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Origen del derecho administrativo
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Origen del derecho administrativo

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  • 1. INTRODUCCION1. Consideraciones Preliminares2. Origen del Derecho Administrativo.3. Antecedentes Históricos:4. Época de la Monarquía.5. Época de la Revolución Francesa6. Jurisdicción Contencioso-Administrativa7. Origen y evolución del sistema contencioso-administrativo Colombiano.8. Objeto de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa CONCLUSIONES 1
  • 2. INTRODUCCION.En el presente trabajo haremos un examen del origen del Derecho administrativo anivel internacional y a nivel nacional, y su influencia en nuestro ordenamientojuridico, según algunos tratadistas este es un "derecho joven" que está en plenaformación, en plena evolución, y esto se advierte examinando cualquiera de susinstituciones fundamentales cuyas nociones conceptuales y principios correlativoshan sufrido profundas transformaciones desde su nacimiento a esta parte,afortunadamente para bien del desarrollo armónico del hombre, la economía y lael Estado, como superestructura política y social. 2
  • 3. 1. CONSIDERACIONES PRELIMINARESEl Derecho administrativo es, según algunos tratadistas, el conjunto de normasjurídicas que regula la organización, funcionamiento y atribuciones de laAdministración pública en sus relaciones con los particulares y con otrasAdministraciones Públicas (personificadas en una diversidad de órganos).El derecho administrativo es la rama del derecho público interno, constituido por elconjunto de estructuras y principio doctrinales, y por las normas que regulan lasactividades directas o indirectas, de la administración pública como órgano delpoder ejecutivo federal, la organización, funcionamiento y control de la cosapública; sus relaciones con los particulares, los servicios públicos y demásactividades estatales. 3
  • 4. 2. ORIGEN DEL DERECHO ADMINISTRATIVOEn efecto, su origen próximo lo encontramos en la época inmediatamenteposterior a la Revolución Francesa, sin embargo, podemos encontrar algunosantecedentes en la época de la Monarquía.3. ÉPOCA DE LA MONARQUÍAPuede decirse que el derecho público existe como tal desde que existe lacivilización, ya que por muy simples que fueran los sistemas políticos siempre hannecesitado de normas que rijan las relaciones entre el poder y los súbditos. Pero apesar de ello y de que las garantías judiciales alcanzaron ya enel Antiguo Régimen un notable estado de desarrollo, no puede hablarse todavíaen esta época de derecho administrativo porque no existe aún la AdministraciónPública. Además, es muy difícil hablar en esta época de una justiciaadministrativa, aunque, ya entonces, existían órganos contenciosos y recursos enmateria administrativa; la realidad de los hechos exige rechazar su carácterjurisdiccional puesto que lo que se trataba era de crear una especie de tribunaldependiente del Rey que presentara los súbditos la apariencia de la justicia sinaplicarla en realidad.Por tanto, no existe una conciencia unitaria de la Administración y, mucho menos,un derecho que regule su actuación ni una jurisdicción unitaria que conozca desus actos, lo que sólo será posible tras la Revolución Francesa.No obstante, debemos mencionar, que en esta época ya se conocen algunostribunales especializados en asuntos administrativos. Por ejemplo las Cámaras deCuentas, jurisdicciones para problemas de aguas y bosques y la Corte deMonedas. Sin embargo, no se podía hablar aún de la existencia de un derechoadministrativo ni de una jurisdicción administrativa, por cuanto las actividades deestos organismos estaban regidas por el principio de la soberanía del Monarca,que implicaba, a su vez, que "toda justicia emana del Rey".Es decir, estos tribunales más que juzgar a la Administración, lo que hacían eradefender los intereses de ésta, los cuales, a su vez, eran los del Rey. Además,eran organismos dependientes del Rey, hasta el punto que éste podía encualquier momento asumir la competencia en relación con algún litigio, para serfallado directamente por él. En definitiva, estos tribunales, en los asuntos muy 4
