Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala

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El Observatorio de Justicia Penal Juvenil es un esfuerzo de investigación-acción permanente cuyo objetivo es monitorear y analizar los avances y retrocesos en materia de justicia penal juvenil. Se realiza con la finalidad de democratizar los cambios en la administración de justicia penal juvenil, transparentar su funcionamiento e incluir un discurso crítico con propuestas viables.

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Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala

  1. 1. OBSERVATORIO DE JUSTICIA PENAL JUVENIL EN GUATEMALA Autores: María Antonieta Cordón Mario Ávalos Quispal Luis Ramírez Jorge Joaquín Hernández Guatemala, 2011
  2. 2. Esta publicación se realiza gracias a la colaboración de: Investigadores: María Antonieta Cordón Mario Ávalos Quispal Luis Ramírez García Jorge Joaquín Hernández Asistente de Investigación: Claudina Juárez Marroquín Levantado de información: Sayda Esmeralda Monterroso Sánchez, José Pablo Godoy Gálvez, Pablo Roberto Gutierrez Ovando, Claudia Maribel T. Crispin, Edwin Ramiro España Seto, Edwin Jonatan Orozco Santizo, Dulce Cristina Calderón Gálvez, Lourdes María Monterroso, Mario Rolando Trejo Milián, Donald Humberto Coloma Manzo, Francisco Espigares Loarca, Daniel Enrique Gallo Miranda, Karla Nineth López Cruz, Eva Rocio Herrera Ramirez. Revisión Mario Ávalos Quispal Ernesto Archila Ortiz Juan Pablo Muñoz Diseño de Portada Galería Gráfica S. A. Diagramación de interiores Galería Gráfica S. A. Agradecimientos especiales A todos los usuarios del sistema de justicia penal juvenil de los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango y Escuintla; y funcionarios especializados que, amablemente, compartieron sus experiencias, inquietudes y perspectivas. Programa Paz Conflicto y Desarrollo
  3. 3. INDICE INTRODUCCIÓN ...............................................................................................7 METODOLOGÍA .............................................................................................. 13 NORMATIVA PROCESAL ................................................................................. 17 ASPECTO ACCESO .......................................................................................... 47 CULTURA JUDICIAL ......................................................................................... 87 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN JUDICIAL.......................................................... 137 RESULTADOS................................................................................................. 163 BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................. 185
  4. 4. 1 El modelo tutelar –dirigido a un sector de la población infanto-juvenil y no a su totalidad- presenta varios rasgos característicos; el primero de ellos –argumento de la tutela- da una valorización jurídica a la diferencia del menor de edad con respecto del adulto; sin embargo, es de mayor utilidad para la negación que para la afirmación de su igualdad jurídica, pues se desvaloriza a la persona del menor de edad frente al adulto; es decir, se le excluye del sistema de garantías que el Estado liberal había construido para todas las personas y, además, al ser objeto –no sujeto- de una tutela especial, sufre una intervención estatal arbitraria justificada y legitimada por el pensamiento benéfico que imperaba en esa época (Beloff, 2001:10). El segundo –parte de la criminología pragmática norteamericana, integrada por médicos en su inicio y luego por sociólogos y trabajadores sociales- reconoce al niño o niña delincuente como un enfermo, un caso patológico, que puede ser objeto de diagnóstico, vigilancia y curación en los centros penitenciarios y correccionales. Este determinismo biológico unido al ambiental, que aportó valiosa información sobre la influencia social en el comportamiento delictivo de los niños y las niñas, orientaron el ideal rehabilitador de la delincuencia juvenil, dirigida a tratar al enfermo e irresponsable delincuente juvenil o que se encontraba en situación irregular (Solórzano, 2006:26- 29). Y el tercero, es la singular función atribuida al Juez de menores, quien deja de cumplir funciones de naturaleza jurisdiccional para cumplir funciones más propias de las políticas sociales (Beloff, 2006:177, ANEXO en Solórzano 2006). 2 Jurídico, porque la ley deja de tratar al niño como recipiente de decisiones y le otorga el poder de influir en la toma de decisiones que a él le afectan e, incluso, de decidir por sí mismo cuando su desarrollo evolutivo así lo permite; político, porque los niños y las niñas ahora tienen voz y voto, toda autoridad está obligada a tomar debidamente en cuenta su opinión, en función de su edad y madurez, así como a considerar primordialmente el interés superior del niño y de la niña en toda decisión que les afecte; y social, porque impone un nuevo INTRODUCCIÓN A partir de los años noventa del último siglo se inició un proceso de reforma de las legislaciones de los países de la región en materia penal juvenil; se abandonó el modelo tutelar de menores 1 y se adoptó como nuevo paradigma la doctrina de protección integral, contenida en la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1989, la cual fue ratificada por Guatemala en 1990 mediante el Decreto 27-90 del Congreso de la República; sin embargo, en Guatemala no es sino con la entrada en vigencia de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LPINA), Decreto 27-2003 del Congreso de la República, que en verdad se puede hablar de un nuevo paradigma no sólo jurídico sino también político y social 2 .
  5. 5. 8 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala modelo en las relaciones entre la niñez y sus pares, su familia, su comunidad y su Estado, basado en el reconocimiento de que el niño y la niña son seres humanos, dignos, racionales y responsables (Solórzano, 2006:24). Esta doctrina incluye el reconocimiento de todos los derechos que, para las personas adultas, establecen y regulan la Constitución Política de Guatemala, los convenios internacionales en materia de derechos humanos y la legislación ordinaria, así como otros derechos, principios y garantías que impliquen respeto de los derechos propios de la niñez y adolescencia, como la promoción de sus derechos sociales, económicos y culturales de acuerdo a su condición específica y diferenciando el trato jurídico de niñez víctima y adolescentes en conflicto con la ley penal. Asimismo, presenta como característica especial la consideración de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho «con un status privilegiado que implica un tratamiento jurídico y humano especial» (Solórzano, 2006:22,30). De acuerdo con este modelo, el Estado debe adoptar políticas de apoyo especializado con programas educativos y de reintegración a su medio familiar y social en el caso de adolescentes infractores de la ley penal, de manera que éstos deben recibir un trato diferente al previsto en el Código Penal aplicable para adultos. En todo caso, debe considerarse que la sanción en la jurisdicción penal juvenil busca rehabilitar y no reprimir; el internamiento debe ser la última medida a aplicar; y las medidas deben ser siempre proporcionales y estar fundamentadas en el interés superior del adolescente y su (re) integración familiar y comunitaria (Artículo 8º de la Convención sobre los Derechos del Niño). Según Justo Solórzano (2006:31-41), la doctrina de protección integral permite la identificación de tres pilares fundamentales que son, a saber: Los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, de manera que se les reconoce como titulares de los derechos humanos que les son propios; titularidad que sólo se logra a
  6. 6. 9Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala 3 Ver artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 2 de la LPINA, artículos 2 y 51 de la Constitución Política de Guatemala, artículo 8 del Código Civil, entre otros. 4 Ver artículos 3, 136, 138, 182 1er. Párrafo, 239, 244 de la LPINA; artículo 1660 del Código Civil; entre otros. 5 De conformidad con el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en todas las decisiones que se adopten en el contexto de la administración de la justicia juvenil, el interés superior del niño deberá ser una consideración primordial. Los niños se diferencian de los adultos tanto en su desarrollo físico y psicológico como por sus necesidades emocionales y educativas. Estas y otras diferencias justifican la existencia de un sistema separado de justicia juvenil y hacen necesario dar un trato diferente a los niños. El interés superior del niño o adolescente debe entenderse como una garantía que se orienta a asegurar el ejercicio y disfrute de los derechos de la niñez, por lo que su aplicación en ningún caso puede disminuir, tergiversar o restringir los derechos reconocidos en la Constitución y en la Convención sobre los Derechos del Niño. través de una adecuada redefinición de los conceptos niñez y adolescencia 3 y una reclasificación de grupos etarios 4 . El principio de efectividad, que por un lado obliga al Estado a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de los derechos establecidos en la Convención (obligación consolidada con la aprobación de la actual LPINA) y por el otro, según la misma LPINA, a promover y adoptar las medidas necesarias para que en efecto se realice el interés de los niños, las niñas, los y las adolescentes y la familia; se estableció que las disposiciones contenidas en dicha Convención son de orden público y de carácter irrenunciable. En todo caso, el ejercicio de los derechos fundamentales y su vínculo a la autoridad de los padres tiene como único fin procurar al niño la protección y los cuidados indispensables para garantizar su desarrollo integral, lo cual constituye una responsabilidad y un derecho para los padres, pero también un derecho fundamental para los niños y las niñas a ser protegidos y orientados hasta alcanzar su plena autonomía. Los principios rectores guías de los derechos de la niñez, que permiten una adecuada interpretación de la LPINA y de la legislación ordinaria, son: a) el interés superior del niño 5 , entendido como el principio básico bajo el cual se debe interpretar, integrar y aplicar la normativa de la niñez y la adolescencia, y que constituye, por ello, un límite a la
  7. 7. 1 0 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala 6 Ver artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que los Estados Partes deberán garantizar al niño y niña, que estén en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que les afecten y a que se tomen debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez. 7 Entrada en vigor el 26 de julio de 2003. 8 Entrada en vigor el 2 de septiembre de 1990. discrecionalidad de las autoridades en la adopción de decisiones relacionadas con la niñez y adolescencia; y, b) el derecho de opinión 6 , que se traduce en la oportunidad, del niño y de la niña, de ser escuchados en todo procedimiento judicial o administrativo que les afecte, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. Tomando en cuenta lo anterior, y que el modelo en sí es un salto histórico, una transformación de pensamiento, cultura e imaginación o una revolución de ideas, es lógico pensar que el nuevo modelo ha influido en la forma de actuar, percibir e interactuar de cada persona y ha incidido en la forma de resolver los problemas y en la cultura funcional de los operadores de justicia. En ese sentido, podría pensarse que se ha dejado atrás la idea que el niño y la niña son un objeto al que se tiene que proteger según las convicciones culturales del modelo tutelar; así, el niño y la niña dejan de ser objetos de tutela y se convierten en sujetos de derecho, con capacidad de participar activamente y de ayudar en la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades y de las de los demás, e inclusive de asumir una responsabilidad especial, y adecuada a su edad, de acuerdo con sus actos (Solórzano, 2006:22 y ss). Ahora bien, y esto es lo importante, el hecho que haya un cambio en el plano normativo no implica que en la realidad también lo haya, y ello es sinónimo de un desfase entre el SER Y EL DEBER SER, que es preciso interpretar, analizar y describir. En ese sentido y luego de ocho años de entrada en vigencia de la LPINA 7 y veintiuno de la Convención sobre los Derechos del Niño 8 , es importante analizar los cambios en cuanto a acceso
  8. 8. 1 1Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala 9 El Observatorio de Justicia Penal Juvenil, al igual que el de adultos, es un esfuerzo de investigación-acción permanente que el Programa de Justicia Penal y Seguridad Juvenil del ICCPG realiza con la finalidad de democratizar los cambios en la administración de justicia penal juvenil, transparentar su funcionamiento e incluir un discurso crítico con propuestas viables. No pretende únicamente, al igual que el Observatorio para adultos, recopilar y sistematizar información sobre el sistema de justicia en materia juvenil, sino conformar una metodología de intervención en donde la investigación y la transparencia se conjugan con acciones de incidencia y articulación de la sociedad civil con sectores del Estado para revitalizar la transformación de la justicia (ICCPG, 2007:11). Este observatorio, utiliza el mismo sistema de aspectos, variables e indicadores, desarrollados en el Observatorio de Justicia Penal de adultos y desarrolla investigaciones sobre aspectos o variables determinadas. 10 En 2007, por ejemplo, se llevaron a cabo dos investigaciones, una en cuanto al aspecto «acceso a la justicia en materia de justicia penal juvenil» y la otra, variable de ésta, en cuanto a la privación de libertad de jóvenes. a la justicia, cultura de los funcionarios judiciales, organización y gestión del sistema de justicia, y resultados generados en la forma de administrar justicia; es decir, es imperativo analizar esos cambios de acceso, cultura, organización y gestión que median entre el plano formal (aspecto normativo), aparentemente ideal, y las respuestas objetivas del Estado, puesto que son precisamente esos cambios los que condicionan en gran medida los resultados que del Estado se desprenden en materia de justicia penal juvenil. Todo ello, aprovechando que el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), dentro de su programa Justicia Penal y Seguridad Juvenil, viene desarrollando desde el año 2006 un Observatorio de Justicia exclusivo para monitorear los avances y retrocesos en materia de justicia penal juvenil 9 . Sobre esta base, el presente estudio, congruente con los ya realizados dentro de dicho observatorio 10 , analiza las siguientes variables y/o atributos: garantías especiales, juicio previo, derecho de defensa, acusatorio, democratización del proceso y valoración de la prueba en el sistema de justicia penal juvenil (aspecto normativo); adaptación, gratuidad, continuidad, igualdad y celeridad en la prestación de los servicios del sistema de justicia penal juvenil (aspecto acceso a la justicia); las concepciones teóricas de los funcionarios, la percepción ciudadana sobre los servicios y las prácticas de los funcionarios del sistema de justicia penal
  9. 9. 1 2 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala juvenil (aspecto cultural); la funcionalidad de la organización, la funcionalidad de la gestión y la profesionalidad de las agencias del sistema de justicia penal juvenil (aspecto organización y gestión); la capacidad de respuesta y la limitación de derechos como respuesta del sistema de justicia penal juvenil (aspecto resultados).
