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III CONVOCATORIA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
SOBRE EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE ODA-ALC 
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LOS/AS INVESTIGADORES/AS: 
Laura Pautassi (directora), Maximiliano Carrasco (co-director), Florencia Antoniou, 
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OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO: 
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vinculado/s con la/s 
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Democracia, 
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Sobre el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA) 
 En cuanto al “contenido mínimo” del derecho a la alimentación, e...
Ticket Social y Ciudadanía Porteña (Ciudad de Buenos Aires) 
 CP fue un programa innovador en sus inicios, superando prob...
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argentino, en base al modelo de indicadores propuesto por...
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Este proyecto ha sido posible gracias al apoyo del Observatorio del Derecho a la 
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Diez años de las directrices voluntarias de FAO. Una mirada acerca de su implementación en Argentina y las oportunidades que presentan los indicadores de progreso

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Presentación de la investigación de la Universidad de Buenos Aires, de Argentina. La charla fue efectuada en el IV Encuentro del Observatorio del Derecho a la Alimentación, efectuado el 6 y 7 de noviembre de 2014.

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Diez años de las directrices voluntarias de FAO. Una mirada acerca de su implementación en Argentina y las oportunidades que presentan los indicadores de progreso

  1. 1. III CONVOCATORIA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE ODA-ALC PROYECTO: “DIEZ AÑOS DE LAS DIRECTRICES VOLUNTARIAS DE FAO. UNA MIRADA ACERCA DE SU IMPLEMENTACIÓN EN ARGENTINA Y LAS OPORTUNIDADES QUE PRESENTAN LOS INDICADORES DE PROGRESO”. Grupo de Trabajo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas, Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Presentación en el IV Encuentro del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe ODA-ALC San José de Costa Rica, 6 y 7 de noviembre de 2014.
  2. 2. LOS/AS INVESTIGADORES/AS: Laura Pautassi (directora), Maximiliano Carrasco (co-director), Florencia Antoniou, Javier Aragón, Pilar Arcidiácono, Lorena Balardini, Ángeles Bermúdez, Ana María Bestard, Verónica Carmona Barrenechea, Gustavo Gamalllo, Natalia Marcone, Federico Marturano, Giuseppe Manuel Messina, Gonzalo Piasek, Laura Royo y Mora Straschnoy. PERTENENCIA INSTITUCIONAL: Grupo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas, Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
  3. 3. OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO: Aportar una mirada crítica sobre la implementación en Argentina de algunas de las Directrices Voluntarias de FAO en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, a saber:  “Directriz 1: Democracia, buena gestión pública, derechos humanos y el estado de derecho”;  “Directriz 3: Estrategias”;  “Directriz 5: Instituciones”;  “Directriz 7: Marco jurídico”;  “Directriz 17: Vigilancia, indicadores y puntos de referencia”;  “Directriz 18: Instituciones nacionales de derechos humanos”  “Directriz 19: dimensión internacional”.
  4. 4. Directriz ¿Qué estabece? Aspecto/s analizado/s vinculado/s con la/s directriz/ces: “Directriz 1: Democracia, buena gestión pública, derechos humanos y el estado de derecho” Los Estados deberían […]promover y proteger los derechos humanos y […] formular políticas garantiza(ndo) la rendición de cuentas y la transparencia” Se realizó un repaso de las principales características del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA) y de programas alimentarios de la Ciudad de Buenos Aires (Ticket Social y Ciudadanía Porteña), efectuándose consideraciones de los mismos a la luz del enfoque de derechos “Directriz 3: Estrategias” “..los Estados deberían […] “considerar la posibilidad de integrar en su estrategia de reducción de la pobreza una perspectiva de los derechos humanos…” “Directriz 5: Instituciones” los Estados “podrían establecer mecanismos nacionales de coordinación intersectorial para garantizar la aplicación, el seguimiento y la evaluación de las políticas, los planes y los programas”.
  5. 5. Sobre el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA)  En cuanto al “contenido mínimo” del derecho a la alimentación, el PNSA no ha logrado cumplir con la adecuación ni con la accesibilidad económica (vgr. prestaciones únicas anuales, montos insuficientes de las tarjetas para la compra de alimentos de la canasta básica).  La implementación del PNSA presentó irregularidades en múltiples jurisdicciones y localidades, lo cual se pudo constatar a través de informes de AGN y de pedidos de información en el ámbito legislativo.  El PNSA no ha garantizado una correcta rendición de cuentas, basada en un claro y oportuno acceso a información y producción de información.  El presupuesto del PNSA se ha ido incrementando a lo largo de los años. No obstante ello, debe tenerse en cuenta el contexto inflacionario. Asimismo, ha existido un mayor incremento proporcional del salario mínimo respecto del PNSA.  A once años de su implementación, el PNSA continúa siendo una política de emergencia originada en un período post crisis, pero apartada de un enfoque basado en derechos.
