Ley de etica_gubernamental_de_puerto_rico_libro
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Ley de etica_gubernamental_de_puerto_rico_libro

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  • 1. LEY NÚM. 12 DE 24 DE JULIO DE 1985, SEGÚN ENMENDADAESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICOLEYÉTICAGUBERNAMENTALDEOFICINA DE ÉTICA GUBERNAMENTALESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
  • 2. CONTENIDOExposición de MotivosCapítulo ITítulo y DefinicionesCapítulo IICreación de la Oficina de Ética GubernamentalCapítulo IIICódigo de Ética para los Funcionarios y Empleados de la Rama Ejecutiva;Restricciones para las Actuaciones de los Ex Servidores Públicos;Disposiciones Relativas a los Funcionarios y Empleadosde las Ramas Judicial y LegislativaCapítulo IVRadicación de Informes Financieros porDeterminados Funcionarios y Empleados PúblicosCapítulo VParte FinalExposición de MotivosLey Núm. 3 de 5 de abril de 1991Ley Núm. 150 de 22 de diciembre de 1994Ley Núm. 24 de 16 de febrero de 1995Ley Núm. 93 de 30 de julio de1996Ley Núm. 6 de 4 de abril de 1997Ley Núm. 131 de 15 de noviembre de 1997Ley Núm. 143 de 18 de julio de 1998Ley Núm. 157 de 18 de julio de 1999Ley Núm. 228 de 29 de agosto de 2000Ley Núm. 291 de 1 de septiembre de 2000Ley Núm. 381 de 6 de septiembre de 2000Ley Núm. 13 de 11 de abril de 2001Ley Núm. 53 de 6 de julio de 200135719314145464848495051535456575962
  • 3. CONTENIDOLey Núm. 8 de 5 de enero de 2002Ley Núm. 41 de 3 de enero de 2003Ley Núm. 269 de 14 de septiembre de 2004Ley Núm. 274 de 14 de septiembre de 2004Ley Núm. 275 de 14 de septiembre de 2004Ley Núm. 540 de 30 de septiembre de 2004Ley Núm. 541 de 30 de septiembre de 2004Ley Núm. 83 de 26 de agosto de 2005Ley Núm. 108 de 1 de septiembre de 2005Ley Núm. 133 de 25 de octubre de 2005Ley Núm. 146 de 12 de diciembre de 2005Ley Núm. 43 de 27 de enero de 2006Ley Núm. 45 de 27 de enero de 2006Ley Núm. 85 de 12 de mayo de 2006Ley Núm. 138 de 1 de agosto de 2006Ley Núm. 190 de 1 de septiembre de 2006Ley Núm. 209 de 9 de agosto de 2008Enmiendas636566676970707172737475787980818287
  • 4. Ley de Ética Gubernamental1Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985 - contieneenmiendas incorporadas por las siguientes leyes:Ley Núm. 7 de 30 de abril de 1990,Ley Núm. 3 de 5 de abril de 1991,Ley Núm. 150 de 22 de diciembre de 1994,Ley Núm. 24 de 16 de febrero de 1995,Ley Núm. 93 de 30 de julio de 1996,Ley Núm. 6 de 4 de abril de 1997,Ley Núm. 131 de 15 de noviembre de 1997,Ley Núm. 143 de 18 de julio de 1998,Ley Núm. 157 de 18 de julio de 1999,Ley Núm. 228 de 29 de agosto de 2000,Ley Núm. 291 de 1 de septiembre de 2000,Ley Núm. 381 de 6 de septiembre de 2000,Ley Núm. 13 de 11 de abril de 2001,Ley Núm. 53 de 6 de julio de 2001,Ley Núm. 8 de 5 de enero de 2002,Ley Núm. 41 de 3 de enero de 2003,Ley Núm. 269 de 14 de septiembre de 2004,Ley Núm. 274 de 14 de septiembre de 2004,Ley Núm. 275 de 14 de septiembre de 2004,Ley Núm. 540 de 30 de septiembre de 2004,Ley Núm. 541 de 30 de septiembre de 2004,Ley Núm. 83 de 26 de agosto de 2005,Ley Núm. 108 de 1 de septiembre de 2005,Ley Núm. 133 de 25 de octubre de 2005,Ley Núm. 146 de 12 de diciembre de 2005,Ley Núm. 43 de 27 de enero de 2006,Ley Núm. 45 de 27 de enero de 2006,Ley Núm. 85 de 12 de mayo de 2006,Ley Núm. 138 de 1 de agosto de 2006Ley Núm. 190 de 1 de septiembre de 2006 yLey Núm. 209 de 9 de agosto de 2008.Para promover y preservar la integridad de losfuncionarios e instituciones públicas del Gobiernodel Estado Libre Asociado de Puerto Rico;establecer un Código de Ética para losfuncionarios y empleados de la Rama Ejecutiva,establecer disposiciones referentes a losfuncionarios y empleados de las Ramas Judicialy Legislativa y para los ex-servidores públicosde las Ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial;crear la Oficina de Ética Gubernamental ydeterminar sus funciones; requerir que funcionariosgubernamentales que ocupen cargos electivos,de alto nivel y sensitivos sometan informes sobresus finanzas personales para evitar posiblesconflictos de intereses; imponer ciertos deberesy conceder ciertas facultades al Secretario de3EXPOSICIÓNDEMOTIVOS1Este documento fue preparado por la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico. En el mismo se hanincorporado todas las enmiendas hechas a la Ley de Ética Gubernamental a fin de facilitar su consulta. Paraexactitud y precisión, refiérase a los textos originales de dichas leyes.
  • 5. 4EXPOSICIÓNDEMOTIVOSJusticia; establecer penalidades, proveer fondos parala ejecución de esta Ley, y para derogar la Ley Núm.110 de 12 de mayo de 1943, según enmendada y laLey Núm. 28 de 8 de junio de 1948, según enmendada.Exposición de MotivosNuestro pueblo creció históricamente con una ejemplartradición cultural y una moralidad de corrección y deexcelencia. Como pueblo, como personas y, aún más,como funcionarios públicos, no podemos alejarnos deesa orientación.El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, como cuerpopolítico, está comprometido con una responsabilidadmoral y con una responsabilidad ética en el sentido deobrar de acuerdo a unas normas y principios que rigenla conducta del buen vivir de su gente. Esaresponsabilidad ética obliga a un continuo examen delcomportamiento social y público de sus ciudadanos.En todo momento, tiene el Estado que garantizar elrespeto al derecho y la obediencia a la ley. Esta misiónle es fundamental especialmente cuando se trata de laconducta de aquellos funcionarios públicos que lorepresentan como servidores.Hay ocasiones en que, por desventura, surgen unasacciones improcedentes por parte de algunosfuncionarios que, al incurrir en claras faltas a las normasde ética, ponen en riesgo la estabilidad del soportemoral del Estado. Es intolerable que existan funcionariospúblicos en representación de la administración delGobierno que puedan lucrarse del patrimonio delpueblo. Los conflictos de intereses, especialmentefinancieros, en abierta violación a las leyes, son tambiénintolerables.Para restaurar la confianza del pueblo en su Gobiernoy en sus funcionarios públicos, cuando muchos de elloshan rebasado el nivel de lo tolerable, es preciso adoptarnuevas medidas legislativas que sean eficaces paraprevenir y para penalizar el comportamiento delictivode aquellos funcionarios que, en el desempeño de suslabores gubernamentales, vulneren los principios básicosde una ética de excelencia.En vista de estas consideraciones, entendemos que laaprobación de un Código de Ética para los funcionariosy empleados de la Rama Ejecutiva y la creación en estaLey de la Oficina de Ética Gubernamental es una medidacuya aprobación es de trascendental importancia.Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
  • 6. Capítulo I -Título y DefinicionesArtículo 1.1- Esta ley se conocerá comola Ley de Ética Gubernamental del EstadoLibre Asociado de Puerto Rico.Artículo 1.2- DefinicionesPara propósitos de esta ley, las palabras o frasesque a continuación se enumeran tendrán elsignificado que aquí se indica, a menos que delcontexto surja claramente otro significado:(a) funcionario público - incluye aquellas personasque ocupan cargos o empleos en el Gobiernodel Estado Libre Asociado de Puerto Rico queestán investidos de parte de la soberanía delEstado, por lo que intervienen en la formulacióne implantación de la política pública.(b) empleado público - incluye aquellas personasque ocupan cargos o empleos en el Gobiernodel Estado Libre Asociado de Puerto Rico queno están investidas de parte de la soberanía delEstado y comprende los empleados públicosregulares e irregulares, los que prestan serviciospor contrato que equivalen a un puesto o cargoregular, los de nombramiento transitorio y losque se encuentran en período probatorio.(c) servidor público - incluye a los funcionariosy a los empleados públicos.(d) ex servidores públicos - incluye a las personasque hayan servido como funcionarios oempleados públicos en las agencias ejecutivasdel Gobierno de Puerto Rico, de la RamaLegislativa y de la Rama Judicial.(e) agencias ejecutivas - incluye los organismosy entidades de la Rama Ejecutiva del Gobiernodel Estado Libre Asociado de Puerto Rico,incluyendo las corporaciones públicas, losmunicipios y las agencias que estén bajo elcontrol de esta Rama.(f) persona privada - incluye las personas naturalesy las jurídicas o grupos de personas.(g) unidad familiar - incluye al cónyuge delfuncionario o empleado público, a los hijosdependientes de éste, o aquellas personas quecomparten con el servidor público su residencialegal, o cuyos asuntos financieros están bajo el5CAPÍTULOI
  • 7. 6CAPÍTULOIcontrol de jure o de facto del funcionario o empleadopúblico.(h) acción oficial - incluye, entre otros, las decisioneso acciones ejecutivas o administrativas tales como laconcesión de permisos, licencias, órdenes,autorizaciones, exenciones, resoluciones y contratos.No incluye la aprobación de legislación estatal.(i) contribución - incluye pago, regalo, suscripción,préstamo adelantado y cualquier promesa o acuerdode concederlo.(j) ingreso - significa todo ingreso de cualesquieraprocedencia incluyendo, pero no limitado, a las siguientescategorías: salarios, remuneración por servicios, ingresobruto derivado de un negocio, ganancias derivadas detransacciones en propiedad, intereses, rentas, dividendos,regalías, anualidades, ingreso de contratos de segurosde vida y dotales, pensiones, participación provenientede una sociedad e ingreso correspondiente a un interésen una sucesión o fideicomiso. No se considerará"ingreso" o "regalo" las contribuciones hechas aorganizaciones políticas o candidatos conforme a laautorización provista por las leyes electorales vigentes.(k) regalo - incluye, entre otros, dinero, bienes o cualquierobjeto, oportunidades económicas, propinas, descuentos,o atenciones especiales.(l) interés o participación controlante - la propiedad demás del cincuenta por ciento de una entidad, negocioo bien o la propiedad de una parte suficiente paraotorgar el control efectivo de las decisiones.(m) Gobierno de Puerto Rico - significa Gobierno delEstado Libre Asociado de Puerto Rico.(n) Rama Legislativa - significa la Cámara deRepresentantes y el Senado de Puerto Rico, el Contralorde Puerto Rico, el Procurador del Ciudadano(Ombudsman) y cualquier oficina o dependenciaconjunta de ambos cuerpos legislativos.(o) Rama Judicial - significa los Jueces del Tribunal dePrimera Instancia, los Jueces del Tribunal de Circuitode Apelaciones y los Jueces del Tribunal Supremo.(p) Oficina - significa la Oficina de Ética Gubernamentalde Puerto Rico creada por esta ley.(q) Director - significa el Director de la Oficina de ÉticaGubernamental de Puerto Rico creada por esta ley.(r) contrato - significa un convenio o negocio jurídicopara hacer o dejar de hacer determinado acto, otorgadocon el consentimiento de las partes contratantes, enrelación con un objeto cierto que sea materia delcontrato y por virtud de la causa que se establezca.
  • 8. (s) conflicto de intereses - significa aquella situaciónen la que el interés personal o económico delservidor público o de personas relacionadas conéste, está o puede razonablemente estar enpugna con el interés público.(t) vehículo o medio de transportación oficial –significa todo automóvil, guagua, camioneta,motora, vehículo de todo terreno “four track”,bicicleta, patines, remolque, avión, helicóptero,barco, lancha, caballo o cualquier otro mediode transportación terrestre, marítima o aérea,independientemente de que se necesite o no unalicencia del Departamento de Transportación yObras Públicas para operarlos, utilizado o usadopor el Gobierno del Estado Libre Asociado dePuerto Rico y sus departamentos, agencias,oficinas, corporaciones públicas, municipios yotras entidades gubernamentales.Capítulo II -Creación de laOficina de Ética GubernamentalArtículo 2.1- CreaciónSe crea la Oficina de Ética Gubernamental dePuerto Rico, en adelante denominada Oficina,la cual tendrá a su cargo velar por que secumplan estrictamente las disposiciones de leyque establecen determinadas prohibiciones alos funcionarios y empleados públicos por razónde sus cargos o empleos o que exigen adeterminados funcionarios la divulgación deinformación financiera.A fin de promover la independencia administrativaque es indispensable para ejercer la delicadafunción que se le encomienda, la Oficina estaráexcluida de la Ley Núm. 184 de 3 de agostode 2004, según enmendada, conocida como“Ley para la Administración de los RecursosHumanos en el Servicio Público del Estado LibreAsociado de Puerto Rico”, de la Ley Núm. 230de 23 de julio de 1974, según enmendada,conocida como “Ley de Contabilidad delGobierno de Puerto Rico”; de la Ley Núm. 1647CAPÍTULOII
  • 9. 8CAPÍTULOIIde 24 de julio de 1974, según enmendada, conocidacomo “Ley de la Administración de Servicios Generales”;de la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, conocidacomo “Ley de Relaciones del Trabajo para el ServicioPúblico de Puerto Rico”, del Registro Único de Licitadoresadscrito a la Administración de Servicios Generales;de la Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, segúnenmendada, conocida como “Ley de Administraciónde Documentos Públicos”; de la Ley Núm. 197 de 18de agosto de 2002, conocida como “Ley del Procesode la Transición del Gobierno”; de la Ley Núm. 265de 3 de septiembre de 2003, conocida como “Ley paraReglamentar Ciertos Contratos Gubernamentales deFinanciamiento y Arrendamiento de Bienes Muebles”;de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, conocidacomo “Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia yPresupuesto”; y de la Ley Núm. 209 de 28 de agostode 2003, conocida como “Ley del Instituto de Estadísticasde Puerto Rico”.No obstante lo anterior, las operaciones fiscales de laOficina serán auditadas y examinadas por el Contralorde Puerto Rico por lo menos una vez cada dos (2) años.La Oficina tendrá capacidad para demandar y serdemandada.Artículo 2.2- Nombramiento y Destitución delDirector Ejecutivo.(1) La Oficina estará dirigida por un Director Ejecutivo,en adelante denominado Director. Tan pronto seapruebe esta ley, el Secretario de Justicia deberáconvocar a los ex-Jueces del Tribunal Supremo dePuerto Rico con la encomienda de que éstosrecomienden al Gobernador una lista de por lomenos tres (3) posibles candidatos para ocupar elcargo de Director.En caso de que el número de ex-Jueces del TribunalSupremo de Puerto Rico sea menor de cinco, el Secretariode Justicia nombrará ex-Jueces del Tribunal Superiorpara que, conjuntamente con los ex-Jueces del TribunalSupremo, constituyan un panel de cinco miembros conla encomienda de recomendar por lo menos tres (3)posibles candidatos para ocupar el cargo de Director.Cuando no haya ex-Jueces del Tribunal Supremo dePuerto Rico el Secretario de Justicia nombrará un panelde cinco ex-Jueces del Tribunal Superior para querecomienden al Gobernador por lo menos tres (3)posibles candidatos para ocupar el cargo de Director.En caso de que los ex-Jueces no sometan al Gobernadorel listado de candidatos recomendados dentro de treinta(30) días luego de ser convocados por el Secretario de
  • 10. Justicia, el Gobernador realizará la designación.Nada de lo aquí dispuesto se entenderá comouna limitación a la facultad constitucional delGobernador para ejercer con absoluta discreciónsu poder de nombramiento. El Director seránombrado por el Gobernador, sujeto al consejoy consentimiento del Senado y de la Cámara deRepresentantes.(2) El Director servirá por un término de diez(10) años o hasta que su sucesor seanombrado y tome posesión. La personadesignada para ocupar tal cargo no podráser nombrada por más de un (1) término. Encaso de que surja una vacante antes deexpirar el término de diez (10) años en elcargo de Director, el nuevo nombramientose extenderá por el término de diez (10)años.En todos los nombramientos sucesivos se seguiráel mismo proceso de nombramiento establecidoen el inciso anterior. Tan pronto ocurra unavacante en este cargo, el Secretario de Justiciaconvocará los ex-Jueces del Tribunal Supremode Puerto Rico y nombrará los ex-Jueces delTribunal Superior en los casos previstos en elinciso anterior.(3) El Director no podrá:(a) aportar dinero, en forma directa oindirecta, a organizaciones o partidospolíticos.(b) desempeñar o hacer campaña paraocupar cargo alguno en la dirección uorganización de un partido político nipostularse para un cargo público electivo.(c) participar ni colaborar, directa oindirectamente, en campaña política de clasealguna.(d) influenciar en alguna decisión de algúnfuncionario gubernamental, excepto cuandoello corresponda dentro de sus funcionesoficiales.(4) El Director podrá ser destituido de su cargosólo por las siguientes causas:(a) conducta inmoral, ilícita o reprensible, ola violación de las prohibiciones relativas asu cargo que establece esta ley;(b) incompetencia o inhabilidad profesionalmanifiesta en el desempeño de sus funcionesy deberes;9CAPÍTULOII
  • 11. 10CAPÍTULOII(c) la convicción por cualquier delito grave o menosgrave que implique depravación moral;(d) abuso manifiesto de la autoridad o la discreciónque le confieren ésta u otras leyes;(e) abandono de sus deberes.El Director podrá ser separado de su cargo por causade incapacidad física o mental. La separación seconsiderará como una renuncia voluntaria a todos losefectos y consecuencias legales.El Director sólo podrá ser destituido o separado de sucargo, mediante la debida formulación de cargos anteel Tribunal Supremo, el cual establecerá el procedimientoa seguir y tomará la decisión correspondiente.Artículo 2.3- Requisitos y SueldoEl cargo de Director sólo podrá ser desempeñado porun individuo mayor de edad, ciudadano de los EstadosUnidos y ciudadano y residente bona-fide de PuertoRico, que sea de reconocida capacidad profesional,probidad moral y tenga conocimientos de laadministración pública y la gestión gubernamental.En los últimos cuatro años inmediatamente anterioresa su nombramiento, la persona no podrá haber sidocandidata en un proceso de primarias o en eleccionesgenerales o especiales.El Director devengará un sueldo anual equivalente asetenta y cinco mil (75,000) dólares, o el sueldoequivalente al de un Juez del Tribunal de Circuito deApelaciones, lo que resulte mayor.El Director tendrá la opción de ingresar, darse de bajao reingresar al Sistema de Retiro de acuerdo a lodispuesto en el Artículo 4 de la Ley Núm. 447 aprobadael 15 de mayo de 1951, según enmendada, y al Fondode Ahorro y Préstamo creado por la Ley Núm. 133 de28 de junio de 1966, según enmendada.Artículo 2.4- Facultades y PoderesEl Director tendrá los siguientes deberes y poderes:(a) Promover y formular políticas y programas deconducta ética y moral para los servidores públicosdirigidos a la consecución de los siguientes objetivos:1. el establecimiento de criterios de excelencia,integridad personal, honestidad, responsabilidady veracidad en las gestiones públicas para inspirar,fomentar y restituir la confianza de los ciudadanosen las instituciones gubernamentales.
  • 12. 2. el compromiso por parte de todos losservidores públicos de que los interesespersonales no sustituirán los interesespúblicos y de que se eliminará toda normade ilegalidad, discriminación, fraude oimpericia administrativa.3. el apoyo continuo y la realización de talleresy programas de adiestramiento para facilitarel cumplimiento del sistema de mérito y paraque se logre la excelencia y elprofesionalismo en el servicio público.4. el comportamiento de todos los servidorespúblicos con actitud de respeto, cortesía ypreocupación por las necesidades de losciudadanos más allá de la convenienciapersonal del funcionario o empleado y másallá de la complacencia con el estado desituación.5. la protección de toda aquella informaciónconfidencial a la que privilegiadamentetenga acceso el servidor público comoparte de sus responsabilidades.6. la motivación en todos los servidores públicospara que ejerzan el máximo de la discreciónque le sea permitida para promover laeficiencia gubernamental y el interés público.(b) Interpretar, aplicar y hacer cumplir lasdisposiciones de esta ley y las reglas yreglamentos que establecen determinadasprohibiciones respecto a la conducta de ciertosfuncionarios y empleados públicos o que rigenlas cuestiones de ética, de conflicto de interesesy de radicación de informes financieros.(c) Resolver controversias sobre la aplicación deesta ley.(d) Establecer y administrar procedimientos paraidentificar violaciones a la ética y a la honestidad,para prevenir los conflictos de intereses y paratomar u ordenar las medidas disciplinarias,administrativas o civiles autorizadas por esta ley,luego de las correspondientes investigaciones yvistas en las que las partes afectadas tenganadecuada oportunidad de ser oídas y dedefenderse.(e) Examinar y obtener copia de toda la pruebarelevante relacionada con cualquier asunto queesté investigando, estudiando, o que esté encontroversia ante la Oficina y designar oficiales11CAPÍTULOII
  • 13. 12CAPÍTULOIIexaminadores para celebrar vistas y recibir prueba.(f) Tomar juramentos, por sí o a través de cualquierfuncionario de su Oficina en quien delegue, y solicitardel Tribunal Superior citaciones requiriendo lacomparecencia y declaración de testigos, y lapresentación de documentos y toda prueba que serelacione con un asunto pendiente ante la Oficina.(g) Emitir las órdenes que sean necesarias y convenientespara cumplir con sus funciones, responsabilidades ydeberes bajo esta ley.(h) Promulgar los reglamentos que sean necesarios yconvenientes para cumplir con los propósitos de estamedida, incluyendo reglas de procedimiento para lasvistas e investigaciones que celebre, las cuales tendránfuerza de ley.(i) Llevar a cabo la revisión de los informes financierosque se radiquen, a fin de determinar si dichos informesrevelan posibles violaciones a las leyes o reglamentosaplicables a conflictos de intereses, y recomendar laacción correspondiente para corregir cualquier conflictode intereses o cuestión de ética revelado por dicharevisión.(j) Establecer por reglamento la información que deberáincluirse en los informes financieros, y la accesibilidadde los mismos para pública inspección. Estos reglamentostendrán vigencia con respecto a personas de la RamaEjecutiva y los alcaldes, a partir de la fecha en quesean aprobados por el Gobernador, y promulgados;con respecto a los miembros de la Asamblea Legislativa,a partir de la fecha en que sean aprobados por elSenado y por la Cámara de Representantes, según seael caso, y promulgados.En relación a los miembros de la Rama Judicial, a partirde la fecha en que sean aprobados por el Hon. JuezPresidente del Tribunal Supremo y promulgados.(k) Desarrollar y adoptar mediante reglamentosconsistentes con esta ley, las normas para regir losprocedimientos de radicación y revisión de los informesfinancieros que radiquen los funcionarios y empleadosque tengan la obligación legal de rendir dichos informes.(l) Supervisar e investigar el cumplimiento individual oagencial con cualesquiera requisitos de informesfinancieros o de revisión interna establecidos por ley.(m) Estudiar los informes del Contralor de Puerto Ricoy de la Comisión Conjunta Sobre Informes Especialesdel Contralor con el fin de identificar posibles violacionesa las disposiciones de esta ley, llevar a cabo lasinvestigaciones que estime necesarias y tomar lasacciones pertinentes aquí autorizadas.
