Un periodico 165 investigación, brecha entre desarrollo y periferia.

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CURSO SENA: APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS EN INVESTIGACIÓN: PROCESOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

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Un periodico 165 investigación, brecha entre desarrollo y periferia.

  1. 1. Especial Educación superior Páginas 5 a 15 www.unperiodico.unal.edu.co • un_periodico@unal.edu.co Bogotá D. C., n.º 165, abril de 2013 Publicación de la Universidad Nacional de Colombia • ISSN 1657-0987 Foto: Víctor Manuel Holguín/Unimedios Investigación, brecha entre desarrollo y periferia A pesar de su visible crecimiento en los últimos veinte años, la investigación nacional está rezagada frente a la de otros países de América Latina. La inversión sigue sin sobrepasar el 0,5% del PIB y las regalías para el sector de ciencia, tecnología e innovación no son suficientes. Para que el sistema funcione se necesitan recursos y políticas claras. 12 La generación desconocida del performance En los años noventa, un grupo de artistas colombianos coincidió en usar las “acciones de arte” como lenguaje para interpretar –y no pocas veces criticar– la compleja realidad social y política que les tocó vivir. 24
  2. 2. 2 Nación Intereses de congresistas amenazan reforma de la salud El proyecto de ley radicado en el Congreso de la República, si bien reconoce problemas estructurales en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, no deja claro las medidas para combatir muchos de los males del sector. Por eso, el temor es que todo cambie de forma, pero no de fondo. Francisco Rossi, El presidente de la República, Juan Manuel Santos, presentó en compañía del ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria, el proyecto de ley 210 para reformar el sistema de seguridad social en salud. Es la segunda vez que el propio mandatario presenta un proyecto ante el Congreso, después de la ley de víctimas y restitución de tierras. Significa que es una iniciativa importante para el Ejecutivo, lo que suena bien. Pero este acto simbólico también puede ser muestra de una estrategia política. Podría verse como que Santos, pensando en la reelección, convertiría a la salud en un terreno de negociaciones, en una moneda de cambio entre intereses políticos y económicos. La propuesta es, sin ninguna duda, la respuesta del Gobierno al descontento social con un sistema que se ha convertido en una olla a presión durante los últimos cuatro o cinco años, aunque ya desde 1994 había movimientos sociales de rechazo al modelo de la Ley 100 por sus fundamentos conceptuales e ideológicos. Pero fue a partir de la emergencia social del año 2009 cuando se desató una enérgica protesta que aún se mantiene y que se fundamenta en la insatisfacción y el rechazo de los ciudadanos a las prácticas diarias del sistema, con un notable componente académico y una fuerte influencia del sector judicial (incluida la Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional). Hoy, tirios y troyanos coinciden en que la mayor dimensión de su crisis es la de la legitimidad. No todo es malo Se le debe reconocer al ministro que la propuesta presenta diferencias con respecto a las anteriores reformas (Ley 1122 y Ley 1438). Por ejemplo, las declaratorias de emergencia social fueron respuestas que podrían calificarse como Foto: archivo particular Director de la Fundación Ifarma Una de las principales críticas al sistema de salud vigente es que ha profundizado la desigualdad en atención entre regiones. arrogantes y poco democráticas, que tenían como meta una defensa sectaria del modelo. El proyecto pretende superar, y así lo establece la exposición de motivos, los fracasos de los veinte años de la Ley 100. Eso es nuevo y valioso. Los problemas que se deben resolver son: la fragmentación del financiamiento (fondo único); el deterioro de la oportunidad y calidad de los servicios (modificación de los roles de los actores y corrección de incentivos); la corrupción, especialmente en el crecimiento exponencial del gasto en procedimientos y servicios no POS (plan de beneficios con lista negativa); y la incapacidad de incorporar la atención primaria y las redes integradas de servicios. No obstante, se reconoce la existencia de unos logros: cobertura casi universal, unificación del contributivo y el subsidiado, mejor acceso a servicios y protección financiera. Más plural La propuesta concede, como ya lo había hecho el ministro, que en muchas regiones (y en especial en zonas rurales y de población dispersa) las ganancias con el modelo de aseguramiento y competencia habían sido muy pobres y que pretender un único esquema en un país tan diverso no había sido una buena decisión. La territorialización y la regionalización forman parte de los instrumentos para enfrentar esta debilidad. Además, registra varias tareas pendientes en salud pública. Pero, al respecto, considera que este déficit será abordado en el Plan Decenal, por lo cual no ocupa un espacio importante. La iniciativa se presenta simultáneamente con uno de ley estatutaria, destinado a reconocer (ratificar) a la salud como derecho fundamental y a definir sus contenidos y límites. Este elemento es también una respuesta al movimiento social por la salud, que ya había presentado el proyecto de ley estatutaria 105 ante la Comisión Primera del Senado. El texto, por desgracia, deja más preguntas que tranquilidades. Muchos aspectos cruciales, especialmente referidos a los nuevos roles de los viejos actores, no son suficientemente claros. El hecho de que se trate de una iniciativa eminentemente política puede explicar este rasgo, que pareciera extraño en un ministro de origen académico. Esperanzas a medias Las ambigüedades han llevado a que algunos críticos consideren que se pueda tratar de un cambio de nombres para regresar a más de lo mismo. Por eso, por ejemplo, se esperaría que todos los congresistas que tengan participaciones en EPS, IPS o gremios, que hayan recibido apoyo financiero para sus campañas por actores interesados y que tengan deudas morales por su responsabilidad en descalabros institucionales o algún otro conflicto de interés dieran un paso al costado y se abstuvieran de deliberar y de votar. Las sesiones deberían ser abiertas y de frente al país. Finalmente, es necesario examinar cómo el proyecto enfrenta el gasto desbordado en servicios no POS. Su exposición de motivos atribuye gran peso a la “desactualización” del POS como factor explicativo. Pero, en otras presentaciones, el ministro ha sugerido que fue más la consecuencia de un fenómeno de “alineación perversa de incentivos” –una manera sutil de llamar a la corrupción–. De cualquier modo, propone el fin de los recobros y el cambio a una lista negativa de exclusiones “razonables”. Aun sin claridad sobre su significado, la propuesta parece un punto de partida bastante más justo que las amenazas de emergencia social o los fallidos intentos de actualización a cargo de la extinta Comisión de Regulación en Salud (CRES). Ella angustia mucho a los médicos –compañeros de fórmula del presidente para la foto–, que siempre vieron en el POS una amenaza a la autonomía médica, y a la gran industria farmacéutica, que ha hecho de la autonomía médica su negocio más rentable en Colombia y en el mundo. El proyecto incluye medidas sobre cuyo futuro se puede ser escéptico, como el retorno al Ministerio de la política de precios de medicamentos, con un carácter público de la información de precios y vigilancia de las tecnologías en salud. Estas propuestas, sin duda, comprenden pronunciamientos categóricos del Ejecutivo en temas que fueron objeto de controversia en los últimos años. Director: Jaime Franky Rodríguez 165 abril de 2013 Coordinación periodística: Nelly Mendivelso Rodríguez Coordinación editorial: Carlos Andrey Patiño Guzmán Comité editorial: Astrid Ulloa, Jorge Echavarria Carvajal, Horacio Torres, Luis Carlos Colón, André N. Roth, Juan Álvaro Echeverri, Álvaro Zerda Diseño y diagramación: Ricardo González Angulo Corrección de estilo: Fernando Gaspar Dueñas Gestión administrativa: Jaime Lesmes Fonseca Impresión: CEET, Casa Editorial El Tiempo Las opiniones expresadas por los autores y sus fuentes no comprometen los principios de la Universidad Nacional de Colombia ni las políticas de UN Periódico Versión digital: www.unperiodico.unal.edu.co • Correo electrónico: un_periodico@unal.edu.co Teléfonos: 316 5348 y 316 5000, extensión: 18384 • Fax: 316 5232 • Edificio Uriel Gutiérrez, carrera 45 n.º 26-85, piso 5.º • ISNN 1657-0987
  3. 3. Economía Facultad de Economía, Universidad Nacional de Colombia en Bogotá Colombia sigue siendo un país en desarrollo. La abundancia y la intensidad del consumo moderno, evidente en algunas zonas de las grandes ciudades, contrasta con los enormes cinturones de pobreza urbana y rural. La infraestructura de transporte para integrar la economía del país y articularla con el resto del mundo tiene un atraso de varias décadas. La corrupción y la violencia endémica son los mayores problemas de desviación y destrucción de los recursos del desarrollo y reflejan la marcada debilidad institucional colombiana como proyecto de sociedad moderna. Son consecuencia de la escasa eficacia de los arreglos institucionales y de la deficiente gestión de los asuntos nacionales para consolidar un modelo de sociedad viable. En el lenguaje de los economistas, las soluciones van de la mano del crecimiento. Por tal razón, quienes llegan a cargos de gestión económica le asignan gran prioridad a este objetivo. Es cierto que buena parte de las dificultades requiere un escenario de incremento del ingreso nacional, pues cualquier medida demandará necesariamente una disponibilidad de recursos adecuada. Lo que está en discusión no es la búsqueda de este objetivo, sino la manera de inducir sus mecanismos estructurales, a fin de garantizar su sostenibilidad y hacer que las soluciones tengan alcance de largo plazo. ¿Lo minero-energético debe liderar el modelo de desarrollo? Un desafío decisivo a mediano y largo plazo es el de canalizar los ingresos financieros del sector extractivo hacia el desarrollo de nuevas capacidades de producción que aprovechen y cultiven el talento de los colombianos para innovar y crear riqueza. Foto: Víctor Manuel Holguín/Unimedios José Guillermo García Isaza, 3 165 abril de 2013 Sin valor agregado Para muchos colombianos no es muy claro el papel del comercio exterior, como no sea el de la importación de bienes que les permiten mantener algunos estándares de consumo moderno basados en tecnologías de reciente generación. Sin embargo, cuando se aprecia el papel crucial que este tiene para la economía nacional, se encuentra que el patrón de especialización del país sigue basado en productos primarios, de origen natural, con escaso grado de transformación y generación de valor agregado. En el siglo XX, este patrón estuvo concentrado en el cultivo y exportación de café, junto con otros productos de menor alcance. De ahí la importancia de ese sector. Pero, en las últimas dos décadas, el mercado internacional del grano ha sufrido cambios notables de organización y estructura, a los cuales se suma un escenario interno desfavorable que ha terminado por desalentar su producción. Hace algunas semanas, los cafeteros reclamaban apoyo del Gobierno frente a la caída de sus ingresos, causada por la disminución del precio y la revaluación que registra el peso frente a los mercados externos. Esta situación plantea un doble interrogante sobre la causa de la revaluación y sobre el patrón estructural de desarrollo de la economía. En este siglo, ante la creciente demanda de materias primas en el mercado mundial, se hace hincapié en las ventajas que tiene para el país aprovechar sus inmensos recursos minero-energéticos a fin de impulsar el crecimiento a través El auge de recursos por la extracción minero-energética debe verse reflejado en una mayor infraestructura en todas las regiones del país, no solo en el centro. de las exportaciones. Las políticas públicas han sido explícitas en ese sentido. De hecho, del total de la inversión externa registrada en los últimos cinco años, el 60% se concentró en dicho sector, con exportaciones que en el año 2012 alcanzaron los 44.107 millones de dólares (valor que supera, por sí solo, el total de las del año 2010: 39.713 millones de dólares). Así pues, un desafío decisivo a mediano y largo plazo es el de canalizar sus ingresos financieros hacia el desarrollo de nuevas capacidades de producción que aprovechen y cultiven el talento de los colombianos para crear riqueza y valor agregado. El Plan de Desarrollo del Gobierno se propuso impulsar el crecimiento con base en cinco ejes impulsores (o locomotoras). Un balance actual permite apreciar que el de infraestructura de transportes apenas prende motores; los de agricultura y vivienda avanzan lentamente; y el único que alcanza velocidad de crucero es el de minería y petróleo. El más rezagado es el de la innovación, justamente el más estratégico para lograr crecimiento a largo plazo mediante la creación y diversificación de nuevas actividades. Efectos colaterales Los ejes llamados a fortalecer y dinamizar estructuralmente el mercado interno no tienen la fuerza necesaria para proveer un ritmo de crecimiento fuerte y constante. Por su parte, el minero y extractivo está en pleno auge y es el que viene dando el mayor impulso al progreso económico. Se ha visto beneficiado por el ascenso de las economías emergentes, que han aumentado la demanda internacional por los recursos del subsuelo. Esto ha mantenido altos sus precios –lo que refleja su grado de escasez relativa a nivel internacional– y, por ende, ha estimulado las inversiones a un ritmo mayor que en otras actividades. Para una economía como la colombiana, esta situación parece en principio favorable. Pero no lo es del todo, pues depende de la forma como ese crecimiento sirva para promover y transmitir sus beneficios a los sectores más orientados al mercado interno. En efecto, a corto plazo, es una opción para impulsar la economía. Pero, si no se reconoce que dichos recursos son limitados y agotables, resulta dudoso que se pueda lograr un crecimiento sos- tenido en el tiempo. Sin ahondar en la incidencia sobre el medioambiente, sus efectos son tres, principalmente. El primero se refiere al aumento del ingreso, y se relaciona con el incremento de la producción. El segundo, ligado al primero, tiene que ver con la renta que se distribuye y sirve para financiar las inversiones de desarrollo mediante el mecanismo de distribución de regalías. Y el tercero es su incidencia sobre el precio macroeconómico de la tasa de cambio: estimula la revaluación por los efectos sumados de aumento de exportaciones y de inversión extranjera, factores que presionan a la baja el precio de las divisas externas. Este último, es el de mayor impacto en lo macroeconómico, con consecuencias desiguales entre los diferentes sectores de la estructura productiva. Así, mientras que las inversiones, la producción y las exportaciones crecen en los extractivos, la revaluación perjudica a otros, que ven limitada su competitividad y sus ingresos. Y son, justamente, estos últimos de los que dependerá en buena medida alcanzar la sostenibilidad económica y social necesaria para lograr una disminución consistente de la pobreza en el futuro.
