Reforma educativa-epn

1,538 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,538
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Reforma educativa-epn

  1. 1. La Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto Cuadernos de Transición/ Documentos
  2. 2. Cuadernos de Transición/ Documentos Reforma Educativa: Documentos Indice Indicador Político martes 11 de diciembre de 2012………………………… 03 Indicador Político miércoles 12 de diciembre de 2012……………………… 06 Indicador Político jueves 13 de diciembre de 2012………………………… 09 Decreto de Reforma Educativa del Presidente Enrique Peña Nieto………… 12 Hacia una reforma del Sistema Educativo Nacional………………………… 30
  3. 3. Martes 11 de Diciembre, 2012 Carlos Ramírez * Acuerdo SEP daña más a la CNTE * Descentralización sindical, el pasivo
  4. 4. Carlos Ramírez i toda la narrativa política en la firma de la iniciativa de reforma educativa impulsada y avalada por el PAN, PRD y PRI en el Pacto por México se centró en el SNTE de la maestra Elba Esther Gordillo, la principal reacción de protesta se va a sentir por el lado de la coordinadora de maestros disidentes, la CNTE. Nacida en 1980 en Oaxaca y Chiapas, la Coordinadora es una organización autónoma, con vida propia y beneficiaria de sus propias negociaciones con los gobiernos estatales. La descentralización educativa de Salinas de Gortari de 1992 mantuvo la federalización del sindicato, sin duda el principal problema con el magisterio. Pero el SNTE, para evitar la fractura, cedió autonomía de algunas secciones y éstas operan como organismos antisistémicos. Entregadas a sus dirigencias para sus propias negociaciones, las secciones disidentes del magisterio crearon verdaderos imperios autonomistas. El caso más avanzado es Oaxaca: el gobernador priísta Heladio Ramírez López firmó en 1992 un acuerdo con la sección sindical para reforzar la separación del gabinete de la Secretaría de Educación Pública estatal y la creación de un Instituto, lo que provocó que la estructura de administración de la educación perdiera la fuerza de su centralización política y administrativa. Pero lo más grave fue la firma de un compromiso del gobierno estatal --no sólo el de Ramírez López sino todos los posteriores-- para ceder posiciones del Instituto de Educación Pública a líderes de la Sección XXII de maestros, “así como la obligación de no excluirles (a los miembros de la Sección XXII) en cualquier asunto de carácter educativo”. La superposición de fidelidades --los maestros como mentores pero también como funcionarios del área educativa-- se convirtió en el foco de conflicto. Con tal de tranquilizar a la XXII, el gobierno estatal como titular de las relaciones laborales le cedió a la sección sindical la capacidad de decidir el rumbo de la educación, el problema que tiene acogotado al gobierno estatal ante la beligerancia de los líderes sindicales: el compromiso de 1992 dividió la toma de decisiones en materia educativa: “las bases” sindicales de la XXII pueden influir en los “aspectos laborales, profesionales, S 2 social y técnico” de la educación. Es decir, el gobierno estatal entregó la educación a la sección XXII. Peor aún, por ese acuerdo del gobernador Ramírez López con la dirigencia de la XXII el gobierno estatal se comprometió a someter el nombramiento del director del IEEPO a la Sección XXII y a tomar en cuenta “la selección y nombramiento futuro de funcionarios del instituto como resultado de las propuestas de la representación sindical sean respetadas en la forma y términos acordados con antelación”. Y más: se aprobarían propuestas de la Sección “aun cuando cambie la estructura orgánica del instituto”. El sistema político cedía sus hilos de control social en materia educativa. El problema con el SNTE es político y de evaluación de profesores, además de la estructura de tráfico de plazas que, por cierto, se reproduce en todos los grandes sindicatos de empresas públicas, como los de Pemex, la CFE y otros. Pero la parte más grave y violenta de la
  5. 5. Carlos Ramírez relación del Estado nacional con los maestros ocurre en los estados de la república donde las secciones sindicales disidentes llevan a una doble revisión laboral: la que implica la titularidad del contrato de trabajo de la SEP con el SNTE y luego la segunda entre la sección sindical con el gobierno estatal. En Oaxaca existe la sección sindical más agresiva, pero ya no en defensa de la educación pública o del nivel de vida de los profesores sino en función de la imposición de lineamientos a la educación pública; el gobernador aliancista Gabino Cué, que paradójicamente llegó al poder con el apoyo de la XXII de maestros, es un rehén de la sección sindical que le impone condicionamientos a la educación pública, paraliza actividades en detrimento de la educación de los niños y estrangula la ciudad y las carreteras federales para exigir sometimiento… y privilegios. De hecho, la XXII de Oaxaca es la que establece la política de educación pública. Ante la evaluación exigida por la SEP hace un par de meses, la XXII obligó al gobernador a no realizarla e impuso sus propias condiciones. En la CNTE se localiza la peor parte de la pérdida de autoridad del Estado --en sus niveles local y federal-sobre la educación pública. Y ahí el problema no es de evaluación sino de relaciones de poder: la XXII provocó una crisis de gobernabilidad en el 2006 que incendió la capital de Oaxaca ante la demanda magisterial instaurar un gobierno popular, autogestionario y comunal con el pretexto educativo. De ahí que la parte más dura de la respuesta magisterial contra la reforma educativa del presidente Peña Nieto avalada por el PAN, el PRD y el PRI no va a venir del SNTE de la maestra Gordillo --al final de cuentas, la política es una cámara de descompresión--, sino de la CNTE de maestros disidentes porque la reforma va a regresarle al Estado la capacidad de decisión en política educativa, obligará a los maestros a dar clases y no a realizar marchas, partos y conflictos y tendrá que imponer castigos laborales. La reforma educativa tendría el objetivo de reimplantar el papel del Estado en la conducción de la educación pública. El poder político de la CNTE abarca los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán y parte del Estado de México. De ahí vendrán las marchas, las protestas, los paros y la violencia política, con el agregado de que a la CNTE se han sumado el SME, el YoSoy132 y otras organizaciones antisistémicas que van a convertir las calles en campos de batalla. La reconquista de la hegemonía del Estado en la educación se verá en Oaxaca, donde la reforma educativa deberá regresar a los maestros a las aulas a enseñar y alejarlos de las marchas y plantones. Por eso fue importante el apoyo del PRD a la iniciativa de Peña Nieto, porque los maestros disidentes ya no contarán con la alianza-complicidad perredista. www.grupotransicion.com.mx carlosramirezh@hotmail.com @carlosramirezh 3
  6. 6. Miércoles 12 de Diciembre, 2012 * SNTE-CNTE: letras y sindicato * Acuerdo CSG de 1992, reloaded Carlos Ramírez
  7. 7. Carlos Ramírez P ese a los dardos verbales SEP-SNTE por la reforma educativa, la iniciativa fue planchada --mal que bien-- en una reunión de cuatro horas el pasado viernes entre los más altos mandos del gobierno federal y el sindicato. Hasta donde se tiene el alcance de la iniciativa, la evaluación educativa, la supervisión en las plazas y el acceso al sistema educativo forman parte de una necesidad de modernización para restablecer la relación educación-sistema productivo que se había perdido durante años, del conflicto magisterial de 1956 a la caída de Carlos Jongitud Barrios en 1989 y que la modernización salinista no se había atrevido a tocar. De ahí que los verdaderos problemas del sistema educativo sean mucho mayores a las decisiones parciales que se haya tomado y algunos de ellos se potenciaron con “soluciones” que se transformaron en conflictos adicionales. El debate sobre la reforma educativa necesaria tendría que tocar cuando menos tres puntos esenciales: 1.- La reorganización de la estructura sindical. La descentralización educativa de Salinas de Gortari en 1992 cedió a los gobiernos estatales el manejo de los maestros, pero dejó latente la organización sindical nacional. Así, los gobernadores tienen que enfrentar una doble revisión contractual anual: la legal con el SNTE y la adicional con las secciones sindicales estatales. Salinas no modificó la estructura sindical nacional porque la necesitaba como aparato de control social de un millón de maestros y por desconfianza en la escasa capacidad de gobernadores para negociar con las secciones. 2.- La permanencia del sindicalismo como estructura de poder gremial y político y no como instrumento de mejora productiva de los sectores. El SNTE ha permanecido como problema en la medida en que se ha movido con autonomía política, a diferencia de los sindicatos petrolero o electricista que son un ejemplo de sumisión al poder. En el caso magisterial ha existido una lucha gremial histórica de confrontación con el Estado que los liderazgos de Robles Martínez, Jongitud y Gordillo sólo han administrado. El acuerdo de modernización de 1992 cometió el error estratégico de involucrar a la dirigencia del SNTE en los acuerdos, rompiendo la relación obrero-patronal. 3.- La educación en la Revolución Mexicana jugó 2 el papel de aparato de control ideológico del proyecto político revolucionario-priísta e intensificó esa función en los años cincuenta cuando el proyecto revolucionario se bajo del caballo y enfrentó la toma de posiciones por el Partido Comunista Mexicano. La modernización salinista excluyó del PRI el concepto de Revolución, Estado y justicia social y las organizaciones corporativas tuvieron que perder su perfil político. Los maestros debían de ganarse salarios y bienestar a base de un mejoramiento en su preparación, no en las manifestaciones de apoyo al régimen priísta. El modelo de desarrollo del gobierno priísta de Peña Nieto ya no necesita una estructura corporativa conformara por sindicatos-rémora, con bienestar de líderes y
  8. 8. Carlos Ramírez élites sólo en función de su dependencia del sistema político y del partido. La reactivación del desarrollo y las actividades industrial y agropecuaria requiere de mano de obra calificada, especializada, por lo que los sindicatos están condenados a regresar a formaciones gremiales de mejoramiento a cambio de productividad. El mensaje vino del modelo de desarrollo de Salinas de Gortari: mejoramiento productivo del nivel de vida, ya no una concesión del Estado a cambio de apoyo político y social. El otro avance en la reforma educativa de Peña fue el que dejó entrever con el trato político público --a pesar de negociaciones en privado--: el Estado reasume la rectoría de la educación, anulando lo establecido por el Acuerdo de Modernización Educativa de 1992 a través del cual el SNTE y su dirigencia tenía coparticipación en la definición de los objetivos de la educación; ello había llevado a una constante confrontación entre el SNTE y algunas de sus secciones más activistas con el gobierno federal y gobiernos estatales, porque los sindicalistas ponían siempre por delante sus beneficios en salarios y prestaciones y autonomía en la elección de dirigencias seccionales. El intercambio siempre afectaba al Estado porque le reducía su margen de maniobra para la definición de estrategias educativas. Este manejo de detalles estuvo detrás del estilo de la ceremonia de firma de la iniciativa de ley: el Estado --gobierno, poderes, partidos-- en la representación del presidente de la república tomó la decisión de definir líneas educativas sin pasar por ninguna negociación con el sindicato nacional; ello quiere decir, cuando menos, que hasta ahora no parece haber ningún conflicto con la maestra Elba Esther Gordillo como presidenta del SNTE, a menos que del sindicato haya alguna reacción de resistencia contra una decisión del Estado. La forma de operación política de la reforma educativa con reforma constitucional dibujó una parte del estilo del nuevo gobierno de Peña Nieto: recuperar la autonomía del Estado a través de lo que pudiera considerarse un quinazo light o incruento, sin conflictos ni violencia, sin movilización de policías ni tropas como en 1989. Al final de cuentas, la maestra Gordillo fue ascendida al SNTE en 1989 para ayudar a la modernización educativa, no para convertirse en otro poder autónomo. Lo que viene ahora es un reacomodo sindical; la disidencia magisterial había pactado con el SNTE el control de secciones para negociar con fuerza con gobernadores. Sólo que la reforma educativa del Pacto por México tendrá efectos en los estados y obligará a las secciones disidentes a someterse a los nuevos lineamientos del Estado en materia educativa. Pero luego del mensaje del 1-D sobre protestas callejeras, el sindicalismo magisterial ya no podrá tan fácilmente tomar las calles por el alto costo de las consecuencias. www.grupotransicion.com.mx carlosramirezh@hotmail.com @carlosramirezh 3
