1. LA REFORMA PENDIENTE DEL CONICET
Creada la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnologíca (ANPCyT)
(Decreto 1660/96) e iniciado en ese mismo año y momento el proceso de reforma
estructural del CONICET (Decreto 1661/96) que incluyó otorgar ciudadanía a los
investigadores - eligen el 50% de los miembros del Directorio-, asignar los
recursos a unidades administradoras y no a los investigadores en forma directa,
sanear la situación estructural en relación a la administración de los recursos
humanos y la liquidación de salarios, así como la terminación de obras
emblemáticas (CRIBABB y CERIDE) inconclusas desde el período dictatorial,
diesiocho años más tarde, más precisamente a partir de 2014 el CONICET
registraría un crecimiento notable, en términos de ingresos a la carrera del
investigador y creación de unidades ejecutoras de investigación, principalmente
con las universidades nacionales (UUNN).
Sin embargo, la crisis de los becarios de 2017 ha puesto en tela de juicio el
desarrollo presente y futuro del CONICET. No se trata solamente de un problema
coyuntural de financiamiento de 498 plazas de ingreso a la carrera del
investigador científico (CIC), es mucho más que eso. En efecto, el CONICET adoptó
en el último decenio de gran crecimiento un nivel de concentración geográfica
extraordinario, que ha beneficiado principalmente a tres universidades nacionales:
UBA, Córdoba y La Plata. El 50% del total de los miembros de la carrera del
investigador con lugar de trabajo en las universidades nacionales (7.141) se
localiza en esas tres instituciones universitarias. De los 410 becarios que no
ingresaron a la CIC con lugar de trabajo en UUNN, el 45% se había postulado a
esas tres universidades.
También estas 3 universidades han concentrado los recursos del MINCyT y el
CONICET en cuanto a infraestructura física y equipamiento. Quizás el ejemplo más
acabado es haber destinado un préstamo de la Corporación Andina de Fomento
por USD 13 millones para la construcción del proyecto “Cero más Infinito” en la
Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. La segunda vez que el país toma préstamos
para financiar infraestructura. Científica. La primera fue el préstamo BID I que
ejecutó (mal) el CONICET en el período dictatorial, que previó apoyar la
construcción de los centros regionales de investigación en Bahía Blanca
(CRIBABB), en Santa Fe (CERIDE), en Puerto Madrin (CENPAT), en Ushuaia
(CADIC) y en Mendoza (CRICIT).
Varios factores inciden en este sesgo, que priva al país de un desarrollo
equilibrado, los principales son: (i) el sistema endogámico de evaluación (los
investigadores en ejercicio localizados concentradamente, eligen los nuevos
investigadores ingresantes y becarios, que por supuesto se concentran en los
mismos lugares de los “electores”); (ii) el único análisis es el de los atributos
individuales calificados en las publicaciones en revistas científicas internacionales,
sin evaluación alguna de impactos institucionales, regionales y sectoriales; (iii) la
mala práctica (ver buenas prácticas en EEUU y otros países desarrollados) de
permitir que quienes fueron becarios doctorales y posdoctorales en una institución
universitaria, luego ingresen a la CIC en el mismo lugar; (iv) relacionado con lo
anterior, es el propio CONICET el que ha generado la idea de que la beca doctoral o
posdoctoral que otorga el organismo es la antesala al ingreso a la CIC,
principalmente en el mismo lugar en donde fueron becarios; (v) el adicional por
zona desafavorable del 30% incorporado en ese decenio para los investigadores

2. localizados en el gran área metropolitana (desde CABA a La Plata), que en la
práctica licuó este incentivo material preexistente para localizaciones de
investigadores en el interior del pais (desde un 40% de adicional por zona
respecto al km 0); (vi) la concentración de investigadores en pocas localizaciones
condujo a la elección democrática de representantes de los científicos de esas
mismas localizaciones (hoy los 4 representantes de los investigadores en el
Directorio son de la UBA y de la Universidad Nacional de la Plata); (vii) la
participación de los miembros del Directorio en representación de las
organizaciones de la industria y el agro, de las provincias y las universidades, es
efectivamente baja en el proceso decisional del organismo (en la práctica los 4
científicos se reunen previamente para definir corporativamente los ejes y las
definiciones de política); (viii) vinculado a lo anterior existe el acuerdo no escrito
de los 4 científicos del Directorio de distribuir los recursos y apoyos en cuotas
partes iguales por cada área de conocimiento (ciencias de la salud, ciencias exactas
y naturales, ciencias sociales y humanidades, ciencias de la ingeniería y la
tecnología), pero dado que las ingenierías y la tecnología no tienen demanda
suficiente por el propio sesgo cientificista de la institución, la redistribución de las
vacantes no ocupadas en esa área se redistribuye en las otras tres; (ix) la política
de laissez faire del organismo que parte del enfoque de merituar las preferencias
individuales (de los investigadores, lo que Polanyi calificó como la República de las
Ciencias) por sobre cualquier otra consideración de política institucional y
nacional (el CONICET ha sido incapaz de desarrollar políticas focalizadas, como
por ejemplo sería convocar al ingreso a la CIC en áreas, temas y lugares
predeterminados) y (x) el amateurismo institucional para un desarrollo
planificado del organismo (ejemplo elocuente son las áreas vacantes prioritarias a
nivel regional, ver por caso la prioridad en Río Negro de Astronomía y la exclusión
de Ingeniería en Electrónica y en Telecomunicaciones en Bariloche, para la
formación doctoral y posdoctoral).
En este contexto, de no modificarse los factores mencionados, el crecimiento
futuro del CONICET reproducirá a escala ampliada las deformaciones actuales,
privando a la Nación de un desarrollo equilibrado en términos regionales (incluye
el conurbano bonaerense) y sectoriales.
El desarrollo del CONICET ha generado también efectos no deseados, como la baja
tasa de crecimiento de los cargos docentes de tiempo completo en las UUNN,
particularmente en las UUNN más beneficiadas por el organismo. El CONICET en la
práctica ha otorgado un subsidio implícito no registrado en términos estadísticos
ni presupuestarios, para financiar esos cargos, por supuesto con el nivel de
concentración ya señalado en unas pocas universidades nacionales.
Por último, el CONICET se ha transformado en el organismo del Estado nacional
con la mayor cantidad de empleados (basicamente los miembros de la CIC, además
del personal de apoyo y los administrativos), lo que de por sí es una anomalía. Este
sendero resultó de una mala decisión política en las postrimerías del gobierno de
Lanusse (10 días antes que asumiera Hector J. Cámpora en mayo de 1973) de crear
el escalafón laboral y salarial de los investigadores científicos, en reemplazo a la
política impulsada por Bernardo Houssay, quien presidió el CONICET desde su
fundación en 1958 hasta su fallecimiento en 1971, período en el que el incentivo a
los investigadores no era el salario pagado por el CONICET: las universidades y
otros organismos científicos y tecnológicos (CNEA, INTA, etc.) remuneraban a sus
investigadores y el CONICET otorgaba un “grant” (estipendio, incentivo) que