  4. 4. 4 Debates La producción, el tráfico y el consumo de sustancias psicoactivas es un fenómeno global, aunque afecta con mayor rigor a los países productores debido a la presencia de poderosas redes de traficantes. Asimismo, son globales los movimientos sociales y las corrientes de opinión comprometidas con el reconocimiento del fracaso de la guerra contra las drogas. Son incuestionables las profundas asimetrías en términos de violencia, pérdida de vidas humanas, desplazamiento de poblaciones y criminalización de vastos sectores de población campesina e indígena y de los asentamientos más vulnerables de las ciudades de los países productores. Dos estados de los EE. UU. aprobaron recientemente en un plebiscito el uso recreativo de la marihuana y otros doce, sus usos terapéuticos. El Gobierno estadounidense ha eliminado la expresión “guerra contra las drogas” como punto de partida de nuevas perspectivas de acción. A la par, el Gobierno de Uruguay saca adelante una iniciativa legislativa para legalizar la producción y el consumo de cannabis. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, promueve el debate sobre el fracaso de esta guerra en foros internacionales. Más aún, desde hace muchos años, varios países europeos descriminalizaron el consumo, para centrar sus esfuerzos en programas de prevención y atención de la narcodependencia. En Europa, Uruguay e, incluso, algunas regiones de EE. UU., están surgiendo distintas reflexiones sobre cómo abordar el problema del comercio ilícito de estupefacientes. Los diálogos de paz en Colombia son el escenario para plantear salidas, que estarán directamente relacionadas con el bienestar de los campesinos, la equidad y la distribución de la tierra. Discurso contra las drogas debe cambiar Foto: cortesía El Tiempo Fernando Franco, Mesas de trabajo regionales para contribuir al fin del conflicto Centro de Pensamiento y Seguimiento del Proceso de Diálogos de Paz Universidad Nacional de Colombia en la Amazonia 165 abril de 2013 Enfoques de discusión Este estado de opinión, que se abre con fuerza a nivel global, favorece condiciones apropiadas para alcanzar acuerdos sobre los cultivos de coca, amapola y marihuana, en la mesa de negociaciones entre la guerrilla de las Farc y el gobierno Santos. Más favorable aún es el espacio abierto en la agenda de negociación de La Habana sobre el tema agrario, que determina la suerte de los desplazados por la violencia y de los campesinos e indígenas sin tierra u obligados a sembrar estos cultivos. Ellos sufren en carne propia la violencia y la devastación que se desprende de tales actividades. Algunos de los elementos estratégicos por considerar son los siguientes: Primero: ni el Estado ni la guerrilla tienen el poder y la capacidad de acabar este fenómeno. Segundo: pueden definir una hoja de ruta que les permita llegar a acuerdos, según sus posibilidades, dentro de un proceso de resolución del conflicto de las drogas. Tercero: la lucha contra las organizaciones criminales actuales y las que puedan surgir en el futuro debe estar siempre presente en las conversaciones, para salirle al paso a las fuerzas interesadas en que las negociaciones fracasen. Cuarto: la economía de los estupefacientes se articula de manera perfecta con las características predominantes de la economía mundial, pues se mueve libremente en los mercados globales en concordancia con las fuerzas del mercado y las políticas de control. Descriminalizar a campesinos e indígenas dedicados a cultivos ilícitos debe ser parte de una política de Estado. Nuevas acciones Una agenda que agrupe todas las iniciativas de los distintos sectores de opinión tendría que abarcar una larga lista de acciones. Para empezar, acabar inmediatamente las fumigaciones aéreas y manuales; ejecutar programas de reforma agraria, que distribuyan predios a campesinos e indígenas sin tierra; y restituir y titular tierras a los desplazados. Igualmente, desarrollar proyectos de producción, transformación y comercialización de otros cultivos y actividades rurales según los principios de las cadenas sostenibles de valor (precios de sustentación y subsidios, etc.) hasta hacer realmente viables las alternativas propuestas para cada región o condición socioeconómica. Asimismo, descriminalizar a los campesinos e indígenas dedicados a estos cultivos y permitir la erradicación voluntaria y progresiva. Profundizar las políticas públicas y los instrumentos legales para combatir las bandas criminales y el delito, así como consolidar anillos de protección de los territorios cobijados por los programas y proyectos derivados de los acuerdos de paz. Además, implementar políticas de salud pública, educación, empleo y divulgación según el principio de reducción del daño. Revisar y reformar del Código Penal y las leyes antidrogas que contemplen la gradación y la proporcionalidad de las penas para los delitos menores relacionados con su transformación, tráfico y posesión. Y contemplar la despenalización del consumo personal y promover usos lícitos de derivados de plantas con principios psicoactivos. Los Estados comienzan a tomar medidas para flexibilizar las estrategias interdictivas más allá de convenios globales o presiones externas. Es imperativo desideologizar el debate sobre la despenalización de la producción y el consumo, dado el fracaso de la “guerra contra las drogas”. En este debate deben participar todas las fuerzas sociales, económicas y políticas, además de los organismos públicos, nacionales e internacionales, vinculados a la interdicción y control del fenómeno. Para ello, se debe reforzar el diálogo y consolidar los pactos entre los países andinos, en el marco de la CAN y Unasur. Además, se debe garantizar la participación de la sociedad civil en estas instancias. Igualmente, hay que poner en marcha el Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de Drogas de Unasur y blindar las instituciones democráticas contra el financiamiento ilícito de la actividad política electoral. No más “guerra contra las drogas”* “La violencia y el crimen organizado asociados al tráfico de drogas ilícitas constituyen uno de los problemas más graves de América Latina. Frente a una situación que se deteriora cada día, con altísimos costos humanos y sociales, es imperativo rectificar la estrategia de ‘guerra contra las drogas’ aplicada en los últimos treinta años en la región. Las políticas prohibicionistas están basadas en la represión de la producción, en la interdicción del tráfico y de la distribución y en la criminalización del consumo. Sin embargo, estas no han producido los resultados esperados. Estamos más lejos que nunca del objetivo de erradicar las drogas”. * Declaración de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia. Río de Janeiro, 2011.
