. difamación y de apropiación indebida consagrados en el Código Penal Venezolano como tipos penales de carácter general, pueden aplicarse para sancionar determinados hechos realizados por los empleadores, en perjuicio de la integridad moral del trabajador y Sistema de Seguridad Social.

37. BIBLIOGRAFÍA
 DERECHO PENAL VENEZOLANO, ARTEAGA S., Alberto, novena edición, editorial Mc Graw Hill, Caracas-Venezuela 2001.
 JIMÉNEZ DE ASUA, Luis: Tratado de derecho penal, Edit. Losada S.A., Buenos Aires, 1956.
 HERNÁNDEZ, Tosca: La ideologización del delito y de la Pena, Instituto ciencias penales y criminologicas, Facultad de Ciencias jurídicas Políticas, U.C.V., Caracas
 CODIGO PENAL, Gaceta oficial Num. 5.494, 30 de Octubre 2000; oficial Num. 925 , 30 de junio 1964.
Internet:
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http://www.unifr.ch/derechopenal/obras/mdp.htm
http://enm.tsj.gov.ve/Carrera/CarreraTemarios_lopna.asp