  10. 10. 1 3Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala 11 Tipo de investigación donde se estudia a los individuos en los mismos lugares donde viven, trabajan, etc., es decir, en su hábitat natural (ICCPG, 2005:24). 12 En este tipo de investigaciones se debe esperar que ocurra el fenómeno para luego estudiarlo, y por ello se les llama también investigaciones ex-post-facto (ICCPG, 2005:25). 13 Con la investigación exploratoria se busca información sobre algún tema o problema relativamente desconocido, y culmina cuando se ha obtenido el conocimiento suficiente como para hacer un listado de los diferentes factores que suponemos vinculados con el tema a investigar; mientras que con la investigación descriptiva se busca correlacionar estadísticamente cada uno de los factores con el tema a investigar, y termina cuando se han constatado ciertas correlaciones lo suficientemente significativas como para sospechar la existencia de un vínculo causal (ICCPG, 2005:26). METODOLOGÍA La presente investigación es un estudio de campo 11 , pues se investigó a los sujetos de estudio en el lugar donde viven, como es el caso de los usuarios –víctimas, adolescentes en conflicto con la ley penal y familiares de ambos– ; y en el lugar de trabajo, como es el caso de los funcionarios de justicia ubicados en el Organismo Judicial (OJ) –juzgados de primera instancia de niñez y adolescencia y adolescentes en conflicto con la ley penal–; Ministerio Público (MP) –fiscalías de menores o de la niñez–; Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) –unidades de adolescentes en conflicto con la ley penal–; y Policía Nacional Civil (PNC) –secciones de la niñez y adolescencia–. Es una investigación de tipo no experimental 12 , en cuanto que se procedió a estudiar los fenómenos que se desprenden y generan de los aspectos: normativo, acceso, cultural, organización y gestión, y resultados del sistema de justicia penal juvenil en la actualidad. Su fin puede definirse como exploratorio-descriptivo 13 dado que se procedió, en principio, a la revisión de la normativa e investigaciones anteriores –con la finalidad de aprehender los datos, contenidos y
  11. 11. 1 4 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala resultados más importantes– para posteriormente correlacionar cualitativa y cuantitativamente las variables e indicadores de los aspectos arriba indicados 14 . Por otro lado, en esta investigación se utilizan tanto datos primarios como secundarios 15 y se analizan estadísticas, percepciones y expedientes. La presente investigación se planteó como objetivo general: conocer y analizar el sistema de justicia penal juvenil de Guatemala, mediante la aplicación de la metodología del Observatorio de Justicia del ICCPG. Para el aspecto de acceso se limitaron las siguientes variables: adaptación del sistema de justicia a las necesidades de los usuarios, gratuidad del sistema, continuidad, igualdad en la prestación de servicios y celeridad en el sistema de justicia penal juvenil. En el aspecto cultural: concepciones teóricas de los funcionarios, la percepción ciudadana sobre los servicios del sistema y prácticas de los funcionarios de justicia penal juvenil. En el aspecto de organización y gestión: funcionalidad de la organización del sistema, funcionalidad de la gestión del sistema y la profesionalidad de las agencias del sistema de justicia penal juvenil. Mientras que en el aspecto de resultados: capacidad de respuesta del sistema y la limitación de derechos como respuesta del sistema de justicia penal juvenil. Estas variables y su sistema de indicadores, se adoptaron, previa revisión y ajuste 16 , del Observatorio de Justicia Penal de adultos, y tienen como unidades de análisis a los usuarios del sistema (victimas, adolescentes en 14 A nivel exploratorio se pretende conocer los tópicos de investigación que se han realizado y las temáticas disponibles; una vez se ha hecho una selección de problemas a través de esfuerzos exploratorios, podría avanzarse en caracterizar aquellos problemas de investigación que por su naturaleza sean de interés, este es el esfuerzo descriptivo (ICCPG, 2008:6). 15 Los primeros son aquellos obtenidos de la realidad directamente por el investigador mediante simple observación o a través de cuestionarios, entrevistas u otros; mientras que los segundos son aquellos obtenidos por otras personas o instituciones, tales como estadísticas proporcionadas por el Centro de Nacional de Análisis y Documentación Judicial (CENADOJ), memorias de labores del MP y del IDPP (ICCPG, 2005:24). 16 Estos indicadores, por ser concebidos, en principio, para un universo distinto -justicia penal para adultos-, precisan de ajustes y precisiones metodológicas; las cuales se han ido contemplando conforme se han llevado a cabo las investigaciones específicas de cada aspecto.
  12. 12. 1 5Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala conflicto con la ley penal y familiares de ambos), los funcionarios de justicia especializados y las agencias del sistema de justicia penal juvenil (OJ, MP, IDPP, PNC). La unidad geográfica comprendió todo el territorio nacional, sin embargo se dio prioridad a tres de los departamentos donde se encuentran ubicados los juzgados de primera instancia de niñez y adolescencia y adolescentes en conflicto con la ley penal: Guatemala, Quetzaltenango y Escuintla; además, dichos departamentos cuentan, con las Unidades especializadas de niñez y adolescencia del MP, del IDPP y de la PNC 17 , y son, entre otros, las circunscripciones que presentan los más altos niveles de conflictividad juvenil a nivel nacional. Para el caso de la temporalidad, en el análisis socio-jurídico y cultural, se tendrá como referente la situación actual 18 , mientras en el aspecto de resultados, el período comprendido entre 2009- 2010. De conformidad con las características particulares de las unidades de análisis arriba descritas, se utilizaron los siguientes métodos de investigación: estadístico-descriptivo, interpretación y comprensión, y hermenéutica (ICCPG, 2008:7). Es de aclarar que los enfoques de investigación cualitativa, cuantitativa, de género, y étnico, entre otros, no se describen como tipos de investigación determinados, por ser de interés del ICCPG que sean parte integral de todo proceso investigativo. Los instrumentos utilizados para la recolección de información (operacionalización de los indicadores) fueron: guía de entrevista a usuarios (víctimas, adolescentes en conflicto con la ley penal y familiares de ambos), guía de entrevista a funcionarios especializados (jueces, fiscales, 17 El departamento de Guatemala concentra, además, los centros de privación de libertad. 18 El lapso que existe entre la entrada en vigor de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia Decreto número 27-2003, y la situación actual, servirá como referente en cuanto a los avances y retrocesos en la administración de justicia penal juvenil.
  13. 13. 1 6 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala defensores y jefes de policía), guía de observación de audiencias, guía de observación de agencias y guía de revisión y análisis de expedientes. Estos instrumentos también se adoptaron del Observatorio de Justicia Penal de adultos –a partir de su sistema de indicadores–, razón por la cual se requirió, previa utilización, su revisión y ajustes correspondientes. Fueron entrevistados 69 usuarios de las distintas agencias del sistema de justicia penal juvenil, de los cuales: 29 eran adolescentes en conflicto con la ley penal, 2 jueces especializados de Quetzaltenango y Escuintla –uno por departamento–, 4 fiscales especializados de Guatemala, Quetzaltenango y Escuintla –dos de Guatemala y uno de cada uno de los restantes dos departamentos–, 2 defensores públicos especializados de Guatemala y Quetzaltenango –uno por departamento–, 4 jefes de policía y/o encargados de la sección de niñez y adolescencia de Guatemala, Quetzaltenango y Escuintla –dos de Guatemala y uno por departamento– . También, fueron observadas 13 audiencias, realizadas 13 observaciones del funcionamiento de las agencias y, revisados y analizados 69 expedientes de adolescentes en conflicto con la ley penal. Además, como datos secundarios, se revisaron y analizaron las estadísticas proporcionadas por las distintas agencias del sistema de justicia penal juvenil (OJ, MP, DPP y PNC).
