13 sentencia de la primera sala comercial

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13 sentencia de la primera sala comercial

  1. 1. CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA PRIMERA SALA CIVIL CON SUBESPECIALIDAD EN MATERIA COMERCIALExpediente 727-2005Demandante INVITA SEGUROS DE VIDADemandado UBEN ENRIQUE ATOCHE KONG Y OTROSMateria DECLARACIÓN JUDICIALRESOLUCION NUMERO DIECISEISLima, veintinueve demarzo del dos mil diez.- VISTOS:Con los expedientes acompañados números 2375-2002 (dos tomos), 320-98 CPCante el Indecopi y el expediente administrativo de la empresa aseguradora,cuaderno de excepciones y siendo el presente cuaderno formado en tres tomos,siendo materia de grado las siguientes apelaciones:1. La interpuesta por INVITA SEGUROS DE VIDA concedida sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida contra el auto contenido en la resolución número noventa y nueve de fecha diez de julio del dos mil siete, obrante de fojas mil setecientos uno a mil setecientos tres del tomo II, que declara infundadas las observaciones al dictamen pericial formuladas, en consecuencia, aprueba la tasación practicada sobre el vehículo de placa de rodaje TO-4131.2. La interpuesta por INVITA SEGUROS DE VIDA contra la sentencia contenida en la resolución número ciento nueve de fecha treinta de enero del dos mil nueve, que corre de folios dos mil diez a dos mil treinta y dos del tomo III, que declara infundada en todos sus extremos la demanda interpuesta por INVITA SEGUROS DE VIDA y fundada en parte la reconvención formulada por UBEN ENRIQUE ATOCHE KONG: en consecuencia, declara que INVITA SEGUROS DE VIDA cumpla con pagar la 1
  2. 2. suma de trece mil dólares americanos, más los intereses moratorios que serán calculados en ejecución de sentencia e INFUNDADA respecto de la liquidación dos del reconviniente.Interviniendo como ponente la Juez Superior doctora La Rosa Guillén; y, CONSIDERANDO:Primero : Los fundamentos del recurso de apelación contra laresolución número noventa y nueve son los siguientes: a) El peritodesignado no ha cumplido con indicar cuales son y en que hanconsistido los daños sufridos por el vehículo posteriormente alaccidente hasta la fecha de hoy; no precisa si los daños que tiene elvehículo derivan del accidente o si estos fueron sufridos por elvehículo luego del incidente sufrido; por ello, el dictamen pericialpresentado resulta incompleto y diminuto; b) El porcentaje referencialque establece el Reglamento de Tasaciones para obtener el valor residualde un bien vehicular cuando este se pone fuera de uso o haya fenecido suvida útil es solo un parámetro o tope cuantitativo que la ley impone altasador para establecer la suma máxima pero no puede establecer elvalor residual de un vehículo luego de un determinado accidente,puesto que debe considerarse siempre el valor de depreciación delvehículo teniendo en cuenta su valor comercial y número de años deproducido el hecho.Segundo : Fluye de autos que: en la audiencia de fecha once de julio deldos mil seis, obrante de folios novecientos sesenta y siete a novecientosochenta del tomo l del presente cuaderno, en la estación de admisión delos medios probatorios de la contestación de la reconvención se admitióla actuación de la pericia valorativa al vehículo de placa N° TO-4131 a finde determinar: a) cual era el valor residual en 1998 luego del accidente;b) cual es el valor actual y residual o de salvamento que tiene dichovehiculo y, c) establecer los daños posteriores luego del accidente.Tercero : 3.1) Respecto al acápite 1.a), es del caso precisar que en elinforme pericial de fecha doce de octubre del dos mil seis, que corre de foliosmil doscientos 2
  3. 3. treinta y tres a mil doscientos cuarenta y dos, se deja constancia que los dañosposteriores que ha tenido el vehículo materia de valuación han sido descritos demanera literal en el punto 2 del informe acotado denominado "Estado ActualGeneral del vehículo al 6 de octubre del dos mil seis", califica el estado actual delvehículo como: "chatarra"; para lo cual se ha tenido en cuenta el ReglamentoNacional de Tasaciones del Perú aprobado por Resolución Ministerial N° 098-2006VIVIENDA; por lo que el agravio señalado por el demandante carece de asidero noenervando el sentido de la resolución materia de grado, más aún si lo ordenado por la Aquo no incluía la valorización de los daños posteriores al accidente.3.2) Respecto al acápite 1.b): de la revisión del informe pericial que corre a folios mildoscientos treinta y tres y siguientes: aparece que para determinar el valor actual yresidual ó de salvamento que tiene el vehículo, considerando su estado actual de"chatarra" se ha incluido un factor de castigo que depende de la depreciación por eltiempo transcurrido y el estado actual del automóvil así como el mercado devehículos en condiciones similares a su estado actual; obteniendo como resultado unvalor actual residual al mes de octubre del dos mil seis (mes del informe pericial). Amayor abundamiento, resulta pertinente mencionar lo señalado por el perito Pablo MendozaPalmi al absolver las observaciones formuladas de fojas mil trescientos cuarenta ytres a mil trescientos cuarenta y siete, señala: "(...) Debe también decirse que elValor de Tasación Comercial de un vehículo parte del Valor Similar o nuevo ó ValorComercial nuevo 0 (cero) kilómetros en la fecha de la tasación tal como lo estipulael respectivo Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú, pero el Valor Residualno se calcula sobre esta base sino reiteramos al término de su vida útil yfundamentándolo como lo estipula el Reglamento mencionado y así se ha realizado ypor el vehículo está siniestrado (...)"; por lo que, el agravio formulado no resultaconvincente para desvirtuar lo señalado en el auto apelado.Cuarto : Los fundamentos del recurso de apelación contra la sentencia son: a) Queel artículo 1361 del Código Civil determina que los contratos son obligatorios encuanto se haya expresado en ellos, que el décimo tercer considerando de larecurrida indica que las condiciones generales de seguros de vehículo expresan 3
  4. 4. que no existe cobertura cuando el siniestro es debido a los actos intencionaleso negligentes del asegurado y/o del conductor del vehículo y laimprudencia temeraria de los mismos, y en los siguientes considerandos analiza lostérminos de negligencia o imprudencia pero modifica los términos contractuales parahacer su interpretación del contrato señalando expresamente el A quo, que lanegligencia debe ser grave; advirtiéndose que nunca se estableció calificaciónalguna sobre ese punto en el contrato acotado; liberando de responsabilidad pornegligencia al demandado, lo que vulnera el principio al Debido Proceso, siendo nulala alzada de conformidad con el numeral 3) del artículo 122 del Código Procesal Civil;b) Que, se ha cometido un error al apreciar la prueba pericial, ya que el A quoconsidera que las dos pericias presentadas por el recurrente no son aceptables porque tales investigaciones no consideraron el estado de las pistas en la fecha en queocurrió el accidente en el año mil novecientos noventa y ocho y por que laspericias se produjeron seis años después; hechos que no influyen para determinarque el