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Aportes al reglamento de propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad

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Aportes que TRANSPARENCIA envió al Jurado Nacional de Elecciones para la reglamentación de propaganda electoral, publicidad y neutralidad estatal para las Elecciones Generales 2016.

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Aportes al reglamento de propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad

  1. 1. Asociación Civil TRANSPARENCIA Proyecto “Estrategias ciudadanas para mejorar la calidad de la democracia” Proyecto financiado por la Unión Europea 1 APORTES AL PROYECTO DE REGLAMENTO SOBRE PROPAGANDA ELECTORAL, PUBLICIDAD ESTATAL Y NEUTRALIDAD EN PERIODO ELECTORAL Recomendación 1 Artículo 6.- Actividades de propaganda electoral permitida Hay al menos dos actividades no mencionadas que son empleadas por las organizaciones políticas para promocionar a sus candidatos y candidatas y que podrían ser agregadas en este artículo: (i) Propaganda a través de redes sociales, que puede incluirse en el numeral 6.4. Respecto al manejo de redes sociales, se podría establecer como obligación adicional que las organizaciones políticas informen al JNE los nombres de sus cuentas oficiales en distintas redes sociales, así como los nombres de sus respectivos community managers. (ii) Publicidad a través de correos electrónicos. Esta modalidad de propaganda electoral puede ser regulada en forma análoga a lo establecido para los correos electrónicos comerciales no solicitados (SPAM). En particular, se recomienda incluir exigencias sobre los contenidos del correo electrónico (Ley 28943, artículo 5), establecer cuando se cometen infracciones (Ley 28943, artículo 6), definir responsabilidades (Ley 28943, artículo 7), sanciones (Ley 28943, artículo 8) y autoridad competente para la supervisión (Ley 28943, artículo 9). Adicionalmente, puede señalarse que estas dos actividades, así como las señaladas en los numerales 6.2, 6.3 y 6.4, pueden realizarse desde los sesenta días y hasta los días previos al acto electoral, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios, artículo 56. Recomendación 2 Artículo 7.- Infracciones sobre propaganda electoral 2.1. Adicionalmente a la relación de actividades de propaganda electoral mencionadas en este artículo, se recomienda prohibir las que se mencionan a continuación: (i) Llamadas telefónicas realizadas o no en forma automatizada a teléfonos fijos o móviles, lo cual podría incluirse como numeral 6.7. En este caso debe definirse la entidad encargada de regular esta actividad. (ii) Mensajes enviados vía SMS o servicios de mensajería instantánea.
  2. 2. Asociación Civil TRANSPARENCIA Proyecto “Estrategias ciudadanas para mejorar la calidad de la democracia” Proyecto financiado por la Unión Europea 2 (iii) Publicidad a través de correos electrónicos en aquellos casos que la regulación específica determine. 2.2. El numeral 7.1 efectúa un listado de los espacios en los que está prohibido efectuar actos políticos y proselitistas durante la campaña electoral. Sin embargo, menciona que los organismos electorales podrán considerar otros que “resulten pertinentes para promover la emisión de un voto informado a través de la organización o supervisión de debates o foros en los cuales se expongan los planes de gobierno de las organizaciones políticas”. La redacción no establece cómo se definirán las excepciones indicadas, por lo que parece conveniente mencionar explícitamente los lugares que pueden constituir dicha excepción (permite conocerlos de antemano) o, en su defecto, precisar los criterios que empleará la autoridad electoral para decidir que un espacio resulta “pertinente” (requiere definir adicionalmente un procedimiento para el pronunciamiento de la autoridad electoral). 2.3. Aunque el Proyecto de Reglamento no las menciona, se puede entender que los centros de educación superior (Universidades, Institutos Pedagógicos o Tecnológicos), tanto públicos como privados, pueden constituirse en escenario de los debates o foros de presentación y discusión de planes de gobiernos, señalados en el numeral 7.1. No encontramos razón para limitar esta sana tradición, razón por la cual sería más conveniente establecer criterios para que la organización de estas actividades se realice con la pluralidad necesaria, hecho objetivo que sí puede ser objeto de fiscalización por parte del JNE. Esta regulación específica puede servir para regular el uso de locales (para actividades), predios y recursos (para propaganda electoral y actos proselitistas) de Universidades e Institutos Superiores, definiendo las acciones permitidas y las prohibiciones (por ejemplo, emplear recursos para favorecer o cuestionar candidaturas). Esta regulación tendría que ser obligatoria para Universidades e Institutos Superiores públicos y privados, hecho que se justifica teniendo en cuenta la función especial que todos ellos cumplen en nombre de la nación. 2.4. El numeral 7.3 podría visibilizar formas de discriminación que a veces no son consideradas como tales por los candidatos o los electores. En tal sentido, convendría una redacción que indique “discriminación en razón de género, condición social, identidad u orientación sexual, características físicas, identidad étnica o cultural, etc.” Recomendación 3 TÍTULO II. PROPAGANDA ELECTORAL CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR SOBRE PROPAGANDA ELECTORAL Entre los artículos 9 y 17 se describe el procedimiento sancionador. Se podría incluir al final una disposición en la que se indique que el JNE publicará en su portal web las infracciones cometidas por las organizaciones políticas, las sanciones impuestas y el
