El Gobierno hace frente a la gestión de Euskadi y Cataluña

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Reportaje sobre el proceso de paz bloqueado en Euskadi y las reivindicaciones de independencia de Cataluña en el contexto de España.

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El Gobierno hace frente a la gestión de Euskadi y Cataluña

  1. 1. Crónica de España 56 - 57 El Gobierno hace frente a la gestión de Euskadi y Cataluña El Gobierno central se enfrenta a dos procesos soberanistas en Euskadi y Cataluña. En un proceso de paz bloqueado tras dos años del cese definitivo de ETA, abordando la memoria, las consecuencias de la violencia y la gestión de los presos, las expectativas del derecho a decidir en Euskadi se alejan. Mientras, Cataluña presiona con convocar una consulta, cuya fecha aún no está determinada, pero que genera controversia, en caso de que se produzca, por el rechazo de parte de su población, su posición futura en la Unión Europea y el impacto que podría tener en su economía. Ante los intentos soberanistas de la Generalitat se plantea desde los ámbitos conservadores la posibilidad de abordar una tercera vía que paralice la secesión de España. por Josune Murgoitio @josmurgui EL PROCESO DE EUSKADI “La clave es esperar a la sentencia de Estrasburgo para saber qué dicta sobre la doctrina Parot y a que ETA responda a las recomendaciones del Foro Social con pasos en el desarme para ver si el proceso avanza”, explicaba una fuente conocedora de los entresijos del conflicto vasco. El último Informe del Observatorio Social, elaborado y hecho público el pasado septiembre por Lokarri –Red Ciudadana para el Acuerdo, la Consulta y la Reconciliación-, mostró un “descenso de la percepción positiva del proceso de paz” en los ciudadanos, que valoraron, a través de un cuestionario, la actual situación política y social dotándola de un 5,05 de puntuación en comparación con un 7,7 sobre 10 puntos que los ciudadanos dieron a la Conferencia de Paz de Aiete, que reunió a interventores internacionales que invitaron a ETA a anunciar el cese definitivo de la actividad armada en el año 2011. Dos años después de que la organización terrorista respondiera a aquella invitación anunciando dicho cese definitivo y apostando por vías exclusivamente pacíficas, la quietud del proceso de paz es innegable y muchos encuestados alertaron de que “no es una prioridad política” o consideraron que “no hay voluntad de afrontarlo”. El coordinador de Lokarri, Paul Ríos, ha explicado a Orden y Ley que la solución al actual bloqueo del proceso de paz sería que “ETA y el Gobierno [central] tomasen decisiones unilaterales por considerarlas positivas para el proceso de paz. Es difícil que ocurra, especialmente, por parte del Gobierno que parece ha tomado la decisión de no contribuir”, lamentaba Paul Ríos, “tendría que haber un acuerdo amplio entre
  2. 2. ORDEN Y LEY los partidos políticos con participación ciudadana que establezca las bases para solucionar los principales problemas. No se me ocurre otra manera para tener la legitimación suficiente para que Gobierno [central] y ETA hagan algo nuevo”, explicaba Ríos. En este mismo sentido, fuentes consultadas insistieron en que el Gobierno central no piensa mover ficha y dado el impacto de la crisis económica en Euskadi el proceso no tiene expectativas de que vaya a desarrollarse con rapidez. “El pacto del Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista de Euskadi y Partido Popular se ha centrado en sacar los presupuestos e intentar resolver la cuestión del desempleo”, añadía la fuente consultada que alertaba de que tras las últimas detenciones de los 18 dirigentes de Herrira “la izquierda abertzale está parada, a la espera de que se produzca el fallo de Estrasburgo y ver si ETA mueve ficha”. PENDIENTES DE ESTRASBURGO “Estrasburgo apoya tumbar la `Parot´ y liberar a 64 etarras y 6 violadores”, titulaba el diario La Razón, a mediados de octubre, y subtitulaba la noticia con “preocupación del Gobierno”. El diario ABC hacía lo propio y titulaba una publicación como “Estrasburgo, dividido, se decanta por liquidar la `doctrina Parot´” y reiteraba la preocupación del Ejecutivo de Mariano Rajoy de que la inminente sentencia del Tribunal de Derechos GUARDIA CIVIL Humanos de Estrasburgo derogara la doctrina Parot -regulación legislativa que alarga la condena a presos por terrorismo al no aplicar beneficios