Dictamen final de marchas comision del df

Proyecto de dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de
Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal, presentada por el Diputado Jorge Francisco Sotomayor
Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; que someten a consideración las
Comisiones Unidas del Distrito Federal y Derechos Humanos.

PROYECTO DE DICTAMEN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE EXPIDE LA LEY DE MANIFESTACIONES PÚBLICAS EN EL DISTRITO
FEDERAL, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JORGE FRANCISCO SOTOMAYOR
CHÁVEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL; QUE SOMETEN A CONSIDERACIÓN LAS COMISIONES UNIDAS DEL
DISTRITO FEDERAL Y DERECHOS HUMANOS
Honorable Asamblea:
A las Comisiones Unidas del Distrito Federal y Derecho Humanos fue turnada para su
análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley de
Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal presentada por el Diputado Jorge Francisco
Sotomayor Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70 y 71 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 66, 67 fracción I, 68, 80, 82 numeral 1, 84, 85, 176 y 180 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, estas comisiones son competentes para conocer y
dictaminar el asunto en cuestión, por lo que se somete a la consideración del Pleno de esta
H. Cámara de Diputados, el presente dictamen en sentido positivo, al tenor de los siguientes
antecedentes:
METODOLOGÍA
En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite de inicio del
proceso legislativo, de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la referida
iniciativa, de los documentos que sirvieron para formar la opinión y sentido en que se resolvió
el presente dictamen; así como las acciones previas de las Comisiones dictaminadoras.
En el capítulo correspondiente a "OBJETO DE LA INICIATIVA", se sintetiza la
propuesta de reforma en estudio.

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En el capítulo de "CONSIDERACIONES", se expresan las razones de las Comisiones
Unidas, que sustentan la valoración de las propuestas de reformas constitucionales.
En el Capítulo “MODIFICACIONES DE LAS COMISIONES UNIDAS”, se hace
mención de los cambios que durante el proceso de dictamen, las comisiones realizaron a la
iniciativa original para una mejor redacción y por cuestiones de técnica legislativa y jurídica.
En el Capítulo relativo al “TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO”, se
plantea el Decreto por el que se expide la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito
Federal.
I. A N T E C E D E N T E S
1. En fecha 3 de octubre de 2013, se presentó ante el pleno de la LXII Legislatura de la H.
Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de
Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal, suscrita por el Diputado Jorge Francisco
Sotomayor Chávez integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
publicada en la Gaceta Parlamentaria número 3875V.
2. La Mesa Directiva de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados turnó a la Comisión
del Distrito Federal el 3 de octubre de 2013, posteriormente también fue turnada a la
Comisión de Derechos Humanos el 30 de octubre del mismo año, con opinión de la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública.

3. Con fecha 7 de octubre de 2013, mediante oficio número PCDF/300/2013 se envió a los
integrantes de la Comisión del Distrito Federal la iniciativa de referencia tal y como lo marca

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el artículo 150, numeral 1, fracción VI del Reglamento de la Cámara de Diputados para su
correspondiente atención y desahogo.
4. Con fecha 15 de octubre de 2013, mediante oficio número PCDF/299/2013 se solicitó al
Jefe de Gobierno del Distrito Federal la información respecto al registro de marchas,
bloqueos o manifestaciones que hubiesen ocurrido en la Ciudad de México del año 2012
hasta la fecha del citado oficio; así como los gastos que ha tenido que erogar la ciudad por la
utilización de elementos de seguridad pública, y por el servicio de limpia después de cada
contingente.
5. Con fecha 24 de octubre, se recibió por parte de la Subsecretaria de Gobierno, respuesta
parcial a la información solicitada.
6. Con fecha 14 de Octubre de 2013, se solicitó con número de oficio PCDF/298/2013 al
Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, un estudio de Derecho
Comparado respecto a la legislación en materia de marchas, en países con gobiernos
similares a México; siendo entregado el mismo el 19 de noviembre del presente año.
7. Con fecha las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Derechos Humanos, se
reunieron para analizar, discutir y aprobar el dictamen que hoy se presenta.

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II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA.
1. La iniciativa materia del presente dictamen propone regular las manifestaciones públicas
que se realicen en la Ciudad de México, estableciendo lineamientos para el buen uso de los
bienes de dominio público y asegurando el pleno respeto de los derechos y las libertades de
terceros.
2. Dentro de la estructura de la iniciativa se propone que las manifestaciones públicas, se
realicen de manera pacífica y con fines lícitos. Así como se establece como obligación de sus
participantes, dar aviso a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal sobre las
manifestaciones que realizarán, con el propósito de que la autoridad en su caso, trace rutas
alternas; elabore planes en caso de que se presente alguna contingencia y preste servicios
básicos a los participantes, así como garantizar el derecho de los manifestantes y de los
terceros.
3. Se prohíbe el bloqueo total y el desarrollo de manifestaciones en vialidades primarias o de
un solo carril, en el caso de vialidades secundaría de más de un carril se podrá utilizar para
dicho fin la mitad de la vía, cuando sea posible, los participantes podrán usar los carriles
laterales. Así como se establecen horarios para la realización de las mismas.
4. Se establece que los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito
Federal, recibirán capacitación sobre derechos humanos en materia del control de mítines, y
se implementa la presencia permanente de los representantes de la Comisión de los
Derechos Humanos durante el desarrollo de toda la manifestación, como se plasma en el
articulado que a continuación se transcribe:

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Artículo 17.- En ejercicio de sus atribuciones, y en los términos señalados por la
legislación respectiva, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal vigilará el
respeto de los derechos humanos de los manifestantes.
La Secretaría brindará entrenamiento y capacitación sobre derechos humanos a los
miembros policíacos que serán asignados a la tarea de controlar manifestaciones
públicas y actualizará de manera permanente, en coordinación con la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal, un manual que contendrá de forma clara y
precisa el modo bajo el cual se conducirá la fuerza policial de esta Ciudad ante el
desarrollo y realización de una manifestación.

5. Se imponen sanciones económicas y arresto administrativo a quien contravenga lo
dispuesto por esta ley, como por ejemplo son conductas sancionables las siguientes: impedir
de cualquier forma el uso de las vialidades o el libre acceso de las personas a sus centros de
trabajo y realizar acciones que alteren el orden público durante el desarrollo de las
manifestaciones.
6. Se prevé otorgar en los artículos 27 y 28, la garantía de seguridad jurídica a los sujetos
obligados al cumplimiento de la ley, así como a los probables sujetos pasivos, ya que se
integran las figuras jurídicas del Recursos de Inconformidad respecto de las actuaciones u
omisiones por parte de las autoridades y denuncia ciudadana por contravenciones a la ley en
comento.
CAPÍTULO QUINTO
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD
ARTÍCULO 27.‐ Los afectados por actos, omisiones o resoluciones de la autoridad, podrán

optar entre interponer el recurso de inconformidad o el juicio de nulidad ante el Tribunal de
lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y la Ley del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Distrito Federal.
CAPÍTULO SEXTO
DE LA DENUNCIA CIUDADANA

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ARTÍCULO 28.‐ Toda persona podrá denunciar ante la autoridad administrativa

correspondiente, todo hecho, acto u omisión que contravenga las disposiciones de la
presente Ley.”

7. Es importante reseñar, que en el contenido del decreto, de manera sistemática en su
artículo 5° refiere que:
“No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier
objeto lícito, es decir, cuando se persiga un fin que no sea contrario a las buenas
costumbres o a las normas de orden público. Solamente los ciudadanos de la República
podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país.
Queda prohibido a los manifestantes el proferir insultos o amenazas, emplear violencia en
contra de las personas y sus bienes, intimidar u obligar a la autoridad a resolver algún
asunto en el sentido que deseen, así como bloquear las vías primarias en el Distrito
Federal. En caso contrario, la autoridad podrá disolver la manifestación.”

III. C O N S I D E R A N D O QUE:
PRIMERO. La H. Cámara de diputados, está facultada para legislar en materias del Distrito
Federal, en aquellas materias que no estén expresamente señaladas en las Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con excepción de aquellos temas conferidos
expresamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, lo anterior de conformidad a lo
establecido en el artículo que a continuación se transcribe:
Artículo 122. Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del
Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de este artículo.
…
…
…
…
La distribución de competencias entre los Poderes de la Unión y las autoridades locales
del Distrito Federal se sujetará a las siguientes disposiciones:
A.

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Corresponde al Congreso de la Unión:


I.
Legislar en lo relativo al Distrito Federal, con excepción de las materias
expresamente conferidas a la Asamblea Legislativa;
II.
Expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;
III.
Legislar en materia de deuda pública del Distrito Federal;
IV.
Dictar las disposiciones generales que aseguren el debido, oportuno y eficaz
funcionamiento de los Poderes de la Unión; y
V.
Las demás atribuciones que le señala esta Constitución.