  6. 6. Ticket Social y Ciudadanía Porteña (Ciudad de Buenos Aires)  CP fue un programa innovador en sus inicios, superando problemas de programas anteriores, ampliando los niveles de cobertura y de impacto dentro de la población en situación de mayor vulnerabilidad de la Ciudad.  En lugar de ampliar y “mejorar” CP, las nuevas gestiones de gobierno crearon TS, destinado para la misma población pero con una prestación con un monto mucho menor y sin relación con los requerimientos mínimos de la Canasta Alimentaria.  La respuesta del GCBA en relación al derecho a la alimentación es deficitaria y regresiva.  En términos de impacto cuantitativo de estos dos programas los resultados muestran una reducción continua de la población cubierta, hecho que podría estar relacionado con la implementación a nivel nacional de la Asignación Universal por Hijo.  Cabe destacar la reducción en términos reales del gasto destinado a estos programas.  El Poder Judicial jugó un rol clave en la arena de las políticas públicas para exigir el efectivo cumplimiento de los derechos sociales (amparo de la Asesoría General Tutelar).
  7. 7. Directriz ¿Qué establece? Aspecto/s analizado/s vinculado/s con la/s directriz/ces: “Directriz 7: Marco jurídico” Propone que los Estados consideren “la posibilidad de incorporar disposiciones en sus leyes internas, que pueden incluir sus constituciones, declaraciones de derechos o legislación, con objeto de aplicar directamente la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada”. Se realizó un repaso del accionar del FPH Argentina y la presentación del proyecto de Ley Marco de DaAA a finales del año 2013.
  8. 8.  Argentina no cuenta con una ley marco para el derecho a la alimentación.  En noviembre de 2013, el Frente Parlamentario contra el Hambre de Argentina (FPH Argentina) , presentó en la Cámara de Diputados de la Nación, el Proyecto de Ley Marco de Derecho a la Alimentación Adecuada con Seguridad y Soberanía Alimentaria (Expte. 7730-D- 2013 ), no contando a la fecha -octubre de 2014- con tratamiento.  El proyecto plantea una visión que responde al paradigma de la soberanía alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente apropiados producidos a través de métodos sostenibles y saludables, y su derecho a definir sus propios sistemas alimentarios y agrícolas, y define los lineamientos de política que el Estado debe encarar.  La existencia de una Ley Marco como la que el FPH Argentina propone, constituiría un importante avance, en tanto permitiría interpelar directamente respuestas estatales con varios aspectos críticos tales como el PNSA.  En relación al FPH Argentina, el 4 de septiembre de 2014, la Delegación Argentina del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), en el marco del Acuerdo de Cooperación entre el PARLATINO y la FAO, convocó a una reunión en el Senado de la Nación de Argentina para acompañar la institucionalización del FPH Argentina, constituido en marzo de 2011.El nuevo presidente del FPH Argentina expresó la necesidad de realizar revisiones en el proyecto de ley.
  9. 9. Directriz ¿Qué establece? Aspecto/s analizado/s vinculado/s con la/s directriz/ces: “Directriz 17: Vigilancia, indicadores y puntos de referencia” Establece que “los Estados tal vez deseen establecer mecanismos para vigilar y evaluar la aplicación de las presentes directrices con vistas a la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, de conformidad con su capacidad y aprovechando los sistemas de información existentes y tratando de subsanar la falta de información” Se analizaron las principales dificultades en Argentina en materia de producción de información sobre situación socioeconómica de la población y sobre desempeño de políticas y programas sociales.
  10. 10. Dificultades en Argentina en materia de producción de información sobre situación socioeconómica de la población y sobre desempeño de políticas y programas sociales nacionales.  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC): retraso en exhibición pública de estadísticas, cambios metodológicos.  Sistema de información, evaluación y monitoreo de Programas Sociales (SIEMPRO): desactivación sistemática de la información.  Sindicatura General de la Nación (SIGEN): informes dejaron de publicarse en el sitio web del organismo  Inexistencia de ley nacional de Acceso a la información pública.
  11. 11. Directriz ¿Qué establece? Aspecto/s analizado/s vinculado/s con la/s directriz/ces: “Directriz 18: Instituciones nacionales de derechos humanos” Los Estados que hayan adoptado, como política nacional o en sus leyes, un enfoque basado en los derechos y que tengan instituciones nacionales de derechos humanos o defensores del pueblo, tal vez deseen incluir en sus mandatos la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Se alienta a los Estados que no tengan instituciones nacionales de derechos humanos o defensores del pueblo a establecerlos Se analizó el rol de la Defensoría del Pueblo de la Nación en relación a la realización del DaAA y se realizaron consideraciones generales respecto de la institución.
