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El mencionado enfoque de seguridad militar se aprecia claramente en el numeral 3.2.2.Lineamientos de la política de preven...
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desplazadas líderes o que adquieren visibilidad pública por sus labores de promoción social,cívica o de los derechos human...
b) Garantizar la participación de la Defensoría del Pueblo, como principal autor de losinformes sobre evaluación de los ri...
e) Promover ante la Fiscalía General de la Nación una estrategia para el impulso de lainvestigación del delito de desplaza...
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Informe de seguimiento a la situación del derecho a la vida de las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia

  1. 1. Informe de seguimiento a la situación del derecho a la vida de las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia Bogotá, marzo de 2010Calle 72 # 12 – 65 piso 7 | www.coljuristas.org | info@coljuristas.org | teléfono: (+571) 376 8200 | fax: (+571) 376 8230 | Bogotá, Colombia
  2. 2. TABLA DE CONTENIDOPresentaciónCapítulo 1.Las Naciones Unidas han llamado la atención sobre las violaciones al derecho a la vidade la población desplazadaCapítulo 2.Las medidas adoptadas por el Ministerio del Interior y de Justicia no están enfocadasen las causas de las violaciones contra el derecho a la vida de las personas desplazadasCapítulo 3.Persisten las violaciones contra el derecho a la vida de las personas desplazadasCapítulo 4.Las medidas de seguridad adoptadas por el gobierno no respetan los derechoshumanos y el derecho internacional humanitario y, por lo tanto, no garantizan laprotección de la población desplazadaCapítulo 5.Conclusiones y recomendaciones
  3. 3. Informe de seguimiento a la situación del derecho a la vida de las víctimas deldesplazamiento forzado en ColombiaPresentaciónEl presente documento tiene el propósito de suministrar a la Corte Constitucional informacióny análisis acerca de la situación del derecho a la vida de las personas en situación dedesplazamiento, del que la Corte se ha ocupado en la sentencia T-025 de 20041 y el auto 200 de20072.La primera sección del documento está trata de las advertencias que han hecho los organismosde las Naciones Unidas acerca de las violaciones al derecho a la vida de las víctimas deldesplazamiento forzado; la segunda sección está dedicada a analizar las medidas adoptadas porel Gobierno luego de la expedición del auto 200 de 2007; la tercera sección consiste en elanálisis de las violaciones al derecho a la vida de las personas desplazadas entre 2007 y 2009; yla cuarta aborda las medidas adoptadas por el gobierno que son contrarias a los derechoshumanos y al derecho internacional humanitario y que incrementan el riesgo para las personasy comunidades en situación de desplazamiento. Por último, la parte final del documentopresenta las conclusiones y las recomendaciones.1. Las Naciones Unidas han llamado la atención sobre las violaciones al derecho a lavida de la población desplazadaEn repetidas ocasiones los órganos de las Naciones Unidas han manifestado su preocupaciónpor la protección de las víctimas del desplazamiento. En este documento recordamossolamente los pronunciamientos del Alto Comisionado para los Refugiados –Acnur- y elRepresentante Especial del Secretario General. Este último señalaba en 2000 que:1 La sentencia T-025 de 2004, en su numeral 5.2, señala que “[e]ntre los derechos constitucionales fundamentales que resultan amenazadoso vulnerados por las situaciones de desplazamiento forzoso, la jurisprudencia de esta Corte ha señalado los siguientes: 1. El derecho a la vida encondiciones de dignidad dadas (i) las circunstancias infrahumanas asociadas a su movilización y a su permanencia en el lugar provisional de llegada, y(ii) los frecuentes riesgos que amenazan directamente su supervivencia”. El mismo fallo señala que “[l]os Principios Rectores del DesplazamientoForzado que contribuyen a la interpretación de este derecho en el contexto del desplazamiento forzado interno son los Principios 1, 8, 10 y 13, que serefieren, entre otras cosas, a la protección contra el genocidio, las ejecuciones sumarias y prácticas contrarias al derecho internacional humanitario quepongan en riesgo la vida de la población desplazada”.2 Corte Constitucional, Auto 200 de 2007. Ref.: Sentencia T-025 de 2004 – Protección del derecho a la vida y a la seguridad personal delíderes de la población desplazada y personas desplazadas en situación de riesgo. Adopción de medidas de protección de los derechos a la vida y a laseguridad personal de algunos líderes de la población desplazada y ciertas personas desplazadas en situación de riesgo. M. P.: Manuel JoséCepeda Espinosa, Bogotá, D.C., agosto 13 de 2007.
