Conclusiones del VIII Foro Nacional de Organizaciones Sociales

VIII Foro Nacional de Organizaciones Sociales, pág. 1
VIII. FORO NACIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES.
“ESTADO PLURINACIONAL: REALIDAD O FICCIÓN POLÍTICA”
Cochabamba, 18 al 19 de octubre de 2014.
En la ciudad de Cochabamba, durante las jornadas del 18 al 19 de octubre del año dos mil catorce, se
reunieron más de 400 dirigentes, autoridades y representantes provenientes de las organizaciones indígena,
campesinas, de mujeres, jóvenes, juntas vecinales, fabriles, personas con capacidades especiales,
académicos, prensa, instituciones, pequeños productores y otros sectores organizados de los nueve
departamentos de Bolivia, para reflexionar y debatir los ejes temáticos Democracia y Derechos, Política y
Gestión Pública y Constitucionalidad y Normativa; con el objetivo de evaluar la construcción y situación del
Estado Plurinacional de Bolivia, arribando a las siguientes conclusiones:
1. DEMOCRACIA Y DERECHOS.
1.1. Representación Política y Participación Social
a.) Diagnóstico:
La democracia representativa funcionaliza la toma de decisiones, hay pocos espacios que promueven la
democracia participativa
El sector Campesino no se siente representado y tomado en cuenta. Ven como un favoritismo notorio hacia el
sector minero, con énfasis en la minería de cooperativas.
Los organizaciones sociales, están trazados por la influencia de partidos políticos, lo que lleva a anteponer
intereses personales o de grupos de poder que detentan la dirigencia de estas organizaciones.
Las relaciones generacionales están viendo que la brecha no se cierra, se mantienen viejos arquetipos de
relación con la gente joven, quienes no ven opciones reales de participación en las esferas políticas y
productivas.
Existe una participación organizada, se subraya que esta participación está condicionada por una ley y tiene
ligazón con el Plan nacional de desarrollo
La participación política se ha ampliado, con perspectiva y relevancia la participación de las mujeres.
No existe el debido proceso del derecho a la consulta y finalmente algunos han manifestado que existe
violación de derechos a nivel de derechos individuales y derechos colectivos
Se destaca el aporte de las ONG en los procesos de organización de la sociedad civil.
Los representantes de las organizaciones no hacen seguimiento a las políticas públicas, poco menos a
iniciativas legislativas.
La corrupción esta institucionalizada.

b.) Propuestas
Procesos de afirmación de las luchas desde las organizaciones, para a acrecentar el logro de sus
aspiraciones
Reorientación de los recursos generados por la producción de quinua para favorecer el desarrollo humano de
las comunidades.
El pueblo es vulnerado, mal olvidado, pero confía en el actual gobierno.
Proponen la creación de un Ministerio de la Mujer.
Apoyar el mantenimiento y continuidad de las ONG.
Las personas del colectivo GLBTs demandan atención a una serie de aspiraciones para ejercer ciudadanía en
condiciones que hacen a todas las demás personas de la sociedad boliviana. “Si bien tenemos un avance
grande en la CPE en el art 14, pero queríamos dar un paso más: por ejemplo el derecho a la familia, al
matrimonio civil e igualitario y tener derechos civiles y políticos”.
1.2. Extractivismo, megaproyectos y Derechos Colectivos
a.) Diagnóstico:
En este eje de análisis se ve claramente que la mayoría de las personas que han intervenido, presentan un
rechazo al impulso de la explotación minera a través de la promulgación de leyes que lo favorecen.
La mayoría destaca que la explotación minera favorece a grupos de poder y a los cooperativistas, en
desmedro de la gran masa social del país.
Extractivismo vs, ecología. Destaca el énfasis en esta relación directa entre la explotación minera y el
deterioro del medioambiente.
Sin embargo, se nota también que el impulso de la minería, deja en situación de riesgo la producción
agropecuaria.