  • 14. (n) Establecer un servicio de opiniones emitidassobre los asuntos de su incumbencia que seande aplicación general o sobre asuntos específicosque se le consulten. Las opiniones del Directordeberán ser recopiladas, publicadas y estardisponibles tanto para los organismos de gobiernoasí como para el público en general. El Directorpodrá fijar y cobrar al público un cargo razonablepara compensar los costos de impresión ydistribución de estas opiniones.(ñ) Solicitar de las agencias aquellos informesque estime necesarios.(o) Colaborar con el Secretario de Justicia en laevaluación de la efectividad de las disposicioneslegales que rigen los conflictos de intereses yhacer las recomendaciones pertinentes.(p) Evaluar la necesidad de introducir enmiendasa las reglas y reglamentos relativos al conflictode intereses y a las cuestiones de ética en elGobierno con el propósito de atemperarlos, ode que suplementen adecuadamente, a las leyessobre estos conflictos.(q) Desarrollar las normas generales relativas ala prevención de conflictos de intereses por losfuncionarios y empleados en el servicio públicoy un sistema efectivo para informar al Secretariode Justicia sobre posibles violaciones a las leyessobre estos conflictos.(r) Proveer información y promover la difusión ycomprensión de las normas de ética en lasagencias para orientar al público y para educary enterar a los servidores públicos y a losciudadanos sobre las funciones de la Oficina ysobre la ética gubernamental en general.(s) Delegar, bajo su supervisión, en cualquierfuncionario de su agencia o de cualquier otraagencia gubernamental que al efecto designe,cualquier facultad o poder, cuando ello fuerenecesario, excepto el poder de reglamentación.Estos delegados serán reconocidos, para todoefecto legal, como si sus funciones las estuvieseejerciendo directamente el Director.(t) Organizar la Oficina y nombrar o contratarel personal que sea necesario para llevar a cabolas funciones y deberes que se establecen enesta Ley de acuerdo a los criterios que asegurenla prestación de servicios de la mejor calidad,sin estar sujeto a las leyes de personal. También,se autoriza al Director, a adquirir mediante13CAPÍTULOII
  • 15. 14CAPÍTULOIIcompra, cesión, permuta o cualquier otra forma legal,el inmueble necesario para ubicar la sede de la Oficina;a contratar obras de construcción, reparación, mejoraso ampliación de dichas instalaciones; y a reglamentartales procesos; y a financiar tales transacciones a travésdel Banco Gubernamental de Fomento, o alguna desus subsidiarias o afiliadas, o a través de una entidadbancaria pública o privada, con la asistencia yautorización del Banco Gubernamental de Fomento ensu función de agente fiscal de las agencias einstrumentalidades del Gobierno según dispuesto porla Ley Núm. 17 de 23 de septiembre de 1948, segúnenmendada. El repago de cualquier obligación contraídacon el Banco Gubernamental de Fomento para estospropósitos provendrá de las asignaciones presupuestariasanuales que recibe la Oficina.El Director tendrá la autoridad para reservar, gravar opignorar en todo o en parte las asignacionespresupuestarias que actualmente se utilizan para elpago del canon de arrendamiento de la Oficina, paraque tales asignaciones respondan por el pago delservicio de la deuda de cualquier financiamientocontraído bajo esta disposición. Igualmente, el Directortendrá autoridad para hipotecar el inmueble cuyaadquisición se autoriza para que responda por la deudadel financiamiento, y a hipotecar, vender, permutar ode cualquier otra forma disponer del mismo con laasistencia y autorización del Banco Gubernamental deFomento en su función de agente fiscal de las agenciase instrumentalidades del Gobierno según dispuesto porla Ley Núm. 17 de 23 de septiembre de 1948, segúnenmendada.Una vez finalizada la adquisición aquí autorizada, elDirector tendrá autoridad para arrendar parte de talesfacilidades a entidades públicas o privadas, siempreque certifique que la parte a ser arrendada: (i) no esnecesaria para la operación de la Oficina; y (ii) elarrendamiento rendiría un beneficio necesario oconveniente para la operación de la Oficina.(u) Notificar al Secretario de Hacienda, al Administradorde los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobiernoy la Judicatura y a cualquier otro Administrador deSistemas de Retiro Público, al Director Ejecutivo de laAsociación de Empleados del Estado Libre Asociadode Puerto Rico y a la autoridad nominadora, una ordende retención y descuento contra cualquier reintegrocontributivo, liquidación de licencias o desembolso porconcepto de pensiones o aportaciones a los planes deahorro o retiro de los servidores y ex servidores públicosque hubieran incumplido con una multa administrativafinal y firme. Asimismo, notificar al servidor o ex servidorpúblico con no menos de treinta (30) días de anticipaciónque su incumplimiento será referido a dichas Agenciaspara el correspondiente descuento, o la acción aplicable,según dispuesto en este Artículo. Durante el término de
  • 16. treinta (30) días anteriormente dispuestos elservidor o ex servidor público afectado tendráderecho a objetar la retención notificada a dichasAgencias de conformidad a la Sección 4.2 dela Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988,según enmendada, mejor conocida como “Leyde Procedimientos Administrativos Uniforme”.En el caso de una orden de retención y descuentoen contra de los reintegros contributivos o delpago de las liquidaciones de las licenciasacumuladas, el Secretario de Hacienda notificaráa la Oficina la eliminación total o parcial de lamulta, luego del correspondiente descuento atales fondos. En caso de no tener en su posesiónreintegro o pago por licencias acumuladas almomento de recibirse la orden de retención ydescuento, el Secretario de Hacienda así loinformará a la Oficina. Además, en el caso deque solamente se pueda cobrar de la orden deretención deberá disponer que el mismo deberáser a plazos según se dispondrá por reglamentopor la Oficina de Ética Gubernamental. En talcaso, la orden de retención y descuentopermanecerá vigente hasta que el Director de laOficina solicite que sea dejada sin efecto.Si se tratara de una orden de retención ydescuento contra los fondos acumulados en lasentidades antes mencionadas, salvo elDepartamento de Hacienda, el jefe de la entidadconcernida remitirá a la Oficina el descuento alos fondos de los servidores y ex servidorespúblicos que hubieran incumplido con el pagode una multa administrativa final y firme. En casode no tener en su posesión fondos al momentode recibirse la orden de retención y descuento,el jefe de la entidad así lo informará a la Oficina.En tal caso, la orden de retención y descuentopermanecerá vigente hasta que el Director de laOficina solicite que sea dejada sin efecto.(v) Tomar cualquier otra acción o medida quesea necesaria y conveniente para cumplir conlos propósitos de esta Ley.Artículo 2.5- Acceso a Información yServiciosA requerimiento del Director toda agencia deberá:(a) poner a disposición del Director, al máximoposible, sus servicios, personal y facilidadespara llevar a cabo las disposiciones de esta ley.(b) excepto cuando esté expresamente prohibido15CAPÍTULOII
  • 17. 16CAPÍTULOIIpor ley, suplir al Director toda la información en supoder que el Director estime necesaria para llevar acabo sus funciones.(c) considerar las enmiendas a la reglamentación depersonal que esté en vigor y que a juicio del Directorsean necesarias para incorporar las disposicionesrelacionadas con la ética, para prevenir los conflictosde intereses de los servidores públicos, para tipificarla conducta que constituirá violación a los reglamentosvigentes y para establecer las sanciones administrativascorrespondientes que no estén cubiertas por talreglamentación o cuando proceda suprimir lasdiscrepancias existentes.Artículo 2.6- Comités de Ética GubernamentalA requerimiento del Director toda agencia ejecutiva ygobiernos municipales creará un Comité de ÉticaGubernamental, en adelante “el Comité”, compuestopor los servidores públicos que ocupen los siguientespuestos o similares:(a) Ayudante Especial del Jefe de la agencia ejecutiva,o del alcalde o en su defecto aquella persona en quienéste delegue.(b) Director de la División Legal o su representante.(c) Director de la Oficina de Recursos Humanos o surepresentante.(d) Director de Auditoría Interna o Finanzas o surepresentante.(e) Oficial de Enlace de la agencia ejecutiva o delgobierno municipal con la Oficina, si no fuera uno delos anteriores.(f) Cualquier otra persona nombrada por el jefe de laagencia ejecutiva o el alcalde según entienda necesario.Los Comités tendrán las siguientes funciones y deberes,entre otros:(1) Mantener informado al jefe de la agencia ejecutivao al alcalde, según sea el caso, sobre los trabajosllevados a cabo por el Comité.(2) Velar que se dé seguimiento y se cumpla con losseñalamientos en informes de intervención de la Oficinadel Contralor, así como en informes de auditoríasinternas y externas realizadas en las agencias ejecutivasy gobiernos municipales.(3) Velar que se establezcan controles administrativosque impidan y desalienten al personal a incurrir enviolaciones a esta Ley, sus reglamentos y cualquier otra
  • 18. ley dirigida a atacar la corrupción en el serviciopúblico.(4) Velar que el personal cumpla con lasdisposiciones de esta Ley, así como constatar,de tiempo en tiempo, la efectividad de loscontroles administrativos establecidos y velar quese cumpla con los mismos.(5) Realizar cualquier otra función que a juiciodel Director de la Oficina sea necesaria paralograr el objetivo de prevenir la corrupcióngubernamental.(6) Los Comités coordinarán sus acciones deconformidad con las normas que establezca laOficina.(7) Las agencias ejecutivas y los gobiernosmunicipales informarán al Director de la Oficinalos nombres de los miembros de sus Comités.De surgir cualquier cambio o puesto vacantesobre los componentes del Comité deberáninformar los mismos al Director, durante los treinta(30) días siguientes a la fecha de efectuados loscambios.Artículo 2.7- Centro para el Desarrollodel Pensamiento ÉticoCon el propósito de ampliar e intensificar lapolítica pública de prevención, a través de laeducación, delegada a la Oficina, se crea elCentro para el Desarrollo del Pensamiento Ético(en adelante, el “Centro”).El Centro tiene como misión alcanzar, entre otros,los siguientes objetivos:1. Proveer a los servidores públicosadiestramientos en servicios que promueva unaadecuada formación académica y operacionalsobre la ética gubernamental y la sanaadministración de los recursos públicos.2. Ofrecer un programa formativo de cursos quetenga como objetivo estudiar los aspectossustantivos y procesales específicos y generalesde la Ley de Ética Gubernamental.3. Diseñar adiestramientos en los cuales seanalice y discuta la importancia de la ética enlos procesos gubernamentales y privados.4. Examinar el problema de la corrupción desde17CAPÍTULOII
  • 19. 18CAPÍTULOIIuna metodología interdisciplinaria que explique loscomponentes económicos, políticos y socio-culturalesque lo constituyen.5. Fomentar la investigación sobre todos los aspectosrelacionados a la ética, entre éstos, la inherencia queel factor ético tiene sobre las gestiones estatales internasy su pertinencia e impacto en las relacionesinternacionales contemporáneas.6. Difundir mediante el mecanismo de publicación loshallazgos de una investigación actualizada sobre elproceso ético público y social.La Oficina será la entidad responsable de diseñar,ofrecer y coordinar los cursos provistos por el Centro.A los fines de realizar dicha encomienda, el Directorde la Oficina se encuentra facultado para:1. Coordinar el desarrollo de dichos cursos con laUniversidad de Puerto Rico y la Oficina del Contralor.2. Requerir a la Oficina Central de AsesoramientoLaboral y Administración de Recursos Humanos y atoda otra agencia o dependencia gubernamental ayudatécnica, propiedad, personal, tecnología y otros recursospara hacer posible el ofrecimiento de estos cursos.3. Contratar la prestación de servicios, adiestramientosy talleres de personas u organizaciones privadas en yfuera de Puerto Rico con el propósito de promover losobjetivos del Centro.4. Contratar personal docente de la Universidad dePuerto Rico a tono con las necesidades del Centro.5. Revisar el currículo de los cursos a fin de atemperarel mismo a las necesidades que surjan en el serviciopúblico.6. Aceptar donaciones o asignaciones legislativas delGobierno de los Estados Unidos de América. Lasemisoras de radio y televisión del Gobierno del EstadoLibre Asociado de Puerto Rico, operadas por laCorporación para la Difusión Pública, asignará, librede costo, espacio de tiempo permanente, de por lomenos dos horas mensuales, para la difusión de losprogramas, proyectos e iniciativas que promuevan laética y la política pública de la Oficina.Todo funcionario o empleado público tendrá que tomarcada dos (2) años un mínimo de diez (10) horas decursos otorgados por la Oficina para mantener unproceso de Educación Continua. El Centro determinaráuna equivalencia y convalidará en el correspondienteperíodo bienal para los cursos ofrecidos en coordinacióncon la Oficina del Contralor de Puerto Rico a los
  • 20. candidatos electos, según lo dispuesto por elArtículo 4.001(a) de la Ley Núm. 4 de 20 dediciembre de 1977, según enmendada.A petición de una agencia o de un servidorpúblico, el Centro podrá convalidar para efectosde esta legislación las horas cursos ofrecidaspor la Oficina tomadas por un servidor públicodesde el primero (1ro) de mayo de 2004 hastala fecha en que se implante formalmente lodispuesto en este Artículo.Todo Jefe de una agencia ejecutiva concederátiempo, sin cargo a licencias, a sus servidorespúblicos para cumplir con la obligación que leimpone esta Ley.Capítulo III -Código de Ética para losFuncionarios y Empleados dela Rama Ejecutiva; Restriccionespara las Actuaciones de ExS e r v i d o r e s P ú b l i c o s ;Disposiciones Relativas a losFuncionarios y Empleados delas Ramas Judicial y LegislativaArtículo 3.1- Jurisdicción y AlcanceEste Código reglamenta la conducta de losfuncionarios y empleados de la Rama Ejecutivadel Estado Libre Asociado de Puerto Rico,incluyendo sus corporaciones públicas y lasagencias que estén bajo el control de dichaRama, sus municipios, corporaciones y consorciosmunicipales. También este Código establecealgunas restricciones para las actuaciones de exservidores públicos de las Ramas Ejecutiva,Legislativa y Judicial.Además de lo que dispongan la Constitución delEstado Libre Asociado de Puerto Rico, las leyes,19CAPÍTULOIII
  • 21. 20CAPÍTULOIIIlos reglamentos y las órdenes ejecutivas en vigor, seestablecen ciertas disposiciones en cuanto a laaprobación de normas para regir la conducta de losservidores públicos de la Rama Legislativa y Judicial.No obstante, se excluye de la jurisdicción y alcance deeste Código a los miembros del sector privado de laJunta Estatal y las Juntas Locales creadas al amparo dela Ley Pública Núm. 105-220 del 7 de agosto de 1998,según enmendada, conocida como “Ley Federal deInversión para el Desarrollo de la Fuerza Trabajadora”(Workforce Investment Act of 1998). Éstos, sin embargo,deberán cumplir a cabalidad con las normas yprocedimientos en dicha Ley Pública, el Plan Anual ylos Reglamentos de la Junta Estatal y las Juntas Localesque se adopten al amparo de la misma.Artículo 3.2- Prohibiciones Éticas de CarácterGeneral(a) Ningún funcionario o empleado público desacatará,ya sea personalmente o actuando como servidor público,las leyes en vigor ni las citaciones u órdenes de losTribunales de Justicia, de la Rama Legislativa o de lasagencias de la Rama Ejecutiva que tengan autoridadpara ello.(b) Ningún funcionario o empleado público dilatará laprestación de los servicios que las agencias ejecutivasdel Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Ricoestán obligadas a ofrecer ni entorpecerá elfuncionamiento eficiente de la Rama Ejecutiva.(c) Ningún funcionario o empleado público utilizará losdeberes y facultades de su cargo ni la propiedad ofondos públicos para obtener, directa o indirectamentepara él, para algún miembro de su unidad familiar, nipara cualquier otra persona, negocio o entidad, ventajas,beneficios o privilegios que no estén permitidos por ley.(d) Ningún funcionario o empleado público solicitaráni aceptará bien alguno de valor económico como pagopor realizar los deberes y responsabilidades de suempleo aparte del sueldo, jornal o compensación aque tiene derecho por su función o empleo público.(e) Ningún funcionario o empleado público aceptaráo solicitará de persona alguna, directa o indirectamente,para él, para algún miembro de su unidad familiar, nipara cualquier otra persona, negocio o entidad, bienalguno de valor económico, incluyendo regalos,préstamos, promesas, favores o servicios a cambio deque la actuación de dicho funcionario o empleadopúblico esté influenciada a favor de esa o cualquierotra persona.(f) Ningún funcionario o empleado público que estéregularmente empleado en el Gobierno, recibirá paga
  • 22. adicional o compensación extraordinaria deninguna especie del Gobierno de Puerto Rico ode cualquier municipio, junta, comisión uorganismo que dependa del Gobierno, enninguna forma, por servicio personal u oficialde cualquier género, aunque sea prestado enadición a las funciones ordinarias de dichofuncionario o empleado a menos que la referidapaga o compensación extraordinaria estéexpresamente autorizada por el Artículo 177del Código Político o por alguna otra disposiciónde ley.(g) Ningún funcionario o empleado públicorevelará o usará información confidencial,adquirida por razón de su empleo, para obtener,directa o indirectamente, ventaja o beneficioeconómico para él, para un miembro de suunidad familiar o para cualquier otra persona,negocio o entidad.(h) Ningún funcionario público podrá interveniren forma alguna en cualquier asunto en el queél o algún miembro de su unidad familiar tengaun conflicto de intereses.(i) Ningún funcionario público o empleado públicopodrá nombrar, promover o ascender a un puestode funcionario o empleado público, o contratarpor sí, o a través de otra persona natural ojurídica, negocio o entidad que tenga interés enla agencia ejecutiva en la que trabaje o tengafacultad de decidir o influenciar, a cualquierpersona que sea pariente de dicho funcionarioo empleado público dentro del cuarto grado deconsanguinidad o del segundo grado porafinidad.Cuando el funcionario público o empleadopúblico con facultad para decidir o influenciarentienda que es imprescindible por el bienestardel servicio público y el buen funcionamiento dela agencia contratar, nombrar, promover oascender a un pariente suyo dentro de los gradosde parentesco antes mencionados, en un puestode funcionario público o empleado público,tendrá que solicitar una autorización por escritoal Director Ejecutivo de la Oficina de ÉticaGubernamental donde exponga las razonesespecíficas que justifican tal contrato,nombramiento, o ascenso en ese caso enparticular, previo a llevar a cabo dicha acción,de conformidad a la reglamentación que adoptela Oficina de Ética Gubernamental.La Oficina de Ética Gubernamental deberá,21CAPÍTULOIII
  • 23. 22CAPÍTULOIIIdentro del término directivo de treinta (30) días desdela fecha de haberse radicado la solicitud de dispensa,autorizar o denegar la misma. La Oficina de ÉticaGubernamental notificará al solicitante de la aprobaciónde la dispensa o de su denegación. En caso de denegarla solicitud de dispensa deberá fundamentar dichadecisión presentando un informe escrito.La prohibición que aquí se establece no será deaplicación a la situación de un funcionario o empleadopúblico que nombre, promueva o ascienda en un puestode carrera en la agencia en que trabaje o sobre la cualejerza jurisdicción, a un funcionario o empleado públicoque sea su pariente dentro de los referidos grados,cuando el funcionario o empleado público, nombrado,promovido o ascendido haya tenido la oportunidad decompetir en igualdad de condiciones con otros aspirantesmediante un proceso de selección a base de pruebas,exámenes o evaluaciones de preparación y experiencia,y se haya determinado objetivamente que es el candidatoidóneo o mejor calificado en el registro de elegiblespara el puesto en cuestión y el pariente con facultadno haya intervenido en el mismo. Asimismo, lasprohibiciones antes descritas, con excepción de la denombramiento, serán de aplicación a aquellos empleadoso funcionarios públicos que advengan a la relación degrado de parentesco dispuestos en esta Ley despuésde su nombramiento o designación.(j) Ningún funcionario o empleado de la Rama Ejecutivapodrá utilizar cualquier distintivo, emblema, logo,botones, calcomanía, pegatina, rótulo o insigniarepresentativa de un partido político o candidato queidentifique o promueva directa o indirectamente losintereses electorales de cualquier partido político ocandidato, mientras dicho empleado o funcionariopúblico se encuentre en funciones de su trabajoindependientemente del lugar donde se estén prestandolos servicios.(k) Ningún vehículo o medio de transportación oficialpodrá llevar cualquier distintivo, emblema, logo,calcomanía, pegatina, rótulo o insignia que no representela agencia e instrumentalidad que hace uso de estosvehículos o medios de transportación. No está incluidoen esta disposición aquellos vehículos de transportecolectivo de cualquier agencia o municipio en los cualesse alquile espacio para rótulos de publicidad comercialen los cuales se prohíbe la propaganda político partidista.Artículo 3.3- Prohibiciones Relacionadas conOtros Empleos, Contratos o Negocios(a) Ningún funcionario o empleado público aceptaráo mantendrá un empleo o relaciones contractuales ode negocio, o responsabilidades adicionales a las desu empleo o cargo público, ya sea en el Gobierno oen la esfera privada que, aunque legalmente permitidos,
  • 24. tenga el efecto de menoscabar su independenciade criterio en el desempeño de sus funcionesoficiales.(b) Ningún funcionario o empleado públicoaceptará un empleo o mantendrá relacionescontractuales de negocio, con una persona,negocio o entidad que esté reglamentada por oque haga negocios con la agencia gubernamentalpara la cual él trabaja cuando el funcionario oempleado público participe en las decisionesinstitucionales de la agencia o tenga facultadpara decidir o influenciar las actuaciones oficialesde la agencia que tengan relación con dichapersona, negocio o entidad.(c) Ningún funcionario o empleado público queesté autorizado para contratar a nombre de laagencia ejecutiva para la cual trabaja, podrállevar a cabo un contrato entre su agencia y unaentidad o negocio en que él o algún miembrode su unidad familiar tenga o haya tenido durantelos últimos cuatro (4) años antes de ocupar sucargo, directa o indirectamente, interéspecuniario.(d) Ninguna agencia ejecutiva podrá llevar acabo un contrato en el que cualquiera de susfuncionarios o empleados o algún miembro delas unidades familiares de éstos tenga o hayatenido durante los últimos cuatro (4) años antesde ocupar su cargo, directa o indirectamente,interés pecuniario, a menos que el Gobernador,previa recomendación del Secretario de Hacienday del Secretario de Justicia, lo autorice.(e) Ningún funcionario o empleado público podráser parte o tener algún interés en las gananciaso beneficios producto de un contrato con cualquierotra agencia ejecutiva o dependenciagubernamental a menos que el Gobernador,previa recomendación del Secretario de Hacienday del Secretario de Justicia, expresamente loautorice. Sólo podrá llevarse a cabo lacontratación en el caso previsto en este párrafosin solicitar y obtener la autorización delGobernador cuando se trate de:1. Contratos por un valor de $3,000.00 omenos y ocurran una sola vez durantecualquier año fiscal.2. Contratos de arrendamiento, permuta,compraventa, préstamo, seguro hipotecarioo de cualquier otra naturaleza que se refierana una vivienda y/o solar provisto o a ser23CAPÍTULOIII
