1. Tema 8 La II República
(1931-1936)
1. El Gobierno provisional y la Constitución
de 1931.
2. El bienio de Gobiernos de Azaña.
3. El bienio radical-cedista y el triunfo del

2. En agosto de 1930 las principales fuerzas antimonárquicas
formaron el Pacto de San Sebastián con el objetivo común
de derribar a la monarquía de Alfonso XIII, sustituyéndola
por un gobierno provisional republicano que tras la
elaboración de una nueva constitución, convocará elecciones
para la formación de un gobierno legítimamente democrático.
El fracaso de la toma del poder mediante una sublevación
republicana, tras el fracaso en Jaca por parte de los
capitanes Galán y García Hernández en diciembre de 1930,
dará paso a la opción democrática en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931,
con el triunfo en las urnas de los republicanos en 41 de las 50 capitales de provincia, que
sentenciara la continuidad del reinado de Alfonso XIII, quien sin respaldo político alguno
(Romanones, Sanjurjo), ni apoyo popular, decidirá exiliarse de España.
El 14 de abril de 1931 se proclamaba la II República
española en medio del entusiasmo popular, mezcla de las
expectativas reformistas de las izquierdas y las reticencias
de la derecha, abriéndose una etapa que ofrecía una
oportunidad histórica para resolver los graves problemas
del país.
Pero la coincidencia con los efectos del crack de 1929 de
Wall Street y del ascenso de los totalitarismos en Europa,
junto al progresivo aumento de la tensión social y la
creación de dos bandos irreconciliables, producto de las
políticas reformistas y contrareformistas imposibilitarán cualquier posible entendimiento,
desembocando en una sublevación militar en julio de 1936 que dará origen a la Guerra Civil.

4. 1. El GOBIERNO PROVISIONAL Y LA CONSTITUCIÓN DE 1931.
1.1 Gobierno Provisional (14 de abril – 28 de junio de 1931):
Según lo acordado en el Pacto de San Sebastián se formo un Gobierno
provisional presidido por Alcalá Zamora y que completaban
republicanos, socialistas y nacionalistas con el objetivo de convocar
elecciones; al mismo tiempo, se emprendieron una serie de reformas
consideradas de urgentes
Reformas militares:
Manuel Azaña, como ministro de la Guerra, emprende la reforma de un ejército materialmente
anticuado, saturado de una “macrocefalica” oficialidad que lo hace inoperativo (un oficial por
cada tres soldados en 1917), y peligrosamente monárquico, por lo tanto antirrepublicano. Las
reformas fueron:
Disminución de las divisiones militares, que pasan de 16 a 8, lo
-
que supone un ahorro presupuestario de 2000 millones.
-Cierre de la Academia Militar General de Zaragoza para frenar el
crecimiento del número de oficiales, además de ser tachada de
centro antirrepublicano; su director era el general Franco.
La “Ley de Retiro de la Oficialidad”, que posibilitaba el pase a la
-
reserva con sueldo íntegro, de todos los oficiales que no jurasen
fidelidad a la República; 10.000 de ellos lo hicieron.
- Creación de la Guardia de Asalto, fuerza policial fiel a la República.

6. - Reserva de un 60% de las plazas de las academias militares a los suboficiales que aspirasen
al ascenso y creación de la Escala de Complemento para que los estudiantes universitarios
sirvieran como alféreces durante su servicio militar.
Estas reformas que pretendían modernizar y democratizar las fuerzas armadas, fueron
interpretadas por los militares afectados, como una ataque a sus derechos y una represalia al
papel que tuvo el ejército durante la dictadura de Primo de Rivera; además tuvo resultados
limitados, pues aunque se disminuyo el gasto militar, no se completo la modernización del
equipamiento y armamento por falta de presupuesto.
Reformas Laborales:
Las reformas laborales serán desarrolladas desde el Ministerio de Trabajo,
por el socialista Largo Caballero, con el objetivo de asegurar la contratación
de los trabajadores, mejorar la situación del campesinado y como anticipo de
la tan necesita reforma agraria:
- “Ley de Términos Municipales”, por la que se obligaba a contratar a los
peones del pueblo donde se realicen las faenas agrícolas, frente a los
contratados “más baratos” de otros municipios.
- Decreto de laboreo forzoso, por el que los propietarios se veían obligados a poner en
producción sus tierras, generando así trabajo para los jornaleros.
- Proteger del desahucio a los campesinos mediante la prórroga de los arrendamientos.
- Establecer jurados mixtos entre patronos y obreros para solucionar conflictos.
- Jornada de laboral de ocho horas diarias y garantía de un salario mínimo por la misma.