demandado estaba transitando por la vía a una velocidad mayor que lapermitida normalmente según el informe del Ministerio de Transportes yComunicaciones; lo que constituye una forma de error en la motivación de estaresolución, que no ha sido la adecuada, por lo que también se encuentra incursa enla nulidad regulada en el numeral 3 del artículo 122 del Código Procesal Civil; c)Que, la A quo no ha analizado a profundidad y en detalle la segunda exclusión quecontiene el numeral 2.1.4 del contrato de seguro vehicular adjuntado en autos, elcual señala dos posibilidades para excluir de cobertura a un asegurado: la primeraes la negligencia el asegurado y la otra es la imprudencia temeraria; esto último hasido probado en pericias no aceptadas por el Juez de la causa, por lo que la faltade análisis sobre el comportamiento del demandado en el momento delaccidente hace que la sentencia apelada sea nula; d) Que, el A quo parte de ungrave error de concepto porque las pólizas de seguros terrestres, entre las que seencuentran los seguros vehiculares, no son pólizas con valor pactado, sino convalor declarado, por lo que el supuesto valor del vehículo por el cual debe serindemnizado el señor Atoche en la suma de trece mil dólares americanos ha sidoordenado sin tener en cuenta que en el numeral 5.1.4. de las condicionesgenerales del contrato de seguros se señala 4
  5. 5. de manera clara que el momento de pagarse la indemnización efectiva debeefectuarse compensación respecto de los bienes quedan con el asegurado; sinembargo, el valor de los restos del vehículo no han sido incluidos o deducidos porel Juzgado en la sentencia apelada; es decir, no se ha deducido suvalor de salvamento y rescate por cuanto el bien se encuentra en poder deldemandado, esto es, a la suma de tres mil sesenta dólares americanos; hechosimilar se ha dado al haber omitido el descuento ascendente al 10% del montoindemnizable de la franquicia acordada ascendente a la suma de mil trescientosdólares americanos; e) No se ha pronunciado acerca del petitorio uno de lareconvención planteada, esto es, acerca de las razones por la cual noprocede el reintegro por seguro y la no procedencia del interéscompensatorio; lo que vulnera el numeral 3 del artículo 122 del CódigoProcesal Civil; f) La interpretación que ha efectuado el Juzgador delartículo 332 de la Ley N° 26702 constituye un claro error in judicando,puesto que la conclusión que establece el A quo en el sentido que la denegatoriano era conforme -porque no se han acreditado las causales de exclusión- noforman parte de la norma invocada, cuyo texto se refiereexclusivamente al silencio del asegurador vencido en el plazo legal; estoes, la norma sanciona por el no pago de las indemnizaciones después detreinta días siguientes de consentido el siniestro, lo que nunca ocurrió;advirtiéndose además que lo ordenado por el Juez vulnera lo establecido enel numeral 4 del artículo 325 de la Ley 26702, el cual señala de m a n e r acontundente que no puede una empresa de seguros pagarindemnizaciones por siniestros en exceso de lo pactado; g) Se ha cometido unerror al no aplicar el contrato de seguros para determinar un pago valido y existeerror en la identidad de acreedor, pues en la póliza de seguros se pactóconsensualmente que el beneficiario de la indemnización é indemnizacionesrespectivas era el Banco Wiese Sudameris al ser este acreedor deldemandado por haberle prestado dinero con el que se adquirió el vehículo,habiendo el demandado Atoche Kong suscrito el endoso de la pólizacorrespondiente a favor del Banco Wiese Sudameris, quien se convirtió asíen el endosatario real y legal de los derechos que otorgaba la póliza; por loque, advirtiéndose que dicha entidad bancaria transfirió su referidaacreencia de pago a favor de Servicios y Cobranzas e Inversiones S.A.C y enaplicación del 5
  6. 6. artículo 1211 del Código Civil, el pago ordenado en la sentencia se deberealizar a ésta última; asimismo, que el asegurado en la póliza materia decontroversia no era el demandado sino el propietario del vehículo, esto es,empresa Print Service S.R.L y consecuentemente se está ordenando un pago aquien no corresponde.Quinto : Con respecto a los argumentos detallados en los ítems a), b) y c)fluye de la póliza de seguro que obra a folios 4/29 que: el numeral 21.4.del artículo 2 de las Condiciones Generales del Seguro de Vehículos, alregular las exclusiones de cobertura del siniestro, que la Compañía no cubre lossiniestros debidos a: "Actos intencionales o negligentes del ASEGURADO y/o delconductor del vehículo y la imprudencia temeraria de los mismos", no sedescriben o tipifican los actos de negligencia que el asegurado pudieraefectuar así como la imprudencia temeraria de los mismos. Por tanto laA quo ha discernido adecuadamente y no existe contradicción al señalar enel décimo quinto considerando de la apelada que, para que se configure laexclusión de obligación de pago por parte de la aseguradora tiene queacreditarse que el conductor haya procedido con negligencia grave oimprudencia temeraria, habiéndose aplicado correctamente lo dispuesto por elartículo 1330 del Código Civil, al discernir "cuando se habla de negligencia grave yde imprudencia temeraria que incurren en culpa inexcusable, la carga de laprueba corresponde al perjudicado por la inejecución de la obligación, para elcaso de autos la carga de la prueba la tiene la empresa demandante, es decir quele corresponde acreditar que la parte demandada incurrió en actos negligentes yde imprudencia temeraria".Sexto: Es del caso advertir lo siguiente: la póliza de seguro N° 312717 queobra de fojas dos a quince del expediente administrativo es el contrato quevincula a las partes , el cual se perfeccionó en el momento que la Compañíade Seguros Wiese Aetna remitió en el mes de diciembre de mil novecientosnoventa y seis la carta al demandado que obra a folios trescientos cuarenta ydos, en la cual le agradece por haber adquirido su vehículo a través delSistema Wiese Auto; habiendo actuado las partes con el consenso quedesarrolla el artículo 1352 del Código Civil. Que, en el 6
  7. 7. acta de Audiencia de Conciliación y Saneamiento Probatorio de fecha once de juliodel dos mil seis que obra de folios 967 a 980 del tomo I, se fijó como puntocontrovertido: "Determinar si la parte reconvenida Invita Seguros de Vida estáobligada a pagar la suma de doscientos diecisiete mil trescientos dieciséis dólaresamericanos con setenta y tres centavos de dólar, monto liquidado al 17 de abril deldos mil cinco, en cumplimiento del contrato sobre cobertura de Seguro-Póliza deVehículo N° 312717, Certificado 167, más sus intereses compensatorios, moratorios ypenalidades aplicables conforme a lo dispuesto en el artículo 332 de la LeyGeneral del Sistema Financiero".Sétimo: Por tanto, el hecho de que el A quo señale que la negligencia estipuladaen la cláusula 2.1.4 de la Condiciones Generales del Seguro de Vehículos, tieneque ser grave para determinar la exclusión de cobertura, no genera ningúnmenoscabo o contradicción a su razonamiento, toda vez que hace referenciaprecisamente a la culpa inexcusable, en el que el sujeto demandante deberádemostrar que el sujeto demandado ha actuado sin tener en cuenta los mínimospatrones de diligencia ordinaria que en estas situaciones debe tener; loque no ocurre con una negligencia "leve" por lo acotado precedentemente enel fundamento décimo quinto de la recurrida. Por consiguiente y en relaciónal presente agravio, se puede concluir que cumple con lo estipulado en elnumeral 4 del artículo 122 del Código Procesal Civil al expresar de manera clara yprecisa el por qué califica de grave a la negligencia estipulada en las CondicionesGenerales del Seguro de Vehículos anteriormente referidos, no siendo amparablelo señalado por el recurrente en este punto.Octavo: Al respecto, habiendo confirmado la resolución número noventa y nuevede fecha diez de julio de mil novecientos noventa y nueve, que corre de folios 1701a 1703, que declara infundadas las observaciones al dictamen pericial y aprueba latasación practicada por el perito judicial sobre el vehículo siniestrado; no resultaatendible emitir algún pronunciamiento sobre otras pericias ajenas a la ya ratificadapor este Colegiado. 7