El gobierno debe tener muchos recursos pero no está atendiendo estas necesidades, es una política que
debe corregirse en los próximos 5 años, debe mejorar para los estratos pobres, para las poblaciones que no
tienen derecho a la salud a esas se las debe incorporar el derecho a una salud sostenible y de calidad, igual
que la educación tiene que tener buenos docentes y material educativo para mejorar la calidad de vida de
todos nuestros habitantes.
Ausencia de políticas claras en la administración de RRNN, solo han cambiado los dueños
Vulneración de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

b.) Propuestas
En la Amazonía, la gente está trabajando en una ley integral que dote de mecanismos para el cuidado de esta
parte de la geografía nacional, ante la serie de arremetidas de la caza furtiva, la explotación de minerales, etc.
Énfasis en la movilización social en defensa y preservación del medio ambiente en de las zonas mineras
La garantía de los derechos implica la asignación de recursos para su aplicación, solicitamos que los recursos
sean asignados de manera equitativa, para garantizar la participación social. Para esto crear observatorios
que realicen el control social del cumplimiento de los derechos.
Los diputados y senadores electos que no sean “alza manos” en la Asamblea Legislativa Plurinacional y que
termine, de una vez, la dedocracia. Proponemos que las leyes sean trabajadas con las organizaciones
sociales, e indígenas y campesinos y no a puertas cerradas. Las propuestas deben ser trabajadas desde los
niveles local, municipal, departamental y nacional.
Pedimos el cumplimiento del derecho fundamental del trabajo, de la alimentación, a la vivienda, a la justicia.
Lo derechos no tienen color político.
2. POLITICA ECONOMICA Y GESTION PÚBLICA
2.1. Servicios Básicos.
a.) Diagnóstico:
En la ciudad pero especialmente en el campo, la gente sigue autogestionando servicios básicos como el agua
potable, el alcantarillado y la electricidad con insuficiente o ninguna intervención del Estado local y nacional,
debido a los obstáculos procedimentales, y a la ausencia de planificación.
Los servicios básicos en el área rural todavía tienen una cobertura muy baja. Debido a la deficiencia de la
gestión municipal, y a la dispersión física de las comunidades y las familias.
El incremento del presupuesto municipal no ha tenido como efecto el mejoramiento de la infraestructura de los
servicios básicos. Es susceptible de procesos de corrupción y mal manejo.
Existe una distribución y racionamiento desigual de servicios básicos en las zonas centrales y periféricas de
las ciudades.
La falta de derecho propietario y saneamiento de la tierra urbana sigue siendo un obstáculo para el acceso a
los servicios básicos por lo que se debe establecer políticas de planificación urbana y saneamiento de tierras
urbanas que detengan la amenaza de desalojos forzados y estafas a los más pobres.
El derecho de acceso a una vivienda de calidad, es un principio constitucional que todavía no se implementa
de manera conveniente para los sectores populares.
Precariedad de los procesos de titulación de la propiedad urbana. La Unidad de Titulación, dependiente del
Ministerio de Obras Públicas, está obstaculizando la legalización de los derechos de propiedad, lo que limita
el acceso de sectores populares a planes de vivienda.

La inclusión de áreas rurales en la mancha urbana, significa la posibilidad de acceder de manera más
expedita a los servicios básicos. Lamentablemente, éste proceso está intermediado por loteadores que en
connivencia con la gestión municipal, se están beneficiando de manera irregular, afectando los intereses de
familias y comunidades rurales.
Hay una brecha significativa entre el área urbana y rural, respecto al acceso a los servicios básicos. Mientras
que en las ciudades se ha avanzado significativamente, el área rural, todavía presenta municipios y
comunidades que no cuentan con estos servicios.
Hay problemas de acceso y calidad y hay racionamiento de agua.
Se debe reducir la burocracia y centralización de recursos para que los municipios puedan ejecutar proyectos
de agua potable y alcantarillado de manera directa. A pesar de la implementación del programa Mi Agua,
todavía hay bastantes comunidades que no cuentan con éste servicio básico.
Se debe des criminalizar las protestas que reclaman mejor calidad y acceso al agua cuando hay empresas
públicas, privadas o proyectos que amenazan las fuentes de agua porque se trata de un derecho humano.