  4. 4. “Debería darse una respuesta eficaz a las amenazas contra la seguridad física de los desplazados, sus dirigentes y otras personas que laboran en su favor. En particular, cuando esas amenazas se señalan a la atención de las autoridades, incumbe a éstas adoptar las medidas pertinentes”3.Transcurridos siete años, el Acnur, en el Balance de la Política Pública para la AtenciónIntegral al Desplazamiento Forzado 2004-2007, advirtió sobre la permanencia de lasviolaciones al derecho a la vida de la población desplazada, señalando además que la ausenciade información oficial impedía valorar la magnitud de la problemática: “Con base en los registros adelantados por la CCJ y en la información proveniente de las oficinas de campo del ACNUR, se estableció que entre el 2004 y el 2006 al menos 83 personas desplazadas fueron asesinadas en el país (…). Pese a que la información tan sólo presenta un registro parcial de la situación, evidencia que el caso más grave se registró en el departamento de Antioquia, en donde 20 personas desplazadas fueron asesinadas, más de la mitad de ellas en la zona de Urabá. Al igual que en ese departamento, la mayoría de los hechos violentos se presentó en pequeños y medianos municipios; tan sólo el 13% de los casos se presentó en las grandes ciudades del país. El primer esfuerzo de las autoridades debería estar encaminado a levantar y consolidar información que dé cuenta de la magnitud real de esta problemática; de lo contrario, las medidas adoptadas podrían resultar insuficientes. El Estado basa su respuesta, para la protección de los líderes y dirigentes de la población desplazada, en el programa de protección del Ministerio del Interior y de Justicia”4.Los reiterados llamados de atención anteriormente citados muestran el prolongadoincumplimiento de la obligación estatal de proteger a las víctimas del desplazamiento.En el marco del seguimiento al cumplimiento de las órdenes de la sentencia T-025 de 2004, laCorte Constitucional, en el auto 200 de 2007, señaló que “el derecho a la vida y a la seguridadpersonal de los líderes y representantes de la población desplazada, así como de personas desplazadas ensituación de riesgo extraordinario, requiere de la adopción de medidas urgentes por parte de las autoridades paraefectos de garantizar su protección, en el marco del proceso de superación del estado de cosas inconstitucionalexistente en el campo del desplazamiento interno en el país y declarado en la sentencia T-025 de 2004”5.Solamente a partir de la expedición del auto 200 de 2007 el gobierno adoptó algunas medidasque, debido a su falta de especificidad y a que no respetan los estándares contenidos en losinstrumentos internacionales de derechos humanos, no han mejorado la protección delderecho a la vida de las personas en situación de desplazamiento.3 Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos, 56º período de sesiones, Informe del Representante del Secretario General sobrelos desplazados internos presentado de conformidad con la resolución 1999/47 de la Comisión. Adición Pautas de los desplazamientos: misión deseguimiento enviada a Colombia, E/CN.4/2000/83/Add.1 11 de enero de 2000, Párr. 118.4 Acnur, Balance de la política pública para la atención integral al desplazamiento forzado en Colombia, enero 2004 - abril 2007, Bogotá D.C.,agosto de 2007, pág. 229.5 Corte Constitucional, citado supra en Nota 2.
  5. 5. 2. Las medidas adoptadas por el Ministerio del Interior y de Justicia no estánenfocadas en las causas de las violaciones contra el derecho a la vida de las personasdesplazadasEn el auto mencionado, la Corte expuso una serie de fallas sistemáticas estructurales y deimplementación práctica, en la protección a líderes y personas desplazadas cuya vida yseguridad personal se encuentran en situación de riesgo. La Corte ordenó al Director delPrograma de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia gestionar el diseño de unPrograma específico para la superación de las falencias de diseño e implementación, y “adoptarlas medidas necesarias para que en lo sucesivo, la presunción de riesgo cuyos alcances y consecuencias jurídicas seexplicaron en el aparte III de la parte motiva del presente Auto sea aplicada a cada uno de los líderes deorganizaciones de población desplazada o personas desplazadas en situación de riesgo que cumplan con suscondiciones de aplicación, para efectos de garantizar el cumplimiento de los deberes mínimos de las autoridadesen relación con sus derechos fundamentales a la vida y a la seguridad personal”6.En los últimos meses de 2007, el Consejo Nacional para la Atención Integral a la PoblaciónDesplazada –CNAIPD- anunció la adopción de dos medidas con las que pretendía darcumplimiento a las órdenes del auto 2000: la primera de estas medidas corresponde al AcuerdoNo. 009 de 2007 “Por el cual se adoptan medidas tendientes a evidenciar y profundizar la coordinación yarticulación entre el Programa de Protección a Población en situación de desplazamiento que lidera el Ministeriodel Interior y de Justicia y el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada” 7. Lasegunda medida consistía en una propuesta de reforma al decreto 250 de 2005 que expidió elPlan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada8.El Acuerdo 009 de 2007 se limita a instruir a las entidades públicas nacionales y territorialesque conforman el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada –SNAIPD- para que evidencien y profundicen las acciones de coordinación y articulación con elPrograma de Protección a cargo del Ministerio del Interior y de Justicia; realizar sesiones detrabajo con el fin de cumplir con la disposición anterior y adoptar nuevas acciones decoordinación que permitan superar las falencias en el deber de protección de la vida eintegridad de la población desplazada señaladas en el auto 200 de 2007; enviar a Acción Socialun protocolo para garantizar a la persona protegida por el Programa de Protección que losmiembros de su familia tendrán “acceso a programas que garanticen el mínimo vital dentro de losparámetros fijados por los indicadores de goce de derechos adoptados por las entidades del SNAIPD encumplimiento de la Sentencia T- 025 de 2004”9.6 Ibídem.7 Acuerdo No 009 de 2007 del CNAIPD “Por el cual se adoptan medidas tendientes a evidenciar y profundizar la coordinación y articulaciónentre el Programa de Protección a Población en situación de desplazamiento que lidera el Ministerio del Interior y de Justicia y el Sistema Nacionalde Atención Integral a la Población Desplazada”.8 Decreto 250 de 2005 “Por el cual se expide el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia y sedictan otras disposiciones”.9 Acuerdo No 009 de 2007, citado supra en Nota 7.