7. Pero en un campo tan atrasado como el español, estas medidas tan novedosas, lógicamente
no gustaron a los propietarios que las entendían como excesivas, ni tampoco a los sindicatos
más radicales de izquierda que las veían como insuficientes.
La Iglesia católica se mostró expectante en un principio, pero ante la política laicista que el
gobierno empezaba a desarrollar, se alzaron protestas y criticas dentro de la misma,
encabezadas por el cardenal Segura, arzobispo de Toledo, (que sería más tarde expulsado del
país) que se mostraba abiertamente antirrepublicano y a favor de la vuelta de la monarquía.
La respuesta de los sectores anticlericales de la sociedad fue la quema de cerca de 100
edificios vinculados a la Iglesia. Ante la “quema de conventos”, se acuso al gobierno de
pasividad por parte de la derecha, e incluso algunos intelectuales, Ortega y Gasset (“no es esto,
no es esto”) vieron con preocupación estos hechos, que comenzaban a separar a los
españoles.

8. 1.2 LA CONSTITUCIÓN DE 1931:
Las elecciones se celebraron el 28 de junio con una amplia participación
de un 70%, (unos 4.5 millones de votantes) con el triunfo la coalición
republicano-socialista. Al día siguiente se formo una Comisión
constitucional para la elaboración de la nueva constitución siendo esta
aprobada en diciembre.
Sus principales características son:
La Constitución republicana empezaba reconociendo que “España es una
República democrática de trabajadores de toda clase”, es decir, que se
identifica con las clases productoras (obreros, campesinos…) y no con las
pasivas (aristocracia, clero…). Este matiz se debió a una aportación del PSOE.
La Constitución reconocía un amplio conjunto de libertades y derechos (trabajo, educación,
igualdad ante la ley); destacando el sufragio universal para mayores de
23 y por primera vez se concedía el voto
femenino.
El poder legislativo residía en una Cortes unicamerales, mientras que el
ejecutivo recaía en el presidente de la República (designado por seis años)
y el del Gobierno (elegido por el anterior).
El judicial se reforzaba y ganaba en independencia con al creación del
Tribunal Supremo.

9. Se reconocía el derecho de las provincias a formar autonomías, a través de Estatutos de
Autonomía (tras la aprobación de las Cortes) dentro del Estado integral español.
Aparece la posibilidad de expropiación forzosa por interés social (con indemnización), socializar
la propiedad y nacionalizar los servicios públicos.
Se establecía el matrimonio civil, el divorcio, cementerios civiles y la igualdad ante la ley para
hijos legítimos e ilegítimos, muestra del laicismo republicano.
La “cuestión religiosa” fue el punto más conflictivo de todos (Alcalá Zamora dimitió por estar
en contra), ya que se establecía la separación entre la Iglesia y el Estado, se retiraba las
subvenciones que recibía por parte de este, se disolvió la Compañía de Jesús y se les prohibía
la docencia y las actividades comerciales e industriales.
La Constitución de 1931 pretendía ofrecer la cobertura legal necesaria a una serie de reformas
cuyo objetivo era la modernización de España, pero no fue aceptada por todas las fuerzas
políticas, puesto que era una constitución de izquierdas, por lo que no gustaba a la derecha,
sobre todo en la cuestión religiosa y autonómica, pero tampoco a la izquierda más radical, que
la veía como un freno para su revolución social.