  14. 14. 1 7Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala NORMATIVA PROCESAL Luis Ramírez Jorge Joaquín Hernández En Guatemala el proceso de reforma en materia de justicia penal juvenil ha tenido un gran avance con la entrada en vigencia de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia –LPINA–, Decreto 27-2003, ocurrida en el año 2003. Dicha ley recoge los principios que impulsa la doctrina de protección integral, los cuales son establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, dejando atrás, desde un punto de vista teórico-jurídico, la doctrina de situación irregular. Con la entrada en vigencia de la LPINA, el Estado de Guatemala dio cumplimiento a la obligación adquirida al ratificar la Convención, misma que en su artículo 40, numeral 3, establece que los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicas para adolescentes de quienes se alegue han infringido las leyes penales, así como a quienes se les declare culpables de haber infringido esas leyes. Asimismo materializa lo establecido en el artículo 20, párrafo segundo, de la Constitución Política de la República de Guatemala que establece: «los adolescentes, cuya conducta viole la ley penal, serán atendidos por instituciones y personal especializado… Una ley específica regulará ésta materia». En relación a lo anterior, la metodología del Observatorio de Justicia Penal Juvenil en su aspecto normativo, contiene el análisis jurídico de la adecuación de la normativa procesal penal juvenil guatemalteca a la
  15. 15. 1 8 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala Doctrina de protección integral, impulsada por la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Adolescentes –Reglas de Beijing–, las Reglas Mínimas para la Protección de Menores Privados de Libertad y las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil –Directrices de Riad–. El análisis jurídico del sistema penal juvenil guatemalteco implica entonces identificar si los principios rectores de la doctrina de protección integral y de un sistema penal democrático, así como los derechos y garantías procesales generales y específicas para adolescentes, son tomados en cuenta –o no– y en qué medida, por la LPINA. GARANTIAS ESPECIALES El cambio de paradigma hacia la protección integral, en cuanto al proceso penal juvenil se refiere, contiene el reconocimiento de todos los derechos y garantías procesales propios de un debido proceso penal democrático de adultos establecidos en la legislación nacional e internacional. Sumado a lo anterior y en virtud de la realidad psicofísica de los adolescentes, por ser personas en pleno desarrollo, se hace necesario también, establecer una serie de «garantías especiales» que revistan el proceso penal juvenil y que minimicen su condición de vulnerabilidad frente al sistema de justicia penal juvenil, el cual tiene el fin de establecer el grado de responsabilidad penal del adolescente en la comisión de un hecho delictivo. Dichas garantías especiales también se encuentran reguladas en los instrumentos nacionales e internacionales en la materia. A. Interés superior El interés superior del niño y de la niña se entiende como una garantía que se orienta a asegurar el ejercicio y disfrute de los derechos de la niñez; por ello, en ningún caso, su aplicación puede disminuir, tergiversar o restringir los derechos reconocidos en la Constitución y en la Convención sobre los Derechos del Niño (Solórzano, 2006:38).
  16. 16. 1 9Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala En ese sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 3, establece que en todas las medidas concernientes a los niños –que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos- se atenderá el interés superior del niño. Lo anterior es reforzado por las Reglas de Beijing, cuya regla 14.2 establece que: «el procedimiento favorecerá los intereses del menor y se sustanciará en un ambiente de comprensión, que permita que el menor participe en él y se exprese libremente». La LPINA, en congruencia con la normativa internacional a nivel general, establece en su artículo 5 que: «el interés superior es una garantía que se aplicará en toda decisión que se adopte con relación a la niñez y la adolescencia, que deberá asegurar el ejercicio y disfrute de sus derechos, respetando sus vínculos familiares, origen étnico, religioso, cultural y lingüístico», lo cual, evidentemente aplica al proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal. De forma más específica, en cuanto al procedimiento de adolescentes en conflicto con la ley penal, la LPINA establece en el artículo 139 que: serán principios rectores la protección integral del adolescente, su interés superior, el respeto a sus derechos, su formación integral y la reinserción en su familia y en la sociedad. El artículo 151 del mismo cuerpo legal establece que el principio de interés superior también implica que cuando a un adolescente puedan aplicársele dos leyes o normas diferentes, siempre se optará por la que resulte más favorable para sus derechos fundamentales. B. El derecho de opinión El derecho de opinión junto con el principio de interés superior del adolescente, son la esencia de la doctrina de protección integral. El nuevo paradigma establece que todos los niños, niñas y adolescentes, sin excepción alguna, son reconocidos como sujetos plenos de derechos, y en todos los actos administrativos y/o judiciales que les afecten, su opinión
  17. 17. 2 0 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala habrá ser debidamente tomada en cuenta. El derecho de opinión se convierte en una garantía del ejercicio del derecho de autodeterminación y desarrollo de la personalidad del niño y la niña. La participación activa del adolescente en el proceso de su propio desarrollo es un derecho esencial que no debe negársele, dado que implica la posibilidad de la realización personal, lo cual fortalece la autonomía del adolescente, creando las condiciones para que pueda participar en la búsqueda y satisfacción de sus necesidades y en la satisfacción de las necesidades de los demás (Solórzano, 2003:108-109). En ese sentido, la Convención establece que los Estados parte garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de la edad y madurez (Art. 12.1); también establece que para garantizar lo anterior, se le dará oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional (Art. 12.2). En congruencia con lo establecido en la Convención, la LPINA en su artículo 5 dicta claramente que el interés superior es una garantía que se aplicará en toda decisión que se adopte en relación a la niñez y adolescencia, teniendo siempre en cuenta su opinión en función de su edad y madurez. Asimismo, el artículo 161 de dicho cuerpo legal establece que los adolescentes a quienes se les atribuye alguna transgresión a la ley penal tendrán derecho desde el inicio de la investigación, a ser representados y oídos en el ejercicio de su defensa. De igual cuenta, el artículo 256 establece que en la elaboración del plan individual y proyecto educativo participará activamente el adolescente.
  18. 18. 2 1Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala C. Justicia especializada El proceso penal de adolescentes infractores de la ley, de conformidad a los postulados de la doctrina de protección integral, tiene un fin eminentemente educativo, alejándose con ello del fin retributivo propio de los sistemas penales de adultos y convirtiéndose en un «instrumento formativo y educativo para los adolescentes» (Solórzano, 2006:96). El efectivo cumplimiento del fin educativo, requiere, además de la adecuación de normas, el establecimiento de instituciones específicas que cuenten con el personal especializado en la atención de adolescentes infractores de la ley, es decir, de una justicia especializada en materia de justicia penal juvenil, diferente a la de los adultos. Como se mencionó anteriormente, ya la Constitución Política de la República de Guatemala expresamente, en su artículo 20, establece que «los adolescentes, cuya conducta viole la ley penal, serán atendidos por instituciones y personal especializado». Lo anterior se da en virtud de que el tratamiento se orienta a la educación integral, como bien lo establece el mismo artículo. En relación a lo anterior, también la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 40, numeral tercero, dicta que los Estados Parte deberán tomar todas las medidas apropiadas para promover «procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido leyes». Lo anterior es un gran avance para garantizar el fin educativo del proceso de adolescentes infractores de la ley, estableciendo la creación de instituciones específicas con personal especializado para el efecto. En congruencia con lo anterior, la LPINA crea una jurisdicción especializada para conocer los casos de adolescentes transgresores de la ley, y obliga a su vez a las instituciones del sistema de justicia 19 a crear unidades 19 La obligación del Ministerio Público de crear la Fiscalía Especializada de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, está contenida en el artículo 6 de las Disposiciones transitorias de la LPINA. La obligación del Instituto de la Defensa Pública Penal de crear o fortalecer la Unidad Específica de Defensa de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, está contenida en el artículo 7 de las Disposiciones transitorias de la LPINA.
  19. 19. 2 2 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala específicas para atender los casos de adolescentes en conflicto con la ley penal. Es en el artículo 98 de la LPINA donde se crean los Juzgados «de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal», «de Control de Ejecución de Medidas», y la «Sala de la Corte de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia»; juzgados que en algún momento del procedimiento de adolescentes en conflicto con la ley penal tienen competencia. Reforzando el principio de jurisdicción especializada, el artículo 99 de la LPINA establece que la jurisdicción de los tribunales (o juzgados) de adolescentes en conflicto con la ley penal será especializada y que su personal deberá ser especialmente calificado y contar por lo menos con un psicólogo, un trabajador social y un pedagogo; esto, definitivamente es un avance para poder garantizar un enfoque integral en la atención de los adolescentes que transitan por el sistema de justicia penal juvenil. En el caso del Ministerio Público, institución que tiene la exclusividad de la acción y persecución penal de conformidad con la Constitución Política y con la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto 40-94 del Congreso de la República, se cuenta con una fiscalía de menores o de la niñez, la cual tiene a su cargo la acción penal pública en contra de adolescentes infractores de la ley penal, tal como se establece en el artículo 168 de la LPINA. La LPINA, en su artículo 248 estipula que la Secretaría de Bienestar Social –SBS– de la Presidencia es la «autoridad competente en reinserción y resocialización… competente y responsable de llevar a cabo todas las acciones relativas al cumplimiento de las sanciones impuestas a los adolescentes…». La SBS supervisa la ejecución de las sanciones privativas y no privativas de libertad impuestas a los adolescentes a través de sus dos programas: el de «Privación de Libertad» que tiene a su cargo los
  20. 20. 2 3Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala cuatro centros de privación de libertad de adolescentes (privación provisional y definitiva) 20 ; y el de «Medidas Socioeducativas», el cual supervisa la ejecución de las sanciones alternativas a la privación de libertad. Ambos programas pertenecen a la Subsecretaría de Reinserción y Resocialización de la SBS. En el caso de la Policía Nacional Civil, la LPINA en el artículo 96 da vida a la unidad especializada que tendrá como objetivo principal el «capacitar y asesorar sistemáticamente» a todos los miembros de esta institución, específicamente en el tema de derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes. En la institución del Procurador de Derechos Humanos –Ombudsman– la LPINA en su artículo 90, crea la «Defensoría de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia», la cual tiene las facultades de defensa, protección y divulgación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como el efectivo cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional e internacional en materia de derechos humanos de la niñez y la adolescencia. Finalmente, el principio de jurisdicción especializada, es reforzado aun más en el artículo 144 de la LPINA al establecer que tanto en el proceso como en la ejecución de la sanción, deben intervenir órganos especializados en materia de derechos humanos y que el personal de dichos órganos debe tener una formación especializada en derecho, sociología, sicología, criminología y ciencias del comportamiento, en todos los casos orientada a la adolescencia en conflicto con la ley penal. 20 Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones I –CEJUPLIV I-, Centro Juvenil de Privación de Libertad para Varones II –CEJUPLIV II-, Centro Juvenil de Detención Provisional –CEJUDEP- y Centro Juvenil de Privación de Libertad para Mujeres –CEJUPLIM-. Todos estos centros de privación de libertad están en el Departamento de Guatemala.
