1. ¿Hacia Dónde Vamos?
Cuando George W. Bush se decidió a intervenir en Irak, la
decisión parecía una perla más del largo collar de acciones
militaristas que caracterizaron su administración. Ahora que
Barack Obama se apresta a desplegar las fuerzas del Comando
Sur en siete bases militares colombianas, algunos nos sentimos
traicionados por los buenos modos con que engalanó, el nuevo
presidente, sus primeros meses en la Casa Blanca. Más difícil es
asumir que hay continuidades entre ambas administraciones, y
que no se deben a alguna intrínseca maldad de los presidentes,
sino al desarrollo normal de la `política Norteamericana diseñada,
con anterioridad, por el pentágono..
Tanto el Plan Colombia como las negociaciones para utilizar las
siete bases se toman entre pequeños grupos de “especialistas” y
luego serán refrendadas en votación parlamentaria que
difícilmente hace otra cosa que avalar decisiones ya tomadas. Es
el funcionamiento, poco democrático, de las actuales
democracias.
La diplomacia brasileña, consciente de que el despliegue del
Comando Sur va contra la hegemonía de Brasil en Sudamérica y
de una mayor integración del cono sur, ha formulado una
pregunta incómoda. Si el presidente Álvaro Uribe asegura que
las FARC están muy disminuidas y al borde de la
aniquilación, ¿cómo se justifica el incremento de la presencia
militar estadunidense? No hay respuesta porque el objetivo no
son las FARC ni el narcotráfico, sino la intensificación del
control del continente y de las rutas que se dirigen hacia
África, así como la desposesión gradual de los bienes
comunes como plantea sin vueltas el informe 2009 Global En
Route Strategy, de la fuerza aérea.
En América Latina, África y Asia, hay una feroz competencia, de
las compañías multinacionales y los países ricos, por los bienes
comunes del tercer mundo: agua, biodiversidad, minerales,
combustibles fósiles, monocultivos para biocombustibles. La

2. región andina proporciona 25 por ciento del petróleo que consume
Estados Unidos y la Amazonia contiene buena parte de las
riquezas que, de controlarlas, podrían alargar la vida de la
primera potencia. La reciente oferta de la petrolera estatal china
por 84 por ciento de Repsol YPF muestra que la lucha por los
energéticos se desarrolla con toda ferocidad en Sudamérica. La
región andina, plagada de emprendimientos mineros canadienses
y estadunidenses, es un espacio decisivo para la consolidación de
las multinacionales mineras en busca de oro y metales
estratégicos, así como la desposesión de tierras, por compra o por
arrendamientos a largo plazo. una ventana abierta a los
biocombustibles.
La compra de tierras fértiles o arrendamientos a largo plazo por
parte de los países ricos a los países pobres, principalmente de la
India, África y América Latina, que les aseguren el suministro de
alimentos, agua, minerales y combustibles ante el crecimiento
constante de su población, el alto coste de la energía, el
agotamiento de los recursos hídricos, el encarecimiento de los
productos básicos están detrás de esta operación que traerá, a los
países donde se aplique, funestas consecuencias económicas y
sociales a medio y a largo plazo. Este sistema conocido como
“Land grabbing” o apropiación de tierras es mucho más grave de
los que parece. Sus defensores lo avalan con el recurso de que
será beneficioso para los países que lo acepten toda vez que
contribuirá al desarrollo de las zonas afectadas mediante la
apertura de mercados para los productos agrícolas, la creación de
infraestructuras como puertos, carreteras y el aumento de la
productividad. Los detractores hacemos notar que, esta estrategia
lo que pretende es esquilmar al máximo los recursos naturales de
los países afectados que, de hecho, ya sufren las consecuencias
sin haber recibido nada a cambio, salvo la degradación sostenida
y constante del medio ambiente. Los ejemplos son múltiples y
variopintos sin que haya cambiado el nivel de miseria y hambre
de las poblaciones donde se han instalado las nuevas empresas.
El Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo,
“IIED” sus siglas en ingles, en un estudio publicado en el mes de

3. mayo certifica que, la apropiación de tierras es un fenómeno en
asenso, con el consiguiente desplazamiento interno de campesinos
pobres, expulsados generalmente de sus tierras, que son luego
vendidas o arrendadas a países foráneos o a multinacionales
avaladas por estos. La lista de países compradores es amplia y
abierta, en ella figuran en primera línea China, Corea del sur, La
India, Los países del Golfo pérsico, algunos países europeos,
Canadá y Estados Unidos. Estos países, ricos, en lugar de
depender del libre mercado mundial, que tanto defienden,
prefieren adquirir tierras para producir alimentos o
biocombustibles que luego exportan a sus países. Como ejemplo
puede citarse el contrato que forzó la destitución del presidente de
Madagascar, que garantizaba el suministro de maíz a Corea del
Sur y reducía su dependencia de estados Unidos, primer
exportador del mundo, con una cuota del 60% de este mercado. El
contrato en cuestión le cedía a la multinacional Daewoo la
explotación de 1.3 millones de hectáreas durante un periodo de 99
años.
En el año 2006, aproximadamente entre 20 y 25 millones de
hectáreas de tierra han cambiado de manos en los países pobres
con un valor conjunto que llega a los 30.000 o 35000 millones de
dólares. Sudan, uno de los países más afectados por este sistema
tiene firmados acuerdos con empresas Sur Coreanas por 700.000
hectáreas para cultivo de trigo y con los Emiratos Árabes por
400.000 hectáreas, con la compañía Norte Americana Jarch
Capital, se ha firmado otro convenio para explotar otras 400.000
hectáreas. En Mali, el gobierno Libio a firmado un acuerdo para
cultivar 100.000 hectáreas de arroz. Etec.etc.
Los acuerdos se hacen generalmente a espaldas de las
comunidades afectadas que, mediante este recurso, quedan
impedidas sin voz y sin voto para denunciar los abusos que se
cometan y de medios legales para exigir el cumplimiento de los
contratos y el respeto al medio ambiente que, por el uso de
pesticidas y abonos. es degradado casi hasta la desertización y
cuya recuperación, es por decir lo menos, casi que imposible.
Todo ello sin tener en cuenta que los países beneficiarios de

4. dichos contratos, llevan para la explotación a sus propios
trabajadores, desconociendo la mano de obra local.
Los Gobernantes de los países pobres deben tener en cuenta estos
hechos lamentables y expedir leyes que regulen estos procesos
internamente teniendo en cuenta el impacto de la adquisición de
tierras, por este procedimiento, sobre las poblaciones locales así
como la sostenibilidad medioambiental y el cumplimiento estricto
de las normas del comercio internacional. No debemos olvidar
que la FAO ha denunciado que, el aumento de las compras de
tierras en países pobres coincide con un agravamiento de la
situación alimentaria mundial. Según la FAO 1000 millones de
personas pasan hambre en el mundo con los consiguientes
peligros para la paz y la seguridad mundial.
Carlos Herrera Rozo