  9. 9. Jueves 13 de Diciembre, 2012 Carlos Ramírez * Oaxaca, balcanización educativa * Diagnóstico: fallaron SNTE y SEP
  10. 10. Carlos Ramírez D e todas las plazas estatales en las que la Secretaría de Educación Pública tendrá que recuperar la rectoría del Estado en la materia, Oaxaca se presenta ya como un foco rojo: la disidente Sección XXII del SNTE prepara no sólo millares de amparos contra la Iniciativa Peña Nieto sino que pasará pronto a la movilización callejera. El conflicto en Oaxaca parece inevitable porque en junio pasado el gobernador aliancista Gabino Cué Monteagudo aceptó que los maestros oaxaqueños quedaran al margen de la evaluación universal y negoció un plan alterno a la Alianza para la Calidad Educativa de la SEP federal. El principal mensaje que envió la Sección XXII del SNTE y el gobierno estatal fue la consolidación de la balcanización de la educación pública oaxaqueña porque el ACE fue sustituido por el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO) y el Sistema de Evaluación Educativa de Oaxaca (SEEO). En los hechos, el diseño de la política de educación pública para el estado de Oaxaca fue cedido a los maestros de la Sección XXII, luego de que los profesores disidentes realizaron paros, marchas y suspensión de clases para obligar al gobierno aliancista a aceptar las condiciones gremiales. Las negociaciones del gobierno estatal con la Sección XXII del SNTE representaron una cesión de la rectoría del Estado en materia educativa porque el nuevo acuerdo va a responder a las exigencias de los maestros disidentes y no a los requerimientos educativos en la entidad. Como botón de muestra, la Sección XXII exigió que el gobierno estatal elimine el reconocimiento a la Sección LIX que se había formado al calor de la crisis del 2006 como un contrapeso a la violencia, intransigencia y autoritarismo de la XXII. Pero lo interesante es que los maestros de la LIX firmaron un acuerdo con los padres de familia para no suspender clases por marchas, mientras la XXII cancela clases sin atender a las preocupaciones de los padres de familia. Oaxaca se ha convertido en una especie de laboratorio político de la balcanización nacional. Pero lo más significativo es el hecho de que el gobierno estatal se ha visto obligado por los paros y plantones de la XXII a 2 entregarles la definición de la educación pública y de la evaluación de los maestros. Por ejemplo, los maestros de la XXII que no asistan a las marchas y plantones deben de pagar una multa de 250 pesos, con el dato agravante de que la oficina del Instituto de Educación Pública del Estado --la SEP estatal-- tiene como funcionarios de las oficinas de pago de salarios a maestros militantes de la XXII, como parte de una minuta secreta firmada por el gobernador Heladio Ramírez en 1992 en la que le cedió a la XXII el control del Instituto. La situación aberrante de la educación pública en Oaxaca ha llegado ya a niveles de violencia social. En el municipio de Mitla, el pasado 22 de noviembre, un grupo de padres de familia decidió tomar cartas en el asunto --ante la pasividad del gobierno estatal-- y rompió por la fuerza un bloqueo de carretera que había realizado la Sección XXII, retuvo con violencia a cinco maestros disidentes y los exhibió como delincuentes. La XXII respondió con el asalto a las oficinas municipales. Como es obvio, la XXII ya amenazó con estrangular de nueva cuenta la ciudad con paros, marchas y suspensión de clases si el gobierno estatal no castiga a los agresores
  11. 11. Carlos Ramírez de sus militantes. El trasfondo de la crisis de la educación pública fue la balcanización del sector después de la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, firmado por el presidente Salinas de Gortari el 18 de mayo de 1992, por los gobernadores de los estados y por el SNTE. Para evitar una ruptura nacional del sindicato, la maestra Elba Esther Gordillo cedió el manejo de la XXII a los disidentes y con ello se rompió el espíritu federalista de ese Acuerdo. Luego el gobernador Heladio Ramírez cedió a la XXII el derecho de vetar nombramientos en el Instituto de Educación y de incrustar militantes en la estructura gubernamental. Y finalmente los maestros de la XXII se convirtieron en peones de juegos palaciegos de poder, mientras los líderes negociaban agendas personales y gremiales que reventaron el presupuesto educativo. La recuperación de la rectoría del Estado en la educación no se va a dar sólo con el primer paso dado por la Iniciativa Peña Nieto para profesionalizar el magisterio, sino que debe de pasar por la decisión de la SEP de terminar con la balcanización educativa sobre todo en estados donde la CNTE domina el control magisterial. Y como primer paso, la SEP federal debe pronunciarse sobre el acuerdo local firmado por el gobernador Cué Monteagudo con la Sección XXII para anular el Acuerdo sobre la Calidad Educativa y anular la evaluación universal de maestros. El problema en Oaxaca fue que la XXII incluyó en la agenda de la modernización educativa la creación de una “Comisión de la Verdad” para investigar la crisis del 2006 cuando la XXII y grupos radicales lucharon en las calles e instalaron barricadas en el centro histórico para inaugurar en Oaxaca un gobierno comunitario, autogestionario y popular al margen del sistema de representación política constitucional. Además, en la transformación educativa de Oaxaca la XXII exigió la “libertad incondicional de presos políticos y de conciencia” que fueron procesados por violencia política. Oaxaca fue un ejemplo del fracaso del Acuerdo de Salinas de Gortari de 1992 y podría ser el laboratorio de las posibilidades de éxito de la Iniciativa Peña Nieto. En el Acuerdo de 1992 se estableció claramente que el sindicato tenía que ver sólo con asuntos de relaciones laborales y no con la definición de la política de educación pública. Pero la aplicación de cualquier reforma educativa debe de pasar por solucionar la federalización del sindicato en sistemas educativos estatales y el monstruo de dos cabezas del SNTE y las secciones disidentes cuando el titular del contrato colectivo es el sindicato y no la Coordinadora. De ahí que la recuperación de la rectoría del Estado en educación tiene que ir más a fondo y poner orden en la relación laboral en el sector. www.grupotransicion.com.mx carlosramirezh@hotmail.com @carlosramirezh 3
  12. 12. Decreto de Reforma Educativa PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN Presente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción I, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter por su digno conducto ante esa Honorable Asamblea, la presente iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. I. Introducción En el artículo 3o. constitucional se expresan los fines de la educación, así como los principios que la rigen. En la reforma que tuvo lugar en 1993 quedó establecido el derecho de todo individuo a recibir educación. Para satisfacer ese derecho el Estado queda obligado a impartirla en los niveles de prescolar, primaria y secundaria. También se elevó a rango constitucional la facultad del Ejecutivo Federal para determinar los planes y programas de estudio de la educación básica y normal. En el año 2012 quedó establecida la obligatoriedad de la educación media superior. De la concepción integral del precepto constitucional se desprende que la educación que el Estado ha quedado obligado a proporcionar es aquella que corresponda a los fines que en el mismo precepto se mencionan: desarrollar armónicamente las facultades del ser humano, fomentar el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y la justicia. Tal es el compromiso que nuestra Ley Fundamental determina para el quehacer educativo del Estado. Para ello es indispensable que en cada centro escolar tenga lugar el aprendizaje orientado a la consecución de los mencionados fines, y que éste se produzca en el marco de los principios enunciados por el propio mandato: el laicismo, el progreso científico, la democracia, el nacionalismo, la mejor convivencia, el aprecio y respeto por la diversidad cultural, por la igualdad de la
  13. 13. persona y por la integridad de la familia bajo la convicción del interés general de la sociedad y los ideales de fraternidad y la igualdad de derechos. El Estado Mexicano ha realizado avances de enorme importancia para atender los compromisos que le asigna el mandato constitucional. No obstante, la sociedad y los propios actores que participan en la educación expresan exigencias, inconformidades y propuestas que deben ser atendidas. Para ello es necesario robustecer las políticas educativas que han impulsado el desarrollo social, político y económico de nuestro país a través del quehacer educativo y formular aquellas otras que permitan satisfacer la necesidad de una mayor eficacia en las actividades encomendadas a nuestro Sistema Educativo Nacional. La educación que el Estado proporciona ha de estar a la altura de los requerimientos que impone nuestro tiempo y que la justicia social demanda: una educación inclusiva que conjugue satisfactoriamente la equidad con la calidad en la búsqueda de una mayor igualdad de oportunidades para todos los mexicanos. II. El imperativo de la calidad Para que los alumnos reciban una educación que cumpla con los fines y satisfaga los principios establecidos por la norma constitucional, resulta imprescindible la calidad educativa. Ésta existe en la medida en que los educandos adquieren conocimientos, asumen actitudes y desarrollan habilidades y destrezas con respecto a los fines y principios establecidos en la Ley Fundamental. Así como en la medida en que las niñas y niños tengan una alimentación suficiente, conforme a los estándares internacionales de nutrición sana, y garantía de acceso a la salud; e igualmente se cuente con los nuevos instrumentos del desarrollo científico y tecnológico para su formación. Si la educación es política de Estado, la calidad de los procesos educativos requiere de los esfuerzos a los que están obligados sus actores: poderes públicos, órganos de gobierno, autoridades, instituciones, maestros, organizaciones gremiales, expertos, padres de familia y la sociedad en su conjunto. La norma constitucional que en sí misma entraña una decisión política fundamental, una política del Estado y un proyecto de vida comunitaria, exige su realización cabal. No son susceptibles de ser disminuidos los principios, los fines, la calidad, ni las aspiraciones de una Nación. 2  