  8. 8. Noveno : Siendo aplicables las normas sobre inejecución de obligacionesreguladas en el artículo 1314 y siguientes del Código Civil, la carga de la pruebacorresponde al perjudicado; es decir, a la empresa demandante, a quien, lecorrespondía acreditar que el demandado cometió una imprudencia temeraria o unainfracción calificada de muy grave por las normas de tránsito vigente, debiendoresaltar que conforme emerge del Atestado Policial N° 18-98 que obre de foliostreinta a treinta y seis aportado por la empresa demandante se concluye que "lacarretera donde se produjo el siniestro se encontraba en mal estadoexistiendo en ella infinidad de baches ... el dosaje etílico practicado en elconductor demandado arrojó resultado normal y ... no se ha llegado adeterminar fehacientemente la velocidad en que se desplazaba el vehículo enmomentos antes al accidente", no siendo suficiente lo aportado por el actor,conforme se desprende de lo resuelto en la Resolución N° 0279-2000/TC-INDECOPIde fecha doce de julio del dos mil que obra de folios trescientos noventa y uno acuatrocientos uno del acompañado INDECOPI y con lo resuelto mediante resoluciónde vista de fecha veinticuatro de setiembre del dos mil tres recaído en el expediente2375-2002 y la resolución de la Sala Constitucional y Social Permanente de la CorteSuprema de la República, tal como consta de folios trescientos dieciocho a trescientosveinte del expediente acompañado en lo Contencioso Administrativo.D écimo : Con respecto a lo argumentado en el item d), antes de emitirpronunciamiento sobre este punto, es del caso precisar que este Colegiadocomparte el criterio del Juzgado acerca del valor otorgado, esto es, trece mildólares americanos, sobre la base de la cotización-presupuesto efectuada porAUTESA (Automotriz Sudamericana S.A.) presentado por el demandado con carta defecha cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y ocho ante INDECOPI en elexpediente N° 320-98/C.P.C; conforme se aprecia de fojas cuatrocientos veintitrésa cuatrocientos veinticinco del tomo I del cuaderno principal y que fueran ofrecidos comomedio probatorio y adjuntado como anexo a la contestación de la demanda; documento enque se refleja que el costo de reparación excedía el valor 8
  9. 9. comercial del vehículo en ese momento, cotizándose un auto desimilares características al siniestrado en trece mil dólares americanos ($13,000.00); si bien es cierto este documento fue tachado por la aseguradorademandante, dicha tacha fue declarada inadmisible de plano porresolución número treinta (folios 973) adquiriendo la calidad de firmeconforme lo señalado por el artículo 301 del Código Procesal Civil, por loque dicho documento surte todo su valor probatorio, siendo que, la fechadel accidente fue el diez de abril de mil novecientos noventa y ocho, estavalorización deviene en idónea para amparar la reconvención planteada al ser lamás cercana y objetiva elaborada luego del accidente.Décimo Primero : Respecto al item e): el monto otorgado por la señoraJuez de la causa ascendente a la suma de trece mil dólares americanos porprovenir de una decisión judicial, no puede serle aplicable lasconsecuencias de un siniestro "consentido" como las que menciona laparte apelante en relación al monto de descuento por concepto defranquicia, el pago del deducible y demás descuentos estipulados en lascondiciones generales de contratación de seguros de vehículo.Décimo Segundo : Respecto a los ítems f) y g), conforme se hamencionado en el fundamento sexto de la presente resolución, se fijó comopunto controvertido: "Determinar si la parte reconvenida Invita Seguros de Vidaestá obligada a pagar la suma de doscientos diecisiete mil trescientos dieciséisdólares americanos con setenta y tres centavos de dólar, monto liquidado aldiecisiete de abril del dos mil cinco, en cumplimiento del contrato sobrecobertura de seguro-póliza de vehículo N° 312717 certificado 167, más susintereses compensatorios, moratorios y penalidades aplicables conforme a lo 1dispuesto en el artículo 332 de la Ley General del Sistema Financiero"; por loque, resulta importante reproducir el artículo 332 de la Ley General delSistema Financiero, el cual señala que: "Las indemnizaciones que se paguendirectamente a los asegurados, beneficiarios y/o endosatarios, deberánefectuarse en un plazo no mayor de treinta (30) días siguientes deconsentido el siniestro. Se entiende consentido el siniestro, cuando la compañíaaseguradora aprueba o no ha rechazado el convenio de ajuste debidamente 9
  10. 10. firmado por el asegurado en un plazo no mayor de diez (10) días contadosdesde su suscripción. En caso que la aseguradora no esté de acuerdo con elajuste señalado en el convenio, puede exigir un nuevo ajuste en un plazo no mayor detreinta (30) días, para consentir o rechazar el siniestro, determinar un nuevo montoo proponer acudir a la cláusula de arbitraje. Siendo el caso resaltar que la n ormaseñala expresamente que: En los casos en que no exista convenio de ajuste se entenderácomo consentido el siniestro cuando la aseguradora no se haya pronunciado sobre elmonto reclamado en un plazo que no exceda de los treinta (30) días contados desde lafecha de haberse completado toda la documentación exigida en la póliza para el pago delsiniestro. ...En caso de mora de la empresa de seguros, ésta pagará al asegurado uninterés moratorio anual equivalent e a uno punt o cinco (1.5) veces la tasapr omedio para las operaciones activas en el Perú, de la moneda en que seencuentre expresado el contrato de seguro por todo el tiempo de la mora" (elsubrayado es nuestro). Ello implica que en caso de existir un retraso en la ejecución de laprestación a favor del asegurado se debe aplicar un interés de 1.5 veces la tasapromedio para las operaciones activas en el Perú, para lo cual debe ocurrirbásicamente cualquiera de los siguientes supuestos: a) que la indemnización nohaya sido pagada en el plazo de 30 días computados a partir del consentimiento o norechazo del siniestro, ó b) que la empresa de seguros no se haya pronunciado sobre elmonto reclamado en un plazo que no mayor de 30 días de que se le haya hechollegar toda la documentación exigida en la póliza respectiva:Décimo Tercero : Es núcleo de la apelación en este extremo determinarentonces: si el caso concreto se subsume en alguno de lossupuestos establecidos por el artículo 332 de la Ley General delSistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de laSuperintendencia de Banca y Seguros y que han sido reseñados ine xt e n so e n e l a n t e r i o r c ons id er an do d e es t e f al lo , y dela n á li si s d e la documentación aportada se desprende que: nohubo siniestro consentido ni convenio de ajuste suscrito que hayatenido la posibilidad de ser objetado por la 10
