REALIDAD DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN AMÉRICA

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  • 1. PUEBLOS ORIGINARIOS EN AMÉRICA GUÍA INTRODUCTORIA DE SU SITUACIÓN Textos: Alberto Cruz Apéndices:Multinacionales españolas en América Latina: impactos sobre los pueblos indígenas Pedro Ramiro y Erika González Mujeres de Abya Yala: Mama Tránsito Amaguaña (1909-2009) Mailer Mattié Mapas: David San Martín 1
  • 2. Edita: ALDEA ALTERNATIBA DESARROLLO C/ Navarrería, 25 - 31001 PAMPLONA - IRUÑA Tfno: (0034) 948 38 27 17 - E-mail: sede@aldea-alde.org - www.aldea-alde.orgColabora: CEPRID (Centro de Estudios para las Relaciones Internacionales y el Desarrollo) www.nodo50.org/cepridweb: www.pueblosoriginariosenamerica.orgTextos: Alberto Cruz, Pedro Ramiro, Erika González y Mailer Mattié.Mapas: David San MartínDiseño portada y maquetación: ag comunicacionImpresión: Gráficas ArgaDepósito Legal: NA-3462/2010El libro, considerando que puede ser una herramienta útil de trabajo, se puede reproducir total o parcialmente. Queda al criterio moral de quienlo haga citar al autor del texto principal y a quienes han elaborado los apéndices, a la organización que lo ha impulsado y a los financiadores ycolaboradores.Primera edición en castellano: diciembre 2010.Las opiniones, mapas y datos que aparecen en esta obra son responsabilidad exclusiva de los autores del texto principal y apéndices y noreflejan necesariamente el punto de vista de la Agencia Española para la Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID). 2
  • 3. A Nieves y Aída, sin ellas nada sería igual3
  • 4. 4
  • 5. Nuestras víctimas nos conocen por sus heridas y por sus cadenas: eso hace irrefutable su testimonio. Basta quenos muestren lo que hemos hecho de ellas para que reconozcamos lo que hemos hecho de nosotros mismos.....Ustedes, tan liberales, tan humanos, que llevan al preciosismo el amor por la cultura, parecen olvidar que tienen colonias y que allí se asesina en su nombre.... Jean Paul Sartre, prólogo a “Los condenados de la tierra” de Franz Fanon.Últimos sobrevivientes del más grande desastre de la humanidad, los pueblos indios refugiados en las montañas, en los desiertos o escondidos en las profundidades de los bosques, continúan dándonos la imagen de una fidelidad absoluta hacia los principios de libertad, de solidaridad y de sueño de las antiguas civilizaciones prehispánicas. Estos pueblos continúan siendo los guardianes de “Nuestra madre tierra”, los observantes de las leyes de la naturaleza y del ciclo del tiempo. Jean-Marie Gustave le Clezio. “El sueño mexicano”. La palabra sin acción es vacía, la acción sin palabra, es ciega, la palabra y la acción, fuera del espíritu de la comunidad, es la muerte. Pueblo Naso 5
  • 6. 6
  • 7. IndiceGlosario de siglas 9Presentación 10La larga lucha hacia la visibilización 13 - Derechos humanos individuales frente a derechos de los pueblos 15 - El resurgir de la lucha por la emancipación de los pueblos indígenas 19 - La primera victoria: el Convenio 169 de la OIT 22 - El segundo triunfo: la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU 26 - 370 millones de indígenas 28 - Visibilización de los pueblos originarios y el derecho a la tierra 33Sobre el método 37Pueblos originarios en América 39 - Argentina 41 - Belice 49 - Bolivia 53 - Brasil 63 - Canadá 71 - Chile 77 - Colombia 83 - Costa Rica 97 - Ecuador 102 - El Salvador 113 - Estados Unidos 117 - Guatemala 123 - Guyana 131 - Honduras 135 - México 139 - Nicaragua 147 - Panamá 153 - Paraguay 159 - Perú 165 - Surinam 177 - Venezuela 181Apéndices 187 - Multinacionales españolas en América Latina: impactos sobre los pueblos indígenas 189 - Mujeres de Abya Yala: Mama Tránsito Amaguaña 201 (1909-2009)Anexos 205 - Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas 207 - Convenio de la Organización Internacional del Trabajo nº 169 (1989) sobre Pueblos 216 Indígenas y Tribales en países independientes - Declaración de los pueblos indígenas 226 - Declaración de los Pueblos Indígenas del Mundo 228Agradecimientos 231Bibliografía 232Mapas 237 7
  • 8. 8
  • 9. Glosario de siglasAIDESEP Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva PeruanaALBA-TCP Alianza Bolivariana de los Pueblos de las Américas – Tratado de Comercio de los PueblosALCA Área de Libre Comercio para las AméricasAPIB Articulación de los Pueblos Indígenas de BrasilBID Banco Interamericano para el DesarrolloBM Banco MundialCAOI Coordinadora Andina de Organizaciones IndígenasCCP Confederación Campesina del PerúCEDR Comité para la para la Eliminación de la Discriminación RacialCEH Comisión para el Esclarecimiento HistóricoCDH Consejo de Derechos HumanosCDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos IndígenasCIA Agencia Central de InteligenciaCIDH Comisión Interamericana de Derechos HumanosCIDOB Confederación de Pueblos Indígenas de BoliviaCNA Confederación Nacional AgrariaCNPI Comisión Nacional de Política IndigenistaCOCOPA Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso de la UniónCOIP Caribbean Organization of Indigenous PeoplesCONAI Comisión Nacional de Asuntos IndígenasCONAICE Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Costa EcuatorianaCONAIE Confederación de Nacionalidades Indígenas de EcuadorCONACAMI Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la MineríaCONAP Confederación de Nacionalidades Amazónicas del PerúCONCULTURA Consejo Nacional para la Cultura y el ArteCONDEPE Consejo de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos del EcuadorCONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo SocialCONFENIAE Confederación de Nacionalidades Indígenas de la AmazoníaCOPINH Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de HondurasCOPPIP Coordinadora Permanente de Pueblos Indígenas del PerúCRIC Consejo Regional Indígena del CaucaECUARUNARI Ecuador Runakunapak Rikcharimuy de la SierraEEUU Estados Unidos de América 9
  • 10. EZLN Ejército Zapatista de Liberación NacionalDDHH Derechos HumanosDDPI Declaración de Derechos de los Pueblos IndígenasFARC-EP Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del PuebloFENOCIN Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y NegrasFENSUAGRO Federación Nacional Sindical Unitaria AgropecuariaFLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias SocialesFMI Fondo Monetario InternacionalFMLN Frente Farabundo Martí para la Liberación NacionalFPCI Foro Permanente para las Cuestiones IndígenasFSLN Frente Sandinista de Liberación NacionalFUNAI Fundación Nacional del IndioIIRSA Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional SuramericanaINDI-IPI Instituto Paraguayo del IndígenaOEA Organización de Estados AmericanosOFRANEH Organización Fraternal Negra de HondurasOIT Organización Internacional del TrabajoOMC Organización Mundial del ComercioONG Organización No GubernamentalONIC Organización Nacional Indígena de ColombiaONU Organización de las Naciones UnidasODECOFORC Organización para el Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del CenepaPAC Patrullas de Autodefensa CivilPND Plan Nacional de DesarrolloPNUD Programa de Naciones Unidas para el DesarrolloPRI Partido Revolucionario InstitucionalRAAN Región Autónoma del Atlántico NorteRAAS Región Autónoma del Atlántico SurTLCAN Tratado de Libre Comercio de América del NorteTLC Tratado de Libre ComercioUNASUR Unión de Naciones SuramericanasUNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la CulturaYATAMA Yapti Tasba Masraka Nanih Asla TakankaYPFB Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos 10
  • 11. PresentaciónEl libro que tienes en tus manos, “Pueblos Originarios en América. Guía introductoria de su situación”, ha sidoeditado por la organización de cooperación y solidaridad internacionalista ALDEA con la colaboración del Centro deEstudios para las Relaciones Internacionales y el Desarrollo (CEPRID), y la financiación de la Agencia Española deCooperación Internacional y Desarrollo (AECID) del Gobierno del Reino de España.No es un trabajo cerrado, sino un camino abierto por el que cada cual puede transitar como le plazca: comenzando aconocer una situación de la que se comienza a hablar cada vez con más fuerza a tenor de las luchas que los pueblosoriginarios llevan por el reconocimiento de sus derechos, profundizando en las situaciones que nos puedan ser máscercanas (y el fenómeno zapatista tal vez sea el que más interés haya despertado en los últimos años en el Estadoespañol) o abriendo un camino por el que impulsar nuevos proyectos emancipatorios muy alejados de la vorágine“desarrollista” de nuestras sociedades. En definitiva, es una síntesis de algo muy complejo y en lo que merece la penaprofundizar en otras ocasiones.El trabajo de Alberto Cruz tiene una clara vocación de informar y explicar la situación de los Pueblos Originarios o Na-ciones Indígenas en el continente americano, incluyendo los países de habla no castellana o portuguesa, desde la visióndel conflicto del uso y propiedad colectiva de la tierra, el territorio donde han vivido, viven y quieren seguir viviendo losdiferentes Pueblos y Naciones originarias. Esta es la raíz de toda su lucha, la razón de ser de su existencia. Sin tierra nohay pueblo, sin pueblo no hay cultura, sin cultura no hay lengua. No se puede apoyar sólo el derecho a la educación en supropia lengua de los pueblos originarios, por poner un ejemplo, sin hacer lo mismo con la lucha por la tierra. Esta es unacrítica que hay que hacer a ciertas ONGs que están comenzando a trabajar en estos campos y que lo hacen como la luzpasa por el cristal, sin tocarlo ni mancharlo. Eso también lo hacen todos los gobiernos, con mayor o menor entusiasmo.Pero ese entusiasmo hacia los pueblos indígenas desaparece de inmediato cuando se trata de la tierra.La lucha por la tierra es vital. Y esta tierra está amenazada por los intereses políticos y económicos de gobiernos ytransnacionales que incumplen, cuando no violan, derechos reconocidos a todos los niveles desde que en el año 2007se aprobase la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas por la ONU. Si hay que resaltar algún aspecto deltrabajo del autor, este es uno de ellos: se han reconocido una serie de derechos a los pueblos originarios como conse-cuencia de una lucha de muy larga data, pero no se cumplen y siempre se utilizan artimañas para evitarlos.En ello tiene mucho que ver la voracidad de las transnacionales, en ocasiones mucho más poderosas que los mismosgobiernos. Pedro Ramiro y Erika González, investigadores del Observatorio de las Multinacionales en AméricaLatina (OMAL) de la Asociación Paz con Dignidad, relatan los impactos sobre los Pueblos indígenas de las transna-cionales españolas en una nueva conquista e invasión de “las Américas”. Ahora que se está poniendo de moda esaneolengua de la “responsabilidad social corporativa” de las empresas, es bueno comenzar a transitar, también, estecamino. Como hace más de quinientos años, no hay que dejarse cegar por el brillo de los espejos cuando lo que sebusca con afán es el oro. 11
  • 12. En un ámbito tan extenso no se podían abordar con un cierto detalle otros aspectos como la aportación de las mujeres enla lucha de los pueblos originarios por su visibilización y derechos. Ella, por sí misma, tiene un valor propio y mereceun trabajo aparte. Su papel en la lucha contra el ALCA, el cuidado de la biodiversidad y en defensa de la cultura está aúnpor desarrollar, aunque ya hay caminos que se han comenzado, también, transitar. Mailer Mattié es una de las pionerasen hacerlo. Su relato sobre Mamá Tránsito es una muestra de la fuerza e inteligencia de una mujer indígena, emblemá-tica, a lo largo de los últimos 100 años de los Pueblos que aman y defienden a la Madre Tierra, a su Pachamama.El panorama no podría estar completo sin una referencia visual de cuáles y dónde se ubican los pueblos originariosen el continente americano. Este ha sido el trabajo de David San Martín. Con una iconografía cuidada y sencilla a lavez nos permite acercarnos geográficamente a estos pueblos y ubicarles en cada uno de los países que forman hoy estecontinente. Pero no hay que olvidar nunca que estos pueblos ya estaban allí cuando llegaron los europeos.El texto principal, los documentos anexos y los mapas permiten, como se ha dicho, comenzar a transitar por elcamino de los pueblos originarios. Y hacerlo con ellos. En ese camino hay avances y retrocesos, pero cada vezla senda se traza con mayor rapidez porque, sin duda, los comienzos de este siglo XXI son los de los pueblosoriginarios. Es una lucha decidida y dinámica a la que se pretende dar seguimiento y actualidad en la página webwww.pueblosoriginariosenamerica.org elaborada junto con este libro. Eso es transitar el camino con los pueblosindígenas. A través de esta página web se podrán conseguir documentos, noticias e informaciones de las realidadesde los Pueblos Originarios en América.Agradecemos que leas este libro, que lo conviertas en un instrumento de trabajo y que utilices la herramienta de lapágina web que lo acompaña haciéndonos llegar cualquier sugerencia o crítica.Saludos Solidarios e Internacionalistas. Pablo Lorente Zapatería PRESIDENTE de ALDEA 12
  • 13. La larga lucha hacia la visibilización¿Cómo se pobló el continente americano? Alrededor de esta pregunta se ha escrito mucho y, a estas alturas de lahistoria, se sabe con certeza que al menos en lo referente al norte fue gracias a migraciones provenientes de la parteasiática que llegaron al continente americano a través de lo que hoy es el Estrecho de Bering. El primero que tuvo laaudacia de aventurar tal hipótesis, allá por 1590, fue José de Acosta, rector del colegio jesuita de Salamanca que pasóun tiempo en lo que hoy es Perú. La historia le presenta como antropólogo, evolucionista y un adelantado para sutiempo. Sin duda era así. Atreverse a plantear en aquella época que el continente americano se había poblado desde el“Viejo Mundo” y por el Estrecho de Bering –evidentemente esta denominación es muy posterior- indica unas gran-des dotes intelectuales y de observación. Acosta realizó una lectura bastante detallada de la mitología inca y azteca yllegó a la conclusión que en ella había suficientes elementos para constatar como evidencia poco cuestionable que sehabía producido una migración desde Asia dado que ambos pueblos, los asiáticos y los del “Nuevo Mundo” coinci-dían en afirmar que eran descendientes “de un número de hermanos que, en el principio de los tiempos, habían surgi-do de una enorme caverna bajo tierra situada en algún sitio del lejano norte”.1 Eso, para Acosta, sólo podía significarque provenían de lo que los españoles buscaban afanosamente: un nuevo camino a las Indias. Es muy probable que asus oídos llegase parte del contenido del Pop Wuj (también llamado Popol Vuh), el gran libro sagrado de los mayas–pese a que se mantuvo oculto hasta el año 1701- donde se dice que la civilización “vino por donde sale el sol, alládel otro lado del mar”. El sol sale por el Este y lo que está al este de América es Asia. Acosta se dio cuenta de elloy llegó a esa audaz conclusión que sesenta años más tarde fue ratificada por uno de sus discípulos, José SolórzanoPereyra, yendo un poco más allá al afirmar que “es mucha la semejanza entre las dos Indias [hay que recordar que losespañoles denominaron así al continente americano] en cuanto a condición, ritos y costumbres”.2Es evidente que las evidencias, valga la redundancia, las similitudes y las semejanzas no excluyen lagunas, dificul-tades y diferencias. Y entre los indígenas del continente asiático y americano son notables. Pero Acosta, hombrelúcido y estudioso, llegó a la conclusión que eso es así debido a que en todas las migraciones se va perdiendo partedel bagaje cultural de los pueblos que emprenden un nuevo rumbo en sus vidas en otros territorios. Esta línea argu-mental también fue seguida por Solórzano: “después de haber dejado su bien constituida y civilizada república en elviejo mundo, olvidaron, antes de llegar a las lejanas regiones del nuevo, en su mayor parte [su vieja vida], y lo pocoque quedó se desgastó con el tiempo, dejando apenas a sus descendientes un rastro de humanidad, sólo la aparienciade hombres”.3 Un final racista del comentario, sin duda, para reforzar el calificativo de “salvajes” con que los colo-1 José de Acosta, “Historia natural y moral de las Indias”, Salamanca 1590. Esta edición se reeditó, o reimprimió en 1962 en México y deahí se ha sacado la cita. Hubo una reimpresión anterior en Madrid en 1954, pero el autor de esta guía introductoria no ha podido encontrardicha edición. El nombre completo del libro es “Historia natural y moral de las Indias: en que se tratan las cosas notables del cielo,y elementos, metales, plantas y animales dellas y los ritos y ceremonias, leyes y gobierno y guerras de los Indios”. Existen fondosdocumentales del mismo en la Universidad de Barcelona y de Valencia.1 José Solórzano Pereyra, “Política indiana”, Madrid 1648. Citado por Anthony Pagden en su obra “The Fall of Natural Man: TheAmerican Indian and the Origins of Comparative Ethnology”, Cambrigde 1982. No hay edición en castellano de esta obra.1 Anthony Pagden. Op. Cit. 13
  • 14. nizadores españoles, y quienes llegaron después que ellos, consideraron a estos pueblos. Así que todo el cientifismode esta teoría sobre los orígenes de los primeros pobladores del continente americano, no exenta en ocasiones de uncierto romanticismo, servía para reforzar el discurso dominante colonial: civilización frente a barbarie.Este discurso se ha mantenido inalterable a lo largo de los siglos obviando dos cosas: la primera, que hasta quien seconsidere el más objetivo especialista está prisionero de sus experiencias, de los valores dominantes de su sociedad,de las tradiciones, de los estereotipos de su entorno (como somos europeos tendemos a aportar a todo una visión euro-céntrica, por no decir etnocéntrica) de la historia; la segunda, que cualquier teórico y/o académico que se aproxima acualquier disciplina sea del ámbito que sea, y de forma especial en las humanidades, lo hace desde la perspectiva desu ámbito cultural, nacional o ideológico y establece una elaboración teórica según esos valores. Por lo tanto, nadiees independiente; el teórico y/o académico se puede aproximar más o menos a la objetividad, pero nunca a la inde-pendencia. Esto debería convertirse siempre en una declaración de honestidad intelectual, pero nunca o en muy pocasocasiones se hace. Y mucho menos a la hora de abordar la realidad de los pueblos originarios.La perspectiva eurocéntrica tiene su sustento en la imposición ideológica y de un sistema de dominación que con-sidera la idea de la “civilización occidental” como el único modelo civilizatorio a escala planetaria y que todas lasdemás civilizaciones deben subyugarse a él. La arrogancia occidental, que olvida que su conquista del mundo fueposible por su superioridad a la hora de imponerse por la fuerza y la violencia organizada y no por la superioridad desus valores, sólo sirve para justificar las nuevas formas de neocolonialismo a pesar centenares de declaraciones debuenas intenciones. Un caso lo tenemos en lo referente a los derechos humanos, tema que Occidente ha convertido enla punta de lanza para el ataque contra sistemas políticos, económicos, sociales y culturales que no son de su agrado.Forman parte de una globalización ideológica que quiere imponer una concepción muy estrecha de los mismos yque parte de los enarbolados por la Revolución Francesa de 1789, considerándoles imagen superior e inmodificablede la sociedad sin tener en cuenta que gran parte de la población del planeta sufre discriminación política, social,económica y no satisface sus derechos más elementales de vida en gran parte debido, sin margen alguno a la duda, almodelo económico occidental, también globalizador, que no está haciendo otra cosa que agudizar la concentraciónde extrema riqueza y extrema pobreza en el mundo. Pero no hay que adelantar acontecimientos.Es cierto que hoy en día apenas hay detractores sobre el paso de un continente a otro a través del Estrecho de Bering,una zona que en algunos puntos tiene una profundidad de sólo entre 30 y 50 metros. Hará unos 40.000 años, durantela última glaciación y como consecuencia de una gran concentración de hielo en grandes placas continentales, estazona del mundo sufrió un descenso de las aguas que dejó al descubierto una extensa lengua de tierra que los prehisto-riadores denominan el Puente de Beringia y que unía, en la práctica, Siberia y Alaska. Por aquí pasaron los primerospueblos, siberianos y tal vez mongoles, persiguiendo animales de caza como mamuts o mastodontes. Esta situación semantuvo unos 19.000 años hasta que se produjo un deshielo que volvió a llenar de agua la zona separando de nuevoambos continentes. También es cierto que hoy los especialistas y antropólogos no creen que una migración degenera,como decía Solórzano. Pero, también hay que ser cautos con quien piensa que una vez “solucionada” la cuestión delorigen de los primeros pobladores, al menos en el norte del continente americano, se llega al argumento que “todossomos colonizadores”, con lo que se quita fuerza a la reivindicación indígena dado que, a fin de cuentas, habrían sidotan colonizadores como quien les colonizó con posterioridad.Fueron los algonquino (uno de los pueblos originarios en el actual Canadá) quienes proporcionaron a los europeosque llegaron a aquellas tierras el nombre de “esquimales” para los inuit porque ellos se dirigían a los inuit como“eskimau”. Pues bien, los inuit se encuentran en todo el Ártico, desde Groenlandia hasta Siberia convirtiéndoseasí en la prueba fehaciente de la teoría migratoria de un continente a otro. Los lingüistas han encontrado relacionesfundamentales entre el idioma de los inuit de Canadá con el de los chukchi de Siberia, aunque fuera de esta coinci-dencia no hay otra en todo el continente americano entre el “viejo” y el “nuevo” mundo. Y se da el hecho que en laPatagonia chilena (Arroyo de Chinchihuapi), justo al otro extremo del continente americano, existen yacimientos que 14
  • 15. demuestran una coincidencia temporal con los que se han encontrado en Canadá y Estados Unidos. O que en Brasil(Sao Raimundo Nonato, Estado de Piauí) las excavaciones han puesto de relieve que había grupos de pobladoreshace 30.000 años4, por lo que no sería improbable que se hubiese producido un desplazamiento desde esta parte delcontinente hacia el norte.Sea como fuese y sin rechazar la teoría de la migración desde Siberia al norte del continente americano a través deAlaska, los pueblos originarios se muestran poco dispuestos a verse a sí mismos como inmigrantes-colonizadoresen sus propias tierras y resaltan su gran variedad de mitos, leyendas y relatos que se han mantenido inalterables yhan perdurado a lo largo de los tiempos, sin desvanecerse, y que ponen de manifiesto que estas teorías arqueológicassobre sus orígenes no tienen por qué ser “sagradas” por el hecho de decirlo la ciencia. Aún hay lagunas que llenar yno faltan los pueblos indígenas que, como el caso de los que forman parte del Consejo Indio de Canadá, achacan a“intenciones políticas” todo el discurso de que ellos también son “colonizadores”.Este razonamiento intenta igualar la brutalidad conquistadora de todos los pueblos a lo largo de la historia y así diluirla responsabilidad de la más reciente, la llevada a cabo por los europeos. La consecuencia fundamental de esta últimacolonización fue la destrucción del orden social precolombino, en el caso de América Latina, y el comienzo de unproceso de aculturación que iba a llevar a los pueblos originarios a perder sus señas de identidad. En nombre de lacivilización se destruyó una estructura de conocimiento, de memoria colectiva, de su propio pasado y sabiduría mile-naria, avanzados modos de producción agrícola (sobre todo en América Central y del Sur) y formas de organizaciónsocial comunitaria que ahora, en los inicios del siglo XXI, parece que recuperan su lugar en la historia. Porque esevidente que estamos ante el resurgimiento de los pueblos originarios en todo el mundo. Desde Asia a América, desdeÁfrica a Oceanía, incluso en Europa –como es el caso de Groenlandia, por cierto el lugar desde el que partieron losprimeros visitantes conocidos de los pueblos originarios de lo que hoy es Canadá (localidad de L’Anxe aus Meadows,Terranova) allá por el 1001 de nuestra era, es decir, casi quinientos años antes de la llegada de Colón al continente-los pueblos originarios están haciendo oír su voz y comenzando a recuperar parte de sus derechos. Han tenido quetranscurrir más de quinientos años desde el llamado “Descubrimiento” y más de doscientos desde la independenciapolítica-administrativa de las metrópolis europeas para que ello sea así. Han tenido que transcurrir más de cincuentaaños desde que se produjo el proceso de descolonización en Asia y África –consecuencia de una lucha, en la mayorparte de los casos violenta, de los pueblos en favor de su dignidad, autodeterminación e independencia- para que estospueblos recuperen su lugar. O lo intenten, puesto que todavía luchan por ese reconocimiento. Hay muchos casos, peroel más llamativo es el de los adivasi (literalmente, indígenas) en India, inmersos en una desesperada batalla contralas transnacionales y el Estado indio para no perder sus territorios, ricos en minerales estratégicos y contra quienesse está cometiendo un real etnocidio en nombre de la lucha contra la guerrilla. Nada nuevo a lo largo de la historiareciente, y más si tenemos en cuenta que este libro hace referencia a los pueblos indígenas en América, que tambiénhan sufrido una durísima represión con esa argumentación no hace mucho tiempo.Derechos humanos individuales frente a derechos de los pueblosLas poblaciones tribales, étnicas, autóctonas, originarias, nativas, indígenas o aborígenes (las diferentes denomina-ciones no peyorativas o descalificadoras) siempre han vivido en sus tierras. La llegada de los colonizadores de otroslugares y con otras culturas fue el comienzo de su segregación y discriminación. Los colonizadores, al convertirseen el grupo dominante mediante la ocupación y colonización de esos territorios, fueron destruyendo y poniendo enpeligro culturas y sustentos. La iglesia, católica -en el caso de la colonización española, portuguesa y francesa-, pro-testante y anglicana -en el de la holandesa y británica-, jugó un papel nada desdeñable en todo el proceso de controlde las masas indígenas y fue una de las principales causas de la aculturación religiosa, lingüística y cultural de losnativos. Y esto ha sido así hasta finales del siglo XX en muchos países como, por poner un caso, Colombia cuandotras un proceso constituyente puesto en marcha al calor de los acuerdos de paz con diferentes organizaciones guerri-4 Gustavo Politis y Benjamín Alberti (eds), “Arqueología en América Latina”, 2000, Routledge. 15
  • 16. lleras, una de ellas de corte indigenista como el Movimiento “Quintín Lame”, se aprobó en 1991 la Constitución hoyvigente y que marcó el fin de la delegación en la iglesia católica de la “educación y evangelización de los indígenas”.Es evidente que se pueden poner casos de religiosos que se vincularon con los pueblos indígenas y que gracias a sulabor se pueden conocer partes de su historia como el propio Pop Wuj, traducido del k’iché al castellano por uno deellos, o de quienes optaron por vincularse a la Teología de la Liberación en épocas mucho más recientes, pero no sonmás que excepciones que confirman la regla. No obstante, ello no quiere decir que se haya acabado con el peligroque supone para los indígenas la “evangelización”. Ahora son las iglesias fundamentalistas protestantes, de corteevangélico y origen estadounidense, quienes están provocando un verdadero etnocidio y se han convertido en arietesde proyectos de dominación política y cultural. Tal vez el caso más extremo es el de Nuevas Tribus, una iglesia quesuele prohibir las prácticas de la cultura tradicional y que en 2005 fue expulsada de Venezuela acusada de colaborarcon la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos. No era la primera vez que se vinculaba a esta igle-sia con los organismos de seguridad de EEUU, pero son sus métodos de conversión y el maltrato e intolerancia delas tradiciones culturales de los pueblos indígenas los que generan denuncias constantes sobre su labor en todos lospaíses de América Latina donde opera: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Panamá y Paraguay (véase elapartado referente a este país).5Si bien es cierto que la situación de los pueblos originarios ha evolucionado a lo largo de los años hacia formas menosbrutales de dominación también lo es que no por ello ha desaparecido ni la explotación ni la marginación y que laspoblaciones autóctonas siguen estando, aún, entre los grupos más desfavorecidos del mundo. Es algo que reconocela propia Organización de Naciones Unidas.6Este organismo multinacional –de naciones- también reconoce que desde que en 1920 los primeros nativos, básica-mente residentes en los Estados Unidos, se pusieron en contacto con la entonces Sociedad de Naciones se ha hechomuy poco por ellos. A sus continuos llamamientos se respondía con el silencio y no ha sido hasta fecha muy reciente,1971, cuando la ONU comenzó a abordar con cierta seriedad el tema en el marco de la protección de las minorías através de su Consejo Económico y Social. Ese mismo año se nombró un relator especial de la Comisión de DerechosHumanos sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas.Según estaban las cosas en el mundo, no podía ser de otra manera. Desde que en 1948 la Asamblea General de laONU aprobase la Declaración Universal de los Derechos Humanos los países occidentales, casi sin excepción, sevenían presentando –y aún lo hacen- como los grandes paladines de su defensa. Y sin embargo se negaban esos de-rechos sin el menor sonrojo no sólo a los pueblos originarios, sino a países y pueblos enteros a quienes sometían auna brutal colonización.Cuando se aprobó la Declaración Universal formaban parte de la Organización de Naciones Unidas 58 Estados. Seestaba en plena guerra fría, se mantenía la colonización de Asia y de África y la Declaración Universal se elaboró bajouna estrecha concepción individualista sin tener en cuenta los derechos de los pueblos. Nos encontramos aquí con unacontradicción evidente: los países firmantes de la Declaración Universal (entre ellos casi todos los europeos puestoque España, por ejemplo, no había ingresado aún en la ONU) mantenían la colonización de la práctica totalidad delcontinente africano y de gran parte del continente asiático. Era una situación muy similar a lo que ocurrió en Haití afinales del siglo XVIII, cuando los esclavos tomaron la pie de la letra el lema de la Revolución Francesa “Libertad,Igualdad y Fraternidad” –con buena lógica- y pretendieron que se les aplicara también a ellos. Es de sobra conocidocómo terminó su pretensión: fueron masacrados por quienes recorrían las calles de París coreando esos lemas de“Libertad, Igualdad y Fraternidad”, por quienes habían aprobado unos años antes la Declaración de los Derechos delHombre y del Ciudadano. La revuelta de los esclavos haitianos fue considerada por estos prohombres, por estos in-signes ciudadanos franceses, por estos demócratas, como una “insolente aspiración” que encubría, además, el miedo5 BBC, “Nuevas Tribus ¿misión de Dios?”, 21 de octubre de 2005.6 Naciones Unidas. Centro de Información. http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/es/drip.html 16
  • 17. de los blancos, criollos y metropolitanos, a perder su poder. La revuelta de los esclavos haitianos, consolidada unosaños más tarde, abrió una grieta en la sociedad colonial y, al mismo tiempo, supuso una señal de alarma para todaslas oligarquías del continente americano. No era lo mismo una “revolución desde abajo”, como ocurrió en el casode Haití, que una “revolución desde arriba”, como fue el proceso independentista de las metrópolis europeas que notocaba ni los parámetros económicos ni los sociales respecto a los de la etapa colonial. A lo sumo, se produjo unademocratización relativa en la sociedad latinoamericana que no alteró, en sustancia, la sociedad colonial.Eso mismo volvió a ocurrir siglos más tarde y los colonialistas franceses, británicos, belgas, alemanes, holandeses,portugueses debieron considerar, también, una “insolente aspiración” la lucha de los pueblos africanos y asiáticospor su autodeterminación, por su independencia, por su dignidad como pueblos. Quienes aprobaban en la ONU laDeclaración Universal de los Derechos Humanos se la negaban sin sonrojo a los pueblos que estaban sometidos a sudominio y en sus propios territorios se hacía lo mismo con su población. Pongamos por caso, los EEUU y su políticaracista y discriminatoria contra los negros. No hablemos de los pueblos originarios, simplemente inexistentes paraellos. También tenían estos pueblos, así como los asiáticos y los africanos, una “insolente aspiración”: la de su inde-pendencia nacional, liberación social y recuperación de su cultura, dignidad y autodeterminación.Tal vez al llegar a este punto sea interesante recuperar las actas de la discusión entre países, recientemente puestas adisposición del público e investigadores por la ONU, en las que se pone de manifiesto cómo los intentos de los paísesdel entonces llamado del “socialismo real” de incluir en los derechos humanos los referentes a los pueblos sometidosa colonización y/o “dependientes”, como propuso Yugoslavia, fueron rechazados una y otra vez por las potencias oc-cidentales.7 Esta es la parte de la historia que se oculta siempre a la hora de hablar de los derechos humanos y esa fuela razón por la cual la Unión Soviética, Yugoslavia, Bielorrusia, Ucrania, Checoslovaquia y Polonia se abstuvieron(junto a Sudáfrica y Arabia Saudita, aunque éstos países por razones diferentes) en la votación que adoptó la Declara-ción Universal de Derechos Humanos de 1948. No podían votar en contra de algo a lo que habían contribuido positivay decisivamente, pero tampoco podían votar a favor al dejar irresuelto el tema de las minorías y pueblos en el queellos habían insistido. Las propuestas de estos países incluían el derecho a la libre determinación de los pueblos, elderecho a usar su propia lengua por parte de “nacionalidades y minorías”, a su propia cultura y sistema de educacióny se incluía siempre en ellos a las colonias. No había una referencia en sí a los pueblos indígenas salvo esa genéricaque se adoptó de “todos los seres humanos son iguales”, pero esos principios son los que sustentan las reivindica-ciones de estos pueblos hoy. Queda patente el hecho, y su reflejo aquí sirva de homenaje a quienes lo defendieron enlos años posteriores a la II Guerra Mundial -aunque no se la aplicasen en ocasiones a sus propios pueblos- al mismotiempo que para conocimiento de los pueblos originarios actuales. Sería muy esclarecedor que alguien se parase apensar por qué la Carta de la ONU recoge el derecho a la autodeterminación de los pueblos pero no la DeclaraciónUniversal de los Derechos Humanos de 1948, que es posterior a la carta, y por qué Occidente habla siempre de éstapero nunca de aquella. Pero hay que seguir.Algunos países americanos, acuciados por revoluciones de corte indigenista (México) habían dado pasos para reco-nocer a los indígenas dentro de su sociedad con criterio asimilacionista. Lo mismo ocurría en la esfera internacionalcuando el movimiento obrero, preocupado por la discriminación y explotación de las personas de origen indígenalogró que la Organización Internacional del Trabajo aprobase, en 1957, el Convenio 107 en el que se reconocía laexistencia de “poblaciones indígenas y tribales” aunque, todo sea dicho, en un contexto más de asimilación y noexento de un cierto paternalismo que de reconocimiento específico. El enfoque que se daba al Convenio 107 erael clásico de la izquierda en ese momento, facilitar una mejor integración de los indígenas en el mercado laboral através de la eliminación de la discriminación y de la mejora de la formación profesional. Sin embargo, también apa-recía el enfoque clásico de la izquierda al reconocer que una causa subyacente de la vulnerabilidad de estos pueblosera la generalizada privación de la tierra, de la que habían subsistido en el pasado. Por ello, y esta es la diferencia7 183rd plenary meeting. Continuation of the discussion on the draft universal declaration of human rights : report of the Third Committee(A/777). http://www.un.org/Depts/dhl/landmark/pdf/a-pv183.pdf 17
  • 18. fundamental que hace del Convenio 107 un pionero, pedía también una mejora en el reconocimiento de los derechosde los indígenas a la tierra. El papel de la OIT en el reconocimiento de los derechos para los pueblos originarios esfundamental, como más tarde se verá.Como consecuencia de su lucha, gran parte de los pueblos africanos y asiáticos consiguieron liberarse del yugocolonial y lograron, al incorporarse a la ONU como nuevos países miembros, que se ampliase el concepto de de-rechos humanos. Así, el 14 de diciembre de 1960, ya formando parte del sistema de Naciones Unidas 98 Estados(cuarenta más que cuando se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos), se aprobó la resolución1514 de la Asamblea General denominada “Declaración sobre concesión de independencia a países y puebloscoloniales”8 (con la abstención de Australia, Bélgica, España, Francia, Portugal, República Dominicana, Sudáfri-ca, Reino Unido y Estados Unidos, siendo muy significativa la postura de EEUU y de los países occidentales entodos estos asuntos, como se vio con la Declaración Universal de DDHH y se verá más adelante). Su artículo 1dice textualmente: “la sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjera constituye unadenegación de los derechos fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causade la paz y cooperación mundiales”. El artículo 2 va un poco más allá: “todos los pueblos tienen derecho a la libreautodeterminación, en virtud de este derecho determinan libremente su condición política y persiguen librementesu desarrollo económico, social y cultural”. Dos elementos merecen destacarse de esta Declaración: el artículo1 va mucho más allá de su enunciado al no limitar subyugación, dominación y explotación extranjera al dominiocolonial de viejo cuño; el artículo 2 deja bien claro que la denegación de los derechos fundamentales incluye todosesos derechos y no sólo los civiles y políticos: hace hincapié en los de índole económica, social y cultural. Lospaíses occidentales se dieron perfecta cuenta de qué significaba esta declaración y comenzaron a utilizar el discursoque tanto les gusta cuando no están cómodos con la legislación internacional: no es vinculante. Cierto, pero si no loes, como ninguna declaración de la ONU, tampoco lo es la Declaración de DDHH de 1948 que con tanta insistenciadefienden.Los nuevos países obligan a pisar el acelerador a la ONU y seis años más tarde, en 1966, el sistema de NacionesUnidas finaliza su elaboración de Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos. Ese año, el 16 de diciembre, laAsamblea General aprueba la Resolución 2000 y en ella queda definitivamente consagrado en lo formal el plenoderecho a la autodeterminación, el derecho de los pueblos y naciones a la soberanía permanente sobre sus recursos yriquezas naturales y la consideración de que ambos constituyen un prerrequisito capital para la efectiva materializa-ción y disfrute efectivo de todos los derechos humanos.Para conmemorar que se había finalizado todo el andamiaje legal, y coincidiendo con el vigésimo aniversario de laDeclaración Universal de 1948, se celebra una reunión de los organismos de derechos humanos de la ONU en la ca-pital de Irán, en diciembre de 1968, de la que sale lo que en Derecho Internacional se conoce como la Proclamaciónde Teherán.9 En el párrafo 10 se puede leer que “los actos de agresión acarrean la denegación general de los dere-chos humanos” y en el párrafo 13 se ofrece la más completa definición de derechos humanos adoptada por la ONU:“Como los derechos y las libertades fundamentales son indivisibles, la realización de los derechos civiles y políticossin el goce de los económicos, sociales y culturales resulta imposible. La consecución de un progreso duradero enla aplicación de los Derechos Humanos depende de unas buenas y eficaces políticas nacionales e internacionalesde desarrollo económico y social”. El párrafo 10 es algo a tener muy en cuenta a la hora de hablar de Palestina,de Afganistán, de Yugoslavia, de Irak, de Líbano, de Gaza o de cualquier otra guerra impuesta por Occidente bajola premisa inicial de denegar todos los derechos humanos conocidos para imponerlos una vez realizada la invasióny la guerra, véase por ejemplo lo expresado por EEUU y sus aliados al invadir Irak sobre “llevar la democracia aOriente Medio”; y lo mismo hay que decir de cuando las transnacionales entran a sangre y fuego en los territoriosde los pueblos originarios para “llevar el desarrollo”, tal y como está ocurriendo en muchas partes del mundo y, enconcreto, en India. También ahora, en unos momentos en los que los países occidentales están buscando una forma8 http://www.independencia.net/pdf/ONU/res1514XV-1960.pdf9 http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/34/pr/pr38.pdf 18
  • 19. menos “agresiva” de intervención neocolonial a través de una reformulación del derecho internacional convirtiendoel argumento del “derecho de injerencia” en la “responsabilidad de proteger”.10El resurgir de la lucha por la emancipación de los pueblos indígenasLas semillas sembradas por la lucha de los pueblos africanos y asiáticos a favor de su autodeterminación e indepen-dencia comienzan a dar frutos y a estimular un despertar anticolonial en otras partes del mundo y, de forma especial,entre los pueblos originarios en América. Hasta ese momento poco había sido lo que el indígena había podido hacerpara defenderse de la desaparición no sólo física, sino cultural y de la depredación de sus territorios por gobiernos,transnacionales y oligarquías locales.En países como México, y al calor de rebeliones campesinas por la reforma agraria y la tierra con gran parte de suscomponentes indígenas –es el caso de la protagonizada por Emiliano Zapata entre 1911 y 1919- surgieron iniciativasen los años 30 (como la creación del Departamento de Asuntos Indígenas) que cuajaron en 1940 con la celebracióndel I Congreso Indigenista Interamericano y en el que coincidieron ámbitos académicos y gubernamentales para tra-tar de forma intensa “el problema del indio” con la finalidad de “visibilizar” a un sector de la población que no podíaser ignorado. De aquí surgió el Convenio de Pátzcuaro y la creación del Instituto Indigenista Interamericano a inicia-tiva de la Unión Panamericana (el antecedente de la actual Organización de Estados Americanos) y del que formaronparte Bolivia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, EEUU, Honduras, México y Perú con la pretensión de “asimilar” alos indígenas incidiendo, sobre todo, en el ámbito educativo. Una consecuencia de este convenio fue la aparición deInstitutos Nacionales Indigenistas en los países que formaron parte de este congreso y en Brasil, que no participó enel mismo, con la creación del Servicio Nacional del Indio. Todos ellos partían con la misma característica: promoverla política integracionista de los indígenas -teniendo una mayor consideración hacia ellos- pero sin poner en cuestiónlo más importante, el control de sus territorios y la desposesión de sus recursos. En otras palabras: reconocerles paraincluirles en la sociedad nacional. Un discurso similar al de la OIT, pero con la diferencia que en estas iniciativas nose mencionaba para nada la cuestión de la tierra que había estado en el origen de la rebelión de Emiliano Zapata y sírecogía el organismo internacional.Eran unas propuestas “por y para los indígenas”, pero sin ellos. Una especie de despotismo ilustrado que se da cuentade ello y en 1971, en otra reunión esta vez en Barbados, inicia una tímida autocrítica incluyendo a algunos indígenasen mesas sectoriales sobre etnocidio, descolonización y desarrollo. Pero ya era tarde para reconducir “desde arriba” unproceso en el que “los de abajo” tenían mucho que decir y que ya venían impulsando un cambio con fuerza a medidaque iba creciendo la conciencia autodeterminista de los pueblos al calor de las independencias africana y asiática.El acercamiento entre las diferentes organizaciones indígenas del norte y del sur del continente americano habíacomenzado en 1968, primero cada una por su lado y posteriormente juntas. Así, en 1972 los pueblos originarios enEEUU salen a la luz con la “Marcha de los Tratados Rotos” para denunciar el sistemático incumplimiento por todoslos gobiernos estadounidenses de los acuerdos firmados con ellos y en 1974 son los pueblos originarios del sur delcontinente quienes establecen el Parlamento Indio de América del Sur con participación de pueblos indígenas exis-tentes en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Venezuela. La confluencia entre los indígenas del norte y del sur setenía que producir más pronto que tarde y así en 1975 se constituye el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas (del queforman parte también los pueblos originarios del Pacífico sur, Escandinavia y Asia) que decide adoptar el nombre deAbya Yala para referirse a América. Es una adopción de la terminología utilizada por el pueblo kuna (Panamá) y queviene a significar “tierra de los grandes ríos”, para unos, y “tierra ensangrentada”, para otros.Los indígenas del continente se hacían visibles ellos mismos, sin intermediarios, y el mundo comenzaba contemplarla situación en la que habían vivido durante siglos. Acaecía en un momento, además, en que en América Latina sur-10 Alberto Cruz, “La ONU se reforma en círculo: la responsabilidad de proteger”, http://www.nodo50.org/ceprid/spip.php?article625 19
  • 20. gía con fuerza un movimiento guerrillero que –como en el caso de Guatemala- incorporaba a sus filas importantescontingentes indígenas. Hasta ese momento el interés de la izquierda por los pueblos originarios había sido más bienescaso, incluyéndolos en el apartado de “campesinado” sin profundizar en la cuestión específica indígena y yendopoco más allá de lo que aportó el peruano José Carlos Mariátegui a finales de la década de 1920 al afirmar que “lacausa de la problemática del indio es de carácter económico social” y que “el problema del indio tiene como centroel régimen de propiedad de la tierra a partir de la cual ha de erigirse el nuevo planteamiento de indigenidad” lo cual,no obstante, él identificaba con la revolución socialista dado que “su práctica colectivista y su innata capacidad derevuelta” convertían a los pueblos indígenas en colaboradores de la transformación social “al lado del proletariado”.11Es en Guatemala donde comienza a cambiar el concepto de la izquierda sobre los indígenas y es en este país dondesurge el vocablo “desaparecidos” para hablar de la violación de los derechos humanos cuando el Gobierno inicióuna política secreta de asesinatos, sin que apareciesen los cuerpos, de opositores políticos que eran indígenas (en unporcentaje del 83% de los casos) en su gran mayoría. Tal vez por ello al hablar de “desaparecidos” se piensa, auto-máticamente, en la tragedia de Chile y Argentina durante las dictaduras militares. Los indígenas aquí, también, eranvíctimas de segunda categoría.Es en este ambiente en el que la Comisión de Derecho Humanos decide, como se ha dicho, abordar la situación delos derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos originarios. Los pueblos indígenas habían des-pertado al calor de las independencias africana y asiática, luchaban por su reconocimiento a nivel nacional e ibanarticulando cada vez con más fuerza sus movimientos en el plano internacional. Varias delegaciones llegaron hasta laONU para presentar sus reclamaciones utilizando el discurso de los derechos humanos y la Declaración de concesiónde independencia a los pueblos coloniales.La definición sobre qué son derechos y libertades fundamentales tomó carta de naturaleza jurídica en 1977, al aprobarla Asamblea General de la ONU la Resolución 32/130, de la que reseñaremos sólo cuatro apartados de su artículo 1: 12a) Todos los derechos humanos y libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes; deberá prestarsela misma atención y urgente consideración a la aplicación, promoción y protección tanto de los derechos civiles ypolíticos como a los derechos económicos, sociales y culturales.b) La plena realización de los derechos civiles y políticos sin el goce de los derechos económicos, sociales y cultu-rales resulta imposible; la consecuencia de su progreso duradero en la aplicación de los derechos humanos dependede unas buenas y eficaces políticas nacionales e internacionales de desarrollo económico y social, como se reconoceen la Proclamación de Teherán de 1968.c) Todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de la persona humana y de los pueblos son inaliena-bles.d) En consecuencia, las cuestiones de derechos humanos deberán examinarse en forma global, teniendo en cuentael contexto general de las diversas sociedades en que se insertan y la necesidad de promover la dignidad plena de lapersona humana y el desarrollo y bienestar de la sociedad.La resolución fue aprobada por 123 votos, de los 149 Estados que formaban parte entonces de la ONU. No hubo votosen contra, pero sí 15 abstenciones entre las que hay que mencionar las de EEUU, España, Francia, Gran Bretaña yAlemania. De nuevo Occidente veía con resquemor que se reconociesen este tipo de derechos. Once países prefirie-ron ausentarse de la sala antes de votar.La salida a escena de los pueblos originarios ya era imparable. La incorporación de indígenas a las diferentes guerri-llas latinoamericanas existentes en esos momentos y la aparición de organizaciones armadas en EEUU, donde el Mo-vimiento Indio Americano propugnaba el restablecimiento de los antiguos tratados, el reconocimiento de las tribuscomo naciones y el derecho a participar en el desarrollo económico de sus tierras incluso a través de la lucha armada11 Alberto Saladino García, “Indigenismo y Marxismo en América Latina”, 1994, UAEM.12 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/320/13/IMG/NR032013.pdf?OpenElement 20