SEGUNDO. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal carece de las facultades
constitucionales y estatutarias para legislar en materia de seguridad pública, esto de
conformidad a lo decretado en el artículo 122 inciso C. BASE PRIMERA, en su fracción V, lo
anterior de conformidad al siguiente criterio jurisprudencial emitido por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación que a la letra dice:
“[J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo X, Agosto de 1999; Pág. 546
DISTRITO FEDERAL. AL CONGRESO DE LA UNIÓN LE CORRESPONDE LEGISLAR EN LO
RELATIVO A DICHA ENTIDAD, EN TODAS LAS MATERIAS QUE NO ESTÉN EXPRESAMENTE
CONFERIDAS A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
De lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se
desprende, por una parte, que el Gobierno del Distrito Federal está a cargo de los Poderes Federales
y de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local y, por otra, que el ejercicio de la
función legislativa está encomendada tanto al Congreso de la Unión como a la Asamblea Legislativa
de la propia entidad, conforme al siguiente sistema de distribución de competencias: a) Un régimen
expreso y cerrado de facultades para la citada Asamblea Legislativa, que se enumeran y detallan en
el apartado C, base primera, fracción V, además de las que expresamente le otorgue la propia
Constitución; y b) La reserva a favor del Congreso de la Unión respecto de las materias no conferidas
expresamente a la Asamblea Legislativa, como lo señala el propio dispositivo en su apartado A,
fracción I; lo que significa que las facultades de la asamblea son aquellas que la Carta Magna le
confiere expresamente y, las del Congreso de la Unión, las no conferidas de manera expresa a la
asamblea.”

De lo anterior, se desprende la necesidad de integrar los criterios retomados por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, respecto de uno de los más relevantes antecedentes respecto
de las facultades específicas otorgadas a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
El día veintiséis de octubre de dos mil nueve, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el
entonces Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República promovió demanda en
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la vía de controversia constitucional en contra de la Ley Orgánica de la Procuraduría General
de Justicia del Distrito Federal aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y
publicada en la Gaceta Oficial de la misma entidad el nueve de septiembre de dos mil nueve.
El asunto que se suscitó al respecto y del que correspondió conocer al Tribunal en Pleno de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue la controversia constitucional 102/2009, en el
que se estableció un criterio de suma importancia jurídica para nuestro país. El proyecto se
elaboró bajo la ponencia del señor Ministro José Fernando Franco González Salas, respecto
de que La Asamblea Legislativa carecía de facultades para expedir la Ley motivo de
impugnación, que además sólo podía legislar en aquello que le está expresamente conferido
por la Constitución y que en el caso no era así, puesto que es una facultad que no tiene
conferida de esa manera y consecuentemente por facultades residuales conforme al artículo
122, le corresponde al Congreso de la Unión como era el caso de la Procuración de Justicia
y Seguridad Pública. En ese mismo tenor, indicó que como consecuencia de lo anterior se
declaró por unanimidad de los 11 ministros de la Corte, la inconstitucionalidad de la citada
Ley Orgánica.
TERCERO. El régimen de facultades expresas que prevalece en el orden jurídico mexicano,
no puede llevarse al extremo de exigir que en un solo precepto o con determinadas palabras
o frases sacramentales se establezcan las atribuciones de la autoridad, pues ello haría
prevalecer un sistema de interpretación literal que no es idóneo por sí para la aplicación del
derecho; y que desarticularía el sistema establecido por el Poder Revisor de la Constitución,
al asignar facultades a la Asamblea Legislativa con la coexistencia de las atribuciones del
Congreso de la Unión y del referido órgano, para legislar en lo relativo al Distrito Federal.
Sobre el particular, debe precisarse que este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación en la tesis de jurisprudencia número 40/95, visible en el Tomo II, diciembre de
1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sostuvo lo
siguiente:

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"FACULTADES EXPRESAS DE LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO
FEDERAL. NO ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE SE ESTABLEZCAN
LITERALMENTE EN LA CONSTITUCIÓN. El régimen de facultades expresas que
prevalece en el orden constitucional mexicano, no puede llevarse al extremo de exigir que
en el artículo 122 de la Carta Fundamental se establezcan con determinadas palabras
sacramentales las atribuciones de la autoridad, pues ello haría prevalecer un sistema de
interpretación literal que no es idóneo por sí solo para la aplicación del derecho y que
desarticularía el sistema establecido por el Poder Revisor de la Constitución, al asignar
facultades a la Asamblea de Representantes con la coexistencia de las atribuciones del
Congreso de la Unión y del referido órgano, para legislar en lo relativo al Distrito Federal.
Por el contrario, es suficiente que de manera clara e inequívoca se establezcan dichas
facultades."

Sentado lo anterior, debe analizarse si de alguna disposición constitucional, sea o no literal,
se deriva la facultad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para legislar en materia
de seguridad pública y de regulación de manifestaciones y marchas.
Para justificar este aserto basta acudir al texto del artículo 122 constitucional, que en la parte
que interesa establece:
"Artículo 122. Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del
Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos
ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local, en los términos de este artículo ... Base
primera. Respecto a la Asamblea Legislativa: ... V. La Asamblea Legislativa, en los
términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes facultades: ... i) Normar la
protección civil; justicia cívica sobre faltas de policía y buen gobierno; los servicios de
seguridad prestados por empresas privadas; la prevención y la readaptación social; la
salud y asistencia social; y la previsión social ..."

CUARTO. Que tal y como se hace referencia en la exposición de motivos de la iniciativa
objeto del presente estudio “La Ciudad de México requiere un marco legal cierto y objetivo
respecto al fenómeno social de las manifestaciones; un ordenamiento que reconozca el
ejercicio libre de los derechos de expresión, reunión y asociación, bajo características
específicas como son: la protección de la salud y la moral públicas; la protección de los
derechos y libertades de terceros; así como la salvaguarda del orden público y la seguridad
nacional.”
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En suma a lo anterior es importante referir que la libertad de expresión forma parte de los
derechos humanos de las personas y está protegida por la Declaración Universal de 1948 y
nuestra Constitución, esta libertad supone que todos los seres humanos tienen derecho de
expresarse sin ser hostigados debido a lo que opinan. Representa la posibilidad de realizar
investigaciones, de acceder a la información y de transmitirla sin censuras, pero también lo
son los derechos de las terceras personas, que de alguna u otra forma ven vulnerados sus
derechos de poder tener acceso a los servicios públicos, como el transporte y la atención de
servicios médicos de emergencia, de los cuales se ven impedidos de su uso y disfrute, por el
bloqueo total de las vialidades durante algunas manifestaciones, por poner solo algunos
ejemplos.
Ahora bien, el artículo 6 de la Constitución Mexicana contiene la libertad fundamental de
expresión de las ideas. Las limitaciones que menciona el texto constitucional de referencia
son cuatro: los ataques a la moral, los derechos a terceros, cuando se provoque algún delito
o cuando se perturbe el orden público.
Sobre la poca precisión de los límites establecidos por el artículo 6o. a la libertad de
expresión, Jesús Orozco Henríquez Investigador de tiempo completo en el Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, apunta que:
“...los términos sumamente vagos, ambiguos e imprecisos en que se encuentran redactadas las
limitaciones a la libertad de expresión -sin que la legislación secundaria, ni la jurisprudencia
proporcionen un criterio seguro y fijo para establecer en qué casos la libre expresión del pensamiento
ataca la moral, los derechos de tercero o perturba el orden público- ha permitido su interpretación y
aplicación arbitraria o caprichosa por parte de las autoridades judiciales y administrativas, así como,
lo más grave, la abstención frecuente del ciudadano para expresarse por razón de la inseguridad
jurídica prevaleciente, ya que se teme que cierta expresión, aun cuando se encuentre protegida en la
mayoría de los sistemas democráticos, pueda llegar a considerarse proscrita por los órganos del
Estado mexicano…”1