3. mejoraba los ingresos de los investigadores asalariados en otros organismos,
siguiendo la experiencia de la National Science Foundation en EEUU. Esta situación
que quien paga el salario (CONICET) es un organismo distinto a la institución en
donde efectivamente se trabaja (UUNN por ejemplo) ha generado otra
deformación: el CONICET con su política ha definido de hecho las estrategias de
investigación en las UUNN, al determinar a través del sistema meritocrático de
evaluación, la selección de los nuevos investigadores y su lugar de trabajo a
elección de los mismos, con el aval de los investigadores ya formados en esos
mismos lugares de trabajo.
Así el CONICET ha colapsado como institución pública y por ende es
imprescindible su urgente reforma.
Porqué no analizar volver a la época de Bernardo Houssay en materia de
investigadores, considerando: (i) que es una rémora de las dictaduras militares la
separación CONICET/Universidades que procuró en sus postrimerías la
denominada Dictadura Argentina y que tuvo lugar abiertamente en el período
dictactorial de 1976/1983 -basada en el enfoque de la seguridad nacional por el
supuesto foco subversivo universitario- y que justificara la carrera del investigador
del CONICET como un escalafón laboral y salarial y, (ii) la relación actual
CONICET/Universidades que padece de los problemas patológicos ya mencionados
? En concreto, que el CONICET vuelva a otorgar “grant” a los investigadores que
incorpore a su carrera del investigador científico y tecnológico, como sistema de
categorización, reconocimiento, promoción y estabilidad sujeta a evaluación de
desempeño, mientras que los salarios los paguen las instituciones en donde
efectivamente trabajan esos investigadores. Obsérvese que esta política resolvería
el caso de los 498 becarios “no ingresados” a la CIC, 410 de los cuales ingresarían a
las Universidades con cargos docentes con obligaciones de investigación y
docencia, o sea una relación laboral y salarial. Simultáneamente serían miembros
de la carrera del CONICET con todo el valor simbólico que ello implica, más el
acceso al “grant” a modo de incentivo material.
Sería el principio de la construcción de un Sistema Nacional de Investigadores
como lo tienen España y México, que a su vez subsumiría el actual Programa de
Incentivos a los Docentes Investigadores universitarios.
Por otra parte, de las lecciones aprendidas de la experiencia internacional también
debe rescatarse la focalización de los esfuerzos del Estado en áreas del
conocimiento y localizaciones espaciales y sectoriales vinculadas a una estrategia
de desarrollo integral, lo cual no significa como absurdamente algunos suponen el
reemplazo de la investigación básica por la investigación aplicada y el desarrollo
tecnológico. En definitiva el denominado Modo II de investigación de Gibbons nos
propone el abordaje científico y tecnológico de “problemas”, lo cual conlleva a
todas las formas de investigación reconocidas por Frascatti, la UNESCO, la OECDE y
los diferentes Manuales, como los de Oslo y Bogotá.
También a las Universidades les corresponde definir sus propias estrategias de
desarrollo científico y tecnológico, en el marco de la autonomía universitaria y no
que las mismas sean definidas externamente por el CONICET (aunque este
organismo no se lo proponga), en términos de política implícita como nos enseñara
Amilcar Herrera y el Pensamiento Científico y Tecnológico Lanitnoamericano
(Sagasti, Sábato, Varsasky, etc.), a partir de considerar como basamento de la
política institucional las preferencias individuales que está demostrado no
necesariamente se corresponden con las prioridades institucionales, regionales y

4. nacionales del desarrollo Este es un caso palmario de que el interés individual no
es equivalente al interés general.
Juan Carlos Del Bello, especialista en Política Científica y Tecnológica