  5. 5. Especial Educación superior 5 Hay que revaluar el concepto de servicio en educación El análisis económico que rige hoy la política educativa ignora que la educación no es un producto de manufactura. La educación es un servicio personal y, por lo tanto, debe prestarse con la colaboración y el compromiso del usuario. Carlos Miñana Blasco, 165 abril de 2013 En los últimos dos años, en el debate sobre la reforma de la educación superior, se ha resaltado la idea de derecho y, a veces, se ha asociado el concepto de servicio a su mercantilización y privatización. Pareciera como si se hablara de “servicio” a costa de “derecho” y como si su inclusión en la Constitución hubiera sido una especie de “mico” legal o inciso para debilitarlo. Pero, por el contrario, los mismos constituyentes establecieron la educación como derecho y trataron de introducir el texto de “servicio público a cargo de la nación”. Tal vez no se ha reflexionado lo suficiente sobre las implicaciones de que la educación sea pensada y considerada como un servicio. Si se la analiza según la economía y la gestión de los servicios, pierden fundamento la mayoría de los conceptos desde los cuales se maneja a diario la política educativa en el país. Ya que el análisis económico es el que rige hoy la política del sector, cabe hacer un breve ejercicio con herramientas teóricas más adecuadas, pues la educación no es un producto de manufactura. Para empezar, los servicios personales no pueden prestarse sin la colaboración y el compromiso del usuario; es decir, literalmente son coproducidos por él. Los estudiantes –en el marco de la teoría económica y la mercadotecnia de servicios– no son el producto por transformar (alumnos formados), sino que son los usuarios coproductores: un estudiante no se forma si no pone de su parte. Para que un servicio se personalice –algo fundamental en su calidad– el productor y el usuario deben colaborar. Los profesores, más que productores, son cousuarios, que también aprenden (se transforman). Además, la necesidad que el servicio debe satisfacer no está previamente establecida, sino que se revela en la interacción entre docentes y estudiantes. Superar los simplismos Dado lo anterior, la relación pedagógica no es unidireccional, por cuanto los docentes no son solo “recursos humanos”. Ellos son agentes con autonomía y flexibilidad, tanto para entender, definir y configurar el servicio como Foto: Andrés Felipe Castaño/Unimedios Programa RED y Programa Interdisciplinario en Política Educativa (PIPE) Universidad Nacional de Colombia en Bogotá Si se va a pensar la educación desde la economía, vale la pena revaluar los conceptos de usuario y de servicio educativo y distanciarse del modelo de la nueva gestión pública. para desarrollarlo; pues gozan de “libertad de cátedra”, algo que ha caracterizado históricamente a las universidades. La coproducción se da también entre pares y, como ha mostrado Judith Harris (1998), los estudiantes tal vez tienen mayor peso que los profesores en los procesos de formación. Más aún, la labor de algunos de ellos está institucionalizada en las universidades, como es el caso de los monitores y alumnos de posgrado que hacen las veces de profesores auxiliares. Además, hay personal de apoyo que interviene, a veces casi que al mismo nivel de los docentes, como sucede con algunos coordinadores de aulas de informática, laboratoristas o bibliotecarios. En los servicios personales, los insumos y los productos son difíciles de establecer y deben pensarse como procesos (Lovelock, 2007). Se caracterizan por sus diferentes grados de estandarización. Y La educación –según la literatura especializada en gestión– es tal vez el menos estandarizable; lo que hace sospechar de los simplismos de algunos indicadores y “estándares de calidad” actualmente en uso. Estas consideraciones repercuten en la concepción de los procesos de formación, en la manera como se piensa la economía y la financiación del sector y en la forma como se concibe la prestación del “servicio” y su evaluación. Pareciera que algunas personas e instituciones con poder de decisión y de influencia en la política pública no conocieran de pedagogía ni tampoco de la economía de los servicios. Siguen pensando la educación con las lógicas de una producción de manufacturas, desde modelos input-output, tratando de hallar variables independientes. Siguen creyendo en fórmulas mágicas que ofrecen algunos mercaderes del “éxito”, sin considerar el papel de la coproducción y de los deseables procesos emergentes y no previsibles que tienen lugar en la prestación de este tipo de servicios. Un modelo nocivo La introducción del modelo de la nueva gestión pública (new public management) y de las políticas de focalización en la gestión de la educación superior, especialmente desde finales de los noventa, ha contribuido a enrarecer las relaciones de los Gobiernos con las universidades y a configurar un marco en el que todas las instituciones compiten entre sí, en lugar de colaborar para mejorar el país y la formación. Según este modelo (Schröder, 2001), las universidades serían las ofertantes y habría competencia entre estatales y privadas (financiación de la demanda). A ellas no les correspondería definir los “qué” (dimensión estratégica, a cargo del Legislativo) ni los “productos”, sino únicamente los “cómo”. Competirían entre sí para ampliar la oferta ante el Ministerio de Educación, que se desentendería de su responsabilidad de garantizar el servicio y su calidad. Su papel sería el de un contratante omnipotente que evalúa la calidad y contrata “empresas educativas” en un contexto de mercado. Con esta lógica, se pensó el proyecto de reforma de la Ley 30 de 1992 presentado al Congreso como uno orientado no a asegurar el servicio ni a proveer los medios para que las universidades desarrollen su labor con autonomía, ni a hacer que el Ministerio esté del mismo lado de las instituciones de educación superior, sino como uno dirigido a regular y controlar a sus contratistas (las universidades). Así, ante la presión y el poder del que maneja los recursos, las instituciones orientan su acción a complacerlo. Los estudiantes y docentes terminan reducidos a una especie de menores de edad que deben cumplir con las exigencias del Gobierno. Entonces, se esfuma la magia de la coproducción, se desdibuja el usuario y su poder emergente, desaparece el usuario-ciudadano como sujeto de derechos y aparece en su lugar un “beneficiario”, un “usuario-dominado-administrado por el Estado”, una materia prima para transformar. Si se va a pensar la educación desde la economía, vale la pena revaluar los conceptos de usuario y de servicio educativo y distanciarse del modelo de gestión del new public management y de las políticas de “focalización” destinadas a aquellos que no son considerados por la administración como usuarios o ciudadanos, sino como beneficiarios. De otro modo, las universidades perderían su magia, su legado histórico, su autonomía, su capacidad creativa e innovadora y se convertirán en empresas prestadoras de un servicio para “beneficiarios” a los que no se les reconoce su poder como “usuarios” en la coproducción de su formación.
  6. 6. 6 Especial Educación superior Ciudadanos críticos y cualificados, lujo que el país debe darse En las últimas décadas se ha intentado reformar la universidad desde una perspectiva económica ortodoxa (“racionalizarla”). La Ley 30 fue promulgada en un contexto de entusiasmo neoliberal. Para unos, quiso proteger a la universidad pública de vientos adversos, y en buena parte lo logró. Para otros, quiso congelar su presupuesto, y esto en buena parte no lo logró. Estas siguieron creciendo, ya sea vendiendo servicios o logrando que el Congreso les aprobara un impuesto local, la “estampilla”. Pero el número de estudiantes creció aún más. Así, lograron mayor eficiencia, suponiendo que la calidad no se hubiera afectado. Hoy, ese enfoque presenta serios síntomas de crisis. Aunque en Colombia la cobertura se ha ampliado notoriamente en los tres niveles de educación, el número de alumnos por profesor no ha dejado de reducirse y en la secundaria y en la superior ha crecido notablemente. En esta variable tan relevante para la calidad, el país se compara muy desfavorablemente con los promedios de América del Norte, Latinoamérica y el Caribe (mientras que en Colombia la tasa de alumnos por profesor es de 27,6 para primaria y 25,6 para secundaria; en Latinoamérica y el Caribe es de 22,0 y 16,52 y en Norteamérica, de 13,8 y 12,6, respectivamente). Para la educación superior, el promedio de estudiantes por profesor de tiempo completo en los EE. UU. estaría entre 12 y 20 y en Colombia, en 28 (cifra muy similar a la de la UN). Tanta eficiencia, según los criterios de la vieja economía, en vez de maravillar, asusta. 165 abril de 2013 Los comportamientos Una nueva corriente en economía y ciencias sociales puede alimentar una mirada refrescante sobre el asunto, aun si, según el propio Jon Elster (teórico político y social noruego), la teoría de la elección racional sigue siendo la corriente principal en las ciencias sociales. Este enfoque supone un sujeto racional que, dados un deseo y unas creencias, emprende una triple optimización: “la acción debe ser óptima, dadas las creencias; las creencias deben tener el mejor respaldo posible, dadas las pruebas; y las pruebas deben ser el resultado de una inversión óptima en la recolección de información” (Elster, 2011). La nueva economía, por el contrario, estudia los mecanismos que llevan al sujeto a actuar de manera (aparentemente) irracional. Se dedica, por ejemplo, a comprender cómo en un mismo comportamiento pueden coexistir, e incluso confluir, motivaciones altruistas y egoístas. Esta ya no ve como “externalidades” las pasiones o las normas sociales. Cabe ilustrar tres avances puntuales de la nueva economía, entre Una nueva corriente en economía y ciencias sociales puede alimentar una mirada diferente sobre la educación superior, aun cuando la teoría de la elección racional siga siendo la corriente principal en las ciencias sociales. Foto: Andrés Felipe Castaño/Unimedios Antanas Mockus, Exrector de la Universidad Nacional de Colombia Tener al mismo tiempo los estudiantes más críticos y los profesores más dedicados a la investigación es el proyecto de facto y de jure de la UN. muchos otros, que podría tener en cuenta una política pública para la educación superior colombiana. Aversión a la pérdida. Al contrario de lo que dicen el sentido común y la economía tradicional, perder 10 unidades no se compensa encontrando otras 10, sino de 23 a 27. Este fenómeno ayuda a comprender por qué ciertos procesos de gestión en la universidad, como la asignación de puntaje por evaluación o por productividad, son tan dolorosos. Recibir menos de lo esperado se experimenta muchas veces como una pérdida. Pensar con el deseo. Por ejemplo, lo hace quien se juzga como buen profesor por los resultados de su mejor estudiante, pero ignorando su fracaso con los otros alumnos. Actuar por una razón. A veces, introducir alternativas (aparentemente) irrelevantes puede afectar los resultados. Durante mi rectoría, los nuevos estudiantes tuvieron un reajuste de sus matrículas (sensiblemente mayor para los que provenían de familias de ingresos altos). A los que ingresaron con anterioridad se les dio a escoger entre no pagar nada, pagar el 50% o pagar el 100%. Para muchos, el 50% era una buena opción de compromiso. Permitía satisfacer ambos tipos de motivos, egoístas y altruistas. Cerca del 10% de los alumnos antiguos pagaron, pudiendo no hacerlo, y casi todos ellos optaron por pagar el 50%. Conclusiones Producir más con menos puede multiplicar efectos perversos. Actualmente no existe en Colombia una visión de país que determine un rumbo claro para la educación superior. Una poco rigurosa, a medias, puede estar contribuyendo a un deterioro de la probidad pública y personal. Tener al mismo tiempo los estudiantes más críticos y los profesores más dedicados a la investigación es el proyecto de facto y de jure de la UN. ¿Por qué perseguir los dos objetivos en una misma institución? Porque el país necesita cualificar sus voces más críticas. La doble misión de la UN incrementa notablemente los costos por estudiante. La formación de ciudadanos críticos y la cualificación de una comunidad académica relativamente independiente de las élites económicas y políticas es un lujo que Colombia debe darse. La ausencia de cualquiera de estas dos condiciones afecta bastante la calidad de la política en el país. Se necesita que, al menos en algunos espacios selectos, se aprenda que el ejercicio de la libertad de pensamiento y de expresión solo encuentra contención legítima en el rigor argumentativo y en la emoción que despierta el arte. ¿Que este ideal no siempre se realiza? ¿Que la rebeldía a veces deviene en inútil destrucción? ¿Que la investigación no se conecta sufi- cientemente con el país real? ¿Que en nombre de la crítica a veces se cometen atropellos a la docencia y a la investigación? Cierto. Pero que todo eso ocurra a veces no puede llevar a abandonar esos ideales. Dadas las desigualdades y las incomunicaciones existentes, hay que persistir. El gran reto es distribuir adecuadamente nuestros esfuerzos durante los próximos cincuenta años. En el periodo de 1980 a 2012, EE. UU. logró que el promedio de años de escolaridad de sus adultos (más de 25 años) subiera de 11,9 a 13,3, mientras que Colombia daba un salto más grande, de 4,3 a 7,3. En el mismo periodo, los años de educación esperados para los niños que nacían en EE. UU. subieron de 14,1 a 16,8 y en Colombia, de 8,9 a 13,6 (Banco Mundial, 2001). Estamos creciendo en cuanto a años de escolaridad en adultos a más del doble y en niños(as), a una velocidad superior al 74%. Una vez acordada la meta de “alcanzar a los EE. UU.”, en cantidad y en calidad educativa, y hecha la correspondiente planeación en el tiempo y en el territorio, no habrá excusa para retrasarnos. Tal vez nos tome dos generaciones llegar a una Colombia plenamente educada. Las bases de una política pública en materia de educación superior deben reflejar metas ambiciosas en lo cuantitativo, pero también cambios cualitativos sustantivos.