  14. 14. Si bien debe ser una constante la calidad de la educación que se brinda a la niñez y a la juventud, el Estado debe tutelar, de manera prioritaria, a quienes por razones diversas no han sido plenamente incluidos en el Sistema Educativo Nacional o se encuentran francamente marginados. El imperativo de la calidad debe alcanzar a todos los niños y jóvenes en el marco de una educación inclusiva. Desde diversos ámbitos de expresión la sociedad mexicana hace cada día más intenso el reclamo por una educación de calidad. Se trata de una preocupación fundada, toda vez que a lo largo de la historia los mexicanos hemos adquirido conciencia y hemos podido apreciar el valor que la educación representa para la satisfacción de los anhelos de justicia y desarrollo. Es claro que el cumplimiento de las obligaciones del Estado exige que el sistema educativo se encuentre en condiciones de proporcionar una educación que cumpla con los fines establecidos en la Carta Magna. Los propósitos de impulsar el mejoramiento de la calidad de la educación han debido recorrer diversos caminos que van desde las modificaciones al orden jurídico, hasta los acuerdos de voluntades entre el Ejecutivo Federal, los ejecutivos estatales y la organización sindical reconocida como titular de las relaciones colectivas de trabajo, en el caso de la educación básica, y de las diversas dependencias y organismos que brindan educación media superior. Por su parte, las decisiones públicas respectivas se han orientado tanto a la distribución de competencias entre los tres órdenes de gobierno, como al establecimiento de nuevos métodos y procedimientos referidos al funcionamiento del Sistema Educativo Nacional. La evaluación educativa, instituida como parte de esa búsqueda de transformación, ha contribuido a un mejor conocimiento de nuestro sistema educativo y ha proporcionado nuevos elementos que permiten entender con mayor claridad lo mucho que hay por hacer para mejorar el aprendizaje de los alumnos. Las evaluaciones internacionales en las que nuestro país ha participado han hecho posible la comparación de nuestra realidad con las de otras naciones. Los retos son especialmente serios en la atención a los alumnos que provienen de hogares en condiciones de pobreza. Hoy se cuenta con información sobre los aspectos en los que se hace necesario emprender nuevos esfuerzos destinados a la adquisición de las fortalezas que se requieren y que la propia educación puede proveer. La sociedad sabe bien que gran parte de los logros que México ha podido alcanzar tienen que ver con los esfuerzos realizados en materia educativa; entiende también que muchos de los 3  
  15. 15. problemas y desafíos están estrechamente vinculados con las limitaciones del Sistema Educativo Nacional y con factores sociales, culturales y económicos ─externos a la escuela─ que impactan su funcionamiento y con los que la educación también debe contender a fin de contribuir a superarlos. El proceso educativo exige la conjugación de una variedad de factores: docentes, educandos, padres de familia, autoridades, asesorías académicas, espacios, estructuras orgánicas, planes, programas, métodos, textos, materiales, procesos específicos, financiamiento y otros. No obstante, es innegable que el desempeño del docente es el factor más relevante de los aprendizajes y que el liderazgo de quienes desempeñan funciones de dirección y supervisión resulta determinante. En atención a ello, la creación de un servicio profesional docente es necesaria mediante una reforma constitucional; el tratamiento de los demás factores podrá ser objeto de modificaciones legales y administrativas en caso de estimarse necesarias. Por otra parte, es de reconocerse que el país ha tenido un avance importante en el tema de la evaluación. Las autoridades y los docentes la practican y son parte de ella. La experiencia hasta ahora acumulada debe servir para organizar un sistema de evaluación con las directrices necesarias para el cumplimiento de los fines de la educación. El propósito es que una instancia experta asuma un papel claro como órgano normativo nacional; que ofrezca información confiable y socialmente pertinente sobre la medición y evaluación de alumnos, maestros, escuelas, directores y servicios educativos, y que por la trascendencia de las funciones que desarrollará, adquiera la más alta jerarquía, goce de autonomía técnica y de gestión. Por ello, se hace imprescindible la creación de un órgano que desde el ámbito constitucional esté investido de las atribuciones necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones. Por lo expuesto se hace impostergable fortalecer las políticas de Estado ya existentes e impulsar las que sean necesarias para hacer posibles los cambios que la educación requiere. Es con este propósito que se estima necesario elevar a rango constitucional las disposiciones que permitirán dotar al Sistema Educativo Nacional de los elementos que impulsen su mejoramiento y aseguren la superación de los obstáculos que lo limitan. Se requiere, en consecuencia, establecer las bases para la creación de un servicio profesional docente y para la constitución del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, como máxima autoridad en materia de evaluación. 4  
  16. 16. III. El magisterio y su alta contribución El magisterio mexicano es la profesión que guarda mayor cercanía con la sociedad. Los maestros han desempeñado un papel preponderante en la construcción del México de hoy y su contribución seguirá siendo decisiva para el porvenir. La sociedad mexicana del siglo XXI sabe del arduo esfuerzo que implica la edificación de la Nación, aprecia las aportaciones del magisterio en el proceso de creación de las instituciones y su impulso al desarrollo social. Reconoce la importancia que la figura del maestro ha representado para la vida del país, el enorme significado que tiene en la atención educativa que se presta a los niños y a los jóvenes y en el proceso de fortalecimiento de la identidad nacional y de la formación de ciudadanos. El Sistema Educativo Nacional ha debido contender con adversidades de diversa índole. En primer lugar, con una exigente tasa de crecimiento poblacional y con patrones de distribución de alta complejidad. Esta circunstancia propició que el sistema generara mecanismos de atención que si bien han tenido un carácter remedial, no siempre han alcanzado los niveles de calidad exigibles. Una segunda adversidad han sido las prácticas indebidas y frecuentemente lesivas a la dignidad magisterial. Adicionalmente, el acelerado avance en los conocimientos científicos y tecnológicos y las exigencias de la convivencia en la comunidad escolar y del desarrollo económico y social, han significado nuevas demandas a las escuelas y al quehacer de los maestros. En su conjunto, son problemas y necesidades que plantean una atención decidida y responsable, y respecto de los cuales la sociedad espera tener una respuesta satisfactoria. Estas consideraciones obligan a cuidar mediante procedimientos y mecanismos idóneos el ingreso al servicio y la promoción dentro de la profesión docente, así como la permanencia en la función magisterial. El acceso de los maestros y su promoción a puestos directivos y de supervisión en el sistema educativo público deben corresponder a las cualidades que para ello se requieren, así como al desempeño y mérito profesional de quienes ejercen. Existen diversas condiciones que deben reunirse para mejorar el servicio educativo. Desde luego influyen factores externos como la pobreza y la falta de equidad. También es necesario tomar en cuenta los factores propios de las escuelas, en particular cuando se ubican en zonas marginadas. En este sentido, la evaluación debe reconocer las dificultades del entorno y las condiciones de la escuela en la que el maestro se desempeña. 5  
  17. 17. Por ello, sería injusto señalar que los bajos resultados educativos obedecen a un sólo factor como frecuentemente se ha señalado de manera equívoca. El magisterio ha expresado inconformidades ─con argumentos fundados─ por las evaluaciones que carecen de una valoración integral de su desempeño y desconocen la complejidad de circunstancias en las que el ejercicio de la función docente tiene lugar. La autoridad tiene la delicada encomienda de facilitar y apoyar el ejercicio de los cientos de miles de docentes que cumplen con su responsabilidad. Bajo la premisa de una evaluación justa y técnicamente sólida será posible conciliar la exigencia de la sociedad por el buen desempeño de los maestros, con el justo reclamo del magisterio y de la sociedad que exigen la dignificación de la profesión docente. La creación de un servicio profesional docente responde a esta exigencia. Para la mejora escolar en México, también es central el papel de los directores y supervisores. Quienes desempeñan cargos con funciones de dirección y supervisión en la educación básica y media superior impartida por el Estado son los funcionarios que ejercen la responsabilidad de autoridad en el ámbito escolar. En consecuencia, tienen el deber de propiciar un clima de trabajo y un ambiente escolar favorables al aprendizaje; coordinar, asistir y motivar a los docentes en su trabajo; realizar los procesos administrativos y de vinculación de la escuela con la comunidad de manera efectiva, y diseñar, implementar y evaluar los procesos de mejora continua en el plantel, entre otras funciones relevantes tendientes a asegurar la calidad y pertinencia de la educación. Actualmente, la asignación de puestos en todos los niveles del sistema no corresponde a un procedimiento que otorgue seguridades suficientes de que las personas que ocupen los cargos de dirección y supervisión sean las idóneas para esas funciones. Por ello la necesidad de incorporar dentro de un servicio profesional docente a quienes desempeñen funciones de dirección y supervisión en la educación básica y media superior que imparte el Estado. Al hacer alusión a funciones de supervisión, se considera a quienes cuentan con el nombramiento de supervisor, inspector, jefe de zona o de sector de inspección o cualquier otro cargo equivalente que efectivamente realice funciones de supervisión. Ese es el propósito en el que se inspira un servicio profesional docente que fije las reglas de aplicación nacional para el ingreso, promoción y permanencia en la educación básica y media superior que imparta el Estado, mediante mecanismos 6  
  18. 18. que garanticen la idoneidad de los conocimientos y las capacidades necesarias de quien aspira o se encuentra dentro del servicio. IV. El imperativo de una reforma constitucional El personal docente y con funciones de dirección o supervisión en la educación pública forma parte de los trabajadores al servicio del Estado. En el caso de los servicios educativos federales son funcionarios del Gobierno Federal y en los estatales, de los gobiernos de las entidades federativas. La legislación laboral para los trabajadores del Estado queda comprendida en el Apartado B del artículo 123 constitucional y en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Los trabajadores de la Secretaría de Educación Pública se rigen, además, por el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo y por el Reglamento de Escalafón de los Trabajadores al Servicio de la propia Secretaría. En cada una de las entidades de la República existen disposiciones equivalentes. El artículo 123 constitucional fija las bases de las relaciones entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores. Establece que la designación del personal se hará mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes; que los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad, y que los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley. La sociedad mexicana reconoce que la función magisterial tiene características que le brindan identidad propia y que la distinguen del resto de los servidores públicos. Sin embargo, en la actualidad no existe base constitucional para establecer legislación diferenciada para el personal de la educación pública respecto de los demás trabajadores del Estado. Por ello, la reforma objeto de la presente Iniciativa diseña una política de Estado sustentada en la fuerza de una disposición constitucional que en materia de ingreso, promoción y permanencia en el servicio, permita superar inercias y fijar con claridad las responsabilidades que el Congreso Federal, los congresos de los estados y las autoridades educativas deben asumir, sin detrimento alguno de los derechos laborales que, en su calidad de servidores del Estado, se les otorgan en los términos de las disposiciones constitucionales y legales aplicables. La ley protege los derechos de todos los trabajadores incluidos los del magisterio. Quien ejerce la docencia en la educación básica y media superior que el Estado 7  