penitenciarios sobre el cómputo máximo de la pena establecida, sino al hacerlo sobre la pena máxima establecida para cada uno de los delitos que constituyen la condena- . El pasado 10 de julio de 2012, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó a España por haber aplicado de manera retroactiva la doctrina 197/2006 a Inés del Río, etarra encarcelada que tenía que haber sido liberada el pasado 3 de julio de 2008 pero que al aplicarle la denominada doctrina ‘Parot’ continuó encarcelada. El Estado español recurrió y la causa tuvo lugar el pasado 20 de marzo. Ante las informaciones que los diarios publicaron, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, manifestó que “es vinculante” pero que hay violaciones de derechos en el mundo que “merecen más atención”. El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, recomendó que antes de tomar una decisión se pensase en los muertos ocasionados por ETA y en los familiares que tienen a sus seres queridos “bajo tierra”. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), liderada por Ángeles Pedraza, y que aglutina a 4.000 víctimas aproximadamente, aconsejó que “a la espera de lo que diga Estrasburgo, España tiene que mantenerse firme y no permitir que decenas de te- Paul Ríos, de Lokarri. (Foto: EP). Independencia y socialismo es una reivindicación que se plasma en una de las paredes de la localidad guipuzcoana de Mondragón. (Foto: J.Murgoitio).
  3. 3. Crónica de España 58 - 59 rroristas queden en libertad de un día para otro sin cumplir lo que en su día dictaminó un tribunal”. El pasado 12 de septiembre se cumplió un año de la excarcelación del preso Bolinaga que se produjo por su cáncer terminal. La AVT denunció que “los doce meses solo han servido para comprobar la humillación diaria que su libertad ha supuesto para las víctimas del terrorismo”. En este sentido, la asociación destacó que ha sido “un año en el que hemos visto cómo por primera vez un preso era liberado pese al criterio de la forense de la Audiencia [Nacional], cómo era aclamado por proetarras a su llegada, cómo paseaba sin problemas tomando vinos por los bares de Mondragón y cómo decía en una grabación que no estaba en absoluto arrepentido ni pedía perdón a sus víctimas”. Desde la Asociación se alertaba de que “para derrotar a ETA hace falta más que nunca que exista firmeza institucional” es necesario que “los terroristas cumplan íntegramente sus condenas” y para ello un “instrumento fundamental es la `doctrina Parot`”. DETENCIONES DE HERRIRA La operación policial que el Gobierno central llevó a cabo contra los 18 dirigentes de Herrira, el pasado 30 de septiembre, por pertenecer a la “cúpula dirigente” de ETA, según el Ministerio del Interior, causó sorpresa y rechazo en gran parte de la sociedad vasca. En la nota de prensa hecha pública por el Ministerio, se afirmaba que Herrira ocupaba “el vacío organizativo dejado por las ilegalizadas Gestoras pro Amnistía y Askatasuna para continuar manteniendo el control y la cohesión de los presos” y, según el Gobierno, Herrira decidía “a qué presos se les realiza un acto de homenaje a su salida de la cárcel y a quienes no, dependiendo de su pertenencia o no al colectivo de presos de ETA (EPPK)”. El Juez Eloy Velasco, instructor del caso, precintó las cuatro sedes de Herrira y ordenó cerrar 38 páginas web, 32 perfiles de Twitter Dirigentes de Herrira detenidos por la Guardia Civil el 30 de septiembre. (Foto: Ministerio del Interior). y 125 en Facebook, según los datos hechos públicos en la nota de prensa del Ministerio del Interior. “Suena a viejo y rancio, algo que pensábamos que no iba a ocurrir nunca más”, admitía Paul Ríos al preguntarle su opinión sobre una operación policial cuyas características no se habían apreciado en el transcurso del proceso de paz. “Herrira trabajaba con la izquierda abertzale, lo han entendido como un ataque y los pasos de ETA se han detenido”, interpretaba la fuente consultada. “Es una operación disparatada. Se les detiene por organizar homenajes, si organizar un homenaje es un delito, entonces detén a las personas que lo han organizado, resulta además que el Tribunal Supremo ha dicho en varias ocasiones que un homenaje en el que no se grite `Gora ETA´ no es un delito”, explicaba Ríos. La operación policial se justificó también en el “control” que supuestamente Herrira realizaba “en las cárceles para que los presos adopten soluciones individuales cuando resulta