  7. 7. Especial Desde los años sesenta, cuando un pequeño grupo de universidades norteamericanas consiguió cuantiosos recursos y becas para patrocinar sus investigaciones –especialmente en el campo de las ciencias físicas y naturales–, la financiación de proyectos cruciales fue posible gracias a fondos que se incorporaron a los presupuestos de funcionamiento de las nuevas “universidades de investigación”, categoría que trascendió las habituales de “privadas” y “estatales o públicas”. Con el tiempo, la competencia por obtener dineros adicionales incorporó la estrategia de la cooperación, no solo entre instituciones, sino también entre científicos de diferentes disciplinas. Simultáneamente, el crecimiento demográfico y económico provocó un cambio significativo en su estructura. Así, por ejemplo, los campus históricos se transformaron en sistemas de múltiples sedes que abarcan áreas geográficas extensas o remotas. El argumento principal para promover la creación de nuevas sedes y campus fue la necesidad de atender a más estudiantes y de llevar la formación de calidad a otras regiones. El medio para lograrlo fue la financiación estatal, que optimizaba así los recursos sin tener que fundar nuevos centros académicos. En el país, la Universidad Nacional de Colombia es un ejemplo de esta transformación, con la consolidación de siete sedes y su apuesta por la investigación. 7 Gobierno debe fortalecer IES con potencial de excelencia Modernizar y financiar las universidades que tienen potencial de sobresalir mundialmente debe ser una de las apuestas del Gobierno. El país necesita instituciones de excelencia. La política de repartir un escaso presupuesto adicional en igual proporción pone en riesgo la influencia académica y el respeto internacional de las mejores universidades. Foto: Andrés Felipe Castaño/Unimedios Ignacio Mantilla Prada, Rector de la Universidad Nacional de Colombia Educación superior 165 abril de 2013 Mejorar la categoría Aquellas instituciones de educación superior (IES) que optaron por este camino recibieron un impulso dinámico gracias a fondos externos que se sumaron a sus presupuestos (o que, al menos, así fueron contabilizados). Lo que a menudo se pasó por alto fueron los costos adicionales ocultos que acarreaban los proyectos y los investigadores, derivados de las nuevas sumas presupuestales que debían disponerse para mantener, por ejemplo, las instalaciones de alta calidad que se necesitaban o para pagar salarios mayores a profesores más calificados y motivados a aumentar su propia productividad académica. Las universidades tampoco han escapado al entorno social globalizado, en donde lo normal es lo impredecible. La academia actual debe responder con prontitud y de manera acertada, soportando presiones políticas, sociales y económicas. Y surgen ahora nuevas categorías de centros que se destacan por su alta calidad, como las “universidades de excelencia”. Estas no solo son responsables del desarrollo de la ciencia y la tecnología, sino también de la cultura, la formación general, el conocimiento y la capacidad de comprender lo que sucede en el país y en el mundo. Especialmente en la última década, tener IES de esta categoría se ha convertido en un propósito y en una preocupación cada vez más grande para algunos países y sus Gobiernos. De todo lo que se les pueda defender o criticar, hay algo que todos aceptan: la calidad de excelencia con que desempeñan sus funciones debe considerarse nor- Urgen universidades reconocidas por la superioridad de sus resultados y que formen profesionales excepcionalmente calificados. mativa para otras instituciones. Colombia necesita y merece universidades de excelencia, apreciadas así por la sociedad, pero muy especialmente por el Gobierno: aquellas que hacen relevantes contribuciones al progreso del conocimiento mediante la investigación; las que enseñan con los programas de estudios y los métodos pedagógicos más innovadores, en las condiciones más propicias; y las que hacen de la investigación un componente integral de la enseñanza en pregrado. Urgen universidades reconocidas por la superioridad de sus resultados, que formen profesionales excepcionalmente calificados: destacados por su éxito en ámbitos altamente competitivos durante su formación y después de su graduación; sumamente demandados en el mercado laboral; que llevan a cabo pesquisas de vanguardia; publican en las principales revistas científicas; y contribuyen con innovaciones técnicas a través de patentes y licencias. Modernizar las existentes El papel del Estado en fomentar el crecimiento de la educación de excelencia es un factor crítico. Es poco probable que una institución pueda alcanzar rápidamente esa categoría sin un entorno político favorable y apoyo público, debido, sobre todo, a los altos costos invo- lucrados en la creación de capacidades e instalaciones avanzadas. El Gobierno debe considerar la posibilidad de mejorar aquellas que posean el potencial de sobresalir. Pero, para eso, tiene que entender que el país necesita universidades de excelencia. Tiene que estar decidido a modernizarlas, financiando su transformación y garantizando su sostenimiento, con la conciencia de que la abundancia de recursos es un elemento que caracteriza a la mayoría de las academias de ese nivel. ¿Cómo se financiará la transformación? ¿Qué proporción del gasto debería hacer parte del presupuesto público? ¿Qué sistemas de control, indicadores de resultados y mecanismos de rendición de cuentas se utilizarán? Estos son algunos de los interrogantes. Un caso ejemplar que merece destacarse es el esfuerzo que ha hecho Alemania, recientemente imitado por Francia, para reforzar sus mejores universidades y así llevarlas al grado de excelencia. Mediante una clasificación efectuada en el año 2006, llamada “iniciativa de excelencia” (Exzellenzinitiative), se dio un primer impulso financiero por cinco años a nueve de ellas (de las cerca de cien existentes) equivalente a 1.900 millones de euros. En el año 2012, se extendió por cinco años más el aporte federal, ahora de 2.700 millones de euros, para fortalecer una decena de ellas consideradas “de excelencia” y consolidar así la formación de futuros científicos y la investigación. En Colombia, por el contrario, se pretende repartir un escaso presupuesto adicional en igual proporción entre todas las universidades públicas o, peor aún –recurriendo a un extraño modelo “solidario”–, en proporción inversa a sus presupuestos, lo que no protege a las de mayor potencial y mejores resultados. Esta política conducirá, indefectiblemente, a una nivelación con criterios políticos que no estimula su excelencia, desalienta a las mejores y pone en riesgo su influencia académica y el respeto internacional. La medida es contraria a las recomendaciones hechas en el reciente informe del Banco Mundial y la OCDE, financiado por el mismo Gobierno nacional. Este sostiene: “Colombia debe tratar de conseguir que su sistema de educación superior pueda competir con los mejores del mundo, y debe estar dispuesto a adoptar medidas y realizar reformas valientes para lograrlo. [...] Debe aumentar la inversión en la educación de posgrado, la investigación y el desarrollo”. La atención urgente de estas recomendaciones y la decisión política de crear universidades de excelencia en el país no dan más espera.
  8. 8. 8 Especial Educación superior Soberanía sin educación debilita las fronteras La presencia del Estado en las regiones fronterizas no debe limitarse al poderío militar y de las autoridades civiles. La principal fortaleza de un territorio esta en el bienestar y la cohesión de sus habitantes. La mejor herramienta para empoderarlos es la educación. César Páez, 165 abril de 2013 Durante los últimos meses, como pocos en la historia reciente del país, los colombianos hemos sido conscientes de lo vulnerable que puede ser la integridad de nuestro territorio, a pesar de que la vida republicana de nuestra nación estuvo marcada durante más de un siglo por un largo y, en algunos momentos, doloroso proceso de definición de fronteras. La escisión de gran parte de nuestro mar Caribe en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es un episodio diferente a los otros que han marcado nuestra historia e integridad territorial: no provino ahora de las acciones expansionistas de potencias extranjeras, sino de la decisión jurídica de una institución internacional reconocida voluntariamente por nuestro Estado. Sin duda, el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya fue un golpe muy fuerte que se sintió profundamente en la piel de nuestra soberanía nacional. Pero este es de naturaleza diferente a los que hemos recibido en otros momentos de nuestra historia, en los que ha quedado la impresión de que ha sido por la debilidad militar del Estado y la ausencia de sus autoridades en los territorios vulnerados. Sin que podamos descartar la fuerza bélica –que sigue manifestándose trágicamente en varias regiones del mundo–, nuestra experiencia traumática reciente parece confirmar que, en el sistema internacional actual, la soberanía parece depender cada vez menos del poderío militar, inútil frente a amenazas de naturaleza inmaterial, y cada vez más de la presencia viva de las instituciones del Estado. Aunque es entendida muchas veces como la presencia de las autoridades civiles y militares a lo largo y ancho del territorio que administran y protegen, la verdad es que la acción estatal no debe y no puede limitarse solo a esto. Por el contrario, su presencia debe contribuir al bienestar y a la cohesión de sus habitantes. Esto ha sido entendido por la Universidad Nacional de Colombia desde muy temprano, cuando comenzó su tarea integradora con las sedes de Medellín, Palmira y Manizales, sucesivamente. Las fronteras no son solamente los territorios más sensibles para la soberanía nacional, también deben serlo para el desarrollo y el bienestar de los habitantes de un país. Descentralización a medias Estas líneas divisorias, artificialmente trazadas, que pueden coincidir o no con las de la naturaleza, son en muchos casos verdaderas zonas de contacto entre comunidades humanas que se mezclan sin consideraciones de banderas o lenguas. Desafortunadamente, en el caso colombiano, también coinciden con las regiones más olvidadas de un país que, a pesar de las políticas de descentralización que adelanta desde hace casi tres décadas, parece todavía no darle la importancia debida a su dermis, a la membrana a través de la cual se pone en contacto y se comunica con el mundo. Paradójicamente, contrario a lo que sucede en muchas partes del mundo, las zonas de frontera en Colombia presentan un desarrollo económico menor que el del resto del país. Desde 1994, cuando en Leticia se fundó la primera sede de lo que entonces se llamó “presencia nacional”, la UN ha estado de modo continuo y creciente en estas zonas. Consciente de que cada una de ellas tiene unas condiciones naturales y sociales específicas, que reflejan la diversidad natural y étnica de nuestro país pero también la de los problemas que debe enfrentar nuestra sociedad, la Institución ha venido desarrollando su misión en estos territorios. Hoy en día, está presente en las cuatro regiones limítrofes de nuestro país: Caribe, Pacífico, Amazonia y Orinoquia, con sus respectivas sedes en la Isla de San Andrés, Tumaco, Leticia y Arauca. Se suma la del Cesar, cuyo campus se empezará a construir en el municipio de La Paz, en el Caribe continental. En ellas, no solo contribuye a la formación de sus habitantes (en algunas de ellas es la única oferta de educación superior, principalmente a través del Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica, Peama), sino también a la comprensión y solución de las problemáticas que los afectan y al aprovechamiento racional y sostenible de sus recursos, incluido por supuesto el humano. Adicionalmente, las sedes de frontera se convierten en polos culturales en los que se desarrollan diversas actividades intelectuales y artísticas. Es así como el principal centro de educación superior del país cumple con su propia definición: la de ser nacional. Sede Amazonia Importancia estratégica El Amazonas colombiano es de suma importancia por su gran extensión (casi un tercio del territorio continental de nuestro país) y por su riqueza étnica y natural. Es especialmente rico en biodiversidad, en recursos hídricos y energéticos. Contexto Los retos más grandes que enfrenta están relacionados con el cambio climático, el contacto y la convivencia armoniosa de diferentes grupos humanos, la deforestación para explotar madera o sembrar cultivos ilícitos y la presencia de organizaciones de tráfico de drogas que utilizan la región para ingresar insumos químicos desde Brasil, para luego sacar la cocaína procesada hacia ese país. La contaminación debida a la elaboración de pasta de coca y de cocaína y la erradicación son factores que la afectan gravemente. A estos se suman la actividad petrolera y aurífera y el cultivo de la palma africana. Presencia de la UN A través del Peama, la UN les ofrece a ochenta estudiantes la oportunidad de ingresar a uno de 43 programas de pregrado. En cuanto a posgrados, la sede ofrece los programas de Doctorado, Maestría y Especialización en Estudios Amazónicos. Fotos: Andrés Felipe Castaño/Unimedios Internacionalista, asesor de la Vicerrectoría General Universidad Nacional de Colombia Sede Caribe Importancia estratégica San Andrés, Providencia y Santa Catalina son los territorios colombianos más adentrados en el Caribe. Son la presencia nacional en un área de especial interés geoestratégico y geoeconómico. Contexto Las consecuencias del fallo de la CIJ se suman a las problemáticas del archipiélago, que tienen que ver con la sobrepoblación, la falta de dinamismo económico y la presencia de organizaciones de tráfico de drogas que utilizan la zona como punto de reabasteci- miento y de distribución. Dentro de estas están las llamadas bacrim, cuya presencia se ha visto reflejada en un aumento de la violencia en los últimos años. El reto principal es asegurar la sostenibilidad de las actividades de pesca y de turismo. Presencia de la UN La sede ofrece la Especialización en Estudios del Caribe; la Maestría en Ciencias, línea de Biología Marina; el Doctorado en Ciencias, línea de Biología Marina; y la Maestría en Estudios del Caribe.
