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EL DERECHO A LA VIDA EN COLOMBIA




                           RESUMEN ANALÍTICO ESTRUCTURADO (R.A.E)


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castigar a los responsables de tales crímenes.
Consideramos que la legislación en materia de derechos humanos en Colom...
“El hombre puede morir sin angustia si sabe que lo que ama está protegido de la miseria y el olvido.
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1.    INTRODUCCIÓN


En el seno de la sociedad actual parece existir un acuerdo formal en torno al tema de la
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Colombia, país de contradicciones, un país en el que la pena de muerte se encuentra abolida
dentro de su marco legal, ...
2.     OBJETIVOS




                                   2.1.        OBJETIVO GENERAL


Realizar un análisis crítico en tor...
3.    TESIS


Históricamente ha existido y continúa existiendo en Colombia una contradicción entre la teoría y
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4.     LEGISLACIÓN O MARCO LEGAL


Aunque los Tratados Internacionales, la Constitución Política de Colombia y la Ley en g...
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3.   Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la
     Pena de Muerte de ...
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Humanos o Pacto San José de Costa ...
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En perspectiva de un derecho a la vida tomado de modo integral, resulta pertinente mencionar
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Derechos del Niño (Art. 19); de la misma manera se prohíbe la suspensión de las garantías
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Finalmente, el Capítulo 4 del Titulo II de la Constitución al hablar de la Protección y aplicación
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El artículo 111 acerca del delito de lesiones personales señala que quien “cause a otro daño en
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Entrando en el terreno de los delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho
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5.     MARCO TEÓRICO SOBRE EL DERECHO A LA VIDA




                                        5.1.     DERECHOS HUMANOS


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    humanos es el resultado de las experiencias vividas por el hombre tanto a nivel individual
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derecho a la guerra, la legítima defensa, la pena de muerte y la manipulación genética entre
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Pero para que la dignidad humana pueda ser vivencia por el sujeto y desarrollada
ontológicamente, se requiere que la ...
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de la dignidad de todo ser humano, es que se empieza a hablar del derecho de todo ser
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En tiempos más recientes, se encuentra el gran Holocausto en el que los regímenes totalitaristas
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  • Me parece un exelente trabajo, puesto que en el se puede apreciar que Colombia esta a años luz en aplicar el respeto por el derecho a la vida
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  1. 1. EL DERECHO A LA VIDA EN COLOMBIA RESUMEN ANALÍTICO ESTRUCTURADO (R.A.E) EL DERECHO A LA VIDA EN COLOMBIA RIGOBERTO MOLINA PARRA DEPARTAMENTO DE CALDAS CIUDAD DE MANIZALES AGOSTO 28 DE 2009 MARCO LEGAL TRATADOS INTERNACIONALES RATIFICADOS POR COLOMBIA:  Declaración Universal de los Derechos Humanos  Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto San José de Costa Rica, suscrita en noviembre de 1969.  Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998. CONSTITUCIÓN POLÍTICA: ARTÍCULO 11: “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte” MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA Ante la problemática de violación de los derechos humanos y, particularmente del derecho a la vida en Colombia, por parte, no sólo de los actores del conflicto político, social y armado que vive el país, sino de la delincuencia común, el narcotráfico y en ocasiones, también por parte del gobierno y de los funcionarios del Estado, el presente trabajo busca develar las posibles causas de este fenómeno y analizar los antecedentes, magnitud y evolución del problema en mención. OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL Realizar un análisis crítico en torno al tema de los derechos humanos y el derecho a la vida, su evolución histórica, la legislación existente y la aplicación que de ellos se hace en Colombia.
  2. 2. 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  Reflexionar en torno a la grave problemática social de violación de los derechos humanos y el derecho a la vida en Colombia.  Analizar algunos casos concretos de violaciones a los derechos humanos y el derecho a la vida en Colombia.  Hacer una síntesis de la evolución histórica de los derechos humanos y el derecho a la vida en Colombia.  Hacer una exposición del marco legal y la normatividad vigente en Colombia en torno a los temas de promoción y defensa del derecho a la vida y los derechos humanos. METODOLOGÍA En la elaboración del presente trabajo se emplearon para la recolección de la información y el análisis del problema, diferentes estrategias metodológicas que facilitaron el estudio y la descripción de la problemática planteada por la violación del derecho a la vida en Colombia a raíz del conflicto político, económico, social y armado que vive el país. Esta obra parte fundamentalmente del análisis de la normatividad vigente y de las reflexiones e investigaciones realizadas por algunos expertos en materia de defensa y promoción de los derechos humanos y el derecho a la vida en Colombia. Los textos en mención fueron analizados y comparados unos con otros para establecer diferencias y similitudes y de este modo formular argumentos que permitieran sustentar a favor o en contra de la tesis planteada. EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA El presente trabajo fue satisfactorio por cuanto permitió, con base en el análisis de la normatividad interna y del derecho internacional y las reflexiones e investigaciones realizadas por algunos expertos en materia de defensa y promoción de los derechos humanos y el derecho a la vida en Colombia, determinar las causas principales que inducen a su violación en el país. El trabajo también permitió hacer un recorrido tanto por los planteamientos realizados por algunos expertos en el tema, como por la legislación vigente, la teoría moral, ética, política y jurídica en materia de derechos humanos y derecho a la vida en Colombia y se identificaron las causas y consecuencias posibles de la problemática de violación de derechos humanos y derecho a la vida en el país y se plantearon algunas posibles alternativas de solución a tales problemáticas. CONCLUSIONES En Colombia el derecho a la vida se ve conculcado cuando las personas deben vivir en condiciones de injusticia, inseguridad y en algunos casos de miseria, situaciones que son un caldo de cultivo propicio para la proliferación de diversas formas de violencia y en las que el Estado y la clase dirigente tienen gran parte de la culpa a raíz de la corrupción y por no propiciar reformas estructurales que posibiliten una mayor democratización del país y una más equitativa distribución de la riqueza. Históricamente, en nuestro país se ha evidenciado una falta de compromiso por parte del Estado en investigar graves casos de violaciones al derecho a la vida entre las que se incluyen masacres, torturas, desapariciones forzadas, magnicidios y genocidio. Situaciones que muestran la incapacidad de éste para hacer cumplir la Constitución y la ley y
  3. 3. 3 castigar a los responsables de tales crímenes. Consideramos que la legislación en materia de derechos humanos en Colombia debe ser más exigente, se debe perseguir la corrupción, sancionar efectivamente el accionar de la delincuencia común, el narcotráfico, la guerrilla y los paramilitares y castigar de una manera ejemplarizante, conforme al estado de derecho y la legislación internacional, los posibles nexos del Estado o de sus cuerpos de seguridad con el narcotráfico o los grupos armados ilegales. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. 2° edición 1993. Editorial Leyer.  PAPACHINI Angelo. Filosofía y Derechos Humanos. 3ª Edición. Cali: Editorial Universidad del Valle. 1997.  PAPACHINI Angelo. Naturaleza y Clasificación de los Derechos Humanos., en Filosofía y Derechos Humanos. 3ª edición. Cali: Editorial Universidad del Valle. 1997. 348 páginas.
  4. 4. “El hombre puede morir sin angustia si sabe que lo que ama está protegido de la miseria y el olvido. Después de una vida plena puede aceptar para sí mismo el morir —en un momento elegido por él mismo—. Pero ni siquiera el advenimiento último de la libertad puede redimir a aquellos que mueren en el dolor. Es el recuerdo de ello y la culpa acumulada de la humanidad contra sus víctimas, el que oscurece la posibilidad de una civilización sin represión”. Herbert Marcuse, “Eros y Civilización”. “Por no-violentas que sean o vayan a ser nuestras manifestaciones, hemos de contar con que se les oponga la violencia de las instituciones”. Herbert Marcuse. “El Final de la Utopía”.
  5. 5. 1. INTRODUCCIÓN En el seno de la sociedad actual parece existir un acuerdo formal en torno al tema de la promoción, protección y defensa del derecho a la vida, entendiendo esta como condición que – además de ser apreciada individual y colectivamente como un valor básico- debe ser vista como el soporte material fundamental para el goce de los demás derechos humanos. En efecto, la vida debe ser contemplada como un derecho inalienable, imprescriptible e irrenunciable no sólo en términos del deber de las personas, la sociedad y el estado de garantizar y/o propiciar las condiciones de seguridad que eviten y/o contengan la violencia sino en términos de calidad de la misma, pues no sólo se atenta contra el derecho a la vida cuando se ataca o asesina a una persona, también se atenta contra este derecho cuando por acción o por omisión las personas a nivel individual o colectivo, la sociedad o el Estado no garantizan los medios mínimos y las condiciones adecuadas para que ellos mismos y los demás puedan llevar una vida digna. El presente trabajo hace un análisis de la compleja situación de Colombia en materia de derechos humanos, particularmente en lo que a violación del derecho a la vida hace referencia. De forma similar analiza la normatividad vigente en esta materia y abordan las implicaciones morales, éticas, jurídicas, políticas y sociales de tal derecho en consonancia con la Constitución Política, el Código Penal y algunos de los tratados internacionales ratificados por Colombia y se hace el análisis de algunos de los casos más conocidos de violaciones al derecho a la vida en nuestro país. La obra también pone de manifiesto la clara contradicción planteada entre un marco legal que de manera formal promueve los derechos humanos y la cruda realidad de un país que en medio de un conflicto político, económico, social y armado asiste a uno de los peores escenarios de violencia y de violación no sólo del derecho a la vida, sino en general de todos los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, un país en el que la compleja situación de injusticia económica, política y social plantea un atentado en contra de la vida y la dignidad humanas.