  • 5. limitados que conocían juzgaban en nombre del Rey, no en nombre de lacomunidad.4. ÉPOCA DE LA REVOLUCIÓN FRANCESAEn esta época nos detendremos de manera más profunda, ya que la mayoría delos autores que se han enfrentado con el estudio de la elaboración histórica delderecho administrativo, entiende que esta rama del derecho nace de la RevoluciónFrancesa. En efecto, la Revolución Francesa fue una revolución política, social yeconómica, sobre la cual se va a construir el Estado de Derecho y el liberalismo.De hecho, por una parte, significa el fin del Estado Absoluto; la organizaciónpolítica que se va a encontrar va a tener poderes limitados, no sólo porque elEstado se va a encontrar separado en sus poderes para realizar el adecuadobalance y contrapeso entre ellos, sino porque el poder legislativo y a través de él,la ley, va a tener la supremacía. Frente al poder personal y arbitrario existente conanterioridad, el gobierno por y en virtud de las leyes va a prevalecer, y de ahí lasumisión del Estado al Derecho y al Principio de la Legalidad. Y, por otra parte, laRevolución Francesa formula los principios de la filosofía política quepermanecerán como base de toda la elaboración ulterior: la primacía de la ley, laseparación de las autoridades administrativas y judiciales, el liberalismo político, laigualdad de los ciudadanos ante la Administración y el liberalismo económico. Deesta ideología, algunos componentes se han esfumado, pero la mayoría hanguardado su autoridad; ellos proveen al derecho administrativo, de lo esencial ensus principios generales.Por ende, de la Revolución Francesa surge y se irá desarrollando el derechoadministrativo, con distintos ritmos y con diversos matices, según los países, comouna construcción paralela e inseparable de la del Estado de Derecho.En el modelo liberal burgués que impusieron los revolucionarios de 1789 estabanlos principios y, por tanto, el germen de lo que hoy llamamos derechoadministrativo, aunque no el derecho administrativo entero y cabalmenteconstruido.En este sentido, autores franceses tales como Hauriou, Duguit y Weil, alemanescomo Mayer y Merkl e, italianos como Santi Romano, Zanobini y Giannini,comparten la opinión de que el derecho administrativo nace de la RevoluciónFrancesa. Asimismo, el tratadista español García de Enterría ha formulado y 5
  • 6. defendido esta tesis, afirmando que no sólo el derecho administrativo sino todo elderecho público contemporáneo ha surgido de ahí.En efecto, al triunfar la Revolución se produjo una circunstancia histórica que seconvirtió en el fundamento de la jurisdicción administrativa e indirectamente delmismo derecho administrativo. Esa circunstancia de tipo histórico fue ladesconfianza de los hombres de la revolución hacia los Tribunales o ParlamentosJudiciales que eran los organismos encargados de administrar justicia en la épocaanterior.De hecho, en los últimos tiempos de la Monarquía, estos parlamentos se habíanconvertido en verdaderos obstáculos a la política y decisiones del Rey, pues seidearon mecanismos para no aplicar las decisiones cuando las considerabanimprocedentes. En estas condiciones, los nuevos gobernantes temieron que losparlamentos llegaran igualmente a entrabar la nueva política surgida de laRevolución. Además la teoría de la tridivisión del poder en ramas separadas eindependientes, hizo pensar que las labores jurisdiccionales debían estarcompletamente alejadas de la administración. En consecuencia, mediante textosde carácter legal se prohibió a los jueces inmiscuirse en los asuntos de laadministración.Así, la Ley 16-24 de agosto de 1790, estableció que "las funciones judiciales son ycontinuarán siendo separadas de las funciones administrativas. Los jueces nopodrán, bajo pena de prevaricato, inmiscuirse de ninguna manera en lasoperaciones de los cuerpos administrativos, ni citar ante ellos los funcionarios dela administración por razón de sus funciones".Asimismo, el Código Penal de 1791 da al principio una garantía penal, al tipificarcomo delito la inmisión de los jueces en la acción administrativa.Igualmente, este principio fue elevado a categoría constitucional, mediante laConstitución francesa de 1791 (Título III, Capítulo V, artículo 3º), la cual determinóexpresamente que "los tribunales no pueden inmiscuirse en el ejercicio del poderlegislativo, o suspender la ejecución de las leyes, ni en las funcionesadministrativas, o citar ante ellos los funcionarios de la administración por razónde sus funciones".Sin embargo, esta prohibición tenía graves secuelas desde el punto de vista de laideología política propia de la Revolución, ya que implicaba que la Administraciónno tendría un juez que juzgara su conducta, lo cual podría traer como fácilconsecuencia la arbitrariedad, quedando así fundamentalmente desvirtuado elprincipio de legalidad, uno de los pilares de la nueva ideología política, según elcual la Administración debía someter su actividad al ordenamiento jurídico. Al no 6