1

LIBERTAD DE EXPRESIÓN, EN VARIOS AUTORES, DICCIONARIO DE DERAHO CONSTITUCIONAL, SEGUNDA EDICIÓN, México,
PORRUA-UNAM. INSTITUO DE INVESTIGACIONES JURIDCAS 2005 P.361
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QUINTO. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos se encuentra entre las que
siguen el sistema decimonónico en la materia de libertades informativas, estableciendo en su
sistema únicamente un deber de abstención del estado, esto es, a semejanza del artículo 19
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En este orden de ideas es atendible y objeto de un análisis puntual, las referencias de
derecho internacional comparado, que en su contenido se desglosa en la iniciativa de
estudio, elemento que permite a estas dictaminadoras estudiar de fondo la necesidad y
urgencia para su implementación en el marco jurídico de la Ciudad de México, y que por su
relevancia colabora con el fortalecimiento de los argumentos para su aprobación de la
misma, es importante transcribir dichas referencias que hacen alusión a la reglamentación de
las manifestaciones en otros países.
“a) España. El artículo 21 de la Constitución Española establece que “En los casos de
reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la
autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del
orden público, con peligro para personas o bienes”.
b) Argentina. El Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el
ordenamiento que sanciona las conductas que implican daño o peligro cierto para los bienes
jurídicos individuales o colectivos protegidos, establece en su artículo 78 lo siguiente:
“Obstrucción de la vía pública. Quien impide u obstaculiza la circulación de vehículos por
la vía pública o espacios públicos, es sancionado/a con uno (1) a cinco (5) días de trabajo
de utilidad pública o multa de doscientos ($ 200) a un mil ($ 1.000) pesos. El ejercicio
regular de los derechos constitucionales no constituye contravención. A tal fin deberá, con
razonable anticipación, darse aviso a la autoridad competente, debiendo respetarse las
indicaciones de ésta, si las hubiere, respecto al ordenamiento”.

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En adición a lo anterior, los Criterios Generales de Actuación del Procedimiento
Contravencional del Poder Judicial establecen las directrices generales de actuación para los
casos de obstrucción total o parcial de la vía pública con motivo de marchas, manifestaciones
o peticiones a la autoridad:
Artículo 1°- Interpretación.
Inciso 1: La excepción contenida en el artículo 41 del Código Contravencional: "...salvo
que sea en ejercicio de un derecho constitucional, y se haya dado aviso a la autoridad
competente." se refiere en particular a los derechos de reunión y de peticionar a las
autoridades, previstos en el artículo 14 de la Constitución Nacional.
Inciso 2: Los integrantes del Ministerio Público Fiscal deberán considerar cumplido el
requisito legal de dar aviso a que se refiere el Art. 41 del Código Contravencional, cuando
hubiera sido dirigido al Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante
noticia fehaciente y en tiempo oportuno, que permita instrumentar en el caso concreto un
dispositivo alternativo de circulación y seguridad, en los términos y con el alcance previsto
en la legislación de tránsito vigente.
Inciso 3: El ejercicio de los derechos constitucionales de reunión y de peticionar a las
autoridades no ampara las conductas contravencionales en que pueden incurrir
individualmente los manifestantes, como las previstas en los artículos 37 (pelea), 38
(hostigamiento o mal trato), 39 (portación de arma propia), 39ter (uso indebido de armas),
43bis (discriminación), 44, 44bis, (afectar o alterar servicios o señales públicas), y 73
(ensuciar bienes) del Código Contravencional.
Inciso 4: Por cuanto el ejercicio de los derechos constitucionales de reunión y de peticionar
a las autoridades no justifica conductas abusivas que afecten sin necesidad derechos de
terceros, debe entenderse que el derecho de manifestarse no presupone el de cortar vías
de circulación, salvo que ello sea consecuencia de la cantidad de concurrentes. El
principio general es el de libertad de circulación en la vía y espacios públicos.
Artículo 2°- Las facultades propias de prevención, conforme a la normativa vigente, serán
ejercidas por las fuerzas de seguridad sin necesidad de consulta previa o autorización por
parte de este Ministerio Público, sin perjuicio de la inmediata consulta a las/los fiscales
contravencionales.
Artículo 3°- En los casos en que se produzca una concentración de personas en la vía
pública para efectuar petición o reclamo, con o sin aviso previo, los organismos de
seguridad deberán contener y canalizar la manifestación dentro de los espacios
adecuados a la cantidad de personas concentradas y a la naturaleza del acto (marcha o
concentración en lugar determinado) dando prioridad a la libertad de circulación, sin
perjuicio de las directivas que imparta el/la Fiscal competente.

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Artículo 4°- Cuando se hubiera dado aviso a la autoridad competente, en los casos de
manifestaciones o concentraciones con escasa concurrencia de personas, los organismos
de seguridad deberán derivarlas a sitios donde no afecten la circulación vehicular;
acordonar el espacio utilizado por los manifestantes y cuando fuera imposible la
derivación, además del cordón, liberar el espacio mínimo y necesario para la circulación de
los demás ciudadanos.
Artículo 5°- Cuando la autoridad competente hubiera autorizado, organizado y comunicado
a los manifestantes el operativo de contención razonable que garantice el derecho a
manifestarse, las posteriores desobediencias en que puedan incurrir los concurrentes
autorizan la instrucción y labrado de la actuaciones contravencionales que correspondan,
si no importaran la comisión de delitos.
Artículo 6°- Cuando los manifestantes no hayan dado aviso previo fehaciente a la
autoridad competente y/o cuando se haya ejercido abusivamente el derecho invocado y/o
cuando a criterio del/la Fiscal no resultara manifiesto el ejercicio de un derecho
constitucional, se formalizará de oficio procedimiento contravencional con la adopción de
las medidas cautelares pertinentes respecto de los autores que resulten identificados, sin
perjuicio de labrarse las correspondientes actuaciones para identificar a los restantes.
Artículo 7°- Cuando en los actos de protesta o manifestación se utilicen vehículos, las
fuerzas de seguridad dispondrán su estacionamiento evitando el entorpecimiento del
tránsito. En el caso en que los vehículos sean utilizados para efectuar un corte en la vía
pública que impida el tránsito peatonal y vehicular, las fuerzas de seguridad, previa
intimación para su retiro, deben ejercer la coacción directa prevista en los Arts. 18 y 19 de
la Ley N° 12, consistente en el secuestro, inmovilización y depósito de los vehículos en
lugares que no supongan peligro para los derechos o bienes de terceras personas.

c) Santiago de Chile. La Ley 19495, en su Título XIV (arts. 165-169), establece
Disposiciones Generales sobre el uso de las vías públicas:
“Artículo 165.- Las vías públicas deberán destinarse a cumplir su objetivo. Prohíbese en
las vías públicas:
1.- Destinar las calzadas de calles o caminos a otro uso que no sea el tránsito de
vehículos;…”

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d) Washington D. C. La regulación municipal establece lo siguiente:
1100.1. El uso temporal de calles por personas privadas y organizaciones para actividades
recreativas, educativas, cívicas o de caridad podrán ser autorizadas por el Secretario del
Distrito de Columbia, sujetas a las condiciones de esta sección y a los procedimientos de
la sección 1101.
1100.4. Los patrocinadores o copatrocinadores deberán proveer al menos un monitor
adicional por cada 25 personas en exceso de 75 que asistan a las actividades.
1100.5. Los copatrocinadores y monitores serán identificables por el uso de brazaletes u
otros medios apropiados, suministrados por el Secretario del Distrito.
1100.6. El horario en el cual las actividades solicitadas y aprobadas por oficio del
Secretario, deberán llevarse a cabo hasta no más tarde de las 10:00 p. m.
1100.7. El área deberá dejarse en las mismas condiciones anteriores a las actividades.
1100.8. Los patrocinadores serán responsables de remover toda la basura en un periodo
de 12 horas posteriores a la conclusión de las actividades.
1100.9. Serán proporcionados contenedores para uso sanitario por el Departamento de
Servicios Ambientales, que estará encargado de recogerlos.
1100.10. Altavoces y otros medios de amplificación podrán ser autorizados cuando se
planteen en la solicitud. Esos instrumentos serán ajustados para utilidad de los asistentes
al área de actividades únicamente, y para no causar disturbios a personas fuera de los
confines del evento.
1100.13. Los patrocinadores o copatrocinadores y monitores deberán cumplir cualquier
instrucción de los miembros del departamento de la policía metropolitana u otros oficiales
del Distrito, relativas a la preservación del orden.
1100.14. Los patrocinadores aceptarán indemnizar y dejar indemne al Distrito de
Columbia, sus oficiales y empleados en el evento de lesiones a alguna persona o daño a
la propiedad derivado del uso de la calle.
1100.15. El área utilizada para las actividades no excederá la parte de la calle situada
entre dos intersecciones de calles.
1100.16. Si alguna de las dependencias siguientes objeta el uso de la calle, la solicitud
será decidida por el alcalde:
(a) Departamento del Transporte de D.C.;
(b) Departamento de Incendios;
(c) Departamento de Policía metropolitana;
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(d) Comisión de Tránsito del área metropolitana de Washington;
1100.17. No se permitirán actividades en dos cuadras de de cualquier zona de silencio
establecida bajo las normas de control de ruido del Distrito.
1100.18. Aprobada la solicitud, el Secretario del Distrito preparará una carta de
autorización que será obtenida por el solicitante en el precinto policial correspondiente.
1100.19. La carta de autorización prevista en el inciso anterior será mantenida a
disposición en la escena de las actividades y será exhibida a solicitud de cualquier
miembro del Departamento de la policía Metropolitana u otros oficiales del Distrito.
1100.20. Cualquier persona que voluntaria y conscientemente falsifique la firma
necesaria, procure firmas falsas, patrocine o realice conductas en un espacio público sin
autorización, o de alguna manera viole cualquiera de estas provisiones será castigada,
previa condena, a multa de no más de 300 USD o prisión por no más de 10 días.
1101.3. En caso de que una organización patrocine la actividad, la solicitud será firmada
por un representante debidamente autorizado y 3 adultos copatrocinadores que satisfagan
las condiciones de residencia.
1101.4. La solicitud deberá ser formulada con suficiente anticipación, con un mínimo de 4
días, excluyendo sábados, domingos y días festivos, antes de la actividad.