  6. 6. La segunda medida relacionada con el auto 200 de 2007 fue propuesta por el Ministerio delInterior y de Justicia, y consistía en un proyecto de decreto: “Por el cual se adiciona y modifica elDecreto 250 de febrero 7 de 2005 mediante el que „se expide el Plan Nacional para la Atención Integral a laPoblación Desplazada por la Violencia y se dictan otras disposiciones‟ ”. Dicho proyecto de decreto fuepuesto a consideración del CNAIPD, en su sesión del 26 de noviembre de 2007.Dicho proyecto de decreto no estaba enfocado sobre las causas y los responsables de lasviolaciones a la vida de las personas desplazadas. Por el contrario, en dicho proyecto elMinisterio buscaba incorporar muchos elementos de la ―Doctrina de Acción Integral‖ y de laestrategia militar de consolidación de la política de “Seguridad democrática‖ 10, las cuales soncontrarias a los Principios Rectores relativos a la protección durante el desplazamiento11, puesto quedesconocen principio de distinción entre civiles y combatientes contenido en el derechointernacional humanitario que tiene por finalidad proteger a los civiles, y el principio deimparcialidad propio de las acciones humanitarias.En octubre de 2008, el gobierno nacional presentó a la Corte Constitucional un informe que,entre otros aspectos, contenía cifras relacionadas con la situación de los derechos a la Vida,integridad, libertad y seguridad personal” 12 de la población desplazada. Con base en datos de laFiscalía General de la Nación, el informe reconoció que “por causas directamente relacionadas con susituación de desplazamiento‖ 5.926 personas habían sido asesinadas, que las víctimas dedesaparición forzada que han puesto su caso en conocimiento de las autoridades era de 3.911(0.3% de la población) y que las víctimas de tortura cuyo caso ha sido puesto en conocimientode las autoridades era de 723 (0.1% de la población plenamente identificada).Pese a la persistencia del grave riesgo para la vida de la población desplazada, a la existencia derecomendaciones internacionales en la materia y a las órdenes de la Corte Constitucional, loscomponentes de prevención y protección de la política pública de atención a la poblacióndesplazada aún no han incorporado un enfoque de respeto y garantía de los derechos humanosy el derecho internacional humanitario, aunque dicho enfoque aparece nominalmente enalgunos de los documentos de política y en los informes de rendición de cuentas 13. Por elcontario, dichos componentes de la política están altamente supeditados a un enfoque deseguridad en el que prevalece la acción militar.10 El Documento Conpes 3460 de 2007 “Política de consolidación de la seguridad democrática: fortalecimiento de las capacidades del sectordefensa y seguridad”, señala que uno de los objetivos estratégicos de dicha política es el desarrollo de “la Doctrina de Acción Integrala través del esfuerzo combinado de la fuerza legítima, la política social, las acciones de las demás instituciones del Estado y de la sociedad civil”.Según dicha política, “la Doctrina de Acción Integral (DAI) se constituirá en la principal herramienta para establecer principios y protocolos decoordinación operacional entre el esfuerzo militar y el social”.11 El Principio Rector de los Desplazamientos Internos No 10 en su numeral 2 establece, que las personas desplazadas seránprotegidas contra los actos de violencia, entre los que se encuentran “c) Su utilización como escudos de ataques contra escudos militareso para proteger, facilitar o impedir operaciones militares”.12 Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Medición de los indicadores sectoriales y descripción de laoferta de servicios de cada una de las entidades del Sistema Nacional de Atención a Población Desplazada - SNAIPD, Anexo III del informe“Respuesta Auto 116. Seguimiento de Indicadores de Goce Efectivo de Derecho. Bogotá, Octubre 31 de 2008.13 Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada –SNAIPD-, Informe del Gobierno Nacional a la CorteConstitucional sobre los avances en la superación del Estado de cosas inconstitucional declarado mediante la sentencia T-025 de 2004, Bogotá,octubre 30 de 2009, págs. 25 y 26.
  7. 7. El mencionado enfoque de seguridad militar se aprecia claramente en el numeral 3.2.2.Lineamientos de la política de prevención y prevención del informe que el SNAIPD presentó a la Corteen octubre de 2009, en el cual se reseñan las acciones del ―Plan Nacional de Consolidación” y el“afianzamiento del control territorial por parte de la fuerza pública”14, que corresponden a la ―política deseguridad democrática‖ y la ―doctrina de acción integral‖, las cuales, como se señalóanteriormente, no respetan las obligaciones establecidas en los Principios Rectores de losDesplazamientos Internos y los convenios internacionales de derechos humanos y derechohumanitario15.En su informe de 2009, el SNAIPD da cuenta del diseño de la Ruta de Protección cuyopropósito es “articular y coordinar el nivel municipal, departamental y nacional a fin de proteger oportuna yefectivamente los derechos a al vida, a la integridad personal, y a la libertad y seguridad personales de poblacióndesplazada con nivel de riesgo extraordinario o extremo”. Asimismo, el gobierno informó acerca del“nuevo Instrumento Estándar de Evaluación de Riesgo y Adopción de Medidas de Protección para evaluar lanaturaleza de los riesgos individuales que enfrenta la población en situación de desplazamiento”16.El SNAIPD se limita a mencionar que “[l]os dirigentes de población desplazada como las personas nolíderes inscritas en el RUPD que han solicitado medidas han sido atendidas por el Programa de Protección delMinisterio del Interior a través de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia,cuyo objetivo consiste según el Decreto 2816 de 2006 en “Apoyar al Gobierno Nacional en la salvaguarda a lavida, integridad, libertad de la población objeto, que se encuentra en riesgo cierto, inminente y excepcional, comoconsecuencia directa y en razón del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales ohumanitarias”17.Los informes presentados a la Corte Constitucional por parte del Gobierno Nacionalevidencian la existencia de un problema de información con relación a la situación deprotección de la población desplazada, así como de coordinación de las instituciones, lo cualgenera la ausencia de aproximación integral y común al problema. Al evaluar los avances sobrela responsabilidad estatal de protección de los derechos a la vida, el gobierno solamenteconsidera la población desplazada inscrita en el Registro Único de Población Desplazada(RUPD) con riesgo extraordinario o extremo que ha solicitado medidas de protección18, la cualrepresenta un universo muy restringido que excluye a las personas desplazadas que no hanlogrado su inclusión en el RUPD, debido a las falencias que dificultan el acceso a dichoregistro. Los datos oficiales en materia de protección a la población desplazada tampocoincluyen a las personas desplazadas que estando inscritas en el RUPD no han solicitadomedidas de protección al Ministerio del Interior y de Justicia.14 Ibídem, págs. 35 y 36.15 Para ampliar la información acerca de las implicaciones de la estrategia de militarización y recuperación social del territoriosobre la legalización del despojo de las tierras, se puede consultar el documento de la Comisión Colombiana de JuristasColombia: La metáfora del desmantelamiento de los grupos paramilitares. Segundo informe del balance de la aplicación de la ley 975 de 2005,Bogotá, marzo de 2010. págs. 111 a 119.16 SNAIPD, citado supra e Nota 13, pág. 38.17 Ibídem, pág. 245.18 Ibídem, pág. 244.