12. 2. El BIENIO DE GOBIERNOS DE AZAÑA (1931 - 1933).
En octubre de 1931, Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura (Derecha Liberal Republicana),
abandonaron el gobierno a causa de la votación del Art. 26 de la Constitución, relativo a la
cuestión religiosa. Pero en diciembre de ese mismo año Niceto Alcalá Zamora fue elegido casi
por unanimidad Presidente de la República.
Entre diciembre de 1931 y septiembre de 1933, Manuel Azaña (que conservaba la jefatura en el
ministerio de Guerra), se hizo cargo de la jefatura de un gobierno de alianza entre republicanos
de izquierda y socialistas, este periodo se denomina “Bienio Reformista”, ya que este gobierno
inició muchas y profundas reformas en un periodo muy breve, que tenían como proyecto
trasformar de forma radical la realidad de España.
Reforma Militar:
Azaña continua con las reformas del periodo anterior,
con el objetivo de convertir al ejército en un medio de
servicio ciudadano para con la República.
Se suprimió todos aquellos cargos y funciones que se
consideraron superfluos e innecesarios. Así
desaparecieron los capitanes generales y el Consejo
Supremo de la Guerra y Marina.
Las unidades del ejército se redujeron a la mitad, siendo sus efectivos totales de 107.000
hombres.
Desaparecieron los Tribunales de Honor, se suprimió el Consejo de Justicia Militar, cuyas
funciones pasan al Tribunal Supremo y se derogó la Ley de Jurisdicciones de 1906.

13. La derecha pretendió capitalizar el posible descontento que producían estos cambios y la figura
de Azaña fue muy cuestionada entre la oficialidad del ejército, que le acusó de actuar de forma
unilateral y sin contar con la opinión de los mandos. Esta oposición
se materializó con la creación de la Unión Militar Española (UME)
en 1933 como organización clandestina de militares de derechas.
Reforma Agraria:
En un país como España, donde había 2 millones de jornaleros y regiones como Andalucía,
Castilla La Mancha o Extremadura; donde más del 50% de la tierra era propiedad de un
reducido grupo de grandes terratenientes, la reforma agraria era una necesidad urgente. Se
presentaron varios proyectos, pero la oposición de la derecha y las diferencias internas de la
coalición gobernante hicieron que en las Cortes las discusiones fueran interminables.
En septiembre de 1932 se aprobó la Ley de Bases para la Reforma Agraria que será el
proyecto más ambicioso del gobierno, creando el
Instituto para la Reforma Agraria (I.R.A.), con la
misión de gestionar el reparto de las tierras objeto de
las expropiaciones, e indemnizar a los propietarios
de las tierras expropiadas. Se establecían hasta
trece categorías diferentes de tierras expropiables, la
expropiación se hacía con indemnización, salvo para
las tierras de la grandeza nobiliaria.

14. Su aplicación fue un fracaso, principalmente por falta de
presupuesto para llevar acabo las expropiaciones e indemnizar a
los terratenientes, pero también por la resistencia legal de estos y
la burocratización y complejidad de la ley misma. El objetivo de
crear 60.000 nuevos propietarios al año, se redujo a 8.600. Esta
situación acabo con la paciencia de un campesinado
decepcionado, en paro creciente y cada vez más radicalizado,
sobre todo en el sur. En cuanto a los propietarios, veían como sus
tierras se desvalorizaban por ser consideradas expropiables.
Reforma Educativa:
Orienta a reducir la tasa de analfabetismo (entre 30% y el 40 % de la población), así como la
influencia de la Iglesia católica en la educación. La República emprendió una importante
reforma educativa basada en el modelo de educación pública, obligatoria y gratuita, cuyos
puntos más importantes fueron:
Se crearon 7.000 plazas de maestros, aumentando el
número de colegios mediante la ley de Construcciones
Escolares (entre 1932 y 1933 se construyeron 6.570
nuevas escuelas).
Aumento el salario de los maestros para dignificar la
profesión.
Se eliminada la obligatoriedad de la enseñanza de la
religión católica.
Fundo el Patronato de Misiones Pedagógicas para extender la enseñanza entre adultos y