SEXTO. Como se puede deducir de lo anterior, es obligación de todo gobierno pugnar por los
derechos de los manifestantes y de los demás gobernados que no son partidarios en ese
momento de esta actividad. En este orden de ideas se debe considerar que esta necesidad
no es solamente un idea entre la sociedad, sino que está respaldada por lo que ya establece
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6° como se
mencionó anteriormente.
SÉPTIMO. Debemos considerar que la Ciudad de México, en su carácter de Capital de la
República Mexicana, recibe a diario manifestantes tanto locales como foráneos. Sobre el
relativo, la Secretaría de Seguridad Pública, en respuesta a la solicitud de acceso a la
información del Sistema Electrónico INFOMEX con FOLIO 0109000297813 de fecha 03 de
octubre del 2013 enviado por el diputado promovente de la iniciativa, informa que:

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En el mes de enero a Diciembre del año 2012 y Enero a lo que va del mes de
Septiembre del año 2013, se registraron 13, 735 Movilizaciones Sociales.
Para atención de estas Movilizaciones se empleo un estado de fuerza de 590, 699
elementos.
El tiempo de duración de las manifestaciones fue de 27,116:15 horas.
Asimismo, y en respuesta a la solicitud de información enviada por la Presidenta de la
Comisión del Distrito Federal a la Jefatura de Gobierno, el Subsecretario de Gobierno, Lic.
Juan José García Ochoa en su oficio informa que el número de manifestaciones ocurridas en
la Ciudad de México del año 2012 hasta la fecha (22 de octubre fecha de respuesta) fue:
“Durante el año 2012 se presentaron un total de 656 bloqueos, 508 marchas y 2,992
manifestaciones en general. Asimismo, durante el período del 5 de diciembre del 2012 al 30
de Septiembre del 2013 que comprende la administración del Dr. Mancera. Se han registrado
un total de 482 bloques, 446 marchas y 3164 manifestaciones en general”.
En lo relativo a los gastos que eroga la ciudad en la utilización de elementos de seguridad
pública y por el servicio de limpia de cada contingente, la autoridad manifestó que: “….no se
cuenta con información para cada evento de esta naturaleza…”
Como se menciona en la iniciativa objeto del presente dictamen, es indiscutible que toda
persona tiene el inalienable derecho a la libre manifestación y por otro lado también lo es, el
hecho de que todos aquellos grupos que salen a la calle a ejercer dicho derecho lo hacen
porque tienen alguna exigencia al gobierno, o una queja o una postura contraria a
determinada toma de decisiones.
Así lo es, dicho derecho está garantizado en el artículo 6 Constitucional y por lo tanto
cualquier intento por criminalizar o prohibir la protesta es inadmisible. Al respecto Consulta
Mitofsky en su encuesta levantada en octubre del 2013 establece que:
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El 18% de los capitalinos opinan que el gobierno debe seguir permitiendo manifestaciones
como hasta ahora pero 77% dice que deben hacer algo distinto.
Por otro lado la casa encuestadora Parametría en el mismo periodo, resolvió que el 65% de
los encuestados opina que las manifestaciones deben permitirse, pero tendrían que ser
reguladas y el 34% opina que debieran prohibirse.
Debe quedar establecido que con esta ley no prohíbe las manifestaciones, sino las regula.
En su momento, la Suprema Corte ha dicho que no hay derechos humanos que se
encuentren por encima de otros. Es decir, se encuentra en el mismo nivel el derecho a la
libre manifestación, así como el del libre acceso a los centros de trabajo, y a la movilidad de
las personas por las calles de la ciudad. Y es preocupación de los legisladores federales el
que se garanticen estos en todas las situaciones y para todas las personas.
Es menester por parte de las autoridades, garantizar el orden público que constituye la
máxima expresión del interés social, como bien constitucionalmente protegido, y una garantía
de la sociedad para que las personas y autoridades ejerzan razonablemente sus derechos
dentro del Estado, y no sólo consiste en el mantenimiento de la tranquilidad y bienestar
colectivo; sino también conlleva la armonía social en cuanto al legítimo ejercicio de los
derechos, deberes, libertades y poderes dentro del Estado. Esto es, la coexistencia pacífica
entre el poder y la libertad.

Su finalidad principal es la libertad de los gobernados y asegurar la eficacia de sus derechos,
siendo uno de los valores fundamentales que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos protege y debe ser privilegiado, en la inteligencia de que la libertad implica
coordinación, responsabilidad, facultad de obrar con conciencia y acorde con las finalidades
legítimas y no de desorden o que únicamente atiendan a intereses de la administración,
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considerados en abstracto, por lo que es necesario y prioritario en materia de seguridad
pública encontrar el equilibro entre los derechos de manifestarse, sin afectar los bienes
públicos y privados, así como la mantener el orden público.
OCTAVO. Para reforzar la idea anterior, es importante tener presente la recomendación
16/2016 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) con
relación al llamado “Plantón de Reforma” ocurrido en el 2006, derivado de los comicios de
ese año.
Su importancia radica, en que es el primer y único estudio constitucionalista que se ha
realizado en México para recomendar a un órgano legislativo trabajar sobre la regulación de
las manifestaciones públicas del Distrito Federal; de la cual, se extraen los resolutivos
aplicables al caso concreto.
“PRIMERO. Que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal de conformidad con el derecho
de iniciativa que le confiere el artículo 46 fracción III del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal, reinicie los canales de comunicación institucional con la Asamblea Legislativa de
esta entidad federativa para que se continúe con el análisis de los proyectos de ley que
sobre la regulación de las manifestaciones en vías públicas del Distrito Federal se estaban
diseñando en dicho órgano legislativo, otorgando la participación que corresponda a la
Sociedad Civil e incluso a los especialistas en el tema, a fin de que se prevean las
hipótesis normativas que garanticen la integralidad y vigencia de los derechos humanos de
manifestantes, habitantes y transeúntes de esta Ciudad, para evitar la no repetición de
conductas como las que dieron lugar a esta investigación.”

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal consideró

que el plantón de

diciembre fue una manifestación de naturaleza masiva y prolongada cuyas repercusiones y
hechos relevantes afectaron el derecho consagrado en la Constitución al libre tránsito y a la
circulación de los ciudadanos. Sobre todo, de los que vivían o trabajaban en el lugar que se
realizaba el plantón o manifestación (Cabe recordar que durante estos hechos se perdieron
muchas fuentes de trabajo).

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Continuando con la recomendación:
“Que en este sentido, existen constancias y evidencias de que los campamentos
instalados más que una expresión del derecho de reunión que en todo caso no se
cuestiona en cuanto a su legitimidad, constituían una abierta y flagrante obstrucción a la
vía pública al estar instalados en los carriles centrales de avenidas tan importantes para la
circulación y vida de la ciudad como Avenidas Paseo de la Reforma y Juárez, solo por citar
algunas.”

En la reflexión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se puede inferir que
existieron actos más allá que ejercer el derecho a la manifestación y petición; hubo otros que
causaron daños a terceros y generaron un importante conflicto social, con el fin de obligar a
las autoridades a ceder; no por lo correcto de las ideas y peticiones manifestadas sino para
evitar un mayor daño social.
La CDHDF para sustentar la recomendación16/2006 encontró violación

a los derechos

humanos en el impedimento al libre tránsito y circulación de parte de los integrantes del
plantón de Reforma de 2006. Las siguientes son las consideraciones más importantes:
1.
“A primera vista surge un conflicto de derechos de igual jerarquía, el de libre
asociación o reunión consagrado en el artículo 9° constitucional y el de libre tránsito y
circulación establecido en el artículo 11 del mismo ordenamiento, sin que nuestro orden
jurídico haya instituido tribunales ni procedimientos para resolver cuáles de esos derechos
deben prevalecer.”