  8. 8. Adicionalmente, en el informe citado el gobierno afirma que “[l]os casos de personas desplazadasasesinadas corresponden al histórico desde 1999 a la fecha. Actualmente el 60% de los casos se encuentran enindagación, el 20% en acusación y el 20% en inhibitorio. Se aclara que a la fecha, hay 4 casos denunciados portentativa de homicidio, que actualmente se encuentran en indagación, según información de la Fiscalía Generalde la Nación”19Las anteriores cifras oficiales acerca de la actuación de la justicia dan lugar a seriaspreocupaciones sobre las investigaciones de los hechos violatorios del derecho a la vida de laspersonas en situación de desplazamiento, que se exponen a continuación:a) La situación más preocupante con respecto a la actuación de la justicia está en el hecho deque en el 80% de los casos conocidos por la Fiscalía -los casos en indagación20 sumados a loscasos en inhibitorio21- no existen avances en las investigaciones.b) En el 60% de los casos, al encontrarse en etapa de indagación, existen dudas acerca de laprocedencia de la apertura la ocurrencia del homicidio, si se actuó con responsabilidad y no seha establecido si la conducta cumple el requisito de procesabilidad para iniciar la acción penal ypara recaudar las pruebas para lograr la identificación e individualización de los autores de laconducta punible.c) En el 20% de los casos, al encontrarse en inhibitorio, la Fiscalía se abstuvo de iniciar larespectiva instrucción, lo cual significa que concluyó que la conducta es atípica, que la acciónpenal no puede iniciarse o proseguirse, ausencia de responsabilidad o que no ha existido.d) El bajo porcentaje de casos de homicidios que llegan a etapa de acusación hace temer que laFiscalía no ha otorgado prioridad a las investigaciones de estos hechos cuando las víctimas sonpersonas en situación de desplazamiento.e) Las cifras oficiales no dan cuenta de la existencia de investigaciones por el delito dedesaparición forzada de personas en situación de desplazamiento, lo que haría pensar que lamagnitud de las violaciones contra el derecho a la vida de esta población es superior a lasreportadas en el informe oficial citado.Asimismo, los niveles de impunidad sobre estas violaciones aumentan sí se tomaran en cuentalos casos de desaparición forzada contra personas desplazadas.19 Ibídem, pág. 246.20 La ley 600 de 2000 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal en su Artículo 322 define las Finalidades de laInvestigación Previa: “En caso de duda sobre la procedencia de la apertura de la instrucción, la investigación previa tendrá como finalidaddeterminar si ha tenido ocurrencia la conducta que por cualquier medio haya llegado a conocimiento de las autoridades, si está descrita en la ley penalcomo punible, si se ha actuado al amparo de una causal de ausencia de responsabilidad, si cumple el requisito de procesabilidad para iniciar la acciónpenal y para recaudar las pruebas indispensables para lograr la individualización o identificación de los autores o partícipes de la conducta punible”.21 La ley 600 de 2000 en su Artículo 327 define así la Resolución inhibitoria: “El Fiscal General de la Nación o su delegado, seabstendrán de iniciar instrucción cuando aparezca que la conducta no ha existido, que es atípica, que la acción penal no puede iniciarse o proseguirseo que está demostrada una causal de ausencia de responsabilidad”.
  9. 9. f) El bajo porcentaje de casos que se encuentran en acusación no permite establecer laexistencia de patrones en la comisión de las violaciones al derecho a la vida de las personasdesplazadas, ni hipótesis al respecto. El establecimiento de dichos patrones e hipótesis esindispensable para que la Fiscalía diseñe una metodología específica de investigación de lasviolaciones contra los derechos de las personas en situación de desplazamiento, grupopoblacional que se encuentra en una grave situación de vulnerabilidad. Una metodologíaespecífica de investigación de las violaciones contra el derecho a la vida de las personasdesplazadas posibilitaría conocer la existencia de otras conductas tales como ejecucionesextrajudiciales y hechos tortura y de violencia sexual, cuya ocurrencia puede estarpermaneciendo invisible o la menos subestimada.g) A los escasos avances en la investigaciones de las violaciones contra el derecho a al vida delas personas desplazadas se suma la gravísima situación de impunidad sobre el delito dedesplazamiento forzado, que alcanza el 99.98% de los casos investigados22.3. Persisten las violaciones contra el derecho a la vida de las personas desplazadasLa permanencia de numerosas violaciones al derecho a la vida de las personas desplazadasmuestra que las medidas adoptadas por el gobierno no han resultado efectivas para garantizarla protección durante el desplazamiento y para avanzar en la superación del ―estado de cosasinconstitucional‖ declarado en la sentencia T-025 de 2004. Los datos suministrados porfuentes no oficiales, como el Acnur, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para losDerechos Humanos –Acnudh- y la CCJ, permiten hacer una aproximación a la gravedad dedichas violaciones y a la inefectividad de las medidas gubernamentales adoptadas conposteridad a la expedición del auto 200 de 2007.El Acnur registró 21 homicidios de personas desplazadas cometidos durante 2008, entre lascuales diez tuvieron como víctimas a líderes de organizaciones de dicha población. Al menosuna de las personas desplazadas asesinadas había solicitado medidas de protección al Ministeriodel Interior y de Justicia, otra era destinataria de tales medidas al momento del homicidio, y 19no habían solicitado medidas de Protección o, habiendo denunciado su situación ante otrasautoridades estas no habían remitido su caso al Programa de Protección e incluso, en al menosun caso, habiendo llegado la información al Ministerio, el programa no había respondido22 De acuerdo con la respuesta de la Fiscalía General de la Nación al Derecho de Petición DF 55/1 presentado por laComisión Colombiana de Juristas, a septiembre de 2009 existían 2.649 casos activos por el delito de desplazamiento forzadoen el marco de la ley 600 de 2000, de los cuales el 96,68% de estos (2.561 casos) no contaba siquiera con la identificación delpresunto (os) autor(es), pues se encuentran en etapa de indagación preliminar, y el 3,32% (88 casos) se encontraba en etapa deinstrucción. En el marco de la ley 906 de 2004, existían 5.536 casos activos, de los cuales el 99,87% (5.529 casos) aún nocontaban siquiera con individualización del autor, ya que se encontraban en la etapa de indagación; el 0,02% (1 caso) está enetapa de investigación, el 0,09% (5 casos) está en etapa de juicio y el 0,02% (1 caso) terminó anticipadamente.
