Presentación sobre la iniciativa regional “Acceso de mujeres a tierra: autonomía económica, igualdad de derechos y seguridad alimentaria”, en el marco del Coloquio Internacional “Gobernar la tierra en Igualdad” que se llevó a cabo los días 3 y 4 de agosto, 2017, en Asunción, Paraguay.

1. Iniciativa Regional: “Acceso de mujeres a tierra: autonomía económica, igualdad de derechos
y seguridad alimentaria”, mapa de acciones y acuerdos del Primer Dialogo Sub Regional para
Centroamérica.
4 de agosto de 2017
1.En América Latina y El Caribe, la población rural asciende a 121 millones de personas, quienes
representan aproximadamente el 20% de la población total. De ellas, el 48% son mujeres (59
millones) y cerca del 10% pertenecen a pueblos indígenas y afrodescendientes. (CEPAL, 2014).
En América Latina, existen más de 800 pueblos indígenas, con una población cercana a los 45
millones, que se caracterizan por su amplia diversidad demográfica, social, territorial y política,
desde pueblos en aislamiento voluntario hasta su presencia en grandes asentamientos urbanos
2. La re primarización de la economía ha ocasionado fuertes presiones sobre los territorios de
los pueblos indígenas y desencadenado numerosos conflictos socioambientales, la mayoría de
ello todavía no resueltos.
Uno de los principales desafíos en esta materia es la integración de los derechos de los pueblos
indígenas en un nuevo modelo de gobernanza de los recursos naturales. Se trata de transitar
desde los “nuevos tratos” hacia los “nuevos pactos” (CEPAL 2014).
Los conocimientos ancestrales, las innovaciones y las prácticas tradicionales de los pueblos
indígenas para la conservación, el manejo de recursos con sostenibilidad de la diversidad
biológica, son aportes de los pueblos ancestrales que cada día más son reconocidos pero no
necesariamente protegidos como se debiera.
3. La evolución del derecho internacional ha dado lugar a la existencia de estándares claramente
definidos sobre el derecho al territorio de los pueblos indígenas, incluyendo el derecho a sus
tierras, los territorios y los recursos naturales.
Como lo establece Declaración ONU sobre PI que cumple diez años en septiembre:
Artículo 26 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que
tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido. 2. Los pueblos indígenas tienen
derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en
razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como
aquellos que hayan adquirido de otra forma. 3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y
protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará
debidamente las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos
indígenas de que se trate.
La estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y
comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su
supervivencia económica.
Así lo establece la Declaración ONU sobre PI que cumple diez años en septiembre:

2. Artículo 25 Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación
espiritual con las tierras, territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente
han poseído u ocupado y utilizado y a asumir las responsabilidades que a ese respecto les
incumben para con las generaciones venideras.
Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de
posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente,
inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras.
Además de la Declaración, el acceso y control de las mujeres a la tierra y los derechos de
propiedad, entre otros recursos productivos, es un derecho establecido en la agenda global de
derechos humanos y de la mujer. La CEDAW en su artículo 14 claramente obliga a los Estados a
eliminar la discriminación hacia las mujeres rurales para que puedan participar plenamente y
beneficiarse del desarrollo rural.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS10 (en particular el ODS 5 y los ODS 2, 6, 8 y 15)
reconocen la importancia del acceso de las mujeres a tierra y otras formas de propiedad.
Además, la Agenda de Acción de Adís Abeba acordada el 15 de julio 2015 en el marco de la
conferencia global sobre Financiamiento para el Desarrollo, hace referencia de manera explícita
al empoderamiento económico de la mujer, la importancia de su plena participación en la
economía, la eliminación de la discriminación y de los obstáculos de acceso, incluyendo a
crédito, tierra, tecnología, innovación, ciencia, desarrollo de capacidades y otros recursos
vitales.