2.
“Que las personas que acamparon durante más de 45 días en la vía pública
pretendieron justificar sus actos con el argumento de que el artículo 9° de la Constitución
les otorga ese derecho, el cual en su opinión es irrestricto y no puede ser coartado por
autoridad alguna.”
3.
“Que en estas condiciones el quid del asunto no radica en cuál de los dos derechos
constitucionales en conflicto debía prevalecer, si el de libre asociación o reunión o el de
libre tránsito o circulación…”
4.
“Que en este sentido, existen constancias y evidencias de que los campamentos
instalados más que una expresión del derecho de reunión que en todo caso no se
cuestiona en cuanto a su legitimidad, constituían una abierta y flagrante obstrucción a la
vía pública al estar instalados en los carriles centrales de avenidas tan importantes para la
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circulación y vida de la ciudad como Avenidas Paseo de la Reforma y Juárez, solo por citar
algunas.”
5.
“Que el artículo 17 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establece que:
"Los habitantes del Distrito Federal tienen derecho a: II. Utilizar los bienes de uso común
conforme a su naturaleza y destino”. De esta disposición se concluye que los
campamentos levantados sobre las vialidades primarias del Centro Histórico y del Paseo
de la Reforma violentan un derecho conferido a todos los habitantes de la Entidad. A
mayor abundamiento, el artículo 18 del propio Estatuto dispone que: "Son obligaciones de
los habitantes... utilizar las vías y espacios públicos conforme a su naturaleza y destino y
ejercer sus derechos sin perturbar el orden y la tranquilidad públicos ni afectar la
continuidad del desarrollo normal de las actividades de los demás habitantes."
6.
“Que el artículo 5 fracciones I y VI de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal
señala que se comete infracción cuando la conducta tenga lugar en: I. Lugares o espacios
públicos de uso común o libre tránsito, como plazas, calles, avenidas, viaductos,
calzadas…VI. Lugares de uso común tales como plazas, áreas verdes,…..calles….. en el
mismo sentido, el artículo 7 de la Ley en comento establece que la aplicación de la misma
corresponde, entre otros, a: I. El Jefe de Gobierno y III. A la Secretaría de Seguridad
Pública.”
7.
“Que el artículo 10 de la citada Ley establece como obligación a cargo de la
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, la prevención de la comisión de
infracciones, preservación de la seguridad ciudadana, del orden público y la tranquilidad
de las personas.”
8.
“Que el artículo 15 de la Ley en comento, en lo conducente establece que la
Cultura Cívica en el Distrito Federal, que garantiza la convivencia armónica de sus
habitantes, se sustenta en el cumplimiento de los deberes que consagra la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno, la leyes, reglamentos y
demás disposiciones que rigen en el Distrito Federal (fracción I); hacer uso adecuado de
los bienes, espacios y servicios públicos conforme a su naturaleza y destino (fracción X);
utilizar adecuadamente la estructura vial… (Fracción XIV) y ejercer sus derechos sin
perturbar el orden y la tranquilidad públicos, ni afectar la continuidad del desarrollo normal
de las actividades de los demás habitantes (fracción XVIII).”
9.
“Que el artículo 24, fracción IV de la Ley de Cultura Cívica en el Distrito Federal,
señala con meridiana claridad que impedir el uso de los bienes del dominio público de uso
común es una infracción contra la tranquilidad de las personas. De igual forma, en el
artículo 25 fracción II establece como infracción a la seguridad ciudadana, impedir o
estorbar de cualquier forma el uso de la vía pública, la libertad de tránsito o de acción de
las personas, siempre que no exista permiso ni causa justificada para ello. Para estos
efectos, se entenderá que existe causa justificada siempre que la obstrucción del uso de la
vía pública, de la libertad de tránsito o de acción de las personas sea inevitable y
necesaria y no constituya en sí misma un fin, sino un medio razonable de manifestación de
las ideas, de asociación o de reunión pacífica.”
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10.
“Que los artículos 95 y 98 de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal,
establecen la prohibición para obstaculizar o invadir vialidades, so pena de incurrir en
responsabilidades a cargo de los servidores públicos que lo permitan.”
11.
“Que el artículo 105 de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal,
expresamente dice: tienen derecho a utilizar las vialidades, quienes habitan o transitan en
el Distrito Federal, por lo que los particulares o autoridades no podrán limitar el tránsito de
peatones y vehículos.”
12.
“Que el artículo 107 de la citada Ley es aún más claro por cuanto señala que los
desfiles, caravanas, manifestaciones, peregrinaciones o cualquier otro tipo de
concentración humana de carácter político, religioso, deportivo, recreativo o social que se
efectúe en la ciudad, podrán utilizar las vialidades salvo las vías primarias de circulación
continua, excepto para cruzar de una vía a otra, para conectarse entre vialidades o cuando
sea la única ruta de acceso al punto de concentración, siempre y cuando sea de manera
momentánea.”
13.
“Que de conformidad con el artículo 108 de la Ley en comento, la Secretaría de
Seguridad Pública del Distrito Federal tomará las medidas necesarias para evitar el
bloqueo en vías primarias de circulación continúa, apegándose en lo dispuesto en la
normatividad aplicable.”
14.
“Que el artículo 113 de la referida Ley preceptúa que las vías primarias dada su
naturaleza y destino, son de interés público y se consideran estratégicas, por lo que no
podrán utilizarse para otro fin que no sea el tránsito vehicular, con excepción a lo
establecido en el artículo 107 del presente ordenamiento.”
15.
“Que lo anterior se ve corroborado por lo establecido en los artículos 13, 15, 16, 22
y 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 12, 19, 21 y 22 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.”
16.
Que derivada de la acción conocido como Plantón de Reforma se expresaron
conflictos sociales como “a) Tensión social, al alterarse el desarrollo cotidiano de los
habitantes y transeúntes de la zona afectada; b) Polarización social; c) Agresión de los
manifestantes a los no manifestantes por consumir alimentos de marcas transnacionales y
de éstos contra aquellos por obstaculizar la vía pública; d) Discriminación, sobre todo de
los no manifestantes hacia los manifestantes al denostar su apariencia física, la vestimenta
y la ideología que proclaman.”
17.
Que el Gobierno del Distrito Federal realizó un gasto extra de recursos económicos
públicos por causa de la manifestación para atender diversos rubros, “suministró a los
manifestantes atención médica, seguridad pública y sanitaria —bienes, agua potable—Los
campamentos estuvieron en todo momento suministrados de energía eléctrica…servicios
de limpieza por la Delegación Cuauhtémoc y la Dirección de Servicios Urbanos.”

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18.
Además la CDHDF menciona un caso grave de clientelismo político. “Cabe
mencionar que esta Comisión recibió varias quejas por parte de ciudadanos y servidores
públicos de las dependencias u organismos descentralizados de la Administración Pública
local, denunciando que los obligaron a asistir a los campamentos así como a los eventos
celebrados como las llamadas Asambleas.”

De lo anterior, se concluye que:
a)

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal logra establecer que una

manifestación conocida como Plantón de Reforma, afectó los derechos humanos de
personas que habían presentado 184 quejas por la violación de sus derechos humanos.
b)

Que de sus reflexiones establecen que existen manifestaciones y plantones que no

tienen como fin ejercer el derecho de petición, de expresión y de manifestación sino causar
daños a terceros.
c)

Que de la lectura de la recomendación 16/2006 CDHDF se puede deducir que existen

actos políticos con fines políticos para dañar a terceros para constituirse en actos de fuerza
para obtener beneficios políticos de las autoridades.
d)

Por lo que la recomendación 16/2006 CNDHDF debe ser considerada en su conjunto

un valioso argumento a favor de la legislación de las marchas y manifestaciones en el Distrito
Federal y en todo México.
NOVENO. Respecto del considerando anterior, es necesario hacer referencia a la
normatividad vigente en el Distrito Federal en materia de seguridad pública, en la cual se
reconocen las facultades de dicha autoridad del Gobierno del Distrito Federal para garantizar
la paz pública.