15. Reforma Religiosa:
Sin duda, la cuestión religiosa fue la que creó más enemigos a la República. La reforma se
imponía, ya que el republicanismo siempre había tenido unos matices anticlericales y existía
una identificación clara entre catolicismo, derecha y monarquía.
Cuando se planteó en el Parlamento el art. 26 de la Constitución, relativo al problema religioso,
el gobierno estaba ya dividido. El Presidente Alcalá Zamora y Miguel Maura, al igual que otros
católicos, querían una separación amistosa entre Iglesia y Estado. Pero los socialistas
propusieron la expulsión de todas las Ordenes Religiosas y la nacionalización de los bienes
eclesiásticos.
Con la Ley de congregaciones religiosas (mayo de 1933) se exigía a las ordenes ya
existentes, una inscripción en un Registro de Asociaciones, así como se les limitaba la
posesión de bienes a las ordenes religiosas, la posible disolución en caso de peligro para el
Estado y el dominio de éste sobre los bienes eclesiásticos, igualmente se le impuso la
finalización de las actividades docentes para la iglesia, perjudicando la escolarización de miles
de alumnos. También se confiscaban los bienes de la disuelta Compañía de Jesús.

16. Reforma del Estado centralista:
Tal como establecía la Constitución, en Cataluña, País Vasco y en Galicia, se iniciaron la
elaboración de Estatutos de autonomía.
En septiembre de 1932, las Cortes aprobaron el Estatuto Catalán, con la oposición de los
partidos conservadores, por el cual se formaba un gobierno autonómico (Generalitat), liderado
por E.R.C. y se le concedían competencias en materia económica, legislativas y orden público,
aunque el Estado se reservaba el control de la enseñanza y la posibilidad de suspenderlo.
En el País Vasco, el PNV inicia la creación de su Estatuto de autonomía, pero este será
paralizado por la victoria de la derecha en 1933, al igual que en Galicia, donde el proyecto de
autonomía de la O.R.G.A. apenas se inicio. Ambos estatutos se aprobarían en 1936.
El debate en la Cortes del Estatuto Catalán y de la Ley de la reforma agraria, alarmó a una
parte del sector conservador, que consideraban necesario poner fin a estas reformas.
En agosto de 1932, en Sevilla, se subleva el general Sanjurjo, iniciándose un golpe de Estado,
la “Sanjurjada”, que mal preparado fracasa rápidamente. El general es detenido cuando huye a
Portugal, juzgado y condenado a muerte, pero se le conmuta la pena, por cadena perpetua.

17. También los conflictos violentos en el campo no se hicieron esperar, como los de Castiblanco
(Badajoz) o Arnedo (La Rioja), con enfrentamientos entre la Guardia Civil y campesinos. Pero
el suceso más grave se produjo en enero de 1933, en Casas Viejas (Cádiz), donde las fuerzas
del orden actuaron con dureza, provocando la muerte del anarquista apodado “Seis Dedos” y
de parte de su familia.
Este hecho provoca una corriente de opinión contraría al gobierno, que junto al freno de las
reformas por las resistencias encontradas y con el paro aumentando como consecuencia de
que la economía española sufre los efectos de la crisis de 1929, obligaran a Azaña dimitir
convocándose elecciones para noviembre de 1933.