4. Para las mujeres indígenas y afro-descendientes, los derechos a la tierra y la propiedad suelen
tomar la forma de derechos de propiedad colectiva, y son asociados al derecho a la autonomía
e identidad cultural. En ese sentido, la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas de 2014, en
su párrafo 17, establece el compromiso de apoyar el empoderamiento de las mujeres indígenas
y a formular y poner en práctica, en colaboración con los pueblos indígenas, en particular las
mujeres indígenas y sus organizaciones, políticas y programas destinados a promover la creación
de capacidad y fortalecer su liderazgo
La reivindicación territorial de los pueblos indígenas atraviesa dos dimensiones: el espacio y los
procesos.
La primera dimensión se expresa en la demanda por el uso, goce y manejo de los recursos
naturales; la segunda en el reclamo del control sobre los procesos de orden político, económico,
social y cultural para asegurar la reproducción y continuidad material y cultural del grupo, de
forma que aquellos se lleven a cabo según la normativa propia de los pueblos indígenas.
El reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en América Latina ha
experimentado avances significativos en las últimas décadas, aunque a distintas velocidades y
de acuerdo a las características y especificidades de cada país.
En solo 20 años se ha pasado desde una situación de negación del derecho a otra de
reconocimiento jurídico en la mayoría de los países de la región. Los procesos de
reconocimiento, titulación y demarcación de territorios indígenas se suceden en todos los países
con mayor o menor éxito a partir del establecimiento de figuras jurídicas que reconocen y
protegen los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

3. 5.Sin embargo, todavía existen muchos obstáculos para el pleno disfrute de los derechos de los
pueblos indígenas, en particular limitaciones al ejercicio de los derechos a las tierras
tradicionales y recursos; graves actos de violencia y el desplazamiento forzoso, derivados de
proyectos económicos a gran escala; así como la supresión de las organizaciones indígenas y las
formas tradicionales de gobierno.
La expansión de las actividades primario exportadoras en la región ha implicado graves impactos
ambientales, reclasificación espacial y afectación de derechos, intereses, territorios y recursos
de pueblos indígenas. Las disputas relacionadas con el control de los territorios y los recursos
naturales se prestan fácilmente al conflicto violento, aunque estos pueden verse agravados en
contextos de exclusión política, discriminación social y marginalización económica.
La mayoría de las concesiones y proyectos que están en curso se efectúan sin procesos de
consulta adecuados, lo que ha contribuido a la exclusión de los pueblos indígenas afectados. La
presión de proyectos extractivos a gran escala o construcción de infraestructuras incide en el
disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de estos pueblos.
Persisten barreras estructurales y culturales profundamente arraigadas que excluye a las
mujeres del acceso a la tierra y otros medios para producir, pues la tierra sin la necesaria
inversión productiva, los servicios financieros, la asistencia técnica y el acceso a los mercados,
termina siendo abandonada o vendida. Es fundamental asegurar el acceso a crédito, servicios
financieros intermediarios18, asistencia técnica, tecnologías de extensión agrícola que permitan
adaptarse al cambio climático, canales de comercialización y mercados y otros recursos
naturales esenciales como el agua. A su vez, el mayor acceso a estos servicios contribuye al
logro y estabilidad de la seguridad alimentaria y nutricional de ellas mismas, su núcleo familiar
y en consecuencia de los países de la región.
Se erige también como una barrera contundente para facilitar el acceso de las mujeres a la tierra
y servicios que favorezcan su autonomía económica y la igualdad de derechos, la sub
representación de las mujeres en cargos de elección popular y de toma de decisiones. La
participación de las mujeres rurales es menor tanto a nivel local (asociación de productores,
organización de regantes, juntas de vecinos, etc.) como en las organizaciones gremiales y de
representación de nivel regional y nacional. Asimismo, su presencia en cargos de liderazgo
político es aun claramente minoritaria
6.Las mujeres indígenas desempeñan un papel importante en la preservación de la
biodiversidad a través de la conservación de las semillas, en la recuperación de prácticas
agroecológicas y garantizan la soberanía y seguridad alimentaria desde la producción de
alimentos saludables.
