Este documento resume las principales disposiciones de la Ley Sarbanes-Oxley de 2002, incluyendo nuevos requisitos de información para las empresas, penalidades más estrictas por fraude, y protecciones para empleados que informen sobre irregularidades. También prohíbe que los ejecutivos vendan acciones en momentos inoportunos o reciban préstamos de la empresa, con el objetivo de proteger a los inversores estadounidenses.