  • 21. (con la represión de Wounded Knee en 1973 como expresión de lo que estaba dispuesto a hacer el Estado contrael resurgimiento del nacionalismo indio) ponía de manifiesto algo que ya no se podía ocultar por más tiempo: lospueblos originarios, postergados y marginados a lo largo de los siglos habían dicho basta. Un hecho en nada trivial,por no estar vinculado a ningún tipo de resistencia armada, ayudó a su visualización completa: la reunión en Bruselasdel IV Tribunal Russell (1980) sobre los Derechos de los Indígenas de las Américas. El esperpento creado por Brasilal negar la presencia en el evento de quien había sido elegido su presidente, un indígena xavante de la Amazonía,dejaba bien clara la situación en que vivía la mayoría de estos pueblos: no se le concedió el permiso de salida delpaís en virtud de la legislación vigente, que consideraba al indígena como “menor de edad” por lo que necesitaba unaautorización de su “tutor”, en ese caso la Fundación Nacional del Indio. La elección del indígena xavante como pre-sidente no había sido casual: tenía como finalidad denunciar la política del gobierno brasileño respecto a los pueblosoriginarios en su país dado que los xavante –que habían sido “contactados” por vez primera a finales de la década de1960- habían sido “removidos” (expresión que utilizó el gobierno de Brasil) de su territorio por aviones de la de laFuerza Aérea, con ayuda de misioneros y hacendados, y transportados a reservas ubicadas en otro lugar lejos de sustierras ancestrales. En el proceso murieron de sarampión 86 xavante, contagiados por uno de los soldados encargadosdel proceso de “remoción”.La Comisión de Derechos Humanos no podía obviar la situación y decide ampliar el concepto de derechos humanose incluir el tema de los pueblos originarios dentro de todo el andamiaje jurídico internacional no sin resistencias,de forma especial, de los países occidentales. Así, tras diez años de trabajo intentando definir qué son poblacionesindígenas y cuál era su situación en temas como la salud, la vivienda, la educación, la lengua o idioma, la cultura, lasinstituciones sociales, culturales y jurídicas, el empleo, la tierra, los derechos políticos, los derechos religiosos y supráctica y la igualdad en la administración de justicia se elaboró un informe que fue presentado a la Subcomisión dePrevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías en 1981.Dicha instancia dedicó otros tres años más a incorporar algunas de las recomendaciones al entramado legal de laONU, dejando otras pendientes de un estudio posterior. Como consecuencia de ello, en 1982 se creó el Grupo deTrabajo sobre Poblaciones Indígenas como un órgano subsidiario de la Subcomisión para promover los derechos deestas poblaciones. Simultáneamente, la OIT inició una revisión de su Convenio 107 basándose en la nueva perspec-tiva de una mayor autonomía para los pueblos indígenas, el reconocimiento de su control colectivo sobre la tierra ylos recursos naturales, los derechos educativos basados en sus propias necesidades y orientación cultural y una pro-tección laboral y enseñanza profesional más dirigida hacia ellos mismos, es decir, que servirían a su propia sociedady encontrarían empleo en ella antes que en la parte no indígena de la sociedad. La OIT volvía a ir por delante delresto de organismos internacionales. No obstante, para conmemorar el vigésimo aniversario de la elaboración de losPactos Internacionales sobre Derechos Humanos y la aprobación por la Asamblea General de la Resolución 2000 queconsagraba el pleno derecho a la autodeterminación, el derecho de los pueblos y naciones a la soberanía permanentesobre sus recursos y riquezas naturales y la consideración de que ambos constituyen un prerrequisito capital para laefectiva materialización y disfrute efectivo de todos los derechos humanos en 1986 se ratificó todo el contenido dela resolución 32/130 de 1977 con otra nueva, la 42/117, aunque en esta ocasión sí hubo un voto en contra, el de losEEUU, y el número de abstenciones aumentó hasta las 25 manteniéndose las de España, Francia, Gran Bretaña yAlemania entre ellas.Se hablaba de derechos humanos, de su amplio reconocimiento a nivel internacional y de su fomento a través de de-claraciones políticas públicas y documentos oficiales que, sin embargo, no pasaban de ser poco más que derechos so-bre el papel dado que seguían gravemente amenazados por actos reales de poder y por otras prácticas muy extendidasen la práctica totalidad del mundo y, en particular, del continente americano. Los golpes de Estado en Chile (1973) yArgentina (1976) fueron, quizá, los más paradigmáticos ejemplos de esto junto con la implicación estadounidense enla guerra de Vietnam y la aniquilación sistemática de poblaciones enteras y destrucción masiva del medio ambiente(con My Lai, por una parte, y la utilización del “agente naranja”, por otra, como exponentes) o las invasiones depaíses (Granada en 1983 y Panamá en 1989) por esta superpotencia. En el medio, escalofriantes matanzas como las 21
  • 22. que se venían produciendo en Guatemala (Sansirisay, 1973, y Panzós, 1978, entre otras muchas) y desplazamientoforzado de pueblos enteros de este país como los ixil, uspanteco, sacapulteco, k’iché o kanjobal hacia las guber-namentales “aldeas modelo”, siguiendo el ejemplo implantado por EEUU en Vietnam, con las que se pretendía dejaraislada a la guerrilla de sus apoyos indígenas.Mientras todo esto ocurría, la autoorganización indígena se fortalecía y obligaba a la llamada “comunidad interna-cional” a intentar tapar una brecha que se agrandaba cada día con el reconocimiento de algunos derechos, como laeducación en la lengua materna, bajo ese empuje “desde abajo” de los propios pueblos que iba siendo asumido “desdearriba” porque no le quedaba más remedio a la clase dirigente oligárquica si quería evitar que se llegase a un punto deebullición masiva que le hiciese perder su poder. Era reconocer algo para que todo siguiese igual en la medida de loposible. No obstante, esa asunción por los de “arriba” no iba a llegar en ningún caso a los extremos de México, queinició un proceso de indigenismo de Estado que comenzaba a otorgar una mayor presencia a los indígenas en la vidadel país y que se tradujo en iniciativas como el I Congreso Nacional de Pueblos Indígenas (1976) o el Seminario Na-cional de Educación Bilingüe Bicultural (1979) que abrieron espacios para que la educación bilingüe fuese reconoci-da como un derecho y se comenzase la formación de maestros y profesionales indígenas etnolingüistas (otro debatees su resultado, como se verá en el apartado dedicado a este país). Fuera del ámbito institucional que se iniciaba enMéxico, una de las organizaciones indígenas que desempeñó un papel pionero en la educación bilingüe, al margen delEstado, y en la utilización de la lengua propia como símbolo identitario fue el Consejo Regional Indígena del Cauca(Colombia) en los años 1980-1990. En los ámbitos universitarios y educativos el debate también comenzaba a estarpresente y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) junto a laFacultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) organizaron en Costa Rica (1981) una reunión de exper-tos para tratar este tema y otros como el etnocidio y el etnodesarrollo. Esta fue la base para que países como Ecuador(1988 y 1992, en esta ocasión después de un histórico levantamiento indígena dos años antes, de una magnitud novista hasta entonces ni en el país ni en el resto del continente Abya Yala) y Brasil (1993) iniciasen un cambio en suspolíticas educativas comenzando a incluir las cuestiones de la interculturalidad en los currículos.La primera victoria: el Convenio 169 de la OITEl empuje de las organizaciones indígenas obligó a estos países a dar ese paso, que fue “sancionado” por la Organi-zación Internacional del Trabajo (1989) al adoptar el Convenio 169 en el que se menciona expresamente el derechoal uso del idioma propio junto a otras cuestiones como el derecho a la tierra y sus territorios, a la consulta “de buenafe” cuando un gobierno tome una decisión que les incumba directamente, su propio sistema judicial, empleo, educa-ción, etc. La importancia de este convenio es crucial puesto que utiliza el concepto de pueblos como sujeto colectivo,señala a los pueblos como titulares de derechos colectivos y establece una nueva relación entre los “pueblos indígenasy tribales” –así se denomina el Convenio- y los Estados nacionales al reconocer la diversidad cultural y étnica (veranexo 2).Así es como el tema también llega a Europa. El Tratado de Maastricht (1992) reconoció que “junto a las lenguasmayoritarias (inglés, español, francés, alemán, italiano), los sistemas educativos deben fomentar la enseñanza de laslenguas minoritarias (neerlandés, danés, sueco, portugués, etc.) y de las lenguas regionales”.13 La lucha de los indíge-nas del continente americano arrojaba beneficios, también, para quienes habían sido sus colonizadores.Poco a poco se iba abriendo un periodo democratizador que aceptaba la inclusión de las lenguas y culturas indígenasen los textos constitucionales. Esto era algo fácil y asumible por las oligarquías que continuaban dirigiendo con manoférrea los países de Abya Yala en términos políticos y económicos. Y, como si quisiera resarcirse de la actitud mante-nida unos años antes al considerar a los indígenas como “menores de edad”, fue Brasil el primer país del continenteen incorporar a su Carta Magna (1988) el reconocimiento de los derechos ancestrales de los indígenas, estableciendo13 Pierre-Louis Gauthier, “La educación en Europa en la perspectiva del siglo XXI”, Ed. Universidad de Salamanca. 1995. 22
  • 23. el plazo de diez años para la demarcación de esas tierras e imponiendo por ley que la explotación de las riquezas quehubiese en el subsuelo de ellas sólo sería posible con la aprobación del Congreso y del Senado. También incluyó eldeber de defensa de los patrimonios lingüísticos y culturales, y el derecho a la educación diferencial. Poco más tardefue Colombia (1991) con la nueva Constitución aprobada tras el proceso constituyente con algunos de los antiguosgrupos guerrilleros –calificada entonces como la más avanzada del continente en cuestiones indígenas- considerandolenguas co-oficiales las indígenas en sus territorios, implantando la enseñanza bilingüe y estableciendo la autonomíapolítica, con presupuesto propio, para las tierras de los pueblos originarios. Luego fue el turno de Paraguay (1992)otorgando el rango de lengua co-oficial al guaraní en todo el país y dando al resto de lenguas indígenas la co-oficiali-dad en sus territorios; de Perú y Ecuador (1993), el primero considerando co-oficiales “el quechua, aymara y demáslenguas aborígenes en las zonas donde predominan” y el segundo yendo mucho más allá calificando al país de “mul-tiétnico y multicultural”. Un año después, en 1994, Bolivia hizo lo mismo que Ecuador y la cúspide de la pirámidela ocupaba a finales del siglo XX Venezuela cuando con la nueva Constitución inspirada por Hugo Chávez al asumirla presidencia (1998) se califica a la República Bolivariana como “país multiétnico y pluricultural, con principio deigualdad de las culturas y co-oficialidad de las lenguas indígenas, además de educación diferencial”.Los pueblos originarios tuvieron que esperar hasta 1993, una vez desaparecida la Unión Soviética y en crisis un modeloideológico que para muchos gobiernos, de forma especial los occidentales, era la antítesis de lo que ellos propugnabanpara que se iniciase una cierta etapa de “tolerancia” frente a las diferencias culturales y razas (con el desmantelamientodel régimen de apartheid en Sudáfrica como paradigma). Hasta ese momento los países capitalistas occidentales habíanconsiderado la Declaración Universal de DDHH de 1948 poco menos que como el fin de la historia y ahí está para co-rroborarlo su actitud con el resto de declaraciones que la Asamblea General iba aprobando. La Declaración Universalde DDHH, guste o no que se diga, tiene un tufo claramente colonial. De repente, el capitalismo neoliberal triunfante seprestaba a ser más receptivo a las reivindicaciones de los pueblos indígenas, una vez que había desaparecido su enemigomayor, el socialismo, y siempre y cuando esas reivindicaciones no afectasen a la economía globalizada. La libertad demercado por encima de todo. La vieja esencia del colonialismo seguía viva, pero no se podía hacer otra cosa ante la nuevasituación internacional, desaparecido el enemigo principal y en auge tanto el movimiento indígena como sus apoyos.En uno de sus múltiples golpes de pecho asumiendo su lentitud, cuando no culpabilidad e incapacidad para hacercumplir sus propias resoluciones, recomendaciones y declaraciones de la ONU, estos países reconocían lo obvio:“Después de un prolongado período en el que los derechos económicos, sociales y culturales parecían haber quedadorelegados al olvido, en los últimos años se han producido algunos avances importantes en ese campo. La Declaracióny Programa de Acción de Viena, aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en 1993, fue un hitoimportante en este proceso, ya que en ella se instó a que se hiciera un esfuerzo concertado para garantizar el recono-cimiento de los derechos económicos, sociales y culturales a nivel nacional, regional e internacional” .14Es entonces cuando la Comisión de Derechos Humanos de la ONU decide iniciar el examen del texto definitivo deun proyecto de declaración sobre los derechos y libertades de los pueblos indígenas, incluidos el mantenimiento yel desarrollo de características e identidades étnicas y culturales; la protección contra el genocidio y el etnocidio;los derechos relativos a las religiones, los idiomas y las instituciones educacionales; la propiedad, posesión y uso delas tierras y recursos naturales indígenas; la protección de la propiedad cultural e intelectual; el mantenimiento deestructuras económicas y modos de vida tradicionales; la protección del medio ambiente; la participación en la vidapolítica, económica y social de los Estados interesados, especialmente tratándose de cuestiones que pudieran afectara los pueblos indígenas; la libre determinación, el autogobierno o la autonomía de los pueblos indígenas en cuestio-nes relacionadas con sus propios asuntos internos y locales; los contactos y cooperación tradicionales a través de lasfronteras estatales, y la observación de los tratados y otros acuerdos concertados con los pueblos indígenas.Más de veinte años después de que la ONU hubiese iniciado el estudio sobre los pueblos originarios se adoptaba un14 Declaración y Programa de Acción de Viena. 25 de junio de 1993. A/CONF.157/23. 23
  • 24. documento que, en teoría, vinculaba a todos los integrantes del organismo multinacional. El lento avance del reco-nocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional era dificultado, una y otra vez, por variosEstados que se oponían al reconocimiento del derecho a la autodeterminación y al control, por los indígenas, de losrecursos naturales existentes en sus tierras ancestrales. Ya se ha dicho antes: tolerancia sí, pero siempre y cuando noafecte el tema a la cuestión económica, como se verá en el desarrollo de la situación de estos pueblos en la mayoríade los países del continente Abya Yala. Y aquí juegan un papel muy importante, tanto o más que algunos Estados,las compañías transnacionales. Es un hecho que la riqueza y el poder de gran parte de esas empresas son superioresa muchos Estados. Su influencia es tal que en muchas circunstancias no tienen que rendir cuentas de sus actos y losEstados, a veces, no quieren o no pueden tratar de regular sus actividades con medidas obligatorias y enérgicas, y esalgo que se ve en la actualidad en la mayor parte de los conflictos existentes con los pueblos originarios de todo elmundo, bien sea en Argentina (petróleo y gas), en Chile (agua), en Guatemala y Perú (minería) o en cualquier otropaís. Incluso Brasil, una potencia económica e industrial, ve cómo las compañías madereras devastan impunementela Amazonía año tras año en muchas ocasiones en connivencia de intereses gobierno-empresas transnacionales.Se pone de manifiesto en toda su crudeza la presencia de dos valores, dos visiones diferentes: el desarrollo capitalistaneoliberal en forma de macroproyectos y el desarrollo alternativo basado en las identidades locales y en la cosmovisiónindígena. Son conceptos antitéticos y relaciones de poder asimétricas. Sería largo explicar en qué consiste la cosmovi-sión, pero baste señalar que se refiere al conjunto de valores y sistemas de conocimiento que articulan la vida social delos pueblos originarios. Se ha definido como “el conjunto estructurado de los diversos sistemas ideológicos con los queel grupo social, en un momento histórico, pretende aprehender el universo, engloba todos los sistemas, los ordena y losubica”.15 Hay un enriquecedor debate sobre si los pueblos indígenas poseen una cosmovisión común o si cada uno cuentacon una forma particular de concebir la relación entre el hombre, la sociedad y el mundo natural y sobrenatural en AbyaYala, África, Asia, Oceanía… Lo cierto es que pese a esa diversidad, se pueden establecer una serie de rasgos generalesque comparten todos los pueblos originarios en todo el mundo en lo referente a religión, política, economía y medio am-biente. Hay una estructura comunitaria, hay una intensa relación con la tierra que no separa naturaleza y cultura, ordennatural y social, individuo y sociedad. Por poner algunos ejemplos, para los indígenas la muerte no es la desapariciónfísica de alguien sino el olvido de sus lenguas y costumbres, la contaminación ambiental, la pérdida de la diversidad, elsufrimiento de los animales, la expulsión de sus tierras, la imposición de una sola cultura. Para el capitalismo neoliberalesto es sólo el progreso y la civilización globalizada. Para los indígenas el mundo tiene unos principios que lo ordenany lo mantienen en equilibrio; cuando esos principios se rompen, viene la catástrofe. El capitalismo neoliberal discute suresponsabilidad en el cambio climático y se resiste a la imposición de tímidas reformas para paliarlo como las acordadasen el Protocolo de Kyoto o la Declaración de Río. En la cuestión alimentaria, la cosmovisión indígena se opone radical-mente al modelo capitalista neoliberal: estrategia de auto-subsistencia y seguridad alimentaria de la familia y comunidadfrente al concepto individualista de ganancia y beneficios, el producir alimentos para comercializarlos, especular en elmercado y en la bolsa para encarecer estos productos con el único fin del lucro. Esto es algo que también sirve para lasalud, entendida como un aspecto lucrativo y mercantil por la industria farmacéutica mientras que para los indígenas unaplanta que cura es sagrada, está relacionada con la vida social, naturaleza, espíritus y antepasados.Los pueblos indígenas nos ponen ante el espejo a toda la sociedad, incluida esa famosa “comunidad internacional”inexistente salvo cuando para los países capitalistas se trata de defender sus intereses que no son, ni de lejos, ni losde los pueblos en general ni los de los pueblos originarios en particular. No obstante, su lucha había logrado ya algúnéxito notable, como el Convenio 169 de la OIT, y se transitaba ya sobre un camino sin retorno, al menos sobre el pa-pel. Como consecuencia de las discusiones y de la presión externa de los propios pueblos originarios ese mismo añode 1993 la Asamblea General de la ONU proclamó el “Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo”y la década de 1995-2004 como el “Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo” para fortalecerla cooperación internacional en aras a resolver los problemas de las comunidades indígenas. Fue algo premonitorio.15 Alfredo López Austin, “La religión, la magia, la cosmovisión”, en Historia Antigua de México IV, México, INAH-UNAM-M.A.PORRÚA,1995-2001. 24
  • 25. La resistencia indígena había dado un paso significativo con el momento de esplendor guerrillero de Sendero Lu-minoso en Perú y el surgimiento del fenómeno zapatista en México (1994), diferentes en sus concepciones ambospero coincidentes en el hecho de que los indios planteaban alternativas políticas (trascendiendo lo indígena en Perú,incluso hay quien defiende que ese movimiento armado ni siquiera lo tenía en cuenta) que iban mucho más allá de lainclusión de las cuestiones culturales en la agenda nacional e internacional. Sin olvidar, como se ha dicho, la impor-tante presencia de indígenas en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.La singularidad del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) fue doble: por una parte, sunegativa a tomar el poder; por otra, los indígenas chiapanecos daban una respuesta a los cambios económicos puestosen marcha por el Gobierno de México al haber aceptado formar parte del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUUy Canadá y que suponía una amenaza real para su principal fuente de supervivencia: el acceso a la tierra. Desde que elTLC se firmó, en 1992, hasta que entró en vigor, 1994, “la liberalización económica, la reforma institucional del Estadoy los programas sociales dirigidos por el salinismo [Carlos Salinas de Gortari, presidente de México en esa época] signi-ficaron para un amplio sector de la población indígena de Chiapas una exclusión creciente de los mercados, el abandonodel Estado y la manipulación política de un gasto social limitado”.16 Era el aldabonazo que necesitaba un mundo conmala conciencia y a quien los zapatistas, por el hecho de haber manifestado públicamente que no querían tomar el poder,caían simpáticos. Si no querían tomar el poder, su planteamiento de reforma y democratización podía ser algo asumibley el Estado mexicano se aprestó a firmar los Acuerdos de San Andrés Larraínzar (1996) que recogían muchos de losaspectos del Convenio 169 de la OIT con el parabién de muchos países, europeos incluidos. Parecía se solucionaba, porlas buenas, un conflicto surgido con una rebelión armada y con la que se obligó al Estado mexicano a dar este paso.Aparentemente, un cambio en las relaciones de injusticia en el mundo que se recibía poco menos que con palmadasen la espalda de reconocimiento entre unos y otros. Se estaba casi en una nueva época que permitía informes comoel de Desarrollo Humano del Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo reconociendo lo siguiente: “aún vivimos enun mundo donde la quinta parte de la población del mundo en desarrollo está hambrienta al ir a dormir cada noche,donde la cuarta parte carece de acceso a necesidades básicas como el agua de beber no contaminada, y la tercera partevive en estado de abyecta pobreza, tan al margen de la existencia humana que no hay palabras para describirlo”.17Buenas palabras para malas intenciones. En el lapso de tiempo entre la desaparición del enemigo ideológico del capi-talismo y la elaboración de este informe sólo en África habían desaparecido cuatro millones de hectáreas de bosques,considerado el negocio como “actividad productiva generadora de conocimiento, exportaciones y divisas” para ayu-dar a los países africanos a salir de la pobreza. En realidad, no sucedía otra cosa que el pago de la deuda externa, queen el continente africano se paga casi siempre en especie: madera, en este caso. La extrema pobreza, la miseria, lasenfermedades, la inmigración e, incluso, las guerras que el PNUD no encontraba palabras para describir generabangrandes beneficios para los bancos y las transnacionales como Rougier y Bolloré (Francia), Danzer (Alemania) yWyma (Holanda), por citar sólo las de tres países europeos.18Lo mismo sucedía en América Latina. En 1992 se había celebrado en Río de Janeiro la llamada “Cumbre de la Tie-rra” con la participación de 172 países de la que salió una declaración en la que se instaba a los Estados a “cooperarcon espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema dela Tierra [así, con mayúscula]” y se reconocía que todos los Estados “tienen el derecho soberano de aprovechar suspropios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo”. Una política que debía ejercerse en formaque “responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futurasmediante el intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos, e intensificando el desarrollo, la adaptación,la difusión y la transferencia de tecnologías, entre estas, tecnologías nuevas e innovadoras”.19 Paradójicamente, las16 Neil Harvey, “Rebelión en Chiapas: reformas sociales, radicalismo campesino y límites del salinismo”, en Juan Pedro Viqueira yMario Humberto. Ruz: “Chiapas, los rumbos de otra historia”, México D.F, UNAM, 2002.17 Informe sobre Desarrollo Humano 1994. PNUD. Nueva York.18 Mailer Mattié, “La economía no deja ver el bosque. Artículos 2002-2006”, Libros en Red, 2007.19 http://www.cinu.org.mx/temas/des_sost/conf.htm#tierra 25
  • 26. selvas tropicales comenzaron a ser objeto de una explotación despiadada. México, Guatemala, Panamá, Venezuela,Colombia, Ecuador, Perú y Brasil vieron cómo desaparecían millones de hectáreas de masa forestal que para cientosde pueblos indígenas y comunidades campesinas no sólo era su medio de vida sino un espacio sagrado y el lugardonde se desarrolla su vida y su cultura.El segundo triunfo: la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONULas buenas palabras llegaban a y desde todas las esferas. La parte final de la década de 1990-2000 había sido muyprolija en declaraciones y avances teóricos. No había ninguna reunión gubernamental o intergubernamental que sepreciase en la que no se expresase categóricamente el compromiso de todos los países por reducir la pobreza y elhambre, disminuir las enfermedades, la inequidad entre los sexos, enfrentar la falta de educación, la falta de accesoal agua y saneamiento, detener la degradación ambiental… Claro que con muchos matices entre unos y otros. Enla apariencia había coincidencia en asumir que la asimilación coercitiva que se había ejercido hasta ese momentoya no era “correcta” y, si se apura, permisible. Pero quedaba una brecha significativa, que no haría sino agrandarseentre quienes apoyan la integración de los indígenas en su capacidad individual (léase, libre mercado) y aquellos queapoyan la demanda de libre determinación colectiva. Por ejemplificarlo, el Banco Mundial había pedido a los paísesque reconociesen a los pueblos indígenas dentro de sus programas y políticas de desarrollo. EEUU y Canadá promo-vieron la aceptación de la diversidad –empezando por el lenguaje, “afroamericano”, “nativo-americano”, “primerospobladores”, “primeras naciones”- y la tolerancia hacia las diferencias como algo que encajaba perfectamente en elmercado, se podía comprar y vender (véase el apartado correspondiente a EEUU y la forma tan peculiar de uso detierra para los indígenas). En América Latina sirvió para acentuar aún más la diferenciación social y la imposiciónde políticas económicas depredadoras con un desprecio casi total por las normas, incluso las “políticamente correc-tas”.El ambiente era propicio para que la Asamblea General de la ONU (septiembre de 2000) aprobase la Declaración delMilenio recogiendo una serie de objetivos, con el año 2015 como “meta mesurable y plazo definido”, para reducir lapobreza, la hambruna, las enfermedades, el analfabetismo, la degradación del ambiente y la discriminación contra lamujer. Pero había algo que se les “pasó por alto” a todos los gobiernos: los pueblos indígenas. Tanto, que ni siquieraun año más tarde eran incluidos por el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, en su “Guía general para laaplicación de la Declaración del Milenio”20 -un documento de 67 páginas en las que sólo hay seis menciones a losindígenas, todas dentro de un contexto general- donde aborda los objetivos y compromisos señalados en la Declara-ción del Milenio, sugiere los pasos a seguir e interrelaciona el Sistema de Naciones Unidas con instituciones comoel Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio, gobiernos, organizacionesintergubernamentales, regionales y la sociedad civil. Es decir, en el debate entre los defensores de la capacidad indi-vidual (léase, libre mercado) y aquellos que apoyan la demanda de libre determinación colectiva el secretario generalde la ONU se decantaba por los primeros, algo muy a tener en cuenta a la hora de analizar sobre qué pilares se sus-tenta el desarrollo y combate contra la pobreza. Alguien debió recordarle a Ban Ki-moon lo que dijo Albert Einstein:“nunca se puede solucionar un problema con la misma racionalidad que originó el problema”. Porque ¿cómo se vaa reducir la pobreza si se continúa dando carta blanca al FMI, por mencionar sólo una de las instituciones claves enel criterio del secretario general de la ONU, para que imponga sus planes de ajuste estructural –que sólo han servidopara garantizar que los países deudores cumplen con los pagos que exigen los acreedores- y sus políticas relacionadascon el pago de la deuda externa que han llevado a muchos países a la situación actual?Fue el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (FPCI), un organismo asesor del Consejo Económico y Socialde la ONU con el mandato de examinar las cuestiones indígenas, quien se dio cuenta que, de nuevo, habían quedado“olvidados” los pueblos originarios y decidió comenzar a trabajar en el desarrollo de indicadores sobre el bienestarde los pueblos indígenas para que fuesen incluidos dentro de la campaña estrella de la “comunidad internacional”.20 Guía general para la aplicación de la Declaración del Milenio. Informe del Secretario General. A/56/326. 26
  • 27. Esta era la situación en la década 1995-2004 que la ONU había declarado “Decenio Internacional de las PoblacionesIndígenas del Mundo” para fortalecer la cooperación internacional en aras a resolver los problemas de las comuni-dades originarias. Al constatar que muy poco se había logrado y que millones de indígenas en el mundo continuabansiendo discriminados en todos los aspectos de su vida, se decidió ampliar ese decenio internacional hasta el 2015 parahacerlo coincidir los Objetivos de Desarrollo del Milenio e incluirles así en algo de lo que inicialmente habían sidosi no excluidos, sí al menos no tenidos en cuenta. El balance que hacía el Banco Mundial de ese decenio no podía sermás desolador, aunque midiendo mucho sus palabras: “Los logros en materia de reducción de la pobreza de ingresosdurante la década de los pueblos indígenas (1994-2004) fueron escasos (…) la brecha de pobreza indígena es másprofunda y disminuyó de manera más lenta durante el decenio (…) ser indígena aumenta las probabilidades de unindividuo de ser pobre, relación aproximadamente idéntica a comienzo y a fines del decenio”.21Con estos mimbres, y no sin presión interna (dentro de la ONU) y externa por parte de los nuevos gobiernos que ha-bían comenzado a surgir en países latinoamericanos -como Venezuela, Bolivia y Ecuador que, por cierto, han incor-porado a sus constituciones los derechos de los pueblos indígenas reconociendo el valor de sus formas de organiza-ción social, lenguas, prácticas médicas y cosmovisión- y movimientos socio-políticos que habían venido apareciendoen todos esos años, en septiembre de 2007 fue aprobada por la Asamblea General la “Declaración de las NacionesUnidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas” (DDPI) que se ofrece en el anexo 1. Enfatiza el derecho de lospueblos indígenas de preservar y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones, así como su derecho atrabajar por su desarrollo de acuerdo a sus aspiraciones y necesidades. Con ella se puede afirmar, sin riesgo a equivo-carse, que los pueblos indígenas se han convertido, en teoría, en nuevos sujetos del derecho internacional.Es interesante reflejar que no fue una declaración adoptada por unanimidad: logró 144 votos a favor, recibió 4 encontra y 11 países se abstuvieron (Azerbaiyán, Bangladesh, Bután, Burundi, Colombia, Georgia, Kenia, Nigeria, Ru-sia, Samoa y Ucrania). Obsérvese la postura de Colombia, único país latinoamericano que lo hizo. Y más interesanteaún es conocer quiénes se opusieron a la misma: Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia. La justifica-ción del voto en contra de la DDPI que ofrecieron estos países fue muy similar: rechazo a la autodeterminación, noadecuación a las normas legislativas internas en materia de propiedad de tierras y, algo que trasciende la anécdota, elhecho de que con esta declaración se cuestionase la explotación o uso de las tierras indígenas por parte de las FuerzasArmadas de estos países. No obstante, Australia decidió reconsiderar su rechazo a la declaración y en abril de 2009acordó su adhesión a la misma y Nueva Zelanda lo ha hecho en abril de este año 2010, también con motivo de lareunión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Colombia, por su parte, anunció su adhesión en 2009 nosin antes manifestar algunas salvaguardias respecto a esta declaración de derechos en un intento de limitarles en lapráctica interna (ver apartado de este país).El relato en primera persona de una indígena yaqui que participó en todo el proceso sobre cómo fue posible laaprobación de la DDPI, las presiones de los países ante referencias como el derecho a la libre determinación, el con-sentimiento libre, previo e informado y los derechos tradicionales sobre tierras y recursos -intentando suavizar lostérminos y limitar su alcance, cuando no rechazarlos simple y llanamente- y los sentimientos que produjo entre losindígenas su aprobación arroja más luz que cualquiera otra consideración: “El 13 de septiembre de 2007 pude unirme,como coordinadora regional de Norteamérica (…) a los representantes indígenas invitados a sentarnos en la sala de laAsamblea General de la ONU para ver como aparecían en el enorme panel electrónico de votación de la Asamblea los143 votos verdes a favor (más tarde se añadió otro voto positivo, totalizando 144), los 4 votos rojos en contra (todossaben ya quienes fueron) y las escasas 11 abstenciones (yo era una de los muchos que esperábamos más abstencio-nes). ¡Qué momento! Éramos por fin, a los ojos de la ONU, miembros plenos de la familia humana con derechos lega-les esenciales para nuestra supervivencia, dignidad y bienestar plenamente reconocidos (aunque no plenamente respe-21 Gillette Hall Harry Anthony Patrinos, “Pueblos indígenas, pobreza y desarrollo humano en América Latina: 1994-2004”, BancoMundial. http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/EXTSPPAISES/LACINSPANISHEXT/0,,contentMDK:20505832~menuPK:508626~pagePK:146736~piPK:226340~theSitePK:489669,00.html 27
  • 28. tados aún). Pero, ¿qué es lo que habíamos conseguido finalmente después de todos esos años de luchas y negociacionessobre el texto? Al final, pudimos unir nuestras fuerzas con muchos estados y pueblos indígenas de todo el mundo paramantener las disposiciones esenciales que habíamos comenzado a defender hacía 30 años, para que las cosas realmentecambiasen para los pueblos indígenas que intentan defender sus derechos en sus propias comunidades”.22370 millones de indígenasEl organismo multinacional –de naciones- establece en unos 370 los millones de personas que forman alrededor de 5.000poblaciones indígenas en 70 países del mundo y que, históricamente, han estado sometidas a la opresión, exclusión de losprocesos de toma de decisiones, marginación, explotación, asimilación forzosa y represión cuando han tratado de lucharpor sus derechos. Incluso hoy día se mantiene en la mayoría de estos países esa situación. Pese a la disparidad de conti-nentes, países, lenguas y culturas sus problemas, quejas e intereses suelen ser muy semejantes, de forma especial en todolo referente a la tierra y a mantener su identidad y patrimonio cultural. A pesar de algunos avances y de las declaracionesbienintencionadas, aún queda mucho camino por recorrer. La ONU sabe que por el simple hecho de haber aprobado unascuantas declaraciones de derechos no se ha solucionado el problema. Y así lo tiene que reconocer muy a su pesar: “Pese alos esfuerzos realizados en los últimos 40 años para mejorar las condiciones y aumentar el reconocimiento de los derechosindígenas por medio del derecho y la política, el recurso a los tribunales, el diálogo nacional y el aumento de las oportu-nidades de dirección, todavía no se ha logrado dar cabida plenamente a los derechos indígenas”.23Los pueblos originarios siguen siendo los más numerosos entre los pobres, los analfabetos y los desempleados. Cons-tituyen aproximadamente el 5% de la población mundial, pero suponen el 15% del total de pobres de solemnidad quehay, según la ONU, en el planeta. También representan la tercera parte de los 900 millones de indigentes de las zonasrurales. Es decir, que ser indígena equivale a ser pobre por definición. Por dar algunos datos, los índices de pobrezaentre los indígenas son mucho más altos que entre el resto de la población de Abya Yala en países como Paraguay(7’9 veces), Panamá (5’9 veces), México (3’3 veces), Guatemala (2’8 veces) o Estados Unidos (2 veces). Es unarealidad que no se puede ocultar con unas cuantas fotografías de niños sonrientes ataviados con los trajes típicos desus pueblos ni con declaraciones de buenas intenciones que luego no se plasman en políticas activas a nivel internoo se distorsionan hasta tal punto que las hacen irreconocibles. En no pocos de los países de Abya Yala se utiliza eldiscurso de multiculturalidad e integración política y social por parte de una clase política no indígena en lo que nocree lo más mínimo y que sólo lo utiliza como una mera cuestión funcional.En el continente americano las cifras oficiales hablan de 29 millones de indígenas identificados (sin contar EEUU yCanadá), aunque hay quien eleva el número hasta los 39 millones (es el caso del Programa México Nación Multicul-tural de la Universidad Autónoma de México, que sí incluye a los que habitan en EEUU y Canadá) e, incluso, a los50 millones (Fondo Indígena para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe). Teniendo encuenta que durante siglos se “invisibilizó” a los indígenas y se hizo todo lo posible por desculturizarlos hasta llegaren no pocas ocasiones a lograr que ellos mismos renegasen de su condición de indígenas –negándose a inculcar asus hijos su propia lengua, perdida en muchos casos, para así tener alguna salida económica y social- la pretensiónde realizar un censo de población indígena en el mundo es bastante problemática puesto que los censos suelen seroficiales y, por ello mismo, se suele obviar la parte de población originaria que ha emigrado a ciudades fuera de sustradicionales territorios. Por lo tanto, hay que tomar con mucha cautela cualquier tipo de cifra oficial puesto que loscensos están viciados en origen. Si bien son como la tarjeta de presentación de los Estados en una época donde primalo “políticamente correcto”, al menos en el plano teórico, sólo hay que tomarles como un mero indicador a la baja ynunca como una verdad absoluta. Hay que reflejar que en los últimos años los resultados de los censos y encuestasmuestran ciertos avances, a veces significativos, en la identificación de la población indígena pero también continúanlos prejuicios excluyentes (tal vez el más significativo sea el de El Salvador), debilidades teóricas de las categorías22 Claire Charters y Rodolfo Stavenhagen (eds.), “El desafío de la Declaración. Historia y futuro de la declaración de la ONU sobrepueblos indígenas”. IWGIA. Copenhague 2009.23 “La situación de los pueblos indígenas en el mundo”, enero de 2010. www.un.org/indigenous 28
  • 29. usadas (como en México) y disparidad en los criterios. La norma en este libro será partir de la cifra oficial pero te-niendo siempre en cuenta lo que se acaba de reseñar.Los estados con baja población indígena tienden a incluirles, como se ha dicho, en una postura de “lavado de cara”de su política sobre la cuestión indígena, lo que queda bien en la escena política internacional. Los estados con altapoblación originaria hacen justamente lo contrario en un intento de mantener el poder de la clase dirigente que, con laexcepción de Bolivia, no es indígena (Guatemala es el caso más evidente, la mayoría de la población es indígena perogobierna la minoría criolla). Sea cual fuese la cifra, lo que indican los estudios de las condiciones socioeconómicasde los pueblos originarios en América es que la situación de marginación y pobreza se ha perpetuado con el tiempo yque la ratificación por muchos de estos países del Convenio 169 de la OIT -hasta el momento lo han hecho Argentina,Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, España, Fiji, Guatemala, Honduras, México, Ne-pal, Paraguay, Perú, Venezuela, Países Bajos, Noruega, Nicaragua y Dinamarca- o el voto favorable a la Declaraciónde Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU no se han trasladado a la legislación interna.Aún cuando los pueblos indígenas hayan podido tener más oportunidades de educación o capacitación en virtud delas nuevas normativas, nacionales e internacionales aprobadas en las últimas décadas no han llegado siquiera a unamínima igualdad ni les ha servido para reducir la pobreza que los diferencia de la población no indígena. Pese a todoslos adelantos positivos, en mayor o menor grado, logrados en el establecimiento de normas de derechos humanos anivel internacional los pueblos indígenas siguen enfrentando graves violaciones cotidianas de esos derechos. Cues-tiones como la violencia y la brutalidad, la perpetuación de las políticas de asimilación, la marginación, el despojode sus tierras, la expulsión o reubicación forzada, la denegación de sus derechos a la tierra, los efectos del desarrolloen gran escala, los abusos de las fuerzas militares, los conflictos armados y un conjunto de violaciones de otra índoleson una realidad para las comunidades indígenas de todo el planeta.Esta conclusión es válida para los países cuyos pueblos indígenas constituyen una pequeña fracción de la poblacióngeneral como, en el continente americano, es el caso de Canadá, EEUU, Argentina o Chile así como en países en queuna gran parte de la población es indígena, como en Guatemala, Perú y Bolivia aunque en este último país el cambiopuesto en marcha por el presidente indígena Evo Morales augura un futuro mucho más prometedor.Para los pueblos originarios todo este camino por el reconocimiento de sus derechos –aunque en muchas ocasionesno se cumplan- ni ha sido, ni es, un proceso fácil. Y tampoco hubiese sido posible si en América Latina, a finales delsiglo XX, no se hubiese ido conformando una nueva situación política en la que los pueblos originarios comenzarona mostrar unos nuevos contornos y búsqueda de posibilidades dentro de un mundo que históricamente les había mar-ginado y ninguneado. Fue a raíz de las conmemoraciones del V Centenario del “Descubrimiento” de América –rebau-tizado como “Encuentro entre Dos Mundos” al constatarse el rechazo que tal denominación causaba en los pueblosoriginarios- cuando el movimiento indígena latinoamericano, que ya venía mostrando un alto nivel de organizacióndesde finales de la década de 1970, inició una serie de reivindicaciones masivas en cuestiones vitales para ellos: elderecho a la tierra, a sus territorios ancestrales, a sus lenguas y a su propia autodeterminación frente a, o junto a, losestados nacionales de los que forman parte. Hasta ese momento, tanto en ámbitos políticos como culturales, la formamayoritaria en que se veía a los indígenas era como una gente que se aferraba, en una muestra de barbarismo, a sustradiciones por lo que, en consonancia, se les despreciaba. Si querían incorporarse a la sociedad, tenían que asumiruna cultura diferente y unos valores diferentes, más “modernos”. Era algo inherente a la propia configuración social:durante la etapa colonial el término “indio” se aplicaba a aquellos que no conocían la cultura occidental. Y tras laconsecución de la independencia y prácticamente hasta la actualidad, el término “indio” se utiliza de forma despecti-va: “indio sigue siendo indio porque la vida republicana de nuestros países lo continúa manteniendo en una situaciónde verdadera conquista y ha soslayado esa realidad, lo que se prueba, por ejemplo, con los criterios utilizados paradeterminar su problema, que lo reduce principalmente al ámbito cultural”.24Así, vemos que en los últimos años los gobiernos –aparte de los propios pueblos indígenas- han iniciado la recuperación24 Alberto Saladino García, op.cit. 29
  • 30. de algunas tradiciones, se impulsa la educación en la lengua materna y, en el mejor de los casos, se establece la oficialidadde esa lengua en las regiones o territorios donde se habla, pero poco más. Salvo en Bolivia, Paraguay y Venezuela en nin-gún otro país las lenguas indígenas tienen carácter oficial en todo el territorio del Estado. En Brasil y Chile sólo son len-guas de educación. En el resto, se consideran oficiales bien donde se hablan o “en los lugares donde predominan” (Perú).Y hay donde ni siquiera se contempla el tema, como es el caso de El Salvador y Honduras. Por lo tanto, no se abandonael discurso y la práctica de la homogeneización cultural ni del monolingüismo y en ello juegan un papel importante lapolítica comunicacional de los gobiernos y la prensa. Cuando los propios movimientos indígenas intentan organizar unsistema de comunicación propio se les dificulta por medios legales hasta hacerlo imposible, tal y como sucede en Méxicoo se enfrentan a represalias por dar cobijo e impulso a las reivindicaciones indígenas como en Ecuador y Perú.Puede lector, lectora, que consideres que se está dando una visión muy pesimista. Pero son las propias institucionesinternacionales, las mismas que aprueban declaraciones de derechos, quienes un tiempo más tarde hacen una evalua-ción de los mismos y llegan a conclusiones desoladoras. La ONU reconoce, tres años después de la aprobación de laDDPI, que “a menudo la educación que se proporciona a los indígenas es irrelevante”25 puesto que “los estudiantesindígenas con frecuencia se dan cuenta de que la educación que el Estado les ofrece promueve el individualismo yuna atmósfera competitiva, en lugar de formas comunitarias de vida y cooperación. No se les enseñan técnicas desupervivencia ni de trabajo adecuadas para las economías indígenas, y en muchos casos regresan a sus comunidadescon una enseñanza oficial que es irrelevante o inapropiada para sus necesidades. Se ven obligados a buscar empleoen la economía nacional, lo que termina en un círculo vicioso de fragmentación social, éxodo de profesionales y faltade desarrollo, sobre todo porque los trabajos y los sueldos a los que pueden aspirar en muchos casos no están a laaltura de sus logros académicos”.26Se puede pensar que tres años, los transcurridos entre la aprobación de la Declaración de Derechos de los PueblosIndígenas y esta evaluación, no es nada. Pero mientras no haya un cambio del modelo político y económico, aún sindudar que se han hecho algunos esfuerzos bien por convicción o por imposición de lo “políticamente correcto”, larealidad es la que es y no se ve solución alguna en el futuro que cambie la situación de estos pueblos. Incluso en lospaíses donde el nivel general de escolarización de los pueblos indígenas ha aumentado, como, por ejemplo, variospaíses de América Latina y Canadá, “la diferencia de calidad en la escolarización persiste, lo que da pobres resultadosen la educación de los pueblos indígenas”, como dice al ONU. En Canadá, por ejemplo, cerca del 70% de los estu-diantes de las naciones originarias que viven en las reservas no termina la educación secundaria, lo que repercute a lahora de llegar al mercado laboral y al desempleo, más alto (entre el 4 y el 5% más) que la media. O la cárcel, puestoque si la población indígena en Canadá supone sólo el 4% del total, el número de presos indígenas alcanza un porcen-taje del 19% del total de la población reclusa. Las condiciones de pobreza extrema, exclusión y aislamiento no sonun buen presagio para los programas de educación sostenibles y multiculturales destinados a los pueblos indígenasporque no se pueden hacer cestos nuevos con material viejo.No obstante, sí hay cambios en marcha. Si bien no puede decirse que todo parta de 1998, a raíz del triunfo de HugoChávez en las elecciones presidenciales de ese año en Venezuela, lo cierto es que gracias a ese impulso tomaron unafuerza inusitada procesos que ya venían desarrollándose en Bolivia, Ecuador y otros países. Y en él, jugó un papelmuy destacado el tema racial. Es algo que se venía produciendo desde el mismo momento de la independencia delos países americanos de sus respectivas metrópolis: la unión del problema racial y de las relaciones de poder entrecriollos, mestizos, negros e indígenas.Es cierto que no fue un fenómeno unánime, puesto que entre los independentistas y revolucionarios hubo quienespropugnaron la igualdad no sólo entre mestizos y blancos, sino también con negros e indígenas. Este era un principiofácil de asumir cuando negros e indios eran minoría dentro de los nuevos países, pero no cuando constituían clara-mente la mayoría hasta llegar en algunos a las dos terceras partes de la población. Era el caso de Perú y de la revuelta25 “La situación de los pueblos indígenas en el mundo”, op. cit.26 Ibid. 30
  • 31. que protagonizó Tupac Amaru, como relataba el intendente de Venezuela a Carlos III: “Si hubiese tenido [la rebelión]un jefe de alta esfera en la clase de los blancos me persuado que hubiera sido muy difícil o imposible el desempeñode reducirlo o vencerlo, y no se sabe si el mal se ha extinguido o si cuando menos se piensa volverá a descubrirse conviolencia inexpugnable”.27No se puede olvidar que durante la etapa colonizadora española el objetivo era, fundamentalmente, la explotacióneconómica por lo que el desarrollo autóctono de formas políticas, económicas y sociales quedaba supeditado a unasociedad piramidal, con la cúspide bien blindada: los blancos, fuesen criollos o metropolitanos. Eso favoreció laaparición de grupos oligárquicos que consideraban a los otros grupos, incluyendo a la incipiente clase media mestiza–los blancos siempre se esforzaron por convertir a los mulatos, hijos de hacendados y esclavas negras, en ciudadanosde segunda categoría-, excluidos de toda actividad que no fuese la de ser sujetos de explotación económica y así hanprocurado mantenerse hasta casi finales del siglo XX. Los criollos (blancos), hijos de los metropolitanos nacidosen América, y sus descendientes –en tanto en cuanto la mezcla racial les hubiese respetado en cuanto a la tonalidadde piel o a las dimensiones del patrimonio- siempre se han considerado descendientes directos de los autores de laprimera expoliación y, durante siglos, no han hecho otra cosa que seguir el camino iniciado por sus antecesores.Los pocos que intentaron dentro del proceso independentista una alianza con las poblaciones indígenas y mestizas,llegando a proponer la entrega de tierras de cultivo a los mestizos para crear pequeñas propiedades agrarias y a losindígenas la recuperación de sus tierras comunales –como fue el caso de los mexicanos Manuel Hidalgo y José Ma-ría Morelos- fueron pronto derrotados poniendo de manifiesto la importancia de la tierra. Para unos, convertidos enterratenientes y controladores, de hecho, de la oligarquía criolla, imprescindible para asegurar y fomentar su controlpolítico y económico. A otros, se les arrebataba en una usurpación histórica y se les convertía en mano de obra esclavao semiesclava cuando no se les exterminaba sin más.No hay que perder de vista que la propiedad de la tierra es el gran eje vertebrador de las luchas indígenas en todo elplaneta y a lo largo de los siglos. En el caso del continente americano, la posesión de la tierra se convirtió en el móvildel desarrollo capitalista y esa posesión tuvo como origen la apropiación privada de las tierras de dominio públicoy la supresión, por aniquilación o desplazamiento, de las comunidades indígenas fundamentalmente. Los nuevospaíses, salidos de la lucha independentista contra las metrópolis española, portuguesa y británica, entraron en unafrenética dinámica de delimitar fronteras, consolidar regímenes de propiedad privada del suelo, impulsar la especia-lización productiva (monocultivo) e, incluso, convocar al capital y a la mano de obra extranjera por los prejuiciosraciales (sobre todo en el sur del continente) que llevaban a reducir a lo estrictamente imprescindible la utilización deindígenas aún como mano de obra.La tierra así adquirida se obtuvo en su enorme mayoría de las aldeas y comunidades indígenas, entre las que no existíael concepto de propiedad privada y no poseían títulos legales para evitar la calificación de sus tierras como “yermas”,una argucia utilizada para arrebatárselas. Ha sido una política agraria que ha potenciado el latifundio –fortaleciendoasí a una oligarquía reacia a cualquier tipo de cambio- que, a su vez, expuso a los indígenas desposeídos al mercadolaboral en condiciones de superexplotación, tanto legal como ilegal, y que ha sido el sustento de un sistema que ase-guraba a esta oligarquía la dominación económica, social, política y cultural en dos dimensiones: una tácita y restric-tiva, que ha tenido como fin el mantenimiento del control de toda participación y organización política de sectores ygrupos ajenos a la élite dominante, y otra expresa y participativa pero limitada sólo a la élite con acceso al poder paradar una imagen de liberalismo, democracia y hasta modernidad.Cuando los movimientos indígenas comenzaron a recuperarse de su postración y a lograr un cierto reconocimiento, almenos simbólico, de sus reivindicaciones los blancos criollos, en la cúspide de la pirámide social, consideraron quesu poder tradicional podía desmoronarse e iniciaron toda una serie de maniobras, desde las clásicas golpistas a lasmás modernas “integracionistas”, para evitar el cambio que se apuntaba y que amenazaba, directamente, su estatus y27 Joseph Pérez, “Los movimientos precursores de la emancipación hispanoamericana”, Madrid, 1977, Alhambra. 31