Las competencias en el sistema de salud, responden al proceso autonómico en marcha, que establece la
coordinación y complementariedad entre las entidades autónomas. Precisamente, una de las grandes
dificultades se centra en éste aspecto, ya que hasta el momento no se logra concatenar las competencias y
atribuciones que corresponden a los mismos.
En el tema salud, hay discriminación contra el colectivo GLBTS, pero también con los sectores más
desposeídos (población rural, población de escasos recursos)
La recolección de servicios sólidos (basura) es fundamental, ya que en varios departamentos y poblaciones,
los rellenos sanitarios están colapsados, con efectos sobre la salud. La seguridad laboral en éste ámbito es
bastante precaria, lo que acarrea serios riesgos a la salud del personal que desempeña actividades en éste
rubro.
En el norte amazónico, la calidad de servicios básicos, ha avanzado con el programa Evo Cumple en un
porcentaje del 85%. En el tema de salud, se han implementado los SAPSIS, y en educación se ha construido
infraestructura que está resolviendo las necesidades de las comunidades indígenas.
b.) Propuesta
Se requieren de políticas públicas estructurales y no paliativas (Programa Mi Agua, Programa Evo Cumple),
en el campo de los servicios básicos; que favorezcan fundamentalmente a poblaciones del área rural.
Se requiere incrementar el presupuesto destinado a la provisión de servicios básicos de agua y alcantarillado.
Debe garantizarse la coordinación y complementariedad de las entidades autónomas departamentales y
municipales para implementar programas de dotación de agua potable y alcantarillado.
Se requiere desarrollar instancias y mecanismos de control social, que garanticen la eficiencia y transparencia
de los programas de dotación de agua potable y alcantarillado.

Hay necesidad de impulsar procesos de revaloración de la medicina tradicional, y su integración al sistema de
salud.
Deben resolverse los procesos discriminatorios contra el colectivo TGLS, y sectores más desposeídos
respecto a su acceso al sistema de salud; a través del reconocimiento pleno de sus derechos, establecidos en
la C.P.E.
Se requiere que los municipios implementen estrategias diferenciadas para población concentrada y para
población dispersa.
2.2. Salud y Educación
a.) Diagnóstico:
La calidad de los servicios públicos en el área rural de algunos departamentos es muy mala y la distribución
de los mismos respecto a la ciudad es desigual.
En el tema de salud y educación la insuficiencia es cubierta por las propias comunidades y familias. La gente
se sigue curando con hierbas y muchas comunidades deben contratar sus profesores.
Se tienen algunas infraestructuras pero falta personal especializado y equipamiento.
No se recuperan los saberes ancestrales en salud y educación. La educación en la nueva ley no es inclusiva
para sectores como los NATS. La ejecución presupuestaria es deficiente en todos los niveles.
No existen servicios de salud y educación adecuados a sectores vulnerables como personas con
discapacidad y NNAT’s. Se debe contar con hospitales de tercer nivel (cáncer, diabetes, riñones, atención a
personas con discapacidad etc.) y no sólo postas tanto en el campo como en la ciudad. Las personas con
discapacidad no reciben suficientes políticas ni recursos de acuerdo a sus necesidades.
Las inundaciones han generado mayores riesgos de enfermedades que se deben atender con una mayor
cantidad de recursos y mejores servicios.
Las organizaciones más cercanas y favorables al gobierno son las que reciben recursos y políticas públicas
pero se debe dar un trato igualitario a todas las organizaciones.
En el campo educativo, no se evidencian cambios estructurales en la educación superior (universidad),
principalmente en lo referido al contenido curricular.
En el ámbito educativo, las reformas y reajustes realizados en distintos momentos históricos, no han sido
efectivas, incluida la Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez.
La educación no acaba de descolonizarse.

b.) Propuestas:
Se debe introducir el tema de DDHH en la currícula así como el tema de derechos sexuales y reproductivos.
Se tienen que hablar la descolonización educativa y cambiar esquemas machistas y patriarcales presentes en
la educación.
Se requiere educación y producción orientada al emprendimiento y la producción agrícola.