  • 25. 24CAPÍTULOIIIfinanciado o cuyo financiamiento es asegurado ogarantizado por una agencia gubernamental.3. Programas de servicios, préstamos, garantíase incentivos auspiciados por agenciasgubernamentales.4. Contratos otorgados con el Departamento deHacienda para operar terminales de LoteríaElectrónica.5. Contratos de arrendamiento bajo el Programade Vivienda Federal conocida como ProgramaSección 8 otorgados por los beneficiarios ypropietarios con las Agencias Ejecutivas o Municipiosque actualmente administren o en el futuro puedanestar autorizadas a administrar dicho programa.Esta excepción aplicará cuando no estén presenteslos elementos del Artículo 3.2 (i) de la Ley de ÉticaGubernamental.En los casos especificados en las cláusulas (2) a la (5)de este inciso la agencia contratante autorizará lastransacciones, siempre que concurran los siguientesrequisitos:a. Se trate de contratos, préstamos, seguros,garantías o transacciones accesibles a cualquierciudadano que cualifique.b. Las normas de elegibilidad sean de aplicacióngeneral.c. El funcionario o empleado público cumplacon todas las normas de elegibilidad y no se leotorgue directa o indirectamente un trato preferenteo distinto al del público en general.(f) Ningún funcionario o empleado público que tengala facultad de aprobar o autorizar contratos podráevaluar, considerar, aprobar o autorizar un contratoentre una agencia ejecutiva y una entidad o negocioen que él o algún miembro de su unidad familiar tengao haya tenido durante los últimos cuatro (4) años antesde ocupar su cargo, directa o indirectamente, interéspecuniario.(g) Ningún funcionario o empleado público podráotorgar o autorizar un contrato con persona privada asabiendas de que esta persona a su vez estérepresentando intereses particulares en casos o asuntosque involucren conflictos de intereses o de políticapública entre la agencia gubernamental contratante ylos intereses particulares que representa dicha personaprivada. A esos efectos, toda agencia gubernamentalrequerirá de toda persona privada con quien contratela inclusión de una cláusula contractual en la que dichapersona privada certifique que no está incursa en unconflicto de intereses o de política pública conforme a
  • 26. lo descrito en este inciso.(h) En todo caso en que se haya concertado uncontrato en violación a lo dispuesto en esteArtículo, y que señalada la violación por elDirector de la Oficina de Ética Gubernamentalno se han realizado gestiones para obtener ladispensa dentro de los diez (10) días siguientesal señalamiento, el contrato será anulable y seautoriza a la Oficina de Ética Gubernamentaly al Secretario de Justicia a solicitar a los tribunalesde justicia, en representación del Estado LibreAsociado, que tal contrato sea declarado nulo.Cuando se otorgue un contrato sin obtener ladispensa a la que se refieren los Incisos (d) y (e),o cuando la misma sea obtenida luego deotorgado el contrato, el Director de la Oficinade Ética Gubernamental podrá imponer unamulta a los funcionarios responsables por laomisión de obtener la dispensa, conforme a lodispuesto en la Sección 7.1 de la Ley Núm.170 de 12 de agosto de 1988, segúnenmendada, conocida como la "Ley deProcedimiento Administrativo Uniforme del EstadoLibre Asociado de Puerto Rico". Las gestionespara obtener la dispensa dentro de los diez díassiguientes al señalamiento del Director de unaviolación a los Incisos (d) y (e) serán consideradascomo atenuantes pero no eximirán deresponsabilidad a los funcionarios objeto delseñalamiento.(i) Las prohibiciones establecidas en este Artículono se aplicarán a los contratos celebrados porcualquier agencia ejecutiva para la adquisiciónde derechos sobre la propiedad literaria oartística, o patentes de invención de susfuncionarios y empleados públicos.Artículo 3.4- [Prohibiciones] Relacionadascon la Representación de InteresesPrivados Conflictivos con las FuncionesOficiales(a) Ningún funcionario o empleado público podrárepresentar, directa o indirectamente a personaprivada alguna para lograr la aprobación deuna ley u ordenanza, para obtener un contrato,el pago de una reclamación, un permiso, licenciao autorización ni en cualquier otro asunto,transacción o propuesta, si él o algún miembrode su unidad familiar ha participado o participaráo probablemente participe en su capacidadoficial en la disposición del asunto. Estaprohibición no será aplicable cuando se tratede actuaciones oficiales del funcionario o25CAPÍTULOIII
  • 27. 26CAPÍTULOIIIempleado público dentro del ámbito de su autoridad.(b) Ningún funcionario o empleado público podrárepresentar, directa o indirectamente, a persona privadaalguna ante una agencia ejecutiva, respecto a cualquierreclamación, permiso, licencia, autorización, asunto,transacción o propuesta que envuelva acción oficialpor parte de la agencia si él o algún miembro de suunidad familiar posee autoridad ejecutiva sobre esaagencia.(c) Ningún funcionario o empleado público podrárepresentar o de cualquier otra manera asesorar, directao indirectamente, a persona privada alguna antecualquier agencia ejecutiva, tribunal u otra dependenciagubernamental, en casos y asuntos relacionados conel Gobierno de Puerto Rico ni en casos y asuntos queenvuelvan conflictos de intereses o política pública entreel Gobierno y los intereses de dicha persona privada.(d) Ningún funcionario o empleado público a jornadacompleta podrá, durante horas laborables, representar,asesorar o servir como perito a personas o entidadesprivadas en litigios, vistas, audiencias públicas ocualquier asunto ante tribunales de justicia, organismoscuasi judiciales y agencias administrativas.(e) Para los fines de este Artículo y del Artículo 3.7 eltérmino "asunto" significa aquellos en que el funcionarioo empleado haya participado personal y sustancialmentey que ocurrieron mediante decisión, aprobación odesaprobación, recomendación o consejo, oinvestigación particular que involucre partes específicas.No incluye la intervención o participación del funcionarioo empleado en la promulgación de normas o reglamentosde aplicación general o de directrices e instruccionesabstractas que no aludan a situaciones particulares ocasos específicos.Artículo 3.5- Normas de Conducta para losFuncionarios y Empleados de la Rama Judicialy de la Rama LegislativaLa conducta de los funcionarios y empleados de laRama Judicial, de la Rama Legislativa, de la Oficinadel Contralor y de la Oficina del Procurador delCiudadano (Ombudsman), se regirá por las disposicionesde las leyes vigentes aplicables a cada una de esasRamas de Gobierno y oficinas, y por la reglamentaciónque éstas adopten.Dentro de un año a partir de la vigencia de esta Ley,la Rama Legislativa o cada una de las Cámaras y laRama Judicial deberán aprobar Códigos de Ética oenmiendas a la reglamentación en vigor que incorporenlos principios aquí enunciados, hasta donde ello seaposible sin que constituya un menoscabo de la autonomíaque les confieren la Constitución y las leyes del Estado
  • 28. Libre Asociado para regir la conducta de susfuncionarios y empleados respectivos. La Oficinadel Contralor y la Oficina del Procurador delCiudadano (Ombudsman) aprobarán susrespectivos Códigos de Ética no más tarde del30 de junio de 1995.Artículo 3.6- Deber de InformarSituaciones de Posibles AccionesAntiéticas o de Conflictos de InteresesCualquier funcionario o empleado público de laRama Ejecutiva que tenga que tomar algunaacción oficial que constituya una violación a lasprohibiciones que establecen los artículos 3.2,3.3 y 3.4 de esta ley deberá informar el hechoa la Oficina de Ética Gubernamental antes detomar dicha acción. El funcionario o empleadopúblico podrá solicitar ser relevado de tener queintervenir con el asunto o participar en lasdeliberaciones de la agencia que esténrelacionadas con la materia.El funcionario o empleado gubernamentalentregará a su supervisor inmediato una copiade la declaración que radique en la Oficina deÉtica Gubernamental.La existencia de una situación conflictiva noimpedirá que el funcionario o empleado públicotome la acción oficial cuando su actuación oparticipación sea requerida por ley o seaimpostergable.Cuando la Oficina entienda que no existe unasituación de conflicto de intereses y que procedeautorizar que se tome la acción, así lo haráconstar en una opinión que notificará alfuncionario o al empleado y a la agenciagubernamental concernida.Las dispensas que se concedan a tenor con lodispuesto en este Artículo o en cualquier otradisposición de esta ley se remitirán a la Oficinade Ética Gubernamental y se mantendrán en unRegistro disponible al público.Artículo 3.7- Restricciones para lasActuaciones de Ex Servidores Públicos(a) Ningún ex servidor público podrá ofrecerinformación, asesorar en forma alguna orepresentar en cualquier capacidad, ya fuerepersonalmente o a través de otra persona privada,a cualquier persona de intereses contrarios a losdel Estado Libre Asociado de Puerto Rico en27CAPÍTULOIII
  • 29. 28CAPÍTULOIIIaquellos asuntos, acciones, procedimientos oreclamaciones que estuvieron en alguna forma sometidosal conocimiento, estudio, investigación, resolución,decisión, o trámite ante alguna agencia, oficina,dependencia o tribunal del Gobierno de Puerto Ricomientras dichos ex servidores prestaban servicios enesa agencia, oficina, dependencia o tribunal y siempreque dichos ex servidores hubieren tenido que ver directao indirectamente con dichos asuntos y acciones.Ningún ex servidor público podrá cooperar en formaalguna, ya fuera personalmente o a través de otrapersona privada, en la preparación o tramitación contrael Estado Libre Asociado de Puerto Rico de dichosasuntos, acciones, procedimientos o reclamaciones niusar ni facilitar el uso contra el Estado Libre Asociadode Puerto Rico de la información de hecho obtenidamientras fue funcionario o empleado público.(b) Ningún ex servidor público podrá, durante el añosiguiente a la terminación de su empleo, ocupar cargoalguno ni tener interés pecuniario alguno, con personao entidad alguna con la cual la agencia, oficina,dependencia o tribunal en que trabajó hubiese efectuadocontratos de bienes y servicios durante la incumbenciade dicho funcionario o empleado y éste participódirectamente en la contratación.(c) Ningún ex servidor público, ningún miembro de suunidad familiar ni el negocio en el cual él o algúnmiembro de su unidad familiar sea socio, miembro, oempleado podrá, durante el año siguiente a la fechade terminación de su empleo, ofrecer información,asesorar o representar en cualquier capacidad a personaalguna ante la agencia, dependencia o sala del tribunalpara el cual el ex servidor público trabajó, respecto aaquellos casos o asuntos con los cuales el ex servidorhubiere tenido que ver directa o indirectamente mientrasfue funcionario o empleado público.(d) Ningún ex servidor público podrá, durante el añosiguiente a la terminación de su empleo, ocupar cargoalguno ni tener interés pecuniario alguno, con personao entidad alguna si la agencia, oficina, dependenciao tribunal en que trabajó le hubiese efectuado a dichapersona o entidad alguna investigación, examen deauditoría, en la cual él participara directamente duranteel año previo a la terminación de su empleo.(e) Ninguna agencia ejecutiva contratará con o parabeneficio de personas que hayan sido funcionarios oempleados públicos de dicha agencia ejecutiva, hastatanto haya transcurrido dos (2) años desde que dichapersona haya cesado en sus funciones como tal. ElGobernador podrá expedir dispensa en cuanto a laaplicabilidad de esta disposición siempre que taldispensa resulte en beneficio del servicio público. Estaprohibición no será aplicable a contratos para la
  • 30. prestación de servicios ad honorem.(f) Las agencias, oficinas, dependencias otribunales, por iniciativa propia o a petición delDirector de la Oficina, rehusarán las actuacioneso intervenciones de los ex servidores públicosque violen las disposiciones de este Artículo.Artículo 3.8- Sanciones y Remedios(a) Acciones de Naturaleza Penal(1) Toda persona que viole intencionalmente lasprohibiciones y disposiciones establecidasen los incisos (c),(d),(e) y (g) del Artículo3.2, en los Incisos (b), (c), (d) y (e) del Artículo3.3, en el Artículo 3.4 y en el Artículo 3.7,todos de este Capítulo, incurrirá en delitograve y convicta que fuere, será sancionadapor cada violación con pena de reclusiónpor un término fijo de un (l) año o con multade dos mil (2,000) dólares: o ambas penasa discreción del tribunal. De mediarcircunstancias agravantes la pena fijaestablecida podrá ser aumentada hasta unmáximo de dos (2) años o hasta tres mil(3,000) dólares. De mediar circunstanciasatenuantes la pena podrá ser reducida hastaun mínimo de nueve (9) meses o hasta mil(l,000) dólares.(2) La persona así convicta quedará inhabilitadapara desempeñar cualquier cargo o empleopúblico, sujeto a lo dispuesto en la Sección3.4 de la Ley Núm. 5 del l4 de octubre del975, según enmendada, conocida como Leyde Personal del Servicio Público de PuertoRico.(3) La prescripción de los delitos contra la funciónpública establecidos en este capítulo seráncónsonos con lo establecido en el CódigoPenal de Puerto Rico.(4) La persona convicta por los delitosestablecidos en este Capítulo no tendrá elbeneficio de sentencia suspendida.(b) Acciones de Naturaleza Civil(1) La Oficina tendrá facultad para solicitar delTribunal Superior la expedición de uninterdicto para impedir cualquier violaciónde este Capítulo e interponer las accionesque procedan para cobrar las sancionesciviles que se impongan a favor del Estado.29CAPÍTULOIII
  • 31. 30CAPÍTULOIII(2) La Oficina podrá acudir al Tribunal Superiorpara solicitar que se impida, suspenda o paralicela ejecución de cualquier acción oficial que constituyauna violación a las prohibiciones que establece esteCapítulo.(3) Toda persona que reciba un beneficioeconómico como resultado de la violación de esteCapítulo vendrá obligado a pagar al Estado comosanción civil por su incumplimiento una sumaequivalente a tres veces el valor del beneficioeconómico recibido.(4) La violación de cualquiera de las disposicionesde este Capítulo puede ser penalizada, en los casosaplicables, con cualquiera de las siguientes sancionesadministrativas impuestas por la autoridadcorrespondiente.a. amonestación escritab. suspensión de empleo y sueldoc. destitución o despido(c) Acciones de Naturaleza Administrativa(1) Toda persona que viole las prohibiciones ydisposiciones establecidas en esta Ley y en losreglamentos, órdenes y normas promulgadas a suamparo, podrá ser sancionada por el Director conmulta administrativa que no excederá de veinte mil(20,000) dólares por cada violación. Lo anteriorno limita la facultad de la Oficina de ÉticaGubernamental de imponer, además de dicha multaadministrativa, la sanción de triple daño, según loautoriza el inciso (b) de este Artículo.(d) Acciones Judiciales por Incumplimiento con SancionesAdministrativas y/o CivilesEn todo caso en que una persona incumpla con algunamulta o sanción administrativa final y firme y/o conalguna sanción civil final y firme, los tribunales dejusticia le impondrán intereses al diez (10) por ciento,o al interés legal prevaleciente, si éste resultare mayor,sobre el monto adeudado y el pago de honorarios deabogado a favor del Estado Libre Asociado de PuertoRico. Los intereses comenzarán a acumularse desdeque la sanción advenga final y firme.
  • 32. Capítulo IV -Radicaciones de InformesFinancieros por DeterminadosFuncionarios y EmpleadosPúblicosArtículo 4.l - Aplicabilidad(a) Las disposiciones de esta Ley que requierensometer informes financieros son aplicables alos siguientes funcionarios y empleados públicos:(1) El Gobernador(2) El Contralor de Puerto Rico y el Procuradordel Ciudadano.(3) Funcionarios de la Rama Ejecutiva cuyosnombramientos requieran el consejo yconsentimiento del Senado, o del Senado yla Cámara de Representantes.(4) Jefes de agencias del Gobierno del EstadoLibre Asociado de Puerto Rico, a nivel deSecretario, Subsecretario, y los jefes de lascorporaciones municipales.(5) Presidentes, Vicepresidentes, Directores ySubdirectores Ejecutivos de las corporacionespúblicas y otras entidades gubernamentales.(6) Los miembros de la Asamblea Legislativa, elDirector de la Oficina de Servicios Legislativosy el Superintendente del Capitolio, sujeto alo dispuesto en el Artículo 4.10 (d) de estaLey.(7) Alcaldes, Vicealcaldes, Directores de Finanzaso persona que ocupe un puesto similar.(8) Los miembros de la Rama Judicial, sujeto alo dispuesto en el Artículo 4.10 (e).(9) El Presidente de la Comisión Estatal deElecciones; el Administrador de los Sistemasde Retiro de los Empleados del Gobierno dePuerto Rico y sus Instrumentalidades, o decualquier Plan de Pensiones o Retiroestablecido por la Legislatura de Puerto Ricoo implantado por las Corporaciones Públicas.(10) Cualquier otro cargo o puesto, incluyendopero no limitado, al cargo de SecretarioAuxiliar, Director de Negociado o Jefe deOficina, cuya inclusión sea recomendadapor el jefe de la agencia y ordenada por31CAPÍTULOIV
  • 33. 32CAPÍTULOIVel Director de la Oficina.(11) Todos los miembros de las Juntas de Subastas,oficiales de compra o delegado comprador ocualquier persona que ocupe un puesto similar encualquier agencia ejecutiva.(b) El Director de la Oficina de Ética Gubernamentalo el Gobernador de Puerto Rico podrán eximir de laobligación de radicar informes a las personas querinden sus servicios sin paga o que sólo reciben dietas.(c) La obligación de rendir informes financieros bajoesta ley no quedará afectada por la obligación derendir informes de esta naturaleza bajo otras leyes oautoridades.(d) La custodia de los informes financieros presentadospor el Director de la Oficina de Servicios Legislativosy el Superintendente del Capitolio la tendrá el Directorde la Oficina de Ética Gubernamental. Se dispone,además, que dichos funcionarios se regirán por elCódigo de Ética y la reglamentación relacionada aéste que adopte la Asamblea Legislativa.Esta tendrá también la obligación de redactar elformulario de informes financieros a ser cumplimentadospor el Superintendente dentro del Capitolio y el(la)Director(a) de la Oficina de Servicios Legislativos.Artículo 4.2- Frecuencia y Cubierta de losInformes Financieros Requeridos(a) Todo servidor público radicará en la Oficina, dentrode los primeros sesenta (60) días siguientes a la fechaen que tome posesión de un cargo o puesto enumerado,un informe detallado que contenga toda la informaciónrequerida por la Oficina. Dicho informe financiero notendrá que ser radicado por aquellas personas que hanabandonado un cargo o puesto enumerado antes deque hayan transcurrido sesenta (60) días desde queasumieron un nuevo cargo o puesto enumerado.Este primer informe cubrirá el año natural previo a lafecha en que el servidor público comenzó en su cargoo empleo por el cual está obligado a rendir informesfinancieros anuales. No obstante, si el servidor públicono rinde informes financieros anuales, el primer informedeberá incluir el año natural anterior y el tiempotranscurrido del año en curso hasta la fecha en quecomience a ocupar el cargo o empleo por el cual estáobligado a rendir informes financieros.Aquellos servidores públicos que, a la fecha de vigenciade esta Ley, hayan ocupado por más de sesenta (60)días un puesto o cargo que esté sujeto a la obligaciónde rendir informes financieros, someterán su primerinforme dentro de los noventa (90) días siguientes a lafecha en que el Director prepare el formulario y elapéndice explicativo que requiere el Artículo 4.3 de
  • 34. esta Ley.Toda persona nominada por el Gobernador paraocupar un cargo o puesto enumerado querequiera la confirmación por el Senado o por elSenado y la Cámara de Representantes radicará,dentro de los primeros quince (l5) días siguientesa la fecha en que dicha nominación haya sidoenviada a la Asamblea Legislativa, un informefinanciero que contenga la información requeridapor la Oficina.(b) Los informes anuales se someterán no mástarde del lro. de mayo de cada uno de los añossiguientes a aquel en que rinda el primer informesiempre y cuando el funcionario o empleadopúblico haya ocupado el puesto por más desesenta (60) días del año natural anterior. Elinforme cubrirá el año natural anterior.(c) Al cesar en un cargo o puesto enumerado,toda persona radicará, en o antes de sesenta(60) días con posterioridad a haber cesado endicho cargo o puesto, un informe financiero quecontenga toda la información requerida por laOficina, para el año calendario anterior si aúnno lo hubiese radicado y cubriendo hasta lafecha en que dicha persona cesó en tal cargoo puesto, a menos que hubiese pasado a ocuparotro de los cargos o puestos enumerados.(d) El Director de la Oficina de ÉticaGubernamental podrá conceder un plazoadicional para radicar los informes financierosque requiere esta ley, conforme a lareglamentación que adopte, pero este períodoadicional no excederá de sesenta (60) días.(e) No obstante lo dispuesto en este artículo,hasta tanto el Director no haya preparado elformulario y apéndice explicativo que requiereel Artículo 4.3, no habrá obligación de someterlos informes financieros requeridos.Artículo 4.3- Contenido de los InformesEl Director de la Oficina de Ética Gubernamentaldeterminará por reglamento, adoptado conformea lo dispuesto en el inciso (j) del Artículo 2.4, lainformación que deberán incluir los informesfinancieros de acuerdo a lo dispuesto en estaley, diseñará el formulario oficial y el apéndiceexplicativo que se utilizará para remitir lainformación exigida y tendrá disponibles lascopias necesarias del formulario y del apéndiceexplicativo para toda persona que tengaobligación de cumplimentarlos y someterlos. Paracada tipo de información a divulgarse, el Director33CAPÍTULOIV
  • 35. 34CAPÍTULOIVdeterminará por reglamento e indicará en el formulario,el método de divulgación, incluyendo si deberádivulgarse la fuente, si se indica la cuantía exacta o seinforma el valor mediante categorías o renglones y elgrado de identificación de la información sometida.Será obligación del Director preparar y publicar guíassobre los métodos de contabilidad y para someter lainformación requerida que serán utilizadas por laspersonas que sometan informes financieros bajo estaley.La persona que someta el informe calculará el valoraproximado de cada renglón a base de las guías queprepare y publique el Director.Artículo 4.4- Información RequeridaLa reglamentación que adopte el Director de la Oficinade Ética Gubernamental podrá exigir que todo informefinanciero incluya la siguiente información para elperíodo cubierto en el informe relativo a la personaque someta el informe y su cónyuge:(1) Nombre y dirección oficial y cargo o empleo públicoocupado por la persona que somete el informe.(2) Nombre o nombres bajo los cuales hacen negocios.(3) La ocupación, profesión u oficio.(4) Nombre y dirección del principal lugar de negocioso de trabajo.(5) Todas las relaciones de empleo o negocio.(6) Nombre, dirección y nombre o nombres bajo loscuales hacen negocios otros miembros de su unidadfamiliar que son funcionarios o empleados públicos,que han realizado negocios con o han prestado serviciosal Gobierno de Puerto Rico o sus municipios durante elperíodo cubierto por el informe financiero o que sonsocios, directores o empleados de negocios o entidadesque han realizado negocios o han prestado serviciosal Gobierno de Puerto Rico o sus municipios duranteese período.(7) Ingresos e intereses en propiedades muebles oinmuebles y en cualquier propiedad en su acepciónmás amplia.(8) Acciones, bonos de empresas privadas, pólizas deseguro y otras participaciones propietarias en empresaso negocios cuyo valor en conjunto exceda de mil (l,000)dólares, incluyendo indicación de cada empresa onegocio envuelto.(9) Bonos estatales o municipales cuyo valor en conjuntoexceda de mil (l,000) dólares, y toda transacciónrelacionada durante el período cubierto por el informe.