  11. 11. aseguradora; por tanto el presente caso no se circunscribe a esteprimer presupuesto.Décimo Cuarto : Debe analizarse entonces si el evento sub materia sesubsume en el otro presupuesto establecido por la norma especial paradeterminar el pago del interés moratorio del 1.5 ya descrito, esto es, si luego decompletada la documentación exigida en la póliza para el pago del siniestro,la aseguradora no se pronunció sobre el monto reclamado en el plazono mayor de treinta días computables a partir de la recepción de dichadocumentación, por lo que deberá entenderse como consentido el siniestro.Décimo Quinto : Sobre este tema, la Defensoría del aseguradomediante Resolución N° 044/06 de fecha catorce de agosto del dos milseis precisa que: "Conforme al artículo 380 del Código de Comercio, elContrato de Seguro se rige por los pactos lícitos consignados en cada pólizao documento; lo que implica que según esta entidad, "el plazo de 30 díasque señala el artículo 332 de la Ley General del Sistema Financiero ydel Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca ySeguros, recién comenzaría a computarse a partir de la fecha que elasegurado haya cumplido con hacer entrega de la copia certificada delparte policial, así como de los demás documentos solicitados, por lo quees criterio de este Colegiado, que el rechazo del siniestro formuladopor la aseguradora, se encuentra dentro del plazo establecido por ley, nohabiéndose configurado el supuesto de siniestro consentido referido en elindicado artículo ". (el subrayado es nuestro).Cabe recalcar que dicho criterio fue ratificado en la Resolución deRecurso de Revisión N° 058/09 ( 1) de fecha cinco de octubre del dos milnueve; estableciéndose además que en cuanto a los alcances del aludidoartículo 332 de la Ley 26702, se advierten los siguientes plazos: a) Treinta(30) días siguientes de consentido el siniestro, para su cancelación; b)Diez (10) días contados desde que la1 Recurso de Revisión presentado el 08 de julio del 2009 por la Positiva Seguros y reaseguros contra laResolución N° 093/09 de la defensoría del Asegurado de fecha 30 de junio del 2009 que declarófundado el reclamo interpuesto por PEGASUS VIAJES SAC correspondiente a la Póliza de Seguro deVehículo N° 312152. 11
  12. 12. aseguradora aprueba o no rechaza el convenio de ajuste debidamente firmadopor el asegurado, se entiende consentido el siniestro; c) Treinta (30) días paraexigir un nuevo ajuste, en caso que la aseguradora no este de acuerdo conel ajuste señalado en el convenio; d) Treinta (30) días contados desde la fechade haberse completado toda la documentación exigida en la póliza para el pagodel siniestro y la seguradora no se ha pronunciado sobre el monto reclamado, seentiende consentido el siniestro, en los casos que no existe convenio de ajuste; e)Noventa (90) días, contados desde la fecha de haberse completado la documentaciónexigida en la póliza, para que la aseguradora realice investigaciones adicionales,previo requerimiento a la Superintendencia de Banco, Seguros y AFP.Décimo Sexto: En este caso particular, se puede concluir que en el expedienteadministrativo obran en original de fojas 40 a 60, la copia certificada del partepolicial, así como de los demás documentos solicitados por la empresa de segurosWiese Aetna en referencia al siniestro consignado con el número 919-98 yrelacionado con la cobertura de la póliza N° 312717-167, donde se puede apreciarque fueron entregados a la aseguradora con fecha 14 de abril de 1998, y que a suvez, la aseguradora reconvenida, por carta de fecha 27 de abril de 1998 que obra afolios 39 del indicado cuaderno, esto es, trece días después de completada ladocumentación, comunica al asegurado que el siniestro no será reconocido por lacompañía; la recepción de esta carta por parte de Uben Atoche Kong esinequívoca, conforme fluye de las carta que cursara contestando esta misiva,documento obrante a folios 33 del indicado cuaderno. Por tanto, debe concluirseque, la aseguradora se pronunció rechazando reconocer el monto de la póliza, portanto no puede argüirse de que debe tenerse por consentido el siniestro y porlógica consecuencia no es aplicable el interés moratorio que sanciona el artículo332 de la Ley 26702 de haberse producido este supuesto.Décimo Sétimo: En armonía con lo discernido, corresponde aplicar lo regulado enel artículo 1324 del Código Civil, el cual prescribe en su parte pertinente: "Lasobligaciones de dar sumas de dinero, devengan el interés legal que fija el Banco 12
  13. 13. Central de Reserva del Perú, desde el día en que el deudor incurra enmora, sin n e c e s i d a d d e q ue e l a c r e e do r p r u e b e h a b e r s u f r i d o d a ñ oa l g u n o . . . , determinándose que los intereses que deberá ser fijados serán losintereses legales al ser la presente obligación, una inejecución contractualderivada de la póliza N° 12717, certificado N° 167, que corre de fojas dos aquince del expediente administrativo acompañado al principal; para lo cual se debecomputar los referidos intereses legales a partir del día veintisiete de abril de milnovecientos noventa y ocho fecha en la que la empresa demandante le comunicaal demandado que el siniestro no iba a ser reconocido por la compañía deseguros Wiese Aetna; tal como consta a fojas treinta y nueve del expedienteadministrativo acompañado al principal, siendo revocada la recurrida sólo en eseextremo.Décimo Octavo: En relación al presente agravio, se puede apreciar que a foliosonce del expediente administrativo acompañado al principal, se indica lo siguiente:"Se hace constar que los derechos de indemnización correspondiente a éstapóliza quedan transferidos a favor de los señores Wiese Ltdo. En sucalidad de acreedores del asegurado hasta por la suma indicada en la presentepóliza"; sin embargo, se puede verificar que tanto del escrito de contestación dedemanda que obra a folios trescientos veintiocho a trescientos treinta y cinco deltomo I del principal, y del escrito presentado por la Empresa de Servicios,Cobranzas e Inversiones S.A.C que obra en autos de fojas mil doscientos noventa yuno del tomo II del principal, se comunica que –en ese momento- el Banco Wiese yano es el acreedor del demandado y esto en virtud de los contratos detransferencia de cartera de que obran de fojas seiscientos veintiuno a seiscientostreinta y seis, advirtiéndose además que no sería posible que se hubiera producidoalgún endose de su posición de beneficiaria de la póliza, puesto que en la fecha de lafirma de los contratos mencionados, la póliza de seguro N° 312717 ya no seencontraba vigente; por lo que el presente agravio no puede ser estimado. Por estasconsideraciones: RESOLVIERON: 13