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En la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial del
Federación el 19 de julio de 1993, mandata en su artículo 2° que la seguridad pública es un
servicio cuya prestación, en el marco de respeto a las garantías individuales, corresponde en
forma exclusiva al Estado y que tiene por objeto, mantener el orden público, así como,
proteger la integridad física de las personas así como sus bienes. También hace referencia a
los principios de actuación de los integrantes de la corporación, que a la letra dice:
ARTÍCULO 17.- Los elementos de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal,
independientemente de las obligaciones que establecen la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos y otras leyes especiales, deberán:
I.- Actuar dentro del orden jurídico, respetando en todo momento la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen.
II.- Servir con fidelidad y honor a la sociedad.
III.- Respetar y proteger los Derechos Humanos,
IV.- Actuar con la decisión necesaria y sin demora en la protección de las personas y de
sus bienes;
…

DÉCIMO. Es importante resaltar los aspectos relevantes que esta regulación de marchas
contiene, las cuales se pueden dividir en tres principales rubros, uso de espacio público en el
Distrito Federal; derechos de terceros; seguridad pública y derechos humanos.
El primero rubro implica, que al dar aviso de una marcha con 48 hrs de antelación y nombrar
a un representante, la ley garantizará, que el jefe del gobierno de la Ciudad de México y el
Secretario de seguridad pública de la entidad se coordinaran con el resto de las
dependencias o entidades competentes para garantizar que no se restringa el derecho de
asociarse o reunirse con cualquier objeto lícito.
Con la finalidad de resolver el problema, la secretaría del gobierno y de gobernación federal,
nombraran a un representante para que atiendan las demandas y peticiones ciudadanas,
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contando en todo momento con la presencia del personal de la comisión de los derechos
humanos.
En el segundo rubro, la ley garantiza que se respeten en todo momento los derechos de
terceros y los bienes de dominio público o privado, se prohíben las manifestaciones en calles
de un solo carril y no podrán obstruir más de la mitad de los carriles y cuando la vialidad lo
permita, debiendo permitir el libre acceso de personas que necesiten acceder a sus centros
de trabajo.
Siendo uno de los puntos más relevantes, el que los manifestantes estarán la obligación de
responder directamente por daños causados, decretando como responsable solidario al
gobierno del Distrito Federal, el cual deberá responder a los propietarios de los bienes que
resulten dañados, en este sentido la secretaría de seguridad pública resguardará en todo
momento los derechos de los manifestantes y habitantes.
En el tercer rubro, se ordena a la secretaría de seguridad pública deberá brindar
entrenamiento y capacitación sobre derechos humanos a los miembros policiacos, así como
realizará con la comisión de derechos hunos del distrito federal un manual de actuación
durante las manifestaciones.
DÉCIMO PRIMERO. Estas comisiones dictaminadoras determinaron después de un análisis
de fondo, que no existe invasión de las facultades legislativas de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal, por los argumentos descritos al inicio del presente dictamen.
Ya que la iniciativa de Ley que se propone, tiene la única y exclusiva finalidad de normar las
manifestaciones en el Distrito Federal; y no así ser una disposición reglamentaría de los
derechos humanos reconocidos en los artículos 6, 7, 8, 9 o 24 de nuestra Carta Magna.
Simplemente se trata de una ley que se expide haciendo uso de la facultad que tiene el
Congreso de la Unión para regular en materia de seguridad y paz pública en el Distrito
Federal.
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Es importante resaltar que en el presente dictamen no se contempla la creación de nuevos
tipos penales, simplemente se establece que en caso de existir una conducta contraria a las
establecidas en los códigos penales se seguirá de conformidad a lo que establezcan estos;
por lo que únicamente se establecen sanciones de carácter administrativo.
IV. MODIFICACIONES DE LAS COMISIONES UNIDAS
DECIMO SEGUNDO. Por último, estas dictaminadoras consideran pertinente, realizar
algunas adecuaciones de redacción, técnica legislativa y jurídica mejorar en algunas partes
la redacción de la iniciativa presentada y brindar una mayor certeza y armonía jurídica sobre
la misma. Para lo cual, se presenta a manera de cuadro para una mejor visualización y
pronta identificación:

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DICE:
DEBE DECIR:
Artículo 2.- Para los efectos de esta Artículo 2.- Para los efectos de esta
Ley se entenderá por:
Ley se entenderá por:
VI. Manifestación: la concurrencia
concertada y transitoria de personas en
espacios públicos con alguna finalidad
lícita determinada, que podrá ser de
carácter político, social, religioso,
cultural, recreativo, deportivo o de
cualquier otra especie, y que pueda
perturbar el tránsito en las vialidades, la
paz y tranquilidad de la población de la
ciudad. Dentro de las manifestaciones
se incluye la realización de marchas,
plantones,
desfiles,
caravanas,
peregrinaciones o cualquier otro tipo de
concentración humana con los fines
antes descritos;

VI. Manifestación: la concurrencia
concertada y transitoria de personas en
espacios públicos con alguna finalidad
lícita determinada, que podrá ser de
carácter político, social, cultural y
recreativo y que pueda perturbar el
tránsito en las vialidades, la paz y
tranquilidad de la población de la
ciudad. Dentro de las manifestaciones
se incluye la realización de marchas,
plantones,
desfiles,
caravanas,
peregrinaciones o cualquier otro tipo de
concentración humana con los fines
antes descritos;

IX. Vías primarias: espacio físico cuya IX. Vías primarias: Aquellas definidas
función es facilitar el flujo del tránsito por la legislación vigente en la materia
vehicular continuo o controlado por para el Distrito Federal.
semáforo, entre distintas zonas de la
ciudad, con la posibilidad de reserva
para carriles exclusivos, destinados a la
operación de vehículos de emergencia,
en los términos de la Ley de Transporte
y Vialidad del Distrito Federal; y
X. Vías secundarias: espacio físico X. Vías secundarias: Aquellas definidas
cuya función es controlar el flujo del por la legislación vigente en la materia
tránsito
vehicular
no
continuo, para el Distrito Federal.
generalmente controlado por semáforos
entre distintas zonas de la ciudad
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Artículo 5.‐…

Artículo 5.‐…

Queda prohibido a los manifestantes
emplear violencia en contra de las
personas y sus bienes, intimidar u
amencen a la autoridad a resolver
algún asunto en el sentido que deseen,
así como bloquear las vías primarias en
el Distrito Federal. En caso contrario, la
autoridad
podrá
disolver
la
manifestación.

Queda prohibido a los manifestantes
emplear violencia en contra de las
personas y sus bienes, intimidar u
amenazar a la autoridad, así como
bloquear las vías primarias en el Distrito
Federal, la autoridad podrá disolver la
manifestación.

Artículo 8.- A fin de dar cumplimiento a
lo establecido en el artículo anterior, las
personas darán aviso por escrito a la
Administración Pública con por lo
menos 72 horas de anticipación a la
realización de la manifestación.

Artículo 8.- A fin de dar cumplimiento a
lo establecido en el artículo anterior, las
personas darán aviso por escrito a la
Administración Pública con por lo
menos 48 horas de anticipación a la
realización de la manifestación.

Artículo 11.- La Secretaría emitirá
estándares precisos bajos los cuales
podrá impedir o modificar la realización
de manifestaciones, atendiendo a
factores de riesgo de protección civil y a
contingencias ambientales que deriven
de
la
alta
concentración
de
contaminantes en la atmósfera.

Artículo 11.- La Secretaría publicará
los criterios debidamente fundados,
motivados y precisos de factores de
riesgo
de
protección
civil
y
contingencias ambientales que deriven
de
la
alta
concentración
de
contaminantes en la atmósfera, bajos
los cuales podrá impedir o modificar la
realización de manifestaciones.

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Artículo 13.- La Secretaría de
Gobierno del Distrito Federal y la
Secretaría de Gobernación federal,
nombrarán un representante para que,
en el ámbito de su competencia,
atienda las demandas y peticiones
ciudadanas que se realicen durante las
manifestaciones
Artículo 16.-…

Artículo 13.- La Secretaría de Gobierno
del Distrito Federal o la Secretaría de
Gobernación en su caso, nombrarán un
representante para que, en el ámbito de
su competencia, atienda las demandas
y peticiones ciudadanas que se realicen
durante las manifestaciones

Si durante el desarrollo de una
manifestación
se
altera
el
funcionamiento de las instituciones que
prestan algún servicio público, la
Secretaría
deberá
disolverla
y
garantizar el libre acceso de los
servidores públicos a las instalaciones.

Durante
el
desarrollo
de
una
manifestación en la que se altere de
forma grave el funcionamiento y acceso
a las instituciones que prestan algún
servicio público o privado; la Secretaría
podrá acordar con los organizadores el
acceso de los trabajadores de la
institución y demás personas que
asistan a solicitar un servicio. En caso
de no existir acuerdo, las autoridades
podrán realizar las acciones necesarias
que garanticen el funcionamiento de las
instituciones y garantizar el libre acceso
de los trabajadores y personas a las
instalaciones, sin que esto significa la
disolución de la manifestación.