  • 36. (10) Deudas que hayan tenido un balance demás de mil (l,000) dólares en cualquier momentodurante el período cubierto por el informe,indicando tipo de interés de cada deuda, eincluyendo toda la liquidación de deuda oreducción a mil (l,000) dólares o menos duranteel período cubierto por el informe.(11) Deudas en relación a las cuales se estérecibiendo cualquier tipo de tratamiento especialo preferencial al compararse con el que recibenotros deudores del mismo acreedor encircunstancias similares por el mismo tipo dedeuda.(12) Transacciones de compra, venta o permutade propiedades muebles o inmuebles.(13) Arreglos o acuerdos para remuneraciónfutura.(14) Una relación de todo regalo recibido,excluyendo pago de transportación, comidas,alojamiento y entretenimiento, con indicacióndel nombre y dirección del donante cuyo valoragregado por donante exceda de doscientoscincuenta (250) dólares por año y que hayasido recibido de personas que no tenganparentesco de por lo menos el cuarto grado deconsanguinidad o segundo de afinidad y queno hayan constituido una muestra de hospitalidadestrictamente personal o familiar.(15) Toda otra información que, a juicio de lapersona que somete el informe o del Director,sea pertinente para la correcta evaluación de susituación financiera en el contexto del interéspúblico que inspira la presente ley.Artículo 4.5- Excepciones enDeterminados Casos(a) El Director de la Oficina de ÉticaGubernamental tendrá facultad para, de supropia iniciativa o a solicitud de personainteresada, eximir del requisito de rendir elinforme financiero a una persona desaparecida,fallecida o incapacitada a tal grado que leimpida presentar su informe, o de eximir acualquier persona de incluir en el informedeterminados datos, o autorizar algunamodificación en su presentación, si concluye quela aplicación estricta del requisito de leyocasionaría perjuicio irrazonable al solicitanteo a un tercero, y que al hacer la excepción nose frustrarán los propósitos de esta ley.(b) En casos de seguridad u otro interés público35CAPÍTULOIV
  • 37. 36CAPÍTULOIVapremiante el Director podrá eximir a determinadaspersonas de cumplir con las disposiciones especialesde esta ley o establecer condiciones y procedimientosespeciales para dichas personas.(c) Toda excepción autorizada bajo el presente Artículose limitará en su alcance a lo estrictamente necesariopara evitar el perjuicio anticipado.Artículo 4.6- Juramento, AuditoríaLos informes financieros requeridos por esta Ley seránjuramentados por el servidor público cuya situacióndescribe, mediante una declaración escrita que se rindebajo las penalidades de perjurio.El Director podrá requerir que el informe financiero seaauditado por un contador público autorizado. De requerirque el informe sea auditado, la Oficina podráreembolsarle a la persona por el costo de los serviciosprestados por un contador autorizado, sujeto a losrequisitos que el Director establezca por reglamento.Artículo 4.6A – Firma del Informe FinancieroEl hecho de que el nombre de un servidor públicoaparezca firmado en un informe financiero u otrodocumento relacionado, ya sea en letra impresa odigitalmente, será prueba prima facie, para todos losfines legales, de que efectivamente éste firmó el informefinanciero u otro documento.Artículo 4.7- Entrega de los InformesLos informes requeridos por esta Ley se someterán a laOficina de Ética Gubernamental o al funcionario enquien éste delegue, mediante entrega personal, envíopor correo certificado o por correo electrónico, segúnla reglamentación que sea adoptada por la Oficina.Artículo 4.8- Custodia y Acceso Público a losInformes Financieros Requeridos por esta ley(a) El Director podrá permitir la inspección y el accesoa los informes financieros que se radiquen a tenor conlo dispuesto en esta ley únicamente cuando estos informessean finales y cuando la persona interesada demuestreal Director que necesita la información para someterdatos adicionales que revelen la posible violación a lasdisposiciones de esta ley. El Director suministrará, librede costo, copia de los informes financieros que seanfinales cuando sean requeridos por las agenciasgubernamentales como parte de una gestión oficial.(b) Toda persona que obtenga acceso a parte o a latotalidad de un informe de situación financiera radicadoante la Oficina, podrá usar la información así obtenidaúnicamente para los propósitos relacionados con losfines de esta ley. Cualquier otro uso que haga de lareferida información será ilegal.
  • 38. (c) Se prohíbe el uso de parte o de la totalidadde un informe financiero radicado ante la Oficinabajo esta ley con el fin de obtener algún beneficiocomercial, para determinar o establecer laclasificación de crédito de una persona o paratratar de conseguir algún beneficio particularajeno a los objetivos de esta ley.(d) No obstante lo dispuesto en el Inciso (a) deeste Artículo, no se permitirá la inspección públicade estos informes financieros, ni se suministrarácopia de estos informes, ni se permitirá copiarloshasta que la persona interesada haya radicadouna solicitud escrita bajo juramento en queinforme lo siguiente:(1) el nombre, dirección y ocupación delsolicitante.(2) el nombre, dirección de la persona,organización o dependencia gubernamentalpara la cual solicita el informe.(3) que el solicitante conoce las prohibiciones yrestricciones en cuanto al uso de estosinformes.(4) los datos o información en que el solicitantefundamente su creencia de que existe unaposible violación a las disposiciones de estaLey que justifique la concesión de acceso alinforme financiero.Se exceptúa a las agencias gubernamentalesde cumplir con el requisito de juramentación.(e) Toda persona que, a sabiendas yvoluntariamente, suministre datos contenidos enlos informes financieros radicados ante la Oficinao permita copiarlos sin la autorización del Directorincurrirá en delito grave que será castigado conreclusión por un término fijo de un (1) año omulta de dos mil (2,000) dólares, o ambas penasa discreción del Tribunal.De mediar circunstancias agravantes la penafija establecida podrá ser aumentada hasta unmáximo de dos (2) años o hasta cinco mil (5,000)dólares. De mediar circunstancias atenuantes,podrá ser reducida hasta un mínimo de seis (6)meses un (1) día o hasta mil (1,000) dólares.Artículo 4.9- Conservación de losInformes FinancierosLa Oficina establecerá por reglamento, el períodopor el cual habrá de conservar y manteneraccesibles al público los informes financieros37CAPÍTULOIV
  • 39. 38CAPÍTULOIVque se radiquen a tenor con lo dispuesto en esta ley.La Oficina tendrá la obligación de conservar estosinformes por un período no menor de tres (3) añosdespués que el funcionario público haya cesado en sucargo. Ningún documento podrá ser destruido cuandosea necesario para completar una investigación que sehaya iniciado.Artículo 4.l0- Acciones con Relación a losInformesUna vez recibido cada informe de situación financierade los requeridos por esta Ley, la Oficina lo examinaráy estudiará dentro de los noventa (90) días siguientesa la fecha de radicación con miras a lo siguiente:(a) Si después de estudiar y analizar el informe financieroel Director opina que, a base de la información quecontiene dicho informe, la persona que somete el mismoha cumplido con las leyes y reglamentos aplicables, asílo hará constar en el informe financiero y lo firmará.(b) Si el Director determina que es necesario que sesometa información adicional, notificará a la personaque radicó el informe financiero la información adicionalque se requiere y le exigirá que someta dicha informaciónadicional dentro de un período no mayor de treinta(30) días, a partir de la fecha de dicha notificación.Si, en su opinión, basado en la información sometida,la persona no está cumpliendo con las leyes y losreglamentos aplicables, así se lo notificará a dichapersona, indicando específicamente los aspectos enque se considera que el informe no cumple con losrequisitos de ley. En dicha notificación, el Director leinformará a la persona su derecho de presentar sucontención por escrito, y, además si así lo interesaresolicitar una vista ante la Oficina. Basado en toda lainformación sometida, el Director preparará unadeterminación preliminar, la cual notificará a la persona,y le proveerá tiempo razonable para contestar la misma,que no excederá de treinta (30) días.Luego de considerar dicha contestación, de ello proceder,modificará el informe, y rendirá un informe final, el cualse considerará un documento público. El Director deberámantener la estricta confidencialidad de los procesosde revisión con anterioridad al informe final. Si elloprocediera, el Director podrá, directamente o mediantela ayuda del Secretario de Justicia, tomar la acciónprocedente en caso de que dicho informe revele queha ocurrido alguna violación de ley que requiera acciónpenal o de otra índole.(c) En todo caso en que al comparar el más recienteinforme con el anterior, se detecte algún incremento ocambio sustancial en algún renglón para el cual elDirector considere que no hay explicación satisfactoria,se requerirá al informante que ofrezca una explicacióny las pruebas demostrativas del origen lícito de talesrecursos. De considerarlo necesario, el Director procederá
  • 40. a realizar la investigación correspondiente. Siluego de ofrecidas las pruebas y la explicaciónpertinente por parte del servidor público, eldirector estima que las mismas no sonsatisfactorias podrá, directamente o mediante laayuda del Secretario de Justicia, tomar lasacciones pertinentes.(d) Cuando se trate de informes financieros delos miembros de la Asamblea Legislativa, delDirector de la Oficina de Servicios Legislativoso del Superintendente del Capitolio, el Directorrecibirá y evaluará los informes para constatarque la información sea completa. Una vezverifique que la información está completa,determinará que el informe es final para que seconsidere como un documento público. El accesopúblico a dicho informe se regirá por lo dispuestoen el Artículo 4.8 de esta Ley y en los Códigosde Ética de la Rama Legislativa o de la Cámaracorrespondiente. Cuando a juicio del Directorexista la posibilidad de que un funcionario oempleado de la Rama Legislativa haya violadolas disposiciones de este Capítulo, el Directorremitirá el informe financiero a la Cámaracorrespondiente para que se tomen las accionesque correspondan. Si el Director entiende queel Director de la Oficina de Servicios Legislativoso el Superintendente del Capitolio pueden haberviolado las disposiciones de este Capítulo, deberáasí notificarlo tanto al Senado de Puerto Ricocomo a la Cámara de Representantes remitiéndoleel informe financiero de que se trate.(e) Cuando se trate de informe financiero de laRama Judicial, el Director recibirá y evaluará losinformes para constatar que la información estécompleta.Una vez verifique que la información estácompleta, determinará que el informe es final ylo devolverá al Hon. Juez Presidente del TribunalSupremo. El acceso público a dicho informe seregirá por lo dispuesto en el Artículo 4.8 de estaLey y en el Código de Ética de la Rama Judicial.Cuando a juicio del Director exista la posibilidadque un juez, director administrativo o funcionariode alta jerarquía haya violado las disposicionesde este subcapítulo, el Director remitirá el informefinanciero conjuntamente con una relación desus hallazgos al Tribunal Supremo para que setomen las acciones que correspondan según suCódigo de Ética y Reglamento.39CAPÍTULOIV
  • 41. 40CAPÍTULOIVArtículo 4.11- Incumplimiento o FalsificaciónA. Acción de Naturaleza Penal1. Toda persona que, a sabiendas y voluntariamente,falsifique o deje de radicar o divulgar cualquierinformación sustancial que este Capítulo le requieresometer, incurrirá en delito grave y convicta que fuereserá sancionada por cada violación con pena dereclusión por un término fijo de un (1) año o multa dedos mil (2,000) dólares o ambas penas a discrecióndel Tribunal.De mediar circunstancias agravantes, la pena fijaestablecida podrá ser aumentada hasta un máximo dedos (2) años o hasta cinco mil (5,000) dólares. Demediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducidahasta un mínimo de seis (6) meses un (1) día o hastamil (1,000) dólares.2. La persona así convicta quedará inhabilitada paradesempeñar cualquier cargo o empleo público sujetoa lo dispuesto en la Sección 3.4 de la Ley 5 del l4 deoctubre de l975, según enmendada, conocida comoLey de Personal del Servicio Público de Puerto Rico.3. La prescripción de los delitos contra la función públicaestablecidos en este capítulo serán cónsonos con loestablecido en el Código Penal de Puerto Rico.4. La persona convicta no tendrá el beneficio de sentenciasuspendida.B. Acciones de Naturaleza Civil1. El Secretario de Justicia tendrá facultad para solicitardel Tribunal Superior la expedición de un interdictopara impedir cualquier violación de este Capítulo einterponer las acciones que procedan para cobrar lassanciones civiles que se imponen a favor del Estado.2. Toda persona que reciba un beneficio económicocomo resultado de la violación de este Capítulo vendráobligado a pagar al Estado como sanción civil por suincumplimiento una suma equivalente a tres veces elvalor del beneficio económico recibido.3. Además de las sanciones penales y civiles antesseñaladas, la violación de cualquiera de las disposicionesde este Capítulo puede ser penalizada, en los casosaplicables, con cualquiera de las siguientes sancionesadministrativas impuestas por la autoridadcorrespondiente:a. amonestación escritab. suspensión de empleo y sueldoc. destitución o despido
  • 42. Capítulo V -Parte FinalArtículo 5.l- Capacidad para PromoverInvestigaciones(a) Cualquier ciudadano privado o cualquierfuncionario o empleado del Estado Libre Asociadode Puerto Rico podrá solicitar de la Oficina,mediante querella escrita y bajo juramento, queésta inicie una investigación bajo cualquiera delas disposiciones de esta Ley. A tal fin elpromovente deberá exponer en su querella todoslos hechos en que se fundamenta su creencia deque procede la investigación.(b) Dentro de los sesenta (60) días siguientes ala fecha de radicación de la querella, la Oficinarealizará una evaluación y notificará alquerellante la acción que se propone seguir. Sila Oficina entiende que es innecesario llevar acabo una investigación, así lo informará alquerellante dentro del término antes descrito.(c) Si la Oficina entiende que procede efectuaruna investigación, deberá concluir la mismadentro del término de los ciento veinte (l20) díassiguientes a la fecha en que haya notificado alquerellante la acción que se proponía seguir.Concluida la investigación, la Oficina decidirási ha de proceder judicial o administrativamentecontra el funcionario o empleado querellado osi habrá de eximirlo de responsabilidad ulterior.Artículo 5.1A- Acceso a InformaciónLa información bajo custodia de la Oficina,recopilada con el objeto de hacer cumplir estaLey, podrá ser inspeccionada por cualquierciudadano siempre y cuando al así hacerlo:(a) no interfiera con los procedimientos parahacer cumplir esta Ley;(b) no prive a una persona del derecho a unprocedimiento adjudicativo justo y a unadeterminación final imparcial, conforme a lodispuesto en esta Ley y en la Ley Núm. 170 de12 de agosto de 1988, según enmendada,conocida como la "Ley de ProcedimientoAdministrativo Uniforme del Estado Libre Asociadode Puerto Rico";(c) no constituya una intrusión injustificada de laintimidad del querellado o de alguna otrapersona;41CAPÍTULOV
  • 43. 42CAPÍTULOV(d) no revele la identidad de una fuente confidencial;(e) no revele técnicas y procedimientos investigativos;(f) no ponga en peligro la vida o la seguridad físicadel personal que hace cumplir esta Ley, la del querellanteo la de un testigo.Sólo el Director Ejecutivo podrá autorizar la divulgaciónde información relacionada con el funcionamiento,operación o actividades de esta Oficina. Cualquierempleado, funcionario, Oficial o persona que pordescuido u omisión, o deliberadamente, ofreciereinformación, diere a la publicidad o públicamentecomentare cualquier investigación en progreso de laOficina, sin estar autorizado para ello, será culpablede delito grave y convicto que fuere se le impondrápena de reclusión por un término fijo de un (1) año omulta de dos mil (2,000) dólares, o ambas penas adiscreción del tribunal.De mediar circunstancias agravantes la pena fijaestablecida podrá ser aumentada hasta un máximo dedos (2) años o hasta cinco mil (5,000) dólares. Demediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducidahasta un mínimo de seis (6) meses un (1) día o hastamil (1,000) dólares.Artículo 5.2- Revisión JudicialTodo funcionario público que resulte afectado por algunadecisión, resolución, orden o acción de la Oficinatendrá derecho a revisión judicial sometiendo lacorrespondiente petición ante el Tribunal Superior dePuerto Rico, con notificación a la Oficina, dentro delos treinta (30) días de haberle sido notificada ladecisión, resolución, orden o acción. Las conclusionesde hecho de la Oficina que estén apoyadas por evidenciasustancial a base de la totalidad del récord, seránobligatorias para el Tribunal.Cuando se trate de una solicitud de revisión judicial deuna decisión o resolución de la Oficina denegando unasolicitud de acceso a información bajo custodia de laOficina, aplicará el procedimiento siguiente:(a) A petición de la parte recurrente, el tribunal podráordenar al Director Ejecutivo que someta una relaciónbajo juramento de todos los documentos recopiladosen la Oficina que sean pertinentes a la solicitud derevisión.(b) El Director Ejecutivo especificará qué documentosa su juicio no deben ser revelados expresando lasrazones para ello. El tribunal podrá ordenar que elDirector Ejecutivo los produzca para ser inspeccionadospor el juez con exclusión de las partes y sus abogados.