  • 7. existir un juez o autoridad ante quien pudieran dirigirse los gobernados en caso deconsiderar que la Administración estaba actuando ilegalmente, este principioquedaba como un simple enunciado teórico.Ante esta situación negativa, se pensó que la manera de remediar la referidairregularidad podría consistir en que los particulares presentaran susreclamaciones ante la misma Administración. Es decir, se estableció la instituciónde la administración-juez, según la cual, las reclamaciones contra laAdministración eran resueltas por ella misma. Fue así como, mediante laConstitución de 1799, fundamentalmente obra de Napoleón, se creó el Consejode Estado como una imitación, en algunos aspectos, del antiguo Consejo del Rey.Existe casi unanimidad en la doctrina administrativa, al señalar que los aportesfilosóficos y políticos de la Revolución Francesa son fundamentales en laestructura y orientación del Consejo de Estado y de los Tribunales Administrativosde Francia y del mundo. Sin embargo, si bien el Consejo de Estado es a menudopresentado, como obra napoleónica, es necesario decir que el nombre y susfunciones vienen del antiguo régimen, pero fue Napoleón quien supo dar a estainstitución un espíritu nuevo y renovado.El término Consejo de Estado engloba todas las formaciones que constituían elConsejo del Rey, es decir, que es ante todo un Consejo de Gobierno. En efecto,en el sistema antiguo, el Consejo del Rey era una institución asesora, un órganode consulta del Gobierno en asuntos políticos y administrativos, lo cual esexplicable, pues la Monarquía lo utilizaba para acertar en la toma de susdecisiones. En este sentido, podemos resumir las características del antiguorégimen, en lo que respecta al Consejo del Rey, en los siguientes términos: • Auxiliar al Monarca, con sus luces y consejos; • Colaborar con el Gobierno en el desempeño de sus poderes, sobre todo en aquellos asuntos que no eran de conocimiento de los tribunales ordinarios; • Su competencia era asesora; • La elección de los Consejeros. Inicialmente, se escogían entre las grandes personalidades: nobles y prelados, hasta el reinado de Luis XII. En el reinado de Luis XIV, el Consejo comienza a profesionalizarse y son llamados los juristas y expertos en leyes. • El Consejo es un órgano consultivo de los Reyes en materia de gobierno y administración; 7
  • 8. • El Consejo del Rey realiza una función jurisdiccional indirecta, es decir administra justicia, cuando el Rey así lo autoriza, y lo hace en nombre de la MonarquíaSin embargo, con la Revolución Francesa cambió todo el sistema monárquico. ElConsejo del Rey fue privado de sus poderes judiciales por la Ley 27 de noviembrede 1790 que los transfirió al Tribunal de Casación. Posteriormente, la Ley 27 deabril de 1791 suprime el Consejo del Rey y organiza en forma embrionaria unaespecie de Estado y un Consejo de Ministros al cual confía el examen y dificultadde los asuntos de competencia del ejecutivo. No obstante, la experiencia de variosaños comprobó que una justicia administrada por hombres dedicados a laactividad política dejaba mucho que desear, lo cual provocó que en el año de 1799se creara a inspiración de NAPOLEON BONAPARTE el Consejo de Estado conindependencia de los otros organismos del Estado.El Consejo de Estado creado a inspiración de Napoleón conocía de todos losasuntos encomendados al antiguo Consejo del Rey y se distinguían susfunciones contenciosas, de consulta y de casación, además, de preparar losproyectos de decisiones que debía tomar el Jefe de Estado.Por otra parte, en la misma época, se crearon en los departamentos los Consejosde Prefectura con la función de asesorar al prefecto (gobernador) en la mismaforma que el Consejo de Estado lo hacía respecto del Jefe de Estado.JUSTICIA RETENIDAAhora bien, la creación del Consejo de Estado y de los Consejos de Prefecturacomo organismos asesores del jefe del poder ejecutivo, implicaba que no teníanun carácter jurisdiccional, sino que hacían parte de aquél. Es decir, que en materiade conflictos administrativos se presentaba el fenómeno de la "justicia retenida",en el sentido de que si bien los organismos asesores estudiaban el caso yproponían la solución, el jefe del ejecutivo "retenía" el poder de tomar propiamenteesa decisión. Esta justicia retenida permanece hasta el año de 1872, con unabreve interrupción desde 1849 hasta 1852, en donde empieza realmente unaetapa de florecimiento para el derecho administrativo, con la llamada justiciadelegada.Sin embargo, esta situación fue evolucionando lenta pero progresivamente. Enefecto, en 1806 se creó dentro del Consejo de Estado una comisión contenciosa,con el fin de separar la asesoría en materia de conflictos de todos los demásaspectos que conocía ese organismo, es decir, que se instituyó una Comisión 8