  4. 4. ORDEN Y LEY GUARDIA CIVIL El Gobierno exige a la banda terrorista ETA que entregue las armas y anuncie su disolución. (Foto: Getty). que Herrira es uno de los grupos que ha apoyado las recomendaciones del Foro Social para llegar a una solución integral con pasos individuales”, añadía el coordinador de Lokarri. “Puede ser muy discutible lo que Herrira hace, pero yo los he visto comprometidos con el proceso de paz y las decisiones que ha habido en la izquierda abertzale para avanzar en vías exclusivamente pacíficas. A mí me resulta, todavía más grave que el Gobierno haya tomado una decisión así”, concluía. CONSENSOS BÁSICOS Desde el entorno de la izquierda abertzale, y tras las últimas declaraciones de Arnaldo Otegi, líder encarcelado por el caso Bateragune, cuya condena es rechazada por una amplia mayoría en Euskadi, se interioriza la idea de construir una vía política en Euskadi para avanzar en el desbloqueo del proceso de paz: crear consensos básicos para forzar a cada una de las partes a que aporten. “ETA tardó mucho tiempo en poner fin a la violencia y siempre la justificaba en que el Gobierno [central] era un opresor”, relataba el coordinador de Lokarri, “ETA siempre olvidaba que no puede defender a una sociedad utilizando unos medios que esa sociedad no quiere que se usen”. Por parte del Gobierno central, Paul Ríos adelantaba que “tendría que haber cambiado la política penitenciaria porque se lo había pedido el Parlamento Vasco, el Gobierno Vasco y la mayoría de los partidos, pero ha hecho caso omiso”. “No demandamos que el resto de fuerzas políticas compartan nuestro punto de vista pero, al mismo tiempo, no aceptamos que tengamos que renegar de nuestra trayectoria de lucha y asumir el relato de los opresores”, señalaba el último comunicado de la organización terrorista ETA, hecho público a través del diario Gara el pasado 28 de septiembre con motivo de la celebración del Gudari Eguna. ETA calificó de “justa y legítima” su lucha porque “ha ayudado a la supervivencia de Euskal Herria y a mantener abierta la puerta de la libertad”. “ETA tiene un problema de exceso a la hora de hablar porque tiene partes que son muy interesantes en clave de reconciliación, pero en cuanto añade ese punto de `no nos arrepentiremos nunca del pasado´ crea más confusión y motivos para que haya gente molesta y enfadada”, interpretaba el coordinador de Lokarri. Renegar de su trayectoria de “lucha” y no querer asumir el relato “de los opresores” creó malestar en la mayoría de los partidos políticos que reaccionaron insistiendo en la disolución de la organización terrorista, a excepción de Bildu que lo interpretó como una tentativa de “tender la mano a la paz”. ETA se mostró dispuesta a abordar un proceso en el que se reconozca “la verdad, el sufrimiento y las responsabilidades de cada cual”, y animaba, dada la actitud de los estados español y francés de imponer en “todos los terrenos” y negarse a “abordar vías dialogadas de solución al conflicto vasco”, crear vías pacíficas en Euskadi: “un proceso popu- lar que haga frente a todos estos ataques y nos libere de una vez por todas de las cadenas que nos sujetan”. “El comunicado decía que ETA quería que la sociedad empujara el proceso pero no reniega de su daño”, interpretaba una fuente. “Es un comunicado muy de consumo interno. Desde el Foro Social hemos pedido a los presos que reconozcan el daño causado”, explicaba Paul Ríos que admitía que en el último comunicado se encuentra implícito el mensaje de “reconocer el daño causado” pero no queriendo arrepentirse “por si algún miembro de ETA que está en la cárcel o fuera dice que va a haber un arrepentimiento o que se va a promover desde la dirección que haya un arrepentimiento”. DERECHO A DECIDIR En el contexto de bloqueo del proceso de paz, a la espera de que el fallo del Tribunal de Estrasburgo aliente a la organización terrorista a dar pasos para avanzar en el desarme, improbable por la actitud del Gobierno central que cree “no hay conflicto”, opinaba Paul Ríos que añadía “no ven que haya ningún beneficio electoral y consideran que pueden gestionar la actual situación sin más”, las expectativas de la izquierda abertzale de situar el derecho a decidir en el epicentro de la actual situación se complica, a diferencia de Cataluña que insiste en celebrar un referéndum y presiona al Ejecutivo de Mariano Rajoy en su posible secesión.