  • 44. (c) Hecho el examen, el tribunal ordenará alDirector Ejecutivo que entregue copia de losdocumentos o porción de documentos sobre losque no hubiere ninguna objeción o de aquellosque, a pesar de la objeción, el tribunal estimeque no están protegidos por los criterios deexclusión establecidos en el Artículo 5.1A.En todo caso, el tribunal tendrá amplia discreciónpara regular y dirigir estos procedimientos deforma que se garantice que personas ajenas ala función judicial no tendrán acceso a aquellosdocumentos, si alguno, que no deban serdivulgados.Artículo 5.3- Informes AnualesLa Oficina de Ética Gubernamental rendirá alGobernador y a la Asamblea Legislativa dePuerto Rico, no más tarde del 30 de junio decada año, un informe detallado que contenga,entre otra, la siguiente información:(a) descripción detallada del trabajo realizadopor la Oficina durante el año anterior,desglosando su presupuesto y la utilización delos recursos.(b) el total de casos radicados, pendientes yresueltos durante el período cubierto por elinforme relacionado con posibles violaciones alos cánones de ética o a otras normas de conductaaplicables a los funcionarios y empleadosgubernamentales.(c) el total de informes financieros radicadosdurante el período comprendido en el informe,indicando los casos que han sido objeto deinvestigación, de requerimiento de informaciónadicional por parte de la Oficina, o deseñalamiento de naturaleza grave.(d) las acciones de naturaleza civil o criminalque ha instado la Oficina o el Secretario deJusticia durante el período comprendido en elinforme por alegadas violaciones a lasdisposiciones de esta ley.(e) las medidas correctivas que ha instado laOficina de parte de otros funcionarios y agenciasgubernamentales y la disposición final tomada.(f) una descripción de los sistemas establecidospara informar al Secretario de Justicia sobre lasalegadas violaciones a las leyes sobre conflictosde intereses y sobre informes financieros y unaevaluación de la eficacia de estos sistemas.43CAPÍTULOV
  • 45. 44CAPÍTULOV(g) las recomendaciones sugeridas por la Oficina paramejorar la efectividad de las disposiciones legales querigen los conflictos de intereses y las normas de conductade los funcionarios y empleados públicos.Artículo 5.4- Asignación de FondosSe asigna a la Oficina de Ética Gubernamental lacantidad de doscientos cincuenta mil (250,000) dólares,de fondos no comprometidos en el Tesoro Estatal, parainiciar y llevar a cabo las funciones de esta Oficinadurante el año l985-86. En años fiscales subsiguientes,el Gobernador incluirá los cálculos para los gastoscorrientes de la Oficina en el Presupuesto sin revisarlos.Artículo 5.5Nada de lo contenido en esta ley será interpretado oaplicado de forma que limite o conflija con el poderde la Asamblea Legislativa para disciplinar sus miembroso para llevar a cabo procesos de residenciamiento nicon los poderes de la Comisión Estatal para VentilarQuerellas Municipales, ni con la facultad de las agenciasgubernamentales para disciplinar a los servidorespúblicos que en ellas trabajan.Artículo 5.6- Separabilidad de las DisposicionesSi cualquier cláusula, párrafo, artículo, capítulo o partede esta ley fuera declarada inconstitucional por untribunal con jurisdicción, la sentencia dictada no afectaráni invalidará el resto de esta ley y su efecto se limitaráa la cláusula, párrafo, artículo, capítulo o parte declaradainconstitucional.Artículo 5.7- DerogaciónSe deroga la Ley Núm. 110 del l2 de mayo de l943y la Ley Núm. 28 del 8 de junio de l948, segúnenmendadas. Esta derogación no afectará losprocedimientos instados o que puedan instarse alamparo de las disposiciones de estas leyes.Artículo 5.8- VigenciaEsta Ley comenzará a regir a los sesenta (60) díassiguientes a la fecha de aprobación, excepto ladisposición relativa a la asignación de fondos la cualentrará a regir el día 1ro. de julio de l985.Presidente del SenadoPresidente de la Cámara
  • 46. Exposición de MotivosLey Núm. 3 de 5 de abril de 1991La aprobación de la Ley Número 12 de 24 dejulio de 1985 representó una aportación de grantrascendencia para la administración pública enel Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Esmuestra fehaciente del compromiso deresponsabilidad moral y ética en el sentido deobrar conforme a unas normas y principios querigen la conducta de los funcionarios que lerepresentan como servidores públicos. Paracumplir este compromiso es preciso adoptarmedidas legislativas para prevenir y sancionarel comportamiento de aquellos funcionarios que,en el desempeño de sus labores en el serviciopúblico, vulneren los principios de ética y lamoral.El Gobierno de Puerto Rico tiene disponible parasus ciudadanos diversos programas de servicios,préstamos, garantías, beneficios e incentivos.Miles de empleados y funcionarios públicos,según definido en la Ley de Ética Gubernamental,son recipientes de dichos programas.Las agencias ejecutivas que administranprogramas de esa naturaleza han adoptadoreglamentos para la implantación de los mismos.Estos programas están accesibles a cualquierciudadano que cualifique bajo las normas deelegibilidad establecidas. Los requisitos deelegibilidad están contemplados en los referidosreglamentos y son de aplicación general. Losempleados y funcionarios públicos deben cumplircon las normas vigentes para recibir los beneficiosprovistos por los referidos programas.El apartado (a) del Artículo 3.3 de la Ley deÉtica Gubernamental requiere la autorizacióndel Gobernador, previa recomendación delSecretario de Hacienda y del Secretario deJusticia, para que una agencia ejecutiva puedacontratar con funcionarios o empleados decualquier otra agencia cuando los mismos sonparte o tengan algún interés pecuniario en lacontratación. Se exceptúan únicamente loscontratos por un valor de $3,000.00 o menosy que ocurran una sola vez durante cualquieraño fiscal.Esta disposición de ley tiene el propósito deevitar que un funcionario o empleado públicoentre en una relación contractual con cualquierotra agencia ejecutiva en circunstancias en que45EXPOSICIÓNDEMOTIVOS
  • 47. 46EXPOSICIÓNDEMOTIVOSpuedan surgir conflictos de intereses entre los que seencuentran la utilización de influencia indebida en laobtención del contrato.La obtención de la autorización del Gobernador paraque agencias ejecutivas puedan contratar confuncionarios y empleados públicos causa dilación enla prestación de ciertos servicios que dichas agenciasestán obligadas a ofrecer y coloca a los mismos en unaposición desventajosa frente a los demás ciudadanos.El Departamento de la Vivienda es un ejemplo de unaentidad gubernamental que otorga innumerables serviciosa empleados gubernamentales. Ejemplo de esto son,entre otros, las permutas, compraventas, préstamospara adquirir una vivienda. Para obtener alguno deestos servicios el empleado o funcionario gubernamentaltiene que pasar por un proceso adicional de obteneruna dispensa, esto es la previa autorización delGobernador, del Secretario de Hacienda y del Secretariode Justicia. El empleado o funcionario gubernamentalse coloca en una posición desventajosa al requerírselepasar por este proceso adicional.La enmienda propuesta para que, por excepción, laagencia que otorga el contrato o programa autorice laprestación del mismo cuando concurran determinadosrequisitos consignados en esta legislación. La enmiendatiene el propósito de expeditar el procedimiento paraque el empleado o funcionario gubernamental puedaobtener el servicio dentro de un término razonable detiempo.Los programas de servicios, préstamos, garantías,beneficios e incentivos administrativos y provistos porel Gobierno, están revestidos de gran interés social ysu adecuada implantación redunda en una sana ydinámica administración pública.Para salvaguardar la pureza de los procedimientos essuficiente que la agencia ejecutiva pase juicio sobrelos contratos que contemple celebrar con funcionariosy empleados públicos sin la intervención del Gobernadorni de los Secretarios de Justicia y Hacienda con elpropósito de asegurarse que se cumplan los requisitosnecesarios para evitar la existencia de conflictos deintereses. De esta forma se expeditará el procedimientosin que se sacrifiquen los principios fundamentales quepromulga la Ley de Ética Gubernamental.Ley Núm. 150 de 22 de diciembre de 1994La responsabilidad ética y la integridad moral sonprincipios rectores que la sociedad puertorriqueña lesexige y reclama a los funcionarios y a las institucionesdel Gobierno de Puerto Rico. Este mandato fueinstrumentado mediante la aprobación de la Ley Núm.12 de 24 de julio de 1985, según enmendada, conocida
  • 48. como la “Ley de Ética Gubernamental del EstadoLibre Asociado de Puerto Rico”.El estado de derecho que establece este estatuto,va dirigido a velar que la gerencia gubernamentalincorpore y consagre las más altas normas desana administración pública e incorpora unCódigo de Ética que reglamenta la conducta delos funcionarios y empleados públicos de laRama Ejecutiva. Se establecen ademásdisposiciones relativas a las actuaciones de losex servidores de las tres Ramas del Gobierno,los requisitos para que los funcionariosgubernamentales que ocupen cargos electivos,sometan informes sobre sus finanzas personalesy se crea la Oficina de Ética Gubernamental. Esprincipio cardinal de esta legislación proscribiracciones improcedentes que ponen en riesgo laestabilidad del soporte moral del Estado.Los principios básicos de una ética de excelenciano permiten posibles conflictos de intereses quepuedan surgir entre una entidad privada que hasido contratada por el Gobierno de Puerto Ricopara que represente el interés público sobre unasunto donde también la entidad representaintereses particulares reñidos con el fin público.Estas prácticas concernientes a las relacionescontractuales entre el gobierno y el sector privadono figuran entre las prohibiciones éticas ni en elalcance del código que reglamenta la conductade los funcionarios y empleados.Esta Asamblea Legislativa tiene el compromisoy la obligación de mantener bajo estricto escrutiniola responsabilidad ética y moral de nuestrasinstituciones públicas y de responder a losreclamos del pueblo para que los funcionariosque laboran en el servicio público cumplan acabalidad con el criterio de una ética deexcelencia.A base de estas consideraciones, es imperativoampliar el alcance de las prohibiciones paraevitar todo posible conflicto que le restan alpueblo la confianza en su Gobierno y en susfuncionarios públicos. Para cumplir con estepropósito, se consignan en esta medidaenmiendas a varios artículos de la Ley de ÉticaGubernamental.Mediante esta medida se incorpora comoprohibición en el Código de Ética que unfuncionario o empleado público pueda autorizarcontratos a nombre de la agencia para la cual47EXPOSICIÓNDEMOTIVOS
  • 49. 48EXPOSICIÓNDEMOTIVOStrabaja o pueda aprobar, evaluar, considerar o tomardeterminaciones sobre un contrato entre una agenciaejecutiva y una entidad o negocio en que él o algúnmiembro de su unidad familiar, haya tenido durantelos últimos cuatro (4) años antes de ocupar su cargo,directa o indirectamente, interés pecuniario. Estaprohibición también se hace extensiva a la agenciaejecutiva con respecto a cualquiera de sus funcionarioso empleados o algún miembro de las unidades familiaresde éstos, excepto que sea autorizado por el Gobernador.También se consigna en esta medida la prohibición deotorgar o autorizar contratos con personas privadaspara que representen el interés público, pero que a suvez representan intereses particulares reñidos con el finpúblico en un claro conflicto de intereses.Por último, esta Ley clarifica la norma de acceso a losinformes financieros de los miembros de la AsambleaLegislativa y establece los criterios aplicables paraobtener acceso a los documentos bajo la custodia dela Oficina de Ética Gubernamental. Se establece asíun balance entre el derecho de acceso a información,el derecho a la intimidad de los funcionarios y empleadospúblicos, y las labores investigativas de la Oficina deÉtica Gubernamental.Ley Núm. 24 de 16 de febrero de 1995La Ley de Ética Gubernamental establece un Códigode Ética para los funcionarios y empleados de la RamaEjecutiva y dispone para que se adopten disposicionessimilares para los funcionarios y empleados de lasRamas Judicial y Legislativa.La Oficina del Procurador del Ciudadano está adscritaa la Asamblea Legislativa.En la definición que hace la Ley de “Rama Legislativa”,así como en la enumeración de funcionarios y empleadospúblicos obligados a radicar informes financieros, seomitió al Procurador del Ciudadano.El Procurador del Ciudadano debe estar sujeto a cumplircon las disposiciones de dicha ley.Para conjurar esa situación se enmienda a la Ley deÉtica Gubernamental según se dispone en esta medida.Ley Núm. 93 de 30 de julio de 1996Para restaurar la confianza del pueblo en su Gobiernoy en sus servidores públicos, cuando muchos de elloshan rebasado el nivel de lo tolerable, ha sido precisoadoptar medidas legislativas que sean eficaces paraprevenir y penalizar el comportamiento antijurídico de
  • 50. aquéllos que en el desempeño de sus laboresgubernamentales, vulneren los principios básicosde una ética de excelencia. Esta Ley estableceel requisito de someter informes financieros antela Oficina de Ética Gubernamental pordeterminados funcionarios y empleados públicos.Entre los servidores públicos a quienes aplicanlas disposiciones del Capítulo IV de la Ley deÉtica Gubernamental se encuentran elGobernador, el/la Contralor de Puerto Rico, losalcaldes y los miembros de la AsambleaLegislativa.La Asamblea Legislativa entiende que la Oficinade Ética Gubernamental debe estar facultadapara requerir y revisar los informes financierosde la Rama Judicial, quienes por la naturalezadel trabajo que realizan, tienen que presentaruna imagen intachable, y libre de cualquierconflicto de intereses.El Estado en su más amplia acepción, incluyelas tres ramas del Gobierno. Por lo tanto,consideramos necesario y conveniente que losmiembros de Rama Judicial estén incluidos entreaquéllos con la obligación de someter informesfinancieros ante la Oficina de ÉticaGubernamental. De esta forma se estableceuniformidad en la presentación de informesfinancieros de todos los servidores públicos.Ley Núm. 6 de 4 de abril de 1997Nuestro Gobierno está comprometido con supueblo y le ha garantizado el establecimientode leyes que propendan al respeto y la obedienciaa las leyes. Esta obligación resulta fundamentalcuando se trata de la conducta de funcionariosy empleados de la Rama Ejecutiva que laborancomo servidores públicos.En el año 1985, fue preciso adoptar un Códigode Ética que fuere eficaz para prevenir y penalizarel comportamiento delictivo de aquellos servidorespúblicos que, en el desempeño de sus funciones,violentaban las normas básicas del servicio deexcelencia.Mediante esta Ley se estableció un Código deÉtica para los funcionarios y empleados de laRama Ejecutiva y se implantaron disposicionesreferentes a los empleados de la Rama Judicialy Legislativa así como para los ex servidorespúblicos de estas tres ramas del Gobierno,intentando de esta manera garantizarle al pueblo49EXPOSICIÓNDEMOTIVOS
  • 51. 50EXPOSICIÓNDEMOTIVOSunos servidores íntegros y honestos en el desempeñode sus cargos.La Oficina de Ética Gubernamental, a través de suDirector Ejecutivo, ha tenido la encomienda de velarporque se cumpla estrictamente con las disposicionesde esta Ley. Por tal motivo, es de gran interés para estaAsamblea Legislativa extender el término denombramiento del Director de dicha Oficina con elpropósito de darle continuidad a los servicios que ésteofrece. Además, un término de mayor duración promueveestabilidad ya que la fecha del nombramiento nocoincidiría con las elecciones generales para puestoselectivos.Por otra parte, este gobierno tiene el compromiso consu pueblo de garantizar que los servidores públicossean personas altamente calificadas y de excelenciamoral. Para lograr el cumplimiento de dicho compromisoes necesario que las funciones gubernamentales seanejercidas por servidores competentes que logrendesarrollar el programa de gobierno.El logro de este objetivo depende de que el Gobiernoadopte mayor flexibilidad en el área retributiva, todavez que muchas de las personas cualificadas paradesempeñar cargos públicos, con la excelenciarequerida, devengan salarios más altos en la empresaprivada que los que corresponderían como funcionariospúblicos. Esta situación dificulta el reclutamiento yretención del personal idóneo para brindar los serviciosde excelencia requeridos. Por tal motivo, resultarazonable un aumento salarial al Director Ejecutivo dela Oficina de Ética Gubernamental.Mediante la presente legislación, esta AsambleaLegislativa cumple su compromiso de brindar a nuestropueblo un servicio público de excelencia.Ley Núm. 131 de 15 de noviembre de 1997El Artículo 4.10 de la Ley de Ética Gubernamental delEstado Libre Asociado de Puerto Rico impone a laOficina de Ética Gubernamental el deber de examinarcada informe de situación financiera dentro de lossesenta días (60) días siguientes a la presentación delmismo. El examen y estudio de cada uno de los informesde situación financiera, sometidos a la Oficina de ÉticaGubernamental, es un proceso complejo que deberealizarse meticulosamente, a los fines de determinarel curso de acción correspondiente.Sin embargo, el término de sesenta (60) días resultaser exiguo dado el volumen de informes que tienen queser analizados, en comparación con los recursoshumanos y económicos con que cuenta la Oficina deÉtica Gubernamental. Por tal motivo, la AsambleaLegislativa considera necesario extender el período desesenta (60) días a noventa (90) días. De este modo,
  • 52. garantizamos que el personal de la Oficina deÉtica Gubernamental cuente con el tiemposuficiente para realizar un ponderado análisissobre cada uno de los informes de situaciónfinanciera, para el bienestar del pueblopuertorriqueño.Ley Núm. 143 de 18 de julio de 1998La Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, segúnenmendada, conocida como “Ley de ÉticaGubernamental”, reglamenta y sienta pautassobre la conducta y actuaciones de funcionariosy empleados de la Rama Ejecutiva, y sobreciertas actuaciones de ex funcionarios delgobierno. Es preciso señalar que la ley aplicano tan sólo a las personas consideradasfuncionarios, o sea aquellas en posiciones depoder, si que en efecto a todos y cada uno delos miles de servidores públicos.Mediante la Ley Núm. 150 de 22 de diciembrede 1994, la duodécima Asamblea Legislativaenmendó sustancialmente la Ley de Ética a losfines de actualizar y hacer más detalladas susdisposiciones. La intención de la Ley de Ética,es preservar la confianza del pueblo en susinstituciones públicas y asegurar la transparenciaen las funciones oficiales. Sienta pautas paraproteger al servidor público responsable, seahumilde empleado o alto funcionario, de que secuestione su dedicación de servir al pueblo. Supropósito no es, ni debe ser, imponer sobre todofuncionario o empleado del Estado una sospechageneralizada, de que su conducta se presumaimpropia hasta que él o ella pruebe lo contrario.Como parte de la referida Ley Núm. 150, seextendieron varias restricciones a ex funcionarioso ex empleados para realizar ciertas actividades,aceptar empleos o suscribir contratos, una vezcesan en el servicio público. Estas restriccionesson a los fines de evitar conflictos de interés oaprovechamientos indebidos, al limitar laposibilidad de desempeñarse en funcionesdirectamente relacionadas a las decisiones quepudo haber tomado en el servicio público.Entre las enmiendas al Artículo 3.7 de la Ley deÉtica se incluyó un inciso (e) que limita lacontratación de ex servidores públicos poragencias de la Rama Ejecutiva. El récordlegislativo manifiesta claramente la intención dela Asamblea Legislativa. Leemos en el informede la medida en el Senado, cuerpo originadorde la misma: “… se añade otro nuevo inciso (e)51EXPOSICIÓNDEMOTIVOS
  • 53. 52EXPOSICIÓNDEMOTIVOSpara prohibir a las agencias contratar funcionarios oempleados públicos durante los dos (2) años a laterminación de su empleo. Con dicha enmienda sepersigue desalentar el que funcionarios y empleadosrenuncien a sus cargos para luego ser contratados porla misma agencia para llevar a cabo las mismasfunciones que realizaban servidores públicos”. (VéaseInforme sobre el P. del S. 50, rendido por la Comisiónde Ética Gubernamental del Senado el 23 de junio de1993, a la pág. 22.)El informe de la Comisión de Gobierno de la Cámarade Representantes sobre dicha enmienda es aún másdirecto en la expresión de la intención legislativa: “Elpropósito de esta nueva prohibición es evitar quefuncionarios o empleados renuncien a su puesto paraobtener de inmediato contratos de servicios profesionalescon la misma agencia para la cual trabajaban, enbusca de mayor compensación pero en perjuicio delerario público”. (Véase Informe sobre el P. del S. 50,rendido por la Comisión de Gobierno de la Cámarade Representantes el 25 de junio de 1994, a la pág.15.)Más allá de estas expresiones claras y contundentes,la simple lógica nos dice que no puede haber sido laintención legislativa condenar a todo servidor público,cualquiera que haya sido su puesto, a uno, dos, o másaños de virtual desempleo, o no poder emplear sutalento en cualquier otra área e incluso en una ramatotalmente distinta del gobierno. Eso sería un castigopor haber servido, máxime cuando muchas veces lasalida del servicio no es por libre selección, sino porla expiración de un nombramiento o término electivo,la eliminación de una plaza, problemas familiares opersonales, la renuncia protocolar que un funcionariode confianza debe presentar ante un cambio deadministración, o la que puede sentirse moralmenteobligado a presentar, aún cuando él o ella no hayaincurrido en una falta. Constituiría un disuasivo a queprofesionales en todos los ámbitos acepten unnombramiento a un cargo público, si luego de terminaresa función tuvieran que aislarse por completo de losasuntos públicos. Esto es muy importante ya que,contrario a la percepción común, la casi totalidad delos profesionales en el servicio público sacrificanvoluntariamente, mientras dura el mismo, unaremuneración potencial mucho mayor. Tampoco puedehaber sido la intención legislativa el crear una situaciónen que al requerirse una dispensa ejecutiva para lamás mínima o inocua transacción, se devalúe a lainsignificancia el mecanismo de la dispensa.Mediante esta Ley se hace constar en el texto del inciso(e), Artículo 3.7 de la Ley de Ética Gubernamental laintención clara, manifiesta en el récord legislativo, deevitar el que algunos empleados y funcionarios en afánde lucrarse sin abandonar su poder, deliberadamente
  • 54. abandonen el servicio público para aprovecharindebidamente el mecanismo de contratos.Ley Núm. 157 de 18 de julio de 1999Uno de los propósitos para la creación de la LeyNúm. 12 de 24 de julio de 1985, segúnenmendada, conocida como “Ley de ÉticaGubernamental del Estado Libre Asociado dePuerto Rico”, fue promover y preservar laintegridad de los servidores públicos y de lasinstituciones de nuestro Gobierno. Al orientar yeducar a los funcionarios y empleadosgubernamentales sobre sus deberes yresponsabilidades, la Oficina de ÉticaGubernamental, en adelante “la Oficina”,promueve la conducta ética, intachable y honestaen el servicio público.Las actividades de orientación y educación quelleva a cabo la Oficina constituyen medidas deprevención que promueven el cumplimientoestricto de las normas establecidas. De tal manera,procura minimizar la incidencia de violacionesa la Ley y asegura la sana administración pública.Para complementar la labor preventiva de laOficina, se requiere la participacióncomprometida de las agencias ejecutivas, comoorganismos responsables de adiestrar y orientara sus empleados.Basado en lo anteriormente expuesto, elGobernador de Puerto Rico, aprobó la OrdenEjecutiva de 25 de marzo de 1996, BoletínAdministrativo Núm. OE-1996-16 para instruira todas las agencias a establecer Comités deÉtica Gubernamental. Éstos tienen el propósitode promover el fiel cumplimiento de lasdisposiciones establecidas en la Ley Núm. 12,antes citada, así como de otras leyes y normasque les aplican relacionadas con la administracióngubernamental.El establecimiento de los Comités de ÉticaGubernamental también tiene el objetivo deinvolucrar a la alta gerencia de las agencias enproyectos de promoción y divulgación de la LeyNúm. 12 antes citada. La implantación de losplanes de trabajo desarrollados aseguran quelos servidores públicos de sus agencias recibaninformación adecuada sobre las normas deconducta ética.Al finalizar el año fiscal 1997-98, unas 145agencias, inclusive municipios y corporaciones53EXPOSICIÓNDEMOTIVOS
  • 55. 54EXPOSICIÓNDEMOTIVOSpúblicas que voluntariamente se unieron al programa,crearon sus Comités de Ética Gubernamental, conformea lo dispuesto en la Orden Ejecutiva de 25 de marzode 1996, Boletín Administrativo Núm. OE-1996-16 ysometieron sus planes de trabajo a la Oficina. Éstacoordinó el programa de actividades que se desarrollarony evaluó su ejecución para corroborar la efectividadde los Comités de Ética Gubernamental.No obstante lo anterior, entendemos necesario que lacreación de los Comités de Ética Gubernamental seapor mandato de ley y se extienda a los gobiernosmunicipales. De esta forma, todos los organismosgubernamentales bajo la jurisdicción de la Oficinatendrían la obligación de crear sus Comités de ÉticaGubernamental. A fin de asegurar el compromiso detodos en el propósito de promover la integridad de losservidores públicos y las instituciones del Gobierno, esesencial que se tomen las medidas que garanticen elrespaldo al trabajo que realizan los Comités de ÉticaGubernamental. La creación de estos equipos de trabajodentro de las agencias ejecutivas, compuestos porfuncionarios de alto nivel jerárquico, forma parte delos esfuerzos del Gobierno por proveer a los servidorespúblicos la información que les ayude al desempeñoeficiente de sus funciones. De esa forma se reduce elriesgo de violación a la Ley por desconocimiento, y seasegura la sana administración pública. Ello contribuyea mejorar y mantener la calidad de los servicios públicosen un marco de excelencia gubernamental para elbeneficio del Pueblo de Puerto Rico.El Gobierno debe asegurarse de que sus servidorespúblicos, tanto en las agencias ejecutivas como en losgobiernos municipales, conozcan las normas dispuestaspor ley, en un esfuerzo común para promover la sanaadministración pública. De esta forma, se crea concienciade las responsabilidades de todo servidor público, deacuerdo con los principios morales y éticos quecaracterizan a nuestro pueblo.Ley Núm. 228 de 29 de agosto de 2000El Gobierno de Puerto Rico está comprometido con unaresponsabilidad moral y ética en el sentido de obrarde acuerdo a unas normas y principios que rigen laconducta de la buena convivencia de nuestro pueblo.Esa responsabilidad ética obliga a un continuo examendel comportamiento social público de sus ciudadanos,particularmente de aquéllos que tienen la importantefunción de servirle al pueblo a través del servicio público.La Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, segúnenmendada, conocida como “Ley de ÉticaGubernamental del Estado Libre Asociado de PuertoRico”, fue aprobada con el propósito de promover ypreservar la integridad de los funcionarios e institucionespúblicas del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo sus
  • 56. corporaciones públicas y las agencias que esténbajo el control de la Rama Ejecutiva, susmunicipios, corporaciones y consorciosmunicipales.Para cumplir con los propósitos antes indicados,la citada Ley establece, entre otros mecanismos,la responsabilidad de determinados funcionariosy empleados públicos de presentar ante la Oficinade Ética Gubernamental informes sobre susfinanzas personales, incluyendo las de susunidades familiares.Como parte de las facultades y poderes asignadosal Director de la Oficina de Ética Gubernamentalse incluye el llevar a cabo la revisión de losinformes financieros que se radiquen, a fin dedeterminar si dichos informes revelan posiblesviolaciones a las leyes o reglamentos aplicablesa conflictos de interés.Los informes financieros que se someten en laOficina de Ética Gubernamental son de accesolimitado a las circunstancias que dispone la Leyde Ética Gubernamental y constituyen unaprotección tanto para el funcionario o empleadoque lo somete como para el Gobierno de PuertoRico. Como parte del continuo examen delcomportamiento ético de nuestros servidorespúblicos, la agencia provee mecanismos paradeterminar la existencia de conflictos, sean éstosreales, aparentes o potenciales, entre susresponsabilidades oficiales y sus interesesprivados. La información requerida por Ley enel informe financiero permite al funcionario y ala Oficina de Ética Gubernamental, aplicar lasacciones remediales para evitar o terminar dichosconflictos. De manera, que no existan funcionariospúblicos en representación de la administracióndel Gobierno que puedan lucrarse del patrimoniodel pueblo.Los miembros de las Juntas de Subastas de lasagencias ejecutivas, que comprenden, losorganismos, entidades y agencias bajo el controlde la Rama Ejecutiva del Gobierno de PuertoRico, incluyendo las corporaciones públicas ylos municipios, tienen que presentar y manteneruna imagen intachable y libre de cualquierconflicto de intereses. El funcionamiento de lasJuntas de Subastas forman parte de laadministración de los fondos y bienes del erarioy están revestidas de un alto interés público. Portal motivo, la Asamblea Legislativa consideraconveniente y necesario que los miembros de laJunta de Subastas estén obligados a someter los55EXPOSICIÓNDEMOTIVOS
  • 57. 56EXPOSICIÓNDEMOTIVOSinformes financieros a la Oficina de Ética Gubernamental.Ley Núm. 291 de 1 de septiembre de 2000Mediante la aprobación de la Ley Núm. 12 de 24 juliode 1985, según enmendada, conocida como “Ley deÉtica Gubernamental del Estado Libre Asociado dePuerto Rico”, se crearon las normas y preceptos legalesnecesarios para reglamentar la conducta de todos losservidores públicos que ocupan cargos en las diversasagencias ejecutivas, corporaciones públicas y municipiosdel Gobierno de Puerto Rico.A su vez, se promulgaron las medidas necesarias paraprevenir que servidores públicos incurran en conductaantiética, y penalizar aquéllos que cometieron actosdelictivos que atentan contra los principios de integridady lealtad que deben imperar en los servidores públicosdel Gobierno de Puerto Rico. Ante ello el Artículo 3.8de la Ley Núm. 12, antes citada, impone responsabilidadpenal de naturaleza grave a aquellos servidores públicosque violen las prohibiciones y disposiciones establecidasbajo la misma. No obstante, dicho Artículo disponeque el término prescriptivo será de cinco (5) años porla comisión de los delitos contemplados baja esta Ley.Asimismo, el Artículo 4.11 impone responsabilidad denaturaleza penal a toda persona que falsifique o dejede radicar o divulgar cualquier información sustancialque la Ley le requiere someter.Al presente, los Fiscales del Departamento de Justiciaconfrontan el problema de que cuando logran recopilarsuficiente evidencia, proveniente de los informes deauditoría preparados por la Oficina del Contralor y dela investigación realizada por el Departamento, la cuales esencial para la eventual radicación de cargoscriminales contra un servidor público, han transcurridomás de cinco (5) años desde que éste cometió del delito.Ante esta situación, los Fiscales del Departamento deJusticia, los cuales representan al Pueblo de Puerto Rico,se han visto impedidos de encausar criminalmente aservidores públicos que han cometido los referidosdelitos, debido a que el límite de tiempo para radicarcargos criminales que confiere la Ley es muy corto.Resulta necesario extender en un cuarenta (40) porciento el término prescriptivo dispuesto en los Artículos3.8 y 4.11 de la Ley Núm. 12, antes citada, a fin deque el mismo venza a los siete (7) años del funcionariohaber cesado en su cargo.Mediante esta Ley, se le proveerá a los Fiscales delDepartamento de Justicia las herramientas necesariaspara que puedan procesar criminalmente ante losTribunales de Justicia a aquellos servidores públicosque con sus actos delictivos atentan contra los fondosy la propiedad del Gobierno de Puerto Rico y violanla confianza que el Pueblo deposita en sus manos.