  • 9. Contenciosa encargada de centralizar todos los asuntos contenciosos que eranpresentados al Consejo de Estado. Por tanto, el Consejo de Estado fueadquiriendo una importancia tal, que empezó a ser mirado como una institucióncada día más respetable. Fue así como en un momento dado, a pesar de que lajusticia administrativa seguía retenida en manos del jefe del ejecutivo, empezó aconsiderarse que en la práctica quien administraba justicia era el Consejo deEstado, pues aquél se limitaba a firmar las soluciones a los conflictos que éste leproponía. Es decir, a pesar de que teóricamente el Consejo de Estado no tenía elpoder de decidir, en la práctica sus puntos de vista eran los que se imponían.Ese auge del Consejo de Estado trajo como consecuencia el que mediante Leydel 24 de mayo de 1872, se le reconociera carácter jurisdiccional y se instalara elsistema de justicia delegada.Al respecto, debemos señalar, que la referida Ley convirtió al Consejo de Estadoen un cuerpo judicial autónomo, pues le dio competencia para administrar justiciaen forma independiente y en nombre del pueblo francés.El carácter jurisdiccional quiere decir que se le reconoció como juez de laAdministración y no ya como un simple cuerpo asesor de ella. Con la justiciadelegada ya no era el jefe del ejecutivo quien tomaba las decisiones, sino queellas correspondían directamente al Consejo de Estado, "en nombre del pueblo".Igualmente, en ese momento se creó el Tribunal de Conflictos, con el fin deresolver las dudas que se presentaran en relación con la competencia entre lostribunales comunes y los tribunales administrativos. Es decir, se creó claramenteel sistema de la "dualidad de jurisdicciones", por cuanto la tercera rama del poderquedaba dividida en dos brazos independientes entre sí: la jurisdicción común,encargada de los litigios civiles y penales; y, la jurisdicción administrativa ocontencioso-administrativa, encargada de los litigios de la Administración.EL FALLO CADOTDEL CONSEJO DE ESTADO DE FRANCIA DE DIC-13 DE 1889El texto del Fallo Cadot es el siguiente:La ciudad de Marsella suprimió el empleo de ingeniero-director de la inspección decaminos y de los de la ciudad, al titular de este empleo quien reclama unos dañosy perjuicios; la municipalidad denegó el derecho a esta reclamación, este caso seatendió en los tribunales judiciales, que estimaron que el contrato que lo ligaba ala ciudad no tenía el carácter de un contrato civil de arrendamiento de trabajo, porlo cual se declararon incompetentes; enseguida se dirigió al Consejo dePrefectura, que se declara incompetente a su vez, pues la demanda no había sidofundada sobre la ruptura de un contrato relativo a la ejecución de trabajospúblicos. El interesado se dirige hacia el Ministro del Interior; quien le respondeque el Consejo Municipal de Marsella no habiendo acogido su demanda de 9
  • 10. indemnización, él no podría darle otra salida. Esta denegación la conferirá el Sr.Cadot al Consejo de Estado. El Consejo de Estado decidió que el ministro habíatenido razón de haberse abstenido de declarar sobre las pretensiones que enefecto no eran de su competencia, y que pertenecía al Consejo de Estado conocerdel litigio nacido entre la ciudad de Marsella y el Sr. Cadot. De aparienciainsignificante, desprovista de grandes afirmaciones en principio, esta sentenciaaclarada por las conclusiones del comisario del Gobierno Jagerschmidt, hamarcado en realidad una gran etapa en la evolución del Contencioso-administrativo y por tanto un golpe de gracia a la teoría dicha por el ministro-juez yhaciendo del Consejo de Estado el juez de derecho común del Contencioso-administrativo.El Consejo de Estado sentenció definitivamente por el caso Cadot, descartandodel contencioso de la responsabilidad de las colectividades locales, y decidiendode una manera general, que todos los litigios de orden administrativo podían, deahora en adelante ser llevados directamente ante él, es decir sin estar sometidoprimero al ministro. No en el caso donde