  • 32. poder. De pronto se comenzó a hablar de derechos para quienes durante siglos habían sufrido uno de los genocidioshumanos y culturales más brutales que ha conocido la humanidad. En un intento de reconducir un movimiento queexigía un protagonismo social, político y económico se inició un proceso, que dura hasta hoy, en el que el reconoci-mientos de estos derechos ha saltado al centro de la vida política de la práctica totalidad de países latinoamericanos.En mucha menor medida, en los países del norte del continente. Ni ha sido ni es un proceso iniciado por las buenas,por un cambio “de los de arriba”, sino por el temor de éstos al empuje “de los de abajo”.Las élites gobernantes se han apresurado a modificar constituciones y a aprobar toda una batería de leyes que, en ma-yor o menor medida, reconocen los derechos de los pueblos originarios, como se ha dicho con anterioridad. Pero unacosa es aprobar leyes y otra cosa es ponerlas en práctica sobre todo si se constata la presencia de riquezas naturales enlas tierras de los pueblos originarios. Este es el caso de todos los países, pero hay que mencionar uno, Brasil, y de unpresidente, Luis Ignacio “Lula” da Silva, que a pesar de su prestigio nacional e internacional no ha dudado en dejarde lado a los indígenas a la hora de adoptar un “Plan de Aceleración del Crecimiento” que implica la construcción decientos de plantas hidroeléctricas en tierras indígenas de la Amazonía sin haberles consultado previamente a los pue-blos que las habitan si aceptaban el mismo o no. Y la consulta previa, libre e informada y de buena fe es un requisitoimprescindible para poner en marcha cualquier proyecto en los territorios indígenas según el Convenio 169 de la OITy la DDPI de la ONU, además de la autonomía y la libre determinación.Al calor de la larga marcha de los pueblos indígenas por su visibilización y la consiguiente cascada de declaracionesinternacionales por el reconocimiento de sus derechos, se ha llegado a una situación en la que el derecho al autogo-bierno se ha constituido en el punto central de las luchas de los pueblos indígenas en todo el mundo y, en 2009, seha hecho realidad en algunas partes, como es el caso de Groenlandia y Bolivia. Son las dos situaciones en donde lareivindicación indígena ha llegado más lejos, por ahora.Kalaallit Nunaat (Groenlandia, que significa país de los seres humanos) de los inuit –que son el 85% del total de lapoblación de 57.000 habitantes-, aún no es un estado independiente. En noviembre de 2008 votó por una abrumadoramayoría (75’54%) a favor de la ampliación de su estatuto de autonomía, donde incluso se reconoce el derecho deautodeterminación. El nuevo estatuto entró en vigor el 1 de junio de 2009, coincidiendo con los 30 años de la autono-mía groenlandesa, una de las dos que reconoce Dinamarca; la otra, Islas Feroe, ya alcanzó un estatus similar en 2005.El nuevo estatuto, que sustituye al aprobado en 1979, reconoce a los groenlandeses como pueblo con derecho a laautodeterminación: el idioma groenlandés (kalaallisut) como única lengua oficial, amplía al máximo las competen-cias que puede asumir el gobierno autonómico y otorga a éste el control de los hipotéticos ingresos procedentes delsubsuelo. Otros logros son las nuevas competencias en política penitenciaria, policía, tribunales, extranjería y controlde fronteras y transporte aéreo. Siguen bajo el control danés la constitución, nacionalidad, Tribunal Supremo, defensay seguridad, política monetaria y de divisas y política exterior. Groenlandia (Kalaallit Nunaat) es claramente el espejodonde se miran muchos pueblos indígenas. Sobre todo, los que viven en Canadá y Estados Unidos de América.Bolivia, por el contrario, sí es un Estado independiente. Con la aprobación en 2009 de la nueva Constitución, decla-rando al país un “Estado plurinacional y comunitario”, la mejora de los derechos de los pueblos originarios adquiereun punto de no retorno. Su artículo 1 representa toda una declaración de principios: “Bolivia se constituye en un Esta-do Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural,descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico,cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”.28Bolivia es hoy el país que hay que tomar como ejemplo, en el aspecto normativo, para constatar que los derechos indí-genas a la libre determinación, cultura y territorio que reconoce la normativa internacional se incluyen en la nacionalde forma concreta y no general, en supuestos determinados y de crucial significación como las cuestiones legislativas28 Constitución Política de la República de Bolivia. 32
  • 33. que afectan a los pueblos indígenas y la explotación de los recursos naturales no renovables.Es evidente que la simple aprobación de un texto legal no significa ni su puesta en práctica ni su cumplimiento, comose ha criticado con anterioridad, pero en la nueva realidad de Bolivia es algo más que un proyecto o una declara-ción de intenciones: es la constatación de la voluntad de la mayoría -y no hay que perder de vista que esa mayoríaen Bolivia es indígena- de construir una institucionalidad propia, que incorpora elementos nuevos y que representaun modelo político cualitativamente superior al Estado-nación que sustenta, hasta el momento, el modelo conocidoy que supone una homogeneización superficial y una pretendida “unidad” basada en la discriminación y exclusióncultural.Bolivia es el más claro exponente de un proceso construido “desde abajo” que ha llegado hasta “arriba” a través devictorias democráticas –no sin escaramuzas oligárquicas de calado- con la esperanza que desde ahí, al controlar losresortes del poder, se avance en una perspectiva más amplia y estructural. Es lo que en este país se ha denominado “laexpectativa de los nadie” y que, al llegar arriba, se encuentran con una parafernalia de poder montada para sustentar alos sectores que han dominado desde la etapa colonial. El dilema es servirse de esas mismas estructuras y ponerlas alservicio de las reivindicaciones históricas de los indígenas o desmontarlas para construir un nuevo Estado desde unalógica absolutamente diferente, comunal del servicio desde el poder. Por el momento, el gobierno de Evo Moralesestá apostando por lo primero. Liberarse de las ataduras políticas y jurídicas del viejo Estado no es fácil y hay quesortear una y otra vez las resistencias y complots de la oligarquía criolla. Ya lo dijo Antonio Gramsci hace casi unsiglo: “una verdadera crisis histórica ocurre cuando hay algo que está muriendo pero no termina de morir y al mismotiempo hay algo que está naciendo pero tampoco termina de nacer”.La nueva Bolivia está constreñida hoy por los límites de una democracia formal construida por las minorías quesiempre han controlado el país y mantienen un importante poder de veto que puede impedir el crecimiento de estenuevo país que acaba de nacer (ver la referencia a este país). Si se llegó hasta donde se podía llegar es una muestra delos límites que tienen los pueblos indígenas para alcanzar sus metas dentro de una democracia hecha a medida de loscriterios capitalistas neoliberales. Si se frenó de forma consciente para acumular fuerzas y seguir avanzando mientrasse consolidan las posiciones logradas sólo el tiempo y la organización de los pueblos indígenas lo puede decir. No hapasado mucho tiempo desde que se aprobó la Constitución Política del Estado y aún quedan por desarrollarse muchasde sus vías, pero son las organizaciones indígenas quienes deben actuar para que no se queden en lo que se quedanen otros países sin normas tan desarrolladas: un compendio de buenas intenciones y para salvar la cara en el ámbitointernacional.Visibilización de los pueblos originarios y el derecho a la tierraDeclaraciones internacionales, reconocimiento de derechos, visibilización de la condición étnica, cultural y políticade los pueblos originarios… Si no se quiere ser un paria en la escena política internacional hay que aprobar políticas“progresistas” e importantes resoluciones constitucionales en beneficio de los pueblos indígenas que pocas vecesse cumplen porque no hay voluntad para ello. Los pueblos indígenas han logrado victorias, han ganado espacios; elcambio está en marcha, pero no basta si no se empuja fuerte “desde abajo” para derribar o debilitar a los de “arriba”hasta obligarles a impulsar unas prácticas políticas más igualitarias. Porque la desigualdad continúa siendo la normaen todo el planeta, y más en lo que a estos pueblos se refiere, y se mantendrá mientras no se aborde un aspecto quesubyace en todo el entramado de derechos que se han venido reconociendo: la cuestión económica y del territorio.Todo se circunscribe a esto y así hay que reflejarlo. Se pueden publicar uno o mil atlas, una o mil enciclopedias, unao mil guías introductorias como la que aquí se presenta pero eso no servirá para mucho más que para dar lustre aquien las escribe, a las entidades que las financian, a las organizaciones que tienen estas iniciativas y a quienes conmás fe que criterio se embarcan en proyectos de cooperación de todo tipo sin medir muchas veces las consecuenciasde dichos actos y los intereses que hay detrás. Sin tener en cuenta la cuestión de la tierra todo lo demás no tiene elmenor relieve. Ya lo dijo hace un siglo ese marxista irreverente que fue José Carlos Mariátegui: dar educación a los 33
  • 34. indígenas sin darles tierra es algo absurdo. ¿Quiere decir esto que no hay que abogar por la educación, algo en lo quese suelen quedar muchas de las iniciativas políticas y solidarias? En absoluto, quiere decir que la educación sin tierra,para los indígenas, apenas es nada. Escúchese a los indígenas, léase sus proclamas y manifiestos, obsérvese su luchay sáquese las conclusiones pertinentes. También lo dijo Emiliano Zapata con el lema de su revolución campesino-indígena: “tierra y libertad”. No tiene sentido que muchos bien-pensantes hablen y defiendan la cosmovisión indígenay no incluyan en su trabajo el derecho al territorio, a la tierra porque es algo que para el indígena tiene un sentido muyprofundo en su cosmovisión y en su propia existencia.Las declaraciones que se han venido aprobando por los diferentes organismos internacionales han sido en los añosfinales del siglo XX y los primeros años de este siglo XXI. ¿Un buen augurio para un nuevo mundo? Depende. Nohay que olvidar que la ONU comenzó a estudiar todo lo referente a los pueblos originarios bajo presión de estosmismos pueblos y sus movimientos, que han llegado a alcanzar un altísimo grado de organización capaz de derribargobiernos corruptos (Ecuador) y llevar a uno de los suyos, Evo Morales, a la presidencia de un país (Bolivia). El queen esta decena de años se haya producido un aumento del interés de las instituciones nacionales de Abya Yala por losderechos humanos económicos, sociales y culturales no quiere decir mucho dado que ha sido un fenómeno desigualy esporádico. Las falsas distinciones que se siguen estableciendo entre los derechos civiles y políticos por una parte,y los económicos, sociales y culturales, por otra, así como la falta de comprensión del contenido y el carácter jurí-dico de estos últimos ha mermado la eficacia de las declaraciones internacionales. Hay gobiernos que, con el apoyode unos medios de comunicación que defienden unos intereses económicos concretos, defienden la falacia de unadistinción entre unos derechos y otros en función de la política capitalista neoliberal: la “gratuidad” de unos (civilesy políticos) frente a “los cuantiosos recursos” que requieren los otros; la posibilidad de aplicación “inmediata” de losprimeros frente a la aplicación “progresiva” de los segundos; la “justiciabilidad” fácil de los primeros y la dificultadjusticiable de los segundos, etc.Se viene de un momento histórico en que el avance del capitalismo neoliberal –una forma de lenguaje “políticamentecorrecto” que encubre una nueva forma de explotación social, política y económica- parecía imparable y que atrapa-ba a más y más países en una tela de araña de mayor pobreza, mayor deuda externa, mayor inestabilidad política ymayor pérdida de soberanía (la famosa globalización). Las riquezas naturales se han convertido en el botín anheladopor quienes dicen defender la libertad y la democracia pero que no dudan en violar ambas –por no incluir el derechointernacional como en el caso de Irak- cuando lo que hay en juego es su propia supervivencia energética, por ponerun ejemplo. Y cuando no creen conveniente llegar tan lejos imponen a todos los países las políticas que ellos mismosdiseñan a través del Banco Mundial, de la Organización Mundial del Comercio o del Fondo Monetario Internacionalhaciendo de estas instituciones la única realidad posible. Todo a mayor gloria no de los pueblos, sino de las empresastransnacionales. Porque ni no fuese así no se podría entender el que se otorgue prioridad absoluta a la producción parael comercio mundial, en perjuicio de las poblaciones locales, y mucho menos a la dependencia alimentaria que generala dependencia, valga la redundancia, de las importaciones. En México ya se está notando en la alimentación de laspoblaciones indígenas el hecho de haberse incrementado de forma notable la siembra de productos destinados a losagrocombustibles en detrimento de los tradicionales maíz o frijol. O lo que sucede en países como Brasil o Ecuadorque se ven obligados a entregar sus recursos naturales para hacer frente a las extorsiones de los poderosos acreedoresde su deuda externa, aunque en este último país la reciente firma en pro de la preservación de la selva del Yasunísienta un precedente alentador (ver la referencia a este país).A pesar de las constituciones y legislaciones, no estamos en un mundo más democrático, sino al revés. Lo económicose ha convertido en un espacio totalitario que impone sus reglas e intereses al resto de la sociedad, un espacio dondese concentra el poder y donde se permite cierto grado de autonomía, siempre que no vaya contra la ortodoxia: el mer-cado global. No ha variado mucho, por lo tanto, este comportamiento social de los poderosos con el oligárquico deotras épocas. Y así vemos que pese a las declaraciones y acuerdos internacionales (el Protocolo de Kyoto, la Cumbrede la Tierra, la Conferencia sobre Biodiversidad) lo que prima son los intereses de la Organización Mundial del Co-mercio cuando, como es el caso de muchos de los países donde hay una importante población indígena, se enfrentan a 34
  • 35. legislaciones del medio ambiente que con mayor o menor firmeza protegen recursos naturales y que con consideradaspor la OMC como “barreras al libre comercio”.29 Volvemos otra vez al principio de todo: derechos contra normas.No son las normas, son sus normas. Es un claro ejemplo del divorcio entre la economía y el bienestar humano que sevisualizó, en lo que al continente americano se refiere, en 1994 cuando la Cumbre de las Américas decidió extenderel Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Canadá, EEUU y México) al resto del continente y el Caribe,a excepción de Cuba. Era el comienzo del ALCA, el Área de Libre Comercio para las Américas. Cuando seis añosmás tarde estaba listo para ser impuesto, la rebelión de los pueblos, indígenas y no indígenas, lo hizo imposible. Sehabía elaborado sin consulta previa a los gobiernos y ciudadanos de la mayoría de los países a quienes se imponía, sucontenido lo transformaba en un poderoso instrumento de intervención con capacidad para alterar significativamenteel carácter social, cultural y político de las naciones y ello a expensas de renuncias y exclusiones evidentes –pese alas leyes internas y declaraciones internacionales- en cuestiones relativas a relaciones de trabajo, derechos humanosy protección ambiental.30 Si para ello hay que retorcer las constituciones nacionales, se hace (como en Colombia,México o Perú).No es la primera vez que los pueblos, y los originarios en particular, se enfrentan a promesas –leyes, normas, decla-raciones- que no se ajustan a lo que sucede día a día, año tras año, decenio tras decenio, siglo tras siglo en sus locali-dades y países. Esto, obviamente, engendra violencia –que se combate con una militarización de grandes zonas comoen Colombia, México, Perú y Ecuador para garantizar la actividad de empresas petroleras y mineras en territoriosindígenas-, desintegración profunda de la cohesión social y, al mismo tiempo, resistencia y organización. No se pue-de esperar otra cosa cuando en la actualidad todo, sin excepción, se pone al servicio de los intereses de un mercadoglobal que no es tal: afecta a todos pero beneficia a muy pocos, a esos 20 países en los que se concentra el 85% delProducto Interior Bruto mundial.Al igual que los pueblos originarios se han ido reponiendo de su postración, los movimientos sociales y populareshan sabido sobreponerse a su papel de sujeto pasivo para convertirse en un sujeto activo de la política, nacional einternacional. Así, se ha logrado parar el avance neoliberal en algunas partes del mundo –como ha sido el caso delALCA en América Latina- aunque rápidamente se contraatacó impulsando tratados de libre comercio por bloquesde países, como fue la implantación del Plan Puebla-Panamá en Centroamérica, ahora llamado Proyecto Mesoameri-cano al incorporarse al mismo Colombia, o de forma bilateral en América del Sur (Colombia, Chile, Perú). Ahora seaprueban medidas deliberadamente regresivas, se derogan leyes que afectan al disfrute de los derechos económicosy sociales –manteniendo como cobertura “democrática” los culturales, como es el caso de los indígenas- y se reduceel gasto público para potenciar el libre mercado y allanar el camino a las empresas transnacionales.La obligación de respetar los derechos económicos, sociales y culturales exige que los Estados se abstengan de reali-zar, promover o tolerar cualquier práctica económica y/o política que viole o coarte la libertad de los pueblos indíge-nas para utilizar los recursos materiales o de otro tipo de que dispongan de la manera que consideren más adecuadapara satisfacer esos derechos y deben abstenerse de limitar el derecho de participación ciudadana en este sentido.Esta obligación, asumida en el mismo momento que se adoptan declaraciones como el Convenio 169 de la OIT y/o laDeclaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU protege a los pueblos originarios de cualquier tipo deinjerencia arbitraria. Sin embargo, ya se ha reseñado y ahora se verá con detenimiento que la realidad no es esa. Porejemplo, el desalojo forzoso y arbitrario de comunidades, o con remuneraciones ridículas, sigue estando a la ordendel día para no pocas comunidades indígenas.No son sólo los Estados quienes tienen responsabilidades en este sentido. También los actores no estatales como lasinstituciones financieras internacionales que mencionaba el secretario general de la ONU en su “Guía general parala aplicación de la Declaración del Milenio” y las empresas transnacionales puesto que sus actividades tienen im-portantes repercusiones en el disfrute de estos derechos. De hecho, y hasta la actualidad, las políticas de las empresas29 Mailer Mattié, Op. cit.30 Ibid. 35
  • 36. transnacionales y de las instituciones financieras internacionales dan lugar a violaciones de todo tipo de derechosen los países en desarrollo y en Abya Yala, mayores en los casos en los que la influencia de alguno de los países esmenor o más débil.La realidad no se oculta con un puñado de buenas intenciones si no se obliga a que los poderes, fácticos y económi-cos, cumplan y no lo hacen si no se les obliga. Los reiterados llamamientos de los diferentes responsables de la ONUen ese sentido caen, una y otra vez, en saco roto. La actualidad en agosto de 2010 con motivo de la conmemoraciónpor la ONU del Día Internacional de los Pueblos Indígenas (9 de agosto) no deja por mentiroso este comentario nipor radical este planteamiento: “Aún existe una amplia brecha entre los principios de la Declaración de las NacionesUnidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la realidad (…) estos pueblos continúan sufriendo discrimi-nación, marginación en áreas como la salud y la educación, además de una extrema pobreza, desplazamientos de sustierras tradicionales y exclusión de los procesos de toma de decisiones” (Navi Pillay, Alta Comisionada de la ONUpara los Derechos Humanos); “las poblaciones autóctonas son las más pobres entre las pobres, ubicadas al margendel poder y, en muchos casos, ignorando sus derechos básicos” (James Anaya, Relator Especial de la ONU sobrelos Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas con motivo de la misma celebración)31; “las poblaciones indígenassiguen sufriendo racismo, poca atención a la salud y pobreza desproporcionada” (Ban Ki-moon, Secretario Generalde la ONU).32Se ha comenzado hablando de la larga lucha de los pueblos originarios por su visibilización y se ha relatado todoel proceso legal, impulsado por esa lucha, hasta lograrlo. El hecho de que la Organización de Estados Americanoslleve más de dos años discutiendo la elaboración de una Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos In-dígenas en línea con la DDPI de la ONU deja bien claro cuál es el nivel de resistencia de los tradicionales sectoresoligárquicos y criollos respecto a los pueblos originarios del continente. Éstos han conseguido su visibilización, peroeso no es todo. Hace falta que se cumpla lo firmado y que puedan disfrutar de unos derechos que nunca debieronperder. Esa es su lucha actual y eso es lo que pretende reflejar este libro.No es sólo un lamento y una esperanza, es también un reconocimiento de la realidad. El movimiento indígena hadejado de ser un movimiento de resistencia para pasar a ser un movimiento ofensivo en la lucha por el gobierno y elpoder en algunos países, como Bolivia, mientras que en otros se impulsa un proyecto político claramente emancipa-torio que tiene una primera etapa en el autogobierno y por el cual ellos seguirán su propio camino en cuanto a la au-toridad y el poder. Lo indígena se está convirtiendo en el centro de un discurso nuevo, de la construcción de un nuevomundo que cuestiona en profundidad la visión homogeneizadora del Estado-nación clásico de la visión occidental tandel agrado de las oligarquías del continente. Los movimientos indígenas se organizan no ya en el ámbito “nacional”,sino en el regional en un proceso de integración que traspasa las fronteras –Coordinadora Andina de OrganizacionesIndígenas (CAOI)33 - y plantea la construcción de Estados Plurinacionales con la defensa de los recursos naturales yenergéticos, el agua y la tierra como objetivo prioritario junto los derechos colectivos de las comunidades indígenasy la libre determinación de los pueblos. Este es el reto.31 http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?NewsID=1892932 http://www.un.org/spanish/News/fullstorynews.asp?NewsID=1893033 La CAOI se fundó el 17 de julio de 2006 en Cuzco (Perú). Sus planteamientos están recogidos en la Declaración de Cuzco. http://www.movimientos.org/enlacei/congresocaoi/show_text.php3?key=7592 36
  • 37. Sobre el métodoEste libro es un trabajo de síntesis que sólo pretende ser una guía introductoria para quienes tengan interés en acercar-se a la realidad sociopolítica actual de los pueblos originarios en el continente americano. Se edita cuando comienzanen América Latina los fastos de la celebración del bicentenario de la independencia de las metrópolis europeas en lasque los pueblos indígenas, hasta el momento del envío a imprenta, no están representados.A buen seguro que habrá quien encuentre lagunas en la exposición, quien eche en falta más elementos etnológicosy/o antropológicos y quien considere que se han cargado las tintas en los aspectos económicos. Habrá, también, quienconsidere que se tenía que haber organizado la relación de pueblos originarios por índice alfabético; quien crea másconveniente agruparles por identidad lingüística; quien crea que se debería haber optado por los cuadros antes que porla simple relación y los enlaces transfronterizos entre ellos, y quien prefiera el simple recorrido geográfico de Norte aSur –criterio etnocentrista- o de Sur a Norte –para enfrentar de forma gráfica y reivindicativa el criterio etnocentrista-.Habrá, incluso, quien cuestione la forma aquí elegida, el criterio alfabético por países, al entender que las fronterasson artificiales y ocultan la realidad de unos pueblos que son en muchas ocasiones transfronterizos.Es obvio que la división territorial en países no coincide en muchos casos con la ocupación indígena del espacio pues-to que mucho antes de que se formalizasen esas fronteras, y mucho antes de que llegaran los europeos, y mucho antesde otros imperios, con sus expansiones y ocasos, los pueblos indígenas ya ocupaban las zonas que hoy mantienen aduras penas, por lo que tiene más sentido hablar de “pueblos en” Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, etc. que de “pue-blos de” los países del continente. Más aún si se tiene en cuenta que los estados nacionales conformados a partir delproceso independentista de las metrópolis europeas no sustituyeron, ni anularon, las profundas raíces históricas de lospueblos indígenas quienes antes que boliviano o peruano, por ejemplo, se reconocen quichua o aymara, mohawkantes que canadiense o estadounidense, lenca antes que hondureño o salvadoreño, mapuche antes que argentino ochileno, etc.Habrá también quien cuestione la grafía (tucano-tukano, zápara-sápara, huaorani-waorani, yekuana-yekwana,quichua-kichwa) aunque, en líneas generales, se ha seguido el criterio oficial, tal y como se recoge en los diferentespaíses, y con la finalidad de reducir en la medida de lo posible la confusión que se pudiese producir ante la variedadde nombres y designaciones, orales o escritas, de un mismo pueblo, lengua o nacionalidad. Esta misma norma es laautoimpuesta a la hora de mencionar a los pueblos originarios con denominaciones diferentes en función de su trans-fronteralidad, como por poner un caso los wichí (Argentina)-weenhavek (Bolivia), o de una distinta denominaciónen un mismo país, caso de los paéz-nasa en Colombia o los a’i-cofán en Ecuador.A nadie le faltará razón. Sin embargo, se ha optado por esta presentación para facilitar no ya la lectura sino la bús-queda y, si ello es posible, la comprensión de una realidad de la que mucho se habla y en la que poco se profundiza.Aquí no se trata de profundizar, sino de abrir un camino para continuar transitando por él en otras ocasiones. Tambiénhemos optado por eludir a propósito la reseña histórica, sobre la que hay bibliotecas enteras, y hacer hincapié en la 37
  • 38. situación socioeconómica actual dejando al margen el único aspecto en el que los pueblos indígenas sí han comen-zado una nueva era, como la posibilidad de educarse en su propia lengua aún con las importantes limitaciones ycondicionantes que resalta la propia ONU, ya reseñadas con anterioridad en el inicio de este libro. Para los indígenastan importante como la lengua y su cultura es la tierra. Forma parte de su cosmovisión. Ahora bien, mientras quelos derechos culturales son concedidos y reconocidos incluso de buena gana por los gobiernos, con la tierra ocurreexactamente lo contrario. Cultura y lengua quedan bien para aparentar y defender en instancias internacionales quese cumple con los mandatos y se tiene un gobierno “políticamente correcto”, pero esa cosmética se deshace en peda-zos cuando los indígenas reclaman no sólo su derecho a la tierra, sino a ser consultados sobre las cuestiones que lesatañen directamente y a su autoorganización y autodeterminación. No se les niega la posibilidad de hablar su propialengua, ni educarse en ella, pero sí la posibilidad de gobernar sus territorios y disponer de sus recursos.Con ello se quiere poner de relieve –y la redundancia ayuda a comprender mejor el mensaje-, lo que se ha venidomanteniendo a lo largo de las páginas iniciales: una cosa son las leyes y declaraciones aprobadas a favor de lospueblos originarios, en los ámbitos nacionales e internacionales, y otra muy distinta es la realidad a que se siguenenfrentando estos pueblos. O dicho en un lenguaje más jurídico: igualdad de iure frente a desigualdad de facto. Esuna situación que se produce en todo el continente de Abya Yala, con independencia que en unos países se esténproduciendo procesos emancipatorios muy ilusionantes para las poblaciones indígenas y en otros no se haya apenasavanzado en el reconocimiento e implementación de sus derechos. Por eso al hacer la exposición de cada país, en lamayoría de ellos se parte de fechas tempranas, finales del siglo XX, casi coincidiendo con la aprobación por parte dela OIT del Convenio 169, sin entrar en consideraciones anteriores o sólo muy tangencialmente teniendo en cuenta losmovimientos indígenas que se hubiesen producido y la relevancia que tenga una determinada situación en el presente.Tal es el caso del latifundismo menonita en Paraguay.Y como hay que hacer esa declaración de honestidad que se reclama en las primeras páginas, verás lector, lectora,que se desarrollan más las situaciones en unos países que en otros. Una de las razones es que son en los que los mo-vimientos indígenas son más avanzados. Otra, que son los que el autor conoce mejor de muy primera mano. Por ello,antes que tú lector, lectora, entres en el desarrollo de las situaciones de cada país, debes recibir las disculpas del autorpor los fallos y omisiones que puedas encontrar. Y también debes ser algo comprensivo, algo comprensiva, ante eltrabajo aquí abordado.Una última consideración: dado que el material que se ofrece va a ser volcado en internet, muchas de las notas ofre-cidas hacen referencia a páginas web para que quien lo siga a través de la red tenga un fácil acceso a las fuentes rese-ñadas. La consulta de la mayoría de ellas, para no reflejarlo de manera reiterada e innecesaria en las notas, se realizóentre el 1 de mayo y el 1 de octubre de 2010. 38
  • 39. Pueblos originarios en América 39
  • 40. 40
  • 41. ARGENTINAEs un país federal con una población de 40 millones de personas de las que 600.329 son consideradas descendienteso pertenecientes a uno de los pueblos indígenas reconocidos: atacama, ava-guaraní, aymara, calchaquí, chané,charrúa, chorote, chiriguano, chulupí, comechingón, diaguita, guaraní, huarpe, kolla, lule, mapuche, mbyáguaraní, mocovi, nivaclé, omaguaca, ona, pampa, pilaga, querandí, rankulche, tapieté, tehuelche, toba-qom,tonicote, tupí guaraní y wichí 1. El censo incluye en el apartado de “otros” a los pueblos abaucán, abipón, ansilta,chaná, inca, maimará, minuán, ocloya, olongasta, pituil, pular, sanavirón, sashagan, tape, tilcara, tilián y vilelaespecificando que no se les ha contabilizado de forma individual debido a la “escasa cantidad de casos muestrales” yconsiderar que el número total de componentes de estos pueblos es de 3.864 personas. Los mapuche, con una pobla-ción censada de 113.680, son los más numerosos y en sus dos terceras partes viven en la provincia de Neuquén.No obstante, las organizaciones indígenas no consideran que sea éste un número creíble no sólo porque critican lametodología empleada para cuantificarles, sino porque en zonas urbanas donde vive gran cantidad de gente indígenala encuesta no pudo realizarse de manera intensiva y porque existen aún en el país muchas personas que disimulan suidentidad indígena por temor a ser discriminadas. A buen seguro que tienen razón puesto que un estudio reciente dela Universidad de Buenos Aires establece que el 56% de los argentinos tiene “al menos un ancestro indígena”.La mayoría de estos pueblos son transfronterizos, habitantes de regiones como el Chaco (a caballo entre Paraguay,Bolivia y Brasil) o la Patagonia (con Chile). Nómadas o sedentarios, cultivadores de tierra o cazadores-recolectorestodos ellos se aferran a sus tierras, a su hábitat y luchan por conservarlo y expandirlo sin concebir el mismo comoun bien económico, sino como un espacio de vida. Los mapuche, toba y kolla son los más numerosos de entre loscensados mientras que los pueblos tapieté y ona son los que cuentan con menos integrantes, en cifra inferior a los600 cada uno de estos pueblos. El número de lenguas es de 15, agrupadas en 7 familias lingüísticas.A partir de la década de 1990, coincidiendo con el inicio del cambio en la normativa internacional impulsado porel Convenio 169 de la OIT, se produjeron avances en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenasen Argentina aunque aún no se había adherido formalmente al mismo. El acceso al territorio y puesta en marcha desistemas de salud y educación interculturales, junto a la implementación de un sistema de consulta previa, libre einformada ante cualquier iniciativa que los afecte son algunos de ellos, así como el derecho a la propiedad y pose-sión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, al reconocimiento de la personalidad de sus comunidades y a laparticipación en la gestión de sus recursos naturales. Este proceso se inició a partir de la reforma constitucional de1994 y la ratificación del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT, en el año 2000, no necesaria-mente se tradujo en políticas públicas. No se puede decir, por lo tanto, que Argentina esté atravesando una etapa de“revalorización” de los indígenas en el terreno económico o político. En la estructura federal del Estado, el Congresotiene competencia para dictar las leyes que reglamenten el nivel mínimo de realización efectiva de los derechos delos pueblos indígenas y las provincias, concurrentemente, pueden dictar normas que sostengan una mayor protección.Sin embargo, no es así y en la práctica el reconocimiento de estos derechos es tan bajo que la mayoría de ellos, inclu-yendo los fundamentales, carecen de reglamentación legislativa.Las principales decisiones oficiales en donde se hallan comprometidos la supervivencia, la dignidad y el bienestarde los pueblos indígenas son adoptadas por los poderes públicos provinciales legislativo, ejecutivo y judicial conun altísimo nivel de vinculación política, económica e ideológica con los grupos privilegiados beneficiarios de lasinjusticias históricas cometidas en contra de los pueblos indígenas. Es algo que denunció ya en 2003 el MovimientoEcuménico de los Derechos Humanos, una institución que desde 1997 se viene significando en el apoyo a las recla-maciones de los pueblos chorote, wichí, guaraníes y qom-toba, y que tenía que ver con la inacción gubernamental1 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Resultados de la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas. www.indec.mecon.ar/webcenso/ECPI/index_ecpi.asp 41
  • 42. y provincial en adecuar la legislación interna al Convenio 169 de la OIT en aspectos clave para los indígenas comolos derechos de participación y a la consulta previa en explotaciones mineras, hidroeléctricas y madereras.2La resistencia a incorporar las normas internacionales al derecho interno no se traducía siquiera ni en la cuestióneducativa puesto que la escolaridad primaria completa aún a día de hoy es muy baja; menores todavía los resultadosen educación secundaria, y son casi inexistentes si se habla de educación superior, por hablar sólo de la cultura y lalengua, la cuestión estrella para la mayoría de los países cuando se refieren a los pueblos indígenas y la protecciónde sus derechos. Además, a primeros de 2010 el 90% de la población originaria en Argentina no recibía aún clasesen su lengua de origen, lo que pone de manifiesto la falta de maestros de los diferentes pueblos y nacionalidades y decargos docentes para este fin a pesar de las buenas intenciones legislativas a nivel federal.Los pueblos indígenas han visto cómo se ha ido incorporando, con cuentagotas, alguno de sus derechos al ordena-miento legal. Si como muestra vale un botón, baste señalar lo que viene ocurriendo desde que a finales de 2006 elCongreso promulgó la ley de Emergencia sobre Posesión y Propiedad de las Tierras Comunitarias Indígenas, que ge-neró unas grandes expectativas sobre el reconocimiento de las tierras de los pueblos originarios puesto que suspendióla ejecución de sentencias y actos de desalojo por un lapso de tiempo de cuatro años para realizar una titulación delas tierras indígenas que antes hubiesen sido inscritas como particulares.Se establecía que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) era el encargado de hacerlo, de forma conjun-ta con el Consejo de Participación Indígena. Esta instancia, creada en el año 2004, es un órgano colegiado de 83representantes, entre titulares y suplentes en representación de cada pueblo originario y provincia, elegidos por lascomunidades indígenas. También se creó una Dirección de Pueblos Originarios y Recursos Naturales presidida porun dirigente del pueblo mapuche y un Fondo Especial para la Asistencia de las Comunidades Indígenas por el quese pretendía consolidar la posesión tradicional de las tierras que ocupan comunidades originarias, los programas deregularización dominial (tierra de propiedad plena de la comunidad o del individuo) de tierras fiscales provinciales ynacionales y la gestión de compra de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Pero todas estas ins-tituciones pronto terminaron convertidas en instancias poco más que decorativas. El INAI no era autónomo dado quelas formas de elegir la representatividad indígena se halla en manos del Estado y no de los propios pueblos represen-tados, tal como denunció el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial en uno de sus últimosinformes.3 La crítica de este organismo de la ONU implicaba que a pesar de que esa instancia se presentaba por elgobierno como un proceso de protagonismo de las comunidades y pueblos indígenas, en realidad era un organismo“intervenido por decisiones externas a los pueblos”. Lo que debería ser el principal espacio de presencia indígena enArgentina, a nivel estatal, quedaba reducido a una instancia cosmética. Y si esto es así en el Estado, no cuesta muchoimaginar que en las provincias, donde se adopta la mayoría de las decisiones relativas a los pueblos originarios, laparticipación indígena es de similar o inferior nivel o simplemente no existe, tal como ocurre en Neuquén. La situa-ción en esta provincia se abordará más abajo con algunos ejemplos.Con unas instancias decorativas antes que prácticas la ley de Emergencia sobre Posesión y Propiedad de las TierrasComunitarias Indígenas fue boicoteada desde el primer momento por los propios gobiernos provinciales, que cedierona la presión de los grandes grupos oligárquicos ante el temor que el cumplimiento de dicha ley pusiese de manifiestola apropiación fraudulenta de esas tierras tras el proceso de independencia de la colonia y, de forma especial, a raízde la campaña militar de ocupación de los territorios indígenas llevada a cabo entre 1879 y 1885. Se dificultaron losprocesos de titulación de las tierras reclamadas por las comunidades originarias -ahora en manos de corporaciones ypropietarios privados y entidades públicas- y ello llevó a la continuación de los desalojos y la represión contra los mo-vimientos indígenas en todos los ámbitos, privados y oficiales, y en todas las provincias. Había casos que llevaban 20años en los tribunales y seguían sin resolverse, como era el caso de una reclamación mapuche en Río Negro. Había2 Telam Buenos Aires, 29 de julio de 2003.3 CERD. Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el artículo 9 de la Convención. Observacionesfinales. Argentina. 16 de marzo de 2010. 42
  • 43. otros en los que se obstaculizaban, negaban o rechazaban las demandas que se presentaban sobre la propiedad de latierra indígena. En muchas comunidades se intimidaba, presionaba y perseguía a quienes insistían en sus denuncias ose les iniciaba un procedimiento penal por “usurpación de tierras”. O se llegaba a extremos de verdadero esperpentodentro de la tragedia que suponía para los pueblos indígenas cuando grandes empresas ponían algunas tierras a dis-posición de los pueblos originarios, como sucedió en 2006 en la provincia de Chubut, para que familias mapuche“desarrollaran sus procesos productivos”. Se vendió como un importante gesto de responsabilidad social por parte dela empresa y tuvo una gran acogida dentro de los medios de comunicación. Lo que sucedía es que esas tierras erancualquier cosa menos productivas y por ello mismo los mapuche rechazaron tan generosa “donación”.4Muchas de las tierras en litigio se consideraron “fiscales”, es decir, que el gobierno local tenía potestad de decidir aquién se las entregaba y en su mayoría se hizo “a terceros no indígenas”. De nuevo la ley y la trampa con los pueblosoriginarios. Sin embargo, éstos no cejaron en sus reivindicaciones y fue en una de las provincias, Jujuy, donde losindígenas pudieron ver por vez primera cómo la justicia obligaba al gobierno provincial a entregar un lote de tierrasde los territorios ancestrales a los pueblos kolla, atacama, ocloya, omaguaca, quechua, tilián y guaraní al aplicarlas disposiciones del Convenio 169 de la OIT. Era un fallo histórico por ser el primero en Argentina que emitía dispo-siciones generales para hacer efectiva la entrega de las tierras a las comunidades, a quienes reconocía como sujetos dederecho colectivo y como actores fundamentales en el proceso de definición de políticas públicas orientadas a cum-plir con el marco jurídico que tutela sus derechos. Se resolvía así un largo pleito en el que las comunidades indígenasno sólo denunciaban el incumplimiento por parte del Estado si no que constataban cómo a través de órganos como elInstituto Jujeño de Colonización y la Dirección de Inmuebles la provincia vulneraba sus derechos al entregar a “ter-ceros no indígenas” tierras en lugares señalados como territorio de las propias comunidades. Hasta ese momento, laprovincia de Jujuy sólo había entregado tres títulos de propiedad comunitaria (y habían transcurrido seis años desdela ratificación por Argentina del Convenio 169 de la OIT).Mientras, continuaba el saqueo de las riquezas naturales de los territorios indígenas. Una de ellas, la madera. La Leyde Bosques Nativos se había aprobado en 2007, pero aún no se había procedido a su reglamentación y ese vacío fuellenado con camiones y camiones de madera puesto que los gobiernos provinciales, como el de Salta, otorgaron casia mansalva permisos de desmonte en cifras que superaban lo normal, si se entiende por normal el hecho de haberseproducido, en el momento de aprobación de la ley a nivel federal, un aumento del 570% en esos permisos.No era solo la madera. También el petróleo y el gas. Los mapuche denunciaron que se negociaba la extensión deconcesiones petrolíferas que afectaban a 14 de sus comunidades y transnacionales como Repsol-YPF y Petrobras lo-graban prórrogas de hasta 10 años en sus concesiones. Las explotaciones agropecuarias, mineras y forestales crecíana un ritmo vertiginoso, tanto como para que Argentina pudiese presumir de un crecimiento económico que parecíaimposible en un país que unos pocos años antes estaba sumido en una crisis económica y financiera desconocida (elllamado “corralito”). Un crecimiento que iba aparejado de altísimos niveles de deforestación (con pérdida del 75%de los bosques nativos originales5) y una expansión de la frontera agropecuaria hacia los territorios indígenas, ademásde la ya consabida acción económica de las empresas extractivas puesto que, según la Secretaría de la Minería de laNación, el 75% de la superficie de Argentina se encontraba “inexplorada”.No obstante, y pese a que el nivel organizativo de los indígenas era muy débil a nivel nacional dado que se centrabanen la defensa de sus intereses más inmediatos, en los lugares en que viven se lograron acuerdos a nivel de pueblo(Coordinadora de Organizaciones Kollas Autónoma, Confederación Mapuche del Neuquén) que dio fuerza a su rei-vindicación territorial logrando algunos éxitos parciales y concretos –con Jujuy como ejemplo- que sirvieron paraque se pudiese lanzar una nueva ola de denuncias sobre sus territorios. Ello obligó al gobierno federal a aprobar leyes,como la de Emergencia de la Propiedad Comunitaria que ordenaba paralizar los desalojos de comunidades indígenas4 http://www.santarosarecuperada.com.ar/bitacora/index.php?blogid=1&query=dialog%F35 http://www.greenpeace.org/raw/content/argentina/bosques/ordenamiento-territorial-de-bo.pdf 43
  • 44. por un período de 4 años y realizar un “relevamiento” (estudio jurídico-técnico y catastral) de las tierras que tradicio-nalmente ocupan -con lo que se dejaba fuera las reivindicaciones de territorios ancestrales- durante los tres primerosaños de la ley, o la que obligaba a los gobiernos provinciales a poner en marcha las medidas aprobadas y que fueadoptada prácticamente por unanimidad en el Congreso, con sólo 3 votos en contra. El gobierno federal, además, hizoun intento de incentivar la inscripción y reconocimiento de las comunidades indígenas en Argentina, contabilizandoen todo el país 550 de las que entre 2007 y agosto de 2008 se habían inscrito 230 legalmente.El gobierno mostraba buenas intenciones, tal y como testificaban los organismos internacionales tras votar a favorde la DDPI, pero era incapaz de reglamentar la aplicación de las leyes y lograr que se cumplieran por parte de lasadministraciones intermedias. En 2010 sólo 8 de las 23 provincias se mostraban dispuestas a cumplir los preceptoslegales. Un ejemplo es que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas sólo podía llevar a cabo con cierto grado decompromiso sus proyectos en esas ocho provincias, y eso no sin dificultades puesto que o bien no llegaban los fon-dos acordados o bien la burocracia retrasaba los proyectos, como ocurrió en Santa Cruz con los pueblos mapuche ytehuelche. Algunos de los pueblos originarios argentinos han llevado sus casos a organismos internacionales, comola Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero no han conseguido nada hasta el momento. Por todo ello,el gobierno no ha tenido más remedio que prorrogar hasta el 2013 todas las disposiciones de la ley, en especial lasuspensión de desalojos y el programa de delimitación de tierras.Mucho tiene que ver en lo ocurrido el monocultivo de la soja, una de las principales fuentes de exportación en laArgentina actual. En los últimos catorce años, Argentina ha vivido una expansión sin igual de este cultivo hasta llegara los 18 millones de hectáreas que son, ni más ni menos, que el 50% del total de las tierras cultivables del país. Estaexpansión hacia tierras casi vírgenes provocó enfrentamientos con los pueblos originarios (se calcula que serían unas42 millones de hectáreas las cubiertas por bosques nativos), lo que llevó al Gobierno federal a aprobar en 2008 laLey de Bosques.En virtud de ella, se dictaba una moratoria en la tala y desmonte hasta que cada provincia realizase “de maneraparticipativa” un plan de uso sustentable de los bosques nativos y se facultaba a los gobiernos provinciales no sólopara crear un fondo económico para preservar los bosques nativos, donde se ubican gran parte de los poblados delos indígenas, sino para decidir qué uso se les daba. Con esta ley, enmarcada en la Declaración de Derechos de losPueblos Indígenas aprobada por la ONU un año antes, debían ser los pueblos indígenas quienes administrasen losrecursos de “sus” bosques. Pero ni la ley ni las sentencias judiciales arredraron a los gobiernos provinciales ni a losterratenientes, que continuaron con el desmonte para ampliar el terreno de cultivo de la soja. El caso más llamativose produjo en la provincia de Salta, una zona donde viven nueve de los pueblos indígenas de Argentina, y en la quese autorizó el desmonte de 400.000 hectáreas de bosque nativo. Los indígenas recurrieron, pero cuando la justiciaparalizó el desmonte ya habían sido deforestadas 153.000 hectáreas.La expansión del cultivo de soja estuvo en el origen del conflicto entre los “ruralistas” y el gobierno argentino duran-te la última mitad de ese año 2008, sin que los intereses de los pueblos originarios fuesen tenidos en cuenta lo másmínimo.Y así ocurre también con los territorios indígenas con recursos naturales. Las disposiciones relativas a los recursos,especialmente la legislación de hidrocarburos, el código de minería, y los códigos de aguas y leyes de tierras provin-ciales, en ningún caso han incorporado los derechos de propiedad, consulta y participación que establecen tanto laConstitución como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y los demás tratados internaciona-les de derechos humanos. La legislación reglamentaria interna, nacional y provincial, carece de la mínima adaptacióna dichas normas. Esta omisión legislativa origina numerosos abusos por parte de las empresas extractivas y de losgobiernos provinciales, quienes no se consideran obligados al cumplimiento de las obligaciones internacionales. Esel caso de lo que sucede con la minería o los hidrocarburos. Por ley, son los gobiernos de las provincias quienes tienenla propiedad de esos recursos y, como con el caso de la soja, por esta razón tampoco se ha contado con los intereses 44