  21. 21. 2 4 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala D. Flagrancia La limitación de la libertad de locomoción de una persona por vinculársele a la comisión de un hecho delictivo se conoce como aprehensión, ya sea ésta por orden judicial o flagrancia. El Código Procesal Penal de Guatemala –CPP–, decreto 51-92 del Congreso de la República, en su artículo 257, estipula que existe aprehensión en flagrancia cuando la persona –en este caso adulta– es sorprendida en el instante en que comete un hecho delictivo, o descubierta instantes después de haber ejecutado el mismo, con huellas, instrumentos o efectos del delito que hagan pensar fundadamente que acaba de participar en su comisión. En la misma línea, la Constitución, en su artículo 6, estipula que la excepción a la regla de la aprehensión y detención de una persona sin orden judicial, se da cuando ésta se realiza flagrantemente, y que dichas personas deberán ser puestas a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de seis horas, y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. En cuanto a la aprehensión en flagrancia de los adolescentes, se deben cumplir los supuestos establecidos en el artículo 257 del CPP; sin embargo, la diferencia en cuanto al caso de personas adultas, radica en lo establecido en el artículo 195 de la LPINA, en relación a la presentación inmediata al juez competente 21 , no aplicando en estos casos el plazo de seis horas establecidos en la Constitución. Un elemento muy importante en la aprehensión de adolescentes en flagrancia, es la obligación que los jueces competentes adquieren a raíz 21 En este caso, es el Juez de Primera Instancia de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal. Sin embargo, la misma LPINA, en su artículo 103 literal B, estipula que los Juzgados de Paz, son competentes en materia de adolescentes en conflicto con la ley penal para «a) Conocer, tramitar, juzgar y resolver los hechos, atribuidos a los adolescentes, constitutivos de faltas, delitos contra la seguridad del tránsito y delitos cuya pena máxima de prisión no sea superior a los tres años o consista en pena de multa, según el Código Penal o leyes penales especiales… b) En los casos de flagrancia o de presentación del adolescente sindicado de la comisión de un hecho calificado como delito, se pronunciará sobre su situación jurídica y procesal… c) ...podrá disponer la medida de coerción adecuada, de acuerdo a lo establecido por esta Ley y ordenará practicar las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento del caso concreto, según la naturaleza del delito».
  22. 22. 2 5Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala del mismo artículo 195 de la LPINA: «en todos los casos, el juez al resolver el caso del adolescente se pronunciará sobre la legalidad de la detención». La obligación anterior, en primer lugar, es una garantía para que el adolescente aprehendido y detenido no sea llevado a cuerpo, cuartel o estación de policía o centro de detención para adultos 22 , lo cual es establecido por el artículo anterior, así como por la Constitución que prohíbe que las personas aprehendidas flagrantemente queden sujetas a otra autoridad diferente a la autoridad judicial competente; y en segundo lugar, una garantía del respeto a los derechos humanos de los adolescentes aprehendidos flagrantemente. Posteriormente a la presentación de los adolescentes aprehendidos en flagrancia ante juez competente y determinando éste la legalidad de la detención, deberá resolver la situación jurídica y procesal del mismo. E. Presunción de minoridad Con el objetivo de no causar daños irreparables, así como el no incurrir en detención ilegal, con las consecuencias legales que implicaría, se otorga el principio de presunción de minoridad, el cual manda que cuando no se logre establecer por ningún medio la edad de una persona, se le presumirá menor de edad. El principio anterior se aplicará en los casos donde exista realmente «duda razonable» de que la persona es menor de edad, excluyendo así, los casos en donde resulte un «hecho notorio» que la persona es mayor de edad. En estos casos será el ente investigador quien determine la edad, mediante pruebas científicas forenses. Ni el texto constitucional ni la Convención sobre los Derechos del Niño regulan este principio, sin embargo la LPINA, expresamente en su artículo 137, establece que en los casos en que por ningún medio pueda 22 Artículo 195 de la LPINA: «quien traslade o detenga a un adolescente a un lugar distinto al señalado incurrirá en el delito de abuso de autoridad. El Juez bajo su estricta responsabilidad certificará lo conducente para los efectos de la persecución penal del responsable».
  23. 23. 2 6 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala comprobarse la edad de una persona, presumiblemente menor de dieciocho años, ésta será considerada como tal y quedará sujeta al procedimiento de adolescentes en conflicto con la ley penal, mientras no se compruebe lo contrario. F. Privacidad y confidencialidad Con el objetivo de proteger la intimidad de los adolescentes captados por el sistema de justicia penal juvenil y evitar los efectos negativos de la estigmatización al ser catalogados como «delincuentes» o «criminales», y por ende, garantizar su adecuada inserción social y familiar –de conformidad con el principio de interés superior y para garantizar una mínima afectación–, los adolescentes tienen derecho a la privacidad durante el proceso, y que el mismo sea confidencial. En ese sentido, la Convención establece en su artículo 40 numeral vi, que los Estados parte garantizarán que se respetará plenamente la vida privada de los adolescentes de quienes se alega infringen la ley penal, en todas las fases del procedimiento. Asimismo, las Reglas de Beijing, en cuanto al derecho a la privacidad, disponen que, para evitar que la publicidad indebida o el proceso de difamación perjudiquen a las y los adolescentes, se respetará en todas las etapas su derecho a la intimidad (regla 8.1), y que en principio no se publicará ninguna información que pueda dar lugar a la individualización de un adolescente delincuente (regla 8.2). También señalan, en cuanto al principio de confidencialidad, que los registros o expedientes de adolescentes delincuentes serán de carácter estrictamente confidencial y no podrán ser consultados por terceros. Sólo tendrán acceso a dichos archivos las personas que participen directamente en la tramitación de un caso en curso, así como otras personas debidamente autorizadas (regla 21.1). Congruentemente con lo anterior, la LPINA indica en el artículo 152 que los adolescentes tendrán derecho a que se les respete su vida privada y la de su familia y, además, prohíbe divulgar la identidad de los adolescentes
  24. 24. 2 7Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala que son sometidos a un proceso penal. También el artículo 153 apunta que serán confidenciales los datos sobre los hechos cometidos por adolescentes, y que en todo momento se deberá respetar la identidad y la imagen del adolescente, asimismo, en cuanto a estadísticas judiciales, que los jueces deben procurar que la información no contravenga el principio de confidencialidad ni el derecho a la privacidad. Es importante lo estipulado por el artículo 154, párrafo segundo, de la LPINA, pues prohíbe «divulgar por cualquier forma la identidad e imagen del adolescente acusado, procesado o sancionado y la de los miembros de su familia. A los infractores se les impondrá una multa entre cinco y veinticinco salarios mínimos del sector laboral al que pertenezcan. Dependiendo del daño provocado, ésta será cuantificada e impuesta por el Juez de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de la jurisdicción en donde se realizó la infracción». G. La privación de libertad como ultima ratio Uno de los principios rectores del nuevo paradigma de protección integral es el de la privación de libertad como el último recurso –ultima ratio–, el cual está íntimamente relacionado con el principio de interés superior de los adolescentes y con el de proporcionalidad, en virtud de los efectos negativos que les produce la privación de libertad. De hecho, a partir de este principio surge, quizá, la más grande diferencia del sistema penal juvenil respecto al sistema penal de adultos, es decir, el conjunto de sanciones socioeducativas 23 . 23 La LPINA a diferencia del Código Procesal Penal para adultos, establece en su artículo 238, diferentes sanciones socioeducativas que el juzgador puede imponer a adolescentes que resulten responsables de la comisión de un hecho delictivo. El juez puede aplicar las siguientes: 1) Amonestación y advertencia, 2) Libertad Asistida, 3) Prestación de servicios a la comunidad, 4) Reparación de los daños al ofendido, 5) Órdenes de orientación y supervisión, 6) Internamiento terapéutico o tratamiento ambulatorio en un centro especializado de salud, para desintoxicarlos o eliminar su adicción a las drogas, 7) Privación del permiso de conducir, 8) Sanciones privativas de libertad.