  19. 19. imparte tendrá garantizada su permanencia en el servicio en los términos que establezca la ley. Para ello, se deberá atender a las obligaciones inherentes de la función que realiza, que derivan de los fines de la educación que la Constitución establece. En este sentido, habrá que construir criterios, mecanismos e instrumentos de evaluación que permitan una valoración integral del desempeño docente y consideren la complejidad de circunstancias en las que el ejercicio de la función tiene lugar. Una evaluación sólida y confiable para el magisterio también servirá para el otorgamiento de estímulos y reconocimientos a los maestros. La evaluación de los maestros debe tener, como primer propósito, el que ellos y el sistema educativo cuenten con referentes bien fundamentados para la reflexión y el diálogo conducentes a una mejor práctica profesional. Cuando se encuentren fortalezas habrá que desarrollarlas y encontrar los medios para compartirlas con otros maestros; en los casos en que haya debililidades los maestros deberán, prioritariamente, encontrar el apoyo del sistema educativo para superarlas. En tal sentido, será preciso reforzar el acompañamiento que los docentes requieran en las escuelas, así como los demás elementos que favorecen su formación continua. Por otra parte, es de señalarse que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación se estableció en el año 2002 como respuesta a las crecientes demandas sociales para crear un organismo independiente que llevara a cabo evaluaciones confiables del Sistema Educativo Nacional. Bajo el actual marco legal, la Secretaría de Educación Pública es el único órgano con autoridad para evaluar el Sistema Educativo Nacional. Por su parte, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación es un organismo auxiliar que apoya a las autoridades en las evaluaciones escolares y en el diseño de programas y acciones educativas. En el ámbito educativo existe el consenso de que ahora el Instituto sea fortalecido y transformado en un órgano con capacidad para actuar con autonomía en la toma de decisiones técnicas, relativas a la medición y evaluación de la educación. El artículo 3o. constitucional prevé en lo esencial la organización del Sistema Educativo Nacional. Dada la relevancia del papel que el Instituto ha de desempeñar y la importancia de que la evaluación educativa goce de la plena confianza de los actores educativos y de la sociedad, es necesario conferirle la jerarquía que le corresponde. Por ello, la propuesta de reforma objeto de esta Iniciativa consiste en elevar a rango constitucional la autonomía del Instituto. La autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación le permitirá constituirse en una entidad confiable que informe objetivamente, asesore y fije 8  
  20. 20. directrices que las autoridades tendrán que considerar para la elaboración de las políticas educativas. En este sentido, también permitirá que en la toma de decisiones se brinde la debida consideración a la evidencia y a los análisis técnicos de un órgano experto. Una razón adicional para dar cauce a esta Iniciativa es que, en el afán de evaluar, en el pasado se constituyeron diversas instituciones y mecanismos que hoy carecen de la articulación necesaria para conducir al mejoramiento de las prácticas educativas. En consecuencia, se requiere de un órgano con la capacidad para armonizar al conjunto del quehacer en materia de evaluación, de manera que sus elementos sean convergentes para generar información y bases que permitan el logro de la calidad que se busca. Esta Iniciativa no pierde de vista que el federalismo es la forma de organización que se ha determinado como idónea para el funcionamiento del sistema educativo. El federalismo en la educación permite atender de mejor manera la diversidad y las necesidades locales y el principio de unidad esencial que el Sistema Educativo Nacional debe compartir. La propuesta de reforma constitucional contenida en esta Iniciativa no es ajena a los principios que rigen el federalismo educativo y a la gran diversidad que caracteriza al país. La propuesta da fundamento para establecer en la legislación secundaria reglas y procedimientos obligatorios, de carácter nacional, confiables y de validez general para el ingreso, la promoción, la permanencia y la evaluación. V. El contenido de la reforma El servicio profesional docente El cumplimiento de la obligación de ofrecer una educación de calidad requiere que el acceso de los maestros al sistema público y su promoción y permanencia se realicen a través de procedimientos idóneos en relación con los fines de la educación. En este orden de ideas, y considerando lo que se ha expuesto anteriormente, se propone modificar el artículo 3o. constitucional, para establecer a nivel nacional las bases de creación de un servicio profesional docente que esté integrado por concursos de ingreso para los docentes y para la promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica y media superior 9  
  21. 21. que imparta el Estado. En este sentido, la reforma propone que la ley reglamentaria del artículo 3o. constitucional fije los términos para el ingreso, la promoción y la permanencia en el servicio. Los criterios para determinar la promoción deben corresponder, de manera efectiva, al mérito del maestro en su desempeño individual, además de asegurar la satisfacción de los requerimientos del perfil respectivo. Estos criterios deberán igualmente servir para el establecimiento del sistema de reconocimiento que resulte idóneo para el desarrollo profesional docente. El diseño del sistema de reconocimiento para docentes en servicio debe basarse en un proceso de medición y evaluación justo y adecuado; los reconocimientos deben considerar la contribución de los docentes para mejorar el aprendizaje de los alumnos; deben reconocer y apoyar al docente en lo individual, al equipo de maestros en cada escuela y a la profesión en su conjunto, además de abarcar diversas dimensiones de motivación para el propio docente; deben considerar incentivos económicos y otros que muestren el aprecio social a los maestros, así como ofrecer mecanismos de retroalimentación y acceso al desarrollo profesional. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación La evaluación tiene una elevada importancia y es un instrumento poderoso para el mejoramiento de la educación. Evaluar es medir, analizar e identificar fortalezas y debilidades para producir un diálogo fructífero tendiente a la calidad y la equidad. En la presente Iniciativa se propone que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación tenga las atribuciones de evaluar el desempeño y resultados del Sistema Educativo Nacional en el ámbito de la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Para ese propósito es necesario dotar al Instituto de las facultades para diseñar y realizar las mediciones de los componentes, procesos y resultados del sistema; emitir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, y generar directrices para el mejoramiento educativo y para la equidad. Las tareas que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación lleve a cabo permitirán apreciar el desempeño de la autoridad y generar un orden en el desarrollo de la evaluación. En su calidad de máxima autoridad en esta materia el Instituto debe tener la capacidad para asegurar que se produzca ese orden. 10  
  22. 22. También debe propiciar la necesaria coordinación y colaboración con las autoridades, con la finalidad de nutrirse del quehacer educativo que a éstas corresponde, así como de generar buenas prácticas en la evaluación que las autoridades lleven a cabo. Especialmente importantes serán los mecanismos de coordinación formales que aseguren el trabajo conjunto y armónico, mutuamente enriquecedor, del Instituto y la Secretaría de Educación Pública, para el mejor cumplimiento de sus respectivas funciones. El funcionamiento del sistema educativo debe hacer de la evaluación una práctica cotidiana, con la obligación de todos de hacer suyos los criterios emitidos por una autoridad constitucionalmente investida. Por su parte, la evaluación individual de los elementos que integran el Sistema Educativo Nacional debe continuar como una función ordinaria de las autoridades, propia de su operación, que no puede separase de su diario quehacer. Sin embargo, la práctica de esas evaluaciones debe obedecer a criterios técnicos idóneos que el Instituto brinde en el ejercicio de sus funciones. El constituir al Instituto como la máxima autoridad en la materia requiere de las más altas capacidades técnicas, de un órgano de gobierno apropiado, con profesionales cuyo nombramiento asegure la idoneidad de su integración y de las bases necesarias para su debida operación. En el marco de la concurrencia que rige el ejercicio de la función social educativa, se propone facultar al legislador federal para expedir las normas para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Adicionalmente a los dos ejes rectores de la presente Iniciativa, un servicio profesional docente y la previsión del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como órgano constitucional autónomo, con el propósito de encauzar compromisos acordados en el “Pacto por México” y dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 3o. y 73, fracción XXV, materia de esta reforma, en los artículos transitorios se señala que el Congreso de la Unión y las autoridades competentes deberán prever al menos la creación de un Sistema de Información y Gestión Educativa y el fortalecimiento de la formación continua de los maestros, así como la expedición de normas que permitan fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas, establecer las escuelas de tiempo completo, impulsar el 11  
  23. 23. suministro de alimentos nutritivos y prohibir en las escuelas los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos, llamados “chatarra”. Por todo lo expuesto, el Ejecutivo Federal a mi cargo, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su digno conducto, somete a la consideración del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa de DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 3o., fracciones III, VII y VIII, y 73, fracción XXV; y se adiciona la fracción IX al artículo 3o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: “Artículo 3o. … … I. y II. … III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria de este artículo fijará los términos para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley; IV. a VI. … 12  
  24. 24. VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere; VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan, y IX. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Para ello deberá: a) Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema; b) Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, y c) Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social. 13  