  14. 14. a) CONFIRMAR la resolución número noventa y nueve de fecha diez de julio deldos mil siete, obrante de fojas mil setecientos uno a mil setecientos tres del tomoII, que declara infundadas las observaciones al dictamen pericial, enconsecuencia, apruébese la tasación practicada sobre el vehículo de placa derodaje 10-4131-; y,a) CONFIRMAR la resolución número ciento veintinueve, sentencia de fechatreinta de enero del dos mil nueve, obrante de fojas dos mil diez a dos mil a dos miltreinta y dos del tomo III, en el extremo que declara infundada en todos susextremos la demanda interpuesta por INVITA SEGUROS DE VIDA sobreDeclaración Judicial contra el Banco Wiese y Uben Atoche Kong; y, FUNDADA ENPARTE la reconvención formulada por UBEN ATOCHE KONG; en consecuencia sedeclara que Invita Seguros de Vida cumpla con pagar la suma de trece mil dólaresamericanos (US$ 13,000.00); e INFUNDADA respecto a la liquidación dos delreconvini4nte, con costas y costos del proceso. En los seguidos por INVITASEGURO DE VIDA contra UBEN ENRIQUE ATOCHE KONG sobre DeclaraciónJudicial y otro. LA ROSA GUILLEN JUEZ SUPERIORHABIENDOSE PRODUCIDO DISCORDIA EN CUANTO A LA APLICACIÓN DEL TIPODE INTERES RESPECTO AL MONTO ORDENADO PAGAR EN LA PARTERESOLUTIVA DE LA PRESENTE RESOLUCION, LOS SEÑORES JUECESSUPERIORES QUE SUSCRIBEN RESOLVIERON:CONFIRMARON en cuanto al extremo del pago de intereses moratorios queserán calculados en ejecución de sentencia de conformidad al considerandovigésimo sétimo a la parte reconviniente UBEN ENRIQUE ATOCHE KONG. 14
  15. 15. En los seguidos por INVITA SEGUROS DE VIDA contra UBEN ENRIQUE ATOCHEKONG sobre Declaración Judicial y otro. GALLARDO NEYRALA SECRETARIA DE LA SALA QUE SUSCRIBE, CERTIFICA QUE EL VOTO ENDISCORDIA DEL SEÑOR JUEZ SUPERIOR SOLLER RODRIGUEZ, ES COMO SIGUE:Comparto, en general, los fundamentos expresados en la ponencia elaborada porla doctora La Rosa Guillen respecto a la demanda y reconvención formuladas enautos, sin embargo, guardando respeto por su posición, discrepo del extremo deella que ordena a INVITA SEGUROS DE VIDA a pagar sólo intereses legales por elretraso en cumplir su obligación, pues en mi opinión, los intereses aplicables alcaso concreto son más bien los establecidos en el último párrafo del artículo332º de la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema deSeguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. Ello por lassiguientes razones:PRIMERO: En el presente caso, se ha llegado a establecer en la ponencia queINVITA SEGUROS DE VIDA (en adelante INVITA), debió compensar en sumomento, al señor Uben Enrique Atoche Kong (en adelante Uben Atoche), porla pérdida del automóvil HYUNDAI modelo “Elantra” de placa TO-4131,ocurrida en el accidente de tránsito que éste sufrió el 10 de abril de 1998. Elloen virtud a la póliza de seguros que éste último había contratado con la primerasobre ese bien. 15
  16. 16. SEGUNDO: Asimismo, se ha establecido que INVITA incumplió con esaobligación, sin una causa valida que justifique su proceder.TERCERO: El asunto estriba ahora en determinar si como producto de suincumplimiento, INVITA está obligada a pagar intereses al señor Uben Atochesólo bajo la tasa de interés legal o, más bien, en la tasa regulada por el últimopárrafo del artículo 332º de la Ley Nº 26702.CUARTO: Sobre ello, el texto completo del artículo 332º de la Ley Nº 26702dispone: “Las indemnizaciones que se paguen directamente a los asegurados, beneficiarios y/o endosatarios, deberán efectuarse en un plazo no mayor de treinta (30) días siguientes de consentido el siniestro. Se entiende consentido el siniestro, cuando la compañía aseguradora aprueba o no ha rechazado el convenio de ajuste debidamente firmado por el asegurado en un plazo no mayor de diez (10) días contados desde su suscripción. En el caso que la aseguradora no esté de acuerdo con el ajuste señalado en el convenio, puede exigir un nuevo ajuste en un plazo no mayor de treinta (30) días, para consentir o rechazar el siniestro, determinar un nuevo monto o proponer acudir a la cláusula de arbitraje. En los casos en que no exista convenio de ajuste, se entenderá como consentido el siniestro cuando la aseguradora no se haya pronunciado sobre el monto reclamado en un plazo que no exceda de los treinta (30) días contados desde la fecha de haberse completado toda la documentación exigida en la póliza para el pago del siniestro. Asimismo, cuando la aseguradora requiera contar con un plazo mayor para realizar investigaciones adicionales u obtener evidencias suficientes sobre la procedencia del siniestro o para la adecuada determinación de su monto, ésta podrá presentar solicitud debidamente justificada, requiriendo un plazo adicional a la Superintendencia. Dicho plazo no podrá exceder de los noventa (90) días, contados desde la fecha en que haya completado la documentación exigida en la póliza respectiva. En caso de mora de la empresa de seguros, ésta pagará al asegurado un interés moratorio anual equivalente a uno punto cinco (1.5) veces la tasa promedio para las operaciones activas en el Perú, de la moneda en que se encuentre expresado el contrato de seguro por todo el tiempo de la mora”. 16
  17. 17. QUINTO : Este artículo contiene claramente tres partes: una primera ,destinada a indicar el plazo en que las compañías aseguradorasdeben pagar las indemnizaciones a sus asegurados, declarando que ellasdeben efectuarse dentro de los treinta días posteriores de consentido elsiniestro; una segunda , en la cual se explica cuándo debe tenerse porconsentido un siniestro; y, una tercera , destinada a regular el pago deintereses en caso de mora del asegurador.Del texto de la norma , es evidente que las dos primeras partes de ella, estándestinadas a regular el pago de las indemnizaciones a cargo de las compañíasaseguradoras únicamente en los casos de siniestros consentidos, es decir,cuando no exista oposición alguna de la empresa aseguradora a indemnizar alasegurado, ya sea por falta de contradicción oportuna o por aceptaciónexpresa. Así, cuando exista convenio de ajuste a favor de la indemnización y éstees aprobado por la aseguradora o no es rechazado en 10 días, el siniestro se tendrápor consentido. Lo mismo sucederá cuando, a falta de convenio defuste , la aseguradora no se haya pronunciado sobre el monto reclamado enlos 30 d s posteriores a la fecha de entrega de la documentación requeridapara el pago o —se entiende— haya aprobado otorgar el resarcimiento.Ello —como ya he referido— para los casos de siniestros consentidos, puesademás de estos, existe un segundo grupo de supuestos en los cuales también segenera la obligación de la aseguradora de indemnizar, a pesar de suoposición expresa. No podría pensarse que la obligación de ésta última segenere solamente cuando se encuentre de acuerdo con pagar. Como lomenciona el profesor JOAQUÍN GARRIGUES: "la finalidad del seguro consiste endar seguridad contra el riesgo. Pero esta seguridad no puede alcanzarse por lasupresión directa del acaecimiento temido (fuego, granizo, enfermedad, muerte,etc.), sino tan solo por la certeza de que al sobrevenir la situación temida 2tendremos a nuestra disposición un valor económico que la compense y bajo esteconcepto,2 GARRIGUES, Joaquín, Curso de Derecho Mercantil, Tomo IV, séptima edición, Colombia, Temis, 1987,pp. 251. 17