  • 58. Ley Núm. 381 de 6 de septiembre de2000La política pública de esta Administración, en loreferente al personal que labora en el serviciopúblico, ha sido que sólo los más aptos sirvanal Gobierno y que todo empleado se seleccione,adiestre, ascienda y retenga en su empleo enconsideración a su mérito y a su capacidad, deconformidad con la Ley Núm. 5 de 14 de octubrede 1975, según enmendada, conocida como“Ley de Personal del Servicio Público”. DichaLey prohíbe que se discrimine contra cualquierempleado por razón de raza, color, sexo,nacimiento, edad, origen, condición social, ideaspolíticas o religiosas. La Ley Núm. 81 de 30 deagosto de 1991, según enmendada, mejorconocida como “Ley de Municipios Autónomosde Puerto Rico”, contiene disposiciones similaresreferente al personal municipal.Cónsono con la precitada máxima, conocidacomo el “principio de mérito”, el Gobernadorde Puerto Rico, emitió la Orden Ejecutiva de 3de enero de 1997, Boletín Administrativo Núm.1997-01, para proscribir expresamente lapráctica del nepotismo en el Gobierno de PuertoRico. En virtud de la misma, se le prohíbeexpresamente a todo funcionario público delGobierno de Puerto Rico, nombrar o ascendera un puesto en la agencia en la cual trabaja, osobre la cual ejerce jurisdicción, a un parientesuyo dentro de cierto grado de consanguinidado de afinidad. Si el funcionario público consideraque por el bien del servicio público y el buenfuncionamiento de la agencia es imprescindiblehacer tal nombramiento o ascenso, tiene entoncesque solicitar por escrito la autorización delDirector Ejecutivo de la Oficina de ÉticaGubernamental para poder llevar a cabo elmismo.La referida Orden dispone que la prohibiciónno aplica a puestos de carrera, si la personaque se va a nombrar o ascender tuvo laoportunidad de competir con otros aspirantesen igualdad de condiciones mediante un procesode selección a base de pruebas, exámenes oevaluaciones de preparación y experiencia, yse haya determinado objetivamente que es elcandidato idóneo o mejor calificado en el registrode elegibles para el puesto en cuestión.La prohibición del nepotismo plasmada comopolítica pública en la citada Orden Ejecutiva,tiene como propósito garantizar a toda persona57EXPOSICIÓNDEMOTIVOS
  • 59. 58EXPOSICIÓNDEMOTIVOSque aspira ocupar un puesto en el servicio público, laoportunidad de competir en igualdad de condiciones,libre de favoritismos por razón de parentesco.A nivel federal, la Sección 221(a) de la Ley PúblicaNúm. 90-206 de 16 de diciembre de 1967, segúnenmendada, establece una prohibición similarproscribiendo que un funcionario público del GobiernoFederal nombre, emplee, promueva o ascienda a unpuesto en la agencia en que trabaje o sobre la cualejerza jurisdicción a cualquier persona que sea parientede dicho funcionario.De igual manera, la Asamblea Legislativa de PuertoRico aprobó una disposición de ley a esos fines mediantela Ley Núm. 9 de 26 de junio de 1980, la cual en suparte pertinente dispone que: “no se podrá nombrarcomo empleado o funcionario o contratar para prestarservicio remunerado alguno en la Asamblea Legislativade Puerto Rico, sus comisiones, dependencias u oficinasadscritas, excepto en la Oficina del Contralor, a personaalguna que tenga parentesco hasta el tercer grado deconsanguinidad o segundo de afinidad con cualquierade sus miembros”.A tono con ello, esta Asamblea Legislativa entiendenecesario elevar a rango estatutario la prohibición delnepotismo en el Gobierno de Puerto Rico, incluyendoa los municipios y corporaciones públicas a fin dehacerla extensiva a toda situación en que un funcionarioo empleado público bajo la jurisdicción de la Oficinade Ética Gubernamental vaya a contratar o nombrar oascender a un pariente suyo dentro del tercer grado deconsanguinidad o segundo de afinidad en un puestode funcionario o empleado público en la agenciaejecutiva en la que trabaje o sobre la cual ejerzajurisdicción. Esta enmienda a la Ley de ÉticaGubernamental también extiende la prohibición denepotismo a la contratación de parientes de los servidorespúblicos dentro de los referidos grados deconsanguinidad y afinidad.Se exime de la prohibición establecida en esta Ley,aquellos nombramientos o ascensos para puestos decarrera donde la persona ha tenido la oportunidad decompetir con otros candidatos en igualdad decondiciones y donde el proceso de reclutamiento yselección cumpla con el principio de mérito. De igualmodo, las prohibiciones antes descritas no serán deaplicación a aquellos empleados o funcionarios públicosque advengan la relación de grado de parentescodispuestos en esta Ley después de su nombramiento odesignación.En el caso de un puesto o nombramiento que se entiendaque es imprescindible para el buen funcionamiento dela agencia y el bienestar del servicio público, se estableceel mecanismo de solicitud de dispensa ante el Director
  • 60. de la Oficina de Ética Gubernamental. En relacióna los Municipios de Puerto Rico, la AsambleaLegislativa considera conveniente y necesariodelegar al Comisionado de Asuntos Municipalesla facultad de autorizar o denegar dispensascorrespondientes dentro de los grados deparentescos consignados en esta Ley, por serésta la entidad asesora y fiscalizadora de losmunicipios.Por otro lado, para fines de esta Ley el términofuncionario público incluye a los alcaldes ydirectores o administradores de corporacionespúblicas.De esta forma se asegura que en todas lasagencias ejecutivas que están cobijadas por laLey Núm. 12 de 24 de julio de 1985, segúnenmendada, conocida como “Ley de ÉticaGubernamental del Estado Libre Asociado dePuerto Rico”, se prohíba la práctica de contratar,nombrar, promover o ascender a personas enlos puestos públicos basándose para ello enfavoritismos por razón de parentesco y no en loque mejor redunde al servicio público y al efectivofuncionamiento de la agencia en cuestión.Asimismo, se refuerza y complementandisposiciones como el Artículo 3.2 (c), 3.2 (h),3.3 (c) y 3.3 (f) de la Ley Núm. 12, antes citada,cuyo propósito es desalentar el patronazgo yfavoritismo en la gestión pública, de modo quese cumpla con el deber de asegurar, fomentary perpetuar los preceptos de responsabilidadética e integridad moral que la sociedadpuertorriqueña les exige y reclama a los servidorespúblicos e instituciones del Gobierno de PuertoRico. Con esta enmienda a la Ley Núm. 12,antes citada, adelantamos dicho propósito.Ley Núm. 13 de 11 de abril de 2001En 1985 el Gobierno del Estado Libre Asociadode Puerto Rico se dio a la tarea de crear mediantelegislación una estructura normativa que secaracterizara por incorporar la excelencia y latransparencia en el servicio público. De estamanera, se promulgó la Ley de ÉticaGubernamental del Estado Libre Asociado dePuerto Rico, Ley Núm. 12 de 24 de julio de1985, según enmendada, estableciéndose asíun orden normativo orientado a promover modosde administración pública que evidenciaran uncompromiso vertical en la gestión gubernamental.Esta Ley, que creó la Oficina de ÉticaGubernamental de Puerto Rico (OEG), contieneel Código de Ética que regula la conducta de59EXPOSICIÓNDEMOTIVOS
  • 61. 60EXPOSICIÓNDEMOTIVOSlos servidores públicos de la Rama Ejecutiva incluyendolas agencias bajo el control de dicha Rama, lascorporaciones públicas, los municipios, corporacionesy consorcios municipales. Además, establecedisposiciones que imponen deberes a los ex servidoresde las tres Ramas del Gobierno de Puerto Rico. También,articula la obligación de ciertos servidores públicos derendir informes sobre sus finanzas individuales ante laOficina de Ética Gubernamental.Desde la aprobación de la citada Ley de ÉticaGubernamental se concibió a la OEG y al Código deÉtica para los servidores públicos como una ecuaciónequilibrada que resultaría en el adelanto de una políticapública que animara y renovara la vocación de serviciopúblico en el País. Desde entonces, todas las exposicionesde motivos de las enmiendas que han desarrollado laeficiencia jurídica de esta Ley se han caracterizado porenfatizar el deber gubernamental permanente de ofreceruna administración pública sana, libre de conflictos deintereses personales y económicos.A tono con la historia de su Ley Orgánica, la OEGpractica sus dos políticas- Prevención y Fiscalización-para promover los patrones de conducta administrativaque mejor sirvan los intereses y necesidades del pueblode Puerto Rico.La política preventiva identifica, analiza y educa sobretodos los valores que la Oficina de Ética Gubernamentaldebe recalcar a los efectos de generar los más altosniveles de honestidad, rigurosidad y eficiencia en eldesempeño de los servidores públicos del País. Lapolítica de fiscalización tiene a su cargo velar porquese cumplan estrictamente las disposiciones legales queestablecen determinadas prohibiciones a los servidorespúblicos por razón de sus cargos o empleos o queexigen a determinados servidores la divulgación deinformación financiera.El momento histórico que vive nuestro País nos planteala necesidad de intensificar las políticas preventivasque se implantan en el Estado Libre Asociado de PuertoRico para educar y formar un servicio público cuyocarácter revele integridad y seriedad. Resulta esencialque nuestros servidores públicos reciban educación yorientación que les ayude a realizar su trabajo conpulcritud y honradez.A estos efectos, es necesario intensificar la educacióny promoción de los valores para fomentar una sociedadindividual que conciba y practique el servicio públicocomo una herramienta que representa y adelanta elbienestar común de todos(as) los(as) puertorriqueños(as).El Estado debe ejercer la responsabilidad de contribuir,eficazmente, al desarrollo continuo del carácter de losque integran el servicio público del País. Esto debehacerse desde políticas que logren prevenir al educar.
  • 62. En particular, la implantación de la políticapreventiva conlleva la explicación, exposición yeducación clara de las obligaciones plasmadasen la Ley. Debido a la preeminencia que elfactor educativo tiene en esta política, éste leexige a la Oficina de Ética Gubernamentalmantenerse al día en el vasto crecimiento de lainvestigación académica sobre la ética pública.La exposición permanente a esa investigaciónhace posible identificar y diseñar nuevas ymejoradas políticas de intervención que estén ala par y, en la medida de lo posible, logrenprever los patrones cambiantes de la conductaimpropia e ilegal en el servicio público. A suvez, esto exige una atención constante que pulsey actualice dicha investigación encorrespondencia con las necesidades y procesosgubernamentales locales. En este sentido, aleducar, la Oficina de Ética Gubernamentalreconoce la necesidad constante de revisar yactualizar su desempeño, por lo que uno de losinstrumentos esenciales para lograr ese objetivoes la investigación.En el contexto de estos deberes, mediante OrdenAdministrativa de la propia Oficina se creó elCentro para el Desarrollo del Pensamiento Ético.Este Centro ha estado funcionando desde el 1rode mayo de 2000 sufragado con recursos deuna asignación legislativa especial del 6 deagosto de 2000. Desde que está operandoadministrativamente, el Centro se ha presentadocomo un espacio académico amplio en su visiónteórica y operacional, orientado a investigar lastendencias más actualizadas y eficientes sobreética en el servicio público, para promoverlasen cursos, seminarios y publicaciones quecontribuyan al desarrollo cualitativo de la políticapreventiva de la Oficina de Ética Gubernamentaly a una administración pública actualizada yexcelente. A esos efectos, la Oficina de ÉticaGubernamental ha reconstituido su programade cursos formativos en tres modalidadesfundamentales. En primer lugar, los cursossustantivos son aquellos que estudian el contenidode la Ley de Ética Gubernamental del EstadoLibre Asociado de Puerto Rico con el propósitode explicar cómo esta Ley crea, define y reguladerechos y deberes de las partes en el serviciopúblico.Los cursos procesales describen los mecanismosque caracterizan la implantación de la Ley y losreglamentos que a la Oficina de ÉticaGubernamental le corresponde salvaguardar.Los cursos generales abordan una amplia gama61EXPOSICIÓNDEMOTIVOS
  • 63. 62EXPOSICIÓNDEMOTIVOSde temáticas. Estas se orientan, entre otros, a estudiarlos fundamentos históricos y conceptuales de la éticay la moral; analizar el profundo alcance de la ética enla gestión gubernamental; precisar los elementos queconstituyen la ética pública; explorar modelosactualizados de administración pública que propendanal desarrollo ético constante del servicio público en elPaís. Además, estos cursos proveen una herramientapara promover las perspectivas éticas en las relacioneshumanas de nuestra sociedad.La exposición a estos cursos facilita la adquisición deuna visión clara y distinta sobre los deberes cuyoejercicio promueven la modalidad de legitimidad ytransparencia que la Ley misma establece como requisitosen el servicio público. En cumplimiento de un firmecompromiso con la erradicación de la conducta antiéticaen el servicio público, esta medida eleva el rango deeste Centro para que esté creado por ley y contribuircon ello a fortalecer la fuerza y efectividad de sumensaje. Además, se establece el requisito de que todoslos servidores públicos del País participen de un mínimode horas curso que el Centro ofrecerá y se convalidanlos cursos que se hayan tomado durante el añoprecedente.Ley Núm. 53 de 6 de julio de 2001La Asamblea Legislativa con el propósito de desalentarla práctica del nepotismo en el servicio público ypromover que sólo los más aptos sirvan al Gobierno yque todo empleado se seleccione, adiestre, ascienday retenga en su empleo en consideración a su méritoy a su capacidad, aprobó la Ley Núm. 381 de 6 deseptiembre de 2000 la cual añadió un inciso (i) alArtículo 3.2 de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985,según enmendada, mejor conocida como “Ley de ÉticaGubernamental del Estado Libre Asociado de PuertoRico”. Dicha enmienda se realizó con la intención deprohibir a los funcionarios públicos de la Rama Ejecutiva,nombrar, promover o ascender a un pariente suyo aun puesto dentro de la agencia en la que trabaja.La Ley Núm. 381 de 6 de 2000 significó un avancepara combatir el nepotismo dentro del servicio público.Sin embargo, la ley tal y como fue aprobada carecede la fortaleza necesaria para desalentar el nepotismo.Nuestra Administración tiene el firme compromiso dedevolver al pueblo la confianza en sus instituciones,también se ha comprometido a fortalecer y a poner envigor con efectividad la reglamentación relativa alempleo de parientes, tanto en el Gobierno Central comoen los municipios. Para lograr ese objetivo hace faltauna legislación fuerte y determinación para aplicarla.Con ese propósito en mente, la Asamblea Legislativade Puerto Rico propone una serie de enmiendas alinciso (i) del Artículo 3.2 de la Ley de Ética
  • 64. Gubernamental del Estado Libre Asociado dePuerto Rico para fortalecer la legislación contrael nepotismo. Muchas de estas enmiendas estánbasadas en las recomendaciones que ofrecierala Oficina de Ética Gubernamental y la Oficinadel Contralor durante el trámite de la Ley Núm.381 de 6 de septiembre de 2000 y que nofueron incorporadas en ese momento.Proponemos en primer lugar que se extienda laprohibición para la contratación de parienteshasta el cuarto grado de consanguinidad ysegundo de afinidad. Hay que considerar quelos parientes dentro de esos grados tienensuficiente proximidad al sujeto cuya conducta sereglamenta, situación que se presta para generarconflictos reales o aparentes en la determinacióno acción oficial por parte de la persona conpoder decisional.Se restituye a la Oficina de Ética Gubernamentalla facultad para otorgar dispensas en relacióncon los municipios. Entendemos que dichafacultad pertenece a la Oficina de ÉticaGubernamental, entidad que tal y como lodispone el Artículo 2.1 de la Ley Núm. 12 de24 de julio de 1985, tiene la responsabilidadde “velar por que se cumplan estrictamente lasdisposiciones de la ley que establecen [sic]determinadas prohibiciones a los funcionarios yempleados públicos por razón de sus cargos oempleos o que exigen a determinadosfuncionarios la divulgación de informaciónfinanciera”. La Oficina del Comisionado deAsuntos Municipales se constituyó como unaentidad encargada de asesorar, regular eintervenir en los procedimientos administrativosy fiscales de los municipios, no como una entidada cargo de velar la conducta ética de losfuncionarios municipales.Finalmente, se establece un término directivo detreinta (30) días que obliga a la Oficina de ÉticaGubernamental a otorgar o denegar laautorización solicitada por un funcionario públicopara la contratación, nombramiento o ascenso,de un pariente so pena de una convalidaciónautomática. Dicha disposición socava el propósitodel mecanismo de dispensa, la cual sólo seconcederá en los casos excepcionales en que laacción adelante el bien del servicio público y elbuen funcionamiento de la agencia.Ley Núm. 8 de 5 de enero de 2002El 24 de julio de 1985, se aprobó la Ley deÉtica Gubernamental del Estado Libre Asociado63EXPOSICIÓNDEMOTIVOS
  • 65. 64EXPOSICIÓNDEMOTIVOSde Puerto Rico, la cual creó la Oficina de ÉticaGubernamental. Esta Ley delegó en el Director Ejecutivode dicha oficina amplios poderes para promover laconducta ética en el servicio público, así como preveniry penalizar el comportamiento de aquellos funcionariosy empleados que en el desempeño de sus laboresgubernamentales vulneren los principios básicos de unaética de excelencia.Dentro de los medios provistos a la Oficina de ÉticaGubernamental para cumplir con dichas encomiendaslegislativas se encuentran varios tipos de accionesciviles, criminales y administrativas.Entre las facultades de dicha Oficina está la autoridadpara realizar investigaciones, procesar por la víaadministrativa a los infractores de la Ley de ÉticaGubernamental y sus Reglamentos e imponer multasadministrativas.A partir de la aprobación de la Ley de ProcedimientoAdministrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agostode 1988, según enmendada, todas las agencias bajosu jurisdicción están autorizadas para imponer multasadministrativas de hasta cinco mil (5,000) dólares porcada violación a sus leyes y reglamentos. No obstante,la Sección 7.1 de la Ley de ProcedimientosAdministrativos Uniformes autoriza la imposición deuna penalidad administrativa mayor en los casos enque la ley especial así lo disponga. La Ley Habilitadorade la Oficina de Ética Gubernamental no contiene unadisposición que autorice a esta institución a imponermultas de cinco mil. Por lo anterior, la Oficina de ÉticaGubernamental rige la sanción administrativa bajo losparámetros de la citada Ley de ProcedimientoAdministrativo Uniforme y lo dispuesto en susreglamentos.La sanción económica administrativa tiene un efectodisuasivo y además asegura, que todo servidor públicoque no haya cumplido con sus deberes éticos para conla sociedad cumpla con la obligación de responderpersonalmente y económicamente por sus acciones.Esta obligación no se limita a la extinción de la deudapecuniaria con el Estado por su lucro indebido si alguno,sino que va más allá responsabilizándolo personalmentepor la falta cometida. Las sanciones administrativasllevan un claro mensaje de intolerancia a la corrupcióngubernamental y de reivindicación de la confianzapública. Estos objetivos están en armonía con aquellosen que descansa la pena o sanción en el ámbito criminal:imponer una consecuencia jurídica a las acciones uomisiones socialmente dañinas.Ante el interés apremiante que persigue la Ley de ÉticaGubernamental de restaurar y mantener la confianzadel Pueblo en las instituciones públicas y a fin decontinuar fortaleciendo los mecanismos con que cuenta
  • 66. dicha Institución para garantizar la transparenciaen la gestión pública y la administración librede conflictos de intereses o la apariencia deéstos, es necesario y conveniente enmendar laLey Orgánica de la Oficina de ÉticaGubernamental a fin de facultar a dicha Institucióna imponer multas mayores a las que autoriza laLey de Procedimiento Administrativo Uniforme.Con la presente Ley fortaleceremos la políticade cero tolerancia a la corrupción gubernamental.Ley Núm. 41 de 3 de enero de 2003La Sección 1 del Artículo 11 de la Constitucióndel Estado Libre Asociado de Puerto Ricoestablece en la Carta de Derechos la prohibiciónal discrimen por motivos de raza, color, sexo,nacimiento, origen, condición social, e ideaspolíticas o religiosas. Esta garantía constitucionalconstituye un valuarte en nuestra sociedaddemocrática la que debemos defender y asegurarsu respeto. El Estado tiene la obligación deprocurar que en su gestión pública no sólo seprohíba la discriminación política, sino, tambiénevitar la apariencia de parcialidad político-partidista. Para el Estado resulta pernicioso quesus funcionarios y empleados públicos esténpromoviendo sus ideas política-partidistas en ellugar de empleo durante horas laborables. Lautilización de insignias o emblemas político-partidista en el lugar de empleo es detrimentalpara la actividad gubernamental. Esto afecta laapariencia de objetividad que debe pernear laprestación de servicios en la administraciónpública. Esta práctica, aunque supuestamentevoluntaria, resulta ser un elemento de presiónque obliga a los funcionarios a identificarse,para de esa forma lograr beneficios o tratopreferente.La Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Sila MaríaCalderón, recientemente firmó una orden ejecutivaprohibiendo dicha práctica, Orden Ejecutiva OE2001-02. De igual manera, el Sr. FranciscoAgrait, Secretario General del Tribunal Supremode Puerto Rico firmó las resoluciones EP-97-6 yEP-97-2 prohibiéndoles dicha práctica a losempleados del Tribunal General de Puerto Rico.Además, la Comisión Estatal de Elecciones ensu Manual de Normas de Conducta prohíbe estapráctica de utilización de emblemas políticopartidista. Entendemos, por lo tanto, que debemosaplicar esta norma a los empleados de la RamaEjecutiva de Puerto Rico. A fin de garantizar unservicio público de excelencia, que siempre hacaracterizado a nuestros empleados públicos, y65EXPOSICIÓNDEMOTIVOS
  • 67. 66EXPOSICIÓNDEMOTIVOScon el propósito de garantizar el mejor rendimientoposible, libre de discrimen político partidista, la AsambleaLegislativa de Puerto Rico entiende necesario prohibirel uso de emblemas, distintivos o logos que identifiquena un partido político mientras los empleados públicosse encuentren en el desempeño de sus funciones.Consideramos que dentro de esta prohibición debemosincluir a los municipios de Puerto Rico y sus ejecutivos.Ley Núm. 269 de 14 de septiembre de 2004La Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, segúnenmendada, conocida como “Ley de ÉticaGubernamental del Estado Libre Asociado de PuertoRico”, tiene el objetivo de promover y preservar laintegridad de los funcionarios e instituciones públicasdel Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.Para cumplir con los propósitos antes indicados, lareferida disposición legal establece, entre otrosmecanismos, las pautas sobre las cuales los servidorespúblicos deben regir su conducta y actuaciones. Además,establece la responsabilidad de determinadosfuncionarios y empleados públicos de presentar antela Oficina de Ética Gubernamental informes sobre susfinanzas personales, incluyendo las de sus unidadesfamiliares.Específicamente, el Artículo 4.1 de la Ley Núm. 12,antes citada, requiere que los funcionarios públicos queocupen cargos electivos, de alto nivel y sensitivos,sometan informes sobre sus finanzas personales paraevitar posibles conflictos de intereses. Entre losfuncionarios obligados a radicar estos informesfinancieros se encuentran el Gobernador, los miembrosde la Asamblea Legislativa, los miembros de la RamaJudicial, el Contralor de Puerto Rico, los jefes de agenciasy los alcaldes.Al presente, la Ley Núm. 12 no requiere que el Directorde la Oficina de Servicios Legislativos y elSuperintendente del Capitolio sometan los informesfinancieros antes mencionados. El primero de estosfuncionarios tiene la obligación de ofrecer serviciostanto a los miembros del Senado de Puerto Rico comode la Cámara de Representantes, incluyendo aquellosemitir opiniones legales, redactar propuestas legislativas,participar en investigaciones sobre asuntos de interéspúblico, estudiar informes de otras ramas de gobiernoy asesorar a las comisiones legislativas. Además, laOficina de Servicios Legislativos cuenta con su propiopresupuesto y tiene la facultad de contratar y llevar acabo subastas. Le corresponde a su Director manejartodo lo relacionado con su funcionamiento y administrarlos fondos conjuntos que le asigna la AsambleaLegislativa.En el caso del Superintendente del Capitolio, este