18. 3. EL BIENIO RADICAL-CEDISTA Y EL TRIUNFO DEL FRENTE POPULAR (1933 - 1936).
En las primeras elecciones donde participaba el voto femenino, se alzo con la victoria una
coalición de partidos de derecha, conocida como C.E.D.A. (Confederación Española de
Derechas Autónomas) y liderada por José Mª Gil Robles. La participación fue del 67,46% del
electorado, pese a que los anarquistas hicieron campaña a favor de la
abstención.
La derecha obtuvo 204 diputados, 115 para la C.E.D.A.; el centro 168,
102 para el Partido Radical, de Alejandro Lerroux y la izquierda queda
con 94, de ellos, 64 socialistas, al presentarse a las elecciones desunida.
El Presidente de la República Alcalá Zamora, encargó formar gobierno a
Lerroux, pues aunque la C.E.D.A. había sido el partido más votado,
desconfiaba de Gil Robles por considerarlo próximo a ideologías totalitarias.
El nuevo gobierno inició la paralización de la mayoría de reformas del
periodo anterior:
Paralización de la reforma agraria, aprobando la Ley de Reforma de la
Reforma Agraria, en 1935, frenando las expropiaciones, con la
consiguiente expulsión de los jornaleros, se devuelve las tierras que no se
hayan vendido, se aumentaron las indemnizaciones y se paralizaron la
creación de nuevas colonias.
Paralización de la reforma militar y designación para puestos clave de militares claramente
antirrepublicanos como Franco, (Jefe del Estado Mayor), o Mola (Jefe del Ejército de África).
Esta nueva política fue completada con una amnistía para los participantes en el golpe de

19. Conciliación con la Iglesia Católica, pudiendo volver a ejercer la docencia, así como se les
devuelve la paga, por parte del Estado.
Paralización de las reformas educativas. Parón en el programa de construcciones escolares
y anulación de la enseñanza mixta.
Enfrentamiento a los nacionalismos periféricos. Freno al proyecto de Estatuto de Autonomía
vasco, presentado por el PNV y enfrentamientos con la Generalitat catalana, que presidía Lluis
Companys, dirigente de ERC.
Estas contra-reformas generaron una serie de conflictos, de los cuales el primero fue, el que se
produjo con la Generalitat de Cataluña, cuyo Parlamento aprobó la Ley de Contratos de
Cultivo, muy favorable a los arrendatarios campesinos que provocó la oposición de los
propietarios y la anulación de dicha ley por el Parlamento Nacional, al carecer de competencias.
En octubre de 1934 se produjo la crisis más grave hasta entonces, la llamada “REVOLUCIÓN
DE OCTUBRE” al entrar en el gobierno tres miembros de la C.E.D.A., siendo este hecho
interpretado por la izquierda como un golpe contra la República y la entrada del fascismo en
España, como había sucedido en Alemania con Hitler en 1933.

20. Los lideres socialistas Indalecio Prieto y Largo Caballero convocaron una huelga general
para defender las reformas sociales, a la cual se unieron los principales partidos de izquierda,
aunque no la C.N.T.. El movimiento fracaso a nivel nacional por la falta de coordinación y la
rápida respuesta del gobierno, que decretó el estado de guerra y detuvo a los principales
cabecillas, incluidos Largo Caballero, Azaña y Companys que había proclamado la República
catalana dentro de la República Federal española.
Pero donde si triunfa la revolución de octubre fue en la cuenca
minera asturiana, allí los sindicatos obreros (Unión de
Hermanos Proletarios) y mineros, bien organizados y armados
(Ejército Rojo), proclamaron la “revolución social” y tras tomar
Oviedo, se formaron comités obreros que hicieron frente a las
autoridades locales.
El gobierno envió a la Legión y a tropas regulares al mando del general Franco para sofocar la
insurrección. Los combates se produjeron durante 10 días y la represión fue muy dura: 1000
muertos, 3000 heridos y más de 30.000 detenidos.
En septiembre de 1935, una serie de escándalos de corrupción
afecto al Partido Radical, como el caso del estarperlo (una ruleta
trucada que se intento implantar en varios casinos) y los casos de
malversación de fondos (Nombela), obligaron a Lerroux a dimitir.
Alcalá Zamora, nuevamente se negó a dar la jefatura del gobierno a
Gil Robles y convoco elecciones para febrero de 1936.

