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Ante la nueva Constitución. 20 de agosto de 1992

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Constitución

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Ante la nueva Constitución. 20 de agosto de 1992

  1. 1. Carta Pastoral Ante la nueva Constitución Introducción Desde que se inició el proceso de la reforma total de la Constitución, la Iglesia ofreció su colaboración y procuró acompañar dicho proceso para el mejor logro del objetivo propuesto. El mismo título de nuestra Carta Pastoral de setiembre 1991, sintetizaba el pensamiento y el augurio de la Iglesia: "Una Constitución para Nuestro Pueblo". Seguimos creyendo que una tarea de bien común de tanta importancia como esa, no podía ser realizada sin tener en cuenta las necesidades y aspiraciones de la comunidad. Mucho menos, tomando solo aspectos parciales o interesados de la realidad. Nuestro pueblo manifesto más de una vez, cuáles eran dichas aspiraciones y necesidades: la libertad, la paz, la solidaridad, la justicia social. En la Carta Pastoral ya citada, los Obispos señalabámos como ejes importantes del proceso constituyente dos puntos que queremos recordar: - La realidad del país, los problemas del subdesarrollo, sus distintos sectores sociales, la importancia de no olvidar las exigencias de la gran mayoría pobre y de algunos grupos más débiles, como indígenas y minusválidos. - La cultura nacional, es decir el conjunto de valores y tradiciones del pueblo, sus modos de comportamiento y de relacionamiento, su profunda religiosidad cristiana. A partir de estos puntos hemos insistido, sobre todo, en la necesidad indispensable y urgente de buscar el bien común asumiendo nuestra realidad y nuestro modo de ser paraguayos. En el mismo documento que estamos mencionando anunciábamos ya el propósito de formular un juicio sereno sobre el trabajo realizado. Se trata de un juicio de pastores, formulado desde la fe, y desde la recta razón y las exigencias de la ley natural. No hacemos un juicio jurídico ni político. 1- EL PROCESO CONSTITUYENTE Una primera observación debe ser de valoración positiva a todo este proceso Constituyente. En efecto, ya en el "Mensaje a los Convencionales Constituyentes", de diciembre de 1991, indicabamos que "generaciones enteras de paraguayos desearon ver este momento, en que con libertad se procura una forma de convivencia más justa
  2. 2. para todos, y no alcanzaron a verlo" (Nº. 1, Pag. 3). Es la primera vez que se ha dado una participación masiva de diferentes sectores sociales del país. Si esto es cierto con relación a partidos políticos, mucho más lo es con respecto a otros grupos como el de indígenas que por primera vez se han hecho presentes con propuestas concretas o con proyectos propios. También se logró básicamente un clima de respeto mutuo. Por otra parte, resulta evidente que el mismo número de convencionales (198) superó ampliamente lo necesario y prudente. Tampoco puede desconocerse que la elección de los mismos se hizo mucho más sobre afectos partidarios que en razón de programas y propuestas. No faltaron momentos difíciles y no siempre los acuerdos alcanzados respondieron a un diálogo serio entre grupos preocupados por las necesidades del pueblo y por la fidelidad a principios propios. En su conjunto, no puede ignorarse que el proceso de reforma constitucional ha sido una experiencia constructiva en el caminar del país. 2. LA NUEVA CONSTITUCIÓN Antes de emitir juicios sobre algunos puntos concretos, parece oportuno echar una mirada de conjunto que permita conocer la mentalidad que inspira todo el texto constitucional. Los convencionales representaban sectores políticos y sociales, y por ello mismo, será importante destacar dicha mentalidad. El positivismo jurídico es la base que fundamenta los derechos y las libertades afirmados en el texto constitucional. De ahi que la referencia primera no sea Dios sino el hombre, quien ordena la realidad conforme al dictámen de su propia y única razón, sin que esté basada en el concepto cristiano de una ley natural cuyo autor es Dios. Por consiguiente, la nueva Carta Magna tiene una visión del hombre y de la sociedad que no es propiamente cristiana, aunque se invoque a Dios en el preámbulo. Merece una reflexión la diferencia entre el concepto cristiano de libertad y el que se encuentra consagrado por la nueva Constitución. Aunque la conciencia de la dignidad y de la libertad del hombre forman parte de la herencia cristiana del mundo occidental, es evidente que en la actualidad se piensa en una libertad sin relación alguna con la moral, erigida como valor absoluto; incluso se llega a ver a Dios como un obstáculo que limita la plena realización del hombre. Vale la pena recordar las palabras del Papa Juan Pablo II en la Encíclica Centessimun Annus: "La experiencia histórica…demuestra que si bien el análisis y el fundamento marxista de la alienación son falsas, sin embargo la alienación, junto con la pérdida del sentido auténtico de la