  10. 10. oportunamente. Así mismo una persona fue víctima de homicidio23, siendo destinataria de unesquema de ―medidas duras de protección‖24.Por su parte, la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para losDerechos Humanos –Acnudh- también ha advertido la permanencia de las violaciones contrael derecho a la vida de la población desplazada. La Acnudh tuvo conocimiento de la comisión,durante 2008, de “el homicidio aún no aclarado de nueve personas desplazadas y sobre amenazas contra porlo menos 250, muchas de las cuales son líderes de organizaciones de desplazados”25.En desarrollo de su trabajo de investigación y seguimiento, la Comisión Colombiana de Juristas–CCJ- monitorea las violaciones al derecho a la vida de la población desplazada. Aunque setrata de un registro parcial, debido a las limitaciones para obtener información, la CCJ haregistrado por lo menos 118 personas en situación de desplazamiento que fueron víctimas deviolaciones al derecho a la vida, entre el 1 de enero de 2007 y 30 de septiembre de 2009 26. Lascaracterísticas de dichas violaciones son:a) Se conoce el sexo de 115 víctimas, de las cuales el 12% eran mujeres (14 víctimas).b) El 25% de los casos (30 víctimas) corresponden a miembros de organizaciones de poblacióndesplazada o de organizaciones sociales, tales como asociaciones campesinas, consejoscomunitarios de comunidades negras y cabildos indígenas.c) Se registraron cuatro casos constitutivos de masacre con 20 víctimas, cometidas en losdepartamentos de Arauca, Bolívar, Cauca y Chocó. En una masacre el presunto autor fue ungrupo paramilitar, en otra un grupo guerrillero y en las dos restantes grupos armados sinidentificar.d) Se registraron seis víctimas de desaparición forzada, que corresponden al 5% del registrototal de víctimas.e) En los casos en los que se conoce el presunto autor genérico (52 víctimas), un elevadoporcentaje de las violaciones a la vida de personas desplazadas involucran la presuntaresponsabilidad de agentes estatales por perpetración directa o por apoyo o tolerancia con los23 Acnur, Análisis del Programa de Protección a Población Desplazada del Ministerio del Interior y de Justicia, documento elaborado para laCorte Constitucional con motivo de la sesión pública de información técnica realizada en el 12 de diciembre de 2008, pág. 4.24 El Programa de Protección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia clasifica las medidas deprotección en preventivas y de protección. Estas últimas se dividen en blandas y duras. Dentro de las medidas blandas seencuentran los equipos de comunicación, los medios de transporte, el apoyo de reubicación temporal. Las medidas duras “sonlos esquemas de protección, compuestos por escoltas, un vehículo corriente o blindado, chalecos antibalas, armamento y medios de comunicaciónotorgados a un beneficiario”.25 Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Décimo período de sesiones, Informe anual de la Alta Comisionada de lasNaciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, A/HRC/10/032, 19 de febrero de2009, párr. 85.26 Ver anexo “Listado de víctimas de violaciones al derecho a la vida en contra de personas en situación de desplazamiento -1° de enero de 2007 a30 de septiembre de 2009”, elaborado por la Comisión Colombiana de Juristas.
  11. 11. grupos paramilitares: El 90,38% de los casos se atribuyeron a responsabilidad del Estado: porperpetración directa de agentes estatales, el 21,15% (11 víctimas); y por tolerancia o apoyo a lasviolaciones cometidas por grupos paramilitares el 69,23% (36 víctimas).f) A los grupos guerrilleros se les atribuyó la autoría del 9,62% de los casos (5 víctimas).g) Al menos ocho de los casos en los que fue posible obtener información complementariacorresponden a personas desplazadas que reclamaban sus derecho sobre la tierra.Cabe anotar que la anterior característica coincide con el hallazgo de la Relatora Especial deNaciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, quien observó quelos “líderes y activistas que trabajan a favor de las personas desplazadas y los campesinos que defienden sustierras han sido también sujetos a persecución”27.h) Las violaciones contra la vida registradas fueron cometidas en 20 departamentos del país ydos zonas de frontera. La siguiente tabla reporta la ocurrencia de los hechos por departamento. No de Departamento Violaciones Antioquia 9 Arauca 30 Bolívar 9 Caquetá 1 Cauca 9 Cesar 3 Chocó 10 Córdoba 7 Frontera con Ecuador 3 Frontera con Venezuela 1 Guaviare 1 Huila 4 La Guajira 4 Magdalena 1 Meta 4 Nariño 2 Norte de Santander 5 Putumayo 227 United Nations, Human Rights Council, Thirteenth session, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rightsdefenders, Margaret Sekaggya. Addendum Mission to Colombia (7–18 September 2009), A/HRC/13/22/Add.3, 1 March 2010, Párr. 27.
  12. 12. Santander 5 Sucre 1 Tolima 1 Valle del Cauca 6 Total general 118Luego de la fecha de cierre del presente informe se tuvo conocimiento de amenazas contramujeres pertenecientes a organizaciones de población desplazada en Bogotá y Cartagena.284. Las medidas de seguridad adoptadas por el gobierno no respetan los derechoshumanos y el derecho internacional humanitario y, por lo tanto, no garantizan laprotección de la población desplazadaEl elevado número de violaciones al derecho a la vida de personas desplazadas perpetradas enla mayor parte de los departamentos del país, muestra que durante el desplazamiento estapoblación permanece en situación de riesgo y que las medidas adoptadas por el gobierno nohan resultado adecuadas para garantizar su protección. A continuación se reseñan algunas delas falencias y vacíos en la responsabilidad estatal de protección durante el desplazamiento:a) Las medidas gubernamentales de protección durante el desplazamiento se limitan casiexclusivamente al Programa de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia. DichoPrograma no está diseñado para responder a los riesgos específicos que afronta el conjunto dela población desplazada y no está enfocado sobre las causas de las violaciones a los derechoshumanos de dicha población.La cobertura del mencionado programa de protección beneficia solamente a líderes,excluyendo a la gran mayoría de la población desplazada.b) Las medidas de protección durante el desplazamiento presentan un notorio vacío en cuantola prevención de los factores de riesgo originados en las amenazas, señalamientos, ataques yotras acciones por parte de los miembros de la Fuerza Pública y los funcionarios públicos.c) En el marco de sus obligaciones de protección, el gobierno no ha atendido el llamado de laCorte Constitucional en el sentido de aplicar un enfoque de prevención y protección frente a28 El 27 de enero de 2010, la Corporación Sisma Mujer denunció públicamente las “graves amenazas contra la vida de varios líderes ylideresas en situación de desplazamiento” transmitidas en el Séptimo boletín del grupo paramilitar ―Águilas Negras‖ que fue enviadoal correo electrónico de la organización. El 28 de enero de 2010 la Liga de Mujeres Desplazadas denunció las continuasamenazas contra su Representante Legal, la señora Doris Berrío Palomino, cuyo hijo fue asesinado en Cartagena el 31 deagosto de 2009.