  25. 25. La Junta de Gobierno será el órgano de dirección del Instituto. Se integrará por cinco miembros designados por el Ejecutivo Federal, con la aprobación, dentro del plazo de treinta días naturales, de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, durante los recesos de ésta, de la Comisión Permanente. Si dentro de dicho plazo la Cámara de Senadores no se pronuncia sobre la designación de algún miembro de la Junta de Gobierno, se tendrá por ratificada la efectuada por el Ejecutivo Federal. En caso de que en la votación no se reúna la mayoría requerida, el Ejecutivo Federal deberá someter a aprobación una nueva designación. Si respecto de esta segunda designación no existe pronunciamiento, la misma se entenderá aprobada, y si sometida a votación no se reúne la mayoría requerida, el Ejecutivo Federal designará directamente a otra persona. Los integrantes de la Junta de Gobierno deberán ser personas con capacidad y experiencia en las materias de la competencia del Instituto y cumplir los requisitos que establezca la ley, desempeñarán su encargo por períodos de siete años en forma escalonada y podrán ser reelectos por una sola ocasión. En caso de falta absoluta de alguno de ellos, el sustituto será nombrado para concluir el periodo respectivo. Sólo podrán ser removidos por causa grave en los términos del Título IV de esta Constitución y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en representación del Instituto y de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia. El Ejecutivo Federal nombrará de entre los miembros de la Junta de Gobierno a su Presidente, quien desempeñará dicho cargo por el tiempo que establezca la ley. La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del Instituto, el cual regirá sus actividades con apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión. La ley establecerá los mecanismos y acciones necesarios que permitan al Instituto y a las autoridades educativas federal y locales una eficaz colaboración y coordinación para el mejor cumplimiento de sus respectivas funciones. Artículo 73. … I. a XXIV. ... 14  
  26. 26. XXV. Para establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma; XXVI. a XXX. …” TRANSITORIOS Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. El Ejecutivo Federal someterá a la aprobación del Senado de la República la designación de los miembros de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en un plazo máximo de sesenta días naturales a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, que deberá recaer en personas con capacidad y experiencia en las materias de la competencia del Instituto. Para asegurar la renovación escalonada de los integrantes, los primeros nombramientos se realizarán por los periodos siguientes: I. Dos nombramientos por un periodo de cinco años; II. Dos nombramientos por un periodo de seis años, y III. Un nombramiento por un periodo de siete.   15  
  27. 27. El Ejecutivo Federal deberá determinar el periodo que corresponda a cada uno de los miembros, al someter su designación a la aprobación de la Cámara de Senadores. El primer Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto durará en su encargo cuatro años. Tercero. El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, así como las reformas a la Ley General de Educación correspondientes, a más tardar en un plazo de seis meses contado a partir de la fecha de publicación del presente Decreto. En tanto el Congreso de la Unión expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Instituto Nacional creado por este Decreto ejercerá sus atribuciones y competencia conforme al Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 16 de mayo de 2012, en lo que no se oponga al presente Decreto. Para estos efectos, las atribuciones previstas en dicho ordenamiento para el Órgano de Gobierno y la Junta Técnica serán ejercidas por la Junta de Gobierno del Instituto, y las de la Presidencia por el Presidente de la Junta de Gobierno. Cuarto. Los recursos materiales y financieros, así como los trabajadores adscritos al organismo descentralizado Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, pasan a formar parte del Instituto que se crea en los términos del presente Decreto. Quinto. Para el debido cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 3o. y 73, fracción XXV, de esta Constitución, el Congreso de la Unión y las autoridades competentes deberán prever al menos lo siguiente: I.   La creación de un Sistema de Información y Gestión Educativa. Al efecto, durante el año 2013 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizará un censo de escuelas, maestros y alumnos, que permita a la autoridad tener en una sola plataforma los datos necesarios para la operación del sistema educativo y que, a su vez, permita una comunicación directa entre los directores de escuela y las autoridades educativas; 16  
  28. 28. II. El uso de la evaluación del desempeño docente para dar mayor pertinencia y capacidades al sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros, en el marco de la creación de un servicio profesional docente. La evaluación de los maestros debe tener, como primer propósito, el que ellos y el sistema educativo cuenten con referentes bien fundamentados para la reflexión y el diálogo conducentes a una mejor práctica profesional. El sistema educativo deberá otorgar los apoyos necesarios para que los docentes puedan, prioritariamente, desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades, y III. Las adecuaciones al marco jurídico para: a) Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta; b) Establecer en forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal escuelas de tiempo completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico. En aquellas escuelas que lo necesiten, se impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos a los alumnos a partir de microempresas locales, y c) Prohibir en todas las escuelas los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos. Al efecto, el Poder Legislativo hará las adecuaciones normativas conducentes y preverá en ellas los elementos que permitan al Ejecutivo Federal instrumentar esta medida. El Ejecutivo Federal la instrumentará en un plazo de 180 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la entrada en vigor de las normas que al efecto expida el Congreso de la Unión. Sexto. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente Decreto. 17  
  29. 29. Hoja de firma de la Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.! Reitero a Usted, Ciudadano Presidente, las seguridades de mi distinguida consideración. En la Ciudad de México, Distrito Federal, a 10 de diciembre de 2012. EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ENRIQUE PEÑA NIETO HCC ! 18!
  30. 30. Hacia una reforma del Sistema Educativo Nacional José Narro Robles y David Moctezuma Navarro* Presentación L os documentos que aquí se presentan constituyen en su conjunto una propuesta de reforma del Sistema Educativo Nacional. El libro busca aportar razones, elementos de análisis, ejemplos de otros países, objetivos, metas y acciones para emprender la urgente transformación de la educación mexicana. Cada capítulo aborda temas específicos que deben ser considerados en una reforma de gran alcance. El país la necesita. Los ensayos son una muestra del conocimiento y la experiencia de académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y se ven enriquecidos por la pluralidad que caracteriza a esta casa de estudios. En este escrito inicial se dan a conocer las posiciones que el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México ha venido expresando en diversos foros, posiciones que no necesariamente son compartidas por todos los autores de los textos. De hecho, se utilizan contenidos que han sido publicados previamente. El grupo de académicos que participamos en este trabajo sabemos que la reforma de la educación es uno de los temas más sensibles y polémicos de la sociedad mexicana; siempre lo ha sido, al menos desde la época de la Reforma. Por ello, los materiales que aquí se presentan no pretenden constituirse en una propuesta que polarice opiniones, sino que se busca aportar los elementos centrales para iniciar un gran debate nacional sobre el tema. Esperamos que sean el punto de partida de ese gran debate nacional. Introducción México requiere una reforma integral de su sistema educativo. Esta no es una tarea que se logre en el corto plazo y ver los resultados puede tardar todavía más. Abatir la pobreza, reducir los niveles de desigualdad, romper con los mecanismos que perpetúan estas condiciones en los grupos y las familias de menores ingresos y excluidas de los derechos sociales, lograr una más rápida integración del país en la socie- * José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México; David Moctezuma Navarro, Coordinación de Estudios Especiales del Rector, UNAM. ...9...
  31. 31. PLAN D E D I E Z A Ñ O S PA R A D E S A R R O L L A R E L dad y la economía del conocimiento, incrementar la competitividad. Estos serían los resultados de la reforma educativa en gran escala. Para lograr eso, es necesario que en el próximo decenio todos los niños y jóvenes de México tengan acceso a la educación, a una formación de calidad que incluya el manejo de las tecnologías y los lenguajes del mundo de hoy; que los profesores estén bien capacitados y su labor sea reconocida; que las instituciones educativas en todo el país cuenten con la infraestructura y el equipamiento necesarios para tener una formación integral que incluya la práctica deportiva, las actividades culturales; que se logre la cobertura universal en el bachillerato; que se duplique, por lo menos, la cobertura en educación superior; que se duplique la graduación de doctores. En este ensayo hay argumentos y datos que evidencian la urgencia de esta reforma, de esta transformación de nuestro sistema educativo. Los planteamientos en favor van desde la situación del país como resultado de las políticas económicas y sociales aplicadas en las últimas décadas, hasta los datos concretos que demuestran las desigualdades en el acceso a la educación. La necesidad de un nuevo modelo para el desarrollo nacional México vive estancado desde hace varios lustros, ni avanza en lo económico ni resuelve su problemática social. Por ello, no hay duda, México requiere un cambio de rumbo. México necesita un viraje sustantivo en el camino por el que se le ha conducido durante las últimas décadas. S I S T E M A E D U C AT I V O N A C I O N A L Es hora de reconocer que nuestros grandes problemas nacionales, los actuales y los históricos, no tienen solución si seguimos por el mismo camino, si no se realizan reformas de fondo, si no se diseñan políticas alternativas, si no se imagina y realiza un nuevo proyecto para el desarrollo nacional. Es hora de tenernos confianza, de soñar y de pensar en grande para perfilar a la nación en contextos mundiales nuevos y más competitivos. De pensar con grandeza para arrojar los lastres que nos frenan y para anticipar los nuevos desafíos. Nuestros grandes rezagos, nuestros lacerantes contrastes y nuestras profundas desigualdades económicas y sociales no tendrán solución si no adoptamos nuevos enfoques y perspectivas que rompan con las inercias que nos frenan. No es empecinándonos en caminos sin futuro como lograremos proyectar al país en el horizonte de los cambios que el mundo entero está viviendo. Menos aún para enfrentar los desafíos que ya nos están rebasando, como los retos alimentarios, los problemas energéticos que pronto pueden ser críticos, las nuevas y costosas patologías que acompañan al proceso de envejecimiento poblacional, los problemas derivados de las aglomeraciones urbanas, el continuo deterioro del medio ambiente, el gran problema del abastecimiento de agua, el crecimiento de las adicciones entre nuestros jóvenes, los retos al Estado por parte de grupos delictivos, entre otros temas. Es hora de admitir que desde hace varias décadas México no avanza. Algo tenemos que hacer para dejar de transitar por caminos que no conducen a un sitio mejor. Algo tenemos que hacer para replantear los esquemas que nos . . . 10 . . .