un texto prevea expresamente que elrecurso administrativo previo sea obligatorio.FALLO BLANCO:DEL TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE FRANCIA DE FEBRERO 8 DE 1873COMPETENCIA – RESPONSABILIDADConsiderando que la acción intentada por el Señar Blanco contra el prefecto deldepartamento de la Gironde, representante del Estado, tiene por objeto hacerdeclarar al Estado civilmente responsable, por la aplicación de los articules 1383 y1384 del Código Civil, del perjuicio resultante de la herida sufrida por su hijo, porhechos de obreros empleados por la administración de tabacos; considerando quela responsabilidad que puede incumbir al Estado por los perjuicios causados a losparticulares por hechos de personas que emplee en el servicio público, no puedeestar regida por los principios establecidos en el Código Civil, para las relacionesde particular a particular; que esta responsabilidad no es ni general ni absoluta;que tiene sus reglas especiales que varían según las necesidades del servicio y lanecesidad de conciliar los derechos del Estado con los derechos privados; que,desde entonces, en los términos de las leyes acabadas de ver, la autoridadadministrativa es la sola competente para conocerla; ... (Recisión de conflictoconfirmado).OBSERVACIONESHabiendo sido una niña atropellada y herida por una vagoneta de la manufacturade tabacos, el conflicto había sido elevado ante los tribunales judiciales,incautados por el padre de la niña de una acción en perjuicios-intereses contra elEstado como civilmente responsable de las faltas cometidas por los obreros de lasmanufacturas.El Tribunal de Conflictos debía así resolver la pregunta de saber, para retomar alos términos de las conclusiones del comisario del Gobierno, David, "cuáles de lasdos autoridades, administrativa y judicial, la que tiene competencia general para 10
  • 11. conocer de las acciones en perjuicios-intereses contra el Estado". El Fallo dado enesta ocasión debía tener una suerte singular. Se le consideró durante largo tiempocomo el fallo de principio, la piedra angular de todo el Derecho Administrativo; hoyalgunos autores sostienen que ha caducado (prescribe), suponiendo que nuncatuvo la importancia que se le dio. Sin entrar en estas controversias, se debebuscar dentro de la evolución del derecho positivo, el alcance exacto del FalloBlanco.1. El Fallo Blanco consagra primeramente el abandono definitivo del criterio dedelimitación de competencias fundado en los textos en virtud de los cuales sólo lostribunales administrativos podrían declarar el Estado deudor (6 de diciembre de1855, Rotschild decisión en la cual aparecen ya, al lado del criterio tradicional del"Estado deudor", los principios y los términos mismos del Fallo Blanco). Sólosubsiste desde ahora la referencia a las Leyes del 16-24 de agosto de 1790 y 16fructidor4, año III, que prohiben a los tribunales judiciales "perturbar de cualquiermanera las operaciones de los cuerpos administrativos y de conocer de los actosde administración, de la especie que sean".2. Estos textos son interpretados por el comisario del Gobierno, David, en elsentido de que los tribunales judiciales "son radicalmente incompetentes paraconocer de todas las demandas hechas contra la administración en razón de losservicios públicos, cualquiera que sea su objeto e incluso que ellas tenderían, a noa hacer anular, reformar o interpretar por la autoridad judicial los actosadministrativos, sino simplemente a hacer pronunciar contra ella condenacionespecuniarias en separación de los perjuicios causados por sus operaciones".3. Los litigios así sustraídos al conocimiento de los tribunales judiciales, no debenestar marcados según los textos del Código Civil. Retomando ciertas fórmulas delas conclusiones de su comisario de Gobierno, el Tribunal de Conflictos decideque "la responsabilidad del Estado... no puede ser regida por los principios queestán establecidos en el Código Civil para las relaciones de particular a particular;esta responsabilidad no es ni general ni absoluta; tiene sus reglas especiales quevarían según las necesidades del servicio y la necesidad de conciliar los derechosdel Estado con los derechos privados.4. La competencia administrativa y la sustracción al derecho privado solo seaplican, entretanto, al "Estado poder público": en tanto que "propietario -es deciren la gestión del dominio privado- y en tanto que "persona civil capaz de obligarsepor contratos dentro de los términos del derecho común", el Estado es