  5. 5. Crónica de España 60 - 61 “Iñigo Urkullu se ha dado de plazo en el 2020 para el derecho a decidir y la izquierda abertzale está muy ocupada con los presos y los juicios”, explicaba una fuente conocedora de los entresijos del conflicto vasco que interpreta que la situación de Euskadi y Cataluña es muy diferente. “En Euskadi primero tenemos que solucionar la cuestión de la violencia y los presos”, adelantaba la misma fuente. En la presentación del libro Cuando la maldad golpea, el pasado 14 de octubre en San Sebastián, el ex presidente del Gobierno José María Aznar pidió públicamente “poner fin al desfalco de soberanía nacional” que están llevando a cabo los nacionalismos. Sin citar expresamente al País Vasco y a Cataluña, Aznar aludió a que se pide “lo imposible” y se provoca “el desguace de la nación y el Estado”. El proceso soberanista anunciado por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, presiona al Ejecutivo de Rajoy para que acepte la celebración de una consulta o referéndum sobre el derecho a decidir, mientras el Gobierno central intenta presionar a los empresarios en Cataluña para que tomen distancia de Mas. La población en Cataluña cuenta con adeptos al proceso soberanista, pero también existen quienes rechazan una posible secesión de España. CATALUÑA EN LA CALLE “La alternativa de Rajoy es la ruptura. Ruptura es que no haya consulta en Cataluña. El camino que hemos emprendido es un camino sin retorno, cuyo final, si el Gobierno central no lo remedia, son unas elecciones plebiscitarias y una declaración unilateral de independencia. Queremos que el Estado tome conciencia de cuál es la situación en Cataluña”, aseguraba una fuente de la cúpula de Convergència de Catalunya (CDC) tras la Diada Nacional que tuvo lugar el pasado 11 de septiembre, una cadena humana que, según el Gobierno catalán, congregó a 1,6 millones de catalanes, en estimaciones diferentes al Gobierno central que la cifraba en 400.000. A pesar de la expresión masiva en pos del derecho a decidir, el liderazgo de Artur Mas ha quedado seriamente dañado después de perder 12 diputados en el Parlament y con ello la mayoría absoluta que requería “blindar” el proceso soberanista. A pesar de ello, la suma de Convergència i Unió (CiU), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), ICV-EUiA y Candidatura d’Unitat Popular (CUP) alcanza los 86 diputados en un Parlament que cuenta con 135 escaños. En este sentido, lo que para muchos supuso un fracaso de CiU en las elecciones para otros no debería servir de excusa para paralizar el proceso soberanista, pues la suma de los 86 diputados muestra una mayoría social a favor del derecho a decidir. En contraposición con la masiva concentración que se produjo en la Diada Nacional en apoyo al proceso soberanista que el Govern pretende llevar a cabo, un menor número de personas se concentró en la Plaza de Cataluña el día 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional, para responder a la pulsión soberanista de la Generalitat. La concentración se produjo a tres meses de que el Parlament fijara fecha y pregunta para la consulta por la secesión de Catalunya, aunque Artur Mas asegura en cada uno de sus actos públicos que la consulta o el referéndum de una posible secesión tendrá lugar el próximo año. El Ayuntamiento de Barcelona cifró en 30.000 el número de personas que asistieron a la concentración, mientras que la delegación del Gobierno lo elevó a 105.000 y la organización, bajo la plataforma `Som Catalunya. Somos España´, en cambio, a 160.000 personas. Durante el acto masivo también se extendió una bandera mixta de 100 metros y emblemas europeos para enfatizar la voluntad de que Cataluña siga formando parte de la Organización Internacional. El portavoz de los convocantes, José Domingo, declaró que se había “demostrado la obviedad de que muchos catalanes nos sentimos españoles y no queremos que esto cambie”. “La mayoría silenciosa ha roto su silencio. La cadena humana independentista no es la única imagen de Cataluña”, declaraba la presidenta de los populares catalanes, Alicia Sánchez-Camacho. “Estamos orgullosos de ser catalanes pero que nadie nos lleve a romper la convivencia. La `senyera`y la bandera española están en el corazón de todos y es más lo que nos une que lo que nos separaba”, añadía Camacho. Mientras CiU y su socio de Gobierno Esquerra Republicana insistían en la celebración de un referéndum que permita a la ciudadanía decidir, Felip Puig, diputado en el Parlament y El 12 de octubre, más de 100.000 personas se concentraron en la Plaza de Cataluña de Barcelona bajo el lema ‘Som catalans, somos España’. (Foto: M.A.Moya).