En el área productiva, administrando los alimentos y velando por el bienestar de la familia, las
mujeres indígenas protegen los bienes naturales, transmiten los conocimientos sobre medicina
tradicional, sobre la utilización de las semillas y otras variedades de cultivos. Sin embargo, han
expresado sus preocupaciones sobre la falta de acceso a la tierra, la falta de resolución de
conflictos sobre el uso de la tierra y la situación de la seguridad alimentaria bajo condiciones
económicas y climáticas difíciles. Resulta importante reconocer la importancia de los

4. conocimientos ancestrales que las mujeres indígenas tienen en la subsistencia alimentaria de
los Pueblos Indígenas
7. Las mujeres rurales continúan viviendo en una situación de desigualdad social y política, la
cual se expresa fuertemente en la dimensión económica con menos derecho de tenencia
(acceso, uso y transferencia)y el derecho de herencia a la tierra que sigue siendo un desafío en
la región, limitando la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer
como condición necesaria para erradicar la pobreza y el hambre en la región. Es importante
tener en consideración que la proporción de mujeres sin ingresos propios en las áreas urbanas
alcanza un 30,4%, mientras que en las áreas rurales llega al 41,4% (CEPAL, 2014).
En promedio regional, casi la mitad de las mujeres indígenas reside en áreas rurales (48,9%)7 y
presentan características demográficas que pueden tener impactos diferenciados en su
situación: la tasa de fecundidad de las mujeres indígenas rurales es claramente superior (2,5 a
5,8 niños/mujer en 8 países latinoamericanos) a aquella de las mujeres rurales no indígenas (2,4
a 3,9 niños/mujer) y la de las mujeres urbanas indígenas (2,4 a 3,6 niños/mujer).
Por ejemplo, las mujeres rurales centroamericanas producen más de la mitad de los alimentos
que se consumen en la región, se ocupan de tareas clave en las explotaciones familiares y
atesoran un conocimiento tradicional sobre cómo producir de forma sostenible o conservar las
semillas nativas. A lo largo de su interminable jornada de trabajo ellas atienden los huertos
familiares, alimentan a los animales, siembran, cosechan y procesan el maíz, recogen la leña,
buscan el agua, cuidan de los niños y mayores, participan en comités vecinales y a menudo
complementan los ingresos familiares con distintos trabajos fuera del hogar.1
Pero junto con la importancia cuantitativa de la mujer indígena y afro descendiente en el medio
rural, es preciso considerar su heterogeneidad derivada de las construcciones particulares de
género de los pueblos a los que pertenecen, así como por las diversas realidades socio
territoriales de dichos pueblos. Esta heterogeneidad determina una gran diversidad de
situaciones, necesidades y demandas que es preciso abordar en relación a su acceso a la tierra
y propiedad.2
8.- La iniciativa regional Inter agencial: ¨Acceso de mujeres a tierra: autonomía económica,
igualdad de derechos y seguridad alimentaria¨.
Promovida por FAO, ONU Mujeres, OIM, PNUD y PMA, es una herramienta importante para
avanzar en la protección de los derechos de las mujeres en general y de las mujeres indígenas
en particular. Apunta al mayor acceso de las mujeres a la tenencia de la tierra y la propiedad en
América Latina y el Caribe. 3
La iniciativa persigue los siguientes resultados:
1
Oxfam, La Tierra para Nosotras, Propuestas políticas de las mujeres rurales centroamericanas para el
acceso a la tierra, pagina 5
2
FAO, PMA,PNUD, ONU mujeres, Nota Conceptual, Acceso de mujeres a tierra: autonomía económica,
igualdad de derechos y seguridad alimentaria, 15 de agosto 2016
3
Guatemala, 2016

5. a) Generar conocimiento y datos actualizados sobre varios aspectos relacionados al
acceso de mujeres a tierra en la región, así como el control de las tierras en particular
de las mujeres en movimiento tales como migrantes y desplazadas, con un
seguimiento y monitoreo especial al ODS 5ª, 1.4 y 2.3
b) Promover el derecho a la tierra por las mujeres rurales de la región y de los derechos
de la mujer en general en los diferentes mecanismos de integración de los Estados de
la región (CELAC, MERCOSUR, UNASUR, CARICOM, SICA, CCM, Frentes Parlamentarios
contra el Hambre) y en la agenda del Sistema de Naciones Unidas (CSW, Agenda Post-
2015, Conferencia de las Mujeres de América Latina y Caribe, Conferencia de las
Mujeres Rurales de América Latina y Caribe, entre otras).