Las políticas y la gestión públicas deben ser construidas desde las bases. Se tienen que proponer políticas
desde abajo.
En vez de invertir en canchas, se debería impulsar la inversión en infraestructura de salud y guarderías. Así
mismo, se deberían reducir los prohibitivos costos de acceso a la infraestructura deportiva.
Proponemos incremento del presupuesto porque con este gobierno no ha mejorado el presupuesto de salud y
educación.
Se deben desarrollar políticas especiales para los indígenas urbanos, las mismas que les permitan
representación y acceso a recursos municipales en las ciudades. Estas políticas estarían orientadas por el
respeto de los derechos indígenas y el Estado Plurinacional.
El fondo indígena debe ser despolitizado y distribuido entre todos los pueblos y organizaciones indígenas.
Se debe capacitar a los funcionarios públicos para una mejor ejecución de los recursos públicos y una mejor
gestión pública, se deben inculcar valores en el sistema educativo.
El nivel central del Estado y las gobernaciones deben implementar hospitales de Tercer y Segundo Nivel en el
área rural, con la adecuada infraestructura, ítems, y el personal médico especializado; las políticas de salud
deben estar orientadas a una atención integral y de calidad para los diversos sectores de la población.
2.3. Políticas Agrícolas
a.) Diagnóstico:
La dotación de maquinaria, proyectos y crédito para el sector campesino no ha llegado a los pequeños
productores.
En términos generales, no hay apoyo a la producción familiar, y eso repercute en la disminución de los
volúmenes de producción de cultivos destinados al mercado interno. Se ha incrementado la importación de
productos de países como Perú, Argentina y Chile. La importación de alimentos afecta a los pequeños
productores quitándoles mercado y posibilidades de producción.
Los recursos de EMAPA se orientan a abastecer al mercado importando alimentos pero no para apoyar a los
pequeños productores.
El acceso al crédito por parte del pequeño productor es prohibitiva, ya que el mismo no reúne las condiciones
exigidas. Por ejemplo ¿Qué campesino tiene garantías hipotecarias y prendarias para acceder a los créditos
del Banco de Desarrollo?

Las tierras son insuficientes y no hay política de redistribución. La distribución de tierras no es equitativa y el
saneamiento favorece a los terratenientes y grandes empresas agrícolas.
La producción agroindustrial que está orientada a la exportación, cuenta con el apoyo y financiamiento estatal;
que tiene como efecto el enriquecimiento de grandes propietarios y agroindustriales.
Los pequeños productores están sujetos a muchos riesgos. El seguro agrícola no llega a todos los pequeños
productores y es insuficiente y burocrático.
No existe apoyo en dotación en semilla ni en capacitación para poder mejorar y llevar en el mercado.
No existen caminos ni medios de transporte para sacar los productos al mercado.
Los pequeños ganaderos del campo no cuentan con mataderos para el adecuado faeneo y exportación de la
carne.
No existen proyectos productivos la mayor parte de los mismos tienen tintes prebendales
El modelo de crédito del BDP no es sostenible, algunos de quiénes accedieron no pudieron pagar y ahora son
procesados.
No hay apoyo a la creación de asociaciones y microempresas rurales.
La certificación de productos ecológicos es una imposición y un costo adicional que no es facilitado por el
gobierno
Las clases medias en las ciudades no reciben ningún incentivo ni recurso de parte del Estado.
Se le da mucho apoyo a los terratenientes y las agroindustriales. El proceso de saneamiento de la propiedad
agraria ha saneado la tierra para los grandes propietarios y no así para las comunidades y pueblos IOCs.
El latifundio está constitucionalizado, y ésa es la razón fundamental para que el minifundio se profundice,
principalmente en el occidente. Los nuevos dueños de la tierra son extranjeros (menonitas, brasileros).
La falta de oportunidades en el campo genera una migración masiva hacia las ciudades en donde se enfrenta
la discriminación y el escaso acceso a servicios públicos.
Las ONG’s cubren el rol del Estado y las políticas de desarrollo humano son inexistentes.