  13. 13. riesgos previsibles “en el desarrollo de la legítima acción del Estado de mantener el orden público en todo elterritorio nacional”29.No existen medidas orientadas a evitar los riesgos derivados de las acciones militares de laFuerza Pública. En ese sentido, el Acnur identificó hace más de dos años una serie de riesgosprevisibles en el marco del desarrollo de operaciones militares que deberían ser objeto demedidas preventivas y de protección de la población desplazada y en riesgo dedesplazamiento30. De acuerdo con el Acnur, deberían ser objeto de medidas de prevención yprotección seis riesgos previsibles: - Los efectos de las operaciones militares concentradas en determinadas zonas geográficas; - Los enfrentamientos militares; - Los combates por la erradicación manual de cultivos ilícitos; - La afectación del principio de distinción; - Los controles alimentarios implementados por parte de la Fuerza Pública; y - La confusión de la acción humanitaria desarrollada por el Estado con la acción militar.Con respecto a este último riesgo derivado de la actividad militar del Estado, el Acnur hallamado la atención acerca de la ausencia de incorporación del enfoque humanitario en losdistintos programas y acerca de la los riesgos originados en programas como el Centro deCoordinación de Acción Integral de la Presidencia de la República –CCAI- que, por elcontrario, generan restricciones y el cierre de los espacios humanitarios: “i) El apoyo de las fuerzas militares en la entrega de la ayuda humanitaria debe ser una última medida y debe evaluarse con especial cuidado frente a otras alternativas; ii) no debe afectarse la percepción de neutralidad del agente humanitario; iii) deben ser evaluados los riesgos de la acción; iv) es necesario mantener una distinción clara entre el rol y la función de los actores humanitarios y militares”31.No obstante, el gobierno ha actuado en sentido contrario a las recomendacionesinternacionales. Particularmente, el gobierno expidió la Directiva Presidencial 001 de 2008 quebusca “fortalecer la alineación de los esfuerzos militar, policial y antinarcóticos y los esfuerzos en el área social,de justicia, desarrollo económico e institucional del Estado en zonas estratégicas del territorio nacional,denominado SALTO ESTRATEGICO 32. La implementación de la Directiva se basa en un PlanNacional, para cuya ejecución el gobierno ha ordenado diseñar Planes de Acción Regionales29 Corte Constitucional, Auto 218 de 2006, Ref.: Verificación de las medidas adoptadas para superar el estado de cosasinconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004 sobre el problema del desplazamiento interno. M.P.: Manuel JoséCepeda Espinosa, Bogotá, agosto 11 de 2006.30 Acnur, citado supra en Nota 4, págs. 210 a 213.31 Acnur, citado supra en Nota 4, pág. 219.32 Presidencia de la República, Directiva Presidencial No. 01 de marzo de 2009, Asunto: Coordinación del Gobierno Nacional parallevar a cabo el Plan Nacional de Consolidación Territorial.
  14. 14. para la Consolidación, orientados a articular “los esfuerzos militares y civiles”33. El Plan Nacional deConsolidación es coordinado por CCAI-, cuyo Consejo Directivo está integrado por elMinistro de Defensa, el Comandante General de las Fuerzas Militares, el Director de la PolicíaNacional, el Alto Consejero de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la CooperaciónInternacional, el director del Departamento Administrativo de Seguridad –DAS- y el FiscalGeneral de la Nación.De esta manera, el gobierno está actuando contrariamente a las obligaciones establecidas en losPrincipios Rectores de los Desplazamientos Internos34 y a las recomendaciones de Acnur,puesto que, al colocar la acción humanitaria al servicio de la consolidación de la presenciamilitar en los territorios, desconoce el principio de imparcialidad de dicha acción humanitariaaumentando el riesgo de ataques contra la población desplazada y las comunidades en riesgo dedesplazamiento.d) La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional se encuentraimplementando un programa de retorno a 28 municipios de seis departamentos, que tiene pormeta para 2010 el regreso de 120 mil personas desplazadas35. No obstante, en los informes delSNAIPD no se reportan medidas específicas de protección para la población desplazadadurante el regreso y en los lugares de retorno. Por el contrario, Acción Social reporta casos deretorno implementados bajo la lógica militar de la política de ―seguridad democrática‖, talcomo el retorno del pueblo Wiwa a su territorio, ubicado en San Juan del Cesar (Guajira), en elcual el CCAI se hizo cargo de “la entrega de obras de infraestructura, jornada médica y donaciones”36.e) Las medidas adoptadas por el gobierno no incluyen un mecanismo que garantice laaplicación de las recomendaciones de los Informes de Riesgo y las Notas de Seguimientoemitidos por el Sistema de Alertas Tempranas –SAT-, de manera que se tomen las respetivasmedidas de protección de la población desplazada, respetando los parámetros contempladosen los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos y los demás instrumentos deprotección de los derechos humanos.f) Como indica el registro de la CCJ, la mayor parte de las violaciones contra el derecho a lavida de las personas desplazadas tienen como presuntos responsables a miembros de la FuerzaPública, directamente o por tolerancia o complicidad con los grupos paramilitares. Sinembargo, entre las medidas de protección durante el desplazamiento el gobierno no haincluido ninguna acción orientada a evitar los señalamientos, amenazas y ataques contra losmiembros de las comunidades desplazadas por parte de funcionarios del Estado.33 Ibídem.34 El Principio Rector de los Desplazamientos Internos No 24 establece que: “1. La asistencia humanitaria se prestará de conformidadcon los principios de humanidad e imparcialidad y sin discriminación alguna.2. No se desviará la asistencia humanitaria destinada a los desplazados internos, ni siquiera por razones políticas o militares‖.35 “Acción Social lanza estrategia „retornar es vivir‟ para que desplazados regresen a más de 200 sitios de origen”, octubre 10 de 2009.Disponible en http: //www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=127&conID=406336 “Los Wiwa, una comunidad que retorna proyectando calidad de vida”, Acción Social, diciembre 18 de 2009. Disponible en http://www.accionsocial.gov.co/contenido/categoria.aspx?catID=489
