El documento es una carta dirigida a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunciando la vulneración del debido proceso y los derechos humanos en los juicios a ex autoridades y líderes de oposición en Bolivia. En la carta, el autor afirma que en Bolivia se ha instaurado una dictadura disfrazada bajo estructuras constitucionales figurativas que no garantizan la independencia de poderes ni el respeto a los derechos. Además, denuncia que el Ór

1. La Paz, 11 de noviembre de 2010d
Señora: Dra. Navanethem Pillay
ALTA COMISIONADA PARA LOS DERECHOS HUMANOS ORGANIZACIÓN DE LAS
NACIONES UNIDAS (ONU)
Presente.-
Ref.: DENUNCIA DE VULNERACIÓN DEL DEBIDO PROCESO POR EL ESTADO EN
JUICIOS A EX AUTORIDADES Y LÍDERES DE OPOSICIÓN.
Señora Pillay:
Anoticiado de su visita a nuestro país, y agotada nuestra confianza en la imparcialidad
de la representación en Bolivia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, acudo a usted en la esperanza de que, en oportunidad de su
visita, pueda atender mi denuncia y dar el beneficio de la duda razonable, con cargo a
constatación posterior, a todo lo que a continuación le referiré.
Se ha instaurado en Bolivia la peor clase de dictadura, aquella que impera bajo el
disfraz de estructuras constitucionales y jurídicas figurativas pero no efectivas.
Bolivia es el país de lo aparente. Un país donde la democracia, la justicia, los derechos
humanos, la equidad y la transparencia son una pantalla, realidades virtuales,
espejismos carentes de existencia objetiva pero proyectados vigorosamente mediante
simbolismos exacerbados y un discurso mediático eficaz.
Vemos con preocupación que la comunidad internacional da por verdades con
demasiada rapidez las versiones de la prensa oficial y celebra con excesivo entusiasmo,
cual si se tratara de una garantía de plena vigencia de la democracia, el hecho de que
un singular sistema electoral le haya permitido al actual gobierno boliviano acceder a
una representación legislativa todavía más generosa que la votación lograda en las
urnas.
Pero el carácter democrático o no de un gobierno se define por la manera como ese
gobierno administra un Estado y no por el simple formalismo de haber accedido al
poder mediante las urnas. No hay democracia sin independencia de poderes. Y si los
órganos Legislativo y Judicial no son independientes del Poder Ejecutivo, no se puede
esperar de los legisladores ni de los jueces un actuar imparcial y respetuoso de las
garantías individuales, las libertades civiles y los derechos humanos.
Sin independencia de poderes no hay fiscalización legislativa, ni tampoco razón para
que un gobierno se resista a la tentación de actuar de manera absoluta y arbitraria,
diseñando una arquitectura institucional desnaturalizada y funcional al poder de turno.
En el estado boliviano posterior a la reelección de Evo Morales, tal perversión del
Estado y sus instituciones se traduce en tres aspectos: Un Órgano Judicial que designa
administradores de justicia a instancia directa del Ejecutivo; un Órgano Legislativo que
formaliza iniciativas del Ejecutivo en leyes, a desdén de que estas atenten contra los
derechos humanos y los derechos civiles; y un Órgano Ejecutivo que emplea esas leyes

2. y esos operadores de justicia, para judicializar a sus opositores políticos en franco
desconocimiento de principios de juzgamiento en debido proceso.
El primero de esos vicios es un sistema judicial intervenido; un Órgano Judicial que
bajo el rótulo de "transitorio" ha sido designado discrecionalmente por el presidente
Evo Morales y que ha puesto la administración de justicia boliviana en manos de jueces
y fiscales alineados al partido en función de gobierno.
Tras promulgarse la inconstitucional "Ley corta" del Órgano Judicial, el Ejecutivo
nombró discrecionalmente, y violando todo principio de independencia de poderes, a
los miembros del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Además, ex
diputados y ex autoridades gubernamentales fueron designados fiscales de distrito.
Para dar un solo ejemplo, el juez ordinario que aceptó llevar el proceso en mi contra,
violando la jurisdicción natural del proceso y mi fuero de ex autoridad electa por voto
popular, vigente hasta mucho después de mi detención, fue designado Fiscal de
Distrito de La Paz. En Santa Cruz fue designada Fiscal de Distrito la ex diputada del MAS
Arminda Méndez y en Cochabamba fue designado Fiscal de Distrito el oficialista ex
Secretario Prefectural Camilo Medina.
La parcialización de la justicia es tan evidente que el Contralor General de la República
Gabriel Hérbas, uno de los más duros perseguidores de dirigentes de oposición, es un
ex diputado del partido gobernante, designado discrecionalmente en el cargo por el
Ejecutivo cuando aun ejercía su mandato como legislador del MAS.
Al abrigo de una arquitectura jurídica que ha prorrogado su existencia "transitoria" en
más de dos ocasiones, difiriendo la institucionalización de autoridades de justicia,
funcionarios del Ejecutivo a cargo de las demandas en contra dirigentes de oposición,
han pasado de ser nuestros acusadores a ser nuestros juzgadores.
El segundo vicio es la promulgación de leyes que, a título de luchar contra el racismo o
de combatir la corrupción, violan derechos universales al modificar el sistema judicial e
incorporar en el ordenamiento jurídico boliviano penas que transgreden acuerdos de
los que Bolivia es signataria en materia de derechos humanos, tales como la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos o la Carta Interamericana de lucha contra la Corrupción.
Precisamente en estos días dos de las cinco leyes estructurales, recientemente
aprobadas por el Órgano Legislativo, fueron objeto de masivo rechazo social, de
impugnación ante instancias nacionales y de demandas ante instancias
internacionales, por violar la jurisprudencia constitucional y la jurisprudencia
convencional en lo referido a la independencia de la justicia y la libertad de expresión.
En tercer lugar están los vicios procesales en el marco de las demandas interpuestas
por el Estado en contra de dirigentes opositores, demandas que se han convertido en
juicios que violan las mínimas garantías procesales.
Soy objeto de detención por más de dos años y tres meses, sin sentencia en mi contra
y como producto de mi ilegal detención y secuestro por tropas militares que me
confinaron en La Paz, tras un mortal enfrentamiento entre ciudadanos que fue
organizado por el mismo Ministro de la Presidencia, pero del que yo fui sindicado y por
el que soy procesado, despojado de mi fuero procesal, juzgado por un tribunal sin