La normativa agraria de última generación: Ley de la Revolución Agropecuaria Comunitaria, Ley de
Restitución de Bosques, Ley de OECAS y OECOM, Pausa de la FES, es atentatoria a la producción
campesina y agricultura familiar, porque favorece explícitamente la penetración del capital y la consolidación
de la pequeña, mediana y gran empresa agropecuaria.
La producción campesina y la agricultura familiar están seriamente amenazadas por la actividad minera,
debido a la contaminación de fuentes de agua y a los derechos prevalentes de la minería sobre la
agricultura. A contracorriente, las grandes empresas transnacionales como San Cristóbal no pagan un
centavo por los grandes volúmenes de agua que consumen y contaminan.

La profunda penetración del capital en la producción de la quinua, está matando la economía comunitaria, los
valores comunitarios, y el ecosistema. En otras palabras, el gobierno está matando el ayllu, porque las
políticas agrarias impulsan la producción capitalista de la quinua.
El Fondo Indígena es un mito, porque hay bastante retraso para acceder a los recursos disponibles por ésta
institución.
b.) Propuestas:
Se requiere una nueva ley agraria y la conclusión del proceso de saneamiento de la propiedad agraria, para
garantizar la seguridad alimentaria, desde la producción familiar y campesina. La reconstrucción del pacto de
unidad es indispensable para luchar por los intereses colectivos, y garantizar la elaboración de una nueva ley
agraria que favorezca a los pueblos y naciones IOCs.
Las políticas del Estado central, departamental, municipal deben orientarse al fortalecimiento económico y
productivo de la economía comunitaria y de pequeños productores para garantizar la soberanía alimentaria.
Las autoridades el nivel central del Estado, como ministros y viceministros deben asistir a los espacios de
reflexión y construcción de propuestas de la sociedad civil para escuchar las necesidades y propuestas
construidas colectivamente. Así mismo, esos espacios pueden constituirse en espacios de ejercicio del
Control Social para evaluar la implementación de políticas, construcción de obras, infraestructura, servicios
básicos, etc. Porque en muchos lugares del país programas como Mi Agua, Evo Cumple, no fueron
concluidas y se dejaron a medio construir.
El gobierno central debe continuar, inmediatamente, con la verificación de la Función Económica Social (FES)
de los predios de ganaderos y agroindustriales. Las propiedades que no cumplan con la FES deben ser
revertidas al Estado para, posteriormente, ser entregadas a los indígena originario campesinos que viven en
minifundio y surcofundio.
Diseño de políticas públicas basadas en el Buen Vivir a nivel estructural desde el enfoque de la Tierra y
Territorio. Nosotros como organizaciones sociales a nivel nacional elaborar una verdadera ley dirigida a la
producción y de Tierras y Territorio, cambiando la lógica neoliberal de gestión institucional estatal desde cada
una de nuestras regiones, con participación en control social.
La ley minera no fue consensuada por lo que pedimos que sea nuevamente construida y consensuada para
su aprobación. Se debería priorizar recursos en el área productiva y no tanto minera.
Pedimos a las nuevas autoridades estatales que aprueben las propuestas de Ley de la Amazonía y la Ley de
Bosques, elaboradas con amplia participación por el BOCINAB durante la gestión 2012 y 2013.

3. CONSTITUCIONALIDAD Y NORMATIVA
3.1. Autonomías y descentralización.
a). Diagnóstico:
El desconocimiento de los derechos establecidos en la CPE, por sectores mayoritarios de la población,
contribuye a que no se exija el cumplimiento de los mismos. Derecho no conocido es un derecho vulnerado.
La aplicación de la CPE se realiza de manera parcializada, se evidencia que algunos sectores, con poder
económico y político, gozan de mayores beneficios.
La centralización del poder continúa; en los hechos, las autonomías no se concretaron, las decisiones
administrativas, económicas y políticas se las realiza en La Paz.
Se evidencia poca socialización, desde las instancias responsables del Estado, respecto a la normativa para
el acceso a la autonomía indígena originario campesino, y en los sectores urbano populares, no se informa
sobre la construcción de la autonomía municipal y departamental.