  15. 15. El gobierno tampoco ha adoptado medidas específicas para romper los nexos entrefuncionarios del estado con los grupos paramilitares, ni para desmantelar efectivamente susestructuras militares y de financiación. Por el contrario, el gobierno niega sistemáticamente laexistencia de las estructuras paramilitares.g) Pese al elevado riesgo al que están expuestas las personas desplazadas que demandangarantías efectivas para su derecho de restitución de las tierras, el gobierno no ha adoptadomedidas específicas dirigidas a la protección de las comunidades y líderes que adelantanreclamaciones de los bienes y tierras.h) Como se mencionó anteriormente en el presente informe, la impunidad sobre el delito dedesplazamiento forzado alcanza el 99.98% de los casos investigados. Los responsables deldesplazamiento y de las violaciones contra el derecho a la vida de las personas desplazadasgozan de impunidad, lo cual incrementa el riesgo para las víctimas. Sin embargo, el Estado noha adoptado medidas encaminadas a combatir la impunidad sobre el delito de desplazamientoy las violaciones contra el derecho a al vida de la población desplazada.5. Conclusiones y recomendacionesA continuación se presentan las conclusiones del análisis de las medidas adoptadas por elgobierno y su impacto sobre las violaciones del derecho a la vida de la población desplazada,las cuales se acompañan de recomendaciones encaminadas al cumplimiento de las obligacionesestatales de protección de esta población durante su desplazamiento.5.1 Las medidas adoptadas por el gobierno se basan en una lectura incompleta de los riesgosque afronta la población desplazada, puesto que esta considera solamente las acciones de losgrupos guerrilleros, dejando por fuera las violaciones cometidas por los grupos paramilitares yla Fuerza Pública.Las medidas de protección deben considerar la existencia de un elevado riesgo derivado de laacción de los grupos paramilitares y la Fuerza Pública. Estas medidas deben enfocarse en losriesgos de acciones como amenazas, ataques directos o indiscriminados, ejecucionesextrajudiciales, desapariciones forzadas, toma de rehenes, privación de alimentos y bienesesenciales, reclutamiento de niños y niñas y cualquier forma de involucramiento en el conflictoarmado que busque facilitar o impedir operaciones militares por parte de cualquiera de laspartes del conflicto armado.5.2 El riesgo para la vida de los miembros de las comunidades y organizaciones de la poblacióndesplazada cobra mayor gravedad en los casos que ellos son objeto de señalamientos por partede funcionarios públicos. Por lo tanto, el gobierno debe expedir una directiva con la
  16. 16. prohibición expresa de que los funcionarios públicos profieran señalamientos y amenazas quepueda incrementar el riesgo para la vida, la integridad y la dignidad de las personas desplazadas.5.3 Las acciones militares y cívico-militares desarrolladas por la Fuerza Pública que formanparte de la política de ―seguridad democrática‖ no protegen los derechos humanos de lapoblación desplazada ni de las comunidades en riesgo de desplazamiento. Por el contrario,dichas acciones buscan presionar a la población civil a involucrarse en el conflicto armado,desconociendo el principio de distinción entre civiles y combatientes y colocando en mayorriesgo a los primeros.El gobierno debe suspender estas acciones cívico-militares y, en cambio, adoptar medidas deprotección de la población desplazada que sean conducidas por las autoridades civiles delEstado y que se ajusten estrictamente a los parámetros establecidos por las normasinternacionales de derechos humanos y derecho humanitario, que están contempladas en losPrincipios Rectores de los Desplazamientos Internos, instrumento que, tal como ha señaladoen repetidas ocasiones la Corte Constitucional, integra el Bloque de Constitucionalidad.5.4 Existe una alta impunidad sobre el delito de desplazamiento forzado y las violacionescontra el derecho a la vida de las víctimas de dicho delito.La Fiscalía General de la Nación debe otorgar prioridad a las investigaciones de hechosrelacionados con el delito de desplazamiento y de aquellos hechos que constituyen violacionescontra el derecho a la vida de las personas desplazadas. En tal sentido, es necesario que laFiscalía diseñe una metodología de investigación específica para dichos delitos y asigne losrecursos necesarios para su implementación.Dicha metodología de investigación debe formularse de acuerdo con las consideraciones yórdenes contenidas en el auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional relativas a lasviolaciones a los derechos humanos de las mujeres en situación de desplazamiento37.5.5 Las entidades del SNAIPD deben respaldar la conformación por parte de la FiscalíaGeneral de la Nación una Unidad Nacional encargada de los delitos de desplazamiento forzadoy desaparición forzada, la cual debe disponer de medios profesionales, técnicos y financierossuficientes.5.6 Las mujeres líderes e integrantes de organizaciones de la población desplazada seencuentran entre las víctimas de violaciones al derecho a la vida. Por lo tanto, Acción Social ylas entidades que conforman el SNAIPD deben cumplir las órdenes del auto 092 de 2007 de laCorte Constitucional, en particular mediante la implementación de los programas dePrevención del impacto de género desproporcionado del desplazamiento; de Promoción de laparticipación de la mujer desplazada y de prevención de la violencia contra las mujeres37Corte Constitucional, Auto 092 de 2008. Ref.: Protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzadopor causa del conflicto armado. M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa, Bogotá, abril 14 de 2008.