  6. 6. 6 Colombia, país de contradicciones, un país en el que la pena de muerte se encuentra abolida dentro de su marco legal, pero en el que todos los días guerrilla, paramilitares, narcotraficantes, delincuencia común y, en ocasiones, personas vinculadas al Estado cometen diferentes formas de asesinato que van desde el homicidio fruto de un atraco o una riña callejera, pasando por las vendetas entre grupos delincuenciales, las masacres, las desapariciones forzadas, la mal llamada limpieza social y los asesinatos selectivos. El trabajo plantea unas interesantes conclusiones a partir de la reflexión realizada y unos posibles caminos de solución o de manejo de la grave crisis de derechos humanos en Colombia. Con el presente trabajo se espera contribuir a la comprensión y a la reflexión acerca del oscuro panorama por el que atraviesa el país, a la vez que hacemos un llamado a la cordura y a la promoción y defensa del derecho a la vida y la dignidad del ser humano.
  7. 7. 2. OBJETIVOS 2.1. OBJETIVO GENERAL Realizar un análisis crítico en torno al tema de los derechos humanos y el derecho a la vida, su evolución histórica, la legislación existente y la aplicación que de ellos se hace en Colombia. 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1. Reflexionar en torno a la grave problemática social de violación de los derechos humanos y el derecho a la vida en Colombia. 2. Hacer una síntesis de la evolución histórica de los derechos humanos y el derecho a la vida en Colombia. 3. Hacer una exposición del marco legal y la normatividad vigente en Colombia en torno a los temas de promoción y defensa del derecho a la vida y los derechos humanos. 4. Analizar algunos casos concretos de violaciones a los derechos humanos y el derecho a la vida en Colombia.
  8. 8. 3. TESIS Históricamente ha existido y continúa existiendo en Colombia una contradicción entre la teoría y la práctica respecto a los temas de derecho a la vida y los derechos humanos en gran parte favorecida por deficiencias o vacíos presentados en la legislación vigente, por la falta de instrumentos de control que aseguren el cumplimiento de la ley y por la negligencia y escaso compromiso del Estado en esta materia.
  9. 9. 4. LEGISLACIÓN O MARCO LEGAL Aunque los Tratados Internacionales, la Constitución Política de Colombia y la Ley en general dedican una parte significativa de su contenido, bien de forma directa o indirecta, al tema de los derechos humanos y al deber que el Gobierno, el Estado y la sociedad tienen de velar en la protección y defensa de los mismos, la realidad muestra un panorama sombrío al respecto, ya que son frecuentes las violaciones a tales derechos, incluido el derecho a la vida, tanto por las partes involucradas dentro del conflicto político social y armado que actualmente vive el país – léase movimientos subversivos, paramilitares e, incluso, los propios agentes de seguridad del Estado-, así como por los narcotraficantes y la delincuencia común. Es por esta razón que antes de hacer un análisis de la situación del país en materia de Derecho a la Vida, conviene hacer una rápida revisión al ordenamiento jurídico nacional e internacional aplicable en materia de derechos humanos en Colombia, aclarando que por tratarse de un marco legal muy amplio, sólo se hará revisión de algunas de las normas que –a juicio de los autores de la presente investigación- son más significativas, bien porque tienen una relación más directa con el tema objeto de estudio o bien porque tocan puntos muy generales que son comunes o son desarrollados por otras normas del derecho internacional y de la legislación colombiana. 4.1. TRATADOS INTERNACIONALES Colombia, como Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es uno de los países que, tanto a nivel regional como universal, hace parte de una amplia serie de tratados internacionales sobre defensa, respeto y promoción de los derechos humanos entre los que cabe mencionar los siguientes: 1. Declaración Universal de los Derechos Humanos 2. Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto San José de Costa Rica, suscrita en noviembre de 1969.
  10. 10. 10 3. Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte de 1990. 4. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, Art. 6. 5. Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos, Destinado a Abolir la Pena de Muerte de 1989. 6. Convención para la Prevención del Crimen y la Sanción del Delito De Genocidio de 1948. 7. Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de 1948. 8. Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998. 9. Convención para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo Configurados en Delitos contra las Personas y la Extorsión Conexa Cuando Éstos Tengan Trascendencia Internacional de 1971. 10. Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994. 11. Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, Art. 6 Núm. 1 y Art. 31 Núm. 1. 12. Convención Internacional Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (1965) 13. Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) 14. Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1967), Art. 31 15. Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Tales tratados han sido incorporados a la legislación colombiana y en concordancia con esto, la Constitución misma dedica un importante espacio al tema de los derechos humanos; no obstante, la realidad deja ver una contradicción, ya que por múltiples factores –que analizaremos más adelante, en el capítulo 11, cuando se aborde el tema de la situación de Colombia en derechos humanos- la ley es violada, lo cual trae consigo una complejo y oscuro panorama de quebrantamiento de los derechos humanos. A continuación se hará un breve recorrido por algunos de los más importantes tratados internacionales adoptados por Colombia en materia de derechos humanos, particularmente de aquellos que hacen alusión a la defensa, protección y promoción del derecho a la vida1, a saber: 1 El derecho internacional incluye una amplia serie de tratados internacionales que hacen alusión al tema de los derechos humanos, muchos de los cuales han sido ratificados por la legislación colombiana. En efecto, se trata de un
  11. 11. 11 Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto San José de Costa Rica, suscrita en noviembre de 1969, Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de 1948 y Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998. 4.1.1. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS La Declaración Universal de los Derechos Humanos hace alusión explícita al derecho a la vida en el artículo tercero cuando afirma: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, y de modo implícito al hablar de otros derechos fundamentales de la persona, ya que esto de un modo u otro tiene que ver con su dimensión cualitativa2, esto es con la posibilidad según la cual los seres humanos gocen de una adecuada calidad de vida cuando en su artículo 5 asegura que “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes” y en su artículo 25 que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…” En esta misma dirección, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto San José de Costa Rica, suscrita en noviembre de 1969 en el marco de la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos hace alusión directa al derecho a la vida cuando afirma en el numeral 1 del Artículo 4: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente” y en su numeral 3 afirma que “no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido”. marco legal sumamente amplio, motivo por el que sólo se hará revisión de aquellos que a juicio del autor del presente trabajo resultan más relevantes, bien porque tienen una relación más directa con el tema objeto de estudio: la garantía, defensa y protección del derecho a la vida en Colombia, o bien porque tocan puntos muy generales que son comunes o son desarrollados por otras normas del derecho internacional y de la legislación interna. 2 El derecho a la vida visto desde una perspectiva integral no sólo incluiría la garantía por parte del estado de asegurar hasta el límite lógico que la naturaleza impone, la evitación o postergación de la muerte así como la protección en contra de toda forma de violencia, hecho que iría en contravía del carácter sagrado de la vida humana. El derecho a la vida debe incluir una especie de dimensión cualitativa, es decir la garantía y el compromiso de la sociedad y el Estado en pro de la búsqueda de unas condiciones de vida digna de todos sus ciudadanos, de lo contrario, el derecho a la vida no sería más que el derecho a la supervivencia biológica. Cf. PAPACHINI Angelo. “Derecho a la Vida”. 3ª Edición. Cali: Editorial Universidad del Valle y Colciencias. 2001. 390 páginas.