sometido,dice el comisario del Gobierno, al derecho privado y a los tribunales judiciales.5. Los aportes del Fallo Blanco a la teoría general del Derecho Administrativo sonentonces los siguientes:5.1. El principio de la unión de la competencia y del fondo está afirmado: además,las conclusiones del Fallo mismo establecen un lazo directo y recíproco entre laaplicación de reglas autónomas exorbitantes del derecho privado, y lacompetencia de la jurisdicción administrativa.5.2. La noción de gestión privada de los servicios públicos está esbozada dentrode las conclusiones ("El Estado propietario", "el Estado persona civil capaz deobligarse por contratos dentro de los términos del derecho común"); iba a serdesarrollada dentro de las conclusiones del comisario del Gobierno, Romieu,sobre el asunto Terrier (6 de febrero de 1903) y consagrado en el Fallo del 31 de 11
  • 12. julio de 1912, SOCIEDAD DE LOS ORANTOS PORFIROIDES DE LOS VOSGOS,por lo contractual.5.3. Dentro de lo contencioso de la responsabilidad, contrariamente, el Fallo y lasconclusiones consagran la competencia administrativa exclusiva de toda idea degestión privada. El comisario del Gobierno separa expresamente la competenciajudicial y la aplicación del derecho civil, ya que está dentro de la especie "de unamanufactura de tabacos que tiene gran parecido con una industria privada" y de"hechos de imprudencia reprochados a simples obreros que están fuera de lajerarquía administrativa. La jurisprudencia ulterior confirmaría estos puntos devista sólo en5.3.1. Sigue siendo exacto que la responsabilidad del poder público está sometidaa reglas especiales y releva de la competencia administrativa "incluso si el agenteque ha causado el perjuicio en el cumplimiento del servicio no tiene la calidad delfuncionario sino que es un empleado auxiliar o un encargado de la Administración,contratado por ella en virtud de un contrato hecho dentro de las condiciones delderecho común;5.3.2. Pero, mientras que el comisario del Gobierno, David, preconizaba lacompetencia administrativa para las acciones en responsabilidad formadas enrazón de los servicios públicos, "cualquiera que sea su objeto", la jurisprudenciareconoce desde 1920 la existencia de servicios públicos industriales y comercialesque su parecido con la industria privada ha hecho sustraer justamente a losprincipios del Fallo Blanco (22 de enero de 1921, COLONIA DE LA COSTA DEMARFIL (Sociedad Comercial del Oeste Africano).5.4. El Fallo Blanco afirma la autonomía del Derecho Administrativo de laresponsabilidad en relación con las reglas puestas en el Código Civil. A pesar delacercamiento de las jurisprudencias administrativa y judicial sobre ciertos puntos,ese principio continúa siendo válido, como lo atestiguan las recientes decisionesdel Consejo de Estado y de la Corte de Casación que retoman los términos delFallo Blanco. Esta autonomía ha tomado, entre tanto, un nuevo sentido; si implicatodavía en ciertos casos, conforme al sentido primitivo de la fórmula del FalloBlanco, reglas menos favorables a los particulares que aquellas que hubiesenresultado de la aplicación del Código Civil (exigencia de una falta grave, porejemplo), ello arrastra cada vez con más frecuencia el reconocimiento de laresponsabilidad de la Administración en situaciones donde el derecho civil nohabría permitido satisfacer a la víctima.6. Finalmente, en lo que concierne al propio caso Blanco, podría preguntarse si élrelevaría todavía hoy, de la competencia administrativa. La Ley del 31 dediciembre de 1957, en efecto, ha transferido a los tribunales judiciales, "porderogación del artículo 13 de la Ley de 1 6-24 de agosto de 1 790", el contenciosode los "perjuicios de toda naturaleza causados por un vehículo cualquiera",exceptuando aquellos ocasionados en dominio público (art. 1), y la jurisprudenciaha dado, para la aplicación de esta ley, la interpretación más extensa de la nociónde "vehículo", aplicándole principalmente a una draga fluvial, a un quitanieves, aun avión o a una balsa. 12