  18. 18. la obligación de la aseguradora nace, de cualquier forma, cuando se produzcaun daño subsumible dentro de la cobertura del contrato de seguro, al margende que aquella esté de acuerdo —consienta— o no con pagar.Entonces, la obligación de la aseguradora de pagar la indemnización alasegurado por la ocurrencia de un siniestro nace, por un lado cuando ellaconsiente ese siniestro y, por otro, cuando a pesar de negarse areconocerlo, ese siniestro sí se encuentra dentro de la cobertura delcontrato de seguro. Lo primero, como consecuencia del artículo 332° de la LeyN° 26702 y, lo segundo, como consecuencia de las reglas propias delcontrato suscrito por ambas partes, el cual, según lo dispuesto por el artículo1361° del Código Civil, constituye ley entre las partes; en este caso, el artículo 8.1de las Cláusulas Generales del Seguro de Vehículos, obrante a fojasdiecisiete: "LA COMPAÑIA indemnizará las perdidas en que directa yefectivamente incurra EL ASEGURADO por efecto de un siniestro, entendidocomo la realización de uno de los riesgos materia de cobertura (...)". Estoúltimo, aun cuando la Ley N° 26702 no lo señala expresamente, ya que laintención del legislador en los artículos 326° al 333° de esa norma no hasido agotar todos los temas relativos al contrato de seguros, sinosólo algunos aspectos específicos.SEXTO: De otro lado, en cuanto al último párrafo del artículo 332°, ésteregula el asunto referido a los intereses que deberá pagar la compañíaaseguradora como producto de la mora en cumplir con su obligación deindemnizar al asegurado, estableciendo que ellos serán calculados en unatasa anual equivalente a uno punto cinco (1.5) veces la tasa promediopara las operaciones activas en el Perú.La mora, como es sabido, es un estado jurídico del deudor, originado por elincumplimiento de una obligación a su cargo. Ella es descrita por unaautorizada doctrina nacional, a la cual me adscribo, como: "una situación deincumplimiento o de retraso en el cumplimiento, que manifiesta la preservación o 18
  19. 19. continuación de existencia del vínculo jurídico u obligación al que estáreferida 3; y en cuanto a su funcionalidad es regulada por los artículos 1333°y siguientes del Código Civil. En este caso, al regular el tema de la mora de lascompañías aseguradoras en pagar el resarcimiento a sus asegurados, elúltimo párrafo del artículo 332° de la Ley N° 26702 ha establecidotextualmente: "En caso de mora de la empresa de seguros, ésta pagará alasegurado un interés moratorio anual equivalente (...)", sin hacerdiferenciación alguna adicional al respecto . Por tanto, la tasa de interés a lacual se refiere este extremo de la ley, deberá a p l i c a r s e - e n m i c r i t e r i o - al o s p e r i o d o s d e m o r a e n e l p a g o d e indemnizaciones, ya sea que setrate de siniestros consentidos o que medie rechazo de la aseguradora,siempre que en este último caso, el rechazo sea injusto.SETIMO: Pienso, además, que la tasa de interés regulada por la última parte delartículo 332° de la Ley N° 26702 debe aplicarse a los periodos de mora,indiferentemente que se trate de siniestros consentidos o que medie rechazode la aseguradora, siempre que el rechazo sea injusto, por las siguientesrazones: a. No existe razón para pensar que la tasa de interés moratorio excepcional regulada por la referida norma sólo deba aplicarse a la mora en el pago de indemnizaciones por siniestros consentidos, no sólo porque la ley no contiene distinción alguna en su aplicación, sino también porque este tipo de regulaciones han sido recogidas por la doctrina de los contratos d e s e g u r o s c o m o u n t i p o d e p e n a l i d a d p a r a l a s c o m p a ñ í a s aseguradoras por incumplir con el pago de las indemnizaciones a su cargo, sin diferenciar si consintieron o no el siniestro, sino si debían pagar. Esto puede ser consultado, por ejemplo, en la obra del profesor BROSETA PONT.3 OSTERLING PARODI, Felipe y CASTILLO FREYRE, Mario, Sistemas de Constitución en Mora,comentario al artículo 1333º del Código Civil, en Código Civil Comentado, tomo VI, Derecho deObligaciones, Lima, Gaceta Jurídica, 2007. 19
  20. 20. b. En efecto, no debe olvidarse que al negarse a pagar una indemnización injustamente, las compañías de seguros vulneran el objeto mismo del contrato de seguro, el cual esta destinado —como ya ha sido mencionado — a dar la seguridad a sus asegurados de obtener un resarcimiento inmediato ante la realización de un riesgo y, por tanto, este tipo de conductas son sancionados por el legislador con una penalidad destinada a desincentivarlas, ya que su ocurrencia reiterada no sólo obligaría en buena cuenta —en lo particular— a los asegurados a soportar ellos mismos los perjuicios originadas por daños coberturados por estos contratos, defraudando el principio de uberrimae fidei (máxima buena fe)4 que los gobierna, sino además —en general— socavaría la percepción del Sistema de Seguros en la sociedad, desincentivando su uso. c. Optar por una posición contraria, es decir, afirmar que la tasa de interés excepcional regulada en la última parte del artículo 332° de la Ley N° 26702 únicamente se aplica a los casos en que la compañía aseguradora haya aprobado el siniestro o haya guardado silencio al respecto, nos llevaría a la absurda conclusión, que si la compañía de seguros guarda silencio sobre el siniestro sí debe ser penalizada con una tasa de interés mayor, pero si se niega injustamente, entonces no tiene mayor sanción. De ser así, cualquier aseguradora podría verse incentivada a negar a diestra y siniestra las solicitudes de cobertura de sus asegurados, esperando hasta una declaración judicial o arbitral para resarcirlos, pues no tendrían mayor sanción por ello. Recuérdese que según la posición de la ponencia, la tasa de interés aplicable a la mora en el pago de una aseguradora que se negó injustamente a pagar u n a indemnización es sólo la del interés legal, la cual es significativamente más baja a la tasa de interés de interés que podría4 SÁNCHEZ CALERO, Fernando, Instituciones de Derecho Mercantil, Vol. II, Vigésima Sexta edición,Madrid, Mc Graw Hill, 2004, pp. 399. 20