  12. 12. 12 En perspectiva de un derecho a la vida tomado de modo integral, resulta pertinente mencionar el Artículo 5 de la Convención que habla acerca de la integridad personal: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo primero es firme en proclamar el deber de los Estados en defender y garantizar el derecho a la vida y en general los derechos humanos a todas las personas tal y como lo expresan sus dos numerales: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano”. En su artículo segundo la Convención señala el deber del Estado de adaptar su sistema jurídico a la legislación internacional en materia de derechos humanos, en este punto es de resaltar que Colombia es uno de los estados miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que –en concordancia con esto- no sólo ha ratificado una serie de tratados internacionales, sino que ha adaptado el ordenamiento jurídico interno a ellos, al punto que su Constitución Política dedica gran parte al tema de los derechos humanos. El artículo 27 también señala los casos, las condiciones, las excepciones y los límites dentro de los cuales le es lícito al Estado realizar una suspensión temporal de algunas garantías ligadas a los derechos humanos haciendo implícitamente un énfasis en que ningún estado de excepción - llámese guerra, estado de sitio, conmoción interior, emergencia manifiesta, etc.- da vía libre para que las autoridades cometan violaciones de derechos humanos. En este sentido el numeral segundo del citado artículo explícitamente promulga que no autoriza bajo ninguna circunstancia la suspensión de varios derechos incluidos en el articulado de la misma convención entre los que cabe mencionar el Derecho a la Vida (Art. 4); el Derecho a la Integridad Personal (Art. 5) y los
  13. 13. 13 Derechos del Niño (Art. 19); de la misma manera se prohíbe la suspensión de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. La Convención en su artículo 29 es tajante en aclarar un marco objetivo de interpretación y aplicación de los derechos por ella tutelados y en señalar en su artículo 32 una íntima correlación entre los derechos y los deberes de las personas, la sociedad y el Estado y un límite objetivo a los derechos de las personas que no puede ser otro que el de los derechos de los demás, la seguridad de todos y las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática. 4.1.2. CONVENCIÓN SOBRE LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS CRÍMENES DE GUERRA Y DE LESA HUMANIDAD Este tratado internacional en su Artículo 1 proclama: “Los crímenes siguientes –refiriéndose a los crímenes de guerra y de lesa humanidad- son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido” y, respecto a los primeros los define de acuerdo con los criterios dados por en otros tratados internacionales como: el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg, de 8 de agosto de 1945, las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3 (I) de 13 de febrero de 1946 y 95 (I) de 11 de diciembre de 1946, sobre todo las "infracciones graves" enumeradas en los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 para la protección de las víctimas de la guerra3. De forma parecida, respecto a los segundos, es decir a los crímenes de lesa humanidad, bien sean cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, establece, de acuerdo con otros tratados internacionales como: el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg, de 8 de agosto de 1945, las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3 (I) de 13 de febrero de 1946 y 95 (I) de 11 de diciembre de 1946, así como la expulsión por ataque armado u ocupación y los actos inhumanos debidos a la política de apartheid y el delito de genocidio definido en la Convención de 1948 para la prevención y la sanción del delito de 3 Cf. Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de lesa Humanidad. Documento consultado el Domingo 12 de junio de 2005 en http://www.colectivodeabogados.org/Convencion-sobre-la
  14. 14. 14 genocidio aún si esos actos no constituyen una violación del derecho interno del país donde fueron cometidos4. La Convención ratifica el compromiso de la sociedad y de los Estados que hacen parte de ella en la defensa de los derechos humanos, incluido el derecho a la vida, por cuanto los crímenes de guerra y de lesa humanidad son crímenes en contra de la vida, cuando en su artículo segundo asegura que de cometerse tales crímenes, el contenido de la Convención se aplicará a “los representantes de la autoridad del Estado y a los particulares que participen como autores o cómplices o que inciten directamente a la perpetración de alguno de esos crímenes, o que conspiren para cometerlos, cualquiera que sea su grado de desarrollo, así como a los representantes de la autoridad del Estado que toleren su perpetración”. En concordancia con los anteriores planteamientos y en el afán de la Convención de no cesar en su persecución a los delitos de guerra y de lesa humanidad, el artículo tercero recuerda la obligación de los Estados de tomar las medidas pertinentes de orden político, legislativo y jurídico a fin de garantizar la extradición de todas aquellas personas que se encuentren en su territorio y hayan cometido crímenes de guerra o de lesa humanidad y de este modo puedan ser juzgados bien sea por el Estado donde cometió el delito o por la comunidad internacional en el caso que éste no pueda o no quiera hacerlo. Así mismo, el artículo cuarto enuncia el compromiso y la obligación del Estado de tomar las medidas o hacer las reformas que fuesen necesarias a su legislación interna de forma tal que no exista la prescripción de la acción penal o de las penas en contra de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. 4.1.3. ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL El Estatuto de Roma, aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas en su Preámbulo hace referencia implícita al derecho a la vida cuando señala: 4 Cf. Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de lesa Humanidad. Documento consultado el Domingo 12 de junio de 2005 en http://www.colectivodeabogados.org/Convencion-sobre-la
  15. 15. 15 “en este siglo –al referirse al siglo XX, pero cuya situación bien aplica en el XXI-, millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad, reconociendo que esos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad, afirmando que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia, decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes, recordando que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales,… Decididos, a los efectos de la consecución de esos fines y en interés de las generaciones presentes y futuras, a establecer una Corte Penal Internacional de carácter permanente, independiente y vinculada con el sistema de las Naciones Unidas que tenga competencia sobre los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto,… destacando que la Corte Penal Internacional establecida en virtud del presente Estatuto será complementaria de las jurisdicciones penales nacionales, decididos a garantizar que la justicia internacional sea respetada y puesta en práctica en forma duradera…” El Estatuto estableció en sus Artículos 1, 2, 3 y 4 la existencia de la Corte Penal Internacional como un organismo judicial de carácter permanente, adscrito a la Organización de Naciones Unidas (ONU), facultado para ejercer su jurisdicción sobre los autores y las victimas de los crímenes más graves de trascendencia internacional y de un modo complementario de las jurisdicciones penales nacionales de los Estados que hacen parte de la Organización. El planteamiento anterior tiene una relación íntima con el derecho a la vida, ya que es éste uno de los derechos que más experimenta violaciones cuando se presentan guerras o conflictos armados tanto de carácter nacional e internacional, situación que se manifiesta claramente en delitos como los señalados de su competencia jurídica en el Numeral 1 del Artículo 5: “La Corte tendrá competencia, respecto de los siguientes crímenes: a) El crimen de genocidio; b) Los crímenes de lesa humanidad; c) Los crímenes de guerra; d) El crimen de agresión”. El Artículo 6 suministra una clara definición del genocidio, flagrante atentado contra el derecho a la vida, en los siguientes términos: “Se entenderá por ‘genocidio’ cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;…“
  16. 16. 16 El Estatuto de Roma señala los crímenes de lesa humanidad –también formas de delito que atentan contra el derecho a la vida- como cualquiera de las acciones incluidas en su Artículo 7 cuando estas sean realizadas como parte de un “ataque generalizado o sistemático contra una población civil”, entendido este como una línea de conducta deliberada que implica la comisión múltiple de actos en contra de la población civil como los que –además del asesinato- se enuncian a continuación: a) Exterminio: Hace referencia a “la imposición intencional de condiciones de vida, la privación del acceso a alimentos o medicinas entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población”. b) Esclavitud: Se refiere a “el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños”. c) Deportación o traslado forzoso de población: Hace alusión al “desplazamiento de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional”. d) Tortura: Entendida esta como toda acción tendiente a “causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control”; no obstante, se excluye el dolor o los sufrimientos derivado de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas. e) Desaparición forzada de personas: Aquí se incluyen conductas como la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado. f) Delitos sexuales: Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada… u otros abusos sexuales de gravedad comparable. g) Persecución de un grupo o colectividad: Persecución, es decir, privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3…
  17. 17. 17 El Artículo 8 define los crímenes de guerra en caso de conflicto armado que no sea de índole internacional5, como acciones violatorias a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, en particular “cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes… Actos cometidos contra personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y los que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, lesiones, detención o por cualquier otra causa” donde se incluyen conductas como: a) Actos de violencia contra la vida y la persona, en particular el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura; b) Los ultrajes contra la dignidad personal, en particular los tratos humillantes y degradantes; c) La toma de rehenes; d) Las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin sentencia previa pronunciada por un tribunal constituido regularmente y que haya ofrecido todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables. e) Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades; f) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y vehículos sanitarios y contra el personal habilitado para utilizar los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de conformidad con el derecho internacional; g) Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles u objetos civiles con arreglo al derecho de los conflictos armados; h) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados al culto religioso, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos, los hospitales y otros lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, a condición de que no sean objetivos militares; i) Saquear una ciudad o plaza, incluso cuando es tomada por asalto; j) Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, definido en el apartado f) del párrafo 2 del artículo 7,… o cualquier otra forma de violencia 5 En este punto conviene resaltar que si bien el Estatuto define las conductas consideradas crímenes de guerra tanto en los conflictos internacionales como en los no-internacionales, el presente trabajo sólo abordará aquellas acciones que hagan alusión a estos últimos en razón a que el actual conflicto en Colombia es de orden interno.
  18. 18. 18 sexual que constituya también una violación grave del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra; k) Reclutar o alistar niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o utilizarlos para participar activamente en hostilidades; l) Ordenar el desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto, a menos que así lo exija la seguridad de los civiles de que se trate o por razones militares imperativas; m) Matar o herir a traición a un combatiente enemigo; Nada de lo dispuesto en los párrafos 2 c) y d) afectará a la responsabilidad que incumbe a todo gobierno de mantener y restablecer el orden público en el Estado y de defender la unidad e integridad territorial del Estado por cualquier medio legítimo. 4.2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA En esta parte del trabajo se muestran algunos de los apartes de la Carta Magna de los colombianos que están referidos al tema de los derechos humanos, en particular del derecho a la vida. Es de anotar que la Constitución dedica una parte importante a estos temas, tal y como se expresa desde su mismo Preámbulo, el cual incluye como uno de los fines del Estado el “asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo,…”. También cabe resaltar que en su Título Primero, la Constitución incluye varios textos que implícitamente hacen alusión al derecho a la vida. Particularmente dentro de sus principios Fundamentales el artículo 1 afirma que “Colombia es un Estado social de derecho… fundada en el respeto de la dignidad humana” y, más adelante, al hablar de los fines esenciales del Estado incluye en su Artículo 2 el “asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo” y prosigue –pero esta vez de modo explícito- que “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.