  • 13. A partir de ese momento, el Consejo de Estado Francés continúa creandoprogresivamente los principios especiales aplicables a la actividad administrativa,con lo cual el derecho administrativo va adquiriendo cada día una conformaciónmás clara y definida.EL FALLO TERRIERDEL CONSEJO DE ESTADO DE FRANCIA DE FEBRERO 6 DE 1903.Es el caso del arrêt Terrier del Consejo de Estado Francés, del año 1903, en elcual se exponen principios generales del derecho administrativo, especialmente,en lo relativo a la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa y ladelimitación administrativa y judicial propiamente. De hecho, este fallo tiene unaporte doctrinario de gran valor, pues en él se enseña que la Administraciónpuede obrar como persona de derecho público, pudiéndose ubicarvoluntariamente en las condiciones de un particular. Aquí se observa la noción delservicio público caracterizada por el elemento de búsqueda del interés general. Lo acontecido en este “arret” Terrier (Fallo Terrier) fue lo siguiente: El Departamento de Saon Et Loire acordó dar primas por la destrucción de víboras. Como al Señor Terrier se le negó el pago de la respectiva prima bajo el argumento de que ya no había fondos para pagarle, él presentó su problema ante el Consejo de Estado, quien manifestó que si tenía competencia para conocer de este pleito. Las conclusiones las redacta el Comisario de Gobierno Romieu, quien unifica el contencioso estatal con el contencioso local y supera marcadamente la tesis perfilada por los actos de autoridad y los actos de gestión. Como se sabe en el arret Blanco se atribuye al Consejo de Estado Francés las acciones de daños y perjuicios, contra la esfera estatal; sin embargo, aquellas orientadas contra la administración local y establecimientos públicos se mantenían atribuidas a los tribunales ordinarios. Con el Arret terrier, se elimina esta división, y todas las querellas se ventilan en la jurisdicción administrativa. Los “arrets” siguientes: Therond, del 4 de marzo de 1910, para los contratos comunales; y Jouillie del mismo año, realizan la misma integración de jurisdicciones en el campo de la responsabilidad de departamentos, comunas y establecimientos públicos respectivamente. (Romero Perez, 1999).Por consiguiente, la labor jurisprudencial del Consejo de Estado de Francia y delTribunal de Conflictos, ha sido y es una fuente de gran valor para el derechoadministrativo, de ella se han nutrido las doctrinas y muchos tribunales del mundo.En este sentido, ha afirmado uno de los más destacados administrativistasfranceses que "sin la jurisprudencia del Consejo de Estado no habría derecho 13
  • 14. administrativo en Francia", incluso, tanto es así, que se le ha considerado comoguardián de los principios de la Revolución Francesa.Asimismo, los aportes políticos y jurídicos de la Revolución Francesa, enmarcan elderecho administrativo, pues sus principios son desarrollados por el Consejo deEstado Francés, así como por la doctrina del derecho público que sufre dichainfluencia.Ahora bien, como hemos señalado ut supra, el derecho administrativo nace con laRevolución Francesa. Sin embargo, debemos destacar, que frente a estaconcepción clásica y hasta ahora dominante, no han faltado autores -Alexis deTocqueville, Gallego Anabitarte, Jean-Louis Mestre, Cannada Bartoli-, que handefendido la tesis contraria, afirmando que los límites al poder y la división delmismo son anteriores a la Revolución liberal de 1789; que el derechoadministrativo existió en tiempos anteriores a esta fecha; y, que, por tanto, lainstauración del denominado Estado de Derecho no es más que la continuidad dealgo que ya existía.En efecto, esta tesis cuyo postulado es absolutamente contrario a la primera, envirtud de que niega categóricamente que el derecho administrativo haya surgidocomo una derivación o consecuencia de la Revolución Francesa, sostiene que elverdadero origen de dicha disciplina jurídica debe buscarse en el estadio anterior ala Revolución Francesa, esto es, en el Estado Moderno o "Antiguo Régimen", yaque el examen del asunto en el contexto del desarrollo histórico de ambosperíodos lo que revela, según los partidarios de esta postura doctrinaria, es laexistencia de un proceso de continuidad y perfeccionamiento de las institucionesbásicas del derecho administrativo durante la Revolución Francesa, precisamenteporque habían surgido durante el período histórico correspondiente al EstadoModerno.De modo, pues, que la tesis en comento postula como premisa fundamental que elderecho administrativo surgió en el "Antiguo Régimen", en razón de que losprincipios como la división del poder así como los límites del mismo, ya estabanpresentes en el referido régimen, por consiguiente, su aplicación es anterior a lafecha de inicio de la Revolución Francesa.En este sentido, uno de los autores que es partidario de esta tesis es el españolGallego Anabitarte, quien siguiendo a Alexis de Tocqueville (L’Ancien Régime et laRévolution), afirma que en la Monarquía Francesa ya existía una jurisdicción deautoridades reales para asuntos públicos administrativos, semejante a la que seráinstaurada después de la Revolución. 14