  3. 3. existencia, es una realidad incluso en las sociedades occidentales…" "Es necesario iluminar, desde la concepción cristiana, el concepto de alienación, descubriendo en él la inversión entre los medios y los fines: el hombre, cuando no reconoce el valor y la grandeza de la persona en sí misma y en el otro, se priva de hecho de la posibilidad de gozar de la propia humanidad y de establecer una relación de solidaridad y comunión con los demás hombres, para lo cual fue creado por Dios…La obediencia a la verdad sobre Dios y sobre el hombre es la primera condición de la libertad, que le permite ordenar las propias necesidades, los propios deseos y el modo de satisfacerlos según una justa jerarquía de valores, de manera que la posesión de las cosas sea para él un medio de crecimiento" (C. A. Nº 41). La nueva Constitución representa un avance importante en el campo jurídico. Pero no podemos olvidar que el problema del destino del hombre no se reduce a lo jurídico. La experiencia muestra con toda claridad que la garantía constitucional de los derechos humanos ayuda al hombre cuando la libertad es ejercida responsable e inteligentemente. No está de más recordar que la salvación integral del hombre solo se encuentra en Jesucristo. Es nuestro papel proclamarlo también en esta circunstancia. 3. ASPECTOS POSITIVOS La nueva Constitución, como fruto de una elaboración jurídica sometida a presiones opuestas y a transacciones obligadas, tiene forzosamente aspectos positivos y negativos. No podemos aceptar las posturas rígidas que algunos han adoptado para ignorar o minimizar el progreso que el nuevo texto constitucional ha alcanzado en muhos órdenes. Al mismo tiempo, lamentamos que muchos aspectos positivos no hayan alcanzado esa plenitud que la personalidad cristiana de nuestro pueblo exige, por causa de las ideologías que hemos mencionado más atrás. Pero los Obispos pensamos realmente que los logros positivos de la nueva Constitución, aun con esas limitaciones, que traerán difíciles problemas en el futuro, son innegables, y merecen gratitud. Vemos conquistas positivas en estos campos: en el de los derechos humanos, de los derechos culturales, de la organización del Estado y de las relaciones Iglesia-Estado. Nos alegra subrayar, en primer lugar, la mejor especificación y la mayor garantía de los derechos humanos en su conjunto. En este campo, la nueva Constitución ha superado, con creces y con propiedad, cuanto las anteriores Cartas rectoras de nuestra vida independiente han logrado consagrar.
  4. 4. No podemos dejar de destacar, dentro de este Capítulo, y a más de las instituciones de protección, el reconocimiento de los derechos: de los indígenas, de la niñez, de los impedidos, de la mujer, así como los relacionados con la ecología, reconocimiento tantas veces apoyado por los Pastores de la Iglesia y por el pueblo todo. Destacamos, asi mismo, como una conquista de gran valor, la habilitación legal de la objeción de conciencia, que pone a salvo convicciones íntimas, constitutivas de la personalidad y de la formación moral y religiosa. Nos alegramos del progreso de este gran capítulo de los derechos fundamentales, básico de cualquier Constitución, porque consagra la supremacía irreductibles de la dignidad de la persona humana, a cuyo servicio está ordenado todo el sistema jurídico e institucional. Celebramos que los convecionales hayan sido sensibles a la situación de los más débiles y al reclamo de igualdad de las mujeres con los hombres, en una sociedad que evoluciona hacia exigencias de justicia más auténticas y correspondientes a los nuevos desafíos. Nos reconforta, en segundo lugar, que la nueva Constitución haya consagrado el guaraní, como una de las lenguas oficiales del país, y por tanto, como un instrumento autorizado para la organización de la educación. Era una expectativa que debía ser atendida en justicia, para la gran mayoría del pueblo, que ansiada abrirse al mundo de la cultura en la confianza de su propia comprensión de la vida, profundizando libre e integradamente el patrimonio de experiencias y de esperanzas