  19. 19. 19 Posteriormente, el Título Segundo dedica sus cinco capítulos al tema de los derechos humanos y las garantías y deberes que de ellos se desprenden. De esta forma el Capítulo 1 o de “Los Derechos Fundamentales” respecto al derecho a la vida abiertamente dice en el artículo 11: “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte” e implícitamente –es decir porque tienen que ver con su dimensión cualitativa en cuanto otros derechos humanos son conexos como condiciones necesarias para que las personas tengan acceso a una adecuada calidad de vida- entre los que se destacan el articulo 12 que afirma que “nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, el artículo 17 en el que “se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas” y el articulo 25 en el que se que “el trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”. En el mismo Título Segundo, pero esta vez en Capítulo 2 o de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, la Constitución proclama de modo directo frente al derecho a la vida de los niños asegura en su artículo 44: “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada,… Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia… Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. Más adelante, la Constitución hace alusión a otros derechos que se encuentran ligados estrechamente con el derecho a la vida, particularmente con la calidad de vida entre los que conviene destacar artículo 48 y 49 donde respectivamente se dice garantizar a todos los habitantes “el derecho irrenunciable a la Seguridad Social” y “el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”; así mismo, el articulo 53 define como principios mínimos fundamentales de la legislación laboral los siguientes: “remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;… primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social…”.
  20. 20. 20 Finalmente, el Capítulo 4 del Titulo II de la Constitución al hablar de la Protección y aplicación de los derechos afirma en el artículo 93 afirma el carácter de primacía de la legislación internacional en materia de derechos humanos sobre el ordenamiento jurídico interno y recuerda que “los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia”6. 4.3. LEY 599 DE JULIO 24 DE 2000 O CÓDIGO PENAL En este apartado se muestran algunos de los apartes de la Ley 599 de Julio 24 de 2000 o Código Penal Colombiano referidos de forma general al tema de los derechos humanos y en particular al derecho a la vida. En su Artículo Primero el Código afirma que el derecho penal en Colombia “tendrá como fundamento el respeto a la dignidad humana” y prosigue en el Artículo Segundo donde asegura que hacen parte integral del mismo ”las normas y postulados que sobre derechos humanos se encuentren consignados en la constitución política, en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia”; no obstante, pasando del espíritu de la Ley al terreno de las conductas tipificadas como delitos en contra de los derechos humanos y el derecho a la vida y de las sanciones por ella impuestas encontramos que los artículos 101 y 102, modificados por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 que establece un aumento de las penas a partir del 1º de enero de 2005, señalan que el autor de un acto genocida se hará acreedor a una pena de prisión que puede ir de de los cuatrocientos ochenta meses (480) a seiscientos meses (6009, multa de dos mil seiscientos sesenta y seis mil punto sesenta y seis (2.666,66) a quince mil (15.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes e interdicción de derechos y funciones públicas de doscientos cuarenta (240) a trescientos sesenta (360) meses cuando se provoque la muerte de los miembros de un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político, por razón de su 6 Este Artículo se encuentra adicionado por el Acto Legislativo 02 de 2001, cuyo texto es el siguiente: “El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución. La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él”.
  21. 21. 21 pertenencia al mismo; la pena de prisión será de ciento sesenta (160) a cuatrocientos cincuenta (450) meses, la multa de mil trescientos treinta y tres punto treinta tres (1.333.33) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales vigentes y la interdicción de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a doscientos setenta (270) meses cuando con el mismo propósito se cometiere cualquiera de los siguientes actos: 1) Lesión grave a la integridad física o mental de miembros del grupo. 2) Embarazo forzado. 3) Sometimiento de miembros del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. 4) Tomar medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo. 5) Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. El artículo 102 al hablar sobre la apología del genocidio establece penas de prisión noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses, multa de seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (666.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento ochenta (180) meses para la persona que “por cualquier medio difunda ideas o doctrinas que propicien o justifiquen las conductas constitutivas de genocidio, o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de las mismas”. Posteriormente, el artículo 103 señala que el autor de un homicidio “incurrirá en prisión de doscientos ocho (208) a cuatrocientos cincuenta (450) meses”, pena que de acuerdo con el artículo 104 se amplía cuando tal conducta se cometiere: “En los cónyuges o compañeros permanentes; en el padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo hogar, en los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos; y en todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integradas a la unidad doméstica. Para preparar, facilitar o consumar otra conducta punible; para ocultarla, asegurar su producto o la impunidad, para sí o para los copartícipes. Por medio de cualquiera de las conductas previstas en el Capítulo II del Título XII y en el Capítulo I del Título XIII, del libro segundo de este código. Por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo abyecto o fútil. Valiéndose de la actividad de inimputable. Con sevicia. Colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad o aprovechándose de esta situación. Con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas. En persona internacionalmente protegida diferente a las contempladas en el Título II de éste Libro y agentes diplomáticos, de conformidad con los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por Colombia.
  22. 22. 22 Si se comete en persona que sea o haya sido servidor público, periodista, juez de paz, miembro de una organización sindical legalmente reconocida, político o religioso en razón de ello. El nuevo texto es el siguiente:> Si se cometiere contra una mujer por el hecho de ser mujer”. De acuerdo con el artículo 105, si el homicidio fuere preterintencional, la pena imponible de acuerdo con los artículos 103 y 104 deberá ser disminuida de una tercera parte a la mitad; respecto a la eutanasia u homicidio por piedad, el artículo 106 fija una pena de prisión oscilante entre los dieciséis (16) y los cincuenta y cuatro (54) meses; para la inducción o ayuda al suicidio, el artículo 107 establece prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho (108) meses, pena que puede verse reducida ser de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses cuando la inducción o ayuda esté dirigida a poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable; el artículo 108 señala que “la madre que durante el nacimiento o dentro de los ocho (8) días siguientes matare a su hijo, fruto de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, o abusivo, o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento ocho (108) meses”. En cuanto al homicidio culposo, el artículo 109 ordena una pena en prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho (108) meses y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, pena a la cual se añade la privación del derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas y del derecho a la tenencia y porte de arma, respectivamente, de cuarenta y ocho (48) a noventa (90) meses cuando en la comisión de dicha conducta se empleen medios motorizados o arma de fuego. En forma similar, el Artículo 110 establece que la pena se aumentará de una sexta parte al doble si en el desarrollo de dicha conducta se sucedieron algunas de las siguientes circunstancias de agravación punitiva: 1. “Si el agente se encontraba bajo el influjo de bebida embriagante o droga o sustancia que produzca dependencia física o síquica y ello haya sido determinante para su ocurrencia… 2. Si el agente abandona sin justa causa el lugar de la comisión de la conducta… 3. Si al momento de cometer la conducta el agente no tiene licencia de conducción o le ha sido suspendida por autoridad de tránsito… 4. Si al momento de los hechos el agente se encontraba transportando pasajeros o carga pesada sin el lleno de los requisitos legales… 5. Si al momento de los hechos el agente se encontraba transportando niños o ancianos sin el cumplimiento de los requisitos legales…”
  23. 23. 23 El artículo 111 acerca del delito de lesiones personales señala que quien “cause a otro daño en el cuerpo o en la salud, incurrirá en las sanciones establecidas en los artículos siguientes”: penas que van desde un mínimo de dieciséis (16) a los ciento ochenta (180) meses de prisión y una multa adicional que puede oscilar entre los trece punto treinta y tres (13.33) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes dependiendo de la magnitud del daño provocado en términos de días de días de incapacidad para trabajar o enfermedad (Artículo 112), de deformidad física (Artículo 113), perturbación funcional (Artículo 114), perturbación psíquica (artículo 115), pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro (Artículo 116), penas que pueden ser aumentadas de un tercio (1/3) a la mitad si a causa de la lesión infligida se provocase parto prematuro que tenga consecuencias nocivas para la salud de la agredida o de la criatura, o sobreviniere el aborto (Artículo 118) o cuando en la comisión de tales conductas concurra alguna de las circunstancias de agravación señaladas en los artículos 104 y 119 del Código o al doble cuando hayan sido cometidas sobre niños o niñas menores de catorce (14) años. Cuando se tratase de lesiones culposas, el artículo 120 señala que las anteriores penas pueden ser disminuidas cuatro quintas a las tres cuartas partes o, en el caso que la conducta culposa fuese cometida utilizando medios motorizados o arma de fuego se impondrá igualmente la pena de privación del derecho de conducir vehículos automotores y motocicletas y de privación del derecho a la tenencia y porte de arma, respectivamente, de uno (1) a tres (3) años y el artículo 121 señala que cuando se cumpla alguna de las circunstancias de agravación punitiva previstas en el Artículo 110, las penas aumentarán en la proporción indicada en ese Artículo. Acerca del tema del aborto, tenemos que el artículo 122 señala que la mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, así como la persona quien, con el consentimiento de la mujer, realice tal conducta incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años. Cuando éste fuere realizado sin consentimiento o en mujer menor de catorce años, el artículo 123 establece una pena de prisión de cuatro (4) a diez (10) años y el artículo 124 que habla de las circunstancias de atenuación punitiva señala que la pena se disminuirá en las tres cuartas partes cuando el embarazo sea resultado de una conducta constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo, de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas.