  32. 32. HACIA UNA REFORMA DEL impiden dar el gran salto del México económicamente estancado y socialmente desigual a uno más productivo y competitivo en el plano mundial, pero con solidaridad y justicia social. Es hora de reconocer que el modelo económico que hemos seguido no ha funcionado y que se requiere cambiarlo. La prioridad no puede seguir siendo el mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos. El control de las variables macroeconómicas y el déficit público no pueden ser más importantes que el bienestar colectivo y que el propio crecimiento de la economía. No pueden importar más los equilibrios fiscales que los desequilibrios sociales. Tenemos que volver a crecer de manera suficiente, porque el crecimiento económico es una condición necesaria para mejorar los niveles de vida del pueblo mexicano. El fin último de una economía sana no puede ser otro que mejorar los niveles de vida generales. La agenda de México para el resto del siglo XXI debe partir de este reconocimiento. Los nuevos cursos de desarrollo deben poner en el centro de su eje el crecimiento económico con desarrollo social. Tenemos que reconocer que ningún proyecto económico vale la pena si no sirve para mejorar las condiciones de vida de la gente y el actual no lo está haciendo. No hay, entonces, por qué aferrarse a él. Requerimos nuevos diseños para impulsar un verdadero desarrollo económico, pero también para reforzar las instituciones sociales, para avanzar en la democracia, para fortalecer el federalismo y el equilibrio de los poderes y para la construcción de un verdadero Estado de derecho donde la ley establezca su imperio pero, sobre todo, requerimos revalorar el papel de la política social. México tiene que romper las inercias que impiden un desarrollo más acelerado. O cambia- S I S T E M A E D U C AT I V O N A C I O N A L mos o permaneceremos a la zaga. Requerimos variar el rumbo. Para ello es necesario fomentar una cualidad esencial, tanto entre los individuos como en la sociedad misma: la creatividad. Necesitamos creatividad para aportar soluciones novedosas y más eficaces a los graves problemas que padece el país, para salirnos de dogmas y recetas económicas que hemos estado aplicando empecinadamente durante varias décadas y que no han dado los resultados esperados. Necesitamos reencontrar el camino hacia el desarrollo, la seguridad y la igualdad. Es hora de aceptar que la búsqueda de la igualdad no es un obstáculo para el avance económico. Requerimos reformular nuestras estrategias nacionales de desarrollo económico, social, científico y cultural, para insertarnos competitivamente en el mundo de hoy, para lograr una real igualdad de derechos, oportunidades y mejores niveles de bienestar. En el centro de este nuevo modelo de desarrollo económico deberá estar la educación. Sólo la educación para todos, con la mayor cobertura y calidad, podrá transformar de fondo a nuestra sociedad. El México que queremos Necesitamos formular nuevas utopías para la evolución de México. Tenemos que atrevernos a pensar en grande como lo hicieron algunas de las generaciones que nos antecedieron. Tenemos que generar nuevos proyectos en todos los órdenes de nuestra vida social. Tenemos que creer en la posibilidad de un mundo mejor, de un país mejor, con menos injusticias, con menos marginación y exclusión, con menos indigencia, con más bienestar y seguridad para todos, con más igualdad social, económica y . . . 11 . . .
  33. 33. PLAN D E D I E Z A Ñ O S PA R A D E S A R R O L L A R E L cultural. Tenemos que creer que es posible una sociedad donde el ser humano sea lo más importante, donde los bienes y consideraciones materiales estén subordinados al bienestar de los ciudadanos. Tenemos que creer que es posible cambiar el actual estado de cosas, porque no están funcionando adecuadamente. Tenemos que reformularnos y modificar nuestros esquemas mentales. Es hora de que todas las fuerzas políticas del país tengan altura de miras para pensar en la nación más que en los intereses partidistas, por legítimos que éstos sean. La tarea es colectiva. El México que queremos debe contar con una sociedad más democrática, siempre se puede avanzar al respecto. Siempre se puede contar con gobiernos más legítimos pero también más capaces, con una mejor distribución de los poderes y una federación fortalecida desde sus bases. El México que queremos implica una sociedad abierta y moderna donde el conocimiento sea valorado, donde la cultura sea preservada, donde los jóvenes no tengan que exigir que se les regrese la esperanza. Donde los niños no mueran por causas que son absolutamente prevenibles. Donde los jóvenes tengan un futuro claro, con oportunidades educativas, laborales y recreativas. Donde los adultos mayores tengan tranquilidad, seguridad y servicios médicos adecuados y de calidad. Donde no haya exclusión y todos puedan desarrollar sus capacidades mediante el acceso a todo tipo de bienes y servicios. Donde no exista hambre ni pobreza extrema. Queremos un México donde se viva en paz, sin los niveles alarmantes de violencia que estamos experimentando, donde se pueda transitar libremente y con seguridad por todos los caminos del territorio nacional. Necesitamos S I S T E M A E D U C AT I V O N A C I O N A L recuperar la paz y la armonía. Necesitamos que predomine el Estado de derecho, que se abata la corrupción y la impunidad, que el sistema de justicia funcione de manera expedita y equitativa. Necesitamos más mecanismos e instancias para la solución de los problemas mediante el diálogo, la tolerancia y el respeto a la diversidad y la pluralidad. El México que queremos, por supuesto, es un país menos desigual, es un país donde las brechas sociales y económicas no deben tener las insultantes magnitudes de hoy. El país también requiere de reformas en diversos ámbitos que no serán posibles sin la participación de los principales partidos políticos, además de otros sectores de la sociedad. En el sector laboral, en el ámbito fiscal y hacendario, en cuanto a la justicia y la seguridad. En todos éstos hay posiciones encontradas tanto sobre los objetivos como sobre la manera de lograrlos. Por ello es necesario que se abandonen las posiciones de “todo o nada”. Que recuperemos la política como el arte de negociar, ceder en algunos puntos para ganar en los más importantes. La reforma que debemos hacer es la de cambiar el paradigma del desarrollo y poner el énfasis en el conocimiento. Debemos tener presente que sólo los países capaces de elevar el nivel cultural y educativo de su población; de hacer del conocimiento el motor de desarrollo económico y social; de reducir las desigualdades sociales y formar ciudadanos con sólidos valores, habilidades y destrezas, tendrán viabilidad en el concierto mundial. Los próximos lustros serán cruciales para colocar a México en la senda hacia la sociedad del conocimiento o para situarlo frente a distancias que serán insalvables. En este terreno vamos contra el tiempo. Para esto se requieren . . . 12 . . .
  34. 34. HACIA UNA REFORMA DEL grandes aportaciones, tanto públicas como privadas, y hacerlas sería la mejor inversión para el porvenir. Importancia de la educación para el desarrollo La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. La educación es necesaria en todos los sentidos. Para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico; para nivelar las desigualdades económicas y sociales; para propiciar la movilidad social de las personas; para acceder a mejores niveles de empleo; para elevar las condiciones culturales de la población; para ampliar las oportunidades de los jóvenes; para vigorizar los valores cívicos y laicos que fortalecen las relaciones de las sociedades; para el avance democrático y el fortalecimiento del Estado de derecho; para el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación. La educación siempre ha sido importante para el desarrollo, pero ha adquirido mayor relevancia en el mundo de hoy que vive profundas transformaciones, motivadas en parte por el vertiginoso avance de la ciencia y sus aplicaciones, así como por el no menos acelerado desarrollo de los medios y las tecnologías de la información. En las economías modernas el conocimiento se ha convertido en uno de los factores más importantes de la producción. Las sociedades que más han avanzado en lo económico S I S T E M A E D U C AT I V O N A C I O N A L y en lo social son las que han logrado cimentar su progreso en el conocimiento, tanto el que se transmite con la escolarización, como el que se genera a través de la investigación. De la educación, la ciencia y la innovación tecnológica dependen, cada vez más, la productividad y la competitividad económicas, así como buena parte del desarrollo social y cultural de las naciones. La experiencia mundial muestra la existencia de una estrecha correlación entre el nivel de desarrollo de los países, en su sentido amplio, con la fortaleza de sus sistemas educativos y de investigación científica y tecnológica. Según estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un año adicional de escolaridad incrementa el PIB per cápita de un país entre 4 y 7%.1 Atrás quedaron los tiempos en que se consideraba a las erogaciones en educación como un gasto. En la actualidad, el conocimiento constituye una inversión muy productiva, estratégica en lo económico y prioritaria en lo social. En suma, la educación contribuye a lograr sociedades más justas, productivas y equitativas. Es un bien social que hace más libres a los seres humanos. El proyecto educativo nacional México ha contado con educadores que destacaron por su visión y porque lograron traducirla en proyectos, en derechos, en programas y en resultados evaluables. Hombres de Estado que se caracterizaron tanto por sus logros, como por su conocimiento y sabiduría. 1 . . . 13 . . . OCDE, Perspectivas económicas para América Latina, 2009.