Si bien, en algunos departamentos, municipios y autonomía IOCs, se avanzó en la construcción de los
Estatutos y Cartas Orgánicas, éstos aún no fueron revisados por el Tribunal Constitucional, para su posterior
aprobación vía referendo.
En otros departamentos, municipios y autonomía IOC, no se avanzó en la elaboración colectiva de los
Estatutos y Cartas Orgánicas, debido a diferentes causas: algunas demandas no fueron incluidas (por
ejemplo el tema de género, la participación de PIOC’s y su representación directa, derechos de las personas
con discapacidad); las autoridades ejecutivas y legislativas municipales contrataron consultoras, las mismas
no toman en cuenta las demandas reales de la población.
Los indígenas tienen representación directa según la Constitución; se pidió inclusión de los indígenas
originarios en las autonomías departamentales, pero en ninguno de los espacios los se encuentran
verdaderamente representados. Se está anulando la representación directa desde el municipio. Los pueblos
indígenas tienen que luchar para ser incluidos. Sigue la pelea por la reivindicación de los derechos de los
pueblos indígenas originarios campesinos.
De manera general, las autonomías municipales y departamentales muestran mayor avance en su
concreción. En cambio, las AIOC tuvo muchos obstáculos debido a: falta de voluntad política de parte de
autoridades municipales, departamentales y nacionales; pugnas internas; intereses políticos y de
administración de recursos económicos; falta de apoyo técnico desde el nivel central del Estado,
específicamente el Ministerio de Autonomías y Descentralización.
No es fácil el acceso a la autonomía IOC debido a varios requisitos que la LMAD exige: certificación de
ancestrabilidad, base poblacional, cualidad gubernativa y la excesiva burocracia en el Ministerio de
Autonomía y Descentralización.

b) Propuestas:
Las organizaciones debemos exigir una participación activa en la elaboración de las diferentes normas
autonómicas. De la misma manera, elegir asambleístas estatuyentes orgánicos para la elaboración de Cartas
Orgánicas y Estatutos Autonómicos.
La construcción de autonomías, debe implementar como uno de sus ejes importantes la temática de género.
Los presupuestos, de las entidades territoriales autónomas, deben contener proyectos y financiamiento para
emprendimientos productivos de las mujeres.
El Estado, en todos sus niveles, debe socializar la normativa, alcances, requisitos y formas de construcción de
las autonomías. Para ello debe asignar mayores recursos económicos.
El Estado debe promover y facilitar el acceso a la autonomía IOC de base territorial. Coadyuvar a las
organizaciones IOC que quieran acceder a esta forma de autonomía. Modificar los requisitos engorrosos y
burocráticos existentes para la conversión a autonomía IOC; estos requisitos deben ser elaborados según la
pluridad de visiones y concepciones de las naciones y pueblos IOC’s.
La concreción real de las autonomías se conseguirá con la lucha, movilización articulada y colectiva de las
organizaciones urbanas y rurales.
Implementar el Control Social y la Participación Política en el proceso de elaboración y construcción de las
autonomías departamental, municipal, e IOC.
Estatutos Autonómicos Departamentales y Cartas Orgánicas deben respetar la participación y representación,
según normas y procedimientos propios, de las Naciones y Pueblos IOC’s, existentes al interior de las
Unidades Territoriales del país. En ese sentido, deben contener escaños IOC’s dentro la estructura de los
órganos legislativos correspondientes.
3. 2. Jurisdicción ordinaria, agroambiental e indígena originario campesina.
a.) Diagnóstico.
La aplicación de la justicia no responde a los principios establecidos en la CPE: imparcialidad, celeridad y
gratuidad. Los procedimientos judiciales son complejos, costosos y burocráticos.
No existe la independencia de órganos, el órgano judicial está sometido, principalmente, a los dictámenes del
órgano ejecutivo nacional. La justicia está “partidizada”, los fallos son políticos. Predominan los círculos de
corrupción donde intervienen administradores de justicia y sus colaboradores: jueces, fiscales, policías,
abogados.