  • 68. funcionario tiene, entre otras, la responsabilidadde dirigir y supervisar la conservación,mantenimiento y toda obra que se lleve a caboen el Capitolio, así como establecer laorganización interna de la Superintendencia. Aligual que la Oficina de Servicios Legislativos,esta dependencia legislativa cuenta con su propiopresupuesto y lleva a cabo subastas.Esta Asamblea Legislativa reconoce que tanto elcargo de Director de la Oficina de ServiciosLegislativos como el de Superintendente delCapitolio forman parte de la alta gerenciagubernamental y que contribuyen en laformulación e implantación de política pública,por lo que resulta imperativo promovermecanismos para prevenir, detectar y erradicarcualquier apariencia de o conducta incompatiblecon sus responsabilidades éticas y morales enel desempeño de sus funciones. Por lo tanto, seenmienda la Ley de Ética Gubernamental delEstado Libre Asociado de Puerto Rico a fin deincluir al Director de la Oficina de ServiciosLegislativos y al Superintendente del Capitolioentre los funcionarios públicos obligados apresentar informes financieros bajo dichadisposición legal.Ley Núm. 274 de 14 de septiembre de2004La Ley de Ética Gubernamental del Estado LibreAsociado de Puerto Rico, Ley Núm. 12 de 24de julio de 1985, según enmendada, requierela radicación de informes financieros a losservidores públicos que ocupan diversos cargoso que desempeñan ciertas funciones. Dichosinformes financieros tienen finalidades de índolepreventiva y fiscalizadora para evitar la conductailegal y los conflictos de intereses, reales oaparentes, entre otras actuaciones que atentancontra la integridad de las instituciones públicas.Además, son útiles para los procesos deinvestigación que lleva a cabo el Estado a finde asegurar que no se vulneren los principiosbásicos de una ética de excelencia.Anualmente, la Oficina de Ética Gubernamentalde Puerto Rico (OEG) recibe alrededor de 10,900informes financieros, los cuales son rendidos porservidores públicos de las tres Ramas deGobierno. Dicha Oficina recibe informes detoma de posesión, anuales y de cese. Unacantidad sustancial de dichos informes financieroses recibida en los meses de marzo y abril, ellodebido a que la fecha límite para someter los67EXPOSICIÓNDEMOTIVOS
  • 69. 68EXPOSICIÓNDEMOTIVOSinformes anuales es el 1ro de mayo de cada año. Esdurante ese período que miles de servidores públicosde la Isla se trasladan a las facilidades físicas de laOEG, o a los lugares adicionales que ésta designa,para llenar, juramentar y entregar sus informesfinancieros.El Artículo 4.6 de la Ley de Ética Gubernamental requiereque los informes financieros sean juramentados. Dichajuramentación es esencial para que se garantice laveracidad y corrección de la información provista, sopena de las sanciones que establece la Ley de ÉticaGubernamental, sus Reglamentos y el Código Penal,entre otros. No obstante, dicho Artículo no autoriza alos servidores públicos a prestar juramentos sin laintervención de un Notario o de otro funcionarioautorizado legalmente para tomar juramentos.Actualmente, los servidores públicos tienen que acudirante algún funcionario autorizado para tomar juramentosy así cumplir con su obligación legal de juramentar losinformes financieros. Dicha situación es distinta a la delas planillas de contribución sobre ingresos, las cualesson juramentadas por los propios contribuyentes sin laintervención de un notario o funcionario autorizado,ello según lo autoriza el Código de Rentas Internas de1994.De otra parte, el Artículo 4.7 de la Ley de ÉticaGubernamental dispone como únicas opciones paraque los servidores públicos puedan cumplir con lapresentación de sus informes financieros ante la Oficinade Ética Gubernamental, la entrega personal y el envíopor correo certificado. Dicha situación también contrastacon la de las planillas de contribución sobre ingresos,las cuales pueden ser rendidas por correo electrónico,ello al amparo de la Ley Núm. 110 de 27 de junio de2000. La incorporación del correo electrónico y de sucomplemento, la firma digital, a la presentación de losinformes financieros le permitirá a quienes tienen estaobligación el que puedan radicarlos desde sus hogareso centros de trabajo. Esto a su vez conllevará unareducción en el tiempo que los servidores públicos lededican a tal gestión.A tono con la intención de facilitar el cumplimiento dela obligación de rendir informes financieros, la presenteley permitirá que los servidores de las tres Ramas deGobierno juramenten sus informes sin la intervenciónde un notario o de funcionario autorizado. De estamanera se continúa garantizando bajo juramento laveracidad de la información provista a la Oficina deÉtica Gubernamental, a la vez que se facilita el procesode rendir un informe financiero. También, se crea unapresunción similar a la establecida en el Código deRentas Internas de 1994, a los efectos de que el nombredel servidor público que aparece firmando en un informefinanciero u otro documento será prueba prima faciede que esta persona firmó el informe o documento. Por
  • 70. último, se autoriza la entrega de los informespor correo electrónico y se viabiliza la firmadigital de éstos.Los objetivos expuestos también son cónsonoscon lo dispuesto en el Boletín AdministrativoNúm. OE-2003-45 de 30 de junio de 2003,aprobado para viabilizar el Proyecto de GobiernoElectrónico en nuestra jurisdicción.Ley Núm. 275 de 14 de septiembre de2004La Oficina de Ética Gubernamental fue creadaal amparo de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de1985, conocida como “Ley de ÉticaGubernamental del Estado Libre Asociado dePuerto Rico”. Durante casi veinte años, estaOficina ha brindado servicios desde instalacionesubicadas en edificios alquilados, pues carecede una planta física propia. En la actualidad,arrienda 36,737 pies cuadrados en dos edificiosdiferentes ya que la instalación principal estáocupada en su totalidad.En la medida en que la jurisdicción de la Oficinaha aumentado respecto a asuntos tales como elnúmero de servidores públicos con laresponsabilidad de rendir informes financierosy de tomar las 10 horas curso ofrecidas por elCentro para el Desarrollo del Pensamiento Ético,asimismo, ha aumentado el número de losfuncionarios y empleados que día a día laboranen dicha Oficina. De igual modo, hanincrementado las necesidades de salones paraofrecer adiestramientos y de espacio para queel Área de Administración Central de Documentospueda cumplir con el acomodo, distribución ymanejo de los miles de informes financieros yde documentos generados y recibidos por laOficina.Al presente, el Gobierno del Estado LibreAsociado de Puerto Rico ha incurrido enconsiderables gastos para proveer a dichaOficina un lugar desde el cual operar. Entendemosque a largo plazo, lo más conveniente para elerario sería que esta Oficina posea su propiainstalación física. Por tal motivo, se debe facultaral Director Ejecutivo de la Oficina de ÉticaGubernamental para adquirir, mediante comprao cesión, el edificio, el terreno o ambos paraubicar sus oficinas; contratar obras deconstrucción, reparación, mejoras o ampliaciónde dicho edificio; y, reglamentar tales procesos.69EXPOSICIÓNDEMOTIVOS
  • 71. 70EXPOSICIÓNDEMOTIVOSLey Núm. 540 de 30 de septiembre de 2004La Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociadode Puerto Rico, Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985,según enmendada, y sus reglamentos tienen entre suspropósitos el atacar y prevenir la corrupción en elGobierno, la conducta ilegal de los servidores públicos,los conflictos de intereses, el abuso de poder y elejercicio de influencias indebidas. Esta Ley y susreglamentos se enfocan además, en evitar no sólo laconducta impropia de los servidores públicos, sinotambién, la apariencia de conducta impropia que éstospuedan exhibir. Dicha Ley requiere la presentación deinformes financieros a los servidores públicos queocupan diversos cargos, o efectúan ciertas funciones.Cada año, la Oficina de Ética Gubernamental de PuertoRico recibe alrededor de 10,900 informes financieros,de los cuales la mayoría constituyen informes que serinden anualmente. Estos informes abarcan un períodode tiempo definido y permiten la divulgación deinformación respecto a diversos tipos de bienes, ingresos,activos y pasivos.Entendemos que es conveniente simplificar y facilitar elproceso de cumplimentar un informe financiero, sin queello afecte el proceso de auditoría de la Oficina.Conforme con dicho objetivo, se dispone para que losinformes financieros de toma de posesión de losservidores públicos con obligación de rendir informesanuales, únicamente contendrán la información solicitadasobre el año natural anterior y no la del año naturalanterior y de una porción del año vigente. De estamanera, un servidor público con obligación de rendiranualmente no tendrá que fraccionar la informaciónsobre el año vigente en dos informes financieros distintos.Esta excepción no aplicará a los servidores públicosad honorem, quienes sólo presentan informes financierosde toma de posesión y el de cese, según reglamentaciónadoptada por la Oficina de Ética Gubernamental.Ley Núm. 541 de 30 de septiembre de 2004El inciso (c) del Artículo 3.8 de la Ley de ÉticaGubernamental del Estado Libre Asociado de PuertoRico, Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, segúnenmendada, autoriza al Director Ejecutivo de la Oficinade Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEG) asancionar, mediante la imposición de multaadministrativa, a toda persona que viole las prohibicionesy disposiciones establecidas en dicha Ley y en losreglamentos, órdenes y normas promulgadas a suamparo. De igual modo, dicho funcionario está facultadopor el inciso (b) del Artículo 3.8 de la referida Ley aimponer la sanción civil del pago de la suma equivalentea tres (3) veces el valor del beneficio económico recibido(triple daño). Ambos mecanismos fueron provistos porla Ley de Ética Gubernamental para disuadir a los
  • 72. servidores públicos y ex servidores públicos deincurrir en conductas contrarias a la éticagubernamental, incluyendo los conflictos deintereses reales o aparentes.Las multas o sanciones administrativas, así comolas sanciones civiles, también procuran asegurarque todo servidor público que no haya cumplidocon sus deberes éticos para con la sociedad,responda personal y económicamente por susacciones. Las sancionas administrativas y lassanciones civiles llevan un mensaje dereivindicación de la confianza pública. A tonocon esta política pública, la Ley Núm. 8 de 5de enero de 2002 aumentó la cuantía máximade las multas administrativas impuestas por laOEG. Estas multas ingresan al Fondo General,constituyendo una deuda con el Estado.Esta Asamblea Legislativa reconoce la necesidadde fomentar el cumplimiento con las sancionesadministrativas y/o civiles impuestas por la OEG,ya que ello es una forma de implantar lasdisposiciones de la Ley de Ética Gubernamental.A dichos efectos, la presente medida procuradisuadir a los infractores de los postulados dela Ley de Ética Gubernamental de incumplir conlas sanciones administrativas y/o las sancionesciviles que dicha Agencia haya impuesto. Ello,al disponer que de incumplir con dichassanciones, los tribunales de justicia les requeriránel pago de intereses al diez (10) por ciento dela deuda y de honorarios de abogado. En nuestroordenamiento jurídico el mecanismo del interésfijo ha sido adoptado par las deudas contributivasconforme dispuesto en el Código de RentasInternas de 1994, Ley Núm. 223 de 30 denoviembre de 1995.Ley Núm. 83 de 26 de agosto de 2005La Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, segúnenmendada, conocida como “Ley de ÉticaGubernamental del Estado Libre Asociado dePuerto Rico”, crea la Oficina de ÉticaGubernamental con el propósito de promover laconducta ética en el servicio público y a su vez,prevenir y penalizar el comportamiento de losfuncionarios y empleados que violenten losprincipios básico de ética.La Oficina de Ética Gubernamental brinda susservicios hace veinte años en instalacionesalquiladas, ya que carece de una planta físicapropia y apropiada para las importantesfunciones que realiza. La referida Ley Núm. 1271EXPOSICIÓNDEMOTIVOS
  • 73. 72EXPOSICIÓNDEMOTIVOSfue enmendada el 14 de septiembre de 2004 con elpropósito de otorgarle la facultad al Director Ejecutivode la Oficina de adquirir, mediante compra o cesión,el edificio, el terreno o ambos para ubicar sus oficinasy contratar obras de construcción, reparación, mejoraso ampliación de dicho edificio. Sin embargo, no leotorgó la facultad de financiar la compra del edificio,el terreno o ambos para ubicar sus facilidades.Por su parte, el Artículo 5.4 de la citada Ley disponeque el Gobernador incluirá los cálculos para los gastoscorrientes de la Oficina en el presupuesto sin revisarlos.Esta disposición ha cumplido con el objetivo de proveerlea la Oficina estabilidad fiscal mediante la cual segarantiza que el presupuesto no sea reducido comoparte del ejercicio presupuestario. Ello en atención aproteger esta institución, a la luz de las delicadasfunciones y responsabilidades encomendadas.A tales efectos, esta Asamblea Legislativa entiendenecesario que se le otorgue a la Oficina la facultad definanciar a través del Banco Gubernamental de Fomentode Puerto Rico, sus subsidiarias o cualquier otra entidadprivada o pública, la compra del edifico, el terreno oambos para que la Oficina de Ética Gubernamentalcuente con las facilidades necesarias que le permitancumplir a cabalidad sus funciones y dé por terminadoel canon de arrendamiento que desde hace veinte añosrealiza por las facilidades que ocupa dicha Oficina.Ley Núm. 108 de 1 de septiembre de 2005El 24 de julio de 1985, se aprobó la Ley de ÉticaGubernamental del Estado Libre Asociado de PuertoRico, la cual creó la Oficina de Ética Gubernamentalde Puerto Rico (OEG). Ésta fue investida de ampliospoderes para promover la conducta ética en el serviciopúblico, así como para prevenir y penalizar elcomportamiento de aquellos servidores públicos quevulneren los principios básicos de una ética deexcelencia.El 30 de mayo de 1985, en el Informe Conjunto de lasComisiones de Gobierno y de lo Jurídico Penal de laCámara de Representantes de Puerto Rico, al recomendarla aprobación del proyecto, que finalmente se convertiríaen la Ley de Ética Gubernamental, se expresó que laOEG había sido concebida de forma que ésta esté lomás aislada posible de la influencia indebida que sobreella puedan ejercer otros funcionarios del Gobierno.La intención legislativa antes discutida quedó consignadaen el Artículo 2.1 de la Ley de Ética Gubernamental,pues, desde su creación en 1985, la OEG ha estadoexenta de la aplicación de la Ley Núm. 164 de 24 dejulio de 1974, según enmendada, conocida como la"Ley de la Administración de Servicios Generales"; dela Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, segúnenmendada, conocida como "Ley de Personal del
  • 74. Servicio Público"; y de la Ley Núm. 184 de 3de agosto de 2004, según enmendada, conocidacomo "Ley para la Administración de los RecursosHumanos en el Servicio Público del Estado LibreAsociado de Puerto Rico; y de la Ley Núm. 230de 23 de julio de 1974, según enmendada,conocida como la "Ley de Contabilidad delGobierno de Puerto Rico".Posteriormente, y en armonía con la referidapolítica pública de independencia, la OEG, fueexcluida de la Ley Núm. 45 de 25 de febrerode 1998, "Ley de Relaciones del Trabajo parael Servicio Público de Puerto Rico"; y de laaplicación del Registro Único de Licitadores,adscrito a la Administración de ServiciosGenerales, mediante la Ley Núm. 54 de 4 deenero de 2003, conocida como: "Ley de laAdministración de Servicios Generales".Por su parte, el Secretario de Justicia interpretó,y la Oficina de Gerencia y Presupuesto haadoptado la práctica administrativa de que laOEG se encuentra exenta de la Ley Núm. 147de 18 de junio de 1980, según enmendada,mejor conocida como "Ley Orgánica de laOficina de Gerencia y Presupuesto".Consideramos necesario que el estado de derechoantes expuesto quede consignado en el estatutohabilitador de la OEG. Además, a fin de reiterarla política pública de independenciaadministrativa de la OEG, entendemos necesarioexcluir a dicha Agencia de la Ley Núm. 197 de18 de agosto de 2002, conocida como "Ley delProceso de la Transición del Gobierno"; la LeyNúm. 209 de 28 agosto de 2003, conocidacomo "Ley del Instituto de Estadísticas de PuertoRico"; la Ley Núm. 265 de 3 de septiembre de2003, conocida como "Ley para ReglamentarCiertos Contratos Gubernamentales deFinanciamiento y Arrendamiento de BienesMuebles"; y la Ley Núm. 5 de 8 de diciembrede 1955, según enmendada, conocida como"Ley de Administración de Documentos Públicos".Es la intención de la Asamblea Legislativa quela OEG esté lo más aislado posible de influenciasque podrían contravenir la autonomía, que poreste medio queremos garantizar.Ley Núm. 133 de 25 de octubre de 2005La Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, segúnenmendada, conocida como “Ley de ÉticaGubernamental del Estado Libre Asociado dePuerto Rico”, dispuso las normas y preceptoslegales necesarios para reglamentar la conducta73EXPOSICIÓNDEMOTIVOS
  • 75. 74EXPOSICIÓNDEMOTIVOSde todos los servidores públicos que ocupan cargos enlas diversas agencias ejecutivas, corporaciones públicasy municipios del Gobierno de Puerto Rico.Para tales propósitos, se tipificaron unos delitos bajola “Ley de Ética Gubernamental del Estado LibreAsociado” dispuestos en los Artículos 3.8 y 4.11 de laLey Núm. 12, supra. El propio legislador determinóque los delitos incurridos bajo el Artículo 3.8 tenía unperíodo de prescripción de siete (7) años que transcurríadesde el momento que el funcionario cesaba en sucargo o empleo público. Sin embargo en el delitoestatuido en el Artículo 4.11 establecieron un términoprescriptivo sin especificar desde cuando comenzabaa transcurrir el término. Esto significa que el términoprescriptivo del delito establecido bajo el Artículo 4.11comienza a transcurrir desde que el funcionario radicael documento falsificado y no desde que cesa en sucargo o empleo público.Mediante esta Ley, se le proveerá a los Fiscales delDepartamento de Justicia uniformidad en el término deprescripción de estos delitos para que puedan procesarcriminalmente ante los Tribunales de Justicia a aquellosservidores públicos que con sus actos delictivos atentancontra los fondos y la propiedad del gobierno de PuertoRico y violan la confianza que el Pueblo deposita ensus manos.Ley Núm. 146 de 12 de diciembre de 2005La Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, segúnenmendada, mejor conocida como la Ley de ÉticaGubernamental del Estado Libre Asociado de PuertoRico, según enmendada, creó el Código de ÉticaGubernamental que reglamenta la conducta de losservidores públicos de la Rama Ejecutiva y de los exservidores públicos de las tres (3) Ramas de Gobierno.También, dicha Ley, contiene disposiciones referentesa la divulgación de información financiera por partede servidores públicos que ocupan diversos cargos oque desempeñan ciertas funciones. Así también, la Leyde Ética Gubernamental y el Reglamento de ÉticaGubernamental, Núm. 4827 de 20 de noviembre de1992, requieren que los funcionarios y empleados delservicio público mantengan principios del más altogrado de honestidad, integridad, imparcialidad yconducta para garantizar el debido funcionamiento delas instituciones gubernamentales y conservar laconfianza de los ciudadanos en su Gobierno.En el cumplimiento con su encomienda legislativa, laOficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEG)establece y administra procedimientos para identificarviolaciones a la ética en el servicio público. La OEG,mediante la implementación de tales procesos toma uordena aquellas medidas disciplinarias, administrativaso civiles que entienda fortalecen la confianza del Pueblo
  • 76. en su Gobierno y en sus institucionesgubernamentales.Específicamente, mediante la sanciónadministrativa de multa, se pretende disuadir yasegurar a los servidores y ex servidores públicosque aquellos que sean encontrados incursos enviolación a la Ley, sus reglamentos y normas,serán juzgados por haber quebrantado laconfianza pública depositada, y responderánpersonal y económicamente por dicho proceder.De conformidad con esta política pública desancionar el comportamiento contrario a la éticagubernamental, la Asamblea Legislativa aprobóla Ley Núm. 8 de 5 de enero de 2002, quedispuso para el aumento de la cuantía máximade las multas administrativas a $20,000 porcada violación.Es importante destacar que el origen de estasmultas, las que ingresan al Fondo General, esla trasgresión a los postulados éticos que ellegislador entendió vitales para la transparenciaen las gestiones gubernamentales y paraadelantar la sana administración pública. Esteesfuerzo legislativo para implantar y ejecutardicha política pública no lograría su cometido,si los infractores de la citada normativa incumplencon la multa impuesta. Como cuestión de hecho,los casos en que se recurre ante los foros judicialespara solicitar el cumplimiento de las resolucionesadministrativas, conllevan costos adicionales alEstado.Esta Asamblea Legislativa entiende que esnecesario proveer mecanismos que faciliten laimplantación de la función fiscalizadora de laOficina de Ética Gubernamental, de manera quese economice tiempo y recursos gubernamentales.La presente medida legislativa tiene el propósitode evitar el incumplimiento con las multasadministrativas que sean finales y firmes.Ley Núm. 43 de 27 de enero de 2006La Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, segúnenmendada, mejor conocida como Ley de ÉticaGubernamental, en adelante, Ley de Ética, y sureglamento, prohíben a las agencias ejecutivasllevar a cabo contratos en los que cualquiera desus funcionarios o empleados o algún miembrode su unidad familiar tenga directa oindirectamente un interés pecuniario.Es importante señalar que el estado de derechoactual permite relaciones contractuales entre una75EXPOSICIÓNDEMOTIVOS