  35. 35. PLAN D E D I E Z A Ñ O S PA R A D E S A R R O L L A R E L Benito Juárez fue uno de ellos. Él designó a Gabino Barreda para presidir una comisión encargada de elaborar un Plan General de Instrucción Pública que incluyera todos los niveles. Esa comisión dio al país las leyes Orgánicas de Instrucción Pública de 1867 y de 1869. En esos ordenamientos se hizo de la educación una responsabilidad pública, se suprimió la enseñanza religiosa y se incorporaron los atributos de obligatoriedad, laicidad y gratuidad.2 En la Ley de 1867 también se estableció uno de los más importantes acontecimientos para la educación pública en México, la organización de la Escuela Nacional Preparatoria. Esta institución, 43 años después, sería parte del basamento sobre el cual Justo Sierra organizaría el proyecto educativo, cultural y científico más importante de nuestro país: la apertura de la Universidad Nacional de México. Justo Sierra, quien fuera designado “Maestro de América” a instancias de varias universidades de América Latina, había ideado ese proyecto a los 33 años de edad, cuando era diputado de la República. También fue suya la idea de separar la Secretaría de Instrucción de la de Justicia. Otro personaje notable de la historia de la educación en nuestro país fue José Vasconcelos, designado rector de la Universidad Nacional de México en 1920. Ese mismo año presentó una propuesta para la creación de la Secretaría de Educación Pública. El proyecto fue aprobado hace más de 90 años, en 1921, con Vasconcelos como primer secretario de la dependencia. Vasconcelos era un convencido de la necesidad de que el Estado se hiciera cargo de la 2 Hugo Casanova Cardiel, “La universidad pública en México y la irrupción de lo privado”, en Humberto Muñoz (coord.), La universidad pública en México, UNAM-Seminario de Educación Superior/Miguel Ángel Porrúa, México, 2009. S I S T E M A E D U C AT I V O N A C I O N A L educación de la sociedad. Por ello desde su administración como secretario se lanzó una gran campaña contra el analfabetismo, se promovieron las escuelas rurales, se realizó una difusión importante de las bibliotecas, se contó con un proyecto editorial y se promovió la educación media. Otros secretarios, en especial Jaime Torres Bodet, quien lo fue en dos ocasiones, al igual que Agustín Yáñez, dieron continuidad a los esfuerzos de alfabetización y de ampliación de la cobertura, con grandes logros en favor de la educación pública de nuestro país. Estos educadores y muchos más, desde las aulas y desde diversas trincheras, fueron conformando un proyecto educativo nacional con una identidad propia que dio cohesión a nuestra sociedad. Este proyecto educativo se ha venido diluyendo en las últimas décadas sin que se logre sustituir por uno nuevo acorde a las características de la desigual sociedad mexicana, ni de la necesidad de dar mayor competitividad al país. Tenemos necesidad de replantear y dar consistencia a los principios filosóficos, sociales, éticos y pedagógicos del proyecto educativo mexicano del siglo XXI y dar cumplimiento a la norma constitucional, que sitúa a la educación como un derecho social fundamental. El derecho a la educación La educación es uno de los derechos sociales establecido en la Constitución y su establecimiento como derecho humano puede considerarse como uno de los mayores avances éticos de la historia de México. Como un bien público y social, la educación debe llegar a ser accesible para todos, bajo criterios de calidad y equidad. . . . 14 . . .
  36. 36. HACIA UNA REFORMA DEL La educación tiene un papel clave en el desarrollo de los seres humanos, ya que sin ésta es más difícil tener acceso a un mejor empleo y a una vida digna. De hecho puede considerarse como uno de los principales igualadores sociales. Para muchas personas es la única manera de acceder a una mejor vida, de romper el círculo vicioso de la pobreza. Pablo Latapí decía que: No se puede ejercer ninguno de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos o culturales sin un mínimo de educación. Por ejemplo: la libertad de expresión: ¿de qué sirve si la persona no tiene las capacidades de formarse un juicio personal y de comunicarlo? O el derecho al trabajo: ¿de qué sirve si se carece de las calificaciones necesarias para un buen trabajo? No sólo la educación es la base del desarrollo del individuo, sino también de una sociedad democrática, tolerante y no discriminatoria.3 En efecto, el derecho a la educación tiene un papel clave ya que constituye un medio para realizar todos los demás derechos humanos. Una sociedad no puede dar por satisfecha su responsabilidad concerniente a la protección y defensa de los derechos humanos si no asume las obligaciones derivadas del derecho a la educación entre todos sus integrantes. Desafortunadamente el derecho a la educación, al igual que otros de los derechos sociales establecidos en nuestra Carta Magna, son más aspiraciones que realidad. 3 Pablo Latapí Sarre, “El derecho a la educación. Su alcance, exigibilidad y relevancia para la política educativa”, Revista Mexicana de Investigación Educativa, vol. 14, núm. 40, eneromarzo de 2009, pp. 255-287. S I S T E M A E D U C AT I V O N A C I O N A L A continuación se ofrecen algunos elementos fundamentales para sustentar e ilustrar los problemas que existen para hacer realidad este derecho social y humano. Analfabetismo Nuestro país ha tenido avances considerables en materia educativa. De eso no hay duda, pero tampoco la hay en el sentido de que los rezagos son igualmente notables. Debe reconocerse que a pesar de los logros y los avances en el ámbito educativo, el analfabetismo no ha podido ser erradicado. Su permanencia indica que no se trata de un asunto simple ni de fácil solución; por el contrario, es un problema complejo, vinculado con las condiciones producto de la desigualdad y la pobreza, que también han sido persistentes en el país; es la manifestación de algo más grave y profundo, de más difícil solución, es como la punta de un voluminoso iceberg. El analfabetismo persiste en aquellos grupos sociales que están marginados, que no tienen acceso a muchos de los bienes y servicios a los cuales formal y supuestamente todos los mexicanos deberían tener acceso. Su persistencia tiene que ver con cierta reproducción de la estructura de la sociedad mexicana y de las diferencias sociales, que la mera alfabetización o, incluso, la educación escolar no pueden cambiar por sí solas. Los contextos sociales, culturales y hasta lingüísticos condicionan los procesos educativos y, por supuesto, también limitan los alcances de la alfabetización. En 1970, cuando se consideraba analfabetas a las personas mayores de 10 años que no sabían leer ni escribir, el porcentaje era de 23.7%, equivalente a 7.7 millones de perso- . . . 15 . . .
  37. 37. PLAN D E D I E Z A Ñ O S PA R A D E S A R R O L L A R E L nas; para 2010, el indicador es de 6.9% de los mayores de 15 años. Sin embargo, en números absolutos son 5.4 millones de personas, de las cuales más de la mitad son mujeres e indígenas.4 El analfabetismo es un problema que nuestro país arrastra desde siempre. A lo largo de la historia del México posrevolucionario se han realizado grandes esfuerzos tanto para subsanar este problema como para incrementar las cifras de población educada y los años de educación promedio en nuestra población. No obstante, se mantiene una cantidad considerable de mexicanos que no saben leer ni escribir. Es cierto que casi la mitad de los analfabetos tiene más de 60 años, pero también debe tomarse en cuenta que más de medio millón son jóvenes entre 15 y 29 años, y más de dos millones tienen entre 30 y 59 años, es decir, son personas en plena edad productiva. En el país la expectativa de vida promedio es de 75.4 años; por ello el ser analfabeto a los 60 años implica limitar la posibilidad de desarrollo de los adultos mayores durante más de 15 años. Todavía más grave es el caso de las mujeres, que constituyen la mayoría de los analfabetos y quienes tienen una esperanza de vida de 78 años. El problema actual del analfabetismo en México es grave. La sociedad no puede seguir haciendo esfuerzos por avanzar en su desarrollo sin enfrentar de manera decidida y de una vez por todas esta grave deficiencia de más de cinco millones de mexicanos. Si a los analfabetos sumamos casi 10 millones que no concluyeron la primaria y 16.4 millones que no terminaron la secundaria, te- nemos un total de 32 millones de mexicanos mayores de 15 años que viven en condiciones de rezago educativo. Desigualdad educativa Entre los avances logrados en el país, es alentador ver que la escolaridad promedio nacional pasó de 7.6 a 8.7 años entre 2000 y 2012. No obstante, por entidades federativas el nivel de escolaridad es altamente desigual. Doce estados se ubican por debajo de la media nacional, destacando Chiapas, Guerrero y Oaxaca con los niveles de escolaridad más bajos. En el otro extremo, el Distrito Federal, Nuevo León y Baja California tienen las mayores tasas de escolaridad.5 Las estimaciones oficiales para el ciclo escolar 2012-2013 indican que la cobertura educativa es universal en educación básica, alcanza 71.3% en media superior y 34.6% en superior.6 No obstante, los promedios esconden las desigualdades. En educación primaria todavía 13 entidades federativas están por debajo de la media nacional y 14 no alcanzan el promedio nacional en secundaria; mientras que en el nivel medio superior más de la mitad de los estados (18) presenta coberturas inferiores a la media nacional. Otro aspecto preocupante es el de la calidad. Lamentablemente, a pesar de la cobertura universal, México ocupa el lugar 118 de 5 4 INEGI, Estadísticas históricas de México, 2010; y Censo de Pobla- S I S T E M A E D U C AT I V O N A C I O N A L 6 ción y Vivienda 2010. . . . 16 . . . SEP, Resumen del sistema educativo nacional 2010-2011, SEP, México, 2011. Gobierno federal, VI Informe de Gobierno, Anexo estadístico, septiembre de 2012.
