En resolución firmada hoy, la Sala de lo Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad por omisión parcial de la Ley de Probidad, por la presunta inobservancia del artículo 240 de la Constitución, así como de lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, al omitir la regulación de los mecanismos necesarios para garantizar la probidad de los funcionarios en el manejo de fondos públicos, así como investigar y sancionar el enriquecimiento ilícito.

1. Comunicado de prensa de la Sala de lo Constitucional
Sala admite demanda de inconstitucionalidad y suspende entrada en vigencia
de la Ley de Probidad
En resolución firmada hoy, la Sala de lo Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad
por omisión parcial de la Ley de Probidad, por la presunta inobservancia del artículo 240 de la
Constitución, así como de lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
y la Convención Interamericana contra la Corrupción, al omitir la regulación de los mecanismos
necesarios para garantizar la probidad de los funcionarios en el manejo de fondos públicos, así como
investigar y sancionar el enriquecimiento ilícito.
Los ciudadanos Roberto Enrique Rubio Fabián, Roberto Mauricio Rivera Ocampo, Claudia Beatriz
Umaña Araujo, Javier Castro De León, Raúl Alberto García Mirón y Francisco Javier Argueta Gómez,
manifestaron que en la Ley de Probidad no han sido regulados los elementos mínimos que doten de
contenido lo establecido en el artículo 240 inciso 1 y 4 de la Constitución, incurriendo, por tanto, en una
omisión legislativa. Asimismo, consideran que el legislador omitió regular el juicio civil y la consecuente
restitución al Estado del patrimonio obtenido de forma ilícita, por lo que la Corte Suprema de Justicia
no puede iniciar la acción civil correspondiente, lo cual constituye un fraude a la Constitución.
La Sala consideró que, en relación con la omisión legislativa alegada, los demandantes han cumplido
los requisitos para que la demanda sea admitida y analizar si la Asamblea Legislativa ha cumplido con
el mandato a que se refiere el artículo 240 incisos 1° y 4° de la Constitución (obligación para el Órgano
Legislativo de emitir la normativa correspondiente que contenga los mecanismos necesarios para
garantizar la probidad de funcionarios en el manejo de fondos públicos y, además, investigar y sancionar
el enriquecimiento ilícito); y, establecer si dicha omisión obstaculiza la eficaz aplicación de la
Constitución en garantizar la probidad de los funcionarios públicos en el manejo de los fondos del
Estado. Además, por la violación refleja del artículo 144 inciso 2 de la Constitución, al presuntamente
vulnerar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana
contra la Corrupción.
Como medida cautelar, la Sala de lo Constitucional ordenó –a partir de esta fecha– suspender
provisionalmente la entrada en vigencia de la Ley de Probidad. Al existir un vacío legal que desarrolle
lo establecido en el artículo 240 de la Constitución, el Tribunal establece que la Ley sobre el
Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, promulgada mediante Decreto
Legislativo n° 2833, de 24-IV-1959, publicado en el Diario Oficial n° 87, tomo 183, de 18-V-1959 –
posteriormente derogada por el art. 51 de la mencionada Ley de Probidad–, mantendrá su vigencia y
continuará formando parte de manera temporal del ordenamiento jurídico salvadoreño, hasta que exista
un pronunciamiento definitivo en el presente proceso constitucional o, en su caso, hasta que esta Sala
así lo determine.
La resolución de admisión del amparo fue firmada por unanimidad por los magistrados Florentín
Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco, Rodolfo González y Eliseo Ortiz.
San Salvador, 11 de enero de 2016.