Se evidencia un incremento paulatino en la mercantilización de la justicia, aquellos que tienen dinero salen
libres o acceden a medidas preventivas ventajosas, medidas sustitutivas para guardar encierro en sus
domicilios.

Las denuncias de violación a derechos de pueblos IOC no fueron resueltos por la justicia; los siguientes casos
no tuvieron, hasta hoy, la atención necesaria: represión policial de la VIII Marcha Indígena en Chaparina, la
toma violenta, de las oficinas de la CIDOB y del CONAMAQ con respaldo de las fuerzas del orden.
Las mujeres son las más afectadas en la aplicación de la justicia, porque los administradores de justicia aún
mantienen acciones machistas y patriarcales, re victimizan a quienes hacen la denuncia correspondiente.
Jurisdicción ordinaria:
Los jueces, magistrados son elegidos por acuerdos políticos, e intereses partidarios.
Las leyes promulgadas para defender derechos de mujeres, niños y niñas no cuentan con recursos
económicos para su correcta aplicación.
Faltan instancias del Estado que respalden a víctimas de violencia sexual, psicológicas y físicas.
Jurisdicción agroambiental:
La jurisdicción agroindustrial fue creada para solucionar problemas relacionados con la tenencia de la tierra y
el respeto del medio ambiente. Sin embargo esta instancia no cumple sus funciones. Se constata que frente a
denuncias de contaminación ambiental por actividades mineras, fundamentadas con auditorías ambientales,
los magistrados no hacen caso a las denuncias, ni toman en cuenta las pruebas existentes y fallan a favor de
las empresas mineras.
Por otra parte, el Tribunal Agroambiental se constituye en una instancia que aceleró el saneamiento de
predios privados, de terratenientes, ganaderos, empresarios agroindustriales, sin hacer prevalecer los
derechos colectivos, de IOC, al territorio y la tierra.
Jurisdicción IOC:
La ley de deslinde jurisdiccional esta colonizada y las demás leyes están patriarcalizadas.
La jurisdicción IOC, pese a los principios constitucionales, en la Ley de Deslinde Jurisdiccional y en la práctica
se la somete a las jurisdicciones ordinaria y agroambiental.
b.). Propuestas:
Convocar a una cumbre nacional de organizaciones sociales para elaborar propuestas para una verdadera
reforma judicial.
La reforma judicial deberá contemplar: carrera judicial por méritos, adecuar el currículum de formación de las
universidades, para la carrera de derecho, participación del control social para evaluar la idoneidad de
postulantes al órgano judicial.

En la estructura del Órgano Judicial se debe incorporar a la jurisdicción IOC, mediante una reforma de la ley
del Órgano Judicial.
Las autoridades IOC, encargadas de la administración de justicia, deben recibir infraestructura y
financiamiento desde el nivel central del Estado.
Promover la reforma de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, para que reconozca y respete las competencias
jurisdiccionales de las autoridades IOC.
Complementaciones a las propuestas de comisiones surgidas en plenaria general:
Fortalecer y promover la democracia directa y participativa. El Estado, en todos sus niveles debe generar
espacios de diálogo abierto que respete la pluralidad de visiones y opiniones, formas organizativas y posturas
políticas diversas para el diseño y la elaboración de políticas públicas orientadas a la administración de
recursos naturales renovables y no renovables. El Estado debe escuchar y tomar en cuenta las propuestas de
la sociedad civil, en cumplimiento a lo establecido en la CPE, art. 241.
Las organizaciones sociales deben liberarse de las influencias políticas partidarias a las que se encuentran
sometidas hoy en día. La agenda de las mismas debe responder a sus intereses y necesidades, no a
mandatos político partidario.
Las leyes promulgadas por el nivel central del Estado, deben estar acompañadas del reglamento respectivo y
la asignación de recursos económicos pertinentes para su pronta aplicación.
Las políticas del Estado central y de las entidades territoriales autónomas deben diseñar y aplicar políticas
orientadas a la participación de niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad. De la
misma forma se deben crear espacios de participación y decisión de esos sectores, por ejemplo creación de
Ministerios de la mujer, juventud, niñez y adultos mayores; dotación de infraestructura y ambientes; destinar
fondos económicos.