  38. 38. HACIA UNA REFORMA DEL un total de 144 países, por la calidad de su educación primaria.7 Adicionalmente existe un fuerte problema de rezago y de abandono escolar en la trayectoria educativa. En promedio, de cada cien niños que ingresan a educación primaria solamente la mitad termina la educación media superior, 21 egresan de una institución de educación universitaria pero sólo 13 de ellos se titulan.8 Visto por entidades federativas, el rezago educativo en educación básica presenta también desigualdades significativas. En 2010 el porcentaje de población de 15 años y más que no terminó la primaria se ubica en 19.9% a nivel nacional, pero las diferencias oscilan entre 8.7% en el Distrito Federal y 37% en Chiapas, el estado con mayor número de personas con primaria incompleta.9 Las cifras de rezago educativo constituyen una evidencia más del descuido en que se tiene al campo y a las personas que residen en comunidades rurales. Mientras el rezago urbano se concentra en la falta de secundaria, con 63%, el rural se caracteriza porque 57% de las personas en esta situación son analfabetas o no han terminado la primaria. Con estos niveles de rezago educativo no podemos pensar en una mejor sociedad y menos en un país competitivo a nivel mundial. Treinta y dos millones en rezago educativo es una cifra enorme que representa 41% de las personas mayores de 15 años. El escenario a futuro, si no se toman medidas urgentes, es realmente preocu7 8 9 World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2012-2013. Rodolfo Tuirán, “Los jóvenes mexicanos: situación actual y desafíos”, conferencia dictada en la Facultad de Psicología, UNAM, México, 2011. Estimaciones del Conapo, en www.conapo.gob.mx, consulta: 23 de agosto de 2012. S I S T E M A E D U C AT I V O N A C I O N A L pante si se considera que según diversas estimaciones y simulaciones de entidades oficiales el rezago crece anualmente entre 750 000 y casi un millón de personas. La educación en nuestro país refleja desigualdades entre entidades federativas que pareciera que aceptamos porque así son las cosas. Es sabido que Oaxaca, Chiapas y Guerrero son los estados más pobres, donde se ubican los municipios menos desarrollados, pero no se emprenden acciones radicales para apoyar a sus habitantes. Estas tres entidades tienen los mayores niveles de analfabetismo (16.5, 16.1 y 15.7%,10 respectivamente), mínimo el doble del promedio nacional; tienen también el mayor porcentaje de la población de 15 años y más sin primaria completa (17.3, 19.1 y 14.6%),11 frente a un promedio nacional de 12.9% en 2010, de por sí bajo; tienen un promedio de escolaridad por debajo de siete años, cuando el promedio del país es de 8.7 años.12 En estas cifras se ubica, por lo menos en parte, la explicación de nuestra baja productividad, del predominio de la economía informal e incluso de nuestros altos niveles de violencia. La lucha contra la desigualdad en nuestro país hace necesario recobrar y ensayar las políticas, los arreglos institucionales y las energías colectivas a favor de un desarrollo más equitativo que busque el bienestar de la población, ya no como un mero residuo de la acción del mercado, sino como resultado de la acción de lo público y del Estado. Se requieren grandes acciones, hazañas nacionales para enfrentar 10 11 12 . . . 17 . . . Gobierno federal, VI Informe de Gobierno, Anexo estadístico, septiembre de 2012. INEA, “Rezago educativo de la población de 15 años y más en educación básica”, información del Censo de Población y Vivienda 2010. SEP, Reporte de indicadores educativos 2010-2011, SEP, México, 2012.
  39. 39. PLAN D E D I E Z A Ñ O S PA R A D E S A R R O L L A R E L problemas como el analfabetismo, para dar mayores oportunidades de acceso y permanencia en la educación a los excluidos de siempre, en especial a los indígenas y a los habitantes de las regiones rurales. Los retos de la educación superior Los retos que enfrenta actualmente la educación superior en nuestro país podemos resumirlos en los siguientes: i) elevar la cobertura de forma significativa; ii) mejorar la calidad y iii) reducir las desigualdades regionales en el acceso a la misma y garantizar un financiamiento adecuado. La matrícula de educación superior en nuestro país ha crecido 13 veces en las últimas cuatro décadas.13 Pasó de 2.1 millones de estudiantes en 2000 a 3.3 millones de alumnos en 2012. No obstante, este dinámico crecimiento ha sido insuficiente y altamente desigual por entidades federativas. La cobertura actual, 34.6%,14 significa que a pesar del esfuerzo realizado en las últimas décadas, en nuestro país, en el mejor de los casos, sólo tres de cada 10 jóvenes de entre 19 y 23 años pueden cursar estudios superiores. El total del grupo poblacional que se ubica en ese rango de edades es cercano a los 10 millones, por lo cual más de siete millones de jóvenes no estudian. Cabe señalar que esta cobertura es significativamente menor no sólo en comparación con los países altamente desarrollados, que invierten seriamente en educación superior para que la 13 14 Juan Fidel Zorrilla, “Educación superior: ni cobertura ni calidad”, Reforma, Sección Educación, México, 15 de octubre de 2012, p. 10. Gobierno federal, VI Informe de Gobierno, Anexo estadístico, septiembre de 2012. S I S T E M A E D U C AT I V O N A C I O N A L totalidad de sus jóvenes en edad escolar tengan acceso a este nivel educativo, sino a la de países de similar desarrollo económico como Brasil, Chile y Argentina. Es incluso inferior al promedio actual de América Latina, que es de 37%. A la baja cobertura en educación superior en nuestro país se suma el problema de los jóvenes que no estudian ni trabajan. Según la Encuesta Nacional de Juventud 2010, cerca de 22% de la población total entre los 12 y los 29 años de edad ni estudia ni trabaja. De éstos, la mayoría son mujeres, lo cual significa que en nuestro país cerca de 7.8 millones de jóvenes entre estas edades está en esa condición. Esto, además de ser un desperdicio del llamado “bono demográfico” con que cuenta nuestro país, es literalmente una bomba de tiempo, ya que los jóvenes excluidos de la educación media superior y superior están permanentemente expuestos a graves riesgos incluyendo delitos, actividades ilegales y adicciones.15 El reducido número de jóvenes que tiene acceso a la educación superior en nuestro país no es sólo un asunto educativo o económico, es un problema social. Además de ser un enorme desperdicio para la sociedad, es caldo de cultivo para que los jóvenes se aparten de los valores que permiten la convivencia civilizada. La falta de esperanza en el futuro es, quizá, el peor lastre que puede arrastrar un ser humano. La necesidad de la reforma educativa En un país donde casi la mitad de la población, 52 millones según el Coneval,16 vive en condi15 16 . . . 18 . . . Miguel Székely Pardo, “Del olvido a la oportunidad”, Reforma, Suplemento Educación, México, 15 de octubre de 2012. Coneval, Pobreza 2010, en línea http://www.coneval.gob.mx/ cmsconeval/rw/pages/medicion/pobreza_2010.es.do.
  40. 40. HACIA UNA REFORMA DEL ciones de pobreza, la educación pública es la única vía para que muchos jóvenes tengan acceso al conocimiento y a la superación como personas y como ciudadanos. Por eso nos urge diseñar y poner en práctica una política de Estado en materia de educación superior, ciencia y cultura. Una pieza esencial de esta política de Estado debe estar dirigida a realizar una reforma integral del sistema educativo mexicano. Una gran reforma que parta del reconocimiento de que la educación es un bien público y por lo tanto una responsabilidad ineludible del Estado. Como bien plantea el premio Nobel de economía Joseph Stiglitz: “los bienes públicos son las cosas de las que todos nos beneficiamos, pero cuyo abastecimiento sería insuficiente (o sería absolutamente inexistente) si fuésemos a depender del sector privado”.17 Una reforma integral del sistema educativo mexicano implica atención relevante al tema de la cobertura y sus rezagos, pero también al de la calidad. La calidad de cada nivel se va reflejando en el siguiente porque el aprendizaje es un proceso acumulativo de conocimientos y habilidades. No podemos pensar en una educación de calidad si nuestros niños y jóvenes no saben leer bien, no entienden lo que leen; si tienen problemas para expresarse por escrito, con buena sintaxis y ortografía; si no tienen una comprensión adecuada del pensamiento científico y de la lógica matemática. Difícilmente mejoraremos nuestra calidad educativa si no emprendemos una gran reforma integral del sistema institucional, desde el preescolar hasta el posgrado. Una gran reforma que logre compensar los defectos de nues17 Joseph E. Stiglitz, “La porción justa de Mitt Romney”, El País (Suplemento Negocios), domingo 9 de septiembre de 2012, traducción de Rocío L. Barrientos. S I S T E M A E D U C AT I V O N A C I O N A L tra estructura social y económica. Una gran reforma que haga de la educación, como solía ser hace años, el gran motor del cambio y la movilidad social. Mejorar la calidad de la educación es un proceso complejo porque involucra personas con orígenes socioeconómicos diversos, recursos financieros y tecnológicos, procesos de enseñanza y aprendizaje, planes de estudio y relaciones laborales. Necesitamos una reforma integral que proyecte el país que queremos heredar a nuestros hijos. Un país más justo, con mayores capacidades productivas, que pueda competir en el plano mundial ante naciones que han cimentado su progreso y sus niveles de bienestar justamente en la educación y en el conocimiento. Una reforma educativa que fomente fuertemente los valores cívicos y laicos, que promueva una sana convivencia social y el respeto de los recursos naturales, a la vez que genere las capacidades intelectuales, culturales y científicas que se necesitan en el mundo cambiante de hoy en día. Una reforma que gire en torno al proceso de aprendizaje y provea todos los recursos necesarios para la adquisición de los lenguajes que dominan en la actualidad el mundo globalizado, y de las habilidades necesarias para aprovechar las tecnologías modernas de la información y la comunicación. Requerimos una reforma integral y no una que atienda sólo a algunos niveles. Tenemos que asegurarnos que los estudiantes que accedan a determinado nivel tengan una educación previa con la suficiente calidad. Una reforma que garantice el financiamiento adecuado. Ni qué decir del mejoramiento de la infraestructura, el equipamiento y los materiales didácticos, el cómputo o los talleres y . . . 19 . . .
  41. 41. PLAN D E D I E Z A Ñ O S PA R A D E S A R R O L L A R E L laboratorios de distinto tipo, incluyendo los dedicados a la enseñanza de idiomas. Todo eso está relacionado de forma directa con el mejoramiento de la calidad, pero no hay duda, un elemento central para lograrlo es la preparación y la dedicación del personal docente. Necesitamos una gran reforma educativa. Se la debemos a las nuevas generaciones. Para ello se requiere la participación de todas las fuerzas políticas, de las autoridades de los diversos niveles de gobierno y de la sociedad en su conjunto. Si aceptamos que la educación constituye el mejor puente entre el México de hoy y S I S T E M A E D U C AT I V O N A C I O N A L el del futuro, tendríamos que alejarnos de la retórica y pasar a definir todo lo que sea necesario para iniciar esa gran reforma. Una reforma definida de inicio a fin con la intención de establecer una política de Estado en materia educativa que trascienda los limitados plazos sexenales y las vicisitudes de la alternancia en el poder. Necesitamos una política de Estado porque en materia educativa los avances son muy lentos, son generacionales y, por lo tanto, difícilmente pueden ofrecer rendimientos políticos inmediatos a los gobiernos en turno. . . . 20 . . .

×