  • 45. de los pueblos indígenas. En provincias como Chubut y Río Negro los gobiernos provinciales facilitaron en 2008 auna transnacional canadiense, Aquiline Resources, el control de 500.000 hectáreas de terreno, en su gran mayoríaindígena, para exploración minera y prácticamente gratis puesto que sólo el 3% de los beneficios, si les hubiese,revertirían en la provincia.6 El poder de los gobiernos provinciales es tal que prácticamente obligaron a la presidentaCristina Fernández a vetar, en noviembre de ese año, una ley adoptada por amplia mayoría en el parlamento federalque restringía la actividad minera y la perforación petrolera en los glaciares del país y, en concreto, en la cordillera delos Andes donde otra transnacional canadiense, Barrick Gold, impulsa un importante proyecto minero. Los goberna-dores habían llamado a la rebelión si la presidenta no vetaba una ley que “amenazaba” sus proyectos de desarrollo ya la que consideraban “excesiva” por prohibir la explotación minera o la perforación petrolera en los glaciares, al darpreeminencia a los aspectos ambientales sobre los económicos.El caso de los glaciares ponía de manifiesto cómo la sobreexplotación de los recursos naturales ha llevado a la nece-sidad de buscar nuevos lugares de explotación tanto de minerales como del petróleo y gas. De los primeros -y apro-vechando las facilidades otorgadas por el gobierno federal, que permite a las compañías mineras explorar los recursosdisponibles en ni más ni menos que 5.000 kilómetros de la cordillera de los Andes, prácticamente toda su extensión-las provincias han comenzado a autorizar empresas mineras en territorios indígenas kolla (en Jujuy) o ampliar la mi-nería del cobre a cielo abierto en la Patagonia y así se ha entrado en conflicto con los mapuche, que llevaron el casodel cobre a los tribunales logrando un momentáneo éxito al paralizar uno de estos proyectos en Neuquén, aunque elloprovocó que el parlamento de esta provincia aprobase, con carácter de urgencia, una modificación de la ley que dabavía libre al proyecto estableciendo controles sobre el impacto medioambiental. De los segundos, en algunos lugaresse ha obligado a las comunidades a firmar acuerdos con las petroleras, como también ha sucedido en Neuquén.El caso de esta provincia es significativo de lo que ocurre en Argentina. La constitución de Neuquén –equivalente a loque en el Estado español serían los estatutos de autonomía- reconoce todos los derechos de los pueblos indígenas quehabitan en esta provincia, incluyendo la “personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comuni-taria de las tierras que tradicionalmente ocupan” y añadiendo que ”ninguna de ellas será enajenable, ni transmisible,ni susceptible de gravámenes o embargos”, para lo que la provincia “asegurará su participación [de los indígenas]enla gestión de sus recursos naturales y demás intereses que los afecten, y promoverá acciones positivas a su favor”.Pero cuando estos pueblos, como fue el caso mapuche, se acogen a la ley esta, simplemente, se cambia, modifica o“reforma”. De forma muy democrática, eso sí.Se da la circunstancia de que el nombre de esta provincia es de origen mapuche (Newken), al igual que la mayoría desus ciudades (Zapala, Añelo, Chos, Cutral Co, Malal son sólo algunas), ríos (Limay, Aluminé, Chimehuin…), lagos(Traful, Meliquina, Curruhue…) y montañas (Domuyo, Cochicó, Palao…). A pesar de ello, la política oficial es “in-visibilizar” a los mapuche. Está bien que se refleje su influencia en la historia y en la toponimia de la provincia, perono que existan físicamente como individuos y, menos aún, como pueblo. Y eso a pesar que se trata de una de las prin-cipales provincias del país en orden a la presencia indígena, que llega a ser mayoritaria en algunas zonas concretas deuna provincia que tiene una población indígena que supone el 20% del total de sus habitantes y, como se ha dicho alcomienzo del relato de este país, en ella residen dos tercios del total de los indígenas mapuche en Argentina.Neuquén no es más que el exponente, si se quiere el más duro, de lo que ocurre en Argentina con los pueblos indíge-nas. Si éstos organizan una movilización contra la minería en sus tierras, el gobierno facilita una “contramanifesta-ción” a la que acuden empresarios, trabajadores mineros, profesores y estudiantes de diferentes ingenierías.7 Si pro-tagonizan una toma colectiva de tierras se los encarcela porque jueces y políticos consideran que “no es admisible”el ejercicio directo de esos derechos o bajo la acusación de “protesta excesiva” (sic) cuando intentan oponerse a los6 http://www.argenpress.info/2008/10/minera-en-argentina.html7 http://www.lmneuquen.com.ar/noticias/2009/5/21/28442.php 45
  • 46. desalojos de lo que consideran sus tierras por parte de los terratenientes locales.8 A pesar de todo, los mapuche hanconseguido recuperar casi la mitad de las 114.000 hectáreas de lo que consideran sus territorios ancestrales.La contestación indígena ante la generalización de este tipo de situaciones, en forma de movilizaciones duramen-te reprimidas la mayoría de ellas, llevó a la Confederación Mapuche del Neuquén a tomar dos iniciativas que hanpuesto en un serio aprieto al gobierno federal y al gobierno provincial. La primera, la creación del Observatorio deDerechos Humanos para los Pueblos Indígenas en 2009 con el objeto de realizar un soporte, en los ámbitos jurídicosy de las ciencias sociales, para el cumplimiento efectivo de los derechos de los pueblos indígenas en la región. En elinforme 2009-2010, circunscrito a esta provincia, se documenta la “discriminación institucionalizada” puesto que noexisten espacios dedicados exclusivamente a la elaboración de política indígena, ni se han creado áreas específicaspara el tratamiento de las problemáticas que afectan a las comunidades indígenas, ni agencias públicas en donde seanalicen las políticas que las involucran. Un ejemplo es que el presupuesto provincial no contempla ninguna partidapara sostener el funcionamiento de las instituciones propias del pueblo mapuche, ni reservas especiales para atendera la aplicación de pautas diferenciadas para las áreas y reparticiones que traten con sus comunidades.9 La segunda,la solicitud de intervención de la ONU para frenar los abusos, la discriminación y la criminalización de todos lospueblos originarios en Argentina, no sólo de ellos.10El Relator Especial de la ONU sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de losIndígenas tiene que intervenir ante esta solicitud, en la que hay denuncias concretas de discriminación racial y faltade respeto a la identidad cultural mapuche por parte del gobierno de Neuquén así como falta de titulación de terri-torios comunitarios “con la consecuente ausencia de protección de los derechos territoriales frente a los avances delos apropiadores ilegítimos, las empresas extractivas, las corporaciones turísticas y forestales”. Esto se traduce enque sólo cuatro de las 54 comunidades indígenas de la provincia cuentan con una titulación legal de sus tierras nueveaños después de la ratificación por Argentina del Convenio 169 de la OIT y dos tras el voto favorable a la DDPI de laONU. En el caso de los mapuche, aunque hayan recuperado más o menos la mitad de lo que consideran sus tierras,están en una situación de alegalidad y con procedimientos judiciales de desalojo pendientes de ejecución.En los umbrales de la celebración del bicentenario de Argentina como estado independiente tanto el gobiernofederal como el provincial tenían que reaccionar si no querían que esos fastos que se preparaban quedaran des-lucidos por las reivindicaciones indígenas. No habían transcurrido dos semanas desde la interposición de esadenuncia ante la ONU cuando ya se había anunciado la formación de una serie de mesas sectoriales en casi todala provincia.11 Un mes después, la Defensora General de la Nación hacía un llamamiento a todos los defensorespúblicos a “resguardar los derechos de los pueblos originarios y su efectivo acceso a la justicia” al constatar“dificultades respecto del efectivo goce de los derechos humanos y libertades fundamentales sin obstáculos nidiscriminación, y también respecto de la igualdad ante la ley”.12 Si lo que se pretendía con ello era parar la res-puesta de la ONU, se falló. El Comité para la para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) veía conseria preocupación el hecho de que las provincias, y en concreto Salta, Formosa, Jujuy, Tucumán, Chaco y Neu-quén se negasen a implementar las leyes federales que recogen los derechos indígenas sobre el control de losrecursos naturales y recomendaba a Argentina frenar los desalojos y asegurar la propiedad comunitaria de estospueblos. En caso de ser necesario ese desalojo, el CEDR estipulaba una “indemnización adecuada y reubicaciónen lugares dotados de servicios básicos, como agua potable, electricidad, medios de lavado y saneamiento, y8 En el Expediente N° 3.383 del Juzgado Correccional de Cutral Co se imputó a dos representantes de la Comunidad Huenctru Trawel Leufúpor haber “amenazado e intimidado” a empleados de la empresa de Seguridad Sacatuk S.R.L., que había sido contratada por Petrolera Piedradel Águila S.A. con el objeto de hacer valer la concesión para la exploración petrolífera que el Estado otorgó sin consultar, como establece laley, con la comunidad. No se admitió que los mapuche hubiesen actuado en legítima defensa de sus derechos.9 http://opsur.files.wordpress.com/2010/07/informe-2009-2010.pdf10 Confederación Indígena Neuquina-Confederación Mapuche de Neuquén. “Discriminación, Desalojos Forzados y criminalización de PueblosIndígenas en Neuquén, Argentina”. 5 de agosto de 2009.11 http://www.noticiasonline.org/index.php?option=com_content&view=article&id=401:mesa-de-trabajo-intersectorial-con-comunidades-mapuches&catid=37:alumine2&Itemid=2712 http://www.terra.com.ar/feeds/notas/235/235423.html 46
  • 47. servicios adecuados, entre otros escuelas, centros de atención sanitaria y transportes”,13 con lo que se ponía demanifiesto que era una situación que no se producía en los desalojos efectuados hasta ese momento.Es en este contexto en el que se ha iniciado el año 2010, el año del bicentenario de la independencia de la metró-poli española. El movimiento indígena está a la ofensiva y el Estado, a la defensiva. Se ha tenido que paralizar másde una explotación minera (Jujuy), se avanza en un proyecto de ley para transferir tierras de parques nacionales acomunidades mapuche (Neuquén) y se reglamenta la consulta previa a las comunidades. Este ha sido el momentoelegido por los pueblos indígenas para establecer alianzas entre ellos (caso de los diaguita, kolla, mapuche y toba)e intentar llegar a acuerdos con los movimientos sociales con la finalidad de avanzar hacia una nueva “refundación”de Argentina que tenga en cuenta la plurinacionalidad y una nueva relación basada en el cumplimiento de la deudahistórica con los pueblos indígenas.13 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU. 76º período de sesiones. 15 de febrero a 12 de marzo de 2010. CERD/C/ARG/CO/19-20 47
  • 48. 48
  • 49. BELICEUbicado al este de Guatemala y al sur de México, Belice es un país de habla inglesa –la oficial, aunque la mayorita-ria es el castellano- que adquirió la condición de país independiente en 1981. Cuenta con una población de 372.000habitantes de los que unos 35.000 pertenecen a cuatro pueblos indígenas: garifuna -descendientes de negros africa-nos y amerindios-, maya, maya q’eqchí y mopán.1 Las organizaciones indígenas, agrupadas en el Belize NationalIndigenous Council, elevan esta cifra a los 40.000 y argumentan que la violencia que sacudió a Centroamérica en losaños 80-90 del siglo pasado hizo que llegasen a Belice muchos indígenas procedentes de Guatemala y otros en buscade mejores condiciones de vida desde México (Yucatán). Muchos de ellos se han quedado y algunos se han nacio-nalizado. Esta disparidad de cifras se ha visto, y se verá, en otros países a lo largo de este repaso por el continente.Viven en su mayoría en la región sureña de Belice –por cierto, palabra de origen maya que significa “agua fangosa”-,la zona con un mayor índice de pobreza y estándares más bajos tanto en salud como en educación. Se hablan cuatrograndes familias lingüísticas, además del castellano y el inglés, tal como recoge el mapa.El hecho de que Belice no se haya adherido al Convenio 169 de la OIT hace que su Constitución sea una de las másparcas a la hora de reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Se limita a reconocer los derechos fundamen-tales clásicos como son la libertad sin prejuicio de “raza, lugar de origen, opiniones políticas, color, credo o sexo” yprohibir la discriminación. Sin embargo, al comenzar el siglo XXI ha surgido en el país un movimiento, básicamentevinculado al sector de la educación, que ha comenzado a plantear con fuerza una reforma política y constitucional queincluya la cuestión “multiétnica e indígena”. Así, a comienzos del año 2000 se constituyó una comisión parlamentariapara estudiar dicha reforma llegando a la conclusión que no era necesaria puesto que ya Carta Magna vigente “cubríay protegía adecuadamente a todos los beliceños, sin importar el grupo étnico”.2El haberse adherido Belice en 1991 a la carta de pertenencia a la Organización de Estados Americanos hizo que, trasesta decisión de la comisión parlamentaria para no reformar la constitución e incluir en la misma los derechos indíge-nas, los pueblos maya q’eqchí y mopán de una treintena de comunidades de Santa Cruz y Conejo, en el distrito deToledo, recurriesen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la invasión de sus tierras por madererosy petroleros con el apoyo del gobierno. En esas dos comunidades, con una extensión de 4 millones de hectáreas,vivían unos 14.000 indígenas.Formalmente, y dado que Belice no ha suscrito la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la jurispruden-cia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no le vincula. Pero aceptó responder a esa demanda conunos argumentos curiosos, cuando menos, y que le obligaban ya moralmente a cumplir la sentencia, fuese cual fuese.Una de sus justificaciones fue que “el tema del uso de la tierra y los recursos en Toledo es sumamente complejo paraBelice, pues existen por lo menos cuatro grupos étnicos definidos en Toledo y más en el país en su conjunto” por locual, dada esta “diversidad étnica” el Estado debía considerar los intereses de todos sus ciudadanos “y adoptar uncriterio equilibrado para la solución de los mayas, manteniendo en todo momento su neutralidad como representantede todos los ciudadanos de Belice”.3 Pero esa pretendida neutralidad desaparecía cuando afirmaba, a renglón seguido,que “la cuestión de que los mayas de Belice meridional tengan o no derechos aborígenes en la zona, sigue sin estarclara”, remitiéndose al pasado colonial –antes de la independencia Belice era conocido como Honduras Británica- ya la jurisprudencia de la Commonwealth, comunidad británica de naciones a la que formalmente pertenece Belice.La CIDH, el año 2004, rechazó todas y cada una de estas curiosas alegaciones gubernamentales y emitió un duro in-forme contra el gobierno beliceño por no reconocer el derecho a la propiedad comunal de las tierras que ocupaban losindígenas y otorgar el uso de los bienes y recursos en ellas existentes a terceros. Al mismo tiempo, exigía al gobierno1 http://www.belize.gov.bz/2 http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6281.pdf3 Respuesta preliminar del Estado ante la CIDH a la petición de los peticionarios del 8 de mayo de 2001. 49
  • 50. que iniciase un proceso de demarcación, delimitación y titulación de las tierras indígenas de estas comunidades y“otorgarlas la protección necesaria para ejercer sus derechos de propiedad plena y equitativamente con los demásmiembros de la población de Belice”.4 Pocas veces había sido tan contundente la CIDH, que añadió un elementomás: la crítica al poder judicial por la “violación del derecho a la protección judicial en perjuicio del pueblo maya,al tornar ineficaces los procedimientos judiciales internos debido a un atraso irrazonable y al no brindarles, por tanto,un acceso efectivo a la justicia para la protección de sus derechos fundamentales”.5 Además, y para que no quedaseduda alguna sobre el carácter doloso con que había actuado el Estado, le exigía una reparación inmediata del dañoambiental que habían causado las concesiones madereras puesto que habían actuado tras habérselas otorgado conce-siones oficiales de trabajo en unas tierras que no les correspondían.La contundencia de esta resolución obligó a que el gobierno de Belice iniciase un tímido proceso de reforma en losámbitos mencionados, aunque lo ralentizó –y mantuvo las concesiones mineras y petroleras- hasta que se solven-tase en la Corte Suprema el litigio judicial. Tuvieron que pasar otros tres años, hasta 2007, para que dicho tribunalreconociese a las comunidades maya q’eqchí y mopán el derecho de propiedad de las tierras que han habitado an-cestralmente. El fallo de la Corte comenzó distanciándose un punto de la jurisdicción de la Commonwealth con unaafirmación histórica: “Ya es tiempo de que desaparezca definitivamente la falsedad de que la adquisición de sobera-nía alcanza a la propiedad. El cambio de soberanía por sí mismo no afecta a los derechos indígenas sobre la tierra”.No obstante, luego recurre en más de una ocasión a la jurisprudencia de esta comunidad de naciones para justificarparte de la actuación gubernamental. Es decir, mantiene las prácticas coloniales, recogidas en esta jurisprudencia(el mantenimiento del valor de las concesiones de tierras otorgadas por la corona británica), frente a las del derechoindígena que, directamente, ignora. Un constante “doy, pero te quito” que permanece a lo largo de la sentencia enla que sí hay un dato relevante como la referencia, entre otros argumentos, al derecho internacional y los estándaresque se han desarrollado durante las últimas décadas para la protección y promoción de los derechos de los pueblosindígenas. De manera explicita, la Corte se refería a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de losPueblos Indígenas de 2007 y al hecho de que obligaba al Estado a aplicar sus contenidos puesto que el voto de Belicehabía sido afirmativo a la misma.La Alianza de los Pueblos Mayas (tiene nombre en inglés, Maya Leaders Alliance) celebró como una victoria lasentencia y recalcó que la misma venía a reconocer el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos mayas almencionar la DDPI de la ONU. Exigía la rescisión inmediata de las concesiones madereras, petroleras e hidroeléc-tricas existentes en ese territorio y en ello contaba con la colaboración de la Asociación de Alcaldes de Toledo quienexigía al gobierno, por su parte, un nuevo modelo de desarrollo económico en el que primase “la afirmación cultural,la salud, la educación y la protección del medio ambiente”. La Asociación de Pueblos Mayas hacía un llamamiento:“es tiempo de que el gobierno de Belice se dé cuenta de la realidad y termine con el largo retraso en su respeto a losderechos humanos de los mayas”.6El gobierno no podía dejar de darse por enterado. Negoció un acuerdo con los pueblos maya q’eqchi y mopán reco-nociendo el derecho territorial y el derecho a los recursos naturales y se comprometió a ejecutar un plan de desarrollopara la zona aunque también anunció que iba a apelar la misma. Además, el país ha sufrido en los últimos veinte añosun cambio radical en la composición étnica y lingüística como consecuencia de una migración importante desde paí-ses vecinos como consecuencia de la guerra que les asolaba, así fuese temporal esa migración. En Belice se mantienecomo lengua oficial el inglés cuando ya no es la mayoritaria, sino el castellano. Los datos más conservadores dicenque el 60% de la población habla de forma cotidiana esta lengua y sólo utiliza el inglés para alguna cuestión oficial.Esto ha provocado que Belice haya iniciado un proceso de integración, al menos cultural, con Centroamérica y elque en las escuelas se esté comenzando a incluir la enseñanza en castellano. También que en el Parlamento se haya4 CIDH. Caso 12.053, Informe No. 40/04, Comunidad Indígena Maya del Distrito Toledo (Belice)5 Ibid.6 http://indigenouspeoplesissues.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5748:supreme-court-affirms-maya-customary-rights-for-all-maya-communities-in-southern-belize&catid=60:central-american-and-caribbean-indigenous-peoples&Itemid=82 50
  • 51. vuelto a retomar el tema de los derechos indígenas en la línea de asimilarse a los estándares de los países vecinos eintroducir alguna enmienda constitucional en ese sentido.El principio de la participación indígena en el diseño y la ejecución de proyectos de desarrollo se ha vuelto en Beliceun imperativo que cada vez será más difícil de soslayar. La apelación del gobierno a la sentencia de la Corte Supremade 2007 se resolvió en junio de 2010, volviendo a dar la razón a los planteamientos indígenas: “la tenencia consue-tudinaria de la tierra maya siempre ha existido y sigue existiendo en el sur de Belice”.7 Un mazazo para los planesexpansionistas del gobierno, que estaba negociando con compañías transnacionales madereras, mineras y petrolerasen medio millón de hectáreas de las tierras ancestrales mayas puesto que la sentencia obliga al gobierno de Belice afrenar los arrendamientos, donaciones, concesiones y contratos a los que hubiese llegado o pudiera llegar con esasempresas. Los pobladores de municipios como San Pedro de Columbia, San Miguel o Silver Creek ya habían mani-festado su oposición a estos proyectos empresariales, pero el gobierno había hecho caso omiso.Al igual que con la sentencia anterior, también el gobierno ha anunciado ahora un recurso por considerarla “perjudi-cial para el interés público, lesiva para la unidad nacional y perjudicial para el desarrollo de la comunidad maya”.8Pero el hecho de haber ratificado la libre determinación de los pueblos originarios en Belice y que en el ejerciciode este derecho puedan bloquear los proyectos gubernamentales, supuestamente de desarrollo, hace suponer que elrecurso gubernamental tiene nulas posibilidades de seguir adelante. El triunfo indígena habrá sido completo, a faltade poder aplicar en esos territorios su propio autogobierno.7 http://www.reporter.bz/index.php?mod=archive&act=view&article=4443&highlight=maya%20land%20rights&match=8 http://intercontinentalcry.org/maya-land-rights-affirmed-in-belize/ 51
  • 52. 52
  • 53. BOLIVIAEl número de habitantes de Bolivia es de 10.426.160 siendo el 62% de ellos, mayor de 15 años, de origen indígena.El quechua (49,5%) y el aymara (40,6%), que están ubicados en los Andes occidentales, son los pueblos con mayornúmero y porcentaje de población; les siguen el chiquitano (3,6%) y moxeño (1,4%), que habitan en la Amazonía y elguaraní (2,5%) en el Chaco, convirtiéndose en un pueblo transfronterizo (también está presente este pueblo Argentina,Brasil y Paraguay). El restante 2’4% de la población originaria de Bolivia corresponde a los araona, ayoreo, bauré,canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chiman, chipaya, chiriguano, ese ejja, guarasugwe, guarayo, itonama,joaquiniano, kallawaya, lecos, machineri, maropa, moré, mosete, movima, nahua (etnia), pacahuara, sirionó,tacana (etnia), tapieté, toromona, uru, yaminahua, yuqui, yuracare y weenhavek. Bolivia reconoce como pueblo alos afrobolivianos.Varios de estos pueblos atraviesan una difícil situación debido o bien a que sus integrantes se están reduciendo peligro-samente (los araona, guarasugwe, machineri, moré, pacahuara, tapieté, yaminahua y yuqui cuentan con menos de200 personas cada uno) o bien a que sus lenguas están a punto de desaparecer, a pesar de los esfuerzos que se vienenhaciendo desde 1994 –con un enfoque intercultural y bilingüe en la educación como respuesta a la heterogeneidad so-ciocultural del país- y, de forma especial, desde el acceso a la presidencia del país de un indígena aymara, Evo Morales,en 2006. En Bolivia se hablan actualmente más de una treintena de lenguas. La de los pueblos pacahuara, sirionó yyaminahua está en serio peligro de extinción dado que quien la habla es gente muy mayor (en este último caso se esti-ma en no más de 50 los yaminahua que hablan su lengua). La lengua del pueblo leco está en peligro de muerte puestoque sólo una veintena de ellos, con una edad superior a los 70 años, la hablaban a primeros de 2010 sin que las nuevasgeneraciones hayan mostrado el menor interés en su conservación y recuperación.1 Lo mismo ocurre con la de los ma-ropa, cayubaba e itonama mientras que la lengua de los canichana se da ya por extinguida puesto que solo la hablabancuatro miembros de este pueblo en ese mismo tiempo.Esta situación es consecuencia de la propia historia de Bolivia, marcada por la violencia hacia los pueblos indígenas y,de forma especial, a raíz de la instauración de la dictadura de Hugo Bánzer en 1971 a través de un golpe de estado quehacía el número 187 en 146 años de vida como país independiente. A pesar de que de inmediato se inició una durísimarepresión contra los indígenas éstos no se arredraron y crearon la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campe-sinos de Bolivia (1976) aunque poco tiempo después quedó subsumida por las organizaciones mineras y, en consecuen-cia, las reivindicaciones indígenas subordinadas a las luchas obreras. La autoorganización indígena siguió adelante y en1982 se constituye la Central de Pueblos y Comunidades Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) con la participaciónde representantes de cuatro pueblos indígenas de esa zona del país: guaraní-izoceños, chiquitanos, ayoreos y gua-rayos y con la finalidad de “consolidar la titulación de territorios con administración indígena, fortalecer la unidad delos pueblos indígenas, promover la educación bilingüe, revitalizar la medicina tradicional y construir la igualdad entrehombres y mujeres” entre otros objetivos reseñados en su proyecto fundacional.2 El salto organizativo y de influenciasocio-política lo dio cuando como consecuencia del reforzamiento de la política capitalista neoliberal a partir de 1985,con la privatización de empresas públicas, cierre de minas y eliminación de subsidios comenzó un proceso de desinte-gración de las organizaciones de izquierda y el surgimiento de movimientos sociales de nuevo cuño e independientes delos partidos políticos tradicionales.Así, en 1990, coincidiendo con el levantamiento indígena en Ecuador, se lleva a cabo la “Marcha por el territorio y ladignidad” hacia la capital, La Paz, que inicia el camino sin retorno en el proceso de fortalecimiento de los indígenascomo actores sociales y que tiene su máxima expresión cuando un año más tarde el parlamento autoriza la presencia demilitares estadounidenses con el objeto de iniciar operaciones para la erradicación de los cultivos de hoja de coca. Estoprovoca que la importante organización de cocaleros del Chapare entre a formar parte de la CIDOB, que va perdiendo1 Mily Crevels, “Bolivia amazónica” en Atlas sociolingüístico de pueblos indígenas en América Latina”, op. cit.2 http://www.cidob-bo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=85 53
  • 54. poco a poco su carácter regional (del oriente boliviano) para pasar a ser nacional, lo que le permite impulsar una seriede reformas jurídicas y políticas como el reconocimiento, por parte del Estado, de la diversidad cultural del país, la plu-rinacionalidad y la educación intercultural bilingüe.Este carácter nacional se asume oficialmente en 1998, cuando se celebra la XI Gran Asamblea Nacional de los PueblosIndígenas con participación de 34 pueblos indígenas de las Tierras Bajas (formadas por siete de los nueve departamentosde Bolivia) que refundan la CIDOB como Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, manteniendo las siglas.Es en el año 2000 cuando se produce el giro definitivo en el país andino como consecuencia de un nuevo enfrentamientoentre los indígenas y el Estado con el agua como protagonista y que era, al mismo tiempo, un exponente de cómo unacuerdo económico, el ALCA, iba a afectar a los pueblos originarios. El gobierno transfirió los derechos del agua potabley sus fuentes de una empresa estatal a una privada formada por capitales estadounidenses (75%) y nacionales (25%) loque provocó un aumento del precio tres veces superior a lo que se venía pagando hasta ese momento. Como protesta poreste hecho dos levantamientos se produjeron en abril y septiembre de ese año provocando no sólo una grave crisis a nivelgubernamental, sino que generaron “nuevos liderazgos con influencia decisiva en la vida nacional”.3 La decisión guber-namental de privatizar el sistema de agua y el consiguiente aumento del precio del servicio generaron huelgas y cortes decarretera que obligaron a dar marcha atrás en esta pretensión. Lo mismo sucedió en septiembre, a pesar de la durísima re-presión. Aquí surgieron dirigentes aymaras de relieve en el país. Uno de ellos era Evo Morales, que ya se había destacadocomo uno de los principales referentes del movimiento de los campesinos cocaleros en el enfrentamiento con la decisiónde autorizar tropas estadounidenses en la erradicación de los cultivos, logrando la suspensión de la misma.Su notoriedad no había pasado desapercibida para EEUU. El embajador en Bolivia intentó frenar la candidatura deMorales a la presidencia del país en 2002 acusándole públicamente de pretender convertir a Bolivia en un “exportadorde cocaína” y amenazó con la suspensión de la ayuda al país en caso de que ganase las elecciones. Logró justamente locontrario puesto que si bien Morales no ganó, consiguió un crecimiento electoral tan notorio que se colocó en la antesaladel triunfo que lograría, con mayoría absoluta, en 2005.Pero antes de este hecho trascendental tuvo lugar la denominada “guerra del gas” que, a la postre, vino a allanar elcamino hacia la presidencia a Evo Morales. Desde 1985 todos los gobiernos se habían caracterizado por impulsar unaspolíticas de “estabilización y ajuste” que hacía del país un exportador de materia prima que, en la práctica, facilitaba laapropiación de los recursos naturales por las empresas transnacionales, así como del proceso de generación y uso delexcedente económico de los mismos. La situación estalló en 2003, produciéndose un gran movimiento social que fuela base del cambio posterior. La reivindicación principal giró en torno a la recuperación de los derechos de propiedadde los recursos hidrocarburíferos a favor del Estado. En ese momento, de hecho, el país estaba en manos de empresasextranjeras puesto que no sólo controlaban los hidrocarburos, sino las telecomunicaciones, la energía eléctrica, el trans-porte ferroviario y el aéreo. Además, eran mayoritarias en la minería, la agricultura, el comercio, la banca y la industria.El impulsor de esta venta del país fue Gonzalo Sánchez de Lozada en su primera presidencia de 1993 a 1997. Retornó ala primera magistratura del país en el año 2002 y retomó un plan de su antecesor para la construcción de un gasoductohasta Chile (Bolivia no tiene acceso directo a mar) por el que se exportaría gas natural a Estado Unidos y México porparte del Consorcio Pacific LNG, conformado por Repsol YPF, British Gas, Pan American y la empresa compradoraSempra. En estos planes, Bolivia no tenía ni arte ni parte. Su papel se limitaba a la recepción de tributos en cantidadesridículas: el 18% de las ganancias. Como era la norma en Bolivia, las protestas populares se saldaron con decenas demuertos y centenares de heridos. Con la represión el gobierno pretendía desbloquear los nudos de comunicación, to-mados fundamentalmente por indígenas reclamando el retorno de las riquezas naturales a manos del Estado. Pese a larepresión, el presidente del gobierno terminó huyendo en octubre de 2003. Es en este clima en el que Morales consigueel triunfo por mayoría absoluta en 2005 con tres grandes promesas: nacionalización de los hidrocarburos, AsambleaConstituyente y el acceso de los pueblos indígenas a la tierra y al territorio teniendo en cuenta la presencia en ellos delos recursos naturales.3 Mailer Mattié, Op. cit. 54
  • 55. En poco más de un año en la presidencia, Evo Morales puso en marcha una serie de medidas que lograron mejoras clarasen la mayoría de los indicadores económicos principales, sólo posibles al permitir que expirase el acuerdo con el FMI ytener las manos libres para impulsar nuevas políticas económicas y de desarrollo. Una de las primeras de esas medidasfue aumentar el control estatal sobre los hidrocarburos, lo que permitió al país tener un crecimiento -siempre hablandoen términos macroeconómicos- del 4’1% en este primer año de su gobierno, un porcentaje nunca visto en Bolivia en los20 años que el país estuvo sujeto a las directrices del FMI y del Banco Mundial.Esta iniciativa fue acompañada de unas propuestas normativas legales como fueron el Reglamento de Monitoreo Socio-ambiental y el Procedimiento de Consulta y Participación sobre Actividades Hidrocarburíferas en Pueblos Indígenas,Originarios y Campesinos que tenían como fin garantizar la participación de las organizaciones indígenas y campesinasen este tipo de actividades económicas dentro de sus territorios y para asegurar que antes de cualquier inicio empresarialen esos campos se hubiese realizado la consulta previa establecida en el ordenamiento legal internacional. Se iniciabaasí, de forma conjunta, el camino hacia la ampliación de derechos en la futura constitución.También se puso en marcha una iniciativa que, a la postre, ha demostrado ser importante para otorgar estabilidad al go-bierno y evitar el enfrentamiento con los indígenas de los que él mismo forma parte: neutralizar al Ejército, que siemprehabía sido clasista y racista, al pasar a retiro a una serie de generales, ascender a mandos intermedios como coroneles y,lo más importante, abrir las academias militares a cadetes indígenas (vetados hasta ese momento). Era una medida quetrascendía el simbolismo.Morales ponía en práctica así dos de las exigencias del movimiento indígena: por una parte, el fin de las políticas deprivatización, endeudamiento y exportaciones que exigían una explotación desaforada de los recursos y, por otra, latransformación del Estado impulsando reformas legales. No obstante, los esfuerzos por transformar el país dando unmayor protagonismo a los pueblos originarios encontraron una durísima oposición.Primero de la judicatura. El Tribunal Constitucional estableció que la obligatoriedad en la consulta a las comunidadesy pueblos indígenas no debía ser entendida como solicitud de autorización para desarrollar actividades de explotaciónhidrocarburífera en el país dado que el Convenio 169 de la OIT “impone el deber de consultar cuál será el daño quepueden sufrir sus intereses, para que sea debida y equitativamente indemnizado” [el pueblo indígena afectado], por loque “esa consulta no puede ser entendida como la solicitud de una autorización, sino como un acto efectivo de consultara los pueblos indígenas y tribales asentados en los territorios objeto de la explotación sobre la cuantificación del daño asus intereses que sufrirán como efecto de dicha extracción; y mucho menos puede ser entendida como una facultad paraimpedir la explotación de la riqueza del subsuelo que pertenece al Estado, pues por encima de los intereses de grupo decualquier índole, se encuentra el supremo interés de la mayoría, expresado por las autoridades del Estado”.4Segundo, de los sectores tradicionales, criollos y empresariales, radicados en las provincias orientales del país y quehicieron que el año 2008 fuese uno de los más violentos de las dos últimas décadas. El siempre omnipresente tema racialen América.El eje sobre el que pivotó la rebelión de los oligarcas fue el tema de la extensión de las tierras. Ya habían tenido un mo-tivo de preocupación cuando las organizaciones indígenas decidieron acompañar la política del Gobierno en materia detierra para desmantelar el llamado paquete de contrarreforma agraria impuesto por el gobierno anterior con propuestasy movilizaciones como la que impulsó la CIDOB con el propósito de reconducir el proceso agrario del gobierno, garan-tizando el acceso y reconstitución de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas, así como el acceso a la tierrapara miles de campesinos sin ella. La oligarquía latifundista y empresarial demostró que aún contaba con fuerza al pararla ley en el Senado, pero la posterior movilización indígena, masiva, logró que esta cámara legislativa aprobase final-4 Tribunal Constitucional. Líneas jurisprudenciales: Consulta a comunidades, pueblos indígenas y originarios/No entendida como solicitudde autorización. 21 de agosto de 2006. 55
  • 56. mente la ley. En ella se hablaba de identificar las tierras improductivas que no estuviesen cumpliendo la llamada FunciónEconómica Social para su reversión a los indígenas, se consideraba la expropiación de tierras para la reconstitución dela territorialidad indígena y se establecía la dotación de las tierras de forma comunitaria y no individual asegurando elcontrol social en todo el proceso de saneamiento. Además, facultaba al Presidente de la República para entregar nomi-naciones jurídicas a comunidades indígenas y campesinas en caso de negación de la misma por las autoridades locales.La moderada nacionalización de los hidrocarburos no había molestado expresamente a la oligarquía (según las encues-tas el 90% de la población boliviana apoyaba la nacionalización), pero sí lo hizo la aprobación de una ley de reformaagraria que si se aplicaba en su literalidad supondría redistribuir entre los campesinos unos 123.000 kilómetros cuadra-dos de tierras ociosas e improductivas, una extensión equivalente a dos países, Austria y Suiza juntos, por dar un dato.En los dos primeros años de gobierno de Evo Morales sólo se había entregado a los campesinos el 11% de estas tierrasociosas en manos de terratenientes. No era una lucha frontal contra el latifundio, ni mucho menos, pero sí una medidaque la oligarquía consideró una amenaza vital para su status quo puesto que es donde se ubica todo su poder: la propiaConferencia Episcopal de Bolivia, nada proclive a las reivindicaciones campesinas e indígenas, había reconocido que el90% de las tierras productivas de Bolivia estaba en manos de 50.000 personas.A partir de entonces los intentos para derrocar al gobierno de Morales no hicieron más que tomar diferentes formas. Lamás novedosa fue la reivindicación “autonomista” de una serie de departamentos: Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija.Sólo en estos departamentos triunfó la propuesta de la oligarquía de autonomía regional, abrumadoramente derrotadaen el resto del país, pero desde ese momento, el objetivo fue derrocar a Morales. Al menos en uno de ellos, Santa Cruz,se llegó a prohibir la exhibición de la wiphala5 (símbolo de identificación nacional y cultural de los andes amazónicos)prescindiendo del hecho que los cinco pueblos originarios – chiquitano, guarayo, ayoreo, guaraní y yuracaré- quehabitan este departamento habían manifestado de forma tajante su apoyo a las propuestas gubernamentales y de formaespecial al referéndum constitucional que estaba convocado para el año siguiente.La llamada oposición y la élite económica consideraron que las reformas puestas en marcha eran una amenaza parasu forma de vida y se valieron de todos los medios posibles para impedir que se consolidasen. Era, además, una lucharacista: “si no nos unimos los cambas [blancos, habitantes mayoritarios de estos departamentos], los collas [indígenas]nos van a querer arruinar, ya que lamentablemente tenemos un presidente indígena”.6 Se podía decir más alto, pero nomás claro. La estrategia de resistencia a la cuestión de las tierras y su extensión máxima se ocultó con esta estrategiaautonomista de corte abiertamente separatista y racista que incluía la realización de referéndums departamentales. Elgobierno hizo repetidos llamamientos al diálogo que fueron rechazados una y otra vez por los secesionistas quienes, porel contrario, redoblaron su campaña contando con el apoyo entusiasta de los medios de comunicación privados, nacio-nales e internacionales. Ni qué decir tiene que todos estaban, y están, en sus manos.La respuesta indígena fue sorprendente. Muy mayoritariamente se abstuvo de votar y hubo sitios donde se declaró laautonomía, como el pueblo de Chiquitano de Lomerío (Santa Cruz), y en ejercicio de su derecho a la libre autodeter-minación –para lo que las autoridades locales se apoyaron en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas dela ONU- no se permitió la celebración de referéndum alguno en su territorio. Esto exacerbó aún más a la oligarquía,que incrementó su violencia de corte racista, humillando y agrediendo públicamente en el centro de la ciudad deSanta Cruz a indígenas o a personas que portaban atuendos indígenas. También se atacó a delegaciones gubernamen-tales, de forma especial y reiterada la del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Y se llegó al secuestro de dirigentesindígenas y campesinos. De muchos de estos casos quedó constancia gráfica y documental que dejaba patente la5 Palabra que tiene su origen de las palabras aymaras “Wiphay” que es una expresión de alegría y “phalax”, que es el sonido producido porel flamear de una bandera.6 Declaraciones de David Torrico, presidente del denominado Comité Cívico de Pando al diario La Razón el 4 de julio de 2006. Camba esuna palabra de origen bantú llegada a América con la esclavitud y que pasó al español boliviano y andino a través del guaraní, lo que nodebe conocer el segmento racista que la usa. Originalmente significa compañero o camarada. Quienes reivindican y usan el término no sóloen Bolivia, sino en toda América Latina, defienden un continente no indígena y unos intereses económicos socialmente desiguales. Es, endefinitiva, una mentalidad y una ideología no ya supremacista, sino racista. 56
  • 57. desesperación colonial de quienes no aceptan el cambio sociopolítico del país y la nueva correlación de fuerzas.Sin embargo, no era más que un prefacio de lo que se avecinaba y una demostración de hasta dónde los sectores oligár-quicos estaban dispuestos a llegar para mantener su poder. Se ocuparon plantas de gas; incendiaron y saquearon 140instituciones públicas y empresas del Estado, así como oficinas de organizaciones no gubernamentales que trabajabancon pueblos originarios y se destruyeron sedes de organizaciones indígenas, como la nacional de la CIDOB que seubicaba en Santa Cruz. La respuesta no tardó en llegar y en el departamento amazónico de Pando los campesinos e in-dígenas iniciaron una serie de movilizaciones de rechazo a estas actitudes. Una de ellas fue atacada causando más de 20muertos y un centenar de heridos. Es lo que se conoce como “la matanza de Pando”, que fue respondida de inmediatopor los indígenas bloqueando las carreteras del departamento de Santa Cruz y cercando la capital del mismo nombre. ElDefensor del Pueblo fue bastante claro en la calificación de esta matanza: “ejecución de prácticas xenofóbicas y racistascontra personas provenientes de occidente y atropellando los derechos de los pueblos indígenas”.7Para nadie era un secreto el componente racista de la rebelión oligárquica, alentada y apoyada por medios de comuni-cación de dentro y fuera de Bolivia, y sus consecuencias. Este aspecto fue resaltado por la Federación Internacional deDerechos Humanos, órgano consultivo de la ONU, preocupada por unos medios de comunicación que no sólo “se alejande su función social de informar y orientar con veracidad e independencia a la ciudadanía”, sino que “emiten informa-ciones que han tenido como consecuencia directa o indirecta, o han coadyuvado a la realización, de actos de violenciaracista o de ataque contra organizaciones indígenas o de defensa de los derechos humanos”.8 El racismo subyacente detoda esta crisis era evidente también para la comisión de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR): “una clarapersecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos raciales, nacionales, étnicos, culturalesy sociales”.9 Lo mismo pensaba el Relator Especial de la ONU sobre la Situación de los Derechos Humanos y LibertadesFundamentales de los Indígenas, quien entendía que esos ataques se producían “en el contexto de una política sistemá-tica contra los esfuerzos del gobierno de Bolivia por garantizar los derechos indígenas”.10 Sólo la gestión del gobiernoimpidió que indígenas y campesinos se tomasen la revancha por las muertes de Pando mientras, en un gesto sin prece-dentes, expulsó del país al embajador de EEUU por conspirar contra la democracia y promover la división de Bolivia.La gestión gubernamental consistió en el inicio de un diálogo entre todos los prefectos (gobernadores) de los nuevedepartamentos del país, parlamentarios y ex parlamentarios, miembros del gobierno y del movimiento indígena que,no sin vicisitudes, terminó con una serie de modificaciones a diferentes artículos del texto constitucional que había sidoaprobado por la Asamblea Constituyente. Así quedó listo el referéndum sobre la Nueva Constitución Política del Estado,votada en 2009. Por vez primera en la historia de Bolivia se aprobada una Carta Magna que responde a un reconocimien-to y garantía de derechos y libertades en pie de igualdad y que establece un sistema político no importado, sino adaptadoa las características plurales y complejas de composición de la propia ciudadanía articulándose, además, de forma muycuidadosa la cuestión de las autonomías garantizando la igualdad de derechos entre las personas, comunidades y pueblosque constituyen Bolivia.Durante los años de la presidencia de Evo Morales es notable el avance alcanzado en la cuestión de derechos de lospueblos indígenas. Y en el tema de la tierra. Se han titulado como tierras indígenas más de 31 millones de hectáreas, cifraenorme si se tiene en cuenta que en los veinte años anteriores a su llegada a la jefatura del país sólo se habían otorgado alos pueblos indígenas 9 millones de hectáreas. De esa cantidad, 11 millones de hectáreas se han titulado como propiedadcolectiva, en la figura de tierras comunitarias de origen. Se comprende, entonces, que la principal organización empre-sarial de Bolivia hiciese campaña contra la “Constitución indigenista-socialista”.117 http://www.defensor.gov.bo/defensor/userfiles/file/InformePando.pdf8 http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?t=127709 http://alainet.org/images/INFORME%20UNASUR%20FINAL.pdf10 http://www.milenio.com/node/8196511 http://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTASIE4901KG20081001?sp=true 57
  • 58. La propiedad colectiva de la tierra es una modalidad de propiedad agraria reconocida por la Constitución de 1994 yampliada en la de 2009, donde los pueblos campesinos y comunidades indígenas desarrollan sistemas de organizacióneconómica, social y cultural comunitarios. Su estatuto legal, en virtud de ese reforzamiento que establece la CartaMagna aprobada en 2009, reconoce la integralidad del territorio indígena originario campesino, que incluye el derechoa la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables; a la consulta previa e informaday a la participación en los beneficios por la explotación de los recursos naturales no renovables, así como la facultadde aplicar sus normas propias, sus estructuras de representación y la definición de su desarrollo de acuerdo con suscriterios culturales y principios de convivencia armónica con la naturaleza. La tierra comunitaria de origen puede sertitulada reconociendo la complementariedad entre derechos colectivos e individuales y respetando la unidad territorialcon identidad. La distribución y redistribución de tierras para el uso y aprovechamiento familiar se rige por las reglasde la comunidad, de acuerdo a sus usos y costumbres. El territorio indígena originario campesino, además, reconocey garantiza los derechos legalmente adquiridos por propietarios particulares, y también respeta la sucesión hereditariasegún los usos y costumbres de la comunidad.El mismo día que se aprobó la Constitución (con un 61’96% de votos favorables), el 25 de enero de 2009, se decidióen otra consulta (en este caso el voto afirmativo fue del 80’65%) que la extensión máxima de las propiedades privadasagrarias pasase a ser de 5.000 hectáreas, superadas las cuales ya se considera la extensión de tierra como latifundio. Almes de ello, el Estado recuperaba 36.425 hectáreas de tierra en la provincia de Santa Cruz por incumplir la FunciónEconómica Social y darse, además, la circunstancia que se había descubierto que más de 50 familias guaraníes vivíanen condición de servidumbre y trabajos forzados.12Los datos son abrumadores, pero la respuesta de la oligarquía criolla –con la connivencia de sus homólogos, criolloso metropolitanos, en otras partes del mundo que controlan medios de comunicación- fue desconocer los resultados deambas votaciones pese a que en el caso de la limitación de los latifundios no tenía carácter retroactivo y sólo se aplica apartir de la entrada en vigencia de la Constitución. Este sector, claramente racista, sólo entiende la lealtad constitucionalcuando es a su favor. Había negociado con el gobierno cambios constitucionales que poco tiempo después, desconocía.Cuando se produjo al masivo voto reduciendo el número de hectáreas de las propiedades agrarias volvió a impulsarla violencia. Se puede negociar casi todo, venía a decir, menos la riqueza. Su riqueza. El hecho que la OIT acogiesecon “sumo interés” todo el proceso, saludase el mismo y “tomase nota con satisfacción de la legislación aprobada” 13tiene sin cuidado a este sector social, político y económico que cuando se convocaron estas cruciales votaciones seguíahaciendo alarde de su racismo: “¿qué podemos esperar de un indio maldito?, y lo digo de corazón, porque no le tengomiedo, un cocalero, un sindicalista, ¿qué podemos esperar de un tipo que no sabe nada?”.14El salto dado por los pueblos originarios en Bolivia es único en todo el continente americano. Han decidido asumir elriesgo de ser, de existir no sólo físicamente sino políticamente. Se han concienciado que para tener palabra hay que tenerpoder y han venido trabajando hasta lograrlo en la nueva Constitución Política del Estado15, que establece que “se con-sidera Nación y pueblo indígena originario campesino a toda la colectividad humana que comparta identidad cultural,idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonialespañola”. En este texto legal se reconoce el derecho de los pueblos originarios a existir libremente; a su identidad cultu-ral, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión; a inscribir su identidad culturaljunto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u otros documentos de identificación con validezlegal; a la libre determinación y territorialidad; a que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado; a latitulación colectiva de tierras y territorios y a la protección de sus lugares sagrados; a crear y administrar sistemas, mediosy redes de comunicación propios; a que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas,12 http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2009020509&PHPSESSID=df63b5b6db44954e8f310a37fea28a0f13 OIT. Conferencia Internacional del Trabajo, 99.ª reunión, 2010. Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169). Bolivia.14 Manifestaciones de Ruth Lozada, dirigente del denominado Comité Cívico Femenino en Santa Cruz, recogidas por la Agencia Bolivianade Información el 30 de agosto de 2008. http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?1051615 Congreso Nacional de la República de Bolivia. http://www.fndr.gov.bo/doc_normas/CPE.pdf 58