Se exige al Órgano Judicial, y todas sus instancias de aplicación de justicia, la celeridad en la resolución de
casos de femenicidio, abuso intra familiar, trata de mujeres y niños. Para ello es imprescible la reforma
judicial, que tome en cuenta la idoneidad y la ética para la designación de los servidores públicos operadores
de justica. En caso de incumplir sus responsabilidades, se debe incrementar sanciones ejemplares para
dichos servidores públicos.
Ante casos de denuncias por maltrato infantil y violencia contra la mujer, los operadores de justicia deben
modificar las exigencias y requisitos, como demostrar “pruebas” del maltrato, para realizar la atención pronta y
oportuna.
Las empresas cooperativistas, empresas privadas y públicas, que contaminan el medio ambiente por la
extracción de recursos naturales no renovables, como minería e hidrocarburo, deben resarcir
económicamente a las comunidades afectadas.
En el ámbito laboral, se solicita la inclusión del sector de trabajadores asalariados del campo a la Ley General
del Trabajo, para que gocen de beneficios laborales como son: seguridad social, seguro de vida, aporte a las
AFP’s, etc.

Para proteger el medio ambiente, se requieren políticas municipales, departamentales y nacionales orientadas
a la gestión de residuos sólidos.
El Estado debe ampliar el seguro universal de salud para jóvenes, especialmente del área rural que son los
menos beneficiados por las políticas públicas.
Como garante de los derechos establecidos en la CPE, el Estado debe atender prioritariamente a la niñez
abandonada, para ello debe crear modernos orfanatos; de la misma forma, generar fuentes de empleo con
todos los beneficios laborales.
Los diferentes niveles del Estado deben implementar políticas favorables a las personas con discapacidad y
crear adecuadas fuentes laborales.
Respeto a los derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios y Campesinos de acuerdo a la
CPE. Exigimos el avance en el saneamiento de tierra y territorio colectivo y seguridad alimentaria
promoviendo la producción agrícola que aplica o recupera los conocimientos ancestrales, para mejorar la
calidad del producto y la calidad de los suelos.
Incorporar a los médicos tradicionales al sistema de salud nacional, a través de la acreditación de los mismos
por el Ministerio de Salud y la creación de Ítems en los centros de salud y hospitales, esto constituiría un
verdadero reconocimiento de los conocimientos y saberes ancestrales en la medicina tradicional de las N y
PIOC.
Las universidades deben incorporar mediante políticas concretas un sistema de educación con
infraestructura, tecnología y materiales adecuados a la población con discapacidad visual y otro tipo de
discapacidades.
El ministerio de Educación debe implementar talleres especiales para Directores y Profesores sobre
derechos de las mujeres, jóvenes, adolescentes y niñez para que tanto, padres de familia y profesores
conozcan los derechos de esta población y generen espacios colectivos de prevención de la vulneración de
estos derechos.
En cuanto a la seguridad alimentaria, debe haber sanciones duras contra quienes contaminan nuestros
alimentos y suelos y debe cambiarse las leyes respecto a la venta libre de insecticidas y pesticidas que solo
enriquecen a grandes empresarios y transnacionales que lucran con la dependencia que generan estos
productos. Debe desaparecer el INIAF porque se está adueñando de las semillas certificadas del país y
discrimina a otras semillas nativas que es la base de la alimentación de las comunidades.
Respeto a los derechos de la juventud y adolescencia mediante el cumplimiento de la Ley 548 relacionado a
los Art. 126 – 140.
El gobierno y los Ministerios deberían crear espacios de participación de la sociedad civil, para escuchar los
problemas y propuestas, como muestra de avances en la inclusión de sectores como las mujeres, jóvenes,
niñez y adolescencia y personas en rehabilitación.
Los gobiernos municipales deben consensuar las obras y proyectos, con las comunidades a través de sus
dirigentes con plena participación de la población, desde la adjudicación, seguimiento y entrega, donde exista

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