3. competencia y encausado fuera de la jurisdicción natural de tales sucesos, ocurridos
en el departamento Pando.
El proceso que se me sigue es emblemático por las irregularidades, empezando porque
se me ha privado del derecho a hacer uso de la palabra en lo que va del juicio, a lo que
se suman las acciones de prevaricación por parte de los jueces del tribunal de
sentencia, que adelantan públicamente criterio, asumiendo nuestra culpabilidad,
mientras se reúnen y fraternizan con la parte acusadora en un céntrico hotel aledaño a
la corte donde se desarrolla el proceso.
Tras ser denunciados y recusados, los jueces objetados deciden conocer y resolver
ellos mismos el incidente de su recusación, vulnerando el procedimiento que impone
que sea un tribunal superior e imparcial quien considere dar curso o no a la recusación
de los jueces objetados.
Como si no bastara, la abogada de la acusación Mary Carrasco ha sido formalmente
denunciada por la abogada defensora de dos coimputados en el proceso, los hermanos
Ronald y William Musuko, de ejercer coacción y de incitar al perjurio a sus defendidos
ofreciendo, a nombre del Estado, aminorarles los cargos y las penas a cambio de lograr
testimonios incriminatorios en mi contra.
En todo esto, las representaciones de los organismos internacionales, aquellos que
debieran constituirse en celosos custodios del respeto a las convenciones
internacionales que protegen los derechos humanos y las garantías procesales, han
jugado un papel contemplativo, condescendiente y hasta permisivo con los excesos del
gobierno boliviano que en todo momento ha operado detrás de este juicio.
Los sustentos de todo lo referido constan en registros de video y archivos
hemerográficos que hemos acompañado a las sucesivas denuncias formales que mi
defensa ha presentado ante la Organización de 4
Estado Americanos, la Organización de las Naciones Unidas y todo aquel que pudiera
pronunciarse por el respeto a la seguridad jurídica en Bolivia.
No pretendo que se asuma mi inocencia, pues eso debería establecerlo un proceso que
se pronuncie en derecho y ecuanimidad sobre la ausencia de evidencias o testigos que
sustenten la acusación del gobierno en mi contra. Lo que le pido vehementemente es
que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos se pronuncie sobre la
cancelación de garantías fundamentales y la violación del debido proceso en los juicios
a líderes opositores; sobre la legalidad de las acciones de una administración de
justicia intervenida y nombrada por el Ejecutivo; sobre las leyes redactadas por el
Ejecutivo, que la mayoría oficialista en el Legislativo aprueba sin alterar una sola coma,
pese a que violan convenciones y tratados internacionales sobre derechos humanos;
sobre los procesos judiciales interpuestos por el Ejecutivo en contra de líderes
opositores, prevaricando, coaccionando y vulnerando todo derecho a la defensa.
Me acompaña en todo momento la certeza de que todas estas irregularidades serán
en el futuro materia de un juicio de responsabilidades contra quienes han cancelado la
independencia de poderes para servirse de legisladores y jueces como instrumento de
criminalización de los disidentes políticos de este régimen.
La justicia habrá de llegar, de eso no tengo duda. Pero mucho dependerá de Ud. que
no sea la justicia histórica ni la justicia divina, sino la justicia de los hombres, la que nos

4. redima y para ello sólo necesitamos que el Alto Comisionado conozca, evalúe y se
pronuncie sobre los antecedentes de las irregularidades y los vicios procesales que han
contaminado un proceso, cuyo único fin es convertirme en el chivo expiatorio de una
violencia traída a mi gobernación por el mismo gobierno y así salvar su propia
responsabilidad política por las muertes de 13 compatriotas bolivianos.
Fue un hecho sangriento que tratamos de evitar empleando todos los recursos a
nuestro alcance y que en un juicio justo que respete el debido proceso mi derecho a la
defensa, estaría en plena capacidad de demostrar.
Su llegada al país me devuelve y le devuelve a muchos otros presos políticos de este
gobierno la esperanza de que los organismos de defensa de los derechos humanos
puedan conocer y pronunciarse sobre nuestra situación y sobre el verdadero estado de
la justicia y los derechos humanos en Bolivia.
Atentamente,
Leopoldo Fernández Ferreira
Ex Gobernador de Pando y Ex candidato a la Vicepresidencia de Bolivia