  9. 9. Especial Educación superior 9 PRÓXIMOS DEBATES PROCESO Sede Orinoquia Importancia estratégica La Orinoquia, que comprende territorios colombianos y venezolanos, es una región de una rica biodiversidad, abundantes recursos mineros, diversidad étnica, ganadería, petróleo y turismo. Adicionalmente, tiene una alta importancia geopolítica, pues comprende la mayor parte de nuestra frontera con Venezuela. Contexto Su mayor reto es lograr un desarrollo sostenible, en especial si se tiene en cuenta que en ella se encuentran ecosistemas frágiles que son vulnerables a la actividad humana intensiva (como las de cultivos de palma de aceite y de PAZ DE arroz o la ganadería). Otro problema grave es la presencia y actividad de actores armados ilegales, dentro de los cuales se destacan las Farc y las bacrim. Sesión 3 Presencia de la UN Cada semestre, el Peama les ofrece a noventa jóvenes la oportunidad de ingresar a cualquiera de los 72 programas de pregrado de las diferentes sedes de la UN. Además, la sede ha ofrecido especializaciones en Ciencia Política y Resolución de Conflictos, Gestión Ambiental, Salud Ocupacional, Derecho Público con Énfasis en Derecho Administrativo y Gestión y Gerencia de Proyectos Agropecuarios. Sede Medellín Víctimas 24 de abril de 2013 Sesión 4 Sede Manizales Garantías para la Participación 23 de mayo de 2013 Información Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz PBX: 604 4747, ext.: 29268 Foto: Víctor Manuel Holguín/Unimedios Organizan: Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, Unimedios y Vicerrectoría de Investigación. Sede Tumaco 165 abril de 2013 Importancia estratégica El Pacífico colombiano es de gran importancia geopolítica y geoeconómica, dado que es una región limítrofe con Ecuador y Panamá y hace parte de la Cuenca del Pacífico, una de las zonas de mayor dinamismo económico y político del mundo. Tumaco, que es uno de los dos puertos que tiene el país sobre este océano, podría ser el punto de conexión de una eventual ruta desde y hacia Brasil. Es un territorio con una inmensa biodiversidad y una enorme riqueza hidrográfica, pesquera (fluvial y marina) y de recursos minerales. Contexto La región se encuentra afectada por problemas interrelacionados. El desplazamiento forzado ha obligado a muchos pobladores a dejar sus tierras y a refugiarse en algunos centros urbanos dentro y fuera de ella. Este es causado por la actividad de grupos armados ilegales, principalmente las Farc, el ELN y las bacrim, que han llegado desde otras partes del país por la presión militar del Estado y se han establecido por medios violentos para controlar las rutas de tráfico de insumos químicos ilegales, cocaína y armas. Uno de sus problemas estructurales es la falta de fuentes de trabajo, lo que hace a los jóvenes altamente vulnerables frente a los grupos ilegales o a la migración en busca de empleo e ingresos. Desde hace algunos años, se convirtió en asiento de extensos cultivos de coca. Estos y las fumigaciones que se han hecho para erradicarlos han afectado las tierras de cultivos, tanto excedentarios como de pan coger. El monocultivo de palma de cera ha mostrado la vulnerabilidad que supone para los ingresos de los habitantes. Durante la década anterior, la pudrición de cogollo acabó con miles de hectáreas y miles de habitantes quedarán sin empleo. Presencia de la UN En la actualidad, se encuentra en funcionamiento un aula TIC, en la que ya se han ofrecido programas de extensión, y se adelantan la construcción del Centro de Estudios del Pacífico y el diseño del campus. RENOVACIÓN CAN POLÍTICAS Y EFECTOS URBANA DEL Se analizarán con expertos, representantes de medios de comunicación y otras personas generadoras de opinión pública los efectos que, sobre el urbanismo, la movilidad, el patrimonio, el medio ambiente y los espacios públicos libres de la ciudad, tendrá dicha propuesta gubernamental. Bogotá Jueves 2 de mayo de 2013 Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo Auditorio Principal, Carrera 45 N.° 26 - 85 De 7:00 a. m. a 1:00 p. m. Información Oficina de Comunicación Estratégica (Unimedios) PBX: 316 5000, exts.: 18379, 18243, 18397 Organizan: Unimedios y el Instituto de Estudios Urbanos (IEU) Transmisión en vivo por Prisma TV y UN Radio (98.5 FM Bogotá). E-mail: debatesun@unal.edu.co @DebatesUN /debatesun
  10. 10. 10 Especial Educación superior Combatir la deserción, reto de la educación superior Unimedios Como bien lo indicó el Banco Mundial en un reciente informe, el mayor reto educativo que tiene Colombia es procurar que más ciudadanos obtengan un título de pregrado, aspecto fundamental si se quiere incursionar con mucha más fuerza en la era del conocimiento y producir cambios sociales profundos. Para cumplir este objetivo, se requiere superar los principales desafíos del sector: ofrecer cobertura con calidad, garantizar acceso y permanencia y combatir la deserción (uno de los mayores males del sistema). Así lo resalta Francisco López Segrera, asesor académico de la Global University Network for Innovation (GUNI): “Nos preocupan quiénes acceden a la universidad y si hay que ampliar la cobertura. Pero hay un problema más serio y a lo mejor más grave, y es el de cuántos se gradúan”. Según estadísticas del Ministerio de Educación Nacional (MEN), de cada cien personas que ingresan a una institución de educación superior (IES), casi la mitad no logra culminar su ciclo académico y graduarse. Esta es una problemática muy preocupante que la Universidad Nacional de Colombia ha abordado en diferentes investigaciones y en la que ha trabajado a tal punto que, a la fecha, su deserción académica anual es del 7%, cifra inferior al 9% proyectado para el año 2014. Cerca del 50% de los estudiantes del sistema público de educación superior abandona sus estudios. Este es un fenómeno que, por años, ha preocupado al sector y que requiere un tratamiento especial del Estado. Los costos económicos y sociales para el país son altos. Foto: Andrés Felipe Castaño/Unimedios Leidy Castaño, 165 abril de 2013 Entender el fenómeno La UN efectuó en el año 2006 el estudio “Graduación, deserción y rezago”. En él, los investigadores tuvieron en cuenta a estudiantes de pregrado admitidos entre el primer semestre de 1996 y el segundo de 1998. Así, les hicieron seguimiento durante 14 semestres a 17.143 en los aspectos académico, social e institucional. Los principales resultados mostraron que, en el periodo de análisis, el abandono de los estudios en estos programas alcanzó el 29%, la de graduación llegó al 45% y la de rezago, al 26%. A fin de ampliar la evaluación del fenómeno, la Dirección de Bienestar de la Universidad emprendió una exploración en el nivel de posgrado. Así, le hizo seguimiento a la trayectoria de los alumnos desde el primer semestre del año 2004 hasta el segundo semestre del año 2007. La muestra escogida fue de 9.574 estudiantes. La dependencia encontró que su grado de deserción durante este tiempo alcanzó el 35%, que se graduó el 54% y que el 11% se encontró en rezago. Para el año 2012, según el Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior (SPADIES), ella alcanzó el 45,3%, lo que significa que uno de cada dos estudiantes que ingresan a ella no culmina sus estudios. Los expertos coinciden en señalar que los aspectos de índole académica y las dificultades económicas son los principales motivos de deserción de la educación superior. Además, advierte que se agudiza en los niveles técnico y tecnológico, en donde la tasa de abandono alcanza el 59,6% y el 54,7%, respectivamente. Costos Los factores causales del fenómeno son, entre otros: el género, el desaliento del estudiante, los antecedentes sociales y culturales de los padres, la formación educativa de la persona, la infraestructura de la universidad y las carencias del sistema. Lo grave es que deteriora la relación entre el Estado, la familia, las IES y el desarrollo de la nación, vínculo indispensable para el progreso del país. Sus consecuencias se traducen en la pérdida de productividad laboral por falta de capital humano formado y cualificado, lo que significa que, cuantos más estudiantes desertan, menos competitivo es el país ante las exigencias del mercado global. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en el año 2009 las economías de América Latina aún no contaban con la capacidad tecnológica ni el capital humano especializado para competir exitosamente a gran escala con otras naciones en lo que respecta a productos de alto nivel tecnológico. Por eso, resulta imperioso incrementar la inversión pública en la educación superior y en la formación en investigación. Juan Manuel Tejeiro, vicerrector académico de la UN, afirma que la educación superior es el sistema de promoción social más grande y eficiente, si se la piensa según la inversión que se hace en un estudiante durante cinco o seis años. Esa preparación necesariamente se refleja en la calidad de su trabajo y contribuye a incrementar el producto interno bruto (PIB) del país. Fortalecer la estructura productiva, favorecer el crecimiento económico y social e impulsar el progreso científico y tecnológico de los países de América Latina es responsabilidad de las IES. Ellas deben garantizar su cumplimiento graduando a los profesionales encargados de cerrar la brecha de innovación, desarrollo y bienestar entre la región y sus competidores mundiales. El sistema educativo tiene como reto establecerse en mecanismo para entregarle a la sociedad profesionales capaces de conseguir y de generar más y mejores empleos, de convertirse en la plataforma del avance de la ciencia y la tecnología y de la construcción de las políticas sociales. Puede decirse, entonces, que el nivel de educación superior que alcance una persona se refleja directamente en la remuneración e ingresos que obtenga en su vida laboral, en el progreso que consiga y en el grado de bienestar y de vida buena que pueda garantizarse a sí mismo y a los demás.