  • 59. sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados; a vivir en un medio ambiente sano,con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas; a la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, cienciasy conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo; a una educación intracultural, intercultural yplurilingüe en todo el sistema educativo; al sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y prácticastradicionales; al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión; a ser consultadosmediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legis-lativas o administrativas susceptibles de afectarles, respetando y garantizando el derecho a la consulta previa obligatoria,realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en elterritorio que habitan; a la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios; ala gestión territorial indígena autónoma y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables exis-tentes en su territorio, así como a la participación en los órganos e instituciones del Estado. Para el objetivo de este libro,obsérvese el rango constitucional que se otorga a una cuestión crucial: los pueblos indígenas disponen de los recursosrenovables en sus territorios y participan en el aprovechamiento de los no renovables.Es decir, la nueva Constitución de Bolivia comprende e incluye a las naciones y pueblos indígenas originarios no sólocomo poblaciones, culturas y saberes plenamente reconocidos, sino también desde la perspectiva de los derechos. Nosolamente se trata de la declaración de derechos colectivos, sino que incluye un capítulo específico dedicado a los de-rechos de las naciones y pueblos indígenas. Entre ellos está el reconocimiento de la justicia indígena: “la jurisdicciónordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozarán de igual jerarquía”, dice el texto constitucional.Es un logro que traspasa las fronteras bolivianas y adquiere rango de interés internacional sobre todo por un aspecto: laplurinacionalidad. Un asunto recogido con interés en algunos países y con preocupación en otros porque en la Constitu-ción de Bolivia no se queda en una mera declaración que define el Estado, sino que se transversaliza a lo largo de todoel texto constitucional. Es decir, la plurinacionalidad llega a todos los rincones, desde el reconocimiento efectivo de laslenguas indígenas junto al español (puesto que no sólo las reconoce, sino que las pone en paridad) a los órganos legis-lativos, judiciales o constitucionales (donde desaparecen los cupos y se apuesta por organizar las instituciones de formaque realmente resulten representativas de la diversidad de pueblos constituyentes del Estado). Es lo que un destacadocatedrático español ha calificado como “constitucionalismo emancipatorio”.16 Ahora sí que un país del continente ame-ricano está iniciando de forma clara su proceso de descolonización. Si bien ese camino se inició hace doscientos añosal emanciparse las élites de las metrópolis europeas, el colonialismo hacia los pueblos indígenas se mantuvo y reforzó anivel interno a través de todo tipo de normas y comportamientos supremacistas políticos, económicos y jurídicos.Sin embargo, no todo es un camino de rosas. Las organizaciones indígenas criticaron duramente la decisión del gobiernode aprobar una ley que desvirtuaba partes del texto constitucional, sobre todo en lo referente a la participación política.Así, se consideró una “transgresión constitucional” el que el número de escaños especiales para la Asamblea LegislativaPlurinacional fuese únicamente de siete, muy lejos de los 36 que solicitaban los indígenas. No obstante, esta crisis nominó el apoyo a Morales, reelegido como presidente en diciembre de 2009 con una mayoría histórica del 64’22%, y suspropuestas de refundación del país aunque se han producido movilizaciones, alentadas por la Confederación de PueblosIndígenas de Bolivia, que han llegado a poner contra las cuerdas al gobierno.Con altibajos, la alianza de las organizaciones indígenas con el partido que sustenta al presidente, el Movimien-to Al Socialismo, se ha venido manteniendo logrando la inclusión de algunos candidatos en las listas partidarias,sobre todo tras alcanzar un compromiso con Morales para colocar en las listas a aquellos candidatos que fueranelegidos por las propias organizaciones indígenas (lo que se cumplió sólo parcialmente) dado que el partido enel gobierno priorizó a la clase media urbana en un intento de conseguir la mayoría en unas ciudades en las queasustaba un poco la idea de la “ruralización” de la política si se iba de la mano de las organizaciones indígenas.Hay que tener en cuenta que el 65% de la población vive en áreas urbanas para entender todo esto.16 Bartolomé Clavero, “Bolivia: Entre constitucionalismo colonial y constitucionalismo emancipatorio” http://alainet.orgactive/30311&lang=es 59
  • 60. Y el desencuentro va a más. A mediados de 2010 las organizaciones indígenas lanzaron una nueva oleada de marchas ymanifestaciones reclamando al gobierno una aplicación rápida y estricta de los parámetros recogidos en la Constitución.Es algo que no se ha entendido muy bien puesto que la CIDOB y el gobierno de Morales han mantenido no pocas coinci-dencias programáticas y han sido aliados frente a la estrategia golpista de la oligarquía criolla. El propio presidente llegóa identificar a la CIDOB, sin mencionarla, con la oligarquía: “como la derecha no encuentra argumentos para oponerseal proceso de cambio, ahora recurre a algunos dirigentes campesinos, indígenas u originarios, quienes son pagados conprebendas de algunas ONG”.17Es comprensible que el gobierno haya sentido esta convocatoria de marchas como una agresión. Pero también deberíahaber comprendido que una vez derrotada la estrategia desestabilizadora de la oligarquía criolla, la CIDOB volviese aplantear que existe una nueva relación que la sitúa frente a un Estado de nuevo cuño, que ha incluido nuevos derechosen el texto constitucional pero que tiene que hacer realidad lo de Estado Plurinacional. Y, más en concreto, la elaboraciónde una propuesta de autonomía indígena que la propia CIDOB ha presentado para su discusión con el gobierno, a quiense reconoce la facultad para gobernar pero también a las organizaciones indígenas la facultad de proponer.Prácticamente desde que comenzó 2010 la CIDOB venía negociando con el ministro de Autonomías una ley en estesentido, con más coincidencias que desacuerdos. Éstos eran, por una parte, que los pueblos indígenas reclamaban quelos acuerdos se aprobaran por usos y costumbres mientras el Estado exige que se haga en referéndum y, por otra, lademarcación de autonomías que sobrepasan los límites departamentales actuales puesto que un mismo pueblo indígenano se limita a una sola zona de un departamento.Estas propuestas no son otra cosa que el intento de lograr su proyección como pueblo y colectividad, en el Estado bo-liviano, para relacionarse en condiciones de igualdad y autodeterminación -económica, política y social- con los otrosespacios territoriales bolivianos, independientemente del número de su población. Esto es así porque la CIDOB, en estaocasión, representa a los habitantes de las llamadas Tierras Bajas, es decir, el espacio boliviano que abarca el Oriente,Chaco y la Amazonía que, a su vez, representa las dos terceras partes de Bolivia y en el que hay la mayor diversidad étni-co-cultural y lingüística aunque sólo cuenta porcentualmente con poco más del 8% del total de la población indígena delpaís. Pero son estos pueblos quienes, históricamente, más han sufrido la “tutela” de iglesias o patronos que les han tenidoexcluidos y sometidos negándoseles la posibilidad de ser considerados casi como personas. No hablemos, por lo tanto,de relaciones de poder o política. La implementación de las autonomías indígenas tendría que revertir esta situación yrequiere establecer gobiernos propios que tomen en cuenta la complejidad de los sistemas políticos tradicionales.Como todo lo nuevo, corre riesgos. El sueño de la autonomía indígena comenzó a materializarse el 1 de agosto de 2009en los municipios Jesús de Machaca y Charazani (La Paz), Tarabuco y Mojocoya (Chuquisaca) y Chayanta (Potosí) ydos tierras comunitarias de origen San Antonio de Lomerío (Santa Cruz) y Rajaypama (Cochabamba). Un año despuéslos municipios en los que los indígenas se regirán por sus propias normas, usos y costumbres son once. Es un procesoque se está materializando de forma lenta y no sin riesgos. Las autonomías indígenas “podrían derivar en espacios ‘denadie’ (o de contrabandistas, narcotraficantes, especuladores de la tierra, pirateros, supuestos empresarios privados, agroindustriales y forestales, mineros y menonitas, brasileros y bolivianos que deterioran la calidad del medio ambiente), silas instancias administrativas de éstas no cumplen con su función, principalmente de administrar justicia; incluso conrespecto a individuos indígenas que valiéndose del desconocimiento de sus representados y de su situación de poder enlas centrales -organizaciones políticas nuevas creadas a partir del fortalecimiento del movimiento indígena en las comu-nidades- o esgrimiendo poderes públicos violan leyes que favorecen a éstos amparándose en procedimientos propios”.18Algunas corrupciones han sido detectadas entre dirigentes de ciertas comunidades al pactar en su nombre y beneficiocon empresas extractivas, aunque por el momento no en los once municipios autónomos.17 www.prensamercosur.com.ar18 Mercedes Nostas Ardaya y Alicia Tejada Soruco: “Bolivia, los pueblos indígenas y su relación con el nuevo Estado”, http://www.alainet.org/active/39312&lang=es 60
  • 61. Las presiones de esas compañías extractivas no han tardado en presentarse a nivel nacional tampoco. La empresa estatalYacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se está convirtiendo en la portavoz del lobby empresarial petroleroal criticar las “demandas sobredimensionadas” de las comunidades indígenas porque “frenan las inversiones”.19 Todoporque guaraníes y weenhayek de la región del Chaco de Tarija se oponen a que la brasileña Petrobras y la británicaBritish Gas (BG) realicen operaciones petroleras en sus territorios en tanto no desarrollen proyectos productivos allí yden empleo a sus habitantes. Una reivindicación muy revolucionaria y desestabilizadora, a lo que se ve, para las trans-nacionales pero que ha surtido su efecto. En el momento de escribir este libro, el gobierno ha anunciado la modificacióndel reglamento de consulta indígena para fijar límites a la compensación que las comunidades pueden recibir por losdaños que las actividades de las empresas extractivas causen en su territorio. Ya no serán las negociaciones directas entrecomunidades y empresas quienes establezcan los pagos, sino que se harán por ley en un rango que oscilará entre el 0’5%y el 1’5% del monto de la inversión.20 El gobierno había anunciado que aunque marchasen todos los indígenas del paísno iba a violar ni a transgredir la Constitución. No lo ha hecho, pero con esta normativa claramente la limita.El Estado se ha dado mucha prisa en legislar a favor de las empresas. Sería deseable, e indispensable, que el accionardel Estado en este ámbito salvaguardase los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas en su interrelacióncon los no indígenas y eso se tradujese en marcos institucionales de derecho y de responsabilidad administrativas. Porejemplo, establecer por ley la consulta previa en la explotación minera, inexistente en la actualidad. Esto incluye tam-bién a las tierras comunitarias de origen puesto que el nuevo ordenamiento legal reconoce su forma de vida diferenciadade la economía campesina y de otras lógicas económicas y, por lo tanto, no es posible reducir estos territorios, ocuparloso redistribuirlos y, hoy por hoy, siguen vigentes las certificaciones de derechos y venta ilegal de estas tierras.El conflicto ha terminado con una tregua que no soluciona las cuestiones pendientes, sólo las aplaza. Se ha establecidoun preacuerdo entre el gobierno y la CIDOB que establece que “en todas las estructuras de gobierno plurinacional sedesignen autoridades provenientes de los pueblos indígenas propuestos a través de la CIDOB y sus organizaciones re-gionales”, algo que se recoge en la Constitución. Estos representantes serán finalmente elegidos por el gobierno, perodentro de los propuestos por la organización indígena.Hay una nueva Bolivia aunque todavía quedan resabios muy incrustados de la vieja. Sin potenciar a las naciones ypueblos originarios, tal y como está recogido en el ordenamiento legal surgido de la Constitución de 2009, todo quedaen papel mojado o en medidas simplemente cosméticas. Tiene que haber una refundación real del Estado, y ello llevaa una descolonización física y mental, ya en marcha pero aún enfrentando grandes resistencias. Tal vez el caso más lla-mativo, y que tiene que ver con el interés del gobierno en lograr y mantener el apoyo de la clase media de las ciudades,es el hecho que se está buscando un camino intermedio entre las reivindicaciones indígenas y el poder centralista delEstado: traspasar los poderes a los gobernadores y alcaldías, algunas de ellas en manos indígenas sí, pero en su mayoríase mantienen como espacios de poder de las élites locales. Sin una subordinación de lo plurinacional –y así lo reconocenlos indígenas- a las necesidades funcionales del Estado la nueva Bolivia no funcionará; pero para que todo el engranajesiga su marcha emancipatoria hay que dejar de pensar que a los indígenas se les manipula y pasar a ampliar el ámbitode decisiones: el régimen de autonomías para los pueblos indígenas.La historia de Bolivia deja bien patente que los pueblos originarios han hecho todo lo posible por no tolerar su margina-ción política y social. Lo segundo lo están logrando, mal que bien, y lo primero lo continúan peleando. Saben, además,que sus tierras son muy ricas en recursos naturales y que el Estado necesita estos recursos para mejorar la economía.Pero saben, también, que la lógica extractora y depredadora les ha llevado a la destrucción y no están dispuestos a queesta situación continúe. Y menos en la Bolivia actual.19 http://www.finanzas.com/noticias/empresas/2009-09-21/201000_ypfb-empresas-dicen-indigenas-frenan.html20 http://www.hidrocarburosbolivia.com/bolivia-mainmenu-117/gobierno-relacionamiento-mainmenu-121/32487-gobierno-limita-compensacion-por-dano-ambiental-petrolero-.html 61
  • 62. 62
  • 63. BRASILHablar de este país es hacerlo de casi la mitad de los pueblos originarios existentes en los países de habla no inglesa yfrancesa del continente americano. Según el censo de 1991 el porcentaje de indígenas en relación a la población totalbrasileña era de 294.000 personas, pero la nueva encuesta censal del año 2000 elevaba a los 734.000 el número dequienes se auto identificaron como indígenas, la mayor tasa de crecimiento entre todas las categorías de color o razaen una población total de 184 millones.1 Que en diez años se triplicase la cifra sólo se puede explicar por razones quevan más allá del crecimiento vegetativo, en especial por la autoafirmación indígena de una parte de la población ur-bana que en el censo anterior no se había identificado como tal. Un dato que refuerza esta hipótesis es que el númerode indígenas que se estimaba residente en ciudades o capitales era del 12% mientras que en el año 2000 el porcentajeascendía al 18’1%.Hay 241 pueblos indígenas en Brasil: aikaná, ajuru, akuntsú, amanayé, amawáka, amondawa, anambé, apa-rai, apiaká, apinaye, apuronâ, arapáso, arara, araweté, arikapu, ariken, arikosé, aripuaná, aruá, ashaninka,assurini, atikum, ava-canoeiro, awá, aweti, bakairi, banavá-jafí, baniwa, barasona, baré, bocotudo, bororo,cinta larga, cocal, deni, desana, diahoi, enawené-nawê, fulni-ô, guajá, guajajara, guarany-kaiwá o nhandéwa,guaraní-mbyá, guató, galibi, galibi-marworno, gavião, hahaintsú, himarima, hixkaryana, ikpeng, ingaricô,irantxe, issé, jabuti, jamamadi, jaminawa, jarawara, javae, jenipapo, jeripancó, jihaui, juma, juriti, juruna,ka’apor, kadiwéu, kaingang, kaixana, kaimbé, kalabassa, kalapalo, kalibi, kalina, kamayurá, kamba, kambe-ba, kambiwá, kanamanti, kanamari, kanela, kanindé, kanoê, kantaruré, kapinawá, karafawyána, karaja, ka-rapana, karipuna, kariri, kariri-wucuru, kariri-xocó, karitiana, karo, katawixi, katitaulú, katukina, katwená,kaxarari, kaxinawá, kaxixó, kaxuyana, kayabi, kayapó, kayuisna, kiriri, kiriri-barra, kisedje, kobema, koiala,kokama, korubo, kubeo, kujubim, kulina, kuikuro, kinikinawa, kraho, kreen-akarôre, krenak, krikati, kwaza,macuxi, maku, makuna, makuráp, makuxi, manairisu, mapidiam, manxinéri, marimam, marubo, matipu,matis, matses, mawaiâna, mawé, mayoruna, maxakali, maxineri, mehináko, mekén, metuktire, miguelem,miranha, miriti, munduruku, mura, mutum, mynky, nafukuá, nambikwara, naravute, nawa, nukuni, ofaié,orowin, paiter, pakaanova palikur, panará, pankararú, parakanã, pareci, parintintin, patamona, pataxó, pa-taxó hã hã hãe, paumari, paumelenho, pirahâ, pira-tapúya, pitaguari, potiguara, poyanawa, rikbaktsa, saki-rabiap, saturé-mawé, shanenawa, suriána, suruí, suyá, suruí, tabajara, tapayuna, tapeba, tapirapé, tapuya,tariána, taurepang, tembé, tenharin, terena, timbira-gavião, tingui-botó, tiriyó, torá, tucano, tukúna, tupari,tupinambá, tupiniquim, turiwara, tuxá, tuyúca, tremembé, trumai, truká, umutina, uru eu wau wau, urupá,waiãpi, waimiri-atroari, waiwái, wapixana wanana, warekena, wassú, wuaura, wayampi, wayána-apalai, ya-mamadi, yanomami, yawalapiti, yawanáwa, ye’kuana, xakriabá, xavante, xerente, xeréu, xeta, xipaya, xiqui-tano, xocó, xokleng, xucuru, zo’e, zoró y zuruahâ.Los pueblos juma, diahoi, karipuna, ava-canoeiro, aruá, arara, kraho, tapayuna, galibi, patamona, barasona,karapana, makuna, siriána, miriti, arikapu, kujubim, orowin, mynky, kanoê, kwaza, tuxá, xeta y ofaié cuentancon menos de un centenar de integrantes, mientras que los pankararú, trumai, maku, jabuti, kulina, zuruahâ,paumari, jarawara, banavá-jafí, matipu, aweti, zo’e, assurini anambé, amanayé, apiaká y uru eu wau wau nollegan a los doscientos miembros cada uno. Esto significa que una cuarta parte de los pueblos indígenas de Brasil estáen una situación extremadamente frágil y vulnerable, con grandes posibilidades de extinción en un futuro no muylejano. De estos pueblos sólo los ofaié, xeta, kalabassa, tuxá y pankararú viven fuera de la Amazonía y hay uno,el ava-canoeiro, que tiene su hábitat dentro y fuera del territorio amazónico indistintamente. Este pueblo tiene yaprácticamente extinguida su lengua dado que en el momento del censo sólo la hablaban 20 personas, mientras que enotros como los akuntsú y juma hablan sus lenguas menos de una treintena de personas en cada uno.1 http://www.ibge.gov.br/espanhol/presidencia/noticias/noticia_impressao.php?id_noticia=506 63
  • 64. También hay evidencias de algunas decenas de pueblos aislados (unos los cifran en 22, otros en 46) aunque existendiscrepancias sobre si son en realidad pueblos o grupos de pueblos que han huido de rancheros y madereros. La Fun-dación Nacional del Indio considera que algunos de estos grupos son kanoê y mekén, sobrevivientes de ataques asus aldeas que se internaron en partes impenetrables de la selva en 1995. En Brasil de considera “indios isolados” aaquellas sociedades indígenas sobre las cuales se tiene poca o ninguna información y que evitan mantener contactosregulares “y pacíficos” con otros pueblos de la “sociedad nacional”.La forma de vida de los pueblos indígenas en Brasil es muy variada, hay quienes mantienen una cultura selváticaautosuficiente con mínimo contacto con el exterior y les hay que a través de la agricultura y de otras formas de pro-ducción se han relacionado intensamente con el mundo no-indígena, un proceso que se viene dando desde hace unatreintena de años como consecuencia de la expansión del proyecto industrial y desarrollista acelerado e impulsadopor los gobiernos militares entre los años 60 y 80. Como respuesta al mismo, que invadía los territorios ancestrales,los indígenas iniciaron un proceso de movilización y asociación que les ha llevado a participar en la vida política delpaís como sujetos activos. Ante este hecho, el gobierno no tuvo más remedio que constituir la Fundación Nacionaldel Indio en 1967 con unos criterios paternalistas hasta el extremo de constituirse en “tutor legal” de los indígenas,como se ha indicado al principio de este libro al relatar el caso del xavante nombrado presidente del Tribunal Russell.Durante las dictaduras militares, un general fue el presidente de la FUNAI y la misión de esta institución era “integraral indio en el menor espacio de tiempo para no estorbar el desarrollo nacional”, dividiendo a los indígenas en “silví-colas” y “aculturados”. Los primeros tenían algún tipo de derechos, como impedir su muerte a manos de hacendadoscodiciosos o explotadores de minas sin escrúpulos junto a una mayor prevención ante enfermedades contagiosas ola aparición de casos de hambre como resultado de las modificaciones que los especuladores, públicos y privados,provocaban en sus tierras pero no como política de defensa hacia ellos sino con la finalidad de “conservarlos vivos”para que pudiesen “participar” en el proyecto de desarrollo nacional. Los “aculturados”, antaño llamados “salvajes”,no tenían derecho alguno.La situación se mantuvo sin cambios hasta 1987. Hubo, como es lógico, resistencias abiertas de sectores “indigenis-tas” de la sociedad brasileña y de los propios indígenas, significándose los del Mato Grosso. Dividido en norte y sur,en los dos Estados del mismo nombre habitan 51 pueblos indígenas, la cuarta parte de los existentes en Brasil. Y sonellos quienes inician un proceso de asociación reivindicando la adopción de medidas políticas capaces de asegurarla continuidad de sus tierras y tradiciones. Es la primera vez que los indígenas hablan por sí mismos, sin contar conlos “intermediarios” indigenistas anteriores, fuesen misioneros o antropólogos. Surge así la Unión de NacionalidadesIndígenas que logra modificar esas ansias de integración desarrollista, pero es respondida por el reforzamiento de laFUNAI, a quien se le otorga un nuevo objetivo: establecer los “criterios de indianidad”.De nuevo la resistencia, pero en esta ocasión ya había desaparecido la dictadura militar y estaba en marcha un pro-ceso constituyente (1988) que superaba la doctrina de “asimilación natural” impuesta por los militares y reconocía“con carácter permanente” derechos originales inherentes de los pueblos indígenas por su condición de ocupanteshistóricos iniciales y permanentes de sus tierras: organización social, costumbres, lenguas, creencias y tradiciones, ylos derechos originarios sobre las tierras que originalmente ocupan, “competiendo a la Unión demarcarlas, proteger yhacer respetar todos sus bienes”.2 No sólo se reconocía la obligación del Estado de demarcar, proteger y respetar lastierras sino que al considerar las mismas como parte de los derechos originales de los pueblos indígenas se reconocíaque estos derechos anteceden todo acto administrativo del gobierno.¿Victoria de los pueblos indígenas? En absoluto. A pesar de este reconocimiento expreso, la Constitución estableceque es el Congreso quien tiene toda la potestad de legislar cuestiones tan sensibles como autorizar la explotación derecursos naturales de áreas indígenas. La cuestión recurrente en todo el mundo. Y, a pesar de ello, dada la estructurafederal de Brasil son los gobiernos de los Estados quienes, en la práctica, vienen a tener la última palabra y la ejercen2 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituiçao.htm 64
  • 65. en muchos casos, por ejemplo, con la creación de nuevas municipalidades que se insertan en áreas indígenas paracrear focos de población nueva e iniciar planes para el desarrollo de esa nueva área metropolitana. De esta forma sino se viola la Constitución, al menos se la rodea y, por supuesto, erosiona.Pero, además, el nuevo ordenamiento jurídico se pegó un tiro en el pie al mantener la diferenciación de los pueblosindígenas impuesta por las dictaduras militares de “silvícolas” y “aculturados” en el Código Civil. En él se incluyea los “silvícolas” en la categoría de “incapaces relativos” junto con los del grupo de 16 a 21 años. Esta incapacidadlegal no impide que posean los derechos comunes, de propiedad, reunión, tránsito, etc.; y están protegidos por unapresunción legal. Esta incapacidad se extingue en la medida en que los indígenas “silvícolas” se adaptan a la “civili-zación del país”. La tutela era ejercida por la FUNAI. Así lo regulaba el Estatuto del Indio, también de la etapa militar(1973), y subdividía a los indígenas en “aislados”, en “vías de integración” e “integrados”.3 Este estatuto se mantuvovigente ¡hasta el año 2008! Ni qué decir tiene que fue la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas aprobadapor la Asamblea General de la ONU en el año 2007 quien provocó la reacción del gobierno en ese sentido, que sejustificó por la tardanza en hacerlo argumentando que al aprobarse la Constitución se habían incorporado a su articu-lado la facultad de que comunidades y organizaciones indígenas pudiesen iniciar juicios en defensa de sus intereses yderechos, lo que suponía, de hecho, la inexistencia del precepto de tutela legal recogido en el Código Civil.Leyes favorables, situaciones injustas. La doble cara de la moneda, el binomio fatal para todas las poblaciones origi-narias del continente. Los pueblos indígenas en Brasil se enfrentan a problemas legales y a una desastrosa situaciónsanitaria y nutricional. No es algo nuevo para ellos, aunque sí el hecho de que el Estado confirmase ya en 1995 –sobreuna base de estudio de 300.000 indígenas, la casi totalidad de los censados entonces (ver arriba)- que dos terceraspartes de ellos se encontraban en “situación grave” en cuanto a salud, alimentación y educación y que en 198 de las297 áreas estudiadas había problemas de invasión de tierras, destrucción del medio ambiente y contaminación por elejercicio de actividades mineras y agropecuarias.La Constitución tenía ya casi una década de vigencia. Su articulado establece que las áreas indígenas son “bienes”de Brasil y están sujetas a la jurisdicción federal aunque, al mismo tiempo, se reconocen los derechos originales delos indígenas sobre ellas, derechos que anteceden a los del Estado. Reconoce también que sobre las tierras les cabea los indígenas posesión permanente y usufructo exclusivo del suelo, ríos y lagos, así como la participación en losbeneficios de la explotación de las riquezas del subsuelo, hídricas y energéticas. La contradicción es evidente. Si elEstado se reserva la potestad sobre estas tierras, a los indígenas les queda poco margen de autonomía –sin hablar denula autodeterminación- sobre ellas. La cuadratura del círculo se logra con la clasificación de las tierras en “ocupa-das” y “reservadas”. Sólo de éstas últimas son los verdaderos propietarios y sobre las que deciden. Pero es el Estadoquien decide cuál es cuál.Se calcula que en Brasil las tierras indígenas suponen unos 100 millones de hectáreas y sobre algo menos de la mitadtendrían estos pueblos algún reconocimiento jurídico de propiedad que, en la práctica, se ve continuamente amenaza-da, usurpada o reducida por distintas acciones. En primer lugar por las invasiones e intrusiones ilegales de madereros,mineros, agricultores o para asentamiento de pobladores no indígenas. En segundo lugar, por ataques judiciales ypolíticos contra la estabilidad de los derechos ya establecidos o de la consolidación de aquellos en proceso. Se llegóa dar el caso que un Estado, el de Roraima, ofreció asesoramiento legal gratuito a los reclamantes de tierras de losingaricô, macuxi, patamona, taurepang, waimiri-atroari, wapixana, waiwaí, yanomami y ye’kuana. El hechode que muchas de esas reclamaciones fuesen desestimadas por la FUNAI y la justicia no quita valor a la actitud delEstado de Roraima en contra de los indígenas. En segundo lugar, por decisiones de establecer infraestructuras decaminos, obras públicas o de energía sin el debido acuerdo de las poblaciones indígenas afectadas.Se ha dicho antes que una de las formas de burlar los derechos reconocidos en la Constitución es la creación de nue-3 http://www.funai.gov.br/quem/legislacao/estatuto_indio.html 65
  • 66. vas municipalidades que se insertan en áreas indígenas para crear focos de población nueva e iniciar planes para eldesarrollo de esa nueva área metropolitana. En estos momentos es uno de los principales escollos que dificultan laaplicación firme de los preceptos constitucionales y legales sobre tierras indígenas dado que se realizan en zonas totalo parcialmente reclamadas y/o demarcadas como áreas indígenas. Se desconoce la estructura de gobierno indígena altiempo que se acentúa o se intenta la división entre ellos al cooptar a alguno de los dirigentes de la comunidad paraparticipar en el gobierno municipal, lo que conlleva privilegios y el consiguiente abandono de la cultura, lengua y tra-dición por no hablar de una nueva visión de la tierra ligada a su enriquecimiento personal. Ello favorece la adopciónde medidas para legalizar a los ganaderos o agricultores que habían invadido las tierras de los pueblos originarios,creando focos de conflicto permanentes y provocando enfrentamientos armados. Algunos de los pueblos que hanrecurrido a ellos para defender sus tierras son xucuru y guaraní.4 Los indígenas afirman que si bien en un primermomento los invasores manifestaron que sólo querían criar ganado no pasó mucho tiempo para que empezaran a co-meter ataques contra ellos, impidiéndoles criar, pescar y cazar donde lo hacían ancestralmente. Igualmente demolíansus casas y cultivos llegando en muchas ocasiones al asesinato. Además “los garimpeiros trajeron al área indígenaenfermedades, alcoholismo, prostitución, destrucción del medio ambiente y contaminación de los ríos”.5 A ellos lesmatan y ellos también han matado, en mucha menor proporción, desde luego. La lucha, no sólo armada sino bloqueosde carreteras para evitar la llegada de suministros a los invasores y los recursos a todo tipo de instancias judiciales,nacionales e internacionales, ha logrado reducir algo este tipo de acciones intrusivas.El tema de los garimpeiros (obreros mineros que buscan todo tipo de piedras preciosas, fundamentalmente oro, diamantes y es-meraldas utilizando para ello la técnica del aluvión, que arrasa laderas, y usando mercurio como sustancia que amalgama el oro)es de especial gravedad en Brasil. Los yanomani son testigos de ello. Ya en 1989 se detectaron comunidades de yanomani quepresentaban niveles de contaminación por mercurio muy superiores a lo considerado aceptable por la Organización Mundialde la Salud. Pues bien, lejos de mejorar su situación, ha empeorado. A pesar de haberse demarcado y homologado su territorio,sigue siendo invadido de forma incesante por los garimpeiros que trabajan solos pero financiados, abastecidos y apoyadospolíticamente por grupos de capacidad financiera y peso político en el país, y particularmente en los Estados de Amazonas yRoraima. Si eso no fuese así no se entendería la existencia de pistas de aterrizajes clandestinas como las que periódicamente sedescubren.El año 2002 se produjo el triunfo electoral de Luiz Inácio “Lula” da Silva en las elecciones presidenciales y generó grandesexpectativas entre el movimiento indígena. Una de sus primeras medidas fue la ratificación del Convenio 169 de la OIT. Se es-peraba una acción rápida y decidida en favor de la demarcación de tierras y protección de sus recursos naturales junto a un trata-miento preventivo de la violencia de que seguían siendo víctimas y la aplicación de medidas eficaces para reducir la impunidadde todo tipo gubernamental, policial y judicial existente en el país a la hora de condenar a violadores de los derechos humanosde los pueblos indígenas. Los conflictos por la tierra se generalizaron en todo el país: los dos Mato Grosso, Pernambuco, Bahía,Roraima… Los sectores anti-indígenas pensaron que el nuevo gobierno iba a favorecer a los indígenas y pretendieron situarleante unos hechos consumados. Sin embargo, era un temor infundado. La negativa de “Lula” a firmar la ratificación de las tierrasde Raposa-Sierra do Sol (véase nota más abajo) dejaba bien a las claras la apuesta del nuevo gobierno por mantener no ya elmodelo económico, sino el no enfrentamiento con los sectores económicos, políticos y financieros que habían hecho campañaen su contra. “Lula” quería estabilidad y sólo la iba a conseguir renegando, una vez más, de lo planteado en la campaña electoralrespecto a los indígenas. La política de “frases bellas”, como fue calificada, contra la de hechos duros y crudos.4 Consellho Indigenista Missionàrio. Organismo de la iglesia católica creado en la década de 1970 y uno de los primeros en movilizar ala sociedad a favor de la causa indígena. Uno de los prelados de mayor prestigio e influencia que impulsó la creación del CIMI fue PedroCasaldáliga. http://www.cimi.org.br/5 Asamblea General de Líderes del Área Raposa-Sierra do Sol. Presentación de recurso ante la Comisión Interamericana de DerechosHumanos, 3 de diciembre de 1995. La CIDH les dio la razón aunque la situación sigue manifestándose en los mismos términos en laactualidad. En 2004 se formalizó una denuncia contra el gobierno de Brasil en la Organización de Estados Americanos al no haberseproducido la demarcación de la tierra. En 2009 los indígenas volvieron a ponerse en pie de guerra, ocupando tierras, para obligar a lostribunales a una decisión definitiva. http://www.telesurtv.net/noticias/secciones/nota/45299-NN/tribunal-brasileno-analiza-ocupacion-de-territorio-indigena-en-el-roraima/ 66
  • 67. No sólo era “Lula” o su gobierno quien no cumplía, sino la FUNAI. Los pueblos kayapó, mundurukú, parintintin, tenha-rin, karitiana, karipuna, mura, jiahui y sature-mawé criticaron a este organismo por su política de demarcación de tierras,demasiado permeable a los intereses no ya de los invasores, sino de quienes argumentaban derechos sobre las mismas en base aconfusos documentos de finales del siglo XIX y principios del XX. Aún en ese caso, lo que debía prevalecer era la consideraciónconstitucional de los “derechos originales” de los indígenas, es decir, anteriores a la constitución de Brasil como país e, incluso,de la llegada de los conquistadores europeos.El gobierno estaba claramente a la defensiva ante estas críticas y eso le llevó a aceptar la recomendación de la CIDH de procedera la demarcación de la tierra de Raposa-Sierra do Sol, para evitar la condena de la OEA, a principios de 2005 aunque la deci-sión presidencial, pues había sido el propio “Lula” quien lo había ordenado, fue paralizada por el Tribunal Supremo al aceptarun recurso de los hacendados a quienes afectaba dicha demarcación.6 Como consecuencia de la ratificación del convenio de laOIT se produjo en 2004 una importante reforma constitucional en el terreno judicial que, entre otros extremos, refuerza el valorinterno de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Brasil de forma que llega a hacérseles “equivalentea las enmiendas constitucionales”.Por lo tanto, las críticas le llegaban ahora al gobierno tanto por incumplir la legislación internacional como la nacional, siem-pre con el tema de la tierra como referente. El Consehllo Indigenista Missionário, una de las organizaciones más activas en ladefensa de los indígenas, publicó un informe en el que se especificaban las 413 tierras indígenas reservadas, homologadas yregistradas y se indicaba que de ellas 226 aún seguían sin regularizarse en todo el país.7 La mayoría en los estados “conflictivos”ya mencionados: los dos Mato Grosso, Rondonia, Amazonas… Pareciese que el gobierno sólo actúa bajo presión puesto queapenas conocerse ese informe se regularizaron diez de ellas en el Amazonas y se hizo un anuncio público de hacer lo propio conotras 90 en 2006 aunque con una importantísima matización, hecha por boca del presidente de la FUNAI: “los pueblos indíge-nas del Brasil tienen demasiada tierra, hasta ahora no hay límites para sus reivindicaciones agrarias, pero estamos llegando a unpunto en que el Tribunal Supremo deber definir un límite”.8No eran declaraciones dichas porque sí. Los conflictos armados se recrudecían, de forma especial en Mato Grosso do Sul. Esteestado es uno de los más ricos del país en cuestiones agrícolas y el mayor exportador de granos de todo Brasil. Las organiza-ciones indígenas y diferentes movimientos solidarios consideran que sólo entre 2005 y 2006 fueron expulsados de sus tierraspor el agrocomercio 48.000 de ellos pertenecientes a los pueblos terena, chamacoco, xavante, kadiweu y kaimbé, entreotros. Mientras esto acontecía, tanto en este Estado como en el otro Mato Grosso los gobernadores pedían una moratoria en lademarcación de tierras. El gobierno prefería enfrentar la rebelión de los indígenas antes que la de los gobernadores, jueces ypolicías dado que las cifras oficiales no podían ser más elocuentes: en Mato Grosso do Sul se había aumentado la violencia enun 214%.9 No se podían dejar las cosas así y, otra vez, se actuó con medidas más aparentes que reales. Con dos años de retrasorespecto al calendario que había anunciado, “Lula” reconoció la Comisión Nacional de Política Indigenista (CNPI), de la queformaban parte 20 dirigentes indígenas de diferentes partes del país junto a 12 integrantes del Gobierno y dos de organizacionesno gubernamentales.Pero ya nada podía parar el descrédito gubernamental, acentuado a raíz de la decisión de incentivar a gran escala la producciónde agrocombustibles (etanol) provocando una acelerada compra-venta de tierras que bloqueaba aún más las posibilidades dedelimitación de los territorios indígenas, a pesar de que el mismísimo “Lula” se tuvo que implicar en el tema impulsando laAgenda Social de los Pueblos Indígenas y un Plan de Aceleración del Crecimiento Indígena, con la mira puesta en el año 2010,6 El caso Raposa-Sierra do Sol se resolvió definitivamente el año 2009 al dar la razón el Tribunal Supremo a la reivindicación indígena. Lastierras quedaron demarcadas en 1’8 millones de hectáreas, la extensión que habían reclamado los indígenas ingarikó, makuxi, taurepang,patamona y wapixana desde el principio, y se reintegraban al mismo 10.000 hectáreas ocupadas por un hacendado y varios colonos. Si se leshubiese hecho caso desde el principio se hubiesen evitado los muertos (10), heridos y detenidos habidos durante un proceso que se prolongódesde 1993, todos de la parte indígena.7 http://www.cimi.org.br/?system=news&action=read&id=1945&eid=3838 Folha de São Paulo, 12 de enero de 2006.9 Folha de São Paulo, 8 de enero de 2008. http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u361051.shtml 67
  • 68. con los objetivos de delimitar 127 territorios indígenas, recuperar las áreas indígenas degradadas, fortalecer las lenguas en peli-gro de extinción y “llevar los beneficios del Gobierno federal a todas las aldeas y a la población indígena urbana del país, forta-leciendo a las organizaciones indígenas para el ejercicio del control social de las acciones gubernamentales”.10 Junto a ello, unaumento del presupuesto de la FUNAI. Pero, al mismo tiempo, anunció la privatización de 90.000 hectáreas de la Amazonía.11Y, en paralelo, el Congreso de Brasil iniciaba la discusión de un proyecto de ley para regular la minería en las tierras indígenas,rechazado por la mayoría de las organizaciones de los pueblos originarios por afectar a sus actividades tradicionales de caza,pesca y agricultura.La situación llegó a la ONU. Su Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamen-tales de los Indígenas visitó el país por primera vez y después de reconocer que Brasil “tiene importantes medidas legales yconstitucionales de protección para los pueblos indígenas, y su Gobierno ha desarrollado una serie de programas importantesen materia de derechos indígenas a la tierra, el desarrollo, la salud y la educación” consideró que eran necesarios “esfuerzosadicionales” para asegurar que los pueblos indígenas son capaces de ejercer plenamente su derecho a la libre determinaciónen el marco de un Estado brasileño “respetuoso de la diversidad”. Eso significaba, para el Relator Especial de la ONU, quelos indígenas tenían que “ejercer control sobre sus vidas, las comunidades y tierras y participar en todas las decisiones que lesafecten, de conformidad con sus propios patrones culturales y estructuras de autoridad”. ¿Por qué lo decía? Pues por existirun “paternalismo arraigado hacia los pueblos indígenas, por una aparente falta de entendimiento entre gran parte del públicoy los medios de comunicación de las cuestiones indígenas y al oponerse las fuerzas políticas”. Las recomendaciones teníanque ir en esa línea y la primera fue que el gobierno debería “desarrollar e implementar una campaña nacional de educaciónsobre las cuestiones indígenas y el respeto a la diversidad en asociación con los pueblos indígenas y con el apoyo de NacionesUnidas”. La segunda, “mejorar el control de los pueblos indígenas sobre sus comunidades, territorios y recursos naturales,incluido el reconocimiento efectivo de las instituciones de autoridad de los pueblos indígenas y las leyes consuetudinarias”.La tercera, “facilitar un mayor poder de decisión de los pueblos indígenas sobre la prestación de servicios por parte del Gobier-no en sus comunidades”. La cuarta, que se garantizase a la FUNAI la financiación y personal suficientes para “proceder coneficacia con el proceso de demarcación y registro de tierras indígenas de conformidad con la reglamentación internacional”.12Ahí quedo la cosa, sin la menor trascendencia puesto que el gobierno hizo caso omiso de ese informe y sus recomendaciones.Un juez brasileño de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconocía sin sonrojo que Brasil incumplía el Convenio169 de la OIT.13 La oligarquía brasileña arremetía contra el Convenio 169 (noviembre de 2008) calificándole de “barrera para eldesarrollo y afrenta a la unidad nacional” al otorgar potestad a los indígenas de intervenir en las decisiones macroeconómicas porlo que pedía, simple y llanamente, su anulación.14 No es extraño, por lo tanto, que los indígenas continúen muriendo a manos dehacendados, empresarios de todo tipo y garimpeiros. El proceso económico desarrollista impulsado por el gobierno, sobre todoa raíz de la decisión de incentivar la producción de etanol, ha provocado un aumento considerable de deforestación en tres Esta-dos amazónicos: Pará, Mato Grosso y Rondonia. Junto a ello, el plan hidroeléctrico de aumentar casi en un 50% el número decentrales en el país supuso que se viesen afectadas las tierras indígenas pues se planeó construir un total de 247 en la Amazonía.De llevarse a efecto este plan de construcción de centrales hidroeléctricas se verían afectadas considerablemente las tierras de lospueblos enawenê-nawe, nambikwara, pareci, mynky, rikbaktsa, karitiana y karipuna. Pero según una sentencia del Tribu-nal Supremo en la que se daba la razón a los indígenas en un conflicto de tierras (ver nota 6) ya no es necesaria la consulta previa alos pueblos afectados por cuestiones de este tipo si el gobierno las considera “de interés público” o bien “de interés para la DefensaNacional”. Dicha sentencia no es en nada conforme con la Constitución, la reinterpreta de forma restrictiva aunque, en apariencia,se hubiese dado la razón a una histórica demanda indígena. Es la norma en Brasil: una de cal para los indígenas y diez de arena. Ylo más sangrante es que esta reinterpretación del texto constitucional se produce sin participación alguna del Congreso. Un dato:la sentencia del Tribunal Supremo Federal se refiere en todo momento a los indígenas como “indios” –también se recoge así en10 Folha de São Paulo, 21 de septiembre de 2007.11 http://www.elpais.com/articulo/internacional/Amazonia/SA/elpepuint/20070924elpepuint_1/Tes12 Consejo de Derechos Humanos, 12º período de sesiones. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos de lospueblos indígenas en el Brasil. A/HRC/12/34/Add.2. 26 de agosto de 200913 http://www.ecodebate.com.br/2008/11/11/corte-interamericana-admite-que-convencao-169-pode-estar-sendo-descumprida-no-pais/14 http://txt.estado.com.br/editorias/2008/11/14/edi-1.93.5.20081114.3.1.xml 68
  • 69. el epígrafe capítulo de la Constitución que habla de ellos, aunque luego sí se refiere a pueblos- y en ningún caso les mencionacomo pueblos, sino como “grupos tribales”. Y tampoco era una sentencia acorde con la legislación internacional, tal y como habíarecomendado el Relator Especial de la ONU en su informe. Por eso la OIT en su informe anual de 2010 vuelve a insistir en que“se deberán efectuar estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y culturaly sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos”.15Sin embargo eso no arredró al presidente ”Lula” que, en febrero de este año, aprobó la construcción de la que será tercera centralhidroeléctrica más grande del mundo en el estado amazónico de Pará –después de 20 años de discusión- y que anegará 516 kiló-metros cuadrados de superficie en la que hay 30 tierras indígenas a pesar de las dudas técnicas sobre la viabilidad del proyecto,que se justifica en la necesidad de satisfacer de energía a 23 millones de personas. No hay dudas sólo técnicas, también jurídicassobre su licitud. La Procuraduría de la República (fiscalía) ha pedido que se cancele la licitación para construir esta macrocen-tral eléctrica al considerar el proyecto “una afrenta a las leyes ambientales”.16 Pero el proyecto va a seguir porque “Lula” ya hadicho que nada lo va a parar17 y ya se está constituyendo un consorcio de empresas, bajo la tutela de la estatal Eletrobras, paraparticipar en el proyecto.18La postura de Brasil respecto a los pueblos indígenas existentes en el territorio del país es, en realidad, la del miedo a la auto-nomía indígena. Más de doscientos pueblos, casi igual número de lenguas y una existencia en territorios amplios y ricos ponende los nervios a todos los poderes, sean considerados “progresistas” o no. A pesar del innegable arco legislativo que establecesus derechos, ninguno de los gobiernos democráticos que han sucedido a las dictaduras militares ha hecho cambio alguno enlas estructuras político-administrativas del Estado y mucho menos en la línea de ir hacia la transformación del Estado actualen uno plurinacional, en la línea que se viene haciendo en otros paises latinoamericanos. Se acepta sin excesivos problemas ladiversidad cultural, se fomenta con más entusiasmo que eficacia la educación (2.517 escuelas para los indígenas que atiendena un total de 178.000 alumnos), se cuenta con representantes indígenas en procesos electorales (en las elecciones de 2008 paraprefectos y consejeros municipales resultaron electos seis indígenas como prefectos y viceprefectos junto a otros 74 consejeros)y se dan pasos hacia la autonomía, inducidos y apremiados por los organismos internacionales al haberse ratificado normas, de-rechos y convenios, en cuestiones importantes pero menores como la salud (en Brasil existen los Distritos Sanitarios IndígenasEspeciales) pero se tiene un excesivo temor a que este tipo de estructuras desemboquen en algo político que ponga en cuestiónun modelo económico determinado y la explotación de territorios y recursos. O, por decirlo claramente, hay miedo al ejerciciode la autonomía y autodeterminación de los pueblos.Brasil ratificó el Convenio de la OIT tres años más tarde se haberse aprobado y de inmediato la Declaración de Derechos de losPueblos Indígenas en 2007; en ambos documentos aparece ese derecho. La participación y representación política de los pueblosindígenas en las instancias de poder legislativo del Estado, el reconocimiento de sus territorios como unidades regionales autónomas,donde el pueblo que ahí vive pueda ejercer sus formas propias de gobierno y justicia y no como meras tierras demarcadas como par-celas o unidades productivas, son dimensiones ausentes del texto constitucional y de las leyes que lo desarrollan. Tampoco lo recogeel Tribunal Supremo en la sentencia reseñada más arriba. Por el contrario, establece nuevas cortapisas a estos derechos en lo que se hadado llamar “salvaguardas” y que limitan hasta extremos que hacen desaparecer cualquier tipo de autonomía indígena.Desde que se creó la Comisión Nacional de Política Indigenista (abril de 2007) se vienen realizando encuentros anuales paradiscutir un estatuto –el vigente es de 1973, elaborado por los militares- que recoja definitivamente los derechos y deberes delos indígenas sin que se haya llegado a parte alguna, al menos en el momento de enviar este libro a imprenta. Para lo que sí haservido este tipo de reuniones es para que los indígenas se agrupen alrededor de una organización de representación federal, laArticulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB). Ahora los indígenas tienen una sola voz para hacer oír sus propuestas,reivindicaciones y demandas.15 OIT, Conferencia Internacional del Trabajo, 99.ª reunión, 2010. Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios yRecomendaciones. Pueblos indígenas y tribales. Brasil.16 http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201004071837_AFP_183700-TX-FIX6317 http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&%20task=view&%20Itemid=1&id=916&ccdate=9-4-201018 http://economia.terra.com.co/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201004082331_EFE_201004CL4386 69
  • 70. 70
  • 71. CANADÁIndígenas, métis e inuit son los tres pueblos aborígenes existentes en Canadá. El término “aborigen” es la denomina-ción con la que aparecen en la Constitución del país y pretende ser una forma colectiva y respetuosa de referirse a ellos.El término indígenas, también llamados nativos, primeras naciones o poblaciones originarias, olvida a los inuit, porejemplo, pero se les deja al margen del término para englobarles en otro pueblo aparte de origen esquimal. “Aborigen”se viene utilizando desde 1980 y en indígenas es lo que entenderíamos como “indios” –así están denominados en laConstitución de Canadá-, en los que se engloba a los pueblos abenaki, akaitcho, algonquino, anishinaabe, atha-paskan, atikamekwa, blackfoot, cayuse, chippewa, colville, cowichan, cree, deh cho, ditidaht, dogrib, dunneza,gitksan, gwich’in, haida, haisla, heitsuk, hurón-wendat, iroquois (onondaga, cayuga, seneca, oneida, tuscaronay mohawk) , kaska, katzie, ktunaxa, kutchin, kwantlen, kwakiutl, lubicon cree, malecita, micmac, montagnais,musqueam, naskapi, na-cho nyak dun, nakoda, nicola, nisga’a, nuxálk, odawa, ojibway-chippewa, okanagan,oneida, palus, potawatomi, shatu, sinixt, st’at’imc, tahltan, tanana, tasltine, tlingit, tsimshian, tsuu t’ina, walas-takwewinowok, wasco, wishram, yakima y yupik.Según el censo del año 2006, el número de aborígenes ascendía a 1.678.235 (con ancestros aborígenes) mientras quese identificaba como tal sólo 1.172.790 de ellos, representando casi el 4% del total de la población de Canadá. Untotal de 698.025 pertenecerían a las primeras naciones, 389.785 serían métis (es un término de origen francés, métis-mestizo, hijo de europeos e indias que ha pasado a la denominación de pueblo originario en la actualidad) y 50.485inuit. El resto ofreció varias respuestas.1 Aproximadamente el 63% vive en las reservas y el resto o bien en ciudades(preferentemente los métis) o en “áreas remotas”, en referencia a la zona ártica del país donde residen los inuit y dosde los pueblos de las primeras naciones, gwich’in y shatu. Como es habitual, una cosa son las cifras gubernamentalesy otra la de los propios pueblos dándose la circunstancia que al menos en este país existe la categoría de “indios noregistrados”, identificados como desciendes de quien, en algún momento, se dejó enredar por las estipulaciones dealguno de los muchos decretos que aprobaban los blancos dominantes, como casarse con un blanco o vender algunatierra, y a raíz de adoptar esa decisión pasaban, automáticamente, a perder la condición de “indio registrado”. Desde1985 estos “indios no registrados” mantienen litigios legales para volver a ser integrados junto al resto, pero desdeese año sólo unos 100.000 lo han logrado cuando se calcula que en esta situación hay medio millón. Además, se dael hecho de que en muchas partes de Canadá hay comunidades de “indios no registrados” o sin estatuto que siguensiendo indistinguibles del resto. La ley canadiense, a pesar de que su primer ministro ha perdido perdón públicamentea los aborígenes (2008) por el tratamiento que se les ha proporcionado desde la constitución de Canadá como naciónindependiente,2 se sirve de este tipo de distinciones arbitrarias y fáciles de aplicar tanto para minimizar el número depoblación aborigen como para cuestiones administrativas, en especial, las relativas a la tierra.Dado que este país no es muy conocido en lo que se refiere a los pueblos originarios del continente, en contraste conlos latinoamericanos, vamos a introducir una serie de datos socioeconómicos para ayudar a comprender mejor susituación en base a los que ofrece la ONU3 relativos al año 2010: el 60% de los niños de las zonas urbanas vive pordebajo del umbral de pobreza, el índice de tuberculosis entre los pueblos de las naciones originarias es 35 veces másalto que el de la población no aborigen –en el caso de los inuit la proporción sube hasta las 150 veces- , el porcentajede suicidios es 11 veces superior a la media nacional, cerca del 70% de los estudiantes de naciones originarias queviven en las reservas jamás termina la enseñanza secundaria y representan el 19% del total de población reclusa deCanadá –recuérdese que son el 4% del total poblacional del país-. Y algo que no menciona la ONU pero sí el Institutode Salud Infantil de Manitoba: los niños aborígenes están sufriendo cada vez en mayor proporción un tipo de diabe-tes, denominada “tipo 2”, que es habitual en adultos y no en jóvenes y mucho menos en niños puesto que se relacionacon la obesidad.41 http://www.eclac.cl/celade/noticias/paginas/0/34650/CANADA.pdf2 http://www.casamerica.es/opinion-y-analisis-de-prensa/iberoamerica-general/canada-pide-perdon-a-sus-indios3 http://www.un.org/indigenous4 http://ow.ly/1r3hl 71