  21. 21. obtener una compañía de seguros por mantener ese dinero en su poder duranteese tiempo, claro incentivo para negar las indemnizaciones a sus clientes. Por el contrario, yo pienso que si una aseguradora debe ser penalizada con una tasa de interés elevada por guardar silencio ante una solicitud de indemnización, tanto más debe serlo si la rechaza de forma injusta.d. Esto último no constituye sólo una disquisición vana y carente de sustento práctico, pues si se presta atención a la contestación de la demanda presentada por INVITA (fojas setecientos setenta y cuatro), puede apreciarse que ella ha expresado sin mayor reparo como parte de su defensa: "El art. 332 de la Ley 26702 solamente exige que exista el pronunciamiento de la compañía aseguradora, respecto del reclamo, dentro de los 30 días. Un pronunciamiento significa gramaticalmente cualquiera de los siguientes sinónimos:información; e x p o s i c i ó n ; e x p l i c a c i ó n ; `declaración; alegacion; o afirmación (fundamentos 5.10 y 5.11) (...) Resulta pertinente señalar al Juzgado, que el artículo 332 de la Ley 26702 no señala que las pruebas que se invoquen para adoptar esa posición, tengan que ser absolutas, concluyentes o determinantes. La ley solamente exige que haya pronunciamiento expreso del asegurador, para evitar que se incurra en la presunción legal de estimarse el reclamo como consentido (fundamentos 5.14 y 5.15)", posición reafirmada en la apelación (fojas dos mil setenta y tres). Cabe preguntarse ¿qué pretende afirmar INVITA? ¿acaso la finalidad buscada por el legislador fue que las compañías aseguradoras crean que mientras se den el pequeño trabajo de rechazar las solicitudes de indemnización presentadas por sus asegurados, aunque sea sin sustento justo y determinante, pueden librarse de cumplir con su obligación resarcitoria? En este caso , han trascurrido más de diez años desde la ocurrencia del siniestro que debió resarcir INVITA, y hasta ahora no lo ha hecho, ¿puede esto llamarse seguro? Acaso puede permitirse que INVITA disfrute de un monto dinerario por todo este 21
  22. 22. tiempo obteniendo en el peor de los casos —de depositarlo en el sistema financiero— un rédito mucho mayor a la penalidad que pretende pagar (interés legal). Creo firmemente que este tipo de conductas sólo constituyen el producto de una interpretación antojadiza de la ley, de un acomodo a la lectura de la ley más conveniente para quien la lee. Lo cierto es que la ley taxativamente sanciona con un interés excepcional la mora de las aseguradoras, sin hacer distingo alguno al respecto y, por tanto, INVITA no puede tratar de persuadir a este Colegiado de actuar según lo más conveniente a sus intereses, y mucho menos establecer precedentes que legitimarían conductas tan reprochables como la suya, tanto más, si ya ha expresado con palabras claras en este proceso cómo así cree que puede escudarse en la norma para justificar su injusto proceder.Por estas razones: MI VOTO es porque se CONFIRME la sentencia venida en gradoen todos sus extremos. SOLLER RODRIGUEZ Juez SuperiorLA SECRETARIA DE SALA QUE SUSCRIBE, CERTIFICA QUE EL VOTO ENDISCORDIA DE LA SEÑORA JUEZ SUPERIOR NIÑO NEIRA RAMOS, ES COMO SIGUE:Que, si bien estamos de acuerdo con los fundamentos y parte resolutivaexpresados por la Vocal ponente, en cuanto a la demanda y reconvenciónplanteadas, sin embargo discrepamos con ella, en el extremo relacionado al pago deintereses legales, por el atraso en el cumplimiento de la obligación, por parte de InvitaSeguros de Vida, pues consideramos que más bien deben aplicarse los interesesprevistos en la parte in fine del artículo 332 de la Ley General del SistemaFinanciero y Bancario — Ley N° 26702 —, y ordenarse que la citada empresa 22
  23. 23. de seguros, pague al demandado —asegurado— un interés moratorio anual equivalente aluno punto cinco (1.5) veces la tasa promedio para las operaciones activas en el Perú, dela moneda en que se encuentre expresado el contrato de seguro por todo el tiempo de lamora; en tal sentido, adhiriéndome en tal sentido a la parte resolutiva del voto del SeñorPresidente, pero discrepando en cuanto a sus fundamentos, por los siguientes motivos: 1. Los criterios expresados, son coincidentes en señalar que se ha producido inejecución de la prestación por parte de la Compañía de Seguros, a favor del asegurado, sin embargo, son discrepantes en cuanto a que si, como consecuencia de dicho retraso, se debe aplicar un interés de 1.5 veces la tasa promedio para las operaciones activas en el Perú, o si en cambio se debe aplicar a tal supuesto, la tasa de interés legal. 2. Consideramos que el incumplimiento de la prestación de pago, implica un problema de inejecución contractual, por lo que el supuesto normativo pr evist o en la par t e f inal del art ículo 332 de la Le y N° 26702, debe interpretarse no de modo aislado, sino en el contexto global del Sistema de Seguros previsto en la citada Ley, cuyo marco interpretativo resulta ser el cardinal 14° del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, que a su vez se desenvuelve dentro de la Teoría General de los Contratos, dado que, en definitiva esta constituye la fuente reguladora del contrato de seguro, en sus aspectos especiales y particulares, que, a su vez nos remite al Código Civil en materia de contratación, en el que se encuentra la buena fe como principio sustentante de la relación entre los contratantes desde que el contrato se configura hasta su finalización, así como también el ejercicio no abusivo de los derechos pactados, los cuales cobran especial relevancia en el marco de los contratos de adhesión en general y de los contratos de seguros en particular. En este sentido, señala Isaac Halperín en su obra "Seguros", que: "los Principios de la buena fe contractual hallan una 23
  24. 24. aplicación más frecuente y rigurosa en el contrato de seguros debido a su naturaleza y a la posición especial de las partes"5.3. Por tanto, en relación a los deberes del asegurador hacia el tomador o asegurado, aquél debe conducirse con la mayor lealtad posible en todo cuanto se refiere a la ejecución de sus obligaciones y a la interpretación de la póliza por el carácter del contrato, cuya comprensión generalmente escapa a la capacidad del tomador o asegurado y por su naturaleza de contrato de condiciones generales uniformes impuestas al asegurado.4. La exigencia prevista en el artículo 1362 del Código Civil, respecto a que en la negociación, celebración y ejecución de los contratos, debe observarse una conducta de buena fe (esto es, funcional, no abusiva, una conducta no reñida con los fines éticos, sociales y económicos de las prerrogativas o facultades jurídicas y de los derechos subjetivos), se acentúa especialmente en la fase de cumplimiento del contrato por parte del asegurador en el contrato de seguros, atendiendo al estado de necesidad o apremio del asegurado. Y, en cuanto a las obligaciones impuestas al asegurado, debe efectuar la denuncia del siniestro en plazos apremiantes y términos explícitos para proceder a la verificación del siniestro.5. Acorde a los lineamientos establecidos en el ya citado artículo 332 de la Ley N° 26702, pesa también en el asegurador el deber de indicar la causa de su determinación de no prestar la cobertura consecuente al contrato y al siniestro; sin embargo, este deber, no puede ser entendido como limitado a una simple negación o aceptación de la responsabilidad, ya que de haber querido ello el legislador, no habría sido necesaria la redacción de dicho artículo en su texto actual, sino que hubiera bastado con que no cumpliera el asegurador con las obligaciones asumidas o simplemente, en el caso de que fuera demandado, que invocara el incumplimiento del contrato o la 5 Isaac Halperín: "Seguros" Depalma, Buenos Aires. 1991, Vol. I, pág. 51 24