  3. 3. Asociación Civil TRANSPARENCIA Proyecto “Estrategias ciudadanas para mejorar la calidad de la democracia” Proyecto financiado por la Unión Europea 3 cumplimiento (o no) de las mismas; asimismo, mantendrá actualizada esta información. Recomendación 4 Artículo 23.- Procedimiento de autorización previa para publicidad estatal por radio o televisión El artículo 23 menciona que este procedimiento aplica solo para publicidad estatal contratada en radio o televisión. Esta disposición podría ampliarse a: (i) Avisos contratados en prensa escrita. Si bien el artículo 24 alude al reporte posterior de publicidad estatal difundida por otros medios, el numeral 24.3 señala que, en caso de encontrarse irregularidades, se dispondrá el “retiro, cese o adecuación”. Esta disposición no es posible aplicarla a avisos contratados en prensa escrita, razón por la cual sí requeriría una fiscalización antes de su publicación. (ii) Avisos contratados y difusión en medios virtuales1 . Esto incluye servicios de propaganda en páginas web (por ejemplo, GoogleAds) y en redes sociales (YouTube, TwitterAds, Facebook, entre otros). Dada la creciente importancia que vienen cobrando estos medios en las campañas electorales, resulta conveniente requerir la validación de la autoridad electoral a través del procedimiento señalado en este artículo. De aceptarse estas modificaciones, se requerirá incluir estos supuestos en el artículo 26, literales a, b, c, d y e. Recomendación 5 TÍTULO III. PUBLICIDAD ESTATAL. CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR SOBRE PUBLICIDAD ESTATAL Entre los artículos 26 y 33 se describe el procedimiento sancionador. Se podría incluir al final una disposición en la que se indique que el JNE publicará en su portal web las infracciones cometidas por entidades públicas, las sanciones impuestas y el cumplimiento (o no) de las mismas; asimismo, mantendrá actualizada esta información. Recomendación 6 Artículo 34.- Infracciones sobre neutralidad 5.1. El numeral 34.1.2 prohíbe a las autoridades políticas o públicas “[p]racticar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinado partido, candidato u opción en consulta”, mientras que el numeral 34.1.5 les impide 1 El Reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios, artículo 55, considera como “medio de comunicación masiva” a “la Internet y demás mecanismos de la tecnología de información y comunicación puestos a disposición de una campaña electoral”.
  4. 4. Asociación Civil TRANSPARENCIA Proyecto “Estrategias ciudadanas para mejorar la calidad de la democracia” Proyecto financiado por la Unión Europea 4 “[f]ormar parte de algún comité u organismo político o hacer propaganda a favor o campaña en contra de alguna agrupación política o candidato”. Sin embargo, resulta extraño que algunas autoridades públicas, especialmente aquellas que provienen de elección popular, no se involucren en acciones partidarias internas (comités) o externas (actos de campaña), precisamente porque deben su propio cargo en una participación política activa. Por esta razón parece conveniente excluir la participación en “algún comité u organismo político” de la relación enunciada en este numeral, y más bien precisar que estas prohibiciones aplican cuando se encuentren en cumplimiento de sus funciones o en ejercicio de su autoridad, y se extienden al empleo de recursos públicos para favorecer o desfavorecer una determinada candidatura. 5.2. Adicionalmente, se recomienda incluir en este enunciado que autoridades políticas y públicas (numeral 34.1) y funcionarios y servidores públicos que cuenten con personas bajo su dependencia (numeral 34.2) tienen prohibido imponer la participación del personal de sus respectivas dependencias en actos proselitistas. Recomendación 7 TÍTULO IV. NEUTRALIDAD CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR SOBRE NEUTRALIDAD Entre los artículos 36 y 44 se describe el procedimiento sancionador. Se podría incluir al final una disposición en la que se indique que el JNE publicará en su portal web las infracciones cometidas por entidades y funcionarios públicos, las sanciones impuestas y el cumplimiento (o no) de las mismas; asimismo, mantendrá actualizada esta información. Lima, septiembre de 2015

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