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El Estado debe combatir la Evasión Fiscal respetando la Seguridad Jurídica

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Es necesario que en El Salvador se mejore la administración
tributaria y la eficiencia del sistema de fiscalización y
recaudación, con un firme combate a delitos tales como
la evasión fiscal. Toda persona que no cumpla con sus
obligaciones tributarias, debe ser sometida a un debido
proceso, con estricto respeto al Estado de derecho. A
quien se le compruebe haber cometido delitos contra la
Hacienda Pública, debe ser sancionado conforme con el
Código Penal, que establece penas de 4 a 8 años de prisión,
las cuales cumplen con el criterio de proporcionalidad.

Published in: Economy & Finance
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El Estado debe combatir la Evasión Fiscal respetando la Seguridad Jurídica

  1. 1. Posición institucional Es necesario que en El Salvador se mejore la administración tributaria y la eficiencia del sistema de fiscalización y recaudación, con un firme combate a delitos tales como la evasión fiscal. Toda persona que no cumpla con sus obligaciones tributarias, debe ser sometida a un debido proceso, con estricto respeto al Estado de derecho. A quien se le compruebe haber cometido delitos contra la Hacienda Pública, debe ser sancionado conforme con el Código Penal, que establece penas de 4 a 8 años de prisión, las cuales cumplen con el criterio de proporcionalidad. Recientemente, en la Asamblea Legislativa se ha estado discutiendo una propuesta para que dichos delitos sean imprescriptibles, con el objeto de “contribuir al combate de la evasión y elusión fiscal”. Según la pieza de correspondencia que acompaña al decreto de reformas, “en el año 2013, los niveles de evasión fiscal rondaban la cantidad de dos mil millones de dólares”, cifra que técnicamente no ha sido demostrada. La prescripción de la acción penal significa que, después de un determinado tiempo, ya no se puede perseguir el delito, en aras de procurar la seguridad jurídica y la eficiencia del Estado en la pronta persecución del mismo, ya que la fiabilidad de las pruebas se ve afectada con el transcurso del tiempo. En América Latina y a nivel internacional, la tendencia es establecer un plazo de prescripción para este tipo de delitos, pues de lo contrario se genera un ambiente de incertidumbre jurídica en materia tributaria; además, se generan incentivos para dilatar o no iniciar los procesos respectivos. Los delitos que usualmente no prescriben, son los que consisten en graves violaciones a los derechos humanos. El Salvador, en línea con las convenciones internacionales sobre la materia, ha exceptuado de la regla general de la prescripción, en su normativa penal, a la tortura, el genocidio, el terrorrismo y el secuestro, entre otros. A diferencia de estos delitos, que presentan graves violaciones a los derechos humanos y en los que puede utilizarse una posición de poder, de derecho o de facto, para conseguir impunidad, en los delitos contra la Hacienda Pública no sucede lo mismo. Por el contrario, las personas están expuestas al poder de persecución penal, que debe ser ejercido con prontitud para que sea efectivo. Preocupa que propuestas irracionales de esta naturaleza, puedan utilizarse para amedrentar a los contribuyentes de forma indefinida, lo cual afecta el principio constitucional de seguridad jurídica. El Estado ya cuenta con los mecanismos legales para perseguir la evasión fiscal y sancionar a los responsables, por lo que su obligación es aplicar dichos mecanismos de forma efectiva, respetando el Estado de derecho. Exhortamos a la Asamblea Legislativa a no aprobar este tipo de medidas, que lejos de contribuir a mejorar el clima de inversión, tiene consecuencias adversas al mismo y contrarias a la seguridad jurídica, que es un elemento primordial del Estado del derecho. ELESTADODEBECOMBATIRLA EVASIÓNFISCALRESPETANDO LASEGURIDADJURÍDICA Antiguo Cuscatlán, 12 de noviembre de 2015

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