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Artículo 16.-…


Artículo 17.-…

Artículo 17.-…

La Secretaría brindará entrenamiento y
capacitación sobre derechos humanos
a los miembros policíacos que serán
asignados a la tarea de controlar
manifestaciones públicas y actualizará
de
manera
permanente,
en
coordinación con la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal,
un manual que contendrá de forma
clara y precisa el modo bajo el cual se
conducirá la fuerza policial de esta
Ciudad ante el desarrollo y realización
de una manifestación.
Artículo 24.- Son infracciones contra la
seguridad ciudadana y la libertad de
tránsito:

La Secretaría brindará entrenamiento y
capacitación sobre derechos humanos
a los miembros policíacos que serán
asignados a la tarea de mantener el
orden
público
durante
las
manifestaciones y actualizará de
manera permanente, en coordinación
con la Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal.

I. Bloquear de cualquier forma el uso de
las vialidades en el Distrito Federal;
Artículo 26.- En caso de que los
manifestantes dejen desechos, objetos
o sustancias en los espacios públicos,
se les impondrá una multa por el
equivalente de 11 a 20 días de salario
mínimo o con arresto de 13 a 24 horas.
Si alteran, pintan, maltratan o hacen
uso indebido de bienes propiedad de la
federación, del Distrito Federal o de los
particulares, se les sancionará con
multa por el equivalente de 21 a 30 días
de salario mínimo o con arresto de 25 a
36 horas, sin perjuicio de las sanciones
civiles o penales que señalen otras
disposiciones legales.

I. Impedir o bloquear totalmente el uso
de las vialidades en el Distrito Federal;
Artículo 26.- En caso de que los
manifestantes alteren, pinten, maltraten
o hagan uso indebido de bienes
propiedad de la federación, del Distrito
Federal o de los particulares, se les
sancionará con multa por el equivalente
de 21 a 30 días de salario mínimo o con
arresto de 25 a 36 horas, sin perjuicio
de las sanciones civiles o penales que
señalen otras disposiciones legales.

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Artículo 24.- Son infracciones contra la
seguridad ciudadana y la libertad de
tránsito:


SEGUNDO. El Ejecutivo Federal emitirá
en un lapso de noventa días hábiles,
contados a partir de la entrada en vigor
de este Decreto, el Reglamento de la
Ley de Manifestaciones Públicas en el
Distrito Federal.

SEGUNDO. El Gobierno del Distrito
Federal emitirá en un plazo de noventa
días hábiles, contados a partir de la
entrada en vigor de este Decreto, el
Reglamento
de
la
Ley
de
Manifestaciones Públicas en el Distrito
Federal.

TERCERO. El manual a que se refiere
el artículo 16 de la Ley se expedirá en
un plazo no mayor a sesenta días
naturales, a partir de la publicación del
presente Decreto.

TERCERO. La capacitación a la que se
hace referencia el artículo 17 de la
presente
Ley
se
realizará
de
conformidad con lo establecido en las
leyes, reglamentos y protocolos de la
materia vigentes para el Distrito
Federal, así como en las disposiciones
que para tal efecto emita la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito
Federal.

Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas del Distrito Federal y de Derechos
Humanos resuelven: Se aprueba con modificaciones, la iniciativa con proyecto de decreto
por el que se expide la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal, presentada
por el Diputado Jorge Francisco Sotomayor Chávez del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional; por lo que se somete a la consideración de ésta soberanía el siguiente:
Decreto por el que se expide la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal.
ÚNICO: Se expide la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal, para quedar
como sigue:

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LEY DE MANIFESTACIONES PÚBLICAS EN EL DISTRITO FEDERAL
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- La presente ley es de orden público e interés general y tiene por objeto regular
las manifestaciones públicas que se realicen en la Ciudad de México, estableciendo las
bases para el buen uso de los bienes de dominio público y asegurando el pleno respeto de
los derechos y las libertades de terceros.
Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I. Administración Pública: La administración pública del Distrito Federal;
II. Bloqueo: El cierre total de las vialidades del Distrito Federal ocasionado por personas u
objetos por tiempo indefinido;
III. Bloqueo parcial: El cierre parcial de las vialidades;
IV. Espacio Público: Las áreas para la recreación pública y las vías públicas, tales como,
plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, zonas de recreo, centros deportivos,
bosques, parques públicos y demás de naturaleza análoga;
V. Ley: La ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal;

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VI. Manifestación: La concurrencia concertada y transitoria de personas en espacios públicos
con alguna finalidad lícita determinada, que podrá ser de carácter político, social, cultural y
recreativo y que pueda perturbar el tránsito en las vialidades o la paz y tranquilidad de la
población de la ciudad. Dentro de las manifestaciones se incluye la realización de marchas,
plantones, desfiles, caravanas, peregrinaciones o cualquier otro tipo de concentración
humana con los fines antes descritos;
VII. Secretaría: La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal;
VIII. Vialidad: Conjunto integrado de vías de uso común que conforman la traza urbana de la
ciudad, cuya función es facilitar el tránsito eficiente y seguro de personas y vehículos;
IX. Vías primarias: Aquellas definidas por la legislación vigente en la materia para el Distrito
Federal.
X. Vías secundarias: Aquellas definidas por la legislación vigente en la materia para el
Distrito Federal.

Artículo 3.‐ La aplicación de la presente Ley corresponde al Jefe de Gobierno del Distrito

Federal, a través de la Secretaría, la que deberá coordinarse con las demás dependencias o
entidades competentes para su debida aplicación.
Sin perjuicio de las sanciones penales a las que haya lugar, la imposición de sanciones por
infracciones a la presente ley será facultad exclusiva de los órganos de justicia cívica en los
términos de la ley de la materia.
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Artículo 4.- Tienen el derecho de utilizar las vialidades quienes habitan o transitan en el
Distrito Federal, por lo que los particulares o autoridades no podrán limitar el tránsito de
peatones y vehículos, salvo en los casos señalados en la presente ley.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, lo que comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.

Artículo 5.‐ No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con

cualquier objeto lícito, es decir, cuando se persiga un fin que no sea contrario a las buenas
costumbres o a las normas de orden público. Solamente los ciudadanos de la República
podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país.
Queda prohibido a los manifestantes emplear violencia en contra de las personas y sus
bienes, intimidar u amenazar a la autoridad, así como bloquear las vías primarias en el
Distrito Federal, pudiendo en dicho caso la autoridad podrá disolver la manifestación.
Artículo 6.- En el ejercicio de la libertad de pensamiento y de expresión, quedará prohibido a
los manifestantes toda propaganda en favor de la guerra en el país y toda apología del odio
nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción
ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los
de raza, color, religión, idioma u origen nacional.
CAPÍTULO SEGUNDO DE LAS AUTORIDADES

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Artículo 7.- La Administración Pública, en el ámbito de su competencia, informará a la
población, a través de los medios masivos de comunicación, sobre el desarrollo de
manifestaciones que alteren la vialidad. Asimismo, deberá proponer alternativas para el
tránsito de las personas o vehículos.
Artículo 8.- A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo anterior, las personas
darán aviso por escrito a la Administración Pública con por lo menos 48 horas de anticipación
a la realización de la manifestación.
Este aviso deberá contener: lugar de la manifestación, puntos de concentración y recorrido
cuando se prevea la circulación por alguna vialidad; el día y hora; el objeto de la reunión; el
número aproximado de participantes; las medidas de seguridad previstas por los
organizadores o que se soliciten a la autoridad; y las demandas sociales o de carácter
político que motivan la realización de la manifestación pública.
Artículo 9.- La Secretaría, de acuerdo a sus atribuciones, tendrá la obligación de brindar las
facilidades necesarias para la manifestación de los grupos o individuos que den el aviso a
que se refiere el párrafo anterior.
Las manifestaciones públicas sólo podrán tener lugar entre las 11 y las 18 horas, tomando en
cuenta los horarios de menor afluencia vehicular.
Artículo 10.- En el caso de personas morales, el representante legal dará el aviso a que se
refiere al artículo 8 de esta Ley, explicando las premisas por las cuales se solicita el uso
temporal de la calle.
Artículo 11.- La Secretaría publicará los criterios debidamente fundados, motivados y
precisos de factores de riesgo de protección civil y contingencias ambientales que deriven de