  11. 11. Especial Educación superior Hacia una nueva cultura 11 de gestión de las regalías Vicerrector de Investigación Universidad Nacional de Colombia El Sistema General de Regalías (SGR) del país se constituyó mediante el Acto Legislativo 05 de 2011, y su organización y funcionamiento están regulados por la Ley 1530 de 2012. Está conformado por cuatro fondos: Ahorro y Estabilización; Desarrollo Regional; Compensación Regional; Ciencia, Tecnología e Innovación (CT+I). Los recursos de los fondos de Desarrollo y de Compensación pueden invertirse, entre otros rubros, en construir infraestructura física para aumentar la calidad de la educación. Como ejemplo, conviene resaltar el caso del departamento del Cesar, que destinó 41.163 millones de pesos para edificar y dotar la primera fase de la sede de la Universidad Nacional de Colombia en esa región. La inversión permitirá ampliar la cobertura en educación superior de la población e incidirá positivamente en su calidad académica. Por su parte, el Fondo CT+I está dirigido a financiar proyectos regionales que solucionen problemas sociales y productivos y contribuyan al crecimiento económico. A este se destina el 10% de los recursos totales del SGR, que para el año 2012 alcanzaron la suma de 869.008 millones de pesos. De este valor ya fueron asignados 579.304 millones para desarrollar ochenta proyectos, que fueron aprobados el 20 de diciembre de 2012 por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) y cuya ejecución comienza este año. Actualmente, se evalúan y preparan nuevos para la vigencia del bienio 2013-2014, que cuentan con una disponibilidad presupuestal adicional cercana a los 1,7 billones de pesos. 165 abril de 2013 Más oportunidades El enfoque del Fondo CT+I –centrado en la solución de problemas– repercute en el funcionamiento interno de las universidades. Sus efectos están relacionados con la necesidad de que fomenten el trabajo interdisciplinar y en equipo y con que usen infraestructura, tecnología y capital humano, no solo a nivel interno, sino entre ellas y las demás organizaciones públicas y privadas del país. El carácter regional del fondo permite identificar algunas de las principales oportunidades que la ejecución de sus proyectos le abren al sistema de educación superior: • Hace posible transferir y usar los conocimientos y tecnologías producidas en las universidades y demás instituciones. • Permite fortalecer de manera general el sistema, iniciando a niños y jóvenes de educación básica y secundaria en las labores propias de la ciencia, la tecnología y la innovación (por ejemplo, mediante El Gobierno debe recordar que los recursos de regalías del Fondo CT+I les pertenecen a las regiones, no a Colciencias, entidad que necesita una financiación exclusiva y suficiente para impulsar la ciencia y la tecnología en el país. Las universidades y las regiones también tienen una enorme responsabilidad para aprovechar el flujo de dineros. el patrocinio del Programa Ondas); ampliando la oferta de programas académicos (especialmente de posgrado); y ejecutando ambiciosos planes de becas. • Facilita crear y mejorar la infraestructura física y tecnológica requerida por los laboratorios. • Incentiva el establecimiento de alianzas de cooperación e investigación entre las universidades con acreditación de calidad y aquellas que se encuentran en proceso de alcanzarla en las regiones. • Posibilita aumentar de manera organizada las capacidades de los sistemas regionales de educación, ciencia, tecnología e innovación. fondo financie. También es necesario establecer medidas que le den estabilidad financiera y que garanticen su consolidación y operación a largo plazo. Para finalizar, debe recordarse que los recursos de regalías del Fondo CT+I les pertenecen a las regiones, no al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias). Por ello, la comunidad científica del país debe hacerle un llamado urgente al Gobierno nacional, para que también incremente la financiación de este ente. Esto permitirá que el desarro- llo de la investigación básica y en ciencias sociales y humanas (con miras a resolver problemas de largo plazo y no exclusivamente con fines económicos) pueda continuar su proceso de consolidación en el país. El principal reto de Colombia en este campo es articular de manera estructural sus sistemas de educación, investigación e innovación, que actualmente son administrados por instituciones independientes entre sí (como el Ministerio de Educación Nacional, Colciencias y el Departamento Administrativo de Planeación Nacional, entre muchos otros). Responder a la realidad Aprovechar estas oportunidades les exige a las universidades poner en marcha una nueva cultura de interacción con la sociedad. Formular y ejecutar los proyectos financiados mediante el Fondo CT+I supone, por ejemplo, vincular sistemáticamente al desarrollo mismo de estos a los usuarios y a los demás actores involucrados en los procesos de transferencia de tecnologías. Así, se busca garantizar la transmisión y uso efectivo de sus resultados. Esta nueva cultura también exige adecuar el tipo de relaciones que tradicionalmente han sostenido las universidades con los sectores políticos regionales. Ellas deben aprender a canalizar, de manera efectiva, los requerimientos de las regiones, según sus problemas específicos y expectativas de solución. Deben entenderlos como insumos indispensables para preparar los proyectos que, desde los puntos de vista académico, científico y tecnológico, pueden ofrecer soluciones. Deben también adaptar sus procesos de gestión administrativa a los tiempos de respuesta y ejecución de los proyectos. Esto exige adecuar la reglamentación interna para agilizar las respuestas a los nuevos retos. Sostener el sistema requiere diseñar e implementar un mecanismo eficaz de veeduría de la calidad, ejecución y rendición de cuentas de los proyectos que el Foto: Andrés Felipe Castaño/Unimedios Alexánder Gómez Mejía, Los recursos de los fondos de Desarrollo y de Compensación pueden invertirse en construir infraestructura para aumentar la calidad de la educación. Áreas de los proyectos que financiará el Fondo de Regalías de CT+I Área Porcentaje CTI Agropecuaria 14,1% Reconocimiento de centros 14,1% Maestría y doctorado 12,7% Electrónica, telecomunicaciones e informática 10,1% Programa Ondas (niños) 10,0% Ambiente, biodiversidad y hábitat 8,3% Salud 6,9% Mar y recursos hidrobiológicos 6,6% Sociales y humanas 3,7% Desarrollo tecnológico e innovación industria 3,6% Educación 3,5% Energía y minería 2,6% Apropiación social del conocimiento 1,9% Semilleros (jóvenes) 1,8% Biotecnología 0,1% Fuente: Vicerrectoría de Investigación y Extensión de la UN, elaborada según información de Colciencias (2012)
  12. 12. 12 Especial Educación superior Investigación, brecha entre desarrollo y periferia Sandra Uribe Pérez, Unimedios Cuando se examina la economía de los países desarrollados, se observa que incorporan a su modelo productivo la investigación científica y tecnológica, así como la innovación. Parte de su secreto está en comprender que impulsar las capacidades científicas es una tarea de largo plazo que, además, requiere una sólida apuesta de Estado. En la región, naciones como Brasil, México, Argentina y Chile llevan la delantera. Mónica Salazar, directora del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT), sostiene que el país está rezagado desde cualquier perspectiva (véase gráfica 1). Sin embargo, ha evolucionado notablemente desde hace veinte años. Según Rafael Molina, profesor del Departamento de Química y exvicerrector de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia, ahora es más visible y la comunidad se ha consolidado, pero el impulso todavía es muy incipiente. Hay quienes ven el panorama con optimismo, como el físico Eduardo Posada Flórez, director de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC). Para él, en los últimos años, el país ha A pesar de su visible crecimiento en los últimos veinte años, la investigación nacional está rezagada frente a la de otros países de América Latina. La inversión sigue sin sobrepasar el 0,5% del PIB y las regalías para el sector de ciencia, tecnología e innovación no son suficientes. Para que el sistema funcione se necesitan recursos y políticas claras. crecido mucho en este aspecto y la producción de artículos científicos se ha multiplicado; lo que lo sitúa en una posición mejor, por lo menos en ciertos indicadores. Carl Henrik Langebaek –vicerrector de Investigaciones de la Universidad de los Andes–, ve el panorama “entre regular y malo”. Para dar una idea del atraso, señala que el porcentaje del producto interno bruto (PIB) que Colombia invierte en ese sector (0,46%) se encuentra “entre los más bajos del continente” (véase gráfica 4); y contrasta dicha situación con la de Brasil, que invierte el 1,62% de su PIB y cada año y medio gradúa una cantidad igual de doctores al número que Colombia tiene en su totalidad (según datos del OCyT, el total de doctores colombianos, al 2011, era de 7.129) (véase gráfica 2). El SNCyT y las regalías Langebaek se declara “moderadamente optimista”, siempre y cuando las universidades de calidad y los académicos ejerzan una veeduría del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT) y del Sistema General de Regalías, para que esta inversión, que es grande, salga bien. Aunque actualmente se cuenta con un promedio de 800.000 millones de pesos al año por concepto de regalías, para él, el problema no siempre es de dinero: “Por supuesto que necesitamos más recursos, pero también políticas. La plata sin políticas no funciona”. En ese sentido, añade que las regalías constituyen una valiosa oportunidad que puede tener efectos positivos si se encauzan bien. Pero insiste en que no pueden volverse una excusa para reducir el presupuesto de Colciencias. El profesor Molina subraya que, justamente, los recursos netos de Colciencias –aunque han disminuido– son los que han mantenido dinámica a la comunidad, pues hacer ciencia básica es el fundamento de cualquier avance tecnológico. Dado que esos dineros son insuficientes para poner al país en la frontera del conocimiento, hay que aprovecharlos al máximo. Por eso, se hace necesario blindarlos de intereses políticos y regionales. La directora del OCyT indica que otras naciones de América Latina también financian el desarrollo científico y tecnológico con regalías, pero con diferentes esquemas de distribución y aprobación. Y aclara que, en Colombia, dichos dineros conllevan tanto oportunidades como riesgos y que los resultados no se van a ver a corto plazo. Entre los riesgos de un mal manejo, el profesor Langebaek advierte que podrían debilitarse la investigación básica y las inversiones que ha hecho el Estado en la Gráfica 1 Infografías: Mauricio Salcedo 165 abril de 2013 -
  13. 13. Especial Ciencias agrícolas Publicaciones y patentes 10 15 1.171 242 Ingeniería y tecnología 444 58 34 Doctorados por áreas 38 Graduados de doctorados en el país 292 Total de doctores Ciencias naturales y exactas 1.357 34% de los doctorados del país los ofrece la UN 39% de los doctores del país son egresados de la UN Gráfica 3 Conocimiento de calidad en aumento Fuente: Recopilación de datos realizada por Unimedios. Grupos de investigación categorizados* 486 Revistas indexadas Categoría A1 (2011) Número de Programas Doctorado Grupos de investigación Categoría A1* nacional la aporta la UN, según SCOPUS El liderazgo de la UN 247 128 155 130 56 54 27 47 47 18 8 14 4 2 7 53 n.d.* 6 5 45 5 5 2 5 5 38 7 3 2 Universidad de Caldas Categoría A1: grupos de mayor calidad según Colciencias. Universidad Externado de Colombia Universidad Industrial de Santander 80 11 13 2 Universidad del Valle Durante la última década, la Universidad Nacional de Colombia ha hecho un gran esfuerzo institucional para fortalecer su función investigativa. “Tenemos presencia en todos los departamentos del país y realizamos más de cinco mil proyectos de extensión (labores de educación continua, consultoría, proyectos de investigación aplicada), contratados por diferentes instituciones y entes del nivel nacional”, afirma el profesor Gómez. Asimismo, ha dirigido sus labores a articular sus capacidades internas, su experiencia y su conocimiento y a acercarse a los problemas nacionales. Un ejemplo de ello es el Centro de Pensamiento y Seguimiento de los Diálogos de Paz. “Se trata de una muestra de que tenemos un valioso capital intelectual ya desarrollado que está dispuesto a ayudar a solucionar los grandes problemas y conflictos del país”, destaca. Otro esfuerzo enorme ha sido el de organizar el sistema de información. “Con las agendas del conocimiento (una visión compartida de futuro para establecer temas estratégicos de investigación como recursos minerales y materiales, ambiente y biodiversidad, energía, ciencias agropecuarias y desarrollo rural, entre otras) ya podemos dar un inventario de nuestras capacidades, del capital humano, de las redes, de los grupos, de la manera como trabajan esos grupos, de lo que producimos, del tipo de conocimiento que estamos generando y de los artículos, procesos, patentes y transferencias de conocimiento a la sociedad”, sostiene el vicerrector. Al decir del profesor Guillermo Páramo, exrector de la UN, “este país necesita mentes grandes para pensar un país grande y complejo”. Pero, si no hay una apuesta real del Estado por la educación, seguiremos con mentes pequeñas y con una nación convulsionada. 