  • 72. Como se puede apreciar, entre los golpes de pecho del primer ministro y la realidad hay un abismo. Es interesanterecordar que Canadá es uno de los cuatro países que se opusieron de forma expresa a que la ONU adoptase la De-claración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007 y que en el momento de enviar este libro a imprentaaún no lo había hecho, a pesar del perdón reclamado por su primer ministro. Por cuestiones políticas internas, enQuebec (única provincia de mayoría francófona en el país) se está discutiendo la adhesión a la DDPI a iniciativa de laAsamblea de las Primeras Naciones de Quebec y Labrador,5 compuesta por los pueblos abenaki, algonquino, cree,hurón-wendat, micmac, mohawk, montagnais y naskapi. Si la iniciativa tiene éxito –se presentó en mayo de 2010y en septiembre aún no se había resuelto- Quebec se convertiría en la primera provincia en adherirse a la Declaracióny sentaría un precedente que arrastraría, sin duda, al resto de Canadá a hacer lo mismo.La historia de marginación y discriminación contra los pueblos originarios de Canadá viene de muy lejos, desdemucho antes de la independencia del país. Pero dado que en este libro nos estamos remitiendo a la etapa actualpartiremos desde 1999. Ese año, el Comité de Derechos Humanos de la ONU examinó al país para ver el grado decumplimiento de una serie de reformas para mejorar la situación de las “poblaciones autóctonas” y, entre ellas, laaplicación del derecho a la autodeterminación. En este aspecto el gobierno canadiense, como es lógico siguiendo sutrayectoria en la ONU, no había movido un dedo. Ni en este ni en ninguno, pese a reconocer que “la situación delas poblaciones indígenas sigue siendo el problema más apremiante de derechos humanos con que se enfrentan loscanadienses”.6 El Comité de la ONU volvía a insistir en ello y que, al menos, trasladase información al respecto a lospueblos originarios al tiempo que le reclamaba una mayor proporción de tierras y recursos a los pueblos originarios“y sus instituciones”, haciendo hincapié en que el derecho a la autodeterminación requiere, entre otras cosas, “quetodas las poblaciones puedan disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, y que no se les prive de susmedios de subsistencia”.7 Al mismo tiempo, instaba a Canadá a asignar los recursos suficientes para eliminar losobstáculos que impedían a los aborígenes disfrutar de los derechos económicos, sociales y culturales.No es que el gobierno canadiense se diese mucha prisa en ello, pues hasta el año 2005 no llegó a un acuerdo con lospueblos originarios –el llamado Acuerdo de Kelowna, alcanzado tras año y medio de negociación- destinado a allanarlas diferencias socioeconómicas entre canadienses originarios y no originarios. Pero, como suele ser habitual, dichoacuerdo no se cumplió. Se seguía así la tradición: firma de un acuerdo, antaño llamados tratados, e incumplimientoinmediato del mismo una vez lograda la “pacificación”. El Acuerdo de Kelowna se firmó al más alto nivel entre elgobierno federal, las provincias y territorios y los aborígenes con una duración de diez años para “romper el ciclo depobreza” entre los indígenas. Al menos a cinco años de su firma, los resultados están a la vista según la ONU.A mayor abundamiento, Canadá fue elegido en 2006 miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Unescándalo para los pueblos originarios, no sólo de Canadá, sino del mundo entero que aprobaron una resolución,enviada a la ONU, pidiendo que se reevaluara la pertenencia de Canadá al CDH.8 No fueron escuchados, pero sirviópara que Canadá moderase un tanto su actitud a nivel interno ya que, a nivel externo, se presentaba como un adalidde los derechos humanos. Un ejemplo fue en las ocupaciones de tierras donde se inició un tímido diálogo entre laspartes cuando antes, sencillamente, se recurría a la policía para desalojarlas. Otro, la decisión de modificar la ley parapermitir que las primeras naciones asumiesen un mayor control de la educación en las reservas. Y uno más, y de ca-lado, fue el aceptar a los pueblos inuit (inuvialuit), gwich’in y sahtu como partes en el proceso de construcción deun gasoducto en el noroeste del país. Estos tres pueblos habían logrado el reconocimiento de sus tierras en diferentesprocesos desde 1982 y el ofrecimiento del gobierno era que fuesen propietarios de una tercera parte del proyecto.Aquí hay que detenerse un poco en la cuestión de los inuit. Fueron los primeros aborígenes canadienses que lograronel reconocimiento de sus tierras y el establecimiento de gobiernos autónomos en ellas en un proceso que se extendió5 http://www.apnql-afnql.com/en/accueil/index.php6 http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/2388.pdf7 Ibid.8 http://www.aitpn.org/Issues/II-05-06-DD.pdf 72
  • 73. desde 1982 a 2006. En esos años fueron logrando, de forma progresiva, sus gobiernos en Nunatsiavut (Labrador);Nunavik (Québec); Nunavut; y la Región del Asentamiento de inuvialuit de los Territorios del Noroeste. En estosterritorios el inuktitut es la lengua de uso común y para cuestiones oficiales, que en el ámbito administrativo tiene elrango de lengua oficial junto al inglés y francés. Aquí se mantienen las actividades tradicionales de caza, el tendido detrampas y la pesca siguen siendo prácticas sociales, culturales y económicas vitales para la comunidad, pero en Nuna-vut y en los Territorios del Noroeste se está acentuando desde comienzos del siglo XXI la pesca comercial y presenciade industrias extractivas (diamantes, uranio y oro) con el consentimiento de los inuit, que han establecido convenioscon las empresas tanto de empleo como de impacto ambiental y participación en los beneficios económicos.Este ejemplo está siendo seguido por otras empresas de mucho mayor calado, como es el caso de las petrolíferasy gasísticas. En los Territorios del Noroeste una de la principales industrias de gas de Canadá pretende iniciar laconstrucción de un oleoducto que atravesaría no sólo las tierras inuit, sino las de las primeras naciones gwich’in ysahtu. Estos tres pueblos han dado su aprobación al proyecto y han constituido una empresa, Aboriginal PipelineGroup, para participar en el mismo en calidad de tercer socio. Es un megaproyecto puesto que se estima va a tener unaextensión de 1.300 kilómetros y gran parte del gas se exportaría a EEUU. Sin embargo, casi la mitad del oleoductoatravesaría territorio de los deh cho, que manifestaron no comenzar si quiera a pensar en su posible participación enel proyecto si antes no se delimitan legalmente sus tierras. Era una reclamación territorial que mantenían desde hacíaaños sin que se hubiese procedido a la misma. No hay nada como una amenaza en cuestión económica. De inmediato,el gobierno se prestó a negociar la delimitación de las tierras deh cho y un acuerdo de autogobierno.El tímido cambio realizado en Canadá como consecuencia de las críticas recibidas cuando fue elegido miembro de laComisión de Derechos Humanos de la ONU iba siendo ya de un calado algo mayor. La situación pareció dar un girocuando el primer ministro pidió perdón a los aborígenes en una sesión oficial en la Cámara de los Comunes (juniode 2008). En realidad, no le quedaba más remedio que hacerlo. Se estaban dando a conocer sentencias judiciales einformes que reconocían la magnitud de “los abusos físicos, sexuales y de otra índole” que habían tenido lugar enlos Internados Escolares Indígenas desde el siglo XIX. Uno de esos informes, elaborado por la Royal Commissionon Aboriginal Peoples era demoledor, aunque por boca de uno de sus integrantes “ninguna parte de nuestra investi-gación produjo más repulsa y vergüenza que la historia de los internados escolares. … el increíble daño –pérdida devida, denigración cultural, destrucción de respeto propio y autoestima, ruptura de familias, impacto de estos traumasen generaciones venideras y el grave halo de triunfalismo cultural que subyace tras esta cruel agresión- heriría pro-fundamente la sensibilidad de cualquiera que permitiera que esta historia se depositara en su subconsciente”.9 Losniños indígenas eran separados de sus padres y obligados a asistir a internados escolares para “integrarse a la sociedadoficial”.10 En esas escuelas se les prohibía hablar sus lenguas ancestrales, se les impedía el contacto con sus padres,abuelos, culturas y se cometía contra ellos todo tipo de abusos, como decían las sentencias. Incluso a los hermanos seles colocaba en internados diferentes para que no tuviesen contacto entre sí. Este sistema de internados se mantuvohasta 1969. Ante la magnitud de los abusos, mantenidos durante 140 años, el Parlamento, tras la petición de perdónoficial, creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación y adoptó una resolución solicitando adoptar en el ordena-miento legal la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. Pero esa comisión sólo sirvió paramostrar la situación de los pueblos originarios de forma cruda, sin que se diesen los pasos necesarios para eliminarlay ponerles al mismo nivel que el resto de ciudadanos de Canadá.Los internados comenzaron a cerrar en 1969 no por iniciativa gubernamental, sino por la de los pueblos originarios.La primera nación nisga’a fue quien dio el primer paso ante los tribunales. Si bien no ganó por fallos procedimenta-les, puso la base para el comienzo del cambio. Los pueblos originarios dejaron de ser invisibles. Era una reclamaciónpor la tierra que puso al descubierto todo lo demás. Eso provocó que en 1973 se crease la Oficina de Reivindicacionesde los Pueblos Aborígenes, aunque desde ese momento no se ha avanzado mucho. Han pasado ya casi 40 años y des-9 http://www.collectionscanada.gc.ca/webarchives/20071115053257/http://www.ainc-inac.gc.ca/ch/rcap/sg/sgmm_e.html10 http://www.servindi.org/actualidad/7446 73
  • 74. de entonces sólo se han firmado 17 acuerdos sobre reivindicaciones territoriales, aunque hay decenas aún pendientes.No es extraño, por lo tanto, el comportamiento del gobierno ni su empecinamiento al oponerse a firmar la Declaraciónde Derechos de la ONU, en contra del criterio de los pueblos originarios, de su parlamento y del mundo.Reconocer derechos a los pueblos originarios implica reconocer sus territorios, con la potestad de su autogobiernoy control de los recursos naturales existentes en ellos. Y por ahí prácticamente ningún gobierno pasa, por mucha au-todefinición democrática que hagan. Canadá no es diferente. Si históricamente ni Canadá ni EEUU cumplieron lostratados que firmaron con los pueblos originarios, mucho menos iba a producirse en la actualidad. Una comisión delSenado estudió el grado de cumplimiento de los nuevos tratados, denominados “modernos”, llegando a la conclusiónque su fracaso se debe a razones estructurales y “al legado paternalista y colonialista que aún subyace en la prácticapolítica institucional y en el Departamento de Asuntos Indios”. Al mismo tiempo, recomendaba “una nueva políticanacional de implementación de reclamación de tierras” y la creación de una nueva Comisión de Tratados Modernos,con presencia aborigen, para preveer la implementación de acuerdos globales de reclamos de tierras “incluyendo losaspectos financieros”.11Ni que decir tiene que también cayó en saco roto esta recomendación. La expansión de la minería y empresas pe-trolíferas se anteponía a cualquier otra consideración, lo que llevó a los pueblos originarios a reiniciar sus protestascontra ellas y, como respuesta, la criminalización de las mismas. El Tribunal Supremo de Canadá sentenció que cuadouna primera nación cuenta con un título de posesión de la tierra cuenta con el derecho a decidir el uso que se le daa dicha tierra. Este es el quid de la cuestión. Si se realizan las demarcaciones que reclaman los pueblos originariospasan a ser propietarios legales de ellas y, en consecuencia, sólo si permiten un uso industrial es posible explotar esosrecursos. Es lo que han hecho, como se ha mencionado más arriba, los inuit, gwich’in y sahtu. Pero no todos opinanigual. Es el caso de los algonquino. Varios de sus dirigentes y jefes comunitarios fueron encarcelados por oponersea prospecciones mineras para extraer platino en unas tierras que están en reclamación, aún no demarcadas. Según laley, es el consejo de la comunidad quien gobierna la misma pero sólo tiene potestad en cuestiones educativas, sanita-rias o educacionales, no territoriales. Encarcelarles era un escarmiento claro. Pero los algonquino no estaban solos.Tampoco los lubicon cree quieren la extracción de petróleo de sus tierras, también no cedidas aún. Y los tahltan seniegan a que se explote la madera de sus bosques.Unas actitudes que no podía consentir el gobierno. Así las cosas, el año 2009 propuso una modificación legal por laque se aplicaba una nueva modalidad: la “renuncia” a los títulos de propiedad de las tierras de los pueblos originariossi no se llegaba a un acuerdo en la demarcación de las mismas. La oposición a esta medida fue de tal calibre que se vioobligado a renunciar a la renuncia, valga la redundancia, aunque aprobó el método de la “no afirmación”, que veníasiendo lo mismo aunque en un lenguaje mucho menos agresivo. No era una cuestión banal, puesto que el excesivocoste de los trámites judiciales, como consecuencia de dilatarse en el tiempo la resolución de las reclamaciones –haycasos en los que alguna lleva 23 años sin resolverse- obligaba a las primeras naciones con pocos integrantes a retirarla demanda y aceptar un tipo de acuerdo lesivo para sus intereses. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU vol-vió a ocuparse de Canadá ese mismo año y volvió a constatar que el país ponía todo tipo de trabas a la delimitación ydemarcación de tierras de los pueblos originarios, en especial de las primeras naciones. Por eso, instó a Canadá a que“iniciara de buena fe negociaciones basadas en el reconocimiento y la reconciliación” [con las primeras naciones]y a que “estudiara las formas de facilitar el establecimiento de pruebas de los títulos de propiedad de la tierra de losaborígenes en los procedimientos ante los tribunales”. Para el CDH, la “buena fe” por parte del gobierno era un re-quisito imprescindible para la solución de las reclamaciones territoriales, reconocía que se habían dado pasos en esesentido, pero explicitaba que no se podía avanzar si no había “más voluntad política en relación con la aplicación, me-canismos institucionales adecuados y procedimientos de vigilancia más estrictos en todos los niveles”.12 Mencionabaexpresamente el intento del gobierno de explotar petróleo en tierras de los lubicon cree pese al rechazo de éstos.11 http://www.landclaimscoalition.ca/pdf/080515%20Senate%20Cttee%20Report.pdf12 Consejo de Derechos Humanos. Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal. Cuarto período de sesiones. Ginebra, 2 a13 defebrero de 2009. A/HRC/WG.6/4/CAN/2 74
  • 75. Canadá sigue manteniendo una clara política discriminatoria con sus pueblos originarios. Pero consigue que el mun-do piense de otra manera con gestos tan simpáticos como iniciar los juegos olímpicos de invierno de 2010 con unhomenaje a los primeros cuatro pueblos que poblaron el territorio de lo que hoy es este país13 o colocar en el reversode las medallas con que se premia a los mejores deportistas de cada especialidad a los animales tradicionales de cazay sustento de estos pueblos. Imagen, cosmética, fotos. La realidad va por otro lado, mucho más siniestro. No sólose mantiene el empecinamiento retardatario en titular las tierras de los pueblos originarios, sino que el gobierno estáaprovechando la crisis económica para recortar los fondos federales destinados a los pueblos indígenas, en concretolos destinados a la salud mental de los “supervivientes” del régimen escolar por el que el primer ministro pedía per-dón.1413 http://www.terra.com/deportes/articulo/html/fox1262384.htm14 http://www.ctvbc.ctv.ca/servlet/an/local/CTVNews/20100407/bc_aboriginal_healing_100407/20100407 75
  • 76. 76
  • 77. CHILELa población indígena es de 1.060.786 personas, según el censo del año 2006, lo que equivale a 6,6% de la poblacióndel país. Los mapuche son la mayoría más significativa (87,2%). El resto de pueblos indígenas son aymará (7,8%),atacameño o lickanantay (2,8%), diaguita (0,8%), quechua (0,6%), colla (0,3%); rapanui (0,2%); kawashkar oalacalufe –se les denomina de estas dos maneras- (0,2%) y yagán o yámana (0,1%).1 No obstante hay un pueblomás, el selknam u ona que no es reconocido como tal por la legislación chilena. Dos terceras partes de esta poblaciónindígena reside en zonas urbanas.No fue hasta 1992, como la mayoría de países, cuando Chile comenzó a incorporar a su legislación algunos derechosde los pueblos indígenas recogidos en el ordenamiento jurídico internacional y comenzó por lo fácil, una Ley Indí-gena que reconoce a los indígenas derechos sobre sus tierras, lenguas y culturas pero no sus organizaciones tradicio-nales ni a ellos mismos como pueblos, sino como etnias. Tampoco lo hace con sus derechos políticos (autonomía,autogestión, justicia) ni sobre territorios ni recursos naturales. Bien sea por convencimiento propio de los legisladores–los gobiernos de la llamada “Concertación Democrática” mantuvieron una mayoría más o menos cómoda tras ladictadura hasta que perdieron las elecciones de 2010- o por la fuerte interiorización de la “cultura” pinochetista locierto es que tuvieron que pasar diez años para que en la reforma constitucional de 2002 se ampliase algo el apartadode derechos para los indígenas que ni siquiera satisfizo a los más timoratos constitucionalistas chilenos: “la reformaconcordada resulta insuficiente, ya que concierne sólo a comunidades de pueblos originarios, y por distintas razones,no se admite el reconocimiento de ‘pueblos indígenas’, aunque nuestro Tribunal Constitucional ha aceptado el al-cance del concepto ‘pueblos’ del Convenio 169 sin que ello fuere un principio de autodeterminación y puerta abiertaa la desmembración del Estado-nación”.2 Y aún tuvieron que pasar muchos años más, hasta 2008, para que el Chiledemocrático ratificase el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes y trasrecibir un varapalo internacional puesto que lo que pretendía el gobierno, presidido entonces por Michelle Bachelet,era poder hacerlo con una “declaración interpretativa”, o sea, que el gobierno interpretaba lo que había que cumplir ylo que no de dicho convenio. Al gobierno no le quedaba más remedio si quería continuar con su imagen de progresistapuesto que en 2007 se había aprobado por la ONU la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, curiosamen-te, con el voto favorable de Chile que votaba fuera lo que no hacía dentro.Esta actitud tal vez pueda explicar el empecinamiento obsesivo del gobierno chileno contra las reivindicacionesindígenas, el tratamiento casi exclusivamente policial que hace de ellas y el hecho de que, a pesar de las reiteradasdeclaraciones para adecuar la legislación interna a la internacional y a planes como el “Re-conocer: Pacto social porla multiculturalidad” anunciado por la presidenta Bachelett en 2008 y que incluía la creación de una “unidad indíge-na” en cada ministerio, apenas se haya pasado de las palabras.La adopción de la normativa internacional puso en marcha, en 2009, una reforma sobre el “reconocimiento consti-tucional de los pueblos indígenas” (que no de los derechos) que no debió ser del agrado del Relator Especial de laONU puesto que proporcionó un tirón de orejas al gobierno al indicar en un informe que la consulta a los pueblosindígenas sobre algo que les iba a afectar debía ser “con carácter previo” y no, como pretendía el gobierno, cuandoel cambio constitucional estuviese listo para implementarse. Indicaba también que debía realizarse “de buena fe paragenerar confianza entre las partes” y “a través de las adecuadas instancias representativas indígenas” –todo ello esun repaso de la normativa internacional- para terminar concluyendo que “la consulta efectiva con los pueblos indí-genas en este proceso es fundamental para la validez y legitimidad del nuevo texto constitucional a adoptarse, y paraasegurar que dicho texto realmente corresponde a las aspiraciones y derechos humanos de los pueblos indígenas1 Gobierno de Chile, Encuesta de Caracterización Económica Nacional en 2006.2 Francisco Zúñiga Urbina, “Reformas constitucionales para un Estado Social y Democrático de Derecho”, Colección Ideas, julio 2003. 77
  • 78. dentro del marco de una sociedad democrática y las normas internacionales a las que el Estado de Chile adhiere”.3Con buenas palabras, el enviado de la ONU venía a criticar formas y contexto de dicha reforma. Pero al gobierno ledaba lo mismo puesto que, en la línea “interpretativa” con la que quería ratificar el convenio de la OIT, respondió porboca del Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas que eso no se podía hacer en el país y que lo pertinenteera “un proceso gradual, de aproximaciones sucesivas que permitan lograr en el futuro un mecanismo adecuado,consensuado y plenamente conforme a los estándares internacionales”. Y así la realizó a pesar del rechazo de todoslos pueblos indígenas y amparándose en una sentencia del Tribunal Constitucional que estableció que “el derecho ala consulta” no es una “negociación obligatoria”.Chile fue, además, uno de los últimos países del continente que incorporó el concepto y prácticas de Educación Inter-cultural Bilingüe y lo hizo a través de instituciones como la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que no tie-ne el menor arraigo entre los indígenas4 por varias razones entre las que destaca que su programa principal, el Fondode Tierras Indígenas, es un mecanismo de recolocación de las comunidades indígenas no a sus tierras ancestrales sinoa las que “ofrezca el mercado”. A ello hay que añadir una crisis de legitimidad de los representantes indígenas en estainstitución, respaldados únicamente por 13.000 votos puesto que las elecciones fueron boicoteadas por la mayoría deorganizaciones y pueblos indígenas.Estas situaciones no son más que el exponente de que la situación de los pueblos originarios en este país deja muchoque desear, tal y como reconocen el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Comité contra la Tortura y elComité para la Eliminación de la Discriminación Racial quienes, a lo largo de 2009, emitieron varias recomenda-ciones al Gobierno chileno para que solucionase la “grave desprotección” de los derechos colectivos de los pueblosindígenas y la violación de los derechos humanos.5 Los datos indican que el 35’6% de la población indígena vive ensituación de pobreza, el 59% de sus viviendas no tiene alcantarillado, el 35% no cuenta con electricidad y la escola-rización de los niños es de 7’3 años de media frente a los 9’5 años del resto de niños no indígenas.6 A esta situaciónse sumaba la alarma surgida en los organismos internacionales cuando un grupo de senadores derechistas, siguiendola tradición oligárquica, planteó una reforma constitucional en la que bajo la apariencia de reconocer los derechos delos pueblos indígenas se “desaparecían” con importantes matizaciones como que no son los pueblos los sujetos delos derechos que se les reconoce a nivel internacional sino las comunidades y que sólo pueden organizar su vida deacuerdo a sus costumbres y tradiciones “siempre que ello no contravenga la Constitución y las leyes”.7 Es decir, serebajaba la normativa internacional cuando debe ser asumida por la nacional y no al revés.La situación que preocupaba a los organismos internacionales tiene en la persecución que sufre el pueblo mapuchesu más trágico exponente. La respuesta del gobierno ante las críticas que se le hacían –y hacen, es un conflicto aúnpor resolver- se resume en “está en tramitación parlamentaria”, “después de tres años de tramitación hay un informefinal”, “se encuentra en segundo trámite constitucional” o “la ley antiterrorista sólo ha sido aplicada en un númerolimitado de oportunidades, frente a hechos de violencia que dada su naturaleza y/o la gravedad de los medios emplea-dos, han hecho necesaria, desde el punto de vista jurídico penal, la aplicación de una legislación que establece penasmás rigurosas”.8 Hay que mencionar que las únicas violencias realizadas por los indígenas, en este caso mapuche, selimitan a la quema de vehículos de empresas que operan o pretenden hacerlo en sus tierras y en ningún caso a ataques3 Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas: Principiosinternacionales aplicables a la consulta en relación con la reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas en Chile.24 de abril de 2009.4 Arturo Fernández y Nallely Argüelles, “Chile Patagónico”, en Atlas Sociolingüístico de Pueblos Indígenas en América Latina. UNICEF, AECIDy FUNPROEIB Andes. 2009.5 “La situación de los pueblos indígenas en Chile: seguimiento a las recomendaciones hechas por el Relator Especial anterior”, 14 septiembrede 2009, Consejo de Derechos Humanos A/HRC/12/34/Add.6.6 Jorge Calbucura y Fabien Le Bonniec, “Territorio y territorialidad en contexto post-colonial”, Ñuke Mapuföralget Working Papers No. 30,Chile, 2009.7 El Ciudadano, marzo de 2009, año V, nº 66.8 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, Respuesta a la lista de cuestiones que deben abordarse en relación con los informesperiódicos 15º, 16º, º7º y º8º del Estado de Chile que serán examinados por el CERD el 13 y 14 de agosto de 2009. 78
  • 79. a personas. El CERD, organismo de la ONU que acogió esta respuesta, expresó su satisfacción por la creación dediversas instituciones tendientes a promover y a coordinar las políticas públicas en materia indígena, como el plan“Re-conocer” o las medidas tomadas para integrar la medicina tradicional de los pueblos indígenas en el sistema desalud del Estado pero volvió a mostrar su crítica y “preocupación” por la lentitud con la que se abordaba la creaciónde una institución nacional de derechos humanos y, de forma especial, por la aplicación de la Ley Antiterrorista“aplicada principalmente a miembros del pueblo Mapuche, por actos ocurridos en el contexto de demandas sociales,relacionados con la reivindicación de los derechos sobre sus tierras ancestrales”.9 Por si quedase alguna duda de cómoactúa Chile en relación con los pueblos indígenas, el organismo de la ONU criticaba el que no se consultase con elloslas decisiones que les afectan, que apenas hubiese representación de los mismos en el Parlamento y la lentitud en elproceso de demarcación de tierras y la inexistencia de un mecanismo específico para el reconocimiento del derechode los pueblos indígenas a la tierra y a sus recursos naturales.A lo largo de la historia de Chile como país independiente, los mapuche han sido uno de los pueblos más reprimidos.Ya en los inicios del siglo XX el Estado dispuso de la tierra mapuche para donarla a colonos europeos, impulsando el“blanqueamiento” de la población –de la que están muy orgullosos muchos chilenos-, y después, sólo después, radicóa los mapuche en las tierras sobrantes. No se había concluido el proceso de radicación mapuche y ya, de inmediato,se estaba proponiendo la división de la propiedad comunitaria para reducirla a propiedad individual. La resistenciadel pueblo mapuche en defensa de la propiedad comunitaria de su tierra impidió que tales políticas se desarrollasenhasta sus últimas consecuencias en la primera mitad del siglo XX.Un breve paréntesis se vive entre 1970 y 1973 con la política de reforma agraria del gobierno de Salvador Allende,que permitió cierta recuperación mapuche de tierras. El proceso se truncó violentamente por el sangriento golpe deestado del 11 septiembre de 1973. Terratenientes, carabineros y militares se ensañaron con los mapuche que habíanosado recuperar tierras, “un capítulo de racismo y genocidio brutales que la Comisión de Verdad y Reconciliaciónsobre los crímenes de la dictadura, comisión de carácter oficial, no ha sabido o no ha querido registrar”.10 El régimende Pinochet aplicó en territorio mapuche una sistemática política de liquidación de la propiedad comunitaria. Hastatres mil comunidades fueron pulverizadas en más de cien mil hijuelas (tierras que pasan de padres a hijos y se dividenentre ellos) de propiedad individual. Un plan aplicado rigurosamente con fondos del Banco Mundial, que no es laúnica institución de la órbita de Naciones Unidas que respalda e incluso impulsa en Chile políticas genocidas hastael día de hoy. La intención genocida llegaba a exhibirse abiertamente. La primera versión del decreto privatizador,de 1978, afirmaba sin ambages que, una vez divididas sus comunidades, los mapuche “dejarán de ser indígenas”,supuesto comprendido en el tipo delictivo definido por la Convención de Naciones Unidas para la Prevención ySanción del Delito de Genocidio.La autoorganización de este pueblo, iniciada en 1997, ha llevado a un enfrentamiento directo con el Estado que harespondido de una forma dual. Por una parte, aplicando la Ley por Conductas Terroristas ante expresiones de resisten-cia que sólo han provocado víctimas en el lado mapuche, condenada por la ONU ya desde 2004 como una “aberra-ción jurídica” toda vez que los hechos se refieren a daños en cosas y no atentados indiscriminados y con desprecio a lavida humana11 y vuelta a condenar por el Relator Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos y las LibertadesFundamentales de los Indígenas para quien “la clasificación de los delitos cometidos [por los mapuche] como actosde terrorismo puede ser irrelevante e inapropiado según las normas internacionales pertinentes”.12Por otra, realizando políticas para conseguir el fin de la opresión cultural e identitaria, la recuperación de haciendas9 Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Chile. CERD/C/CHL/CO/15-18, 13 de agosto de 2009.10 Bartolomé Clavero, “Amenazas genocidas consumadas: caso mapuche” http://alainet.org/active/31694&lang=es11 Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales. 33º período de sesiones (8 al 26 de noviembre de 2004). Observaciones finales delComité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Chile, E/C.12/1/Add.105.12 Comunicado del Relator Especial, James Anaya, acerca de la situación de presos Mapuches en huelga de hambre en Chile, 24 de septiembrede 2010. 79
  • 80. territoriales y el reconocimiento de una “verdad histórica” por la que el Estado chileno se compromete a generar “unnuevo trato” a este pueblo –y, por extensión, al resto de pueblos originarios- que, por el momento, sólo queda en unmero asistencialismo a través de los proyectos oficiales, como es el caso del llamado “Orígenes”. En este marco, elEstado, a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y su Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, hatraspasado unas 200.000 hectáreas a los mapuche que han favorecido a más de 10.000 familias. Pero los mapucheconsideran que es insuficiente ya que estiman que harían falta otras 200.000 hectáreas más. Además, muchas de esastierras se titulan de forma individual y no comunal, el proceso es muy lento, deja fuera a muchas comunidades y noexisten programas de apoyo.13La génesis del enfrentamiento actual entre los mapuches y el Gobierno viene dada por el incumplimiento por éstede un compromiso adquirido en 2008 para la adquisición de tierras para 115 comunidades, puesto que sólo se hanadquirido tierras (a un precio mucho más alto del de mercado, con lo que se favorece la especulación) para 47 comu-nidades. La adjudicación arbitraria para algunas de esas comunidades, en contra del criterio de ocupación tradicionalmapuche, elevó las protestas a un extremo que hoy por hoy muestra una difícil solución máxime cuando se incre-menta el número de presos políticos mapuches al tiempo que la represión se cobra cada vez más muertos. Y todo elloen un ambiente de impunidad judicial, sin que a los presos mapuche se les apliquen las garantías jurídicas debidaso a los policías se les encause por las muertes, y de continua depredación medioambiental puesto que se ha mante-nido e intensificado la actividad forestal, hidroeléctrica y la salmonicultura en las tierras mapuches. El gobierno esconsciente de lo que significa este tipo de actividades, por lo que elaboró un “código de conducta responsable” deobligado cumplimiento para las empresas públicas y voluntario para las privadas pero que, de forma significativa, novio la luz dada la oposición de las empresas privadas, que vieron en ella una amenaza a sus inversiones.El gobierno está en manos de las empresas, nacionales y transnacionales, y ello facilita la expansión empresarialminera hacia territorios indígenas, unas veces con apoyo gubernamental y otras sin él lo hace que todo el débilentramado legal chileno referente a los pueblos indígenas quede en papel mojado. Esta situación no es más que laconsecuencia del modelo económico vigente en el país, calificado como “primario exportador” -cuyos principalesrubros mineros, madereros y acuíferos se asientan en territorios y recursos indígenas- que, sostenido por una clasepolítica a la que sale un sarpullido cada vez que trata la cuestión indígena, convierte el tema de la tierra en un perma-nente foco de conflicto. Si a ello se le suma que a las pocas tierras restituidas a los indígenas no se les proporcionael apoyo financiero suficiente para un desarrollo propio, se entenderá que algunas de ellas se hayan visto obligadasa suscribir contratos de arriendo a terceros no indígenas. Una situación a la que se vieron abocados ante la negativade todos los gobiernos postpinochetistas a abordar este asunto. La desidia mayor hay que achacársela a Bachelett,quien no impulsó ninguna reforma en lo referente a la minería pese a haberlo solicitado de forma expresa el RelatorEspecial de Naciones Unidas para los Derechos y Libertades de los Indígenas. Por el contrario, apoyó de forma activamegaproyectos e inversiones en territorios indígenas, de forma especial mapuche y diaguita. El más conocido es elminero “Pascua-Lama”, ubicado en tierra de este último pueblo y que afectará a los glaciares existentes en esa zonadel país (Guanaco, Toro I, Toro II y Esperanza) que surten de agua el sistema hidrológico (ríos Estrecho y Chollay)que da sustentabilidad al territorio diaguita.14 El grave impacto en los recursos hídricos de la comunidad ha sidoreconocido por la Dirección General de Aguas, solicitando la aplicación de sanciones a la transnacional aunque no sesuspende la ejecución del macroproyecto.No obstante, la presión indígena sí ha logrado algunos cambios, como la aprobación (2009) de una modificación dela ley de aguas que reconoce y resguarda el uso consuetudinario de los espacios costeros de los pueblos originarios,permitiendo el mantenimiento de tradiciones y uso de los recursos naturales. Aquí el poder judicial jugó un impor-tante papel, dando la razón a demandas en ese sentido interpuestas por pueblos como el aymara. Otro de los logros,obligado el gobierno por la adopción de la normativa internacional, fue el incremento de fondos para la compra de13 Jorge Calbucura y Fabien Le Bonniec, Op. cit.14 Ricardo Rodríguez, “Pascua Lama: ecocidio y genocidio en Los Andes” http://www.nodo50.org/ceprid/territorios/la/la16.htm 80
  • 81. tierras en beneficio de “personas y comunidades indígenas” aunque se dio prioridad a la titulación individual frente ala comunal y, de esta forma, se fragmenta el territorio indígena y se pierde el sentimiento de pertenencia a la comu-nidad fortaleciendo el ansia individualista. 81
  • 82. 82
  • 83. COLOMBIAEl censo oficial del año 2005 establece en 41.468.384 el número de habitantes del país, de los que 1.392.623 sonindígenas, 4.311.757 negros (afrocolombianos), 30.377 raizales (de lengua creole) y 4.858 gitanos (rom) aunqueestos últimos elevan a los 8.000 el número de su población. Raizales y rom son reconocidos como grupo étnicodesde 1999.1 Los indígenas forman parte de los pueblos achagua, amorúa, andoke, arhuaco, awa, barasona,barí, betoye, bora, cañamomo, carapana, chimila, chiricoa, cocama, coconuco, coreguaje, coyaima, desano,dujo, emberá, emberá chamí, emberá katio, eperara siapidara, guainía, guambiano, guanaca, guane, guaya-bero, hitnu, inga, kamëntsa, kankuamo, karijona, kawiyarí, kofán, kogui, kubeo, kuiba, kurripako, letuama,makaguaje, makuna, masiguare, matapí, miraña, mokana, muisca, nasa-paez, nonuya, nukak maku, ocaina,piapoco, piaroa, piratapuyo, pisamira, puinave, sáliba, senú, sikuani, siona, siriano, taiwano, tanimuka, taria-no, tatuyo, tikuna, totoró, tsiripu, tucano, tule-kuna, tuyuka, uitoto, u´wa, vichada, wanano, waunan, wayuu,wiwa, yagua, yanacona, yaruro, yauna, yeral, yuko, yukuna, yuri y yurutí. En Colombia hay también una im-portante presencia de indígenas otavalos que han emigrado desde Ecuador, así como otros procedentes de Bolivia,Perú y, en menor medida, Brasil, Panamá y hasta México pero la legislación colombiana no les reconoce derechos encalidad de indígenas en su territorio. Y hay otros pueblos que no aparecen en la lista oficial, pero que son reclamadoscomo tales por las diferentes organizaciones indígenas en el país. Es el caso de los andakie, bara, hupdu, juhup,jujupda-jupda, kakua, macahuan, makusa, muiane, pacabuy, pastos, quillacinga, tamas, tanigua, wipiwi, wi-toto, yarí, yamalero y zenú.En la zona andina y la costa atlántica vive cerca del 85% de la población indígena, pero son escasamente una do-cena de pueblos. Se concentran principalmente en los departamentos de La Guajira, Cauca, Nariño y Córdoba loscuales representan el 60% de los indígenas de Colombia. Por su parte, los departamentos en los cuales la poblaciónindígena representa un alto porcentaje del total de su población son Guainía (61,5%), Vaupés (58,1%), La Guajira(42,4%), Amazonas (39,8%) y Vichada (39,6%). Algunos de los pueblos originarios están en un nivel crítico para susupervivencia. El guanaca, el pisamina y el nonuya cuentan con apenas un centenar de miembros y otros como elkawiyarí, el ocaina, el taiwano y el yauna rondan o sobrepasan por poco las doscientas personas.Por su parte, la población afrocolombiana, con presencia en todo el país, es mayoritaria en el departamento del Chocó(74%) y hay un alto porcentaje en Cauca, Nariño y Valle. En estos tres departamentos vive el 44% de la poblaciónafrocolombiana del país. Los raizales viven en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En cuan-to a la población rom, se encuentra localizada principalmente en las ciudades de Barranquilla (40,5%), Cartagena,Cali y Bogotá.Como consecuencia del proceso de negociación llevado a cabo entre el Estado y algunos grupos guerrilleros que sedesmovilizaron a comienzos de la década de 1990 –uno de ellos, el Movimiento “Quintín Lame” de corte indigenistahabía insistido en la presencia de indígenas en las instituciones nacionales- se aprobó la Constitución en 1991 quereconoce con amplitud los derechos de los pueblos indígenas, tanto en el aspecto lingüístico (las lenguas y dialectosson oficiales en sus territorios, la enseñanza en ellos es bilingüe) como en el cultural y en lo referente a la tierra. Eneste aspecto se menciona que “las tierras de resguardo son inalienables, imprescriptibles e inembargables” y se reco-noce como entidad territorial a los territorios indígenas.La Carta Magna especifica que estos territorios gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, pueden gobernarsepor autoridades propias, administrar recursos y establecer tributos y participar en las rentas nacionales, pero no faltaronjuristas que consideraron que estas atribuciones sólo les daban capacidad de control, cooperación, promoción y coordi-1 Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. Colombia una nación multicultural, su diversidad étnica. Mayo de 2007. http://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/colombia_nacion.pdf 83
  • 84. nación, pero no de autoridad ejecutiva directa,2 y que en ese carácter serían más bien instancias que podrían ser utilizadaspor los municipios o departamentos para el desarrollo de las tareas que a éstos corresponden. La autonomía quedaba asímuy devaluada en términos políticos puesto que, de hecho, en muchos casos las autoridades de los municipios no teníanen cuenta los valores culturales indígenas, tal y como tenía que reconocer el mismo gobierno a través de la ConsejeríaPresidencial para los Derechos Humanos: “Los títulos sobre sus resguardos en la mayoría de los casos no gozan delreconocimiento por parte de los funcionarios oficiales. Algunas instituciones y órganos de poder en las regiones no vencon buenos ojos la conformación de organizaciones zonales y regionales con voceros de varias comunidades empeña-dos en defender sus derechos étnicos y a sus territorios”.3 Al conflicto con las municipalidades se sumaba otro entre lospropietarios de grandes extensiones (que recurrían, y luego intensificaron esta política, a los escuadrones de la muerteligados a los terratenientes) y las comunidades indígenas y otro más entre los intereses de pequeños campesinos y susorganizaciones como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que deseaban la propiedad individual de terrenos,y los intereses de las comunidades indígenas que luchaban por la propiedad comunal de las mismas. Esa propiedad co-munal era, y aún lo es, vista por ellos no sólo como garantía de la inalienabilidad del dominio, sino del mantenimiento desus formas probadas de producción agrícola y la supervivencia de sus estructuras políticas, sociales y culturales. Inclusohabía otro factor de conflicto para los indígenas: la guerrilla, que supeditaba la emancipación indígena a su hipótesis delucha de clases, tal y como había venido haciendo históricamente la guerrilla latinoamericana.Cierto es que la Constitución acababa de comenzar a rodar, pero se ponía de manifiesto una tendencia existente que noiba a hacer más que ampliarse y consolidarse con el tiempo pese a que se seguían aplicando leyes, como la que en 1993estipulaba que los resguardos indígenas (territorio con límites establecidos por la ley que es ocupado por uno o variospueblos indígenas, es una creación colonial española que se ha mantenido como estructura administrativa a lo largodel tiempo) se beneficiarían de un porcentaje de los recursos presupuestarios del país mediante transferencias propor-cionales a su población. La aprobación de estos derechos dio pie a una serie de reivindicaciones de las comunidadesnegras y también ese año de 1993 consiguieron la demarcación de sus territorios.En total, a las comunidades indígenas se les ha reconocido legalmente 34 millones de hectáreas que están distribuidasen 710 resguardos (donde se asientan unas 800.000 personas) y a las negras 4 millones de hectáreas en 132 resguar-dos territoriales. Los datos oficiales dicen que estos resguardos ocupan el 30% del territorio de Colombia, pero hayuna gran diferencia entre unos departamentos y otros y entre unos resguardos y otros. Así, en el departamento delAmazonas hay un resguardo que engloba a seis municipios con una extensión de más de cinco millones de hectá-reas mientras que otros, especialmente en el sur del país, tienen una extensión que oscila entre las 60 hectáreas y las12.000 hectáreas, lo que genera una gran precariedad para las comunidades que se asientan en ellos. Como dijo laComisión Interamericana de Derechos Humanos, muchos de los otorgamientos de tierras se habían hecho en terrenosbaldíos y la situación se mantiene en la actualidad.El proceso de paz iniciado en 1991 daba sus frutos, aunque muchos de los acuerdos puntuales y bilaterales del gobier-no con los diferentes grupos guerrilleros quedaban sólo en el papel. Sin embargo, en cuanto a los pueblos indígenases innegable que a lo largo de esos años, y hasta 1998, se fue dando cuerpo legal a los derechos reconocidos en laConstitución en una variada y hasta cierto punto extensa legislación al tiempo que se creaba la Comisión de DerechosHumanos de los Pueblos Indígenas, con presencia de éstos.Si con el gobierno en cuanto tal la situación no era de especial enfrentamiento si lo era con el Ejército, los paramilita-res (vinculados estrechamente a los terratenientes) y la guerrilla. Sólo entre octubre de 1996 y el mismo mes de 1997fueron asesinados 25 dirigentes indígenas (que se sumaban a los 87 asesinados entre 1990 y 1996) y las comunidadesse veían envueltas en una espiral de violencia en la que las fuerzas públicas de seguridad del Estado y los paramili-2 Víctor Manuel Moncayo. “El Régimen Territorial en la Constitución de 1991” en el número 8 de “Política”, Universidad Nacional de Colombia,diciembre 1991.3 Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. “Derechos Humanos, Reflexión y Acción 3”, Bogotá, septiembre 1991. 84
  • 85. tares se convertían en los principales verdugos, en un nivel muy superior al de la guerrilla, los narcotraficantes y ladelincuencia común. Se producían ataques que tendían a desplazar a las poblaciones indígenas de sus asentamientos,llevándolas a incrementar el caudal de refugiados internos. Ante esta situación algunas comunidades indígenas anun-ciaron su neutralidad frente al conflicto armado, declarando que se negarían a colaborar con las partes armadas, aúncon el Ejército. No todos tenían el mismo grado de responsabilidad en los ataques que sufrían los indígenas. La CIDHelaboró un informe en el que certificaba que el asesinato de indígenas, dirigentes principalmente, tenía como finalidad“amedrentarlos y apoderarse de sus tierras” y que la relación entre paramilitares y las fuerzas públicas de seguridaddel Estado era, “a veces”, estrecha.4En 1998 se produjeron dos hechos cruciales para dar un vuelco a una situación que venía siendo favorable a los pue-blos originarios en el ámbito legislativo: la puesta en marcha del Plan Colombia y el comienzo de las negociacionespara formar parte del Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA). El ALCA había sido diseñado en 1994como parte de una estrategia de EEUU de convertir el continente americano en una sola área de libre comercio enel año 2005, para lo cual se eliminarían progresivamente las barreras al comercio y a la inversión y teniendo comoprecedente el suscrito ese mismo año entre Canadá, Estados Unidos y México, denominado Tratado de Libre Comer-cio de América del Norte. Las negociaciones para el ingreso de los diferentes países en esta estructura económicase iniciaron formalmente en abril de 1998 y a partir de ese momento, y en consonancia con la aplicación militar delPlan Colombia, se comenzó un desaforado proceso de aprobación de leyes que abrían espacios a uno y otro, amboscomplementarios. El ALCA pretendía regirse por las normas de la Organización Mundial del Comercio, que estable-cen no restringir las operaciones militares en ningún país, por lo que se convertía en un elemento imprescindible paraarropar la estrategia militar contra los grupos guerrilleros que habían rechazado la desmovilización y como protec-ción incuestionable para el Ejército a la hora de combatir a quienes obstaculizasen los acuerdos que se alcanzasen enel ámbito económico.Una de las primeras medidas que el gobierno puso en marcha en 1998 para allanar el camino hacia la firma del ALCAfue eliminar la necesidad de establecer las “licencias ambientales”, es decir, se terminaba con la obligatoriedad de quelas empresas consiguiesen una autorización del ámbito competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividadque pudiese producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modifica-ciones considerables o notorias al paisaje. Este hecho ya ponía sobre aviso a los pueblos indígenas, a pesar de contarcon potestad para controlar este tema en sus resguardos, y pronto se llegó al conflicto puesto que la laxitud con quese aplicaba la “no licencia ambiental” comenzó a obstaculizar el desarrollo de la jurisdicción especial indígena paracasos como el control de los recursos naturales, el territorio y el ejercicio de la autoridad indígena. Se comenzaba yaa hablar de la explotación de los recursos naturales a gran escala y comenzaban las contradicciones constitucionalessobre quién es el propietario del suelo y del subsuelo.En Colombia los recursos minerales del subsuelo pertenecen al Estado, pero se considera como “reserva minera indí-gena” el área de los resguardos. En virtud de ello, los indígenas pueden pactar con terceros el desarrollo de actividadesde exploración y explotación de recursos minerales, y sus autoridades tienen derecho a señalar dentro de las zonasmineras indígenas lugares no explorables ni explotables por su significado social o religioso.5 Pero el gobierno hizocaso omiso de la ley y aprobó la explotación petrolera en territorio u’wa por parte de transnacionales y la compañíacolombiana Ecopetrol. Era el principio de la aprobación de una serie de megaproyectos en todo el territorio colombia-no y, por consiguiente, en los resguardos indígenas. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), surgidaen 1982, consideraba que los proyectos que se iban a iniciar tendrían una incidencia directa en casi la cuarta parte delas hectáreas de tierras indígenas, muchas de ellas en zonas de selva frágil como la Amazonía con lo que supondría unpeligro añadido para la suma debilidad demográfica de los pueblos originarios de esa zona del país dado que casi lamitad de los pueblos que allí habitaban tenían en esos momentos una población inferior a los 500 miembros.4 http://www.cidh.org/countryrep/Colom99sp/capitulo-10.htm#135 Decreto 710 de 1990. Diario Oficial No. 39.270, del 1 de abril de 1990. Reglamentación parcial del Código de Minas. 85