  24. 24. 24 Entrando en el terreno de los delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario tenemos que el artículo 135 define como persona protegida conforme al derecho internacional humanitario a: “1) Los integrantes de la población civil. 2) Las personas que no participan en hostilidades y los civiles en poder de la parte adversa. 3) Los heridos, enfermos o náufragos puestos fuera de combate. 4) El personal sanitario o religioso. 5) Los periodistas en misión o corresponsales de guerra acreditados. 6) Los combatientes que hayan depuesto las armas por captura, rendición u otra causa análoga. 7) Quienes antes del comienzo de las hostilidades fueren considerados como apátridas o refugiados. 8) Cualquier otra persona que tenga aquella condición en virtud de los Convenios I, II, III y IV de Ginebra de 1949 y los Protocolos Adicionales I y II de 1977 y otros que llegaren a ratificarse”. En este sentido el Código afirma que quien, “con ocasión y en desarrollo de conflicto armado”, cometa alguno de las siguientes conductas en persona protegida: homicidio (artículo 135), lesiones (artículo 136), tortura (Artículo 137), acceso carnal violento (Artículo 138), actos sexuales violentos (Artículo 139), prostitución forzada o esclavitud sexual (articulo 141) se hará acreedor a penas en prisión que, dependiendo del delito, van desde de sesenta y cuatro (64) hasta seiscientos (600) meses, multa de multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) hasta siete mil quinientos (7.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de doscientos cuarenta (160) a trescientos sesenta (360) meses y el artículo 140 señala que la pena prevista en los 138 y139 se agravará en los mismos casos y en la misma proporción señalada en el artículo 211 del mismo Código. En este mismo sentido, cabe anotar que en el caso de homicidio, de acuerdo con el inciso adicionado por el artículo 27 de la Ley 1257 de 2008, la pena se incrementará “de la tercera parte a la mitad cuando se cometiere contra una mujer por el hecho de ser mujer”, El Código también establece que la persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, cometa alguna de las siguientes conductas: utilización de medios y métodos de guerra ilícitos o destinados a causar sufrimientos o pérdidas innecesarios o males superfluos (Artículo 142) y perfidia (articulo 143)7 y fija, en el primero de los casos, una pena en prisión de noventa 7 Constituyen perfidia los actos que apelan a la buena fe del adversario, con la intención de engañarlo, dañarlo o atacarlo, haciéndole creer que tiene derecho a recibir u obligación de conceder la protección que estipulan las normas del derecho internacional. Algunos ejemplos de perfidia son los actos siguientes: a) simular la intención de negociar, so capa de la protección del pabellón parlamentario; b) simular rendición; c) simular una incapacidad debida a heridas
  25. 25. 25 y seis (96) a ciento ochenta (180) meses, multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento ochenta (180) meses y, en el segundo de los casos, prisión de (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes. El artículo 144 establece penas de prisión que van desde doscientos cuarenta (240) a cuatrocientos cincuenta (450) meses, multa de dos mil seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (2666.66) a cincuenta mil (50,000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de doscientos cuarenta (240) a trescientos sesenta (360) meses para quien cometa actos de terrorismo entre los que se incluyen realizar u ordenar ataques indiscriminados o excesivos o haga objeto a la población civil de ataques, represalias, actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizarla, incurrirá y el artículo 145 define penas en prisión de ciento sesenta (160) a doscientos setenta (270) meses, multa de doscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (266.66) a setecientos cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ciento sesenta (160) a doscientos setenta (270) meses a quien cometa actos de barbarie tales como el no dar cuartel, atacar a persona fuera de combate, de abandonar a heridos o enfermos, o realice actos dirigidos a no dejar sobrevivientes o a rematar a los heridos y enfermos u otro tipo de actos de barbarie prohibidos en tratados internacionales ratificados por Colombia. o a enfermedad; d) simular tener el estatuto de civil o de no combatiente; e) simular tener un estatuto protegido mediante la utilización de signos, emblemas o uniformes de las Naciones Unidas, de Estados neutrales o de otros Estados no Partes en el conflicto; f) utilizar indebidamente el emblema de la cruz roja o de la media luna roja.
  26. 26. 5. MARCO TEÓRICO SOBRE EL DERECHO A LA VIDA 5.1. DERECHOS HUMANOS Muchas han sido las definiciones que se han dado respecto a los derechos humanos, no obstante una que creemos es muy completa es la suministrada por Angelo Papacchini, quien asegura que los derechos humanos son un conjunto de: “reivindicaciones de unos bienes primarios y considerados de vital importancia para todo ser humano, que concretan en cada época histórica las demandas de libertad y de dignidad. Estas reivindicaciones van dirigidas en primera instancia al Estado, y están legitimada por un sistema normativo o simplemente por el reconocimiento de la comunidad internacional”8. Lo cual puede ser explicado de la siguiente manera:  Reivindicaciones de Bienes Primarios: Hace referencia a una serie de bienes que trascienden más allá del ámbito subjetivo de las personas, los grupos, la sociedad, el gobierno o el Estado. En efecto, se trata de aquellos que poseen un cierto carácter de objetividad y de validez universal en la medida que –como lo afirma Rigoberto Molina al comentar la definición dada por Papacchini, “a juicio de la humanidad o de una gran parte de ella, son fundamentales para garantizar la realización del ser humano como persona. Se trata de demandas, exigencias y reivindicaciones de un carácter imperativamente categórico tales como la vida, la libertad o la dignidad”9.  Reivindicaciones que se Concretan Dentro de un Determinado Contexto Cultural e Histórico: La evolución de los derechos humanos constituye un proceso que se encuentra ligado de manera entrañable con el contexto histórico y cultural propio de cada época, cada espacio geográfico y cada cultura. Más aún, la consolidación de los derechos 8 PAPACHINI Angelo. Filosofía y Derechos Humanos. 3ª Edición. Cali: Editorial Universidad del Valle. 1997 citado en PAPACHINI Angelo. Derecho a la Vida. 3ª Edición. Cali: Editorial Universidad del Valle y Colciencias. 2001. Página 18. 9 MOLINA Parra Rigoberto. Ética y Derechos Humanos. Trabajo elaborado dentro del Seminario de Ética. Programa de Licenciatura en Pedagogía Reeducativa. Fundación Universitaria Luis Amigó. Manizales. 2002. Cf. PAPACHINI Angelo. Filosofía y Derechos Humanos. 3ª Edición. Cali: Editorial Universidad del Valle. 1997 citado en PAPACHINI Angelo. Derecho a la Vida. 3ª Edición. Cali: Editorial Universidad del Valle y Colciencias. 2001. Página 18.
  27. 27. 27 humanos es el resultado de las experiencias vividas por el hombre tanto a nivel individual como colectivo y social como respuesta a problemáticas sociales vividas dentro de un determinado contexto histórico y sociocultural. Es claro que el reconocimiento de los derechos humanos no se da de la noche a la mañana, sino que es un trasegar de varios siglos en los que la humanidad, con frecuencia de una forma dolorosa e innecesaria, a partir de experiencias traumáticas como la guerra, los regímenes totalitarios, los genocidios, la discriminación racial, la esclavitud, el uso irracional de los recursos naturales, entre otros, ha ido aprendiendo a valorar la vida, la libertad y la dignidad intrínsecas a todos los seres humanos sin distingos de ninguna índole.  Reivindicaciones Universales: En este punto conviene resaltar que los derechos humanos poseen un rasgo de universalidad en la medida que tienen su génesis ontológico en el carácter de libertad, racionalidad y dignidad intrínsecos a todo ser humano tanto a nivel individual, colectivo y social, como a nivel de especie natural, es decir de ser de la naturaleza. En efecto, se trata de un conjunto de reivindicaciones que –sin atender a criterios discriminatorios o de categorización de tipo religioso, político, racial o de índole ninguna- cobijan la totalidad de los seres humanos, razón por la que, como lo expresa Rigoberto Molina, se debe evitar: “creer que exista una especie de atomización de los derechos humanos a la hora de hablar de ciertas clases de derechos dirigidos a ciertas categorías de individuos o grupos, por ejemplo los derechos de la mujer, de los niños o de los trabajadores. No. Simplemente de lo que se trata es de lo que podríamos entender como una especialización de esos derechos que buscan de este modo brindar una atención más eficiente e integral a los diversos tipos de personas pero que en sí apuntan hacia un mismo objetivo: la edificación de una humanidad en que impere la justicia y el derecho a una vida digna, autónoma y libre”. 5.2. DERECHO A LA VIDA Si bien es cierto pareciera existir un consenso a nivel ético, filosófico, político y jurídico casi mundial y generalizado en torno al carácter sagrado e inviolable del derecho a la vida, la realidad muestra que existen diferencias marcadas entre lo que cada persona, grupo u organización entiende por concepto, las implicaciones, los límites y los alcances de este derecho, al igual que sobre su aplicación frente a problemas prácticos de índole moral, ética y jurídica como en el caso de temas controvertidos como el aborto, la eutanasia, la limpieza social, el
  28. 28. 28 derecho a la guerra, la legítima defensa, la pena de muerte y la manipulación genética entre otros. En el presente trabajo se hará una exposición acerca del concepto de derecho a la vida, sus características, su evolución histórica, sus implicaciones y la situación que sobre este particular vive actualmente Colombia. 5.2.1. RELACIÓN Y UNIDAD ENTRE LA VIDA Y LA DIGNIDAD HUMANAS Yendo más allá de una interpretación biologicista del derecho a la vida, es decir, evitando reducir la vida humana a la mera supervivencia biológica y teniendo presente que ella va mucho más allá de las simples funciones vitales de comer, ir al baño y dormir, debemos admitir que ella guarda una conexión profunda con la dignidad y la libertad propia del ser humano, de lo contrario nuestra existencia no diferiría mucho de la de un animal o una planta, en la media que ellos también nacen, crecen, se reproducen y mueren. Es claro que existe una relación entre los conceptos de derecho a la vida y dignidad humana; no obstante, este vínculo constituye un tema tan amplio y complejo que su análisis podría dar pie para otro trabajo. Por este motivo, se optó por hacer una reflexión a partir de los puntos más relevantes que el profesor Angelo Papacchini señala en relación a este tema con el fin de ilustrar el porqué consideramos que el derecho a la vida constituye una condición sin la cual es imposible el ejercicio de la dignidad humana a la vez que esta última constituye el fundamento de la inviolabilidad, universalidad, absolutidad, imprescriptibilidad e inalienabilidad del derecho a la vida. La dignidad humana puede ser entendida como una condición según la cual todo ser humano, independientemente de su status, su condición social o económica, sus méritos, sus defectos y/o su comportamiento en el plano moral, ético y jurídico, posee un valor interno e intrínseco que le es esencial a su naturaleza y que, por ende, no puede ser arrebatado por ningún otro ser humano ni individual ni colectivamente.