de sus mayores. Nos reconforta, asimismo, que toda la educación, base insustituible del desarrollo nacional, tan largamente distorsionada, haya sido objeto de atenta reformulación, con la definición de objetivos de alcances universales y comunitarios y un mayor apoyo en el Presupuesto nacional. Pensamos que a la luz de esos objetivos habrá de establecerse un sistema operativo, que, desgraciadamente, no ha quedado plasmado con suficiente claridad, pero que confiamos será llevado por las leyes reglamentarias hacia una plena y fecunda libertad de enseñanza. Nos alienta, en tercer lugar, que, para la organización del Estado, la nueva Constitución haya previsto un equilibrio de los Poderes, reduciendo a más justa medida el arbitrario exceso de las funciones del Ejecutivo; que haya dado un valor superior a la misión independiente del Poder Judicial; que haya puesto límites a una exagerada centralización del Estado unitario, gracias a nuevas fórmulas políticas y económicas para el desarrollo de las regiones del país. Estos cambios deberían asegurar una marcha más democrática de las instituciones; una mayor personalización del interior del país, tantas
  5. 5. veces sacrificado a los intereses de la Capital; y sobre todo, una organización de la justicia que, superando dolorosos vicios, restablezca el ansiado tratamiento igualitario de los ciudadanos, sin el cual Estado alguno puede alcanzar paz y convivencia constructiva. Nos satisface, en fin, que la Convención haya aseverado los principios de independencia, autonomía y cooperación en las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica, que inauguran un nuevo régimen, sin subordinaciones institucionales, de respetuoso trato recíproco y de ayuda mutua en el ejercicio de la respectiva competencia, y en la promoción del único pueblo, destinado a ser servido por ambos. De estos principios habrá de descenderse, en el futuro, a mecanismos específicos, que aseguren un permanente diálogo y una oportuna colaboración en programas concretos, siempre en beneficio del mismo pueblo, que alienta esperanzas de armonizar crecimiento espiritual y progreso temporal. No podemos dejar de manifestar nuestra complacencia por el reconocimiento de la libertad religiosa y de culto, y porque se garantiza a las Iglesias y Confesiones religiosas su independencia y autonomía. Así, queremos creer, y esperamos confiadamente, que la nueva Constitución pueda abrir -a pensar de sus condicionamientos ideológicos, que nos preocupan, y de sus aspectos negativos, que son delicados y conflictivos - una etapa más fecunda en realizaciones positivas que las que le precedieron. Mucho dependerá, para ello, de la ardua labor de legislación reglamentaria que debe ser ahora iniciada, y que habrá de contar con la lucidez, espíritu patriótico y sentido realista de los Parlamentarios. 4. ASPECTOS MENOS POSITIVOS Los Obispos queremos manifestar, con el debido respeto, nuestro parecer sobre los aspectos menos positivos de la nueva Constitución. El texto no otorga relieve alguno a la dimensión y a la experiencia comunitaria de nuestro pueblo. Una inspiración, al mismo tiempo neoliberal y estatista, hace que contemos con una ley fundamental que, no reconociendo con claridad las tendencias asociativas y operativas propias de nuestra gente, sobre todo de las de los campesinos, mantiene la política social y económica sin definiciones precisas, sometidas al vaiven de las circunstancias y de las interpretaciones contradictorias, lo cual puede conspirar contra el adecuado desarrollo de nuestra sociedad. De esta manera es evidente que en la Nueva Constitución no hay una concepción global de la convivencia a partir del bien común, ni una idea clara del hombre, de la sociedad y del Estado. Debemos mencionar nuevamente el Artículo 4º. Sobre el derecho a
  6. 6. la vida. A la rotunda afirmación de ser un "derecho inherente a la persona humana", se añade que "se garantiza su protección, en general, desde la concepción". Así, el primero de los derechos fundamentales del hombre queda expuesto a los vaivenes de ocasionales mayorías parlamentarias. A tiempo hemos expresado el Juicio de la Iglesia y por la gravedad del tema, lo hemos reiterado insistentemente. No se escuchó este llamado. Se sentó un precedente que puede traer consecuencias graves para nuestro pueblo. También el tema de la libertad de prensa suscita inquietud. Ciertamente, la Iglesia considera que, para ser auténtica, la libertad de prensa debe estar dirigida al bien común y reconocer límites morales, como toda actividad en que