c) Promover reformas de leyes, políticas y marcos nacionales relacionados al manejo y
tenencia de la tierra que permiten eliminar las discriminaciones y barreras enfrentadas
por las mujeres para el pleno goce de sus derechos.
d) Apoyar el acceso de las mujeres rurales a recursos esenciales para su
empoderamiento económico (ej. tecnología, crédito, servicios financieros
intermediarios entre otros) así como fortalecer las capacidades de las cooperativas de
mujeres agrícolas.
e) Asegurar que el conocimiento y experiencias exitosas que se hayan generado a través
de esta iniciativa inter-agencial sean diseminados y comunicados al nivel regional
La Iniciativa incluye una Hoja de Ruta para su implementación que implica lineamientos de
políticas y de marcos normativos concertados en los espacios regionales para incentivar a los
Estados a adoptar medidas que permitan cerrar la brecha de género en términos de acceso a
tierra para las mujeres rurales, indígenas y campesinas.
Para tal fin se establecen los siguientes Objetivos:
Objetivo 1.
Promover la formulación y ejecución de políticas públicas y marcos normativos que promuevan
y aseguren la gobernanza territorial, el acceso y derecho de las mujeres rurales, indígenas y
campesinas a la tierra-territorio, la propiedad y otros activos productivos.
Objetivo 2.
Impulsar la producción y análisis de datos estadísticos, así como de estudios cualitativos, sobre
temas relativos al acceso a la tierra de las mujeres rurales, indígenas y campesinas.
Objetivo 3.
Promover la participación de las mujeres rurales, indígenas y campesinas en los espacios de
decisión sobre el acceso, uso y control de la tierra-territorio, la propiedad y otros activos
productivos.
Objetivo 4.
Movilizar recursos adicionales para programas y proyectos que permitan promover la
autonomía económica de las rurales, indígenas y campesinas.

6. La Iniciativa incluye también la instalación de un Mecanismo de seguimiento e
implementación, como herramienta para evaluar los progresos en la implementación de la
hoja de ruta. El Mecanismos se integra por Representantes de las entidades de integración
regional, (1) COMMA, (1) Unidad de género del SICA, (1) SE-CAC; Representante de RECMURIC;
Representantes de organizaciones indígenas regionales: (1) ECMIA, (1) CICA; representantes de
ONU Mujeres y FAO
8.Es preciso avanzar en la adecuación y armonización de las legislaciones nacionales y políticas
públicas con los estándares internacionales. En los casos donde haya inconsistencias en las
normas nacionales, debería primar la normativa de derechos humanos protectora de los pueblos
indígenas y sus territorios, porque ese es el mandato de los instrumentos internacionales en la
materia.
Deben tomarse todas las acciones legales y financieras, entre otras, para asegurar a las mujeres
indígenas su acceso a las tierras y recursos, en condiciones que les permita desarrollarse
adecuadamente.
Es necesario respetar los modelos propios de seguridad alimentaria y nutricional de los Pueblos
Indígenas con pertinencia cultural, acordes a sus particularidades socioculturales de cada
pueblo, viables desde el punto de vista político y ecológico, facilitando la articulación de alianzas
entre los pueblos indígenas y la agenda campesina de agricultura familiar y soberanía
alimentaria