  29. 29. 29 Pero para que la dignidad humana pueda ser vivencia por el sujeto y desarrollada ontológicamente, se requiere que la vida del mismo sea valorada, protegida y respetada tanto en su sentido biológico y filosófico-ontológico, es decir, no sólo como antítesis de la muerte, sino también en su sentido filosófico-existencial, o sea, como condición indispensable para la realización de cualquier proyecto de felicidad y libertad de la persona y como escenario sin el cual no es posible el desarrollo de las potencialidades humanas. Lo dicho hasta aquí implica que la vida del ser humano sea protegida, valorada y respetada de una forma integral, tanto contra la violencia y/o contra cualquier intervención –bien sea por acción o por omisión- de otro ser humano que pueda atentar contra ella, como contra todas aquellas condiciones de injusticia, desigualdad y falta de oportunidades que impiden al hombre desarrollar su proyecto existencial. Ahora bien, el derecho a la vida nace o se sustenta –como lo expresa Papacchini- de: “la obligación más general de reconocer a todo ser humano un valor intrínseco y no instrumental; y el derecho a la vida se desprende del derecho-deber más general de la persona de realizar un proyecto vital de libertad… De acuerdo con este enfoque, la vida por sí sola carece de un valor independiente, y es valiosa como condición de posibilidad para realizar un proyecto de libertad. El destino moral del hombre es lo que sustenta el valor superior de la vida humana, que debe ser respetada no solamente en cuanto expresión de la fuerza creadora de la Naturaleza, sino en vista de los logros culturales y éticos que por medio de ella se realizan” 10. En concordancia con lo anterior, vida y dignidad caminan de la mano al punto que cualquier atentado contra la vida de la persona humana, lo es también contra su dignidad, y viceversa, cualquier atentado contra su dignidad, constituye una amenaza frente al derecho a la vida y en virtud de esta unión entrañable, el derecho a la vida adquiere sus características más esenciales: inviolabilidad, universalidad, absolutidad, imprescriptibilidad e inalienabilidad. Este razonamiento, que para algunos podría parecer un poco trivial, esconde una gran profundidad ya que de los varios millones de años que los seres humanos llevan habitando la faz de la tierra, sólo fue en épocas relativamente recientes que se empezó a reconocer el derecho a la vida. Originalmente este derecho estaba reservado a ciertos individuos y grupos que gozaban de un estatus económico, político, social o religioso destacado en el seno de no pocas sociedades y culturas a todo lo largo de la historia humana. Prueba de ello es que a partir del reconocimiento 10 PAPACHINI Angelo. Derecho a la Vida. 3ª Edición. Cali: Editorial Universidad del Valle y Colciencias. 2001. Página 40.
  30. 30. 30 de la dignidad de todo ser humano, es que se empieza a hablar del derecho de todo ser humano a la vida. Históricamente, no siempre todos los seres humanos se les ha reconocido su derecho a la vida, al punto que en muchas épocas y culturas era ética y jurídicamente lícito disponer de la vida de aquellos seres humanos a los que se les consideraba inferiores o con menor dignidad por motivos de diversa índole que iban desde lo racial hasta lo político y lo religioso; ejemplos de ello tenemos a montón, tal y como mostraremos a continuación:  Civilizaciones Griega y Romana: En la Ciudad-Estado Griega de Esparta se solía asesinar a los niños con algún defecto o limitación física, pues no se les consideraba dignos y se les veía como seres humanos de categoría inferior a los demás. Así mismo, entre las culturas griega y romana la vida no constituía un derecho inalienable en el caso de los bárbaros, los esclavos y los prisioneros de guerra, los cuales eran considerados individuos, “personas”, de categoría inferior a la que ostentaban los ciudadanos griegos y romanos al punto que en determinados casos le estaba permitido al Estado, al gobierno y a los amos o señores disponer de sus vidas para fines muy diversos que podían ir desde su utilización en trabajos forzados, como “carne de cañón” en el campo de batalla o como objeto de entretenimiento en el caso de los gladiadores que luchaban a muerte para satisfacer la sádica necesidad de diversión del pueblo romano.  Culturas Judía y Árabe: En las culturas judía y árabe donde, incluso actualmente entre algunas comunidades musulmanas, es moral, religiosa y legalmente lícito lapidar a las mujeres que son acusadas de cometer adulterio.  Otras culturas antiguas: En las más diversas culturas antiguas de todo el mundo: egipcia, griega, romana, china, india, azteca e inca, por citar algunos cuantos ejemplos, era lícita la práctica de una amplia suerte de vejámenes que hoy nosotros consideramos moral, ética y jurídicamente inaceptables entre los que podían incluirse: el maltrato físico y psicológico, la tortura, los ataques indiscriminados contra civiles, el uso de armas no convencionales, la esclavitud, la trata de personas y los sacrificios humanos. Muchas de estas abominables prácticas siguieron vivas en la época medieval como se puede observar en casos horrendos como las matanzas entre cristianos y musulmanes en las Cruzadas o las condenas a la pena capital en la hoguera por parte de la “Santa” Inquisición o en la horca por parte de muchos reyes europeos que la consideraban como una buena forma de impartir justicia hasta bien entrada la modernidad.
  31. 31. 31 En tiempos más recientes, se encuentra el gran Holocausto en el que los regímenes totalitaristas nazí y facista aniquilaron alrededor de doce millones de personas, la mitad ellas eran judíos y el resto homosexuales, gitanos, negros, discapacitados, comunistas, prisioneros de guerra aliados, etc., por fines “políticos” y porque se buscaba la “purificación de la raza” eliminando a todos aquellos grupos o individuos que fuesen considerados de menor dignidad de la que ostentaban las personas de raza aria. También es cierto que soterradamente actualmente el racismo, la xenofobia y la discriminación política y religiosa están culturalmente presentes en muchas culturas del mundo y que en su nombre se han cometido atroces violaciones al derecho a la vida de aquellos a quienes se consideraba inferiores en dignidad, tal es caso del Exterminio Nazi, los millones de ejecuciones ordenados por Stalin a los opositores al régimen soviético, las masacres ordenadas por Pol Pot en Camboya, la mal llamada limpieza étnica durante la guerra en los Balcanes o el asesinato mutuo entre judíos y árabes que por algunos sectores de sus respectivas culturas son vistos como situaciones lícitas, e incluso, deseables. Sin ir tan lejos, durante las guerras entre liberales y conservadores, algunos miembros de la Iglesia Católica llegaron a afirmar que asesinar liberales no era crimen ni pecado, pues al considerarlos como enemigos de la Iglesia, los veían como individuos de menor dignidad. La “limpieza social”, fenómeno consistente en asesinar personas a las que se les considera indignas porque pertenecen a sectores marginales de la sociedad, porque piensan distinto, porque pertenecen a minorías (movimientos de subcultura y/o contracultura) o porque se les ve como un estorbo para el óptimo desarrollo de la vida social, tal es el caso de los mal llamados “gamines” o “desechables”, las prostitutas, los homosexuales, ladrones y, en años muy recientes en nuestro país, los miembros de las barras bravas. Se trata de un fenómeno más común de lo que uno pensaría, tal y como lo denunció en abril de 2009 el columnista Iván Cepeda Castro en el diario El Espectador11. 11 Cf. CEPEDA Castro Iván. “La nueva fase de la ‘limpieza social’”. Artículo publicado el 4 de abril de 2009 en http://www.elespectador.com/columna133918-nueva-fase-de-limpieza-social y
  32. 32. 32 Ejemplos como los anteriores permiten ver el porqué el derecho a la vida puede en un determinado momento llegar a carecer de autonomía o de valor independiente respecto de la dignidad humana. En efecto, aunque el derecho a la vida es el soporte ontológico para que los otros derechos puedan hacerse efectivos ya que sin vida los demás derechos de la persona desaparecen; así mismo la dignidad humana, entendida como un valor intrínseco presente en todo ser humano, esta en un nivel igual e interdependiente con el derecho a la vida, pues es ella la que confiere al derecho a la vida su carácter de imprescriptibilidad, inviolabilidad, absolutidad e inalieanabilidad, salvo en los casos en que la vida de un determinado sujeto pueda constituir una amenaza inminente e inevitable en contra de la vida de los demás. Así mismo, los anteriores ejemplos muestran que a lo largo de la historia humana, en todo tiempo y lugar, ha existido y continúa existiendo el peligro que alguien, individual o colectivamente, llegue a considerar que hay seres humanos con menor dignidad so pretexto de justificar violaciones al derecho a la vida. En el caso que nos atañe, el de las violaciones a los derechos humanos en Colombia, es claro que gran parte de la violencia que históricamente ha vivido el país ha pretendido implícita o explícitamente justificarse en la subvaloración de la dignidad de los demás, por citar algunos ejemplos, tenemos el de los liberales y los conservadores en los años 40s y 50s o en tiempos más recientes el de la guerrilla, los paramilitares y algunos miembros de los cuerpos de seguridad del Estado o el de Pablo Escobar Gaviria y el Cartel de Medellín en contra del Cartel de Cali, de los autodenominados “PEPES”12 y del Estado, casos en los que todos los bandos se consideraban mutuamente despreciables y esto les valía como justificación para cometer toda suerte de atrocidades en el afán de eliminar al enemigo o a todo aquel que se consideré le estaba brindando apoyo. Es ésta la concreción de la fórmula “si no estás conmigo, estás contra mí”, en consecuencia, “eres mi enemigo y debes morir”. 12 Nombre con el que se dio a conocer un grupo de líderes paramilitares, delincuentes, ex sicarios y ex miembros del Cartel de Medellín que terminaron constituyéndose en enemigos del temible narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Los PEPES o perseguidos por Pablo Escobar fue una temible organización delincuencial de la cual hicieron parte oscuros personajes como Diego Fernando Murillo alias “Don Berna y los hermanos Carlos, Vicente y Fidel Castaño Gil y que con el apoyo del Cartel de Cali, de miembros de los organismos de seguridad del Estado colombiano y de la DEA, durante gran parte de la década de los 90s, libraron una guerra a muerte contra Pablo Escobar y el Cartel de Medellín, guerra que a la postre dejó muchos muertos y grandes destrozos materiales en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali”.