estén implicados intereses profesionales, sociales y económicos. Ahora bien, ¿Cómo determinar la responsabilidad y la ecuanimidad de que habla el Artículo 28? No podemos dejar de mencionar, seguidamente, la situación incierta en que queda, en la práctica, la Reforma Agraria. Es muy conocida la doctrina de la Iglesia sobre la propiedad privada y la extensión de ésta a todos los hombre, pues es don de Dios para todos. Por eso mismo compartimos la desilución de tantos paraguayos por la disposición constitucional que dispone criterios aceptables para la reforma, pero al mismo tiempo limita sus posibilidades reales al dificultar la expropiación. Queremos expresar la profunda preocupación de la Iglesia por lo dispuesto en el Artículo 61. En efecto, en el segundo párrafo dice textualmente "Se establecerán planes especiales de salud reproductiva y salud materno-infantil para la población de escasos recursos". La experiencia de la Iglesia hace que manifestemos nuestro rechazo a una disposición que hace factible cualquier tipo de legislación, que puede afectar la libertad y la dignidad de la persona y de la familia con programas antinatalistas; y que sea precisamente la población de escasos recursos la que se vea así afrentada por una norma inadmisible. Finalmente, algunas cuestiones de mucha importancia debieran haber sido tratadas más profundamente, a fin de superar situaciones que no permiten un pleno desarrollo del país. Así, el tema de las Fuerzas Armadas, el de la educación, el de la familia. No debemos olvidar el peligro cierto de la politización del Poder Judicial por el mecanismo adoptado para la integración del Consejo de la Magistratura. Además no es fácil comprender las razones que movieron a negar el derecho al voto a los compatriotas residentes en el extranjero. Más difícil es
  7. 7. entender la finalidad del Arículo 6 de las "Disposiciones Transitorias": se mantienen las Juntas Electorales de negativa memoria para todos y se establece una aparente contradicción con las propias normas constitucionales permanentes. 5. DE CARA AL FUTURO Terminamos nuestra reflexión diciendo que la nueva Constitución, con sus luces y sombras, nos convoca a todos a participar en la gran tarea de construir un Paraguay mejor. Juzgamos imprescindible alentar un alto sentido ético personal y colectivo. Definitivamente debe quedar de lado toda pretensión de violencia para la solución de nuestros problemas. Sería grave retroceso pensar en golpes de Estado o recursos similares para ello. El número y gravedad de defectos señalados no nos impide apreciar la importancia de un instrumento que con la colaboración de todos hará posible una convivencia justa, fraterna, pacífica, jurídica. Quiera Dios que para siempre queden relegadas la obsecuencia y el servilismo, la prepotencia y la soberbia, la cobardía y el interés mezquino. Una renovación profunda de la moral pública y privada hará posible la búsqueda efectiva del bien común. Queremos insistir en esto pues se abre una etapa de ardua labor legislativa para la puesta en práctica de la nueva Constitución. No queremos dejar de insistir en la participación ciudadana exigiendo el respeto de los principios constitucionales. La formación de una opinión pública celosa velará por el logro de tan importantes objetivos. Con particular instancia, queremos dirigir un llamado a los miembros de nuestra Iglesia que procuran vivir coherentemente su fe. La nueva Constitución otorga a los creyentes y ciudadanos una crecida responsabilidad. La realidad pluralista y el nuevo ordenamiento jurídico exigen, más que nunca, por encima de las divisiones partidarias y sociales, el aporte lúcido y generoso de los creyentes que no olvidan la misión evangélica de ser, con su testimonio de vida, "sal de la tierra y luz del mundo" (Mateo, 5, 13-14). La Iglesia, con sus estamentos y organismos, promoverá una efectiva y perseverante educación cívica que permita el logro de los propósitos enunciados. Desde la fe y con un gran sentido de esperanza cristiana, los Obispos procuraremos perserverar en el empeño de edificar una comunidad eclesial abierta y viva, capaz de animar el crecimiento de un Paraguay fraterno y justo. Invocamos para ello la interseción de la Virgen de Caacupé de San Roque González de Santa Cruz mientras bendecimos a todos con entrañable afecto. Asunción, 20 de Agosto de 1992
  8. 8. Por mandato de la 131 Asamblea Plenaria Extraordinaria + Celso Yegros Estigarribia Obispo de Carapeguá Secretario General de la CEP

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