  • 15. Por otra parte, el autor francés Jean-Louis Mestre es partidario de la existencia dela autonomía del derecho administrativo durante el "Antiguo Régimen" porque, ensu criterio, en ese período se aplicaban a la Administración verdaderas reglas dederecho, las cuales tenían una finalidad propia y resultaban sustancialmentedistintas a las del derecho civil, debido a que esa finalidad consistía precisamenteen colocarle límites al poder. Por tal razón, concluye, el referido autor, predicandola existencia de la disciplina, haciendo notar que los juristas del Estado Moderno, apesar de que conocían sus principios y particularidades, desconocían, en cambio,la expresión "derecho administrativo", la cual viene aparecer por primera vez en elsiglo XIX.Asimismo, ha señalado el catedrático español García de Enterría, que laAdministración y con ella el derecho administrativo (como disciplina jurídicasingularizada) nace en el siglo XIX de la mano de los principios revolucionarios delegalidad y división de poderes, así como, de la declaración de los derechos delhombre y del ciudadano.En efecto, es en el siglo XIX y no antes cuando surge de una manera un tantosorpresiva la poderosa Administración, que adviene porque ha absorbido todos lospoderes que coexistían con el Rey absoluto, porque ha establecido lacentralización y porque va a tener que organizar todo un vasto sistema deservicios públicos para hacer frente a la igualdad de condiciones que laRevolución instaura. Esta Administración va a tener que ser a partir de ahora, yésta es una novedad formidable en la historia del derecho, una Administraciónlegalizada, organizada desde la ley y cuya función es servir los interesesgenerales, pero dentro de los ámbitos que la ley de una manera previa le reserva.Pero, ocurre que al lado de la ley están los derechos fundamentales, los derechosdel hombre y del ciudadano. En efecto, el ciudadano no es un simple destinatariode la acción administrativa, no es un simple instrumento del poder; está en elorigen del poder. Por tanto, del cruce de esos dos principios, la legalidad de laAdministración y posición del ciudadano como sujeto de derecho y de libertades,surgirá el derecho administrativo.ESTADO ACTUAL Y NUEVAS PERSPECTIVAS DEL DERECHOADMINISTRATIVOEl derecho administrativo es de reciente creación, en efecto, su elaboración parte,propiamente, del último cuarto del siglo XIX y, por tanto, podemos decir, que estadisciplina nació con el Estado de Derecho. 15
  • 16. Ahora bien, cuando el derecho administrativo hubo de llevar a cabo la formulaciónsistemática de sus conceptos, de sus instituciones, no pudo sino acudir al derechocivil, poseedor ya entonces de una milenaria tradición técnicamente depurada, sinembargo, podemos admitir que gracias a la construcción post-revolucionaria ysobre todo a la aportación napoleónica, la Administración Pública tuvo en Franciasu propio derecho: el derecho administrativo, sin desconocer, por supuesto, que laAdministración se ha servido y se sirve en ocasiones del derecho civil.En consecuencia, el derecho administrativo es un "derecho mudable", por cuantovive en permanente transformación. De hecho, la aparición de nuevos cometidosestatales lo mantiene en permanente desarrollo, así como los nuevos interesessociales que demanda la comunidad y cuya satisfacción corre a cargo del Estado.En este sentido, esta rama jurídica en el moderno Estado industrial, comercial eintervencionista, ha aceptado someterse al derecho privado, en ocasiones paraestablecer un equilibrio jurídico, por motivos de interés social, o bien con lafinalidad de privatizar empresas que prestan servicios públicos.ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOCOLOMBIANOEn el Siglo XIX el Consejo De Estado fue creado por Bolívar como órganoconsultivo del gobierno, mediante Decreto 30 de octubre de 1817. CN 86: el C.Ereapareció como cuerpo consultivo. Siglo XX: mediante acto legislativo 10 de 1995el C.E fue suprimido, luego más tarde con acto 3 de 1910 la ley estableciera yorganizara la jurisdicción contencioso administrativa. CP 91: existencia de laJurisdicción Contencioso Administrativa en cabeza del Concejo de Estado.BIBLIOGRAFÍA: 1. http://deradministrativogeneral.blogspot.com/2010/08/fallo-blanco.html 16

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