  33. 33. 33 Casos como las anteriores explican porque el atentado en contra de la vida de otro ser humano lleva implícito el despreció y la subvaloración de la dignidad de esa otra persona, bien porque se la considera un enemigo o bien porque se le quiere instrumentalizar en pro del logro de unos determinados fines políticos o económicos. En efecto, todo atentado en contra de la vida humana es violencia y la violencia lesiona la dignidad humana. La violencia es simultáneamente antítesis de la vida y de la dignidad humanas o como diría Darío Botero Uribe: “La violencia ataca los dos valores más universales del hombre: el permanecer en el ser y ser reconocido en cuanto ha llegado a ser. La violencia es el arma más poderosa contra el hombre: el amedrentamiento hace que el hombre deje en un segundo plano todas las demás pulsiones, objetivos y convicciones. Aplazadas para otra oportunidad o desvalorizadas. La violencia nos obliga a ceder. Es una elección imposible: si eliges la dignidad te damos la muerte; pero si eliges la vida has transferido la dignidad a los gestores de la violencia. Has renunciado a pensar, a expresarte, a ser tú mismo, a actuar, a la libertad…”13. No basta con legislar en contra de la violencia y en favor de la vida si antes los ciudadanos no aprenden que a pesar de las diferencias individuales y colectivas, todo ser humano, posee el mismo grado de dignidad y en virtud de ella, su vida y la de los demás merecen el mismo respeto. 5.2.2. INVIOLABILIDAD: Si se parte de la premisa según la cual la dignidad humana como estado moral, ético y legal de la persona no se pierde a pesar de los actos que pudiesen ser considerados más indignos de la persona o por el hecho que los demás desconozcan su valor esencial a todo ser humano, y si – como ya se dijo en los párrafos anteriores- el derecho a la vida camina de la manos de la dignidad y es condición sin la cual es imposible su desarrollo, resulta lógico deducir que de la misma manera que la dignidad posee un carácter de inviolabilidad, la vida también lo posee, pues no existe posibilidad de dignidad sin el reconocimiento, la protección y la defensa de la vida. En efecto, tal y como lo expresa Angelo Papacchini: 13 BOTERO Uribe Darío. El Poder de la Filosofía y la Filosofía del Poder, Tomos I y II, Segunda Edición. Universidad Nacional de Colombia: Facultad de Derechos, Ciencias Políticas y Sociales. Santafé de Bogotá D.C., 1998. 784 páginas.
  34. 34. 34 “El derecho a la vida no puede ser vulnerado por parte de terceros, en ningún caso y por ninguna razón plausible: ninguna consideración de utilidad o bien común, ningún fin supuestamente superior podría autorizar a alguien a desconocer o sacrificar el derecho a la vida de una persona cualquiera. Todo derecho fundamental goza de garantías y de una protección especial frente ala violencia. Sin embargo, el carácter de inviolable le compete de manera prioritaria al derecho a la vida… Toda vulneración del derecho a la vida posee un carácter claramente irreversible. A diferencia de los derechos de libertad, que pueden ser recuperados al cabo de una suspensión más o menos prolongada, el derecho a la vida se pierde de manera irremediable e irrecuperable” 14. 5.2.3. UNIVERSALIDAD: Siguiendo un razonamiento similar al de la inviolabilidad del derecho a la vida, se tiene que si la dignidad posee un valor intrínseco y esencial a todo ser humano, este mismo carácter lo poseen los derechos que de ella se desprenden, en este caso la vida. En efecto, la vida constituye un derecho intrínseco y esencial a todo ser humano sin importar sus méritos, su comportamiento en el plano legal, ético y moral y sin que pueda existir discriminación de ninguna especie, situación que –siguiendo los planteamientos de Angelo Papacchini- lleva a afirmar que: “la universalidad en cuanto al reconocimiento de todos los seres humanos como titulares del derecho a existir debería correr paralela con la ampliación progresiva del reconocimiento de hecho de este derecho, por parte de un número siempre mayor de individuos, grupos y pueblos”15. Pero esta universalidad, tal y como lo advierten algunos autores: No siempre es entendida como una cualidad de los sujetos titulares del derecho, sino que, en ocasiones, se utiliza también para referirse a los obligados. Esto es más o menos, lo que se quiere indicar cuando se caracteriza a los derechos fundamentales como derechos ‘erga omnes’ o frente a todos. A diferencia de los derechos privados, los fundamentales se han reconocido tradicionalmente como pretensiones frente a la comunidad política, frente al Estado y últimamente frente a los particulares”16. 14 PAPACHINI Angelo. Derecho a la Vida. 3ª Edición. Cali: Editorial Universidad del Valle y Colciencias. 2001. Página 40. 15 PAPACHINI Angelo. Derecho a la Vida. 3ª Edición. Cali: Editorial Universidad del Valle y Colciencias. 2001. Página 40. 16 PRIETO Sanchis L., Estudios Sobre los Derechos Fundamentales, Debate, Madrid, 1990, pág: 82.
  35. 35. 35 5.2.4. ABSOLUTIDAD: Afirmar que el derecho a la vida posee un carácter de absolutidad implica decir que se trata de un derecho incondicionado y con un valor intrínseco, inherente o esencial a todo ser humano. En el primero de los casos significa que la persona sin más, por el mero hecho de ser persona y/o de haber sido concebida, es titular del derecho a la vida o, lo que es lo mismo, no requiere cumplir ninguna condición previa –salvo la de ser humano- para tener acceso a este derecho. Este carácter de derecho absoluto, hace que el respeto a la vida deba ser impuesto, tanto a nivel moral, ético, social y jurídico, como un imperativo categórico, como una norma obligatoria que no admite excepciones sustentadas en posibles ventajas o desventajas, cálculos de utilidad o decisiones de la mayoría. La dignidad humana y –lo que para este caso es lo mismo- la vida humana, goza de un carácter de prioridad y prevalencia frente a cualquiera otro de los derechos humanos y frente a cualquier interés bien sea de tipo individual o colectivo. Ética y jurídicamente, este planteamiento es clave a la hora de resolver situaciones de conflicto entre este y otros derechos de la persona, por cuanto la vida es el soporte ontológico que posibilita la existencia y el desarrollo de los demás derechos. Una vez eliminada la vida, es imposible el desarrollo de cualquier otro derecho, situación que no sucede con los demás derechos humanos, así por ejemplo, a alguien se le puede impedir el acceso a la educación o se le puede privar de la libertad, pero mientras haya vida, existirá para ese alguien la posibilidad de recuperar esos derechos que le fueron quitados o –por lo menos- que los daños le sean resarcidos por parte de quienes quebrantaron tales derechos. En el caso de la vida esto no sucede, una vez pierdes la vida, es imposible que esta regrese a raíz de dos circunstancias: la imposibilidad de retroceder el tiempo y la imposibilidad de regresar de la muerte. En efecto, a diferencia de cualquier otro derecho, por ejemplo la libertad, “que puede ser recuperado al cabo de una suspensión más o menso prolongada, el derecho a la vida se pierde de manera irremediable e irrecuperable”17 y sólo en un caso, el de la legítima defensa, resultaría lícito desde el punto de vista ético, moral y jurídico el quebrantar el imperativo categórico de respetar la vida de otro ser humano, pues se trataría de un caso en el que la persona frente a una situación de peligro inminente –en un estado de indefensión y habiendo agotado todas las posibles alternativas para preservar su vida- debe hacer uso de la violencia en contra de otro ser humano para preservar su derecho a 17 PAPACHINI Angelo. Derecho a la Vida. 3ª Edición. Cali: Editorial Universidad del Valle y Colciencias. 2001. Páginas 42 y 43.