  25. 25. contravención de la ley de seguros por parte del asegurado. Dicho artículo, evidentemente ha sido introducido para asegurar el cumplimiento leal y de buena fe del contrato de seguro y para señalar una etapa en el proceso de cumplimiento en la que se deberá dejar bien en claro si se asume la responsabilidad, aún cuando pudieran existir infracciones por parte del asegurado, determinantes de la pérdida de su derecho. El asegurador debe dar una explicación razonada, veraz, auténtica, justificada, clara e inteligible, d e s u d e c l i n a c i ó n d e r e s p o n s a b i l i d a d , d a d o q u e d i c h a c o n d u c t a s e corresponde con las obligaciones impuestas al asegurado previamente; la obligación de manifestarse no queda satisfecha con una escueta negación y no explicación motivada, razonada e inteligiblemente del asegurador, respecto a la razón que cree lo exonera de pagar, para que, bajo los alcances de ejercicio pleno del derecho al contradictorio (conocido también como el derecho de defensa que debe primar en toda clase de procesos y procedimientos), el asegurado pueda demostrar el error incurrido, para lograr el resultado del contrato y saber a qué atenerse antes del eventual juicio. Como es de verse de la carta de fojas treinta y nueve del Expediente Administrativo que viene como acompañado, el asegurador, informa al asegurado que el siniestro, no será reconocido por la empresa, sin más explicación que citar el haber incurrido en los artículos 53 y 54 inciso i) del Reglamento General de Tránsito, al no oponerse al Código de Tránsito de Seguridad Vial (artículo 230) en actual vigencia; es decir, la decisión p r o p o r c i o n a d a a l a s e g u r a d o r , n o s a t i s f a c e l a e xi g e n c i a d e s er u n a explicación razonada, veraz, auténtica, justificada, clara e inteligible, de su declinación de responsabilidad.6. Sobre el particular, es preciso discernir sobre la trascendencia de la motivación en las decisiones de una entidad particular en la que juega un papel trascendental el interés público, como el tema de Seguros, o en las d ec is io ne s d e u na ent id ad pú bl ic a, e in di ca r q ue , in cl us iv e un a ct o discrecional (contrario al reglado), que resuelve asuntos concretos, de 25
  26. 26. conformidad con los mandatos de la Constitución (inciso 5° del artículo 139) y que abarca, como consecuencia, a las leyes y demás normas legales, opera cuando el ordenamiento jurídico atribuye a algún Órgano, competencia para apreciar, en un supuesto dado, que sea de interés público.7. En tal sentido, el Órgano de competencia, está obligado a justificar las razones que imponen la decisión en el sentido del interés público de una manera concreta y específica y no con una mera afirmación o invocación abstracta (Eduardo García de Enterría). De este modo, podemos concluir diciendo que, conforme ha sido ya establecido por el Tribunal Constitucional de nuest ro país en sus reit er ados pr onunciam ientos que constituyen Jurisprudencia vinculante (como la contenida en el Expediente N° 0090- 2004- ANTC), y que compartimos plenamente, el ejercicio de una potestad discrecional debe acompañarse de una motivación que muestre puntualmente el nexo coherente entre el medio adoptado y el interés general circunscrito al que apunta. No hay que olvidar que, el interés público se construye sobre la base de la motivación de las decisiones, quedando excluida toda posibilidad de arbitrariedad, por la razonabilidad que debe imperar en las decisiones, las cuales se encuentran sometidas a las denominadas reglas de la crítica r acional, por cuant o el Principio de motivación suficiente, se sustenta en el Principio de Razonabilidad. La motivación en el acto discrecional, debe ser suficiente, vale decir justificadora de la decisión; sin embargo además debe ser expresa, clara y precisa, jugando un papel trascendental el lenguaje entendible, bajo los esquemas de la argumentación y justificación, tendientes a evitar ambigüedades, omisiones e incoherencias; debiendo además observar rigor lógico, que permita conocer los criterios esencialmente adoptados para la decisión, respecto al caso concreto; y, todo ello, para poder permitir un posterior control del acto previo. La falta de motivación, implica no sólo ausencia absoluta de motivación, sino también ausencia sustancial, como la omisión de pas ajes de cis ivos en el r azonamient o argum ent at ivo; 26
  27. 27. interpretando extensivamente el concepto de contradicción hasta llegar a incluir en él a la ilogicidad en la trama argumentativa, con el propósito de efectuar un control sustancial sobre la motivación a fin de discernir respecto a la insuficiencia o en cuanto a las omisiones que vician, por violación de la ley y por no respetar la inferencia deductiva con aserción de la referencia empírica verificable o refutable, bajo el Principio de Razón Suficiente, llamado también de verificabilidad y conformante de los Principios lógicos de Valoración, aplicables al proceso administrativo8. Por tanto, la exigencia de motivación, vista desde todos sus ángulos, abarca a todo nuestro Ordenamiento Jurídico, y como consecuencia, a la actividad contractual, y, la ausencia de tal exigencia en la manifestación de razones de la declinación de responsabilidad, indica una falta al deber de cooperación y lealtad que debe regir en todo contrato, particularmente en el que es materia de autos, en el cual inclusive la aseguradora contaba con una posición mucho más ventajosa que su contraparte para sustentar un eventual rechazo de su responsabilidad, realizando una interpretación sistemática de la norma en todo su contexto, tal y conforme se ha establecido en líneas precedentes, así como también con las disposiciones generales de los contratos, como igualmente se ha indicado, para poder concluir que la aseguradora debió p r o n u n c i a r s e m o t i v a d a y r a z o n a b l e m e n t e , s o b r e s u d e c l i n a c i ó n d e responsabilidad y el alcance de la misma, en razón a que el incumplimiento no puede ser opuest o com o def ensa cuando exist e una m anif est ación de v o l u n t a d p r e v i a , d e p a r t e d e q u i e n l o o p o n e , d e e j e c u t a r l a o b l i g a c i ó n asumida, un el marco de una relación contractual de interés público, como es la de seguros, en que dicha manifestación de voluntad es crucial para determinar si la parte aseguradora asume la responsabilidad; verificándose de autos que la aseguradora no cumplió con brindar al asegurado una información con las exigencias señaladas, y por tanto, se hace pasible de aplicársele los intereses previstos en la parte in fine del artículo 332 de la Ley N 26702 en el atraso incurrido en el cumplimiento de la obligación por parte 27
  28. 28. de Invita Seguros de Vida, y ordenarse que la citada empresa de seguros, pague al demandado – asegurado – un interés moratorio anual equivalente al uno punto cinco (1.5) veces la tasa promedio para las operaciones activas en el Perú, de la moneda en que se encuentre expresado el contrato de seguro por todo el tiempo de la mora; 9. Por tanto, mi voto es porque se CONFIRME la Sentencia venida en grado, en todos sus extremos. NIÑO NEIRA RAMOS Juez SuperiorLA SECRETARIA DE SALA QUE SUSCRIBE, CERTIFICA QUE EL VOTO DE LA SEÑORAJUEZ SUPERIOR GALLARDO NEYRA, ES COMO SIGUE:La Magistrada que suscribe, se adhiere a los fundamentos expuestos en elvoto emitido por el Señor Juez Superior Soller Rodríguez.Firma: EDWIN JESUS VILLALOBOS SALAS ESCRIBANO Primera Sala Civil Subespecialidad Comercial CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 28

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