  • 86. Si el ALCA estaba definido desde el primer momento no ocurría lo mismo con el Plan Colombia, diseñado como unproceso simultáneo a la negociación de paz que permitiera ir financiando proyectos sectoriales ligados a los acuerdoslogrados. Apuntaba además a la rehabilitación e inversión principalmente en zonas afectadas por la violencia, cul-tivos ilícitos o de conflictos ambientales, sobre la base de una articulación de las comunidades y del Estado. Surgióestrechamente ligado al discurso político de paz del entonces presidente Andrés Pastrana. Sin mucha difusión, ensu momento, el denominado Plan Colombia fue dado a conocer en diciembre de 1998 en Puerto Wilches y allí elpresidente expresó que “la guerrilla podrá participar en la preparación, conformación y ejecución de los proyectosdel Plan Colombia”.6 Como elemento importante en el marco de una negociación de paz, el Plan Colombia formóparte de los preacuerdos entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo(FARC-EP) con anterioridad a su instalación oficial, el 7 de enero de 1999, y altos representantes del gobierno se loexpusieron así a la comandancia de esta organización guerrillera.7 Eran los inicios de las conversaciones de paz que seiban a iniciar en San Vicente del Caguán y en las que se iba a hablar de casi todo pero con una mesa de relieve: polí-tica agraria integral, explotación y conservación de los recursos naturales y estructura económica y social.8 Un hechoante el que los sectores oligárquicos reaccionaron con rapidez y virulencia puesto que si se llegaba a un acuerdo seharía prácticamente imposible la aplicación del ALCA. A los tres meses de negociaciones se produjo la primera crisis,que daba inicio a la ruptura final: los militares criticaban las “excesivas concesiones” a la guerrilla, los empresarioshablaban sobre el hecho de que se había ofrecido a las FARC-EP “la posibilidad de co-gobierno” y EEUU exigía “unplan detallado de lucha contra la guerrilla”, lo que obligó a un reposicionamiento del gobierno, incapaz de resistirlas presiones.9 A partir de ahí se acentuó el aspecto militar del Plan Colombia y se incardinó con la aplicación de lanormativa que impulsaba el ALCA.Las negociaciones para constituir esta área de libre comercio a nivel continental se mantenían en secreto, aunque lospaíses iban dando pasos hacia la firma definitiva adaptando sus normas en el sentido de lo que se había diseñado. Deforma significativa, los únicos que ofrecían información sobre lo que estaba pasando eran los empresarios agrupadosen el Foro Empresarial de las Américas.10 No fue hasta el año 2000 que se hicieron públicos algunos de los documen-tos con los acuerdos adoptados. En ese momento los indígenas se comenzaron a dar cuenta que la tierra dejaba de serel hábitat de las comunidades y se volvía una mercancía a ser aprovechada en función del mayor rendimiento posible,lo que llevó a la ONIC a tomar la decisión de retirarse de todas las mesas de negociación que mantenía abiertas conel gobierno sobre derechos humanos, concertación y territorios indígenas.Los temores se convirtieron en realidad cuando el gobierno, ya presidido por Álvaro Uribe, presentó el Plan Nacio-nal de Desarrollo 2002-2006, cuyos planes se incardinaban con los propuestos en el ALCA aunque de manera pocodetallada para no levantar protestas entre los campesinos e indígenas. Se planteaba un PND con el propósito de “ce-rrar la brecha no sólo entre pobres y ricos, sino también entre la ciudad y el campo, entre hombres y mujeres, entreregiones, generaciones y grupos étnicos” pero dejando bien claro que se enmarcaba “en la búsqueda de un ALCAque sea un acuerdo equilibrado que contribuya a la eliminación de barreras innecesarias al comercio, que estimuleel flujo de bienes, servicios e inversiones, y que mejore las disciplinas existentes en la Organización Mundial delComercio”. De esta manera, la posición oficial se acogía a los presupuestos del ALCA promoviendo, a través delmismo, la integración económica y el libre comercio fundamentados en medidas ya conocidas en Colombia duranteel proceso de apertura como disminuir las ayudas internas a los productores y eliminar las barreras arancelarias,pero sobre todo promover la liberalización de la circulación de mercancías y capitales en torno a un nuevo para-digma, el comercio internacional como regulador de todos los ámbitos incluido el social, ambiental y cultural. Nosolamente se dejaban de lado sus implicaciones políticas y socioeconómicas, sino lo más importante: el impacto6 El Espectador, 6 de enero de 1999.7 Ibid.8 Alberto Cruz, “El dilema de la paz: renuncia a las armas o reformas estructurales” en “Colombia ante los retos del siglo XXI. Desarrollo,democracia y paz”, Manuel Alcántara Sáez y Juan Manuel Ibeas Miguel (ed.). Ediciones Universidad de Salamanca. Salamanca 2001.9 Ibid.10 http://www.sice.org/ 86
  • 87. sobre la supervivencia de sectores tradicionales como la economía campesina o las sociedades indígenas.11Eso desató la ira de las comunidades indígenas y de sus organizaciones. Se consideraba que el gobierno tenía comoobjetivo la eliminación de los derechos culturales, organizativos y territoriales de los pueblos originarios y que, paralograrlo, no hablaba ya de derechos legítimamente adquiridos por los indígenas, sino de privilegios que había quedesmontar. Dicho y hecho. Se aprobaron nuevas normas para los procesos de legalización de territorios, entre ellas lade que debía existir un “concepto etnológico” previo al inicio de cualquier trámite de resguardo o que cuando hubiesepresencia de población campesina o negra en esos territorios susceptibles de ser legalizados no se podría continuarcon los trámites. La ONIC fue contundente: “Todas estas medidas están claramente orientadas a frenar la legalizaciónde los territorios indígenas a pesar de que su derecho ya ha sido reconocido en la Constitución Política. Y resulta claroque con ellas se va a legalizar la política de invasión de los territorios indígenas, motivada por grupos paramilitarespuesto que es bien sabido que en varias zonas del país dichos grupos, a través de la colonización, pretenden desalojara las comunidades indígenas para más adelante facilitar los procesos de siembra de cultivos ilícitos, realización demegaproyectos, explotación de recursos, monocultivos, entre otros”.12 Para la organización indígena no era más queuna nueva vuelta de tuerca para acomodar la legislación colombiana a las exigencias del ALCA, que se manifestabaen hechos concretos como la modificación de la ley de reforma agraria que favorecía a los grandes monocultivosagroindustriales y la ley forestal para permitir la colonización, la realización de megaproyectos y monocultivos. Unode los elementos más polémicos y controvertidos de la ley forestal fue el establecimiento del denominado “vuelo fo-restal” -referente al bosque existente o una plantación futura, con independencia del suelo- con una condición jurídicaindependiente de la tierra para facilitar su enajenación aunque, formalmente, se excluía a los territorios indígenas.Sin embargo, la resistencia de los diferentes pueblos latinoamericanos –Colombia no fue una excepción- y, sobretodo la decidida actitud de Brasil y, en menor medida, Venezuela en contra del ALCA dio al traste con la pretensióninicial. Ya no era posible crear un área de libre comercio desde Alaska a la Tierra de Fuego, por lo que EEUU optó pordar un viraje en su política e iniciar un proceso bilateral con aquellos gobiernos que le eran más afines. Uno de ellos,el colombiano. El 22 de noviembre de 2006 el Congreso aprobaba el Tratado de Libre Comercio con un texto queobligaba a Colombia a la mercantilización de todos los territorios y los recursos naturales, con lo cual, sin necesidadde mencionarlo expresamente, se ponía en cuestión el derecho de los pueblos indígenas a sus territorios ancestrales ysus recursos a pesar de afirmar el gobierno que había logrado que los Estados Unidos reconocieran la importancia dela biodiversidad y los conocimientos tradicionales asociados con ella: la soberanía del Estado sobre estos recursos,la necesidad de contar con el consentimiento previo del Estado y las comunidades tradicionales para obtener accesoal material genético relacionado con la biodiversidad y de distribuir equitativamente con las comunidades los benefi-cios obtenidos por el uso de recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales. Como se verá más tarde, nada omuy poco de ello era cierto. Las movilizaciones no tardaron en producirse. En los departamentos de Cauca, Nariño,Valle, Tolima y Meta se inició una campaña de recuperación de tierras que fue violentamente reprimida, acusando alos indígenas de “terroristas”. El gobierno justificó su actuación como “legítima y legal” pese a haber aplicado unaley que había sido declarada inconstitucional. Sin embargo, para el Relator de Derechos Humanos de la ONU fueron“detenciones arbitrarias”.En toda Colombia los pueblos indígenas expresaban su rechazo a la política económica que impulsaba el gobiernoal calor del TLC. Los pueblos indígenas barí y u’wa se oponían a la explotación petrolera de sus territorios y esteúltimo pueblo reclamaba, además, la titulación de sus tierras como elemento clave para el desarrollo de su culturade acuerdo con su visión del mundo. Lo mismo hicieron los nasa, guambiano, kankuamo, wiwa, kogui y sikuanienfrentándose al Estado ante la negativa a reconocerles sus derechos al territorio. Era un proceso que fortalecía elmovimiento indígena y le consolidaba a nivel organizativo. El pueblo embera, uno de los más numerosos en Co-lombia con cerca de 100.000 personas, celebró su Congreso Nacional Embera con la asistencia de 3.000 personas11 http://www,dnp.gob.co/12 http://www.nodo50.org/pazamazon/cspi_col_onic1.htm 87
  • 88. provenientes de todos los departamentos del país reclamando, en el caso concreto de los embera chamí y emberakatío, la titulación, saneamiento, ampliación y protección de resguardos y a nivel general reafirmando su rechazoabsoluto a la modificación de la ley de reforma agraria que planteaba el gobierno.Eso por la base. En las dirigencias, el gobierno inició un proceso de cooptación que logró buenos resultados, especial-mente en la zona amazónica, descabezando algunas organizaciones y logrando que se redujese la presencia indígenaen el parlamento e instituciones intermedias como consecuencia del hecho de haber pedido el voto para los partidosque sustentaban al presidente Uribe. Y ello pese a presentar estos partidos candidatos que apoyaban la firma del TLCy los megaproyectos en territorios indígenas en abierta contradicción con los puntos de consenso del movimientoindígena en su conjunto. Uno de esos dirigentes cooptados, awa, resultaría electo en el senado por el Movimientode Autoridades Indígenas de Colombia y jugaría un destacado papel en la elaboración de leyes agrarias muy lesivaspara los intereses indígenas como el Estatuto de Desarrollo Rural.Desaparecía uno de los sectores más visibles de oposición. Daba la impresión que el gobierno había logrado controlarla disidencia interna y la crítica hacia el TLC cuando surgió un factor con el que no contaba: la oposición del PartidoDemócrata de EEUU a que este país ratificase la firma. Dos elementos fueron determinantes para esta decisión, lasnulas salvaguardas medioambientales, tal y como habían denunciado los pueblos indígenas, y el asesinato de sindica-listas. En un intento de contentar a los demócratas estadounidenses, Colombia volvió a reformar el texto del TLC sinque, de nuevo, se tuviesen en cuenta las demandas indígenas a pesar de que su postura se había visto refrendada conla declaración de inconstitucionalidad de la ley forestal, entre otras cuestiones por no haberse realizado la consultaprevia con ellos como demanda el ordenamiento legal colombiano.Era necesario entonces un nuevo Plan Nacional de Desarrollo para el cuatrienio 2006-2010, pero apareció con losmismos vicios que el anterior, reforzados. Se expandía la frontera agrícola, se proporcionaba seguridad jurídica antelas reclamaciones a los inversores y se daba carta blanca a la realización de un inventario exhaustivo de las riquezascontenidas en el subsuelo que desembocó en una subasta de títulos mineros (una sola empresa transnacional, AngloGold Ashanti, presentó a través de sus filiales colombianas 2.114 solicitudes en 21 departamentos que afectaban auna superficie superior a los cuatro millones de hectáreas)13 que tocaba de lleno tierras indígenas embera en cuatrodepartamentos, Antioquia, Risaralda, Caldas y Chocó. En este último departamento, también en tierras del puebloembera, se aprobaron zonas de exploración petrolífera.El plan hace una declaración de principios: “este plan no copia el anterior, pero tampoco lo ignora”. Evidente, comoel hecho de asentarse en la política de “seguridad democrática” impulsada por el presidente Álvaro Uribe desde elmismo momento de alcanzar la primera magistratura del país: “La seguridad democrática es también una herramientapara generar confianza, inversión y crecimiento. Hay un vínculo entre la seguridad y la cohesión social. La seguridadprovee condiciones para la inversión, y esta permite que se alcancen objetivos sociales. La seguridad democráticaes, por lo tanto, un medio para la erradicación de la pobreza. La seguridad y las libertades se requieren para que elinversionista tenga confianza. El crecimiento sólo se da cuando hay un respeto firme a los derechos más básicos:la vida, la libertad, la propiedad individual en un ambiente de conveniencia social. Es en este contexto que se dael crecimiento económico necesario para que crezca el empleo, para que crezcan los ingresos laborales y para quecrezcan los recursos para la política social. Esto, junto con una política social efectiva, sella la unión entre todos loscolombianos, y legitima la seguridad y las libertades públicas”.14 Obsérvese la referencia a la propiedad individual.Nada por tanto sobre la propiedad comunal y colectiva de las comunidades indígenas aunque en el apartado que lesdedica (20 páginas de un total de 740) hay una gama de declaraciones de intención sobre todos los aspectos de la vidasocietaria. En materia de territorialidad se identifican como “acciones prioritarias” formular un programa nacionalde adquisición de tierras y mejoras “con base en los estudios existentes a la fecha” –con lo que ya se invalidaban y13 Tribunal Permanente de los Pueblos. Sesión sobre empresas transnacionales y derechos de los pueblos en Colombia (2006-2008).Segunda audiencia. Medellín, 10-11 de noviembre de 2006.14 http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket=LNQRfw1bAXo%3d&tabid=65 88
  • 89. anulaban posteriores reivindicaciones- y las solicitudes realizadas por las comunidades, elaborar un estudio de carac-terización territorial que sirviese de base para el diseño e implementación del Plan Nacional de Tierras, implementarmecanismos para permitir la solución concertada de los problemas de jurisdicción sobre territorios indígenas con lasinstancias pertinentes y apoyar el desarrollo de proyectos de conservación, recuperación y uso sostenible de los recur-sos naturales, ejecutados por los pueblos indígenas.15 Todo ello, como no podía ser menos, con constantes apelacionesa la coordinación con las organizaciones de los pueblos originarios.La realidad iba por otro lado. A través de la legislación transversal, de forma principal sobre los recursos naturales, seiban minando los derechos de las comunidades y los pueblos indígenas porque la política de libre comercio abundaen el efecto de ningunear los reconocimientos constitucionales e internacionales. Además, la justicia constitucionaliba relajando la doctrina garantista de los derechos indígenas que elaboró inmediatamente tras la Constitución y lasacciones militares de la larga y cruenta guerra civil no parecían sino una baza más del gobierno para avanzar en laagresión contra esos derechos. Tal vez lo más significativo de este ambiente fuese la aprobación del Estatuto de De-sarrollo Rural (2007), que suponía el mayor golpe normativo y político que había recibido la población originaria enaños. Las organizaciones indígenas lo catalogaron como “hijo de la parapolítica”, por el estrecho vínculo entre polí-ticos y paramilitares puesto que fue tramitado con el aval de congresistas presos o investigados por esos vínculos.El Estatuto de Desarrollo Rural adecuaba la legislación agraria y la configuración territorial del país a las exigenciasdel TLC con EEUU, permitía a los latifundios ociosos eludir la extinción de dominio y representaba una auténticacontrarreforma agraria en beneficio de terratenientes y empresarios agrícolas. Incluso la Procuraduría General de laNación advirtió en su momento que “podría prestarse para el lavado de activos”, en referencia a los paramilitares quese habían hecho con tierras. La única representante indígena en el Congreso, una wayúu, dijo en la votación que conesa ley se legalizaban las tierras adquiridas con escrituras fraudulentas. La ONIC añadió que suponía un atropello anormas y derechos fundamentales para los pueblos indígenas reconocidos constitucionalmente como la libre determi-nación y el manejo y control de los territorios, así como “un cambio de los usos del suelo”. La Federación NacionalSindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO) manifestó su rechazo al estatuto rural por considerarlo “una leyexcluyente, marginal, que además perpetuará el gran latifundio mafioso y especulativo, generando de paso un mayory criminal desplazamiento de miles de pobladores rurales”.16El tema de la legalización de las escrituras fraudulentas que mencionaba la diputada wayúu era el más grave. Con-siste en un título, aunque no hubiese sido expedido por ninguna autoridad con potestad para ello, que se consideraválido si tiene más de cinco años aunque la tierra haya sido conquistada por medios ilícitos y criminales, algocorriente en Colombia donde la Contraloría Estatal –órgano encargado de examinar la legalidad y corrección delos gastos públicos- reconoció que más de 4 millones de hectáreas fueron ocupadas por estos grupos paramilitaresmediante métodos violentos. El escándalo era de tal calibre que el gobierno buscó un cierto aval por parte de losgrupos indígenas convocando la Comisión de Territorios Indígenas, pero los representantes abandonaron la reuniónal constatar que lo que en realidad se pretendía era una legitimación del Estatuto de Desarrollo Rural. De haberlohecho, habrían dado carta de naturaleza a una práctica expoliadora puesto que por el contenido del Estatuto lospueblos waunan, embera, eperara, tule y awá veían seriamente amenazados sus derechos; los pueblos nuhkak yyuri, nómadas o seminómadas, tendrían que sedentarizarse o limitar su nomadeo únicamente a las zonas en las quelo han venido haciendo durante años de forma “regular y permanente”, sin tener en cuenta un hipotético cambioterritorial por razones de caza, en un proceso similar al ya iniciado por los sikuani y tsiripu, quienes se habían vistoobligados a abandonar su tradición nómada para poder constituir un resguardo territorial propio. A todo ello se su-maba la criminalización de las ocupaciones de tierras: “El Ministerio del Interior y de Justicia-Dirección de Etnias,se abstendrá de autorizar, iniciar o subsidiar los procedimientos de negociación directa o de expropiación previstosen esta ley si los predios rurales respectivos, pretenden ser reivindicados o adquiridos por medio de la violencia. Las15 Ibid.16 http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article479 89
  • 90. mejoras adquiridas en esas condiciones, pasarán a ser propiedad de los legítimos dueños de la tierra”.17Los puentes con los pueblos indígenas estaban muy deteriorados, pero se rompieron con una decisión que dejababien a las claras las intenciones del gobierno: Colombia se abstuvo en la votación de la ONU sobre la Declaración deDerechos de los Pueblos Indígenas. Fue uno de los 11 países que lo hicieron y a punto estuvo de votar en contra juntoa su aliado EEUU. Hasta el último momento procuró, de forma conjunta con EEUU, que no se incluyese en la DDPIel derecho a la libre determinación y planteó modificaciones varias al articulado en cuestiones tan sensibles comotierras, territorios y recursos sin perder de vista el objetivo central de la política del gobierno de Álvaro Uribe, la“seguridad democrática”, de ahí que hiciese casi lo imposible por lograr que no se restringiese la presencia militar enlos territorios indígenas. Finalmente, no se atrevió a votar en contra de la DDPI pero los pueblos originarios tomaronbuena nota y rompieron todos los “espacios de concertación” con el gobierno que habían sido diseñados por éste enel PND. No tenía ningún sentido hablar con quien les conculcaba derechos y le pusieron una condición para retomarel diálogo: adoptar la DDPI como parte fundamental del ordenamiento jurídico interno de Colombia.La DDPI fue adoptada por la ONU en septiembre de 2007. Bajo su aval, aunque no hubiese sido votada por Colom-bia, en diciembre los indígenas iniciaron una campaña de recuperación de tierras en poder de los terratenientes en eldepartamento del Cauca. Cerca de 10.000 indígenas se dedicaron a recuperar sus tierras ancestrales. La respuesta delGobierno fue la violencia y la acusación de vínculos con la guerrilla de las FARC-EP. La movilización se extendió aotros departamentos como Tolima y en muchos lugares se impulsaron reclamaciones judiciales por parte de los pue-blos embera chamí, wiwa, awá, kankuamo y kogui en contra de actividades económicas a gran escala en sus terri-torios. Se producía en la práctica una división de las luchas. Mientras en la zona andina se luchaba por la tierra contralos terratenientes en la amazónica se luchaba por la conservación y defensa de los territorios contra los hacendados,madereros y mineros. Al calor de estas movilizaciones la ONIC realizó un congreso de enorme trascendencia: termi-nó con un llamamiento a la desobediencia legislativa frente a las leyes agrarias que facilitaban aún más la ejecuciónde megaproyectos del tipo palma aceitera, banano y plátano, con lo que se reforzaba la alianza con los sectores cam-pesinos no indígenas, otro llamamiento a “liberar la madre tierra” y se tomó la iniciativa de iniciar la transformaciónde la ONIC en un órgano de “gobierno propio” –el Consejo de Gobierno- que trataría directamente con el Estado enigualdad de condiciones, en el marco de una reforma que incluyese la conformación de un parlamento indígena y deun Consejo Nacional de justicia indígena.18Había que dar tiempo para que estas resoluciones de calado llegasen a todas las comunidades indígenas, se habían lo-grado algunas victorias como que la justicia obligase a la derogación de la ley forestal y el Estatuto de Desarrollo Ru-ral por inconstitucionales19 (las dos iniciativas en materia agrícolas más importantes para el gobierno, que elevó aúnmás el importante enfrentamiento que mantenían el Ejecutivo que presidía Álvaro Uribe y la Corte Constitucional porla “parapolítica”)20 y más de medio año después volvieron las marchas indígenas con un marcado carácter político:denuncia de la connivencia gubernamental con los paramilitares y el repetitivo asesinato de indígenas, campesinos,afrocolombianos, sindicalistas y jóvenes de los suburbios, algunos de ellos presentados como “falsos positivos”;exigencia de protección de los derechos territoriales de las comunidades vulnerados por las empresas extractivas yagronegocios promocionados por el gobierno, y crítica del neoliberalismo no sólo económico, sino cultural y polí-tico. Y tal vez lo más importante: la necesidad de reconstruir moral y democráticamente a Colombia y de formularun nuevo modelo de desarrollo incluyente. De forma significativa, recuperaron el término quichua “minga”, trabajocolectivo, para denominar su movilización. En ella, con un papel protagonista innegable del Consejo Regional Indí-gena del Cauca (CRIC), participaron los pueblos nasa-paez, guambiano, coconuco, yanacona y embera, asistieron17 http://www.elabedul.net/Documentos/Leyes/2007/Ley_1152.pdf18 VII Congreso de la ONIC. Diciembre 18-22 de 2007. http://www.onic.org19 http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=91603 La “parapolítica” es la conexión entre legisladores y políticos con paramilitares. La justicia comenzó a investigar esta relación y halló vínculos20en 70 congresistas, en su mayoría vinculados al partido del presidente o a organizaciones que lo apoyan. 29 de ellos fueron encarcelados. 90
  • 91. representaciones a nivel de dirigencias de otros pueblos y a la misma se sumó un importante sector de la poblaciónafrocolombiana.La respuesta del gobierno fue al principio intentar su deslegitimación afirmando el mismo presidente Uribe que “sien-do un 3% de la población, poseen el 27% del territorio nacional”, lo que convertía a los indígenas en “los verdaderosterratenientes del país y no los paramilitares”.21 Una manipulación muy al estilo de otros dirigentes latinoamericanos,por ejemplo en Perú, que también tienen intereses en que se firme un TLC con EEUU. En el caso de Colombia esconocido, y así está referenciado por múltiples instancias de todo tipo que el 90% de esos territorios son las selvashúmedas en el Amazonas; o páramos andinos en el Pacífico (las principales reservas de agua del país, donde nacenlos principales ríos), o desiertos como el de la Guajira o tierras agotadas por el sobrepastoreo que le dieron los ga-naderos, antes de que los indígenas iniciaran sus luchas para recuperar estas tierras de sus resguardos en la décadade 1970.22 Es decir, en su mayoría es tierra no cultivable. Por ello, los indígenas tampoco se quedaron cortos en lacontundencia de su contestación: “El presidente y el ministro de Agricultura manipulan cifras e interpretan diversoshechos de manera distorsionada para que otros sectores y la ciudadanía en general perciban que recibimos privilegiosinmerecidos o que, peor aún, somos culpables de sus problemas y dificultades. Esto es falso y no tiene sustento en larealidad. La pobreza y la injusticia social nos afectan a todos y son responsabilidad de las políticas de Estado de lasque somos víctimas”.23Se desmontó la campaña gubernamental de deslegitimación y el gobierno recurrió a su gran arma, la criminalización.El presidente Uribe decretó el estado de conmoción interior que faculta al gobierno a adoptar cuantas medidas estimenecesarias y proporcionadas, pudiéndose incluso llegar a suspender temporalmente la vigencia de leyes mediantemeros decretos. Las acusaciones gubernamentales sobre la “infiltración” de las movilizaciones indígenas por lasFARC-EP aumentaron24 aunque se añadía una preocupación especial por el hecho de que en las movilizaciones sehubiese incluido un rechazo expreso al TLC con EEUU. Pero pese a la represión, con muertos incluidos, el gobiernose vio obligado a retroceder. El 4 de noviembre de 2008 el presidente Uribe ofreció la compra de tierras a indígenaspaez y guambiano para solucionar una parte del conflicto (uno de sus orígenes se remontaba a una masacre come-tida por el Ejército en 1991, sancionada por una sentencia de la CIDH que ordenaba al Estado a una reparación a lacomunidad afectada consistente en la titulación de propiedad de 23.000 hectáreas de las que en el momento de lamarcha sólo se habían entregado cerca de 16.000 aunque habían transcurrido dieciséis años de aquello; a estas tierrasse refería la oferta presidencial) y la instalación de una mesa de diálogo con representantes indígenas para tomarse enconsideración la posibilidad aceptar la DDPI de la ONU. Esta era una de las peticiones de la “minga” indígena juntoa la autonomía política en sus territorios, un diálogo sobre el TLC, rechazo a la política de “seguridad democrática”por haber provocado la militarización de sus tierras y el inicio de un proceso de paz con la guerrilla para solucionarun conflicto armado que también les afecta a ellos. El gobierno, que no había tenido en cuenta a los indígenas duranteaños, mucho menos a la hora de abstenerse en la votación en la ONU, parecía rectificar en su política.Parecía, puesto que pronto anunció que en la mesa iban a estar expertos propuestos por el gobierno para ajustar laDDPI a “salvedades en tres puntos constitucionales”: el subsuelo (“perteneciente a todos los colombianos y no aningún grupo étnico particular”), la presencia de la Fuerza Pública (“hay que buscar enlaces constructores de con-fianza entre las comunidades indígenas y las Fuerzas Armadas de Colombia, en todos los sitios de presencia de laspoblaciones indígenas”) y la consulta previa (“el Gobierno Nacional está de acuerdo con las consultas, sin que ellastengan la posibilidad de veto”).25 El uso de la expresión “grupo étnico”, recurrente en toda la administración Uribe,quita fuerza al concepto de “pueblo” y, de esta forma, se elimina el derecho a la libre autodeterminación. La menciónal Ejército vuelve a poner de relieve el eje central de toda la política, la “seguridad democrática”, con una presencia21 http://www.servindi.org/actualidad/631122 Ibid.23 http://concejaljaimecaycedo.blogspot.com/2008_10_01_archive.html24 El Espectador, 15 de octubre de 2008. http://www.elespectador.com/node/84029/25 http://web.presidencia.gov.co/sp/2008/noviembre/04/11042008.html 91
  • 92. militar que se considera poco menos que innegociable y permanente. Si la consulta no tiene capacidad de veto ¿paraqué sirve? Los pueblos indígenas mencionados a lo largo de esta exposición de país han venido manifestando por ac-tiva y por pasiva su rechazo a la política extractivista de los recursos del subsuelo, por lo que la mesa pretendida por elgobierno no tenía otra finalidad que salvar la cara y se quedaba en la mera consulta informativa, un “hemos decididoesto y punto”. Eso de que la consulta tiene que ser “de buena fe”, como recoge el Convenio de la OIT, ratificado porColombia y por ello obligatorio como norma jurídica interna, no va con el gobierno.Además, el Ejecutivo presidido por Uribe hacía piña con las grandes empresas agroindustriales que controlan, porponer un ejemplo, 230.000 hectáreas del valle del Cauca que no han sido transferidas a los indígenas, pese a las pro-mesas en ese sentido, y en las que se siembran productos rechazados por ellos como la caña de azúcar para producirbiocombustibles. Los agroempresarios y el gobierno aducen que estas tierras se vuelven improductivas porque losindígenas no las hacen trabajar al ritmo de las grandes empresas modernas sin tener en cuenta la cosmovisión, el quepor tradición y visión del mundo, el manejo de la tierra por los indígenas es muy diferente a los pretendidamenteusos “modernos” y capitalistas. Un comentario publicado en el periódico de más prestigio en Colombia dice todo deun pensamiento que no es individual, del firmante, sino representante de un colectivo, el criollo-oligárquico en esepaís y en el resto del continente que habla del pensamiento racista y supremacista en el que se sustenta el rechazo alas reclamaciones y reivindicaciones indígenas: “La exigencia de más tierra para ellos es una locura. Hablemos sineufemismo, pero los indígenas por lo que menos se caracterizan es por ser trabajadores. Así, algunos pretendan des-calificar estas palabras, los nativos colombianos desde la época de la conquista han demostrado no gustarle muchoel trabajo, de ahí, que los españoles se vieron abocados a traer esclavos de África. Por lo tanto, la entrega de tierraes contraproducente. Ellos, entienden en su ‘malicia indígena’ que si el Estado colombiano les entrega tierras cadavez que protesten, lo más seguro es que al paso que vamos ni siquiera Bogotá va hacer suficiente en el futuro parasatisfacerlos”.26Mientras los medios de comunicación hacían lo posible por denigrar los objetivos de la “minga” indígena el gobiernose embarcaba en costosas campañas publicitarias sobre el número de tierras entregadas, extensión, reconocimientode derechos, protección social y bondades de un TLC que era, en cualquier caso, “innegociable”.27 Sin embargo,todos esos esfuerzos ya no lograban evitar que las críticas le llegasen desde todos los lados. Colombia se encontrabaante la espada y la pared a nivel interno e internacional. En el plano interno, el mes de enero de 2009 la Corte Cons-titucional emitió un fallo revolucionario sobre varios aspectos cruciales para los indígenas: el peligro de exterminiofísico o cultural como consecuencia del conflicto armado interno; procesos territoriales y socioeconómicos conexosal conflicto armado, directos o indirectos; el interés de los actores no indígenas sobre la tierra indígena, derivado defactores como los recursos naturales, su valor militarmente estratégico, su valor económico o la distancia de centrosurbanos por unas partes interesadas “que pueden ser actores armados o no armados, legales e ilegales, y a menudo seentrelazan”, y el desplazamiento forzado.La Corte Constitucional entendía que se había producido “una violación severa y simultánea de múltiples disposicio-nes constitucionales, que afectan tanto los derechos fundamentales individuales de las personas pertenecientes a lospueblos indígenas afectados por el conflicto armado y el desplazamiento forzado, como los derechos fundamentalescolectivos de estas etnias” y que ello implicaba, así mismo, “un incumplimiento grave de los deberes de prevencióny protección del Estado colombiano, y activa obligaciones de actuación inmediata en los ámbitos preventivo y deatención”28. El fallo repasaba todos los derechos reconocidos a los pueblos indígenas en la Constitución y llegaba a laconclusión que se habían violado casi todos ellos, por lo que ordenaba (sic) a los organismos responsables del gobier-26 El Tiempo, 3 de noviembre de 2008. http://www.eltiempo.com/blogs/desde_el_caribe_manifiesto/2008/11/mientras-la-mayoria-de-los-col.php27 http://web.presidencia.gov.co/sp/2008/octubre/26/13262008.html28 http://www.indepaz.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=89:auto-nd-004-de-2009-proteccion-de-los-derechos-fundamentales-de-las-personas-y-los-pueblos-indigenas-desplazados-por-el-conflicto-armado-o-en-riesgo-de-desplazamiento-forzado&catid=39:normas&Itemid=82 92
  • 93. no el diseño e implementación de un Programa de Garantía de los Derechos de los Pueblos Indígenas Afectados Porel Desplazamiento en que se deberían aplicar los parámetros constitucionales de participación de las organizacionesque abogan por los derechos de los pueblos indígenas, así como de líderes de los pueblos originarios más afectadospor el desplazamiento y, junto con ello y de forma coordinada, “unos planes de salvaguarda étnica ante el conflictoarmado y el desplazamiento forzado para cada uno de los pueblos identificados en la presente providencia: Wiwa,Kankuamo, Arhuaco, Kogui, Wayúu, Embera-Katío, Embera-Dobidá, Embera-Chamí, Wounaan, Awá, Nasa,Pijao, Koreguaje, Kofán, Siona, Betoye, Sikuani, Nukak-Makú, Guayabero, U’wa, Chimila, Yukpa, Kuna,Eperara-Siapidaara, Guambiano, Zenú, Yanacona, Kokonuko, Totoró, Huitoto, Inga, Kamentzá, Kichwa yKuiva”. En total, 34 pueblos de los 84 reconocidos oficialmente en Colombia. La política de la administración Uriberespecto a los pueblos originarios quedaba por los suelos. Lo relevante no sólo era la sentencia en sí, sino el hecho dehaber tenido como referente para su elaboración toda la documentación aportada por la ONIC. En ella se recoge, porejemplo, que de 2002 a 2009 –etapa de Álvaro Uribe en la presidencia del país- habían sido asesinados en Colombia1.032 indígenas.29En el ámbito internacional las cosas no le iban mucho mejor, por lo que no tuvo más remedio que anunciar su ad-hesión, con matices, a la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. Fue en mayo de 2009 en elmarco del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Su representante dijo que el gobier-no había enviado una nota al Secretario General de las Naciones Unidas expresándole el apoyo de Colombia “a losderechos afirmativos y especiales de los pueblos indígenas, a la promoción de la libre determinación y al respeto delpluralismo y de la diversidad étnica y cultural”, razón por lo cual expresaba “su apoyo unilateral a la Declaración deNaciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a su espíritu y a los principios que inspiran su conte-nido” no sin reiterar que lo hacía “a pesar de que esta Declaración no es una norma jurídicamente vinculante para elEstado, ni constituye prueba alguna de la conformación de disposiciones de naturaleza convencional o consuetudina-ria vinculantes para Colombia, se encontró que algunos aspectos de esta Declaración entran en franca contradiccióncon el orden jurídico interno colombiano, lo cual llevó al Estado colombiano a abstenerse de votarla”30. Lo dicho,aceptaba la DDPI con matices y a regañadientes.Colombia intentaba curarse en salud ante la anunciada visita del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Situa-ción de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, dos meses más tarde. Pero al gobier-no no le salió muy bien la jugada puesto que el Relator no sólo ratificó punto por punto un informe anterior de 2004,afirmando con rotundidad que “la situación de los derechos humanos de los indígenas de Colombia es grave, crítica yprofundamente preocupante”, sino que añadía que “esa evaluación [del informe de 2004] sigue siendo aplicable hoy, apesar de algunas iniciativas importantes del Gobierno de Colombia durante los últimos años”.31 Esto lo dijo en el país,antes de retornar a la ONU y ponerse a elaborar el informe final, que sólo estaría listo un año más tarde. Aprovechandoesta visita del Relator Especial, el Representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para losDerechos Humanos, afirmó que la situación en Colombia es “grave, crítica, dramática y profundamente preocupante yno hay suficiente conciencia en la sociedad sobre la tragedia que afecta a estos pueblos originarios”.3229 Ibid. El asesinato de indígenas por parte de los sectores armados en Colombia, bien sea del Ejército, paramilitares o guerrilla no se haincluido en este libro puesto que es de tal envergadura que por sí solo habría necesitado no ya el espacio que se dedica a este país, sino unlibro entero. No obstante, de ello hay referencias sobradas y extensas que se pueden consultar en las mismas páginas web de las diferentesorganizaciones indígenas colombianas, de organizaciones de derechos humanos o de la propia ONU, incluida su Misión en Colombia cuyapágina web recoge uno de los últimos informes sobre ejecuciones sumarias y extrajudiciales http://www.nacionesunidas.org.co/index.shtml?apc=i1-----&s=n&x=58590. También se han dejado de lado, por las mismas razones, las referencias al Plan Colombia, pese a ser uninstrumento fundamental en el desarrollo de toda la política económica y de “seguridad democrática” en la que se sustenta. Tampoco seaborda el asesinato de sindicalistas, la cuestión del narcotráfico y el cultivo de sustancias ilegales o la macabra política oficial de los llamados“falsos positivos” por lo mismo. Sobre los “falsos positivos” se puede ver el documento secreto del Ministerio de Defensa que los ponía enpráctica en http://www.justiciaporcolombia.org/sites/justiciaporcolombia.org/files/u2/DIRECTIVA_MINISTERIAL_COLOMBIA.pdf30 Bartolomé Clavero, “Colombia comprometida (por su propio gobierno doblemente”, Alai, 22 de mayo de 2009 http://alainet.org/active/3050331 http://www.politicaspublicas.net/panel/relator-dpi/noticias-relator/360-anaya-comunicado-colombia.html32 El Tiempo, 28 de julio de 2009. http://www.eltiempo.com/colombia/politica/situacion-de-indigenas-en-el-pais-es-grave-critica-y-profundamente-preocupante-relator-de-la-onu_5714429-1 93
  • 94. El presidente Uribe se había amparado hasta ese momento en su alta popularidad entre la población –en lo que ha te-nido mucho que ver el papel jugado por los medios de comunicación- para arremeter contra las propuestas indígenas,negras y campesinas y todo aquello que se mostrase crítico con su política neoliberal y de “seguridad democrática”.Pero el año 2009 fue el comienzo del fin de toda una carrera política basada en el desprecio hacia el crítico y adversa-rio político. El escándalo de los llamados “falsos positivos”, los casos de corrupción y prácticas clientelistas dentro delos diferentes estamentos del Estado con implicación directa de dos hijos del presidente, el aumento del paro debidoal estancamiento de la economía, la quiebra del sistema de salud, la agresiva política exterior hacia Venezuela y Ecua-dor y la instalación de bases militares de EEUU en territorio colombiano hicieron que se terminara la luna de miel conla opinión pública e, incluso, estamentos políticos e institucionales que no solo le habían apoyado sino adulado.Los más críticos resultaron ser los jueces. Un sector de ellos, al menos. No sólo por fallos como los de la Corte Cons-titucional contra algunas de sus leyes, verdaderos “buques insignia” de la política de la Administración Uribe cuandofueron aprobadas, sino los de la Corte Suprema de Justicia al intentar limpiar el aparato del Estado de relacionescon el narcotráfico y el paramilitarismo vinculando a políticos con todo ello y acusándoles de “crímenes contra lahumanidad”. También algunos jueces de departamentos, como en Chocó, donde su Tribunal Administrativo ordenóque once empresas agrícolas y ganaderas devolviesen a las comunidades negras las tierras que habían usurpado pormedios violentos. Por el contrario, seguía habiendo jueces que reinterpretaban aspectos constitucionales, como laexención del servicio militar para los indígenas, en los que se apoya el Ejército para establecer programas como lared de informantes, los soldados campesinos y los “soldados por un día” para niños, niñas y jóvenes –calificadoscomo “programas con carácter voluntario” por el Ministerio de Defensa y que son parte fundamental de la política dedefensa y “seguridad democrática”- que luego provocan represalias por parte de la guerrilla.Amparados por esa actitud crítica de un sector de los jueces, los pueblos indígenas volvieron a movilizarse en contra dela política agraria del gobierno, ahora favoreciendo la plantación de agrocombustibles. Una nueva “minga” indígena enla que ya se incluían de forma abierta y decidida campesinos negros y mestizos abogando por un orden económico, ju-rídico y político muy diferente del existente en Colombia y en la que se ofrecían cifras sobre la pobreza estructural de lasociedad colombiana (54% de media nacional, en el caso de los indígenas el 63% y prácticamente la mitad de la pobla-ción indígena sin posibilidad de cubrir sus necesidades alimenticias mínimas diarias), inaccesibilidad a los servicios desalud (14’7% a nivel nacional, en el caso de los indígenas el 32’4%) y analfabetismo (7’9%, en el caso de los indígenasel 17’7%) que reflejaban una realidad social muy diferente a la recogida en las estadísticas oficiales.33Resultaron ser, además, unas cifras conservadoras. El Relator Especial de la ONU para los Derechos Humanos de lasPoblaciones Indígenas hizo público en enero de 2010 el informe de la visita reseñada más arriba.34 Por no abundaren los detalles, reflejaba que en temas como la mortalidad materna si la media en Colombia era del 73’1 de muertespor cada 100.000 nacidos vivos en el caso de los indígenas las cifras oscilaban entre el 125’9 del Cauca, el nivel másbajo, y el 386 de Guainía, el más alto, similitudes que se mantenían en la mortalidad infantil (15’6 de cada 1.000nacidos vivos a nivel nacional, 21’2 en Cauca y 40’5 en Guanía). El Relator reconocía los esfuerzos del gobierno enalgunos aspectos sociales y su disposición a reconocer los derechos de los indígenas, pero indicaba que ello no sellevaba a cabo con la urgencia que requería la situación. Recomendaba avanzar en la adopción de políticas públicasy leyes centrales y adecuadas para el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, “incluida una ley sobrelos procedimientos de consulta, con la participación plena y efectiva de las autoridades y representantes indígenas”,en un proceso que debería ser “compatible con los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas”;urgía al Estado a buscar una salida negociada al conflicto armado con inclusión de la sociedad civil “y en especial alas autoridades indígenas, para la construcción de una paz verdadera y duradera en Colombia”, y a adoptar todas lasmedidas necesarias “de acuerdo con los principios internacionales de derechos humanos”, para investigar seriamente33 Autoridad Nacional de Gobierno Indígena. ONIC. Agosto de 2009. http://www.onic.org.co/34 Consejo de Derechos Humanos, 15º período de sesiones. La situación de los pueblos indígenas en Colombia: seguimiento a lasrecomendaciones hechas por el Relator Especial anterior. A/HRC/15/34. 8 de enero de 2010. 94
  • 95. las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas y llevar a la justicia a los responsables, así como aasegurar la no repetición de hechos similares. A la guerrilla le reclamaba abstenerse de reclutar niñas y niños indí-genas en actividades relacionadas con las hostilidades por considerarlo “una grave violación de derechos humanosy derecho internacional humanitario” y a la Fuerza Pública le pedía respetar la autonomía de los pueblos indígenasy concertar con las autoridades indígenas “las condiciones de cualquier presencia necesaria dentro sus territorios, deconformidad con el artículo 30 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indíge-nas”. En lo referente a la tierra, el Relator consideraba que el Estado debía “aclarar con prontitud” las competenciasde las autoridades en los procesos legales sobre resguardos para garantizar el carácter inalienable, inembargable eimprescriptible de los territorios indígenas y “armonizar la política pública de desarrollo económico del país, en espe-cial en lo que se refiere a los ‘megaproyectos’ relativos a la extracción de recursos o infraestructura, con los derechoscolectivos e individuales de los pueblos indígenas” siguiendo la línea marcada por la Corte Constitucional sobre laconsulta previa en este y otros aspectos.Lo mismo, aunque de un modo más drástico, solicitó la OIT en su informe de revisión sobre el cumplimiento delConvenio 169: “suspender inmediatamente la implementación de proyectos que afectan a las comunidades indígenasy afrodescendientes hasta que no cese toda intimidación en contra de las comunidades afectadas y sus miembros y seasegure la participación y consulta de los pueblos afectados a través de sus instituciones representativas en un climade pleno respeto y confianza”.35Las críticas, a pesar del alto nivel de dónde provenían y la contundencia de las mismas, no hacían mucha mella en elgobierno, empeñado en su política económica neoliberal, el TLC y lo que fuese hasta el extremo de retorcer la senten-cia de la Corte Constitucional sobre el derecho indígena a la consulta previa. El gobierno decía que consultaba con lascomunidades indígenas. Es cierto, había consulta, sí, pero con “indígenas no representativos de las comunidades y porprocedimientos que no garantizaron un consentimiento previo, libre e informado”, según volvió a sentenciar la Corteante una práctica común del gobierno sobre las actividades extractivas. La Corte declaró nulas las consultas realizadasen estas condiciones, disponía la suspensión de las actividades empresariales realizadas con esta cobertura ilegal y or-denaba “a todas las autoridades” el cumplimiento de la sentencia, de forma especial en la explotación y exploración decobre, oro, molibdeno y otros minerales que se realizaban en los departamentos de Antioquia y Chocó.36 El hecho deque hubiese sido el Ministerio del Interior y Justicia quien hubiese organizado esas consultas daba un relieve especial acómo se interpreta toda la cuestión económica y al papel determinante que tiene el aparato militar a la hora de imponeracuerdos que, de hecho, facilitan la presencia invasora de las empresas extractivas. La Corte lo mencionaba, y ordenaba(sic) “al Ministerio de Defensa Nacional que analice objetivamente y subsane las razones por las cuales las comunida-des indígenas y afrodescendientes que ancestralmente habitan en la región irrigada por los ríos Jiguamiandó, Uradá yMurindó, no perciben el ingreso de la Fuerza Pública en sus territorios como garantía de seguridad”.En esta situación es en la que en el momento de escribir este libro se está produciendo en Colombia el relevo presi-dencial. Las elecciones fueron ganadas por quien fuese ministro de Defensa de Uribe, Juan Manuel Santos, lo queno ofrece buenas perspectivas a la hora de un cambio significativo en la política impulsada por su predecesor en loreferente a los pueblos indígenas. Antes de producirse el relevo se aprobó una directiva presidencial sobre la consultaprevia calificada como “un ejemplo mundial” para su discusión en el Congreso que fue recibida por los indígenascon escepticismo, de una parte, y abierto rechazo, de otra, al considerar que se vuelven a desconocer los estándaresinternacionales sobre la consulta previa. Cómo aborde el nuevo presidente y su gobierno este tema será un indicativomuy visible sobre si hay un cambio de rumbo voluntario, no obligado por instancias internacionales o por moviliza-ciones indígenas, o se mantiene la cerrazón respecto al reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios enColombia.35 OIT. Conferencia Internacional del Trabajo, 99.ª reunión, 2010. Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169). Colombia.36 http://cdhal.org/sites/default/files/doc/action/preocupacion-operaciones-militares-realizadas-territorios-indigenas-comunidad-embera-katio-carta-enviada-cdhal-autoridades-colombianas-19-abril-2010-anexodesicion-corte-constitucional.pdf 95
  • 96. 96
  • 97. COSTA RICALa población total era de 3.810.179 habitantes en el año 2000, según el censo -el próximo será el 2011- que incluíapor ver primera a los indígenas. Las cifras aportadas entonces fueron de 63.876 personas pertenecientes a 8 pueblos(bríbri, brunca, cabécar, chorotega, guaymí-ngobe, huetar, maleku-guatuso, y teribe-térraba) que se distribu-yen en 22 territorios reconocidos legal y administrativamente.1 Aquí vive el 42’3% de los indígenas y el resto en otraspartes de Costa Rica aunque el censo establece que aproximadamente otro 37% vive en los cantones -organizaciónterritorial de ámbito municipal- aledaños de estos territorios como consecuencia que estas tierras están ubicadas ensu mayoría en las zonas más alejadas e inhóspitas del país aunque, como se verá, cuentan con la mayor riqueza debiodiversidad de Costa Rica. Un aspecto que llama la atención en un primer momento es el hecho de que dentro delos territorios habiten no indígenas (en un porcentaje total del 18%), lo cual puede deberse, por una parte, a que no sereconocen como indígenas como consecuencia de una pérdida de la tradición cultural y de la política seguida desde lacolonia de “desindianización” y por otra, a la inmigración de pobladores de otras zonas del país. Se da la circunstan-cia que en siete de los territorios reconocidos hay más habitantes de estas características (en porcentajes que oscilanentre el 52% y el 88%) que quien se reconoce como indígena. Los pueblos bribri y cabécar son los más numerosos,con dos terceras partes del total, mientras que el más frágil es el chorotega, con 995 personas.Costa Rica fue uno de los primeros países centroamericanos en incluir los derechos indígenas en su ordenamientolegal. Ya en 1939 se declaró área “inalienable y exclusiva” la tierra ocupada por los indígenas y en 1959 adquirieronun rango superior al de la ley al adoptar Costa Rica el Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo. En1973 se crea la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), en 1977 se promulga una Ley Indígena y en 1992se ratifica el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Pero toda esta normativa no les ha servidoa los pueblos originarios para salir de la exclusión social y así lo reconoce el mismo censo. Salud, educación, aguapotable, electricidad, comunicación, transporte, telecomunicaciones… cualquier variable de calidad de vida que setome es desfavorable a los indígenas comparados con el resto de la población e incluso entre ellos mismos dependien-do de si se vive dentro o fuera de los territorios, de ahí esa referencia importante a que el 37% de los indígenas vive nodentro de ellos, sino en las cercanías. No renuncian a vivir en sus tierras pero las condiciones en las que se desarrollasu existencia les hacen alejarse así sea unos cuantos kilómetros. Por dar algunos datos: la escolaridad media de losniños no indígenas es de 7’6 años mientras que la de los niños indígenas se reduce más de la mitad, a los 3’4 años;se cataloga como “en buen estado” el 27% de las viviendas (48% en los aledaños de los territorios, 65% en el restodel país); el 46’5% posee agua en la vivienda proveniente de un sistema de acueducto, el 38% electricidad (90% enel resto del país en ambos). Según el censo, sólo el 7’6% de los indígenas manifiesta tener sus necesidades básicassatisfechas, mientras que es el 60’4% quien afirma lo mismo en el resto de Costa Rica.2Este país no se diferencia de la realidad del continente: existen instrumentos jurídicos que viabilizan la tutela de losderechos fundamentales de los pueblos indígenas, lo que no existe es la voluntad política de las autoridades legis-lativas y ejecutivas de aplicarlos. El primero de ellos, el relativo a la tierra. Eso es algo que viene desde el mismomomento en que se declaró “inalienable y exclusiva” para los indígenas (1939) pero pese a ello se ofreció a colonosno indígenas provocando la situación actual reseñada más arriba y que se mantiene sin que el sistema jurídico, no yael legislativo, haya apenas emitido un par de resoluciones al respecto puesto que hay casos confirmados en los queesos pobladores no indígenas adquirieron tierras por medio de engaños cuando no por la fuerza.3 En la poca jurispru-dencia al respecto se distingue con claridad entre “las personas no indígenas poseedores de buena fe” y “personas noindígenas sin derecho de posesión” que, todavía, se mantienen en ellas. El caso de los primeros es comprendido porlos indígenas, el de los segundos no.1 http://www.inec.go.cr/Web/Home/GeneradorPagina.aspx2 Ibid.3 Rubén Chacón Castro, “Pueblos Indígenas de Costa Rica: 10 años de Jurisprudencia Constitucional 1989-1999”. OIT. http://portal.oit.or.cr/dmdocuments/Indigenas/10anjuris.pdf 97