  36. 36. 36 existir. En éste sentido no sólo pensadores como Santo Tomás de Aquino, sino instituciones como la propia Iglesia Católica han realizado aportes conceptuales importantes a ser tenidos en el análisis ético, moral y jurídico del derecho a la vida tal y como se observa en la siguiente cita: “2263. La legítima defensa de las personas y las sociedades no es una excepción a la prohibición de la muerte del inocente que constituye el homicidio voluntario. ‘La acción de defenderse puede entrañar un doble efecto: el uno es la conservación de la propia vida; el otro, la muerte del agresor... solamente es querido el uno; el otro, no’ (S. Tomás de Aquino, s. th. 2-2, 64, 7) 2264 El amor a sí mismo constituye un principio fundamental de la moralidad. Es, por tanto, legítimo hacer respetar el propio derecho a la vida. El que defiende su vida no es culpable de homicidio, incluso cuando se ve obligado a asestar a su agresor un golpe mortal: ’Si para defenderse se ejerce una violencia mayor que la necesaria, se trataría de una acción ilícita. Pero si se rechaza la violencia en forma mesurada, la acción sería lícita... y no es necesario para la salvación que se omita este acto de protección mesurada a fin de evitar matar al otro, pues es mayor la obligación que se tiene de velar por la propia vida que por la de otro (S. Tomás de Aquino, s. th. 2-2, 64, 7)’. 2265 La legítima defensa puede ser no solamente un derecho, sino un deber grave, para el que es responsable de la vida de otro, del bien común de la familia o de la sociedad. 2266 La preservación del bien común de la sociedad exige colocar al agresor en estado de no poder causar perjuicio…”18. 5.2.5. LA VIDA, ANTÍTESIS BIOLÓGICA Y ONTOLÓGICA DE LA MUERTE Si bien es cierto el ser humano es un ser mortal, es decir cuya existencia posee un carácter finito o, lo que es lo mismo, un límite establecido por la muerte, desde el punto de vista ético, moral y jurídico resulta ilícita toda intervención de cualquier ser humano que tienda a provocar la muerte de una persona, pues nadie tiene derecho a acelerar o adelantar la llegada a este límite de ningún ser humano. Este planteamiento, en la mayoría de las tradiciones religiosas, halla su fundamento en la creencia según la cual la vida es dada al hombre como un don de un ser sobrenatural, que en el caso de religiones monoteístas como el Islam, el Judaísmo y el Cristianismo, independientemente de los nombres con que se le pretenda identificar, es Dios, el autor, dueño y señor de la vida, y sólo Él tendría facultad para determinar el momento de poner límite a una vida humana. 18 Catecismo de la Iglesia Católica. Editado por Conferencia Episcopal de Colombia conforme a la versión oficial en español propiedad de la Santa Sede. Impreso en Colombia por Carvajal S.A., con autorización de la Conferencia Episcopal de Colombia. Catecismo de la Iglesia Católica, versión electrónica consultada el 18 de septiembre de 2009 en http://www.vatican.va/archive/ESL0022/_INDEX.HTM
  37. 37. 37 Esto mismo hecho puede ser visto desde una óptica más secular, es decir explicado de una forma racional, sin apelar a la fe o a la creencia en un ser sobrenatural. En este sentido se tiene que la vida surge y es dada al hombre como producto de una serie compleja de procesos físicos, químicos y biológicos gobernados por la naturaleza, situación que trae consigo que sólo ella, la naturaleza, conforme a sus leyes puede atribuirse el derecho de poner límite a la existencia humana. En ninguno de los dos casos, el hombre podría atribuirse el derecho de atentar contra la vida humana. 5.2.6. ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA El derecho a la vida no siempre ha sido reconocido dentro de todas las épocas y las culturas y no fue sino hasta el 12 de junio de 1776, cuando éste aparece proclamado por primera vez en un texto de carácter legal. Se trata de la Declaración del Estado de Virginia que en su primer numeral lo señala en los siguientes términos: “1. Que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes, y tienen ciertos derechos inherentes, de los cuales, cuando entran en un estado de sociedad, no pueden ser privados o postergados; en esencia, el gozo de la vida y la libertad, junto a los medios de adquirir y poseer propiedades, y la búsqueda y obtención de la felicidad y la seguridad”19. Incluso en documentos importantes en materia de derechos humanos como la declaración original realizada tras la Revolución Francesa en 1789, el derecho a la vida no aparece de forma explícita. En contraste, en el proyecto de Robespierre de Declaración de los derechos del Hombre y del Ciudadano publicado en 1793 aparece en forma explícita en el Artículo II: “Los Principales derechos del hombre son el de proveer a la conservación de sus existencia y el de la libertad” 20. También, se puede deducir que de forma implícita se hace alusión a este derecho en 19 Declaración de Derechos de Virginia del 12 de junio de 1776. Texto consultado el 27 de septiembre de 2009 en http://www.fmmeducacion.com.ar/Historia/Documentoshist/1776declavirginia.htm 20 “Proyecto de Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de Robespierre”, consultado el 21 de septiembre de 2009 en el libro “Por la Felicidad y la Libertad: Discusos” de Yannick Bosc, Florence Gauthier y Sophie Wahnich, página 199, en la versión digital publicada en
  38. 38. 38 el Artículo I que sostiene: “El fin de toda asociación política es el mantenimiento de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre y el desarrollo de todas sus facultades” 21 y el Artículo III que reza: “Estos derechos pertenecen igualmente a todos los hombres, sea cual sea la diferencia de su fuerzas físicas y morales. La igualdad de derechos está establecida por la naturaleza: la sociedad, lejos de atentar contra ella, la garantiza contra el abuso de la fuerza que la hace ilusoria”22. En el año 1948 el derecho a la vida es sancionado de forma solemne por el Artículo Tercero de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”23. En este mismo año es incluido en el artículo primero de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en los siguientes términos: “Artículo I. Todo ser humano tiene derecho a “Derecho a la vida, a la libertad, a la la vida, a la libertad y a la seguridad de su seguridad e integridad de la persona”. persona”24. De forma similar, proclamado en el artículo cuarto de de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica en 1969 del modo siguiente: http://books.google.com.co/books?id=5nrovLGY1bgC&pg=PA194&lpg=PA194&dq=proyecto+de+Robespierre&source =bl&ots=GrnTUk5Uql&sig=26ysk-u6y-VYsN2fEZu1Y9ZbI8o&hl=es&ei=PNS_SsyaBY- k8AaLiuihAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4#v=onepage&q=proyecto%20de%20Robespierre&f=false 21 “Proyecto de Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de Robespierre”, consultado el 21 de septiembre de 2009 en el libro “Por la Felicidad y la Libertad: Discusos” de Yannick Bosc, Florence Gauthier y Sophie Wahnich, página 199, en la versión digital publicada en http://books.google.com.co/books?id=5nrovLGY1bgC&pg=PA194&lpg=PA194&dq=proyecto+de+Robespierre&source =bl&ots=GrnTUk5Uql&sig=26ysk-u6y-VYsN2fEZu1Y9ZbI8o&hl=es&ei=PNS_SsyaBY- k8AaLiuihAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4#v=onepage&q=proyecto%20de%20Robespierre&f=false 22 “Proyecto de Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de Robespierre”, consultado el 21 de septiembre de 2009 en el libro “Por la Felicidad y la Libertad: Discusos” de Yannick Bosc, Florence Gauthier y Sophie Wahnich, página 199, en la versión digital publicada en http://books.google.com.co/books?id=5nrovLGY1bgC&pg=PA194&lpg=PA194&dq=proyecto+de+Robespierre&source =bl&ots=GrnTUk5Uql&sig=26ysk-u6y-VYsN2fEZu1Y9ZbI8o&hl=es&ei=PNS_SsyaBY- k8AaLiuihAQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4#v=onepage&q=proyecto%20de%20Robespierre&f=false 23 Declaración Universal de Derechos Humanos, consultada en la página web de la Organización de las Naciones Unidas http://www.un.org/es/documents/udhr/ 24 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, consultada en la página web de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, http://www.cidh.oas.org/basicos/Basicos1.htm
  39. 39. 39 “Artículo 4. Derecho a la Vida. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente” 25. 5.2.7. ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DERECHO A LA VIDA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO 5.2.7.1. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1886 En Colombia, la Constitución Política de 1886 reconocía el derecho a la vida dentro del Título III o “De los Derechos Civiles y Garantías Sociales”, más concretamente en el artículo 19: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes, y asegurar el respeto recíproco de los derechos naturales, previniendo y castigando los delitos”; no obstante, dentro de su articulado también se reconocía para algunos casos la pena de muerte: “Artículo 29.- Sólo impondrá el Legislador la pena capital para castigar, en los casos que se definan como más graves, los siguientes delitos, jurídicamente comprobados, a saber: traición a la Patria en guerra extranjera, parricidio, asesinato, incendio, asalto en cuadrilla de malhechores, piratería, y ciertos delitos militares definidos por las leyes del ejército. En ningún tiempo podrá aplicarse la pena capital fuera de los casos en este Artículo previstos. 25 Convención Americana Sobre Derechos Humanos, consultada en la página web de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, http://www.cidh.oas.org/basicos/Basicos1.htm

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