2.829 71 93 Universidad de los Andes El vicerrector de Investigación de la UN resalta que las universidades, gracias al avance de sus sistemas de investigación, han aumentado su número de publicaciones nacionales (466 revistas indexadas en Publindex a 2011) e internacionales. Pero insiste en que aún se debe trabajar en incrementar su impacto. Además, agrega, es necesario ampliar el número de investigadores para alcanzar, al menos, los estándares de los países latinoamericanos más desarrollados. La tarea, a nivel internacional, es un conseguir un mayor y mejor impacto cualitativo, así como un mayor nivel de distribución y citación. En cuanto a patentes, el profesor Eduardo Posada manifiesta que estamos muy mal en indicadores (1,1 por cada millón de habitantes, según el Foro Económico Mundial). Sin embargo, argumenta que no se puede considerar que la patente sea el principal indicador de la actividad económica. Una internacional es muy costosa y hay que examinar bien si se va a recuperar la inversión. De todos modos, propone profundizar la cultura de la innovación en las empresas, para que empiecen a darse cuenta de que hacer tecnología propia es un magnífico negocio: “el mal negocio es comprarla por fuera”. Al respecto, es indispensable fortalecer la relación universidad-empresa. Ciencias sociales y humanidades 530 Ciencias médicas y de la salud 545 n.d*. No hay datos disponibles Universidad Pública Universidad Privada **A partir de este año (2013) Colciencias eliminó las categorías y solo diferencia entre grupos reconocidos y registrados. Gráfica 4 Porcentaje del PIB invertido en CyT Fuente: Indicadores de Ciencias y Tecnología 2012 del OCyT. Colombia 0,47% 0,44% 0,46% Panamá 0,50% 0,50% 0,47% Argentina 0,61% 0,67% 0,70% México 0,81% 0,82% n. d. Cuba 0,83% 0,91% 0,90% 1,0% 1,13% 1,09% España 1,35% 1,39% 1,39% Brasil 1,45% 1,63% 1,62% Canadá 1,90% 1,92% 1,81% Costa Rica 1,39% 2,26% n. d. Venezuela 2,45% 2,36% n. d. Estados Unidos 2,84% 2,90% n. d. 20 10 El modelo de evaluación de los grupos de investigación ha tenido efectos positivos. “Se han podido identificar los de excelencia, y es bueno que se midan permanentemente”, expresa. No obstante, advierte que, al mirar las cifras de grupos (12.774 registrados y 8.442 avalados en Colciencias, a 2012), resulta que en Colombia hay más que en Alemania, “un autoengaño muy grande”. Una política estatal debe reconocer mecanismos como la acreditación y los grupos de Colciencias. Y debe apoyar a los de excelencia, para que, más allá del reconocimiento, estos se consoliden, constituyan proyectos de largo plazo y ayuden a conformar otros. Tanto Molina como Langebaek recuerdan una afirmación que el profesor Fuente: Recopilación de datos realizada por Unimedios. 20 09 165 abril de 2013 Grupos de investigación Doctorados y doctores en el país América Latina y el Caribe 20 08 Para consolidar el sistema nacional, también es vital crear programas de posgrado, asegura Alexánder Gómez, actual vicerrector de Investigación de la UN. “Solo llevamos veinticinco años de doctorados, somos nuevos en esto”, dice Molina. De haberse cumplido el plan trazado por la Misión de Sabios de los años noventa, ahora estaríamos llegando a invertir el 2% del producto interno bruto (PIB) y tendríamos 40.000 doctores y grandes centros científicos. A la fecha, el país tiene 155 programas de doctorado (de esta cifra, 54 son de la UN, es decir, el 34%) (véase gráfica 2). Por ahora, según Langebaek, tenemos serios retos en investigación básica –imprescindible para adelantar la aplicada– y en cuanto a la pertinencia de los doctorados: “Colombia no saca nada teniendo cada vez más doctores que cada vez tienen menos oportunidades de financiación. Eso no tiene sentido. Debe haber una inversión proporcional”. Para lograr un alto nivel, el profesor Molina precisa que la formación debe darse en ambientes de construcción crítica que permitan tener elementos para transformar y no solo para repetir. Para él, los doctores deben contribuir a la comprensión, a formular propuestas, a plantear hipótesis y preguntas, a solucionar problemas y a producir conocimiento. En ese sentido, las vicerrectorías de investigación de las universidades, de reciente creación (una de las de mayor trayectoria es la de la Universidad de Antioquia, creada en 1994), son el resultado de la conciencia de que ella requiere gestión. No es suficiente con que los investigadores se muevan por su cuenta. Debe haber un compromiso institucional de apoyo a la vocación, asegura Langebaek. Gráfica 2 Universidad Nacional de Colombia Posgrados Moisés Wasserman, exrector de la UN, hizo en una de sus columnas de El Tiempo: hay que “financiar lo impertinente y los proyectos de largo plazo”. Universidad de Antioquia formación de doctores con criterios de la más alta calidad. Los vacíos del sistema son muchos, por ejemplo, “en términos de la cantidad de recursos humanos de alto nivel y de la infraestructura indispensable para llevarla a cabo”. Para Salazar, esto se refleja en los resultados obtenidos, tanto en número de publicaciones y patentes como en otros resultados de innovación (véanse gráficas 1 y 3). Sin embargo, el profesor Molina sostiene que las grandes universidades colombianas hacen diversos esfuerzos por mantener la dinámica investigativa, en espera de una verdadera apuesta del Estado. Y esta no consiste en haber promulgado una segunda ley ni en tener a Colciencias. Se trata de saber medir en tiempo real las capacidades que está construyendo el país en materia de CT+I, de articularlas con las necesidades nacionales en un mundo globalizado y de aportar el dinero que se requiere para su desarrollo. 13 Educación superior
  14. 14. 14 Especial Educación superior Complejidades de la autonomía universitaria La autonomía universitaria pasa por varios aspectos: libertad de cátedra, potestad administrativa y financiación del Estado. En opinión de algunos expertos, este último –la falta de recursos– la afecta en su totalidad. Otros, por su parte, consideran que, pese a las dificultades, se cumple en las universidades del país. Lo cierto es que su déficit dificulta la entrega a la sociedad de personas con libertad de pensamiento, capacidad crítica y posibilidades de transformar al país. Así lo expone Jorge Ernesto Durán, profesor de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, que considera que esa es la mayor defensa que debe hacerse del concepto de autonomía universitaria. En la sentencia C-220 de 1997, la Corte Constitucional estableció que ella no es “un atributo legal desdibujado [...], es una característica propia de las democracias modernas que se traduce en el axioma de que los estudios superiores no pueden estar sometidos a ninguna forma de dirección, orientación, interferencia o confesionalismo por parte del Gobierno”. Así como en una democracia el Estado no puede decirle a una persona qué debe comer, qué automóvil comprar o qué carrera estudiar, no puede inmiscuirse en los asuntos internos de las universidades, incluso cuando debe procurarles los recursos económicos. Cuando la Corte dice que no debe haber “interferencia”, se refiere precisamente a que los Gobiernos deben hacer los mayores esfuerzos para garantizar la autonomía universitaria. 165 abril de 2013 No tan mal Leopoldo Múnera, profesor de la Facultad de Derecho, la define como la autogestión de los miembros de la Institución: de su producción, creación colectiva, intercambio y transmisión de conocimiento; lo cual, dice, se garantiza con la libertad de cátedra. Solo así se puede construir conocimiento con los estudiantes. Pero, en su opinión, dada la necesidad de conseguir recursos, los profesores cada vez están más cargados de funciones administrativas y gerenciales de sus propios proyectos, lo que los aparta de su verdadera misión. No obstante, el profesor Moisés Wasserman, exrector de la UN, considera que, si bien no existe una situación perfecta, las universidades colombianas no están mal en la materia, pues esta ha sido respetada y se debe reconocer que el Estado asigna presupuestos. Y Luis Enrique Arango, director del SUE, afirma: “Si nos comparamos con el primer mundo, la distancia es enorme. Pero, con respecto a países latinoamericanos, Colombia está por la media”. Las complejidades de su al- Foto: Andrés Felipe Castaño/Unimedios Equipo Unimedios Si hay una labor prioritaria que debe promover la universidad es la de entregar a la sociedad ciudadanos responsables y autónomos. ¿Por qué? Porque es así como se pueden hacer transformaciones profundas en el país. En este punto radica la importancia de la autodeterminación universitaria. De lo contrario, solo se tendrían “fábricas” de profesionales. cance han sido la constante en la vida de las instituciones académicas. Precisamente, la sentencia C-220 hizo un avance sustancial al entregar una definición que permite saber en qué terreno se sustenta ese derecho constitucional: “La universidad, cuyo fundamento es el perfeccionamiento de la vida y cuyo objetivo es contribuir a formar individuos que reivindiquen y promuevan ese fundamento –a través del dominio de ‘un saber’ y de la capacidad de generar conocimiento, reclamando su condición de fines en sí mismos y no de meros instrumentos–, es la que requiere, para ‘ser’, el reconocimiento efectivo de su autonomía”. Además, agrega que otro tipo de centros de educación superior –que fundamentan su quehacer en objetivos distintos, como, por ejemplo, la mera profesionalización–, si bien son necesarias en el mundo moderno, no pueden denominarse universidades: “Tal distinción subyace en la legislación de nuestro país, que distingue entre universidades y otras instituciones de educación superior; reconociéndoles autonomía plena, no absoluta, únicamente a las primeras”. El profesor Wasserman asegura que esta clase de apreciaciones (que incluye el artículo 60 de la Constitución) significaron un re- conocimiento social a su trabajo y a su papel fundamental, lo que implica que adquirieron tanto derechos como deberes. Las responsabilidades Según Rodrigo Uprimny Yepes, constitucionalista y también profesor de la Facultad de Derecho de la UN, esos derechos les permiten definir su norte, determinar su filosofía y administrarse para que tengan plena libertad académica. “Obviamente, la autonomía no puede verse como una soberanía universitaria. Existe una reserva de ley (un sustento legal) que establece restricciones, regulaciones o limitaciones. Por ejemplo, la inspección y vigilancia del Estado, la regulación de los servicios públicos educativos y la protección de los derechos fundamentales de las personas que allí trabajan y estudian”, explica. La Corte también argumenta que su ejercicio implica para las universidades cumplir su misión a través de acciones a las cuales subyazca una “ética de la responsabilidad”. Esto significa que su autonomía debe encontrar legitimación y respaldo no solo en sus propios actores, sino en la nación en la cual ellas materializan sus objetivos, en el Estado que las provee de recursos y en la sociedad civil que espera fortalecerse a través de ellas. Y es que este debate debe incluir a la sociedad civil, sostiene el profesor Durán. Así, resalta que, si bien el tema ocupa un lugar relevante en las agendas de académicos y políticos, debe incluir al ciudadano de a pie, a quien finalmente le pertenecen los recursos y productos de las universidades públicas. En el caso de la UN, la autonomía abarca múltiples dimensiones. Desde el manejo de los recursos recibidos para pensiones, la búsqueda de aliados privados para desarrollar investigaciones hasta la incertidumbre sobre el mantenimiento del patrimonio de los edificios Camilo Torres, Uriel Gutiérrez y el Hospital (por cuenta del proyecto de renovación del CAN), entre muchas otras. Lo que no debe perderse de vista es que la autodeterminación es un “reconocimiento” –según está estipulado en la Constitución– que implica un conglomerado de elementos (con tantos derechos como responsabilidades) y que es crucial para los procesos educativos de la Institución. Si esta no se garantiza, no es posible educar a profesionales responsables y autónomos capaces de adelantar transformaciones sociales.