21. A la convocatoria de elecciones generales, la izquierda respondió con la formación de un
Frente Popular para presentar candidaturas únicas y con un programa común. Esta alianza
agrupaba a los partidos más importantes y sindicatos de izquierda: Izquierda Republicana,
P.S.O.E., U.G.T., P.O.U.M. (Partido Obrero de Unificación Marxista), O.R.G.A. (Autonomistas
gallegos), E.R.C., etc.
La C.N.T., y la F.A.I. (Federación Anarquista Ibérica), con muchos presos en la cárcel, no pidió
la abstención y apoyó de forma tácita a la coalición de izquierdas, lo que significo que voto un
72% del censo electoral.
La derecha consiguió un 33,2% de los votos y la izquierda un 34,3% de votos, es decir, la
diferencia era de tan solo 150.000 votos, pero al favorecer la ley electoral a las mayorías, a la
hora de componer el Parlamento, el reparto de escaños favoreció al Frente Popular, con 278,
frente a los 124 de la derecha y 51 del centro.
El nuevo Parlamento destituyó a Alcalá Zamora por considerarlo demasiado moderado y
nombra a Manuel Azaña Presidente de la República.
El nuevo gabinete inició rápidamente la acción reformista:
- Amplia amnistía para todos los represaliados tras octubre de 1934.

22. - Reanudación de la reforma agraria. Esta medida fue rápidamente desbordada por la acción
de los jornaleros que se lanzaron a la ocupación de fincas.
- Tramitación de nuevos estatutos de autonomía (Vasco, Gallego...).
Mientras, el ambiente social era cada vez más tenso. De febrero a julio del 36, España se vio
sacudida por una escalada de desórdenes de todo tipo: atentados, saqueos, asesinatos,
incendios de sedes sindicales, periódicos, edificios religiosos, etc... que el gobierno se vio
incapaz de solucionar, tal como denuncio el líder del partido monárquico Renovación Española,
el diputado Calvo Sotelo.
Se abrieron las cárceles y de ellas no sólo salieron los
presos políticos del 34, sino también muchos
delincuentes comunes.
Se volvió a acelerar el proceso de la Reforma Agraria y
el I.R.A. fue autorizado a ocupar las fincas que
considerase de utilidad social, aunque nuevamente se
produjeron incidentes graves, entre los campesinos que
ocupaban tierras y las fuerzas públicas, como el
sucedido en Yeste (Albacete), donde hubo un
enfrentamiento cuyo balance fue, 17 campesinos y 1 guardia
civil muertos, así como más de 30 heridos.
Desde el mes de abril se sucedieron los enfrentamientos
violentos callejeros entre grupos falangistas y milicias
socialistas, comunistas y anarquistas.

23. Mientras la conspiración militar contra el gobierno del Frente Popular avanzaba. El gobierno de
la República, enterado de la conspiración, tomo la medida de alejar de la Península a los
principales generales conspiradores: a Franco lo envió a Canarias y a Goded a las Baleares.
Sanjurjo se encontraba en su exilio en Portugal y se mantuvo a Mola en Navarra, siendo este
“El Director” de la conspiración.
El 12 de julio era asesinado por extremistas de derecha un oficial de la Guardia de Asalto y
militante socialista, el teniente José Castillo. La respuesta llegó la siguiente madrugada con el
asesinato de José Calvo Sotelo por parte de un grupo de miembros de las fuerzas de
seguridad, y también militantes socialistas. Su muerte aceleró la conspiración militar y la
sublevación que se inició en el protectorado de Marruecos, el día 17 de julio; la cual tras
fracasar, originará una guerra civil que se prolongará durante tres años.