  6. 6. ORDEN Y LEY El día de la Diada, miles de catalanes salieron a las calles de Barcelona para reivindicar la independencia de Cataluña. miembro de Convergència Democràtica de Catalunya, aseguró que prefería una consulta pactada en 2015 antes de forzar la máquina y adelantarla al año 2014, aunque el pacto CiU-ERC así lo disponga. La presión de la Unión Europea se aceleró también al recordar que cualquier secesión de una parte del territorio de un estado miembro implica su expulsión inmediata de la Organización Internacional. Las declaraciones de Puig sobre retrasar la consulta expresaban las dudas que otros dirigentes nacionalistas tienen porque consideran imposible o muy difícil que la consulta pueda celebrarse si el Gobierno central recurre ante el Tribunal Constitucional cualquier intento de llevarla a cabo. Sin embargo, desde ERC no se aceptó la posibilidad de abrir una tercera vía y declaró que “no tenemos que especular sobre ningún escenario alternativo porque debilitamos la principal herramienta que tenemos, la consulta”. FINANCIACIÓN AUTONÓMICA El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, intentó aliviar, en el Comité Ejecutivo del Partido Popular, el pasado 14 de octubre (dos días después de la concentración en Barcelona del día 12 de octubre) la inquietud de los barones del PP, que reclamaban una reforma del sistema de financiación autonómico ante el temor de que Catalunya pudiera recibir una trato de favor a cambio de que se intentara frenar los planes soberanistas de Artur Mas. El presidente del Gobierno aseguró que la revisión del sistema “hay que hacerlo para todos, con todos”, y no “para favorecer a nadie”. El Ejecutivo de Rajoy, presionado por la supuesta contabilidad B del Partido Popular y centrado en lavar su imagen de los supuestos casos de corrupción que le salpican, así como rescatar la confianza de ciudadanos golpeados por el impacto de la crisis económica, intentó por todos los medios tranquilizar a los presidentes populares autonómicos, después de que la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, planteara limitar la solidaridad entre los territorios, un principio esencial en la Constitución española como una tercera vía a la situación de expectativa de quiebra de Cataluña con España. La presidenta de los populares catalanes reclamó a su partido “liderazgo para dar alternativa, respuesta GUARDIA CIVIL y solución al problema de Catalunya, porque las cosas no se pueden quedar como están y no podemos estar sin hacer nada”. Por ello, Alicia Sánchez-Camacho propuso a su partido como una tercera vía al problema soberanista una “revisión profunda” del modelo de financiación autonómica y una “nueva transición” para detener la construcción del proceso soberanista. Sin embargo, la propuesta de Sánchez-Camacho no contempla ni un sistema como el concierto económico vasco ni la salida de Catalunya del régimen común de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), sino que la propuesta de “revisión profunda” se basa en limitar el principio de solidaridad de Catalunya con el resto del Estado. “No se pueden aportar grandes recursos a otras comunidades para pagar subvenciones y, mientras estas bajan impuestos, en Catalunya la presión fiscal es muy alta”, señalaba la presienta de los populares. “El PP siempre ha estado en contra del actual modelo de financiación, pero la prudencia aconseja que se cambie cuando sea posible hacerlo, no en medio de una crisis sino en una situación de crecimiento”, explicaba la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, en su comparecencia ante los medios una vez concluyó el Comité Ejecutivo. Por su parte, el presidente del Gobierno se comprometió a publicar las balanzas fiscales antes del final del año, pero adelantó que la reforma de financiación autonómica no podía hacerse en los próximos tres meses. “La financiación ahora no toca”, aseguró el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro en un intento de zanjar el debate. El presidente de la Comunidad de Madrid, ante la expectativa frustrada de hacerse con los Juegos Olímpicos 2020 y aliviar así la deuda pública de la comunidad autónoma que preside, defendió “una reforma que acabe con las injusticias y las incoherencias del modelo actual” y lograr así un modelo “donde los que más aportan no sean maltratados por el sistema de financiación y se vean representados los intereses de sus ciudadanos”.

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