  15. 15. Especial Educación superior Financiación, 15 talón de Aquiles de la autonomía Supeditar la financiación estatal a que las políticas de las universidades coincidan con las de determinado Gobierno es ejercer un control previo sobre sus decisiones académicas. Constituye, por tanto, una violación de la autonomía. Carlos Garzón, 165 abril de 2013 El concepto de autonomía universitaria se está usando más para eludir responsabilidades que para definirlas con claridad. El análisis de estas situaciones, unas recurrentes y otras nuevas, reclama desarrollos jurisprudenciales que deberían ser introducidos con prontitud. Son varios los hechos que muestran que el Estado está faltando a su obligación de garantizar el funcionamiento adecuado de las universidades públicas: la pretensión de que los reclamos de los trabajadores respecto a salarios deban ser atendidos por la Universidad Nacional de Colombia en virtud de su autonomía; la distribución de los recursos flexibles entre instituciones sin considerar sus demandas individuales ni su tamaño ni complejidad, que se suma a la asignación inercial de los recursos previstos en el artículo 86 de la Ley 30 de 1992; y la propuesta del Banco Mundial de que los recursos incrementales se asignen mediante el mecanismo de contratos-programa. Así, en reiteradas ocasiones, el Gobierno ha promovido el uso de indicadores de gestión para distribuir parte del presupuesto, en especial cuando se destinan recursos adicionales a los previstos en la Ley 30 de 1992. Y ahora plantea la posibilidad de usar los contratos-programa como una posible forma de hacerlo. Pero la Corte Constitucional (Sentencia C-926 de 2005) ha sido firme en señalar lo siguiente: “[...] imponer a las universidades públicas –tal como lo pretende la norma acusada– el deber de concertar y acordar con el Gobierno los criterios y el procedimiento de una redistribución de un porcentaje del total de las transferencias, que no podrá exceder del 12%, es someterlas a una especie de control presupuestal estricto que no puede ser aplicado a las universidades estatales en razón de que por sus singulares objetivos y funciones ello implicaría vulnerar su autonomía. Asimismo, [...] esos procesos de concertación y acuerdo con el Gobierno implican que cada universidad negocie asuntos inherentes a su autodeterminación, autogobierno y autorregulación”. “En efecto, que la redistribución de un porcentaje del total de las transferencias se base en resultados de gestión, ya sea administrativa, financiera o académica, es facultar al Gobierno para entrar a premiar o a castigar a las universidades públicas con recortes o incrementos de su presupuesto, lo que implica variarles sus recursos Foto: Víctor Manuel Holguín/Unimedios Director Nacional de Planeación Universidad Nacional de Colombia La investigación, fundamento de la autonomía académica y connatural al concepto de universidad, requiere ser financiada y estimulada por el Estado. ya asignados, desconocer su libertad para manejarlos y, por contera, violar su autonomía universitaria”, continua. En ese sentido, precisa: “Sujetar la distribución del porcentaje a indicadores de gestión que no se encuentran precisados por el legislador es una forma a través de la cual el Gobierno […] puede interferir en decisiones que corresponden al ámbito interno de las universidades estatales”. Y establece: “El Consejo Superior Universitario, como máximo órgano de dirección y gobierno de las universidades y en el cual tiene participación el Gobierno, a través del Ministro de Educación Nacional o su delegado, o del Gobernador o el Alcalde –según sean nacionales, departamentales, distritales o municipales–, será el escenario propicio para realizar la rendición de cuentas respectiva, así como para analizar y evaluar la gestión alcanzada y el cumplimiento de las metas propuestas por el propio ente universitario. Será cada ente el que maneje sus recursos y la distribución del presupuesto, el cual, por demás, pertenece a cada universidad individualmente considerada y no al conjunto de ellas”. Contra la transparencia Sin una garantía de financiación estatal sostenible, el concepto de autonomía universitaria es una falacia legal. Aquella constituye su talón de Aquiles. El Gobierno no está considerando con objetividad el fortalecimiento de la investigación científica y tecnológica en las universidades al asignar el presupuesto de funcionamiento. Además, centra la creación de condiciones para su desarrollo en fondos concursables, a los cuales pueden acceder instituciones públicas y privadas. En la coyuntura actual, los mecanismos financieros que hacen posible el acceso a la educación superior de todas las personas aptas privilegian la financiación de la demanda y no la de la oferta con nuevos recursos del presupuesto nacional. Pero estos apoyos, en general, terminan financiando a las privadas. Por tal razón, una reforma de la Ley 30 requiere desarrollo normativo. Asimismo, es indispensable un desarrollo del Estatuto Orgánico de Presupuesto para las universidades públicas que incorpore las posibi- lidades que ofrecen tanto la Constitución como el derecho privado, cuyo uso se los permite dicha ley. La inercia centrada en un mínimo vital, derivada de un uso inapropiado del artículo 86 de la Ley, no permite hacer un análisis serio de la realidad financiera de las instituciones (vigencia a vigencia) y no propicia un análisis argumentado y profundo del presupuesto, lo que hace que, de entrada, no se asegure la sostenibilidad de las instituciones públicas. No reconocer las realidades económicas de las universidades va también en contra del principio de transparencia. La investigación, fundamento de la autonomía académica y connatural al concepto de universidad, requiere ser comprendida, financiada y estimulada por el Estado hasta tanto no adquiera una dinámica nacional de impacto internacional y se constituya en factor esencial del desarrollo económico y social. Este criterio va en contravía de la política actual de distribuir estos recursos dividiendo el presupuesto flexible disponible entre el número de universidades que conforman el sistema, con el argumento simplista de que de esta forma se propicia la equidad interregional.
  16. 16. 16 Innovación Exprimen antioxidantes de frutas exóticas Ana María Escobar Jiménez, Unimedios Los antioxidantes son sustancias orgánicas que ayudan a inhibir la acción de los radicales libres, responsables de la oxidación de las células y del envejecimiento del organismo. El metabolismo, la respiración y los agentes contaminantes del ambiente inciden en ese deterioro paulatino. Son varias las enfermedades ligadas a la oxidación progresiva del cuerpo: las cardiovasculares, la diabetes, la arterioesclerosis, algunos tipos de cáncer y de afecciones gástricas, entre otras. La insistencia de abuelas y nutricionistas en la necesidad de comer verduras y frutas tiene profundas bases científicas, comprobadas cuando se determinó, a mediados del siglo pasado, que vitaminas como la A, la C y la E son poderosas sustancias capaces de desacelerar la destrucción celular. Esa característica ha sido aprovechada por decenas de investigadores en el mundo, que centran su interés en obtener antioxidantes de los frutos sin dañar las funciones vitales del compuesto en el proceso. Con esta perspectiva, Ivonne Ximena Cerón, candidata a doctora en Ingeniería (línea de Automática) de la Universidad Nacional de Colombia en Manizales, estudió el potencial de cinco frutas exóticas colombianas: zapote, del Tolima; uchuva y tomate de árbol, de Caldas; y copoazú y naikú, de la región amazónica. De la última no se habían hecho caracterizaciones de este tipo, por lo cual su capacidad antioxidante es un nuevo aporte a la agroindustria y al desarrollo de productos de valor agregado. Uno de los objetivos de la investigación es que sus resultados trasciendan el análisis de laboratorio y se proyecten a la industria, gracias a la ingeniería de procesos usada para obtener los compuestos. Según Cerón, la mayor innovación fue la evaluación integral del proceso, desde la fase de pretratamiento de las frutas hasta la de extracción. En otros trabajos, solo se valoraron algunas de las etapas. 165 abril de 2013 A escala industrial “El carácter termosensible y fotosintético de estos compuestos (susceptibilidad a degradarse con el calor y la luz), que resta poder a su actividad antioxidante, fue uno de los principales criterios para evaluar cada una de las tres etapas del proceso llevadas a cabo. Este paso se desarrolló tanto por simulación computacional como por comprobación experimental”, indica la experta. Para la evaluación inicial se efectuó primero la caracterización físico-química de las frutas, a fin de hacer la simulación con base en esa información. Esta proporcionó datos para seleccionar las tecnologías y condiciones de operación óptimas para obtener los rendimientos de extracción más altos y minimizar la pérdida de las propiedades antioxidantes. En el pretratamiento, fase inicial en la cual se adecua la materia prima, se examinaron las tecnologías de secado al vacío (liofilización) y por convección (aire caliente que va retirando la humedad de la frutas a presión atmosférica). En la segunda etapa, la de extracción, se analizaron dos alternativas tecnológicas. De un lado, los fluidos supercríticos, una técnica que consiste en aplicar altas presiones para obtener un estado híbrido de la materia (entre líquido y gaseoso), utilizando dióxido de carbono (CO2) como solvente. De otro, la extracción tradicional con solventes como el etanol acidificado a presión atmosférica. Finalmente, en la fase de concentración de los extractos, se estudiaron la destilación al vacío (que es la separación de compuestos a baja presión) y las membranas de ultrafiltración (que tienen poros muy pequeños que evitan el paso de moléculas de cierto tamaño). Mayor valor agregado “Luego se hizo la evaluación económica de cada uno de estos procesos y, en colaboración con la Universidad de Texas A&M, se llevó a cabo una optimización llamada fuzzy, una técnica que busca determinar cómo lograr el mayor rendimiento de obtención con los menores costos de operación”, manifiesta la ingeniera Cerón. Encontró que el secado por convección, la extracción mediante fluidos supercríticos y la concentración con membranas son las técnicas que permiten aprovechar al máximo los compuestos que ofrece cada fruta. Por lo tanto, proporcionan una mayor rentabilidad a las empresas. Esto es significativo para una región como el Eje Cafetero, que tiene una clara vocación frutícola. De hecho, miembros del Parque de la Fruta, ubicado a treinta minutos de Manizales, compartieron experiencias con científicos del Instituto de Biotecnología y Agroindustria de la UN en Manizales, que demostraron la viabilidad de los climas y suelos caldenses para cosechar frutas amazónicas en zonas cercanas al río Cauca. “La adaptación del cultivo no solo facilita el acceso a estas frutas, sino que evita la devastación de la reserva amazónica, ofrece generación de empleo y una diversificación rentable por los altos precios de la pulpa en los mercados europeos y de los Estados Unidos”, asegura la investigadora. El estudio también mostró que la mayor concentración de antioxidantes se encuentra en las cáscaras de estas frutas. Por ende, las industrias pueden diversificar su cartera de productos, al aprovechar las pulpas para elaborar jugos y postres y los residuos, para obtener estas sustancias químicas. Este trabajo es ejemplo de cómo los avances científicos y académicos encajan a la perfección con la vocación agrícola del país. Fotos: archivo particular Por su capacidad para prevenir enfermedades y retrasar el envejecimiento natural del cuerpo, los antioxidantes son un producto de alta demanda en el sector farmacéutico, cosmético y alimenticio. En la UN se diseñó un proceso industrial que maximiza su obtención. La ingeniera Ivonne Ximena Cerón entrega a la industria frutícola del país una propuesta integral para extraer compuestos antioxidantes. Frutas ricas en polifenoles (grupo de sustancias químicas con abundantes antioxidantes) Miligramos de polifenoles totales por cada 100 gramos de fruta fresca 4.844 Naiku (Renealmia alpinia) 358 Zapote (Matisia cordata) 183 Tomate de árbol (Cyphomandra betacea) 135 Uchuva (Physalis peruviana L.) 120 Copoazu (Theobroma grandiflorum)

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