  25. 25. 2 8 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala En cuanto a la privación de libertad como ultima ratio, la Convención regula en el artículo 37 que dicha medida se desarrollará de conformidad con la ley y que se utilizará sólo como medida de último recurso y durante el período más breve posible. Las Reglas de Beijing también establecen, en ese sentido, que las restricciones a la libertad personal del adolescente se impondrán sólo tras cuidadoso estudio y se reducirán al mínimo posible (regla 17.1.b); que sólo se impondrá la privación de libertad personal en el caso de que el adolescente sea condenado por un acto grave en el que concurra violencia contra otra persona o por la reincidencia en cometer otros delitos graves, y siempre que no haya otra respuesta adecuada (regla 17.1.c); y que siempre al momento de aplicar cualquier medida se deberá considerar el bienestar del adolescente (regla 17.1.d). Lo anterior también lo refuerzan las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad, al indicar que el encarcelamiento deberá usarse como último recurso (regla 1), que sólo se podrá privar de libertad a los adolescentes de conformidad con los principios y procedimientos establecidos en los estándares internacionales, y que será por el período mínimo necesario, sin excluir la posibilidad de que el adolescente sea puesto en libertad antes del tiempo establecido por una autoridad judicial (regla 2). En congruencia con lo establecido en las anteriores leyes internacionales, la LPINA, establece en el artículo 182, en cuanto a la privación de libertad provisional como medida de coerción, que tiene carácter excepcional, especialmente para los mayores de trece años y menores de quince, y sólo se aplicará cuando no sea posible aplicar otra medida menos gravosa. Dicho artículo estipula como presupuestos materiales para la aplicación de la privación de libertad que a) exista peligro de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad, y b) que el hecho que se atribuya al adolescente sea constitutivo de un delito que implique grave violencia y sea contra la vida, la integridad física, la libertad individual o sexual de las personas. La privación de libertad únicamente podrá ser solicitada por el fiscal y se podrá aplicar sólo con orden de juez competente (principio de
  26. 26. 2 9Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala judicialidad). Asimismo, con el fin de que la privación de libertad provisional dure el menor tiempo posible, la LPINA obliga a los jueces y a los fiscales a que consideren estos casos como de «máxima prioridad», tal como lo señala el artículo 183 de la LPINA, pues no puede durar más de dos meses 24 . En cuanto a la privación de libertad como sanción, la LPINA en el artículo 252 establece que es una sanción de carácter excepcional y que sólo puede ser aplicada cuando exista grave violencia en contra de las personas y no podrá durar más de seis años para los adolescentes entre los quince y diecisiete años, y de dos años para adolescentes con edades entre los trece y quince años; y que el juez para imponer esta sanción deberá tomar las circunstancias personales, familiares, sociales y educativas del adolescente. Es importante resaltar que la LPINA, en su artículo 220, indica que al momento de determinar la idoneidad de la sanción, sea ésta privativa o no privativa de libertad, obliga al juez a asistirse de un psicólogo y un pedagogo, además de tomar en cuenta la opinión del adolescente; asimismo norma en el artículo 222, literal «a», que uno de los principios generales de las sanciones de privación de libertad es que deberán ser siempre fundamentadas y se reducirán al mínimo posible, y que sólo se impondrá como sanción de último recurso, previa justificación de la inexistencia de otra respuesta adecuada, tal como se establece en la literal «c» del mismo artículo. Si bien la LPINA establece la privación de libertad como último recurso y por el período de tiempo más breve, a falta de otra medida o sanción adecuada, también indica que los adolescentes tendrán derecho a ser ubicados en un centro adecuado, exclusivo para adolescentes, y no en uno destinado para personas adultas, tal como lo establece en su artículo 159. 24 La LPINA establece en el artículo 179, que el plazo de la fase de investigación, así como la duración de las medidas de coerción es de dos meses contados a partir de que se dicta el auto de procesamiento. Después de vencido éste plazo a solicitud del fiscal y mediante un auto razonado por el Juez, se podrá ampliar el plazo de la investigación y de las medidas de coerción por dos meses más, a excepción de la medida de privación de libertad provisional, la cual en ningún caso puede ser prorrogada.
  27. 27. 3 0 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala Además establece que los centros de privación de libertad provisional deberán ser diferentes a los de cumplimiento de sanción y que deberán existir centros adecuados para cada sexo, tal como está regulado en el artículo 182. Los centros de privación de libertad para adolescentes en conflicto con la ley penal además de cumplir con las normas y parámetros mínimos establecidos en la legislación internacional, compatibles con los derechos humanos y las libertades fundamentales, con miras a contrarrestar los efectos perjudiciales de todo tipo de detención y encierro, deberán fomentar además la educación e integración sociofamiliar. JUICIO PREVIO A. Legalidad y lesividad La definición de una prohibición penal tiene como finalidad evitar que esas acciones se realicen, pues se les considera dañosas para la convivencia social, pero al mismo tiempo constituye una limitación a las posibilidades de actuar. Limitación que cumple también con la finalidad de generar expectativa por parte de todos de que nuestra conducta no afectará bienes jurídicos reconocidos en la ley. El reconocimiento de que la libertad de acción constituye un bien jurídico fundamental para el desarrollo de la persona, lleva aparejada la conclusión que, bajo principios liberales, la intervención del Estado en forma coactiva deberá ser la mínima necesaria para garantizar la paz social y el desarrollo de la persona. Este principio se encuentra plasmado en la Constitución en el artículo 5, relacionado con la libertad de acción, al establecer que toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. Aunado al reconocimiento del principio de la libertad se encuentra el de legalidad en materia penal, en el artículo 17: no son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penadas por ley anterior a su perpetración.
  28. 28. 3 1Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala En cuanto a la descripción de las conductas prohibidas, el principio de legalidad exige que éstas sean objeto de comprobación fáctica (falso o verdadero), de tal manera que los jueces no puedan ampliar su interpretación en base a criterios morales como: actos obscenos, honestidad, conductas malvadas entre otras. Este principio, conocido en la doctrina como lex stricta, permite que las pruebas presentadas por el ente acusador sean claras y precisas, lo que favorece la refutación por parte del que ejerce la defensa. El principio de legalidad exige además que la prohibición sea producto de una ley, entendida ésta como producto de un procedimiento formal ante el órgano encargado de producción legislativa. Anteriormente todos estos principios fueron negados en la legislación de adolescentes, inspirados bajo el principio que la protección prevalece sobre cualquier otra finalidad de la ley. De esto se desprende que la «situación irregular» de los adolescentes fuese considerada como condición previa a la aplicación de una medida de protección, sea ésta de privación de libertad o no. Esto implicaba que la comisión de un hecho delictivo, o más bien el simple señalamiento o sospecha de haberlo cometido, fuese una condición para considerar a un «menor de edad» en «situación irregular» y por lo tanto, susceptible de aplicación de una medida. Sucede distinto dentro de la concepción de la Doctrina de la Protección Integral, donde existe una separación clara entre protección y sanción punitiva. La primera, se considera una medida que tiene como finalidad restituir un derecho reconocido para la niñez, y la segunda, como consecuencia jurídica en el caso de comisión de un hecho considerado como delito o falta. En cuanto al principio de legalidad, las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil –Directrices de Riad– establecen que a fin de impedir que prosiga la estigmatización, victimización y criminalización de los jóvenes, deberán promulgarse leyes que garanticen que ningún acto que no sea considerado delito ni sea sancionado cuando
  29. 29. 3 2 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala lo comete un adulto, se considere delito ni sea objeto de sanción cuando sea cometido por un joven (directriz 51). En ese sentido, la LPINA en su artículo 145 claramente regula que ningún adolescente podrá ser sometido a un proceso por hechos que no violen la ley penal. Otra consecuencia del principio de legalidad se refiere a la determinación de las medidas socioeducativas aplicables, es decir, lo referente a su definición, a las condiciones en que se debe realizar y a su duración. De esta manera, la LPINA pone fin a la arbitrariedad con que el juez de adolescentes aplicaba las medidas socioeducativas; ello constituía de hecho, un proceso de criminalización de adolescentes en condición de vulnerabilidad, ya sea por su situación socioeconómica, por provenir de sectores marginales, por estar en procesos de callejización, por estar vinculados a maras y pandillas, por provenir de hogares disfuncionales, entre otros. En ese sentido la LPINA en el artículo 158 establece expresamente que no podrán imponerse, por ninguna circunstancia, sanciones no determinadas en dicho cuerpo legal. En cuanto al principio de lesividad, se debe entender éste como la necesidad de comprobar que la conducta del adolescente efectivamente dañó o puso en peligro un bien jurídico tutelado; es decir, no es suficiente la realización de la figura típica, se requiere además la comprobación del daño del bien jurídico (Solórzano, 2006:113). En ese sentido, la LPINA norma en su artículo 146 que ningún adolescente podrá ser sometido a ninguna medida establecida, si no se comprueba que su conducta daña o pone en peligro un bien jurídico tutelado. B. Racionalidad y proporcionalidad Es importante tener claridad de que el fin del proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal es eminentemente educativo y que se orienta a su formación integral y a la inserción social y familiar. En estos casos la intervención estatal se aleja de la retribución o castigo, lo cual implica dos situaciones importantes: en primer lugar, que debe existir una
  30. 30. 3 3Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala diferencia cualitativa entre una consecuencia jurídica del delito para los adultos y para los menores de edad. Mientras que para los adultos se estipula como pena principal la privación de libertad, contemplada en el artículo 19 de la Constitución 25 , para los menores de edad, programas educativos. La segunda consecuencia es separar a los adolescentes del proceso penal de adultos, para la aplicación de las medidas socioeducativas, contemplada en el artículo 20 de la Constitución, lo cual es congruente con la Convención sobre los Derechos del Niño. Con lo anterior se prevé un uso racional de la violencia estatal en el ejercicio del ius puniendi, y la aplicación de una forma extensiva del principio de proporcionalidad al incluir en su interpretación no sólo la gravedad del hecho realizado, sino las circunstancias personales, familiares y sociales del adolescente (Solórzano, 2006:113), y con ello garantizar un adecuado abordaje desde un enfoque integral. La Convención, en su artículo 40 numeral iv, establece que los Estados deben disponer de diversas medidas, diferentes a la internación en instituciones, para asegurar que los adolescentes sean tratados de manera apropiada para su bienestar y que dichas medidas guarden proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción cometida. En la misma línea, las Reglas de Beijing establecen que el sistema de justicia penal juvenil debe hacer hincapié en el bienestar de los adolescentes y garantizar 25 El sistema penitenciario debe tender a la readaptación social y a la reeducación de los reclusos, así como debe cumplir en el tratamiento de los mismos con las siguientes normas mínimas: a. Deben ser tratados como seres humanos; no deben ser discriminados por motivo alguno, ni podrán infligírseles tratos crueles, torturas físicas, morales, psíquicas, coacciones o molestias, trabajos incompatibles con su estado físico, acciones denigrantes a su dignidad, o hacerles víctimas de exacciones, ni ser sometidos a experimentos científicos; b. Deben cumplir las penas en los lugares destinados para el efecto. Los centros penales son de carácter civil y con personal especializado; y, c. Tienen derecho a comunicarse, cuando lo soliciten, con sus familiares, abogado defensor, asistente religioso o médico, y en su caso, con el representante diplomático o consular de su nacionalidad. La infracción de cualquiera de las normas establecidas en este artículo, da derecho al detenido a reclamar del Estado la indemnización por los daños ocasionados y la Corte Suprema de Justicia ordenará su protección inmediata. El Estado deberá crear y fomentar las condiciones para el exacto cumplimiento de lo preceptuado en este artículo.
  31. 31. 3 4 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala que cualquier respuesta o medida sea en todo momento proporcionada a las circunstancias del delincuente y del delito (regla 5.1). En ese sentido la LPINA es congruente con la normativa internacional al establecer, en el artículo 157, que las sanciones que se impongan dentro del proceso tendrán que ser racionales y proporcionales a la transgresión cometida por el adolescente que viole la ley penal. También el artículo 222 literal «a» regula que las respuestas a los adolescentes en conflicto con la ley penal serán siempre proporcionales a las circunstancias y a la gravedad del hecho, al grado de exigibilidad y a sus circunstancias y necesidades. C. Oralidad El principio de oralidad consiste en que todas las etapas del proceso penal juvenil, al igual que el de adultos, deben exponerse oralmente, lo cual garantiza resultados importantes, tales como celeridad procesal, vivencia en la exposición y eficacia en el descubrimiento de la verdad (López Contreras, 2005:152). La Constitución, en su artículo 12 establece que nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente. Este artículo, por tanto, implica como presupuesto el derecho a ser oído, lo cual no se puede dar sin la expresión oral de una persona que la emita; es decir, para que una persona sea oída debe previamente dársele la oportunidad de hablar (ICCPG, 2007:21). En congruencia con lo establecido en la Constitución, en relación a un juicio previo democrático, de forma expresa la LPINA, en su artículo 142, indica que «todas las actuaciones en el proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal serán gratuitas y se efectuarán oralmente».
