La reforma a la ley 30 busca mejorar la calidad de la educación superior, aumentar el acceso y graduación de estudiantes, y hacer la educación más relevante para las necesidades del país. Se proponen medidas como aumentar los doctorados, incentivar la acreditación de instituciones, y facilitar el acceso al crédito estudiantil. Aunque hay aspectos positivos, existen preocupaciones sobre el financiamiento de universidades públicas y si la reforma respeta el derecho a la educación.