  • 77. 76EXPOSICIÓNDEMOTIVOSagencia y sus empleados o funcionarios, a través delotorgamiento de una dispensa, previa consulta de losSecretarios de Justicia y Hacienda, según lo establecidoen los Artículos 3.3 (d) y (e) de la Ley de Ética.En virtud de la Orden Ejecutiva de 1 de marzo de1988, Boletín Administrativo Núm. OE-1998-06, elGobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Ricodelegó en el Departamento de Estado, la facultad paraconceder dispensas. Entre las dispensas que concedeel (la) Secretario(a) de Estado se encuentran lasrelacionadas con los arrendamientos de viviendasubsidiada por el Gobierno Federal, mejor conocidacomo el Programa de Sección 8.El Departamento de Estado concedió 33 dispensas enel año 2002; 217 en el 2003; para el año 2004concedió 319; y en lo que va del año 2005, se hanconcedido 121 dispensas para suscribir o renovarcontratos con el Departamento de la Vivienda o laAutoridad para el Financiamiento de la Vivienda.Dichas cifras reflejan un incremento en la solicitud yconcesión de dispensas para el Programa Sección 8.Estas no incluyen las dispensas concedidas de LoteríaElectrónica, Servicios Profesionales y las dispensas queconcede la Oficina del Comisionado de AsuntosMunicipales (OCAM).La tramitación de estas dispensas en el Departamentode Estado se rige por el Reglamento 6497 de 2 deagosto de 2002. Este reglamento requiere la radicaciónde una solicitud de dispensa, una certificación deausencia de conflicto de intereses y una certificaciónpreliminar del Departamento de la Vivienda o de laAutoridad para el Financiamiento de la Vivienda o delDepartamento de la Familia, según sea el caso.El propósito de la Ley de Ética es promover y preservarla integridad de los funcionarios e instituciones públicas.La existencia del mecanismo de dispensas tiene comopropósito no privar al interés público de servicios,recursos o materias esenciales en aquellos casos en losque el empleado o funcionario o algún miembro de suunidad familiar en una agencia sea quien únicamentepueda brindar los mismos o quien lo haga másadecuadamente.El Departamento de la Vivienda es el organismoresponsable de laborar y ejecutar la política públicacontribuyendo así al desarrollo social de las comunidadesen Puerto Rico mediante el desarrollo de programas deviviendas y mejoramiento físico de las comunidades.La política pública del Gobierno de Puerto Rico y elGobierno Federal, establecen que los programas devivienda tendrán que atender no sólo el problema devivienda, sino además su organización social oapotestamiento (empowerment). El Programa de Sección
  • 78. 8 del Departamento de la Vivienda Federalprovee subsidios a familiares de escasos recursoseconómicos para el alquiler de viviendasadecuadas.El proceso para solicitar las opiniones de los (as)Secretarios(as) de Hacienda, Justicia o ÉticaGubernamental y así conocer las dispensas paraque un funcionario o empleado público puedaarrendar su propiedad bajo el Programa deSección 8, tarda aproximadamente de dos (2)a tres (3) meses. Durante ese prolongado tiempode espera, a nuestras familias puertorriqueñasde escasos recursos económicos se les priva detener una vivienda adecuada bajo unascondiciones de vida aceptables.El Gobierno de Puerto Rico reconoce laimportancia de que cada familia pueda contarcon una vivienda adecuada. Los programas degobierno de los principales partidos políticosincluyen iniciativas para un hogar seguro paracada puertorriqueño, para garantizar una mejorcalidad de vida. Entre las medidas propuestas,está el fortalecimiento de la utilización delPrograma Sección 8. Como parte de estasiniciativas para incentivar el uso y disfrute deestos subsidios es necesario agilizar elprocedimiento para obtenerlo medianteenmiendas a las disposiciones de la Ley de ÉticaGubernamental.Ya la Ley de Ética Gubernamental establece entresus excepciones al requisito de dispensa, loscontratos de arrendamiento de vivienda provistao a ser financiada, o cuyo financiamiento esgarantizado o asegurado por una agenciagubernamental y los programas de beneficios oincentivos auspiciados por agenciasgubernamentales. En estos casos, la agenciacontratante emite una certificación al respectosi se trata de contratos accesibles a cualquierciudadano; las normas de elegibilidad son deaplicación general, el servidor público que cumplecon todas las normas; no se le otorga tratopreferencial; y el servidor público o servidorapública no participa en la toma de decisionespara el otorgamiento del contrato.Este mecanismo de certificación es adecuadobajo la Ley de Ética Gubernamental para losempleados públicos que son arrendatarios deviviendas bajo el Programa de Viviendasubsidiada por el Gobierno Federal. Medianteesta Ley, se amplía la disponibilidad de dichacertificación a aquellos servidores públicos que77EXPOSICIÓNDEMOTIVOS
  • 79. 78EXPOSICIÓNDEMOTIVOSson arrendadores de viviendas bajo dicho programa.Ley Núm. 45 de 27 enero de 2006Parte de los fondos para el Programa de Subsidio deArrendamiento provienen de la distribución de losingresos netos de la Lotería Adicional, creada por virtudde la Ley Núm. 10 de 24 de mayo de 1989, segúnenmendada. El inciso (4) del Artículo 14 de dicha Leyasigna la cantidad de cuatro millones (4,000,000) dedólares anuales de los ingresos netos del Sistema deLotería Adicional para el Programa de Subsidio deArrendamiento. El Departamento de Hacienda es laentidad que contrata a los vendedores de jugadas paraoperar las máquinas de la Lotería Adicional. Al respecto,dispone el Artículo 2 de la Ley Núm. 10, supra, segúnenmendada, que en caso de empleados públicos y susfamiliares se aplicarán a esta contratación lasdisposiciones de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de1985, conocida como “Ley de Ética Gubernamental”,que requiere la obtención de una dispensa para firmarel contrato.La facultad de otorgar dispensas reside en el Gobernadoro la Gobernadora de Puerto Rico con previarecomendación de los titulares de los Departamentosde Hacienda y Justicia o de la Oficina de ÉticaGubernamental. El Gobernador ha delegado estafacultad en la Oficina del Comisionado de AsuntosMunicipales, cuando las partes contratantes incluyanun municipio, consorcio o corporación municipal, o enel Departamento de Estado para las agencias delejecutivo. El proceso de solicitar opiniones de tantosfuncionarios en un proceso de dispensa para que unfuncionario o empleado público pueda vender jugadasde la Lotería Adicional fácilmente tarda meses.Ya la Ley de Ética Gubernamental establece entre susexcepciones al requisito de dispensa los contratos dearrendamiento de vivienda provista o a ser financiada,o cuyo financiamiento es garantizado o asegurado poruna agencia gubernamental y los programas debeneficios o incentivos auspiciados por agenciasgubernamentales. En estos casos, la agencia contratanteemite una certificación al respecto si se trata de contratosaccesibles a cualquier ciudadano; las normas deelegibilidad son de aplicación general, el servidorpúblico cumple con todas las normas; no se le otorgatrato preferencial; y el servidor público o servidorapública no participó en la toma de decisiones para elotorgamiento del contrato.Mediante esta Ley, se amplía su disponibilidad a aquellosservidores públicos que entren en contratos con elDepartamento de Hacienda para vender u operar lossistemas de los juegos de la Lotería Adicional. De estamanera el empleado público y sus familiares podránobtener una remuneración adicional legal que le ayude
  • 80. en la carga de sus compromisos económicos.Ley Núm. 85 de 12 de mayo de 2006La Ley Núm. 275 de 14 de septiembre de 2004enmendó la Ley Núm. 12 de 24 de julio de1985, según enmendada, conocida como “Leyde Ética Gubernamental del Estado LibreAsociado de Puerto Rico”, con el propósito deotorgarle al Director Ejecutivo de la Oficina deÉtica Gubernamental (OEG) la facultad deadquirir, mediante compra o cesión, el edificio,el terreno para ubicar la OEG y contratar obrasde construcción, reparación, mejoras oampliación de dicho edificio. La fundamentaciónde dicha enmienda fue la necesidad que estaAgencia cuente con instalaciones que le permitancumplir a cabalidad sus funciones y así dar porterminado el canon de arrendamiento que llevaveinte años pagando.La referida enmienda no le otorgó facultadexpresa para financiar dichas transacciones, porlo cual esta Asamblea Legislativa aprobó la LeyNúm. 83 de 26 de agosto de 2005. Estaenmienda no especificó que las transaccionesautorizadas no conllevarían la erogación defondos públicos adicionales, pues el servicio dela deuda del financiamiento se pagaríaaproximadamente con los fondos actualmenteutilizados para el pago de los cánones dearrendamiento. La pignoración de dicha partidapresupuestaria sería lo que determinaría lacantidad límite para las transaccionesautorizadas.Al aprobar ambas enmiendas a la mencionadaLey Núm. 12, la Asamblea Legislativa reconocióla importancia de evitar que la OEG siguieraincurriendo en gastos de arrendamiento, pues,resulta más conveniente para el erario que éstasea dueña de sus instalaciones físicas.Las citadas Leyes enmendatorias de la Ley deÉtica Gubernamental aun no expresan con laclaridad suficiente la intención de esta AsambleaLegislativa, ya que el Artículo 2.4 (t) de la referidaLey Núm. 12, podría erróneamente interpretarsecomo que permite el financiamiento únicamentea través de las subsidiarias del BancoGubernamental de Fomento o entidades públicaso privadas. La intención de esta AsambleaLegislativa es que el Banco Gubernamental deFomento para Puerto Rico, sus subsidiarias y susafiliadas o cualquier entidad bancaria públicao privada pueda proveer el financiamiento a la79EXPOSICIÓNDEMOTIVOS
  • 81. 80EXPOSICIÓNDEMOTIVOSOEG. El texto vigente del Artículo 2.4 (t) carece,además, de lenguaje específico que permita efectuarciertas transacciones íntimamente relacionadas con laadquisición y el financiamiento de la sede de la Oficinade Ética Gubernamental.Por todo lo anterior, reiteramos la intención legislativade las antes mencionadas leyes enmendatorias y enesta ocasión, se incluyen disposiciones que aclaran elalcance de la autoridad que delegamos al DirectorEjecutivo de la OEG, a fin de que pueda llevar a cabolas gestiones necesarias para la adquisición de la sedede dicha Agencia. Así también, de conformidad conla Ley Núm. 164 de 17 de diciembre de 2001, sedispone que el repago de cualquier obligación contraídacon el Banco Gubernamental de Fomento para estospropósitos provendrá de las asignaciones presupuestariasanuales que recibe la OEG, las cuales por disposicióndel Artículo 5.4 de la Ley de Ética Gubernamental, sonincluidas en el Presupuesto sin revisarlas.Ley Núm. 138 de 1 de agosto de 2006La Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, segúnenmendada, conocida como “Ley de ÉticaGubernamental del Estado Libre Asociado de PuertoRico”, se estableció con el propósito de promover ypreservar la integridad de los funcionarios e institucionespúblicas del Gobierno del Estado Libre Asociado dePuerto Rico. La misma requiere, entre otras cosas, quelos funcionarios y empleados públicos cumplan con lasnormas de ética de excelencia que garantizan el respetoal derecho y a la obediencia de la ley.Asimismo, la referida Ley reglamenta la conducta delos funcionarios y empleados públicos de la RamaEjecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,incluyendo sus corporaciones públicas y las agenciasque están bajo el control de dicha Rama, sus municipios,corporaciones y consorcios municipales, estableciendo,a su vez, algunas restricciones para las actuaciones deex servidores públicos de la Rama Ejecutiva, Legislativay Judicial.Dentro de este estado de Derecho, se puede reconocerque la historia e identidad de los pueblos, se hacaracterizado por medio de aquellos símbolos que másidentifican su situación geográfica, cultural, política yeconómica. A su vez, estos símbolos han representadodiversos escenarios sociales en un tiempo y espaciodeterminado. En nuestra historia, muchos de esossímbolos han plasmado el quehacer cotidiano de lasociedad y nuestra vivencia de pueblo.No hay lugar a dudas, de que el uso de emblemas ysímbolos desarrolla una adhesión a las causas que éstosrepresentan, pero en el ambiente que permea el entornosocio-político de Puerto Rico se hace necesario mantener
  • 82. la transparencia en la administración pública yerradicar cualquier conducta entre los servidorespúblicos que pueda afectar la misma. El uso deinsignias o emblemas en vehículos o medios detransportación oficiales utilizados por funcionarioso empleados públicos, que no representan laagencia e instrumentalidad que utiliza los mismos,es precisamente una de esas conductas queafecta la transparencia del desempeño de éstas.Tal conducta proyecta un mensaje equivocadoporque no representa el propósito por el cualfue creada la entidad gubernamental y violentalas normas de ética que son el soporte moral delEstado.Por lo cual, la prohibición aquí expresada estáen total armonía con la esencia y razón de serde la referida Ley Núm. 12 de promover ypreservar la integridad de los funcionarios yempleados públicos del Gobierno del EstadoLibre Asociado de Puerto Rico en las funcionesde su puesto; de desalentar que las actuacionesoficiales de los servidores públicos se veanafectadas por intereses personales y políticopartidistas; y garantizar que la gestión públicaesté libre de influencias ajenas al bienestarcomún.Por lo cual, esta Asamblea Legislativa entiendenecesario promulgar legislación dirigida aerradicar todo conflicto de intereses o laapariencia de éstos en la gestión pública.Mediante esta Ley se prohíbe el uso de emblemas,logos, insignias o cualquier otro que no representela agencia e instrumentalidad que hace uso deestos vehículos o medios de transportaciónoficiales, de forma que se mantenga la confianzade los ciudadanos en su gobierno y en susfuncionarios y empleados públicos, redundando,así, en una sana administración pública.Ley Núm. 190 de 1 de septiembre de2006Nuestro ordenamiento jurídico dispone que unapersona que ha sido electa para ocupar un cargopúblico debe contar con la preparación sobreel manejo de los fondos públicos y propiedadpública y sobre la ética gubernamental.El Artículo 2.7 de la Ley Núm. 12 de 24 de juliode 1985, según enmendada, conocida como“Ley de Ética Gubernamental”, crea el Centropara el Desarrollo del Pensamiento Ético de laOficina de Ética Gubernamental, comoinstrumento para desarrollar adiestramientos81EXPOSICIÓNDEMOTIVOS
  • 83. 82EXPOSICIÓNDEMOTIVOSsobre aspectos sustantivos y procesales específicos ygenerales de la Ley de Ética Gubernamental, así comodesarrollar programas de análisis y discusión de laimportancia de la ética en los procesos gubernamentalesy privados. Dicho Artículo 2.7 impone a todo funcionarioo empleado público un requisito de diez (10) horas-curso de educación continua en el área de ÉticaGubernamental cada dos (2) años.El Artículo 4.001(a) de la Ley Electoral, Ley Núm. 4 de20 de diciembre de 1977, según enmendada, requiereque todo candidato electo complete un curso preparadopor la Oficina del Contralor de Puerto Rico, encoordinación con agencias gubernamentalesrelacionadas con la administración fiscal de los fondospúblicos y propiedades públicas. Dicho curso, que tienela duración de un día laborable, cubre las áreas demanejo de fondos públicos, contabilidad gubernamentaly aspectos de procedimiento de auditorías y custodiade fondos federales. En dicho adiestramiento participanagencias como el Departamento de Hacienda, la Oficinade Ética Gubernamental y la Oficina del Contralor entreotras.Mediante esta Ley, es la intención de la AsambleaLegislativa hacer estas dos disposiciones de Ley extensivasa todos los funcionarios en puestos de responsabilidaden las Ramas Ejecutiva y Legislativa. Dado que elArtículo 4.001 de la Ley Electoral hace obligatoria,para quienes han sido electos por el pueblo, laparticipación en este curso previo a tomar posesión delcargo en propiedad, corresponde también que laspersonas nominadas a un cargo ejecutivo o administrativotengan que tomar un curso sobre el uso de fondospúblicos, propiedad pública y Ética Gubernamentalprevio a su juramentación. Este curso inicial es acreditablehacia las horas de Educación Continua que convalidael Centro para el Desarrollo del Pensamiento Ético.Además, se dejará constar que este requisito estarásatisfecho, en el caso que la persona nombrada a uncargo ya se encuentre en el servicio público, si en elcargo en que se encuentra ya ha completado el mismocurso dentro de los dos (2) años previos o conposterioridad a la última elección general, cual fueremás reciente.Ley Núm. 209 de 9 de agosto de 2008La Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, conocidacomo “Ley de Ética Gubernamental del Estado LibreAsociado de Puerto Rico”, según enmendada, persiguepromover y preservar la integridad de los funcionariose instituciones públicas del Gobierno de Puerto Rico;y prevenir y penalizar el comportamiento delictivo deaquellos funcionarios que, en el desempeño de suslabores gubernamentales, vulneren los principios básicosde una ética de excelencia. El Código de ÉticaGubernamental reglamenta la conducta de los
  • 84. funcionarios y empleados de la Rama Ejecutivadel Estado Libre Asociado de Puerto Rico,incluyendo sus corporaciones públicas y lasagencias que están bajo el control de esta Rama,sus municipios, corporaciones y consorciosmunicipales.El Reglamento sobre Radicación (sic) de InformesFinancieros por Funcionarios y Empleados de laRama Ejecutiva del Estado Libre Asociado dePuerto Rico, aprobado al amparo de la Ley deÉtica Gubernamental, supra, Reglamento Núm.3549 de 4 de diciembre de 1987, segúnenmendado, en su Artículo 4.103 – Definiciones,incluye en el inciso (m), el término ad honorem,que se definió como “[c]argos que por sunaturaleza o por disposición de ley o reglamentono reciben paga por sus servicios o sólo recibendietas o reembolsos de gastos”. En el Artículo4.202, del mismo Reglamento, Exclusiones, enel inciso (a), se estableció que “[n]o vendránobligados a rendir informes financieros losservidores públicos que rindan sus servicios adhonorem en juntas examinadoras, junta estataly juntas locales constituidas al amparo delWorkforce Investment Act (WIA), y en juntas dedirectores de las corporaciones de desarrollomunicipal”. Además, se dispuso que será deberde los servidores públicos que rindan serviciosad honorem, suscribir una certificación preparadapor la Oficina de Ética Gubernamental, en lacual indiquen que han recibido copia de la Ley,que deberán regir su conducta por lasdisposiciones contenidas en el Código de Éticadel Capítulo III de la Ley, y que reconocen suobligación de cumplir con las horas cursorequeridas por el Artículo 2.7 de la Ley.Al considerar a los miembros, representativosdel sector privado de la Junta Estatal y las JuntasLocales, autorizadas al amparo de la Ley WIA,como servidores públicos, se afectanadversamente sus transacciones comerciales conlas entidades gubernamentales municipales yestatales. Esto último, ya que en el Artículo 3.3(e)de la Ley de Ética Gubernamental, supra, sehace referencia a prohibiciones relacionadascon otros empleos, contratos o negocios:(e) Ningún funcionario o empleado públicopodrá ser parte o tener algún interés en lasganancias o beneficios producto de un contratocon cualquier otra agencia ejecutiva odependencia gubernamental, a menos que elGobernador, previa recomendación del Secretariode Hacienda y del Secretario de Justicia,83EXPOSICIÓNDEMOTIVOS
  • 85. 84EXPOSICIÓNDEMOTIVOSexpresamente lo autorice. Sólo podrá llevarse a cabola contratación en el caso previsto en este párrafo, sinsolicitar y obtener la autorización del Gobernadorcuando se trate de:1. Contratos por un valor de $3,000.00 o menos yocurran una sola vez durante cualquier año fiscal.2. Contratos de arrendamiento, permuta, compraventa,préstamo, seguro hipotecario o de cualquier otranaturaleza que se refieran a una vivienda y/o solarprovisto o a ser financiado o cuyo financiamiento esasegurado o garantizado por una agenciagubernamental.3. Programas de servicios, préstamos, garantías eincentivos auspiciados por agencias gubernamentales.4. Contratos otorgados por el Departamento de Haciendapara operar terminales de Lotería Electrónica.5. Contratos de arrendamiento bajo el Programa deVivienda Federal, conocida como Programa Sección8, otorgados por los beneficiarios y propietarios conlas Agencias Ejecutivas o Municipios que actualmenteadministren o que en el futuro puedan estar autorizadasa administrar dicho Programa. Esta Sección aplicarácuando no estén presentes los elementos del Artículo3.2 (i) de la Ley de Ética Gubernamental.En los casos especificados en las cláusulas 2 a la 5 deeste inciso, la agencia contratante autorizará lastransacciones, siempre que ocurran los siguientesrequisitos:a) Se trate de contratos, préstamos, seguros, garantíaso transacciones accesibles a cualquier ciudadano quecualifique.b) Las normas de elegibilidad sean de aplicacióngeneral.c) El funcionario o empleado público o cumpla con lasnormas de elegibilidad y no se le otorgue, directa oindirectamente, un trato preferente o distinto al delpúblico en general.En el Artículo 12, Inciso G, del Reglamento de ÉticaGubernamental, según enmendado, se incluyó que loscontratos otorgados mediante subasta pública en losque concurran todos los requisitos establecidos por Ley,se podrán efectuar sin solicitar y obtener la autorizacióndel Gobernador.Lo antes mencionado, es inconsistente con lo establecidoen la Sección 113 (f), Junta Estatal y en la Sección 117(g), Junta Local, de la Ley WIA. Específicamente, en laSección 117(g), se dispone lo siguiente:
  • 86. “Conflict of interest – A member of a local boardmay not:(1) Vote on a matter under consideration by thelocal board –(A) regarding the provision of services by suchmember (or by an entity that such memberrepresents); or(B) that would provide direct financial benefit tosuch member or the immediate family of suchmember; or(2) Engage in any other activity determined bythe Governor to constitute a conflict of interestas specified in the State Plan.”Por su parte, en el Plan Anual de los Programasde la Ley WIA se establece lo siguiente:In order to ensure in the workforce investmentsystem, the following constitute conflict of interestfor the State or Local Workforce InvestmentsBoards:- No member of any council authorized underWIA shall cast a vote on the provision of servicesby that member, or any organization, which thatmember directly represents, or vote on any matterwhich would provide direct financial benefit tothat member or the immediate family of suchmember.- Each local grant recipient and WIB shall maintaina written code of standards of conduct governingthe performance of persons engaged in the awardand administration of contracts and grants. Tothe extent permitted by local law or regulation,such standard of conduct should provide forpenalties, sanctions or other disciplinary actionsfor violations of such standards by the awardingagency’s officers, employees or agents or byawardees or their agents.- Each grant recipient and WIB shall ensure thatno individual, in a decision-making capacity, willengage in any activity, including participationin the selection, award, or administration of agrant or contract supported by WIA funds, if aconflict of interest, real or apparent, would beinvolved.- A conflict of interest will arise whenever a firmor organization is selected for an award andthere is a financial or other interest in the firm or85EXPOSICIÓNDEMOTIVOS
  • 87. 86EXPOSICIÓNDEMOTIVOSorganization by the individual, the individual to partneror an organization which employs or is about to employ,any of the above.- The officers, employees or representatives of the agencyand WIB members making the award will neither solicitnor accept gratuities, favors or anything of monetaryvalue from awardees, potential awardees or parties toagreements.- The term “immediate family”, for conflict of interest,means an employee’s spouse, child, legal ward,grandchild, foster father, mother, legal guardian,grandfather, grandmother, father-in-law, mother-in-law,and other relatives residing in the employee’s household.A nivel estatal, nada en la Ley WIA ni en lareglamentación del Departamento del Trabajo de losEstados Unidos de América, impide que se adoptenunos estándares sobre conflictos de intereses más estrictosque los establecidos en dicho estatuto o procedimientospara asegurar el cumplimiento de dichos estándares,siempre que los mismos no sean inconsistentes con losdispuestos en la ley federal. Como hemos evidenciado,en este asunto, algunas de las disposiciones de la Leyde Ética Gubernamental y su reglamento soninconsistentes.Por todo lo anterior, esta Asamblea Legislativa encuentranecesario excluir la Ley de Ética Gubernamental, supra,para así excluir de su jurisdicción y alcance a losmiembros de la Junta Estatal y las Juntas Locales creadasal amparo de la Ley WIA que sean empleados delsector privado.Rev. octubre 2008.
  • 88. 87ENMIENDAS
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