  32. 32. 3 5Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala D. Inmediación El principio de inmediación garantiza y determina la presencia inmediata de los sujetos procesales en cada una de las actividades que se desarrollan durante el proceso penal juvenil, en un mismo espacio y lugar. En ese sentido es el Juez el actor más importante de todos, sin cuya comparecencia no existe decisión judicial válida (López Contreras, 2005:152), ya que en él recae la exclusividad de la función jurisdiccional. En cuanto al principio de inmediación, la Constitución regula, en el artículo 12, que nadie podrá ser condenado sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente preestablecido, el facultado para juzgar, quien escucha tanto al acusado como al acusador; nadie podría ser vencido sin la presencia del juzgador, siendo en consecuencia una construcción de inmediación fundamental (ICCPG, 2007:21). En ese sentido, la LPINA, en congruencia con lo establecido en la ley constitucional, dictamina en el artículo 142 que el Juez o tribunal en su caso, el fiscal, el abogado defensor, el adolescente acusado y las partes procesales deberán asistir personalmente al desarrollo íntegro de todas las audiencias que se señalen, lo cual implica inmediación procesal. E. Juez imparcial Para el adecuado desarrollo del proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal, así como el alcance de los fines educativos del mismo, es vital y de suma importancia la objetividad e imparcialidad del juez o tribunal en la actuación judicial, la cual se enmarcará en el control y el respeto a los derechos y a las garantías fundamentales establecidas en todo el marco jurídico nacional e internacional en materia de justicia penal juvenil. En ese sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño regula en su artículo 37, literal «d», que los adolescentes en conflicto con la ley penal
  33. 33. 3 6 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala privados de libertad, tienen derecho a impugnar la legalidad de la privación de libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción. Reforzando lo anterior, las Reglas de Beijing, establecen que los adolescentes a quienes se les dictara una sentencia, han de ser puestos a disposición de la autoridad competente (corte, tribunal, junta, consejo, etc.), la cual decidirá con arreglo a los principios de un juicio imparcial y equitativo (regla 14.1). A pesar de contar con un marco normativo a nivel internacional sobre la imparcialidad de la actuación judicial, en la LPINA no existe un artículo o descripción normativa que lo señale. DERECHO DE DEFENSA Es indudable que el reconocimiento del adolescente en conflicto con la ley penal como sujeto de derechos, tiene implicaciones directas dentro del proceso iniciado en su contra. En un Estado de Derecho, la persona acusada de un hecho delictivo ya no es más un objeto del proceso, ni mucho menos, como lo pretende la doctrina de la situación irregular, objeto de protección. Por tal motivo, su participación dentro del proceso debe ser activa y esto por dos situaciones: la primera, manifestada en el principio de contradicción, explicada como característica básica del juicio, pues sin una oposición presentada en contra del órgano responsable de la persecución penal, el juez responsable de la toma de decisiones quedará únicamente con la información proporcionada por una de las partes, lo cual, en la lógica del juicio, resulta contraproducente para la producción de la verdad. La segunda situación se refiere a que, como persona, tiene derecho de influir en la decisión, ya sea para desvirtuarla totalmente o bien para disminuir sus efectos. La defensa es el derecho intangible que tiene todo ciudadano a enfrentar los cargos que se realicen en el curso de un proceso penal. La inviolabilidad del derecho de defensa es la garantía fundamental con la que cuenta el
  34. 34. 3 7Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala ciudadano, porque es el único que permite que las demás garantías tengan una vigencia concreta dentro del proceso penal (Binder, 2002:155). Este principio está consagrado en el artículo 12 de la Constitución, incluso junto a la garantía de juicio previo y debido proceso: «La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido». A. Defensa material El derecho de defensa es un derecho del imputado, el cual debe ejercer personalmente y se denomina «defensa material». El derecho de defensa material se concreta primordialmente a través de lo que se conoce como el «derecho a ser oído» o el «derecho a declarar en el proceso» (Binder, 2002:156). En el caso de adolescentes transgresores de la ley penal, la defensa material presenta algunos riesgos de ser asumida en virtud de su falta de experiencia y por temores propios de la edad (Solórzano, 2006:111). La Convención, en relación a la defensa material, establece en su artículo 40, inciso 2, numeral iv, que se le garantizará a los adolescentes de quienes se alegue han infringido la ley penal «que podrán interrogar o hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener la participación y el interrogatorio de testigos de descargo en condiciones de igualdad». En congruencia con lo anterior, el artículo 155 de la LPINA regula que «los adolescentes tendrán derecho de presentar las pruebas y los argumentos necesarios para su defensa y de rebatir cuando sea contrario. En ningún caso podrá juzgárseles en su ausencia». Asimismo, el derecho de opinión de los adolescentes en cualquier fase del proceso, que deberá ser tomada en cuenta, es un refuerzo a la defensa material.
  35. 35. 3 8 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala B. Defensa técnica El derecho de defensa técnica de los adolescentes se garantiza a través de la asistencia de un defensor letrado, es decir, por un abogado que, con su conocimiento de las leyes y del proceso, acreciente sus posibilidades de defensa. La defensa técnica contribuye a que el proceso responda a las exigencias del Estado de Derecho; y en esto último consiste su función «pública» o «social»: su contribución, a través de la asistencia al imputado particular, a la legitimidad de los juicios en un Estado de Derecho (Binder, 2002:159). En relación a lo anterior, se hace necesario que si el adolescente no cuenta con los medios para obtener la asesoría de un abogado defensor, le sea propuesto por el Estado en forma gratuita. En ese sentido la Convención dicta en el artículo 40, inciso 2, literal «b.ii», que se dispondrá de asistencia técnica jurídica u otra asistencia apropiada en la preparación y presentación de la defensa del adolescente en conflicto con la ley penal. Asimismo, las Reglas de Beijing establecen que el adolescente tendrá derecho a hacerse representar por un asesor jurídico durante todo el proceso o a solicitar asistencia jurídica gratuita cuando esté prevista la prestación de dicha ayuda en el país (Regla 15.1). En congruencia con lo anterior, la LPINA establece en el artículo 154 que los adolescentes tendrán derecho a ser asistidos por un defensor, desde el inicio de la investigación y hasta que cumplan con la medida que les sea impuesta. C. Derecho a un intérprete La realidad multicultural de Guatemala por estar conformada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya, así como los garífunas y xincas, y en virtud de hablarse idiomas diferentes al español, supone un reto en materia de acceso a la justicia. Es debido a esa realidad que surge la necesidad de acercar el sistema judicial a los usuarios, a través de una persona que facilite la comunicación en los diferentes idiomas existentes en el país. En ese sentido, los
  36. 36. 3 9Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala adolescentes en conflicto con la ley penal no pueden ser informados de los hechos que se les responsabiliza en otro idioma que no sea el materno, el que habla y comprende, por lo que tampoco se le puede exigir expresarse en el idioma español si no es su idioma materno (ICCPG, 2007:25). En ese sentido, la Convención en su artículo 40, numeral 2, literal «b.iv», establece que los adolescentes contarán con la asistencia gratuita de un intérprete si no comprenden o no hablan el idioma utilizado por ellos. Del mismo modo, las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad indican que los adolescentes que no conozcan suficientemente el idioma hablado por el personal del establecimiento de detención, tendrán derecho a los servicios gratuitos de un intérprete siempre que sea necesario (regla 6). En congruencia con lo anterior y con lo establecido en la legislación internacional, la LPINA regula en su artículo 143 que «el adolescente tiene derecho a un intérprete gratuito, para que lo asista en todas las diligencias en que sea necesaria su presencia y siempre que no comprenda o no hable el idioma utilizado»; en el mismo sentido, el artículo 159 establece que «en caso de ser sometidos a una sanción privativa de libertad… deberá garantizárseles un intérprete y que el juicio se desarrolle en su idioma tal como está previsto para los adultos». Con la defensa técnica y la asistencia del intérprete durante todo el desarrollo del proceso, disminuye la condición de vulnerabilidad de los adolescentes al ser sometidos a un proceso de naturaleza punitiva. ACUSATORIO La definición sustancial del juicio como racionalidad y su forma, que implica el contradictorio, elemental para oponer distintas visiones del hecho sometido a «juicio», implica un elemento básico: la imparcialidad de la persona responsable de la decisión final, esto es el juez. Dicha circunstancia no se puede sostener, sin que exista una persona responsable de formular
  37. 37. 4 0 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala los cargos, y por lo tanto, realizar también la investigación criminal correspondiente, esto es el fiscal del Ministerio Público. El principio acusatorio, adquiere así, una importancia clave para el desarrollo del debido proceso y también para garantizar su efectividad. El nuevo sistema acusatorio nace en el año 1996, a partir de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal guatemalteco, Decreto 51-92 del Congreso de la República. A. Carga de la prueba Para comprobar la responsabilidad de un adolescente en la comisión de un hecho delictivo es necesario contar con las pruebas aportadas por el ente acusador. En ese sentido, no es obligatorio para la defensa presentar pruebas, ni mucho menos para el juez, quien tiene como función exclusiva el resolver el conflicto y el velar porque se respeten los derechos y garantías procesales. El artículo 251 de la Constitución norma que es al Ministerio Público al que le corresponde el ejercicio de la acción penal, y por lo tanto sobre él recae la carga de la prueba, en virtud de la presunción de inocencia. En congruencia con lo establecido en la Constitución, la LPINA en su artículo 108 último párrafo establece que «corresponderá al Ministerio Público, a través de la fiscalía especializada de la adolescencia, la investigación de aquellos hechos contrarios a la ley penal, atribuibles a adolescentes». También el artículo 168 dicta que el Ministerio Público, deberá realizar los actos necesarios para promover y ejercer de oficio la acción penal pública. Complementando lo anterior, el artículo 169 regula que el Ministerio Público iniciará la investigación y la persecución penal del adolescente, practicando todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho delictivo, la autoría o participación del adolescente o en su caso, de personas adultas y verificar el daño causado; también solicitará las pruebas, las aportará, y cuando proceda, participará en su producción. Es importante resaltar que, a pesar de ser la institución