  17. 17. desplazadas líderes o que adquieren visibilidad pública por sus labores de promoción social,cívica o de los derechos humanos; y de garantía de los derechos de las mujeres desplazadascomo víctimas del conflicto armado a la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición38.5.7 El SNAIPD no ha adoptado medidas de protección que garanticen que los retornosimpulsados por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional serealicen de manera voluntaria, digna y segura, según lo establecen los Principios Rectores delos Desplazamientos 15, 28 y 29. Acción Social y las entidades del SNAIPD deben garantizarque los retornos de la población desplazada se implementen sin ningún tipo de presión ocoacción, según lo señala el Principio Rector 1539. Asimismo, el gobierno debe garantizar que,bajo ninguna circunstancia, la población retornada sea involucrada en el conflicto armado.5.8 Desde hace más de 15 años los organismos internacionales especializados que realizanobservación del desplazamiento forzado en Colombia y brindan asistencia técnica al Estadocolombiano han formulado recomendaciones para que este prevenga y atienda eldesplazamiento forzado, de acuerdo con sus obligaciones internacionales en materia dederechos humanos. Dichas recomendaciones contienen un conjunto de medidas y accionesque tienen el propósito de que el Estado cumpla efectivamente los compromisos que hasuscrito ante la comunidad internacional al momento de ratificar los tratados de derechoshumanos.Sin embargo, el Estado no ha atendido ni aplicado gran parte de las recomendacionesformuladas por los órganos internacionales de derechos humanosEl Estado debe aplicar las recomendaciones de los organismos de Naciones Unidas en materiade protección a la población desplazada, en particular las que han sido elaboradas por elRepresentante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para los derechoshumanos de las personas internamente desplazadas; el Acnur y la Acnudh que se reseñan acontinuación:5.8.1 Recomendaciones del Representante Especial del Secretario General de las NacionesUnidas para los derechos humanos de las personas internamente desplazadas40a) Para la evaluación del riesgo, se debe adoptar como criterio una noción amplia de la"protección de civiles" o "protección de las comunidades de riesgo". Dicha noción debecomprender los riesgos generados por las acciones de todas los las partes del conflicto armado,es decir, los grupos guerrilleros, la Fuerza Pública y los grupos paramilitares.38Ibídem.39 El Principio Rector No. 15 establece que los desplazados internos tiene derecho a: ―d) recibir protección contra el regreso forzado oel reasentamiento en cualquier lugar donde su vida, seguridad, libertad y salud se encuentren en peligro”.40 Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Cuarto período de sesiones, Informe presentado por el Representante delSecretario General sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Sr. Walter Kälin. Adición* Misión a Colombia,,A/HRC/4/38/Add. 3, 24 de enero de 2007 párr. 75, 76 y 81.
  18. 18. b) Garantizar la participación de la Defensoría del Pueblo, como principal autor de losinformes sobre evaluación de los riesgos, en la formulación y seguimiento a lasrecomendaciones de alerta temprana emitidas por el Comité Interinstitucional de AlertasTempranas –CIAT-.c) Realizar consultas con las comunidades y poblaciones interesadas, de manera que estaspuedan participar en la definición de los medios adecuados de protección.d) Cumplir todas las obligaciones del derecho internacional humanitario, en particular laneutralidad militar intrínseca de la población civil, y abstenerse de ejercer presiones sobre ella.e) Respetar el principio de distinción y abstenerse de utilizar instalaciones civiles para finesmilitares y de colocar en peligro la seguridad de la población civil.f) Respetar las decisiones e iniciativas desarrolladas por las comunidades que deseanpermanecer neutrales ante el conflicto armado, como medio de protección contra los actos deviolencia.g) El Fiscal General de la Nación debe elaborar un inventario completo de los procedimientospenales existentes hasta la fecha por el delito del desplazamiento forzado, e iniciar acciones porese delito independientemente de otros posibles delitos y violaciones de derechos humanos, enlugar de considerarlo un aspecto accesorio o una mera consecuencia de un conflicto armado.De la misma manera, la Fiscalía debe elaborar un inventario de los procesos penales por delitoscometidos contra personas desplazadas, tales como homicidio, desaparición forzada y tortura ydesarrollar las respectivas investigaciones.5.8.2 Recomendaciones del Acnur41a) Diferenciar claramente las acciones humanitarias que deben estar a cargo de las autoridadesciviles del Estado de las acciones militares desarrolladas por la Fuerza Pública.b) Abstenerse de establecer restricciones al acceso de abastecimientos en las zonas de mayorintensidad de los enfrentamientos.c) Definir estrategias de prevención del reclutamiento de jóvenes en áreas de asentamiento depoblación desplazada.d) Dar prioridad a programas de protección para las personas desplazadas que acuden a lajusticia en busca de la satisfacción de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.41 Acnur, citado supra en Nota 4, págs. 44 a, 46.
  19. 19. e) Promover ante la Fiscalía General de la Nación una estrategia para el impulso de lainvestigación del delito de desplazamiento forzado, tanto en casos de desplazamiento masivo—investigación oficiosa frente a la notoriedad del hecho- como de seguimiento a patrones dedesplazamiento individual en zonas críticas de desplazamiento.f) Respaldar institucionalmente, a través de instancias como la Defensoría del Pueblo, losprocesos organizativos de la población desplazada encaminados a obtener la reparación de losderechos que tienen como objetivo limitar el grado de exposición a riesgos de las víctimas deldesplazamiento forzado.5.8.3 Recomendación de la Acnudh42Tomar medidas preventivas concretas para terminar con la preocupante tendencia delincremento del desplazamiento y a proteger a la población desplazada, aprovechando en mayormedida el Sistema de Alertas Tempranas –SAT- de la Defensoría del Pueblo.42 Naciones Unidas, citado supra en Nota 25 párr., 99.

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