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la alta concentración de contaminantes en la atmósfera, bajos los cuales podrá impedir o
modificar la realización de manifestaciones
Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepción del aviso a que se refiere el artículo
7 de esta Ley, la Secretaría emitirá las razones por las cuales no podrá celebrarse la
manifestación o, en su caso, realizará modificaciones al horario, fecha y recorrido de la
misma, con base en los estándares previstos en el párrafo anterior.
Artículo 12.- Los manifestantes podrán hacer uso de las vialidades del Distrito Federal salvo
las que sean consideradas vías primarias, las cuales sólo podrán utilizarse para que las
manifestaciones puedan cruzar de una vía a otra, puedan conectarse entre vialidades, o
cuando sea la única ruta de acceso al punto de concentración, siempre y cuando sea de
manera momentánea.
Artículo 13.- La Secretaría de Gobierno del Distrito Federal o la Secretaría de Gobernación
en su caso, nombrarán un representante para que, en el ámbito de su competencia, atienda
las demandas y peticiones ciudadanas que se realicen durante las manifestaciones
Los representantes se encargarán de llevar a cabo la debida interlocución entre los
ciudadanos y la administración pública respectiva para dar solución a los conflictos que
motivaron la manifestación.
Artículo 14.- La Secretaría tomará las medidas necesarias para evitar el bloqueo en las vías
primarias, apegándose a lo dispuesto por la normatividad aplicable y garantizando en todo
momento la vialidad en el territorio del Distrito Federal.
En uso de sus facultades, la autoridad correspondiente retirará de la vía pública los vehículos
y objetos que indebidamente obstaculicen el tránsito de personas o vehículos.

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Artículo 15.- La Secretaría instrumentará, en coordinación con las dependencias
correspondientes, programas y cursos sobre educación vial, cortesía urbana y desarrollo de
manifestaciones, de conformidad con las disposiciones aplicables. También coordinará los
dispositivos de apoyo necesarios para atender situaciones de emergencia o desastre durante
las manifestaciones públicas
Artículo 16.- Las manifestaciones serán disueltas cuando las personas que a ellas concurran
porten armas, tengan comportamientos violentos que produjesen notorias perturbaciones al
orden público o cuando pongan en riesgo la integridad física de las personas o causen
perjuicios materiales en bienes públicos o privados.
Durante el desarrollo de una manifestación en la que se altere de forma grave el
funcionamiento y acceso a las instituciones que prestan algún servicio público o privado; la
Secretaría podrá acordar con los organizadores el acceso de los trabajadores de la
institución y demás personas que asistan a solicitar un servicio; así como su salida. En caso
de no existir acuerdo, las autoridades podrán realizar las acciones necesarias que garanticen
el funcionamiento de las instituciones y garantizar el libre acceso y salida de los trabajadores
y personas a las instalaciones, sin que esto significa la disolución de la manifestación.
Artículo 17.- En ejercicio de sus atribuciones, y en los términos señalados por la legislación
respectiva, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal vigilará el respeto de los
derechos humanos de los manifestantes.
La Secretaría brindará entrenamiento y capacitación sobre derechos humanos a los
miembros policíacos que serán asignados a la tarea de mantener el orden público durante
las manifestaciones y actualizará de manera permanente, en coordinación con la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal.

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CAPÍTULO TERCERO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS
MANIFESTANTES Y DE LOS TERCEROS
Artículo 18.- Los ciudadanos que se reúnan pública y pacíficamente con cualquier objeto
lícito, ejercerán sus derechos y libertades con pleno respeto al orden público, a los derechos
de terceros y a los bienes de dominio público o privado.
Los ciudadanos que realicen manifestaciones en espacios públicos deberán cumplir con los
requisitos que se exigen conforme a la presente Ley.
Artículo 19.- Cuando las manifestaciones tengan lugar en vialidades, el paso de los
participantes no deberá obstruir más de la mitad de los carriles y, cuando la vialidad lo
permita, los manifestantes deberán usar los carriles laterales. Está prohibida cualquier
manifestación en vialidades de un sólo carril.
En el caso de las manifestaciones que invadan áreas prohibidas, la autoridad apercibirá a los
manifestantes a dejar de realizar esta conducta y, en caso de negativa, la autoridad tomará
las medidas conducentes para reencauzar a los manifestantes a las zonas permitidas,
haciéndose efectivas las sanciones previstas en la presente Ley.
Artículo 20.- Además de lo señalado en esta y en otras leyes, los manifestantes tendrán la
obligación

de

permitir

el

acceso

de

las

personas

a

sus

centros

de

trabajo,

independientemente del objeto de la reunión, así como dejar los espacios públicos en las
mismas condiciones anteriores a las actividades.
Artículo 21.- Los participantes que causen daños a los bienes públicos o privado o derechos
de terceros, responderán directamente por éstos. El Gobierno del Distrito Federal responderá
solidariamente a los propietarios de los bienes que resultaren dañados o destruidos durante
el desarrollo de una manifestación pública, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa,
civil y penal que resultaren.
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Artículo 22.- La Secretaría deberá mantener el orden y respeto de las manifestaciones que
se verifiquen en Distrito Federal, garantizando en todo momento los derechos de los
manifestantes y habitantes del Distrito Federal.
La Secretaría evitará que los terceros, a través de provocaciones, puedan alterar el carácter
pacífico de las manifestaciones.
CAPÍTULO CUARTO
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 23.- Los manifestantes que no cumplan con lo establecido en la presente ley serán
sancionados conforme a lo dispuesto en este capítulo, sin perjuicio de las sanciones
administrativas, civiles o penales que señalen otras disposiciones legales.
Los servidores públicos que contravengan las disposiciones de esta Ley, incurren en
responsabilidad y serán sancionados en los términos de la ley respectiva.
Artículo 24.- Son infracciones contra la seguridad ciudadana y la libertad de tránsito:
I. Impedir o bloquear totalmente el uso de las vialidades en el Distrito Federal; impedir de
cualquier forma el uso de las vialidades, siempre que no se cumpla con lo establecido en
esta Ley;
II. Impedir el libre acceso de las personas a sus centros de trabajo;
III. Realizar acciones que alteren el orden público durante el desarrollo de las
manifestaciones

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El incumplimiento a las infracciones establecidas en este artículo serán sancionadas
conforme a su gravedad de la forma siguiente:
a. Multa;
b. Arresto administrativo;
c. Reparación del daño; y
d. Actividades de apoyo a la comunidad, en los términos de la Ley de Cultura Cívica del
Distrito Federal.
En caso de que se interrumpa el tránsito por las vialidades de la Ciudad reteniendo algún
medio de transporte, la autoridad los remitirá a los depósitos vehiculares correspondientes.

Artículo 25.‐ Para la imposición de las sanciones previstas en la presente Ley se tomarán en

cuenta:
I. Los daños o afectaciones que se hubieren causado, o se puedan generar con motivo de los
hechos constitutivos de las violaciones al presente ordenamiento;
II. Las condiciones económicas del infractor; y
III. La reincidencia.
Artículo 26.- En caso de que los manifestantes alteren, pinten, maltraten o hagan uso
indebido de bienes propiedad de la federación, del Distrito Federal o de los particulares, se
les sancionará con multa por el equivalente de 21 a 30 días de salario mínimo o con arresto
de 25 a 36 horas, sin perjuicio de las sanciones civiles o penales que señalen otras
disposiciones legales.

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Cuando comentan varias infracciones, se les impondrá la sanción máxima aplicable.
CAPÍTULO QUINTO
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

ARTÍCULO 27.‐ Los afectados por actos, omisiones o resoluciones de la autoridad, podrán

optar entre interponer el recurso de inconformidad o el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal y la Ley del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Distrito Federal.
CAPÍTULO SEXTO
DE LA DENUNCIA CIUDADANA

ARTÍCULO 28.‐ Toda persona podrá denunciar ante la autoridad administrativa

correspondiente, todo hecho, acto u omisión que contravenga las disposiciones de la
presente Ley.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los sesenta días siguientes de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

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SEGUNDO. El Gobierno del Distrito Federal emitirá en un plazo de noventa días hábiles,
contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto, el Reglamento de la Ley de
Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal.

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TERCERO. La capacitación a la que se hace referencia el artículo 17 de la presente Ley se
realizará de conformidad con lo establecido en las leyes, reglamentos y protocolos de la
materia vigentes para el Distrito Federal, así como en las disposiciones que para tal efecto
emita la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
CUARTO. Quedan derogadas todas aquellas disposiciones que contravengan lo dispuesto
en el presente decreto.
QUINTO. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal contará con el plazo de 90 días
naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las adecuaciones
a la legislación que corresponda.
Firman el presente dictamen
Por la Comisión del Distrito Federal
Por la Comisión de Derechos Humanos

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