  38. 38. 4 1Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala en quien recae la persecución penal y carga de la prueba, en todas las fases del proceso el fiscal de adolescentes debe actuar con objetividad, imparcialidad y apego a los principios de la LPINA. En relación a la carga de la prueba durante el proceso, el modelo normativo de la LPINA contempla también que el adolescente pueda asumir, según su interés, una actitud pasiva durante el proceso, es decir, abstenerse de declarar, lo cual no debe ser interpretado en su contra, como se establece en su artículo 149. B. Presunción de inocencia Resulta una convención dentro del Estado de Derecho, que la declaración de culpabilidad solamente puede dictarse en un juicio con las características indicadas anteriormente. Lo cual trae como corolario que mientras una sentencia no declare su responsabilidad, en sentido específico, el adolescente en conflicto con la ley penal debe ser considerado inocente. Las consecuencias directas del principio de inocencia no sólo se refieren a la declaración de responsabilidad en el juicio, lo cual ya es bastante, pues debe tener implicaciones prácticas al momento del diseño normativo, de tal manera que su descripción no quede como una simple declaración de buena voluntad, sin que la misma cause algún impacto en las prácticas judiciales. Para que un modelo normativo tenga impacto directo en las prácticas judiciales, es necesario incluir, por ejemplo, dos elementos que se derivan del principio de inocencia: el primero se refiere a que la persona sujeta a un proceso no está obligada a probar su inocencia, lo cual significa que la carga de la prueba recae sobre el órgano responsable de la persecución penal, en este caso el Ministerio Público; y en segundo lugar, no menos importante, el trato que como inocente merece el adolescente durante el proceso, esto es, las implicaciones directas en las medidas de coerción. Esta convención universal, está contemplada en la Constitución en su artículo 14: «Toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado
  39. 39. 4 2 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada». De igual forma, la Convención, retoma esta garantía en los siguientes términos: «Que se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley». Las Reglas de Beijing también regulan que, «en todas las etapas del proceso se respetarán garantías procesales básicas tales como la presunción de inocencia» (regla 7.1). En congruencia con lo anterior, el artículo 147 de la LPINA establece que «a los adolescentes se les presumirá inocentes hasta tanto no se les compruebe, por los medios establecidos en esta ley u otros medios legales, su participación en los hechos que se les atribuyen». También, es en cuanto al trato como inocente, que la LPINA contempla el uso restrictivo de las medidas de coerción, evitando en todo momento, la posibilidad de utilizar la prisión provisional. DEMOCRATIZACIÓN DEL PROCESO A. Separación de funciones La base del sistema acusatorio se encuentra en la separación de las funciones de los actores que intervienen en el proceso penal de adolescentes en conflicto con la ley penal. En base al principio contradictorio, existe la figura del ente encargado de la persecución penal y carga de la prueba, en controversia con los intereses del defensor técnico en representación del adolescente. También resalta la figura del juez, quien tiene la exclusividad de la función jurisdiccional y debe desempeñar su rol de una forma eminentemente imparcial, velando únicamente porque se respeten los derechos y garantías procesales establecidos en la normativa nacional e internacional, que revisten un proceso penal juvenil democrático. En relación a lo anterior, la Constitución regula en su artículo 203 que «corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado… Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a lo establecido
  40. 40. 4 3Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala en la Constitución Política de Guatemala y a las leyes. La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca». En su artículo 251, la Constitución indica que al Ministerio Público «le corresponde el ejercicio de la acción penal pública». Por último, en el texto constitucional no se encuentra regulada la defensa en forma explícita, sin embargo de la lectura sistemática de los artículos 7, 8 y 12, surge la institución de la defensa técnica (ICCPG, 2007:25). En congruencia con el texto constitucional, la LPINA establece la función jurisdiccional a cargo de los Juzgados de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal en los artículos 99 (Organización de la jurisdicción), 105 (Atribuciones de los Juzgados de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal) y 160 (Juzgados y tribunales competentes). La función exclusiva de persecución penal y carga de la prueba del Ministerio Publico está contemplada en los artículos 108 (Atribuciones del Ministerio Público), 168 (Ministerio Público) y 169 (Funciones del Ministerio Público), de la LPINA. Al igual que en el texto constitucional, la LPINA no regula la defensa en forma explícita. Sin embargo, en los artículos 154 (Principio de inviolabilidad de la defensa), 155 (Derecho de defensa) y 167 (Defensores), también se institucionaliza la defensa técnica. B. Soluciones anticipadas Las soluciones anticipadas, conocidas también como formas anticipadas de terminación del proceso penal de adolescentes, tienen un carácter desjudicializador. En ese sentido, estas medidas desjudicializadoras deben entenderse desde una perspectiva material a través de un análisis de la tipicidad como categoría jurídica del delito. Es decir, aquellos hechos que no tienen suficiente entidad como para apreciar una afectación material del bien jurídico, deben ser objeto de desjudicialización (Rodríguez, 2006:18).
  41. 41. 4 4 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala Las formas anticipadas de terminación del proceso se basan en los principios de intervención mínima, racionalidad, proporcionalidad, flexibilización y diversificación, teniendo como fines generales el reducir la afectación social, moral y psicológica que el proceso penal puede generarle al adolescente; economía procesal; mayor efectividad a los postulados de la legislación especial de la niñez y adolescencia; involucramiento de la comunidad en las soluciones de la delincuencia juvenil; y, reducción de la criminalización que produce el sistema penal. Asimismo, dichas medidas tienen los fines específicos de conservar al máximo posible el ritmo normal diario de vida y entorno del adolescente; permitir al adolescente una comprensión adecuada de su conducta y generar un sentimiento de responsabilidad por sus actos y de respeto de los derechos de terceros; y, entender la delincuencia de los adolescentes como un episodio de la adolescencia (Solórzano, 2006:146). El principio acusatorio incluye también la potestad del órgano de persecución, Ministerio Público, de disponer, en determinados casos reglados por la LPINA, del ejercicio de la acción pública; esto es, la búsqueda de soluciones simplificadas del proceso, que incluyen mejores soluciones al conflicto presentado ante los tribunales y la posibilidad de resarcimiento para la víctima. La Constitución no regula las formas anticipadas de terminación del proceso, sin embargo la Convención en su artículo 40, numeral 3, literal «b», establece que los Estados Partes, siempre que sea apropiado y deseable, adoptarán medidas para tratar a los adolescentes sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías legales. La LPINA, en congruencia con los principios anteriormente mencionados y con carácter desjudicializador, indica en el artículo 184 las tres formas anticipadas de terminación de procesos: a) conciliación, b) remisión, y, c) criterio de oportunidad reglado.
  42. 42. 4 5Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala La conciliación está desarrollada en el artículo 185 de la LPINA: «es un acto voluntario entre la parte ofendida y el adolescente o sus padres, tutores o responsables… y que no podrá autorizarse cuando se vulnere el interés superior del adolescente». Procede de oficio o a instancia de parte, siempre que existan indicios de la participación del adolescente, y podrá promoverla el fiscal ante el juez, quien previa opinión favorable del abogado defensor, y del adolescente, podrá autorizarla, tal como se establece en el artículo 187 de la LPINA. La figura novedosa de la remisión se establece en el artículo 193 de la LPINA, el cual expresa que el juez podrá examinar la posibilidad de no continuar el proceso cuando la acción contenida estuviere sancionada en el Código Penal con pena de prisión cuyo mínimo sea inferior a tres años; lo anterior, tomando en consideración el grado de participación en el daño causado y la reparación del mismo. Asimismo, el juez, previo acuerdo de las partes, resolverá remitir al adolescente a programas comunitarios con el apoyo de su familia y bajo control de la institución que los realice. Si no hay acuerdo de las partes, el proceso continuará. El criterio de oportunidad reglado, se regula en el artículo 194 de la LPINA, como una potestad del fiscal, previa autorización judicial, de prescindir total o parcialmente de la persecución penal pública, cuando se trate de un hecho que por su insignificancia o por la reducida participación del adolescente en la realización del hecho, no afecte el interés público. CONCLUSIONES La nueva normativa basada en la doctrina de protección integral contenida en la LPINA se ajusta a los estándares internacionales en materia de justicia penal juvenil, al ser una ley que reconoce todos los derechos y garantías procesales. El reto radica en implementarla adecuadamente, lo cual además de la creación
  43. 43. 4 6 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala de procedimientos e instituciones, también debe suponer un cambio cultural de los funcionarios de justicia que intervienen en los procesos de adolescentes en conflicto con la ley penal, utilizando la privación de libertad como último recurso.