  12. 12.  Argentina cuenta con un Defensor del Pueblo, establecido constitucionalmente (art. 86 de la Constitución Nacional) y que ha impulsado un caso paradigmático en materia de derecho a la alimentación en el país vinculado con grupos en situación de vulnerabilidad (CSJN 2007 “Defensor del Pueblo de la Nación c/ Estado Nacional y otra (Provincia del Chaco)”  Más allá del mencionado caso, la institución no presenta un plan específico vinculado a la realización progresiva del DaAA. Si bien el Defensor del Pueblo puede recibir denuncias o quejas de particulares para la protección de los derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución Nacional y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración, entre las áreas temáticas en que se encuentra dividida la institución, no hay ninguna referida directamente al DaAA.  En relación a la institución Defensor del Pueblo en Argentina, es para destacar fuertemente el reclamo de diferentes organizaciones de la sociedad civil en tanto desde el año 2009 el organismo se encuentra acéfalo tras la renuncia de su titular. Esta situación implica una clara debilidad institucional en desmedro del debido resguardo de los derechos humanos en el país.
  13. 13. Directriz ¿Qué establece? Aspecto /s analizado/s vinculado/s con la/s directriz/ces: “Directriz 19: dimensión internacional” Establece que los Estados deberían aplicar las medidas, las acciones y los compromisos de alcance internacional para lograr la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada y que “los órganos y los organismos especializados relacionados con los derechos humanos deberían continuar mejorando la coordinación de sus actividades sobre la base de la aplicación sistemática y objetiva de los instrumentos internacionales de derechos humanos, incluida la promoción de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada”. Se hizo foco en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos en donde se encuentra operativo el sistema de informes nacionales previsto en el Protocolo de San Salvador (PSS), y se han confeccionado indicadores de progreso para la medición del cumplimiento de diferentes derechos sociales, entre ellos el derecho a la alimentación. En el marco de la investigación, vinculado con los indicadores, se estableció el objetivo de “identificar para el caso argentino, en base al modelo de indicadores propuesto por el Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador, información disponible y sus fuentes, y sugerir bases de datos u otros mecanismos de recolección de información, y realizar cálculos sobre los indicadores propuestos”.
  14. 14. Algunas conclusiones respecto de la identificación para el caso argentino, en base al modelo de indicadores propuesto por el Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador, de información disponible y sus fuentes, y la aproximación al cálculo de indicadores:  Dificultad en el cálculo de indicadores (ausencia de información pública, información no desagregada).  En materia de programas y planes sociales, el elevado número de iniciativas en diferentes unidades ministeriales, de distinta jerarquía y orden normativo, da cuenta de respuestas aisladas, alejadas de las necesidades interdependientes y universales que el derecho a la alimentación requiere.  El cálculo de los indicadores, en el marco de los requerimientos que el GTPSS demanda de los Estados partes del Protocolo de San Salvador, ofrecen una orientación clara del estado en el que se encuentra Argentina, dos años antes de que se deba presentar el informe oficial del país, con lo cual los resultados obtenidos ofrecen la oportunidad de advertir sobre los déficit existentes y la necesidad de revisar las políticas públicas destinadas a garantizar el derecho a la alimentación adecuada. Asimismo ha permitido indagar sobre algunas de las brechas en materia de capacidades estatales.  Se espera continuar la investigación con solicitudes formales de información, por fuera de los plazos del presente proyecto, y con la idea de profundizar la actividad del cálculo de los indicadores.
  15. 15. AGRADECIMIENTOS Este proyecto ha sido posible gracias al apoyo del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe (respaldado desde la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre –FAO- y con apoyo de la Cooperación Española), la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y su Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja, y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), al cual pertenecen diferentes investigadores/as del equipo.

Presentación de la investigación de la Universidad de Buenos Aires, de Argentina. La charla fue efectuada en el IV Encuentro del Observatorio del Derecho a la Alimentación, efectuado el 6 y 7 de noviembre de 2014.

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