  44. 44. 4 7Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala ASPECTO ACCESO Luis Ramírez María Antonieta Cordón Este aspecto consiste en que el acceso a la justicia, en este caso penal juvenil, es un derecho de los ciudadanos, que se convierte en una obligación para el Estado, de proporcionarles los mecanismos adecuados para que todos ellos (independientemente de su condición socioeconómica y cultural), puedan acudir al sistema de justicia para la resolución de sus conflictos. La Constitución Política de Guatemala establece que es deber del Estado garantizar la justicia a la persona. Con esta aclaración constitucional, queda dilucidado, en el caso de Guatemala, que el acceso a la justicia penal juvenil de los ciudadanos -víctimas, adolescentes en conflicto con la ley penal y familiares de ambos-, al mismo tiempo que constituye un servicio público, por ser exclusivo del Estado y no delegable, es ante todo un deber del Estado. De esta manera, el acudir al sistema de administración de justicia penal juvenil, que constituye la última frontera donde los ciudadanos perciben si sus derechos son efectivamente respetados y garantizados, equivale al ejercicio de un derecho, el cual, al no realizarse por imposibilidad del sistema, constituye violación al derecho de dotación de justicia. Para poder explicar el grado de mayor o menor acceso a la justicia penal juvenil es imprescindible definir sus principales características: En primer lugar se señala la continuidad, en el entendido de que este servicio público no debe dejar de prestarse por ningún motivo. Esto implica
  45. 45. 4 8 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala que se deberá estar en constante observación para evitar que las circunstancias institucionales, políticas, sociales y económicas afecten la prestación del servicio; es decir, que los ciudadanos no encuentren obstáculos en el ejercicio de sus derechos. Como segunda característica está la adaptación del servicio a las condiciones imperantes. En este sentido se señala que en determinadas circunstancias se deberán reforzar áreas del sistema de administración de justicia penal juvenil que respondan a las necesidades concretas de los ciudadanos. Estudios específicos sobre la problemática local constituyen las mejores herramientas para detectar las necesidades y reorientar recursos de la justicia penal juvenil hacia las necesidades locales y no esperar que la comunidad se adapte a las condiciones del sistema. Un tercer elemento lo constituye el principio de igualdad. El hecho de reconocer que en Guatemala todos los seres humanos son iguales ante la ley, es importante, pero no suficiente. Existen condiciones estructurales (económicas, sociales, de género, políticas y culturales), que demuestran lo contrario. La función de la administración de justicia penal juvenil en este aspecto es vital, pues se trata de que estas condiciones de desigualdad real se diluyan al momento de hacer efectivo el cumplimiento de la ley. La Constitución reconoce para todas las personas la defensa de sus derechos (art. 12), lo que implica en el ámbito penal que tanto el sindicado, que en este caso sería el adolescente, como la víctima, dispongan en igualdad de circunstancias, de oportunidades para presentar sus argumentos frente a un juez especializado, imparcial e independiente. Como cuarta característica, y no menos importante, se encuentra la gratuidad en el acceso a la justicia penal juvenil, aunque en algunas circunstancias esto no es absoluto, pues el ciudadano directa o indirectamente, tendrá que sufragar algunos gastos. La gratuidad debe ser entendida como la posibilidad real de toda persona de acudir físicamente al sistema de justicia penal juvenil y defender sus derechos
  46. 46. 4 9Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala mediante una adecuada representación que no implique para él un costo tal, que convierta en nugatorio el derecho de acceso y atención. Y por último está la celeridad, en el entendido que la respuesta a la solicitud de justicia penal juvenil debe darse en un tiempo razonable. En este sentido, los plazos establecidos en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia –LPINA– son lo mínimo de cumplimiento, especialmente en los casos de los adolescentes; sin embargo, si la respuesta se puede ofrecer antes de los plazos, sin negar por supuesto el derecho de defensa, los funcionarios judiciales especializados estarán en la obligación de responder, incluso, antes de los plazos previstos. Con lo descrito se puede afirmar que el acceso a la justicia penal juvenil, como derecho ciudadano y con el fin de garantizar su efectivo cumplimiento será: continuo, oportuno, debe otorgarse en condiciones de igualdad, en forma gratuita y cumplimiento mínimo de los plazos razonables establecidos por la ley. Uno de los elementos fundamentales del proceso de transición democrática, profundizado por los Acuerdos de Paz, lo constituye la reforma a la legislación en materia penal juvenil, donde el acceso a la justicia de los ciudadanos es su elemento transversal. A tal grado llega su identificación que, en términos generales, el discurso de la reforma de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia se confunde con el de garantizar el acceso a la justicia. Esto es así, debido en primer lugar, al reconocimiento de que garantizar a los ciudadanos la exigibilidad de sus derechos reconocidos constituye un elemento fundamental para legitimar el ejercicio del poder; y, en segundo lugar, proporcionar a los ciudadanos espacios de resolución de conflictos en forma tal que disminuya la violencia social. ¿Cuáles podrían ser, en términos generales, los indicadores que permitan visualizar los avances o retrocesos respectivos al cumplimiento de la obligación de un efectivo acceso a la justicia penal juvenil en condiciones
  47. 47. 5 0 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala de igualdad? En primer lugar, se tendrían que definir las características generales de la población y sus necesidades para identificar el modelo de justicia que garantice su acceso; en otras palabras, adecuar la justicia a sus necesidades. Tres elementos sobresalen para definir los indicadores estructurales sobre el acceso a la justicia penal juvenil: la composición social de la población; la situación geográfica y de comunicaciones; y las características generales de la oferta estatal en su distribución geográfica, que incluye perfiles de los funcionarios de justicia especializados (jueces, fiscales, defensores y policías) y su distribución geográfica. Es deber del Estado que la aplicación de esta ley (LPINA) esté a cargo de órganos especializados, cuyo personal deberá tener la formación profesional y moral que exige el desarrollo integral de la niñez y adolescencia, según la función que desempeñe y conforme a las disposiciones generales… 26 . ADAPTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL JUVENIL A LAS NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS Esta variable debe entenderse como la capacidad que tiene el Estado de adaptarse a las condiciones económicas, culturales y sociales de los ciudadanos, teniendo cobertura a nivel nacional, departamental, municipal y comunitario. El Estado tiene la obligación de garantizar la presencia física de sus instituciones de justicia penal juvenil: Organismo judicial (OJ) –juzgados de primera instancia de niñez y adolescencia y adolescentes en conflicto con la ley penal–, Ministerio Público (MP) –fiscalías de menores o de la niñez–, Defensa Pública Penal (IDPP) –unidades de adolescentes en conflicto con la ley penal– y Policía Nacional Civil (PNC) –secciones de la niñez y adolescencia–, para que los ciudadanos, puedan utilizar el servicio 26 Véase artículo 4 LPINA.
  48. 48. 5 1Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala público de la justicia penal sin importar su condición de clase, etnia, género u otra. La cantidad de instituciones judiciales especializadas es importante; sin embargo, éstas no funcionan por sí mismas, necesitan funcionarios que tengan poder de decisión para darle una respuesta inmediata al conflicto del ciudadano y proporcionarle una atención especializada en los servicios públicos o de naturaleza pública 27 . Sumado a lo anterior, las instituciones deben ubicarse geográficamente lo más cerca posible de la residencia de los ciudadanos, que en este estudio serán denominados usuarios, disminuyendo el tiempo y costos de movilización en que éstos incurren al hacer uso del servicio a la justicia penal juvenil. A. Instituciones de justicia penal juvenil El Estado se manifiesta a través de sus instituciones y funcionarios; así, su presencia o ausencia se define por el nivel de cobertura de sus instituciones en todo el territorio. La carencia de las diferentes instancias de justicia penal juvenil en lugares determinados, imposibilita que los usuarios puedan acudir para la solución de sus conflictos. Es claro que la cantidad no garantiza la calidad del servicio, pero sí al menos la disponibilidad física y presencia estatal. Es difícil afirmar que la distribución numérica de las agencias de justicia penal juvenil sea adecuada o inadecuada debido a que influyen otros factores como el número de funcionarios especializados, su cultura, el modelo de organización y gestión del despacho judicial y los recursos económicos con los que la agencia cuenta para desempeñar sus funciones con eficacia y eficiencia. No obstante, sí es importante que las mismas se 27 Véase artículo 6 LPINA.
  49. 49. 5 2 Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala encuentren ubicadas en los departamentos, municipios, aldeas, cantones y caseríos que presenten más población y conflictos penales juveniles. En la tabla No. 1 están incluidas las instituciones del sistema de justicia penal juvenil que tienen jurisdicción en todo el territorio. Para el Organismo Judicial se tomaron en cuenta los juzgados de primera instancia de niñez y adolescencia y adolescentes en conflicto con la ley penal. Para el Ministerio Público se consideró a las fiscalías de menores o de la niñez. Para la Defensa Pública Penal se consideró a las unidades de adolescentes en conflicto con la ley penal. Y por último, para la Policía Nacional Civil se tomaron en cuenta las secciones de la niñez y adolescencia 28 . El Organismo Judicial a través de los juzgados de primera instancia especializados tiene presencia en 12 departamentos del país, con un total de 16 juzgados. Los Juzgados de Primera Instancia de Niñez y Adolescencia y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal se encuentran distribuidos de la siguiente forma: Juzgado de Petén, con cobertura en el departamento de Petén; Juzgado de Alta Verapaz, con cobertura en los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz; Juzgado de Chimaltenango, con cobertura en los departamentos de Chimaltenango, Sololá y Sacatepéquez; Juzgado de Quiché, con cobertura en el departamento de Quiche; Juzgado de Escuintla con cobertura en el departamento de Escuintla; Juzgado de Suchitepéquez, con cobertura en los departamentos de Suchitepéquez y Retalhuleu; Juzgado de Quetzaltenango, con cobertura en los departamentos de Quetzaltenango y Totonicapán; Juzgado de Coatepeque, con cobertura en el municipio de Coatepeque; Juzgado de Huehuetenango, con cobertura en el departamento de Huehuetenango; Juzgado de San Marcos, con cobertura en el departamento de San Marcos; Juzgado de Malacatán, con cobertura 28 La unidad especializada de la niñez y adolescencia de la Policía Nacional Civil, tendrá como objetivo principal, el capacitar y asesorar sistemáticamente a todos los miembros de la Institución, sobre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes (artículo 96 LPINA).
  50. 50. 5 3Observatorio de Justicia Penal Juvenil en Guatemala en el municipio de Malacatán; Juzgado de Jutiapa, con cobertura en los departamentos de Jalapa y Santa Rosa; Juzgado de Zacapa, con cobertura en los departamentos de Zacapa, Chiquimula, El Progreso e Izabal; Juzgados 1ero. y 2do. de Guatemala, con cobertura en el departamento de Guatemala; y Juzgado de Mixco, con cobertura en el municipio de Mixco del departamento de Guatemala. Como se puede apreciar, no existe presencia del Organismo Judicial – juzgados de primera instancia especializados – en todos los departamentos y municipios del país, limitando el acceso de los usuarios al sistema de justicia penal juvenil por la distancia que deben recorrer para acceder a los juzgados en la materia. Aunque los mismos tengan cobertura a nivel nacional, su distribución geográfica es limitada e insuficiente. Y ello, aún y cuando la LPINA establece que la competencia por razón de territorio deberá ser determinada para los adolescentes en conflicto con la ley penal por el lugar donde se cometió el hecho 29 . En cuanto al Ministerio Público, existen las fiscalías de menores o de la niñez; las hay en los mismos departamentos que el Organismo Judicial tiene presencia –juzgados especializados–, es decir, en 12 departamentos del país, con un total de 12 fiscalías. De igual importancia, aunque con funciones distintas, se encuentra el Instituto de la Defensa Pública Penal, con el mismo número de agencias especializadas que el Ministerio Público. Si bien es cierto existen oficinas jurídicas con abogados particulares que podrían llevar a cabo las funciones del Instituto de la Defensa Pública Penal, también es cierto que un alto porcentaje de la población vive en condiciones de pobreza y extrema pobreza que imposibilitan su contratación de forma privada. La presencia que resalta es la de la Policía Nacional Civil, quien debe cumplir funciones tan diversas como la prevención, la reacción e 29 Véase artículo 101 LPINA.

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