  • 98. Ese año 2000 las organizaciones indígenas enviaron un documento al gobierno recordatorio de los casos pendientesde demarcaciones de tierras, exigiendo una ley de biodiversidad que protegiese sus territorios de la explotación masi-va de los recursos naturales en ellos existentes y recordando el derecho de consulta previa al que, según la legislacióninternacional, está obligado el gobierno en estos casos ligándolo con una reivindicación permanente: la autonomía desus territorios que venían reclamando desde 1992, una vez había adoptado Costa Rica el Convenio 169 de la OIT. Lospueblos indígenas solicitaban la adopción de nuevas normas jurídicas y directrices gubernamentales “en el sentidode asegurar que se promuevan actividades empresariales y comerciales en nuestros territorios caracterizadas por elderecho de los indígenas a decidir nuestras propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, cuando estasafecten nuestras vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupamos”.4No lo decían porque sí. Una sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema les había dado la razón en unconflicto con una empresa hidrocarburífera y el Ministerio de Medio Ambiente por tres concesiones efectuadas sinrealizar la consulta previa. Amparándose en la falta de normas, el gobierno no había exigido la paralización de lasexploraciones en marcha a raíz de la resolución judicial. Desde el momento en que Costa Rica se adhirió al Convenio169 de la OIT el Parlamento venía discutiendo un proyecto de ley denominado Desarrollo Autónomo de los Indígenassin que se hubiese avanzado en dirección alguna. Cuestiones técnicas –sobre si tenía que ser urgente u ordinaria sutramitación- y políticas –el nulo interés de los partidos en desarrollar los derechos indígenas- mantenían paralizadasu tramitación ocho años después.Otros cuatro años más tarde, en el 2004, las organizaciones indígenas elaboraron un extenso dossier en el que conel expresivo título de “La CONAI: La Expresión Colonial para los Indígenas en la Costa Rica del Siglo XXI”5 seidentificaba a uno de los principales responsables de sus males y exigiendo a los poderes públicos su desaparición altiempo que una modernización de los aparatos administrativos y un plan consensuado de todas las entidades guber-namentales que mantenían relaciones o tenían planes con los indígenas.No tuvo el menor efecto. El parlamento siguió ausente y tuvo que ser de nuevo la Sala Constitucional quien decre-tase la inconstitucionalidad de la jurisprudencia agraria que exigía la participación de la CONAI en todo proceso dereclamo de tierras que activaran las organizaciones y comunidades indígenas. Una entidad gubernamental, con laaparente misión de defender los intereses de los pueblos originarios, se había acabado convirtiendo en la mano visi-ble del Estado para controlar esos mismos intereses impidiendo el ejercicio de la autonomía indígena. En realidad,sustituía a los pueblos y comunidades indígenas y se consideraba a sí misma, y también lo hacía el Estado, como la“propietaria” de esas reivindicaciones. La Sala Constitucional emitía una sentencia de muerte para la CONAI, peroel Estado no iba a ejecutarla. Tuvo que pasar otro lustro casi, hasta 2008 y con los indígenas convertidos en lo quealguien ha denominado “una comunidad invisible”,6 para que el Parlamento retomase para su discusión el proyectode ley de Desarrollo Autónomo con un eje central en el debate, la desaparición de la CONAI y de las Asociacionesde Desarrollo que representan a las comunidades indígenas y que son vistas por ellos como estructuras paraestatalesque sustituyen a las formas legítimas de gobierno indígena.La CONAI se ha mantenido durante más de 30 años como “entidad representativa” de los pueblos originarios encontra del criterio de éstos y con apoyo político y gubernamental lo que ha permitido “mantener con ello a un peque-ño grupo de funcionarios de dicha institución que se manejan a su antojo, sin respeto y acatamiento de los controlesjurídicos establecidos, tales como las asambleas y la elección de los miembros de la Junta Directiva”7 y que en nume-rosas ocasiones ha impuesto a las comunidades indígenas cuáles debían ser los límites de sus territorios y cómo teníanque explotarlos. No sólo ni únicamente eso. La CONAI ha establecido como norma, en contra de lo establecido en lapropia jurisprudencia, como se ha dicho, que las tierras que no están tituladas como indígenas –por ejemplo, las que4 http://www.nodo50.org/derechosparatodos/Areas/AreaCRica1.htm5 http://www.ecoportal.net/content/view/full/328766 http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=902217 Rubén Chacón Castro. Op. cit. 98
  • 99. tienen como propietarios a los no indígenas auque las hayan adquirido de mala fe y no tengan, por lo tanto, derechoa ellas- no pueden regirse por los criterios relativos a los derechos indígenas, sino a lo que establezca el Instituto deTierras y Colonización. Con ello lo que hacía era abrir la puerta de entrada a los proyectos extractivos, tan de modaen todo el continente en los últimos años, y evadir el requisito de consulta previa para explotar los recursos naturalesen territorios indígenas.Las Asociaciones de Desarrollo, integradas formalmente por indígenas, se han convertido en el sustituto de las autori-dades comunitarias indígenas puesto que es con aquellas y no con éstas con quien el Estado mantiene relaciones y lasha convertido en el titular registral de las tierras. Así pues tienen potestad para decidir qué se explota y qué no, perosiempre teniendo como premisa que el subsuelo pertenece “en exclusiva” al Estado. Adiós a una autonomía que notienen, pero que reivindican los pueblos indígenas apelando tanto al Convenio 169 de la OIT como a lo establecidopor la Sala Constitucional. Esto significaba, entre otras cosas, que el gobierno de Costa Rica podía negociar a su an-tojo el TLC con EEUU (el nombre oficial es Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicanay Estados Unidos) que en uno de sus artículos más controvertidos establecía la posibilidad de obtener “derechos defitomejorador” sobre géneros y especies vegetales como derechos de propiedad intelectual, lo que afectaba directa-mente al derecho sobre el conocimiento tradicional de los pueblos y comunidades indígenas y semillas y especies queutilizan para el cultivo, alimentación y medicina.El TLC era un peligro evidente y las organizaciones indígenas, agrupadas en la Mesa Nacional Indígena, decidierondejar de ser una “comunidad invisible” recurriendo al Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial de laONU en 2007 con una demanda al Estado de Costa Rica por su política incoherente con la realidad de los pueblos in-dígenas y por mantener en sus programas la intención de integrarles a un proceso de desarrollo ajeno a sus realidadese irrespetuoso con sus derechos y cosmovisiones. Denunciaban, en concreto, a la CONAI por sus políticas “de grandaño a los pueblos indígenas” y por obstruir todas las estrategias que estos pueblos han desarrollado para alcanzarsu autonomía. Por ello reclamaban al CEDR que instase a Costa Rica a mostrar “su compromiso con los derechoshumanos proclamados en conferencias y eventos internacionales” y aprobase “el Proyecto de Ley de DesarrolloAutónomo de los pueblos indígenas, iniciativa que vendría a instrumentalizar el Convenio 169 de la OIT y a la vezque se pondría a tono con los instrumentos de derechos humanos internacionales y la jurisprudencia internacional enmateria indígena”.8Obviamente, el país que se considera a sí mismo como el más democrático de Centroamérica y casi del continentelatinoamericano estaba obligado a responder y es la razón por la que se descongeló el proyecto que dormía el sueñode los justos desde el año 2000, justificándose diciendo que había sido discutido y consensuado con los pueblos indí-genas y sus organizaciones. Cierto, pero entonces el retraso no ya es sólo injustificable, sino claramente lesivo parasus derechos tal y como ellos mantenían. En caso de aprobarse, los indígenas obtendrían el derecho a la propiedad desus territorios y sobre los sitios históricos, ceremoniales y de interés cultural de cada pueblo, además de potestad parael autogobierno, establecer su sistema educativo y planes de desarrollo comunitario en los que decidir si se explotan ono los recursos naturales existentes en su territorio y, en caso de aceptar, en qué forma puesto que entonces se habríaaplicado otro principio que reivindicaban con insistencia, la consulta previa.Por ello el gobierno aceleró toda una batería de leyes que iban a dificultar ese ejercicio de la autonomía. Una deellas la Ley de Biodiversidad, que permite a las transnacionales patentar y apropiarse de “las invenciones esencial-mente derivadas del conocimiento asociado a prácticas biológicas o culturales en dominio publico”,9 es decir, delconocimiento tradicional de las comunidades indígenas y campesinas sobre los usos de la biodiversidad. La SalaConstitucional volvió a tumbar el proyecto legislativo por incumplir el precepto de la consulta previa. Ello ponía enentredicho la misma firma del TLC, por lo que el gobierno, empresarios y partidarios del TLC utilizaron todos los8 http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/ngos/mni2_costarica.pdf9 http://tlc-no.blogspot.com/2008/08/tlc-terminan-como-empezaron-mintiendo.html 99
  • 100. medios a su alcance para presionar intentando revertir la decisión judicial con el curioso argumento que “Costa Ricano podría cumplir con los plazos [de aprobación del TLC] que se comprometió a respetar” y prometiendo “hacer todolo posible y lo que esté a su alcance para que no se afecte la efectiva incorporación de Costa Rica al TLC, que otorgaráoportunidades de mayor inversión, aumento de las exportaciones y creación de más y mejores fuentes de empleo”.10Por ello, ni corto ni perezoso, el gobierno planteó eliminar el requisito de la consulta previa en esa ley y así “agilizar”la aprobación del TLC,11 que hizo en octubre de ese año 2008.En su respuesta al CERD el gobierno no decía todo esto ni que incumplía las sentencias de su propia Sala Constitucio-nal en lo que a los derechos de los pueblos indígenas se refiere. Por el contrario, se miraba al ombligo afirmando que“históricamente, Costa Rica se ha distinguido en la comunidad internacional por su profunda vocación de respeto,protección, observancia y promoción de los derechos humanos, de manera que su vigencia efectiva y plena realiza-ción constituyen el eje central de sus políticas nacionales y hacia el exterior”. Sin el menor rubor insistía en que elesfuerzo internacional que realiza se corresponde con “una práctica interna del Estado costarricense de ampliar lagama de derechos reconocidos, a la vez que construye mecanismos de tutela y exigibilidad, con amplio acceso para lapoblación” entre la que están, lógicamente, los indígenas y se vanagloriaba de haber impedido el archivo del trámitede ley de Desarrollo Autónomo otorgando una “prórroga cuatrienal 2009-2014” para que pudiese ser aprobado.12 Esdecir, que un año más tarde aún se seguía discutiendo su articulado y el gobierno ¡después de casi 20 años! fijaba unahipotética fecha de aprobación en el 2014.El racismo latente en la sociedad costarricense, los intereses políticos vinculados a los económicos volvían a retrasaruna ley beneficiosa para los indígenas y lesiva para esos intereses. El mes de septiembre de ese año 2009 se devolvióa la comisión “para que se corrija un error involuntario que estaría afectando presupuestos de la Universidad de CostaRica”.13 Argucia legal para tapar unos intereses económicos directamente vinculados con el partido en el gobierno enla construcción de un gran megaproyecto hidroeléctrico denominado “Proyecto Diquís”, el más grande de AméricaCentral. Costa Rica, el país en el que está la sede central de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lesburlaba con alevosía sin que ese organismo internacional le dedicase un solo informe periódico ante un hecho tanflagrante de violación de los derechos indígenas.De nada habían servido requerimientos a favor de la ley como el de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica,una instancia oficial del gobierno, reclamando su aprobación en estos términos: “Como toda ley puede ser perfecti-ble, pero ello no debe continuar siendo obstáculo para no aprobarlo. Como es sabido los pueblos indígenas viven enniveles de pobreza mucho más altos que el resto de la población; esa situación se manifiesta en la carencia de recursoseconómicos, en la falta de acceso a la tierra y en la dificultad de acceso a los servicios públicos. Es precisamentepor esto que la nueva legislación podría constituirse en una oportunidad para que el Estado costarricense planifiquey desarrolle acciones concretas para la superación de la pobreza en los pueblos indígenas. Por tales razones, la De-fensoría de los Habitantes insta respetuosamente a las señoras y señores diputados/as a aprobar la Ley de DesarrolloAutónomo de los Pueblos Indígenas para darle vigencia a los derechos reconocidos en los instrumentos internacio-nales de derechos humanos, particularmente en el Convenio 169”.14 Y tampoco habían servido las apelaciones de laOIT15 reclamando la adopción de la ley y solicitando “información detallada” sobre la manera en que se regulan lascuestiones indígenas, “en particular la cuestión de las tierras reivindicadas por indígenas y en posesión o propiedadde personas no indígenas”.10 EFE, 11 de septiembre de 2008. http://espanol.news.yahoo.com/s/11092008/54/latinoamerica-gobierno-costa-rica-quot-preocupado-quot-fallo-ley-tlc.html11 http://www.prensalibre.co.cr/2008/setiembre/18/nacionales04.php12 Consejo de Derechos Humanos. Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal. Sexto período de sesiones Ginebra, 30 de noviembre-11 de diciembre 2009. Informe nacional presentado por Costa Rica. A/HRC/WG.6/6/CRI/1.13 http://www.servindi.org/actualidad/1672514 http://revista-amauta.org/2010/07/extracto-del-tema-indigena-en-el-informe-de-la-defensoria-de-los-habitantes-2009-10/15 OIT. Conferencia Internacional del Trabajo, 99.ª reunión, 2010. Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169). Costa Rica. 100
  • 101. Así que los pueblos originarios no han tenido más remedio que recurrir a la movilización. El año 2010 ha comenzadocon varias protestas, la más sonada al iniciar un encierro en el Parlamento con el apoyo de algunos de los diputados,siendo desalojados prácticamente de inmediato. La razón es la misma a lo largo del tiempo: el estatuto de autonomía.Como dicen los indígenas en su comunicado16 “no fueron capaces de darnos respuesta oral o escrita, afirmativa onegativa sobre este Proyecto que tiene 17 años de transitar por los corrillos legislativos”. Así siguen.16 Desalojo violento de indígenas: Hecho sin precedentes en la Asamblea Legislativa. Comunicado de los Delegados Indígenas de Costa Rica.http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=50205 101
  • 102. 102
  • 103. ECUADORLa población total es de 14.224,175 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística y Censos,1 caracterizándoseel país por su gran diversidad étnica, lingüística y ambiental. Existen 13 lenguas reconocidas oficialmente en la Cons-titución de 2008 que pueden ser utilizadas respectivamente por cada una de las nacionalidades o pueblos indígenasgracias al mandato constitucional, que establece: “el Estado respeta y estimula el desarrollo de todas las lenguas delos ecuatorianos. El castellano es el idioma oficial. El quichua, el shuar y los demás idiomas ancestrales son de usooficial para los pueblos indígenas, en los términos que fija la Ley”. Las nacionalidades también son 13 (achuar, an-doa, awa, a’i-cofan, chachi, epera, huaorani, quichua, secoya, shuar, siona, tsa’chila, shiwiar y zápara), de lasque ocho residen en la Amazonía, cuatro en la región Costa y una en la región Sierra.Los quichua son los más numerosos y los más extendidos en todo el territorio ecuatoriano al ocupar casi toda laregión Sierra y parte de la Amazonía. Además, para el gobierno hay una serie de pueblos que siendo quichuas tienendiferentes nombres, por lo que les engloba dentro de esta nacionalidad, concepto que es entendido como “puebloo conjunto de pueblos milenarios anteriores y constitutivos del Estado ecuatoriano, que se autodefinen como tales,tienen una común identidad histórica, idioma, cultura, que viven en un territorio determinado, mediante sus institu-ciones y formas tradicionales de organización social, económica, jurídica, política y ejercicio de autoridad propia”2mientras que los pueblos son “colectividades originarias, conformadas por comunidades o centros con identidadesculturales que les distinguen de otros sectores de la sociedad ecuatoriana, regidos por sistemas propios de organi-zación social, económico, político y legal”.3 El número de éstos es de 16 (cañari, caranqui, cayambi, chibuleo,huancavilca, manta, natabuela, otavalo, panzaleo, puruhá, quichuas de la Amazonía, quitu cara, salasaca,saraguro y waranka) entre los que se incluye a los afroecuatorianos. Tanto las nacionalidades como los pueblos seaglutinan en un conjunto de organizaciones locales, regionales y nacionales que representan a más de 1’5 millonesde habitantes.Hay que subrayar que en los límites del Parque Nacional Yasuní, declarado por la UNESCO reserva de la biosfera yrecientemente preservado gracias a la firma de un fideicomiso entre el gobierno y el Programa de Naciones Unidaspara el Desarrollo (PNUD), en virtud del cual no se extraerá petróleo del mismo si se otorga a Ecuador al menos lamitad de las divisas que generaría la extracción y comercialización del petróleo existente en este parque –estimadasen unos 4.700 millones de euros-, viven al menos dos pueblos en aislamiento voluntario de la llamada “civilización”:los tagaeri y los taromenane. Mientras se cree que los primeros son muy pocos y en vías de extinción, para lossegundos se estima en varias decenas su número de componentes. Hay quien eleva el número hasta las 400 personasentre los dos pueblos. Es posible que exista otro pueblo más en esta condición, sin identificar plenamente, que podríapertenecer a la nacionalidad huaorani, como lo son también los tagaeri y los taromenane, y se supone que es unpueblo nómada que se mueve entre las selvas de Ecuador y Perú, pudiendo recalar también de forma temporal en elYasuní.La importancia de esta preservación del Yasuní tiene que ver, en primer lugar, con la presencia de estos pueblos indí-genas voluntariamente “aislados” que han decidido permanecer sin contacto con otros grupos humanos y huyendo demadereros, petroleros y mineros y que llegan hasta el extremo de matar por defender su territorio, como ocurrió enagosto de 2009 cuando una mujer y dos niños que se habían aventurado en territorio de los taromenane aparecieronmuertos. Una acción de este tipo pone de manifiesto el grado de presión a que se han visto sometidos estos pueblosaislados al llegar a romper sus propias lógicas y patrones culturales puesto que para ellos las mujeres y los niños sonsagrados. En segundo lugar, tiene que ver con el hecho de que el Yasuní que cuenta con una de las mayores reservasde biodiversidad genética del planeta: más de 2.200 especies de árboles y arbustos, 567 especies de aves, 173 de1 http://www.inec.gov.ec/web/guest/inicio, agosto 2010.2 Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador http://www.codenpe.gov.ec/htm.htm.3 Ibid. 103
  • 104. mamíferos, 83 de serpientes, 90 de ranas y 385 de peces.4 Pese ello, también aquí llegaron las petroleras a partir de1990. Tras muchos acuerdos firmados –algunos de ellos en inglés y con presencia intimidatoria de representantes dela embajada de EEUU, como fue el caso de la compañía Maxus- con los huaorani estos decidieron en 2005 romperla mayoría de esos acuerdos con Petrobras, Repsol-YPF y Occidental, para lo que contaron con el apoyo y asesora-miento de la CONAIE. Esto provocó que el gobierno de entonces se comprometiese a revisar los convenios con laspetroleras, llegando a suspender las actividades de Petrobras en el Yasuní. He aquí el origen del acuerdo alcanzadoentre Ecuador y el PNUD para preservar esta zona reserva de la biosfera.A pesar de la relevancia de la firma del fideicomiso para no extraer petróleo del Yasuní lo cierto es que el modeloeconómico de Ecuador es, como en el resto de países de la zona, extractivo con consecuencias territoriales para lospueblos indígenas. La explotación de hidrocarburos es el pilar fundamental de la economía de Ecuador, representan-do el 22,2% del PIB, el 63,1% de las exportaciones y el 46,6% del Presupuesto General del Estado. Estos datos ponende manifiesto la situación de esquizofrenia en que se vive en el país puesto que, por una parte, se legisla a favor de lasnacionalidades y pueblos indígenas (las amazónicas, por ejemplo, han logrado que se les asigne un territorio propio,lo que las ha permitido en ocasiones negociar acuerdos sobre el uso de las tierras y los recursos y hay un caso, el delos achuar, que han resuelto no permitir la explotación petrolera en su territorio aunque antes de la entrega de tierrashabía tres bloques de extracción petrolífera que se mantienen trabajando) y por otro, como se pone de manifiesto conlo dicho referente a la actitud de los achuar, se subordinan estos deseos y decisiones al interés político y económicodel gobierno.Esto ha provocado no pocos enfrentamientos y desencuentros en cuestiones mineras, de aguas y de participaciónpopular de las organizaciones indígenas desde que Ecuador adoptase, en 1988, el Convenio 169 de la OIT. Se veníade una década de movilizaciones sin precedente en el país y en América Latina donde los indígenas no sólo se ha-bían hecho visibles, así como sus demandas de identidad, participación política, autonomía cultural, territorialidady administración de sus propios recursos sino que habían sido capaces de derribar gobiernos. Como consecuenciade ello, y de la consiguiente debilidad de los partidos tradicionales y su pérdida de legitimidad política, varias desus demandas y derechos fueron incorporados a la Constitución vigente entonces. Uno de ellos fue el establecer una“zona intangible” de 700.000 hectáreas en el Yasuní (aunque no fue delimitada hasta finales de 2006) para preservara los pueblos en aislamiento voluntario. El que desde el establecimiento de esta zona y su delimitación transcurriesecasi una década se debe a las presiones de las compañías petroleras, que siempre han tenido un interés especial enexplotar esa área amazónica.Ecuador vivió prácticamente dos décadas en una convulsión social constante que desembocó en la llegada a la presi-dencia de Rafael Correa en enero de 2007. Una se sus promesas fue la elaboración de una nueva Carta Magna, paralo que se inició un proceso constituyente que terminó con la aprobación de la nueva Constitución a finales del año2008. En todo el proceso constituyente el tema de los derechos indígenas y la explotación de los recursos naturales seconvirtieron en dos de los principales asuntos de debate, de forma especial en este último aspecto la cuestión mineradada la resistencia de la mayor parte de los asambleistas constituyentes a que se otorgase el derecho de veto en estacuestión a los pueblos indígenas si se les realizaba la consulta previa. La minería ha sido, y continua siendo, el granfoco de conflicto en Ecuador con los pueblos indígenas.En la Constitución actual hay una reestructuración total del Estado con la inclusión del sistema de autonomías-aunque la indígena queda subordinada a los gobiernos territoriales autonómicos- y el reconocimiento expreso a lapropiedad “imprescriptible” de las tierras comunitarias indígenas, el “uso, usufructo, administración y conservaciónde los recursos naturales renovables que se encuentren en sus tierras”, la consulta previa “dentro de un plazo razo-nable” sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que seencuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente y la participación en los beneficios que4 “El parque Nacional Yacurí en peligro por actividades petroleras de Petrobras”. http://www.ecoportal.net/content/view/full/35402 104
  • 105. esos proyectos generen, así como tendrán derecho a recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales yambientales que les causen. La Carta Magna proporciona, por lo tanto, una clara serie de derechos económicos a lospueblos originarios, a parte de los sociales y políticos. Pero no de una forma tan clara como parece.En el proceso constituyente el gobierno contó con la colaboración de una organización indígena, la Federación Na-cional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), quien apostó por un modelo estatal “mono-cultural, uninacional e inclusionista sin cuestionar las estructuras y los sistemas que permiten que el modelo políticoy económico se quede intacto”.5 Por el contrario, la principal organización indígena de Ecuador, la CONAIE, insistíaen que el texto constitucional debía reconocer el carácter plurinacional del Estado “reconociendo, respetando ypromoviendo la unidad, igualdad y solidaridad entre todos los pueblos y nacionalidades existentes en el Ecuador, almargen de sus diferencias históricas, políticas y culturales, para garantizarles una vida digna, económicamente justa,equitativa y socialmente intercultural e incluyente”.6 La CONAIE, además, añadía la nacionalización y no privati-zación de la biodiversidad y los recursos naturales, el reconocimiento de distintas formas de democracia, que losprincipales servicios sociales no pudiesen ser tratados como mercancías y la construcción de un modelo económicosocial, solidario, ecológico, equitativo, soberano, planificado e incluyente.El gobierno escuchó a ambas organizaciones, pero se apoyó en la primera –pese a que el propio gobierno reconoceque sólo representa a la cuarta parte de las organizaciones indígenas del país- demostrando los límites que iba a tenerla Constitución y su relación con los pueblos indígenas, en especial en lo referente a la autodeterminación, el controlterritorial y explotación de los recursos naturales existentes en sus tierras. Sin embargo, el trabajo de la CONAIE enpro del reconocimiento de la plurinacionalidad, el derecho a la autodeterminación y autogobierno y la incorporacióndel derecho al consentimiento previo en lo referente a la política de gestión y explotación de los recursos naturalesprovocaron un debilitamiento de las tesis gubernamentales, terminando por aceptar la tesis de la CONAIE sobre laplurinacionalidad y quedando así recogido en el texto constitucional. No ocurrió lo mismo con la autodeterminacióny autogobierno o la explotación de los recursos naturales, que debía ser competencia exclusiva del Estado para elgobierno. En este punto se llegó a un acuerdo que no soluciona el tema, sino que lo postpone y dilata en el tiempoy así está quedando de manifiesto en los conflictos actuales, como cuando los achuar, por ejemplo, se enfrentan alEstado al decidir no permitir la explotación petrolera y/o minera en su territorio.En este tira y afloja se logró el reconocimiento de ciertos derechos para proteger la naturaleza y el agua como “dere-cho humano fundamental e irrenunciable y patrimonio nacional de uso público”, fortaleciéndose el sistema nacionalde áreas protegidas y zonas intangibles, a cambio de que el Estado mantenga la propiedad y facultad de explotar losrecursos no renovables pudiendo, además, delegar la misma en terceros siempre que su participación en las ganan-cias sea del 50 por ciento. Unos y otros cedieron para que se pudiese aprobar la Constitución con un 63’93% de losvotos, entre ellos el de la CONAIE que apostó por “un sí crítico” y afirmando que había muchas posibilidades deentendimiento con el gobierno aunque considerase que en el texto constitucional habían quedado fuera gran parte delas propuestas indígenas.La CONAIE es una de las organizaciones más potentes de todo el continente. La Confederación de Naciones Indí-genas del Ecuador fue creada en 1988 y se convirtió en la principal impulsora del levantamiento indígena de 1990–conocido como el “levantamiento del Inti Raymi” y con una consigna absolutamente subversiva, -“Tierra, culturay libertad”- que situó de forma definitiva la cuestión indígena en la agenda política y social. Hasta ese momento, enel imaginario de la sociedad ecuatoriana, lo “indio” era poco menos que sinónimo de suciedad, vagancia, derrota ymiseria. El idioma quichua, la vestimenta, la trenza, el poncho y la alpargata eran significado de retraso mental ycultural, que impedía el desarrollo de la modernidad. A partir de ese levantamiento, dejó de serlo.5 Catherine Walsh, “Interculturalidad y plurinacionalidad: elementos para el debate constituyente”, Universidad Andina “Simón Bolívar”,Quito, 2008.6 Ibid. 105
  • 106. La CONAIE está integrada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (CONFENIAE),Ecuador Runakunapak Rikcharimuy de la Sierra (ECUARUNARI) –en lengua quichua- y la Confederación de lasNacionalidades Indígenas de la Costa Ecuatoriana (CONAICE) con el objetivo de defender a las nacionalidades ypueblos originarios en los frentes económico, sociocultural, político, territorial y lingüístico. Es decir, además de sugran capacidad organizativa los indígenas tienen propuestas claras no sólo para sus comunidades, sino para toda lasociedad. Por lo tanto, cualquier movilización que inician tiene que ser tomada muy en cuenta, a pesar de que en nopocas ocasiones todos los gobiernos desde entonces han respondido a las mismas con la represión.Eso ocurrió nada más ser aprobada la Constitución. La CONAIE no tardó en criticar la política gubernamental con lospueblos indígenas argumentando que una cosa son los derechos recogidos en la Carta Magna y otra muy diferente supráctica. Sobre todo la interpretación del Estado como plurinacional y pluricultural. La insistencia en el cumplimien-to de esta cuestión provocó un hecho inédito: el secuestro de una dirigente quichua en la Amazonía que era, además,la mujer del presidente de la CONAIE.7 Era la expresión de un desencuentro cada vez mayor a medida que el Estadoiba cerrando compromisos para la explotación de petróleo y minerales en territorios indígenas y en el que tuvo quemediar el Relator Especial de la ONU para los Derechos y Libertades Fundamentales de los Indígenas. El resultadofue, una vez más, una palada de cal y otra de arena. Mientras que se cambió la modalidad de los contratos petroleros–de participación a prestación de servicios- se continuaron las explotaciones en zonas de especial relieve ecológicoincluso bajo protección militar. Lo mismo sucedió con las explotaciones mineras.Fue el proyecto de ley de minería el que generó el primer enfrentamiento serio entre las organizaciones indígenas y elgobierno tras la aprobación de la Constitución de 2008. La Carta Magna se aprobó en septiembre, la ley de minería sepresentó para su aprobación en diciembre. El gobierno incumplía sus propias normas no incluyendo en el articuladode la misma los derechos de las comunidades, que sí aparecen en la Constitución, argumentando el dominio “exclusi-vo” del Estado sobre los recursos naturales y, en calidad de “propietario”, autorizaba a las empresas “tanto nacionalescomo extranjeras” una “libertad de prospección” en cualquier parte del territorio ecuatoriano salvo “zonas urbanas,centros poblados, zonas arqueológicas, bienes declarados de utilidad pública y en las Áreas Mineras Especiales”.En virtud del articulado, los territorios indígenas no quedaban fuera de esta “libertad de prospección” y como la leydejaba sin efecto las concesiones mineras que no hubiesen realizado inversiones, tuviesen deudas con el Estado o seencontrasen en áreas protegidas pero éstas seguían funcionando, el incipiente malestar con el gobierno cobró cartade naturaleza. Ya no eran sólo desencuentros, sino guerra abierta puesto que Ecuador es un país donde el 12% de suterritorio cuenta con concesiones para este tipo de empresas hasta contabilizar un total de 3.298 en el año 2009.8 Elpresidente Correa se encargó de prender la mecha afirmando que la minería podía ser uno de los factores fundamen-tales para el desarrollo de Ecuador y calificó el rechazo indígena a la minería de “infantil”.9 La rebelión se inició deinmediato en Sucumbíos, con todos los pueblos indígenas existentes allí (shuar, a’i-cofán, siona, secoya y quichua)realizando un llamamiento expreso a rechazar las concesiones mineras en sus territorios.No es extraño, por lo tanto, que la ley minera se convirtiese en el eje del enfrentamiento entre los pueblos originariosy el gobierno. Los indígenas consideran que la política extractiva del gobierno implanta un modelo de explotación agran escala que atenta contra el ambiente, contamina el agua y expolia las riquezas naturales del país sin dejar casibeneficio alguno para los ecuatorianos en general y no sólo a los pueblos indígenas. Para ellos, el gobierno lo quehacía era primar los intereses económicos sobre los derechos indígenas.La ley minera fue aprobada tras una dura batalla en la que el gobierno tuvo que ceder en temas como convertirla enley ordinaria y no orgánica, en la prohibición de descargar desechos tóxicos o establecer el derecho a la informacióny consulta de las concesiones. El gobierno adujo el “bienestar colectivo” en su aprobación, aunque en la práctica laspropiedades privadas y comunitarias quedarán sometidas a servidumbres o cargas mediante las cuales los mineros7 CEDHU, “Investigación y sanción para agresores de la dirigente indígena Miriam Cisneros” Quito, 26 de febrero de 2008.8 Jennifer Moore, “Ecuador’s Mining Decree: A Cautious Victory for Communities”, http://alainet.org/active/237349 http://www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news_user_view/ecuadorinmediato_noticias--89360 106
  • 107. ocuparán y decidirán sobre aspectos importantes.10 Eso, al menos, es lo que parece deducirse de las reuniones mante-nidas en Canadá por funcionarios del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables o de Sectores Estratégicos entorno a la aprobación de los estudios ambientales y planes relacionados con los proyectos de la corporación canadien-se Cornerstone Capital Resources Inc. en Macará, Bella María, Monterrey y otras localidades situadas en la fronteracon Perú. El gobierno intentaba llegar a acuerdos con todos, pero prevaleciendo los intereses empresariales frente alos indígenas a quienes, a modo de castigo, reducía la financiación para proyectos de desarrollo impulsados por elConsejo de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CONDEPE) tal y como denunció la FederaciónInternacional de Derechos Humanos11, quien expresaba también su “seria preocupación” por el contenido de la leypara los indígenas y la represión ejercida contra sus manifestaciones.Dicha ley salió adelante, además, por el apoyo que recibió el gobierno de organizaciones como la FENOCIN y laFederación de Indígenas Evangélicos del Ecuador. El caso de esta organización religiosa es un fenómeno a tener muyen cuenta en el futuro del movimiento indígena no sólo de este país, sino de todo el continente. Ecuador es donde seha puesto en marcha una especie de “experiencia piloto” a imagen y semejanza de lo que ocurre en EEUU, creandoorganizaciones que en su mayoría favorecen el “libre mercado” y, en nombre de la religión, captan recursos en nom-bre de los nativos.Mientras la postura de estas organizaciones indígenas fue muy bien acogida por el gobierno, la posición de la CO-NAIE fue considerada como “fundamentalista”12 pese a que la CONAIE agrupa, y así lo reconoce el propio gobierno,al 75% de la población indígena del país. Bien fuese una coincidencia o una consecuencia, poco después de recibir elapoyo de esas dos organizaciones mencionadas en el párrafo anterior el gobierno decidió recompensar a las organiza-ciones indígenas de corte religioso católico con la suscripción de un contrato –Decreto Ejecutivo número 1780- porel que se otorgan concesiones para “trabajar con todo afán en pro del desarrollo, fortalecimiento de las culturas, evan-gelización e incorporación a la vida socioeconómica del país de todos los grupos humanos que habitan o habitarendentro de la jurisdicción territorial encomendada a su cuidado, exaltando los valores de la nacionalidad ecuatoriana”.Uno de los aspectos más destacados de este decreto es que se otorga a este tipo de confesiones religiosas la facultadde “organizar y poner en funcionamiento, con el apoyo económico del Gobierno, emisoras de radio y de televisióndestinadas a la difusión de la cultura y los valores morales (…) libres de derechos e impuestos”.13Los calificativos descalificadores contra las organizaciones indígenas críticas con la actuación del Ejecutivo de Correase convirtieron en el eje del discurso gubernamental. La cooptación de dirigentes, el favoritismo hacia los partidariosy el castigo hacia los críticos la norma de la actuación. La consecuencia fue un debilitamiento de la organizaciónindígena, que fue aprovechada de inmediato para, además de retirar los fondos a la CONDEPE, aprobar un decretopresidencial autorizando al Ministerio de Educación a cambiar o nombrar a las autoridades de educación interculturalbilingüe, responsabilidad hasta ese momento de los pueblos indígenas.Otro de los casos de enfrentamiento ha sido la ley de aguas. Las organizaciones indígenas, en esta ocasión en alianzacon las campesinas y las juntas de agua locales, criticaron la privatización de los recursos hídricos –algo que se recha-za en la Constitución- en consonancia con los intereses de las principales empresas ecuatorianas, como es el caso deInteragua de Guayaquil (en Ecuador el 64% del caudal de agua se encuentra en mano privadas). Aquí tuvo un papeldestacado la nacionalidad shuar, que se ubica en las provincias de Morona Santiago, Pastaza y Zamora Chinchipe,principalmente, aunque también hay comunidades y asentamientos en Sucumbíos, Orellana, Guayas y Esmeraldas.Es decir, está presente en todo el país y es la más numerosa en población indígena después de la quichua.10 Mario Melo, “Cinco razones jurídicas para oponerse a la nueva Ley de Minería”, Fundación Pachamama, 18 de enero de 2009.11 FIDH, “Seria preocupación frente a la adopción de la nueva Ley Minera. Carta abierta”, 26 de enero de 2009. http://www.alainet.org/active/28635%E2%8C%A9=es12 Diario Expreso, 5 de noviembre de 2009.13 http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5028&Itemid=510 107
  • 108. Los shuar tienen fama de ser los más combativos y los más organizados, puesto que desde 1964 vienen luchando porla defensa de su lengua, cultura y territorio a través de la Federación Interprovincial de Centros Shuar. Esto les otorgauna coordinación entre ellos que les ha llevado no sólo a enfrentarse a la presión de las compañías petroleras, sino autilizar todos los medios que ofrece el “desarrollo” para defender sus intereses. Es así como cuentan con el Serviciode Educación Radiofónica Bilingüe Shuar y un Servicio Aéreo Shuar de gran importancia para los programas de sa-lud y comercialización de productos, tanto los tradicionales (yuca, maíz, plátano) como leche o carne a mayor escala.En el caso de los enfrentamientos provocados por la ley de aguas, los shuar amenazaron con convertirse en “naciona-lidad autónoma” para fijar sus propias leyes e incluso formar un “ejército shuar” para “proteger el agua, el aire y todala riqueza natural” de sus territorios. A través de su emisora de radio iniciaron una campaña de movilizaciones quefueron duramente reprimidas, causando un muerto, pero que obligó al gobierno a negociar modificaciones en la ley.A partir de ese momento tuvo que intervenir el propio presidente Correa, quien se involucró en el diálogo directo conla CONAIE junto a sus ministros. Pero este diálogo fue más allá de lo estrictamente referido a la ley de aguas. Seestablecieron comisiones mixtas y mesas de trabajo sobre circunscripciones territoriales indígenas, plurinacionali-dad, educación, agua, recursos naturales e instituciones indígenas al tiempo que se decidió investigar lo sucedido enla represión de las manifestaciones y el papel de la emisora de radio en ellas y si incitó a la violencia o no. Se poníade manifiesto así, por una parte, que la Constitución no se cumplía –“una recuperación de la Constitución” para losindígenas- y, por otra, la aceptación del hecho dado que se apostaba por “impulsar de manera conjunta la concreciónde los principios constitucionales, y en especial el Estado Plurinacional e Intercultural, así como la agenda propuestapor las organizaciones”. Se llegó a firmar unos Acuerdos de Diálogo cuyo artículo primero hablaba de “institucio-nalizar el diálogo permanente” con las organizaciones indígenas en el que se tendría en cuenta “la agenda propuestapor las organizaciones”.14Pero los avances fueron escasos –excepto en el tema del agua, que había originado el enfrentamiento- dado que tantoel presidente Correa como sus ministros no se comprometieron a garantizar apoyo técnico o logístico a los acuerdosque se alcanzasen y, además, siguieron haciendo declaraciones arremetiendo contra las organizaciones indígenas ysus dirigentes. Ello provocó que la CONAIE decidiese solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanosque intercediese entre ambos intereses, aunque hasta el momento no hay ninguna decisión oficial al respecto, y queECUARUNARI plantease la ruptura del diálogo al considerar que las comisiones y mesas de trabajo sólo habían sidouna estrategia gubernamental para ganar tiempo en la aplicación de sus políticas. El que desde el gobierno se amena-zase de cierre a la emisora de radio shuar “que podría estar directamente relacionado con sus actividades legítimaspara transmitir el intercambio de información entre comunidades shuar sobre la minería a gran escala en la Cordilleradel Cóndor”, tal y como afirmaba el Relator Especial de la ONU en su informe15 reclamando al gobierno que dieramarcha atrás en sus amenazas, no hacía sino confirmar las sospechas indígenas.Así las cosas sólo quedaba el recurso a los tribunales antes de iniciar una nueva protesta. La CONAIE interpuso unrecurso de inconstitucionalidad contra la ley de minería y obligaba, de forma indirecta, a que este tribunal tuvieseque pronunciarse sobre la interpretación misma de la Constitución en todo lo que importa a derechos de los pueblosindígenas. Uno de los preceptos de la ley establece que “sus normas prevalecerán sobre otras leyes” y esto fue san-cionado por el Tribunal Constitucional en una sentencia que él mismo consideró “atípica” al afirmar en la sentenciala “constitucionalidad condicionada”16 (sic) de la ley de minería ante el “vacío normativo” y todo en aras de la “se-guridad jurídica y gobernabilidad del Estado”. Una curiosa forma de defender lo indefendible o de legalizar lo ilegalo de neutralizar los derechos de los pueblos indígenas al hacerlos depender de los criterios judiciales. La puerta está14 Acuerdos del diálogo del 5 de octubre del 2009 Gobierno Nacional-CONAIE. Presidencia de la República. http://www.aldhea.org/index.php?view=article&catid=27:coyuntura&id=23:acuerdos-del-dialogo-del-5-de-octubre-del-2009&format=pdf&option=com_content&Itemid=4915 Consejo de Derechos Humanos, 15.° período de sesiones. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y laslibertades fundamentales de los indígenas, James Anaya. A/HRC/15/37/Add.716 http://www.tribunalconstitucional.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=49:corte-constitucional-declara-constitucionalidad-condicionada-de-ley-de-mineria&catid=10:boletines-2010&Itemid=102 108
  • 109. abierta y ya la está cruzando el gobierno con una ley de aguas y de extracción de petróleo por toda la costa que sigueel mismo modelo que la ley de minería.Ecuador aprobó una Constitución muy adelantada. Junto con la de Bolivia, tal vez la que mejor refleja la normativade derechos para los pueblos indígenas acogidos en el Convenio 169 de la OIT y la DDPI de la ONU. Pero estásiendo el país que con más rapidez renuncia en la práctica a estos derechos aprobando leyes que, bajo la aparien-cia de cumplirlos y defenderlos, en la práctica los niegan. En la permanente práctica de dar una palada de cal yotra de arena, el gobierno anunció la elaboración de un proyecto de ley sobre derechos de los pueblos indígenasy otro sobre cooperación y coordinación entre la justicia orginaria y la indígena con los que venía a aceptar la re-comendación del Relator Especial de la ONU de “tomar en cuenta las propuestas hechas por la CONAIE durantelas mesas de diálogo con miras a llegar a acuerdos consensuados con los pueblos indígenas en relación con estasy otras leyes, así como para reformar e implementar las leyes conforme a los derechos de los pueblos indígenasgarantizados en la Constitución de 2008 y en los instrumentos internacionales”.17El actual gobierno poco a poco se va quedando solo con el sector empresarial como principal apoyo. La FENO-CIN, uno de sus principales valedores, le dio la espalda en marzo de 2010 como consecuencia de la ley de aguas.Las resistencias del que se dice sector progresista en el gobierno a romper con el modelo económico y políticocapitalista tradicional están arruinando las expectativas emancipatorias puestas en la Constitución por los pueblosoriginarios. La explotación y extracción de recursos naturales en territorios indígenas constituye un constantedesafío para ellos a pesar de los derechos reconocidos bajo la normativa nacional e internacional. Estrictamenterelacionado a este problema está la falta de protección legal de los territorios y recursos de los pueblos indígenas.El gobierno argumenta que muchas de las concesiones mineras y/o petroleras existentes fueron otorgadas antesde la aprobación de la Constitución de 2008, pero ello no es óbice para que se revisen a la luz de la nueva normasuprema porque el Estado tiene la obligación de acatar las normas internacionales y suscribió el Convenio 169 dela OIT diez años antes, en 1998.Y si en ese tiempo no se realizó el requisito de la consulta previa, hay que hacerlo ahora aunque la concesión yaesté en marcha y produciendo. Ya no será una consulta previa, pero sí “libre e informada” y los pueblos indígenasdecidirán si continúa o no la explotación en cuestión. Si realmente es beneficiosa para ellos, la mantendrán. Estees el deber ineludible del Estado, tal y como establecen las dos normativas internacionales suscritas por Ecuador.El Relator Especial es tajante cuando afirma que “el Estado no debe impulsar los proyectos de inversión, infraes-tructura, extracción y explotación de recursos naturales, sin una previa, amplia y legítima consulta y participaciónde los pueblos indígenas” y que para el caso caso de proyectos ya operativos de extracción de recursos naturales,“el Estado debe aplicar procesos de consulta con respecto a sus impactos sobre los derechos, tierras y territoriosde comunidades indígenas y tomar todas las medidas de mitigación de impactos, reparación y justa compensacióna las comunidades indígenas afectadas”18Mantener el empecinamiento actual del gobierno (que llega incluso a amenazar con quitar la sede central a la CO-NAIE, entregada en 1988 en usufructo por 99 años tras el levantamiento indígena de ese año) sólo genera un marrevuelto en el que quien está ganando es el sector oligárquico criollo, que comienza a acoger las reivindicacionesindígenas como una bandera política cuando históricamente es un sector al que desprecia desde un punto de vistaeminentemente racista y supremacista. Un sector de la CONAIE –desautorizado por la mayoría de la organización-considera que la sentencia del Tribunal Constitucional, por muy atípica que sea, recoge aspectos que les interesan yha abierto la veda para el desarrollo de la autonomía indígena, entendida como una primera etapa hacia la formacióndel Tahuantinsuyo, el estado propio, andino. La idea, evidentemente, no gusta a la oligarquía, pero le sirve para des-estabilizar e impulsar, a su vez, otro concepto de autonomía en la línea de la pretensión oligárquica en Bolivia (ver17 Consejo de Derechos Humanos, 15.° período de sesiones. Op. cit.18 Ibid 109
  • 110. este país) en Guayaquil: una especie de ciudad-estado. Si estas tendencias cuajan, el fin del Estado Plurinacional estáservido.Tal vez por ello, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) hacía en marzo de 2010 un llama-miento expreso a fortalecer alianzas con todos los sectores y actores sociales de los países que conforman la CAOIpara luchar contra los gobiernos y organismos nacionales e internacionales neoliberales que afectan a los derechosde los pueblos, indígenas o no, junto a una exigencia expresa a los gobiernos nacionales para que no sigan otorgandoconcesiones a las industrias extractivas y, en especial, los megaproyectos enmarcados dentro de la Iniciativa parala Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) por su gran impacto medioambiental y en lospueblos indígenas.19En esta lucha, por el momento de resultado incierto, también el Estado contó con el apoyo de los países que formanparte de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de las Américas – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP). En su X Cumbre, celebrada en la ciudad ecuatoriana de Otavalo, aprobaron una declaración conteniendo unambiguo punto que fue interpretado como un aval de la posición del gobierno del presidente Correa: “Expresamosque el manejo, administración y aprovechamiento de los recursos naturales no renovables corresponde al Estadode acuerdo al interés de sus pueblos y la sociedad en su conjunto y no a uno o varios grupos o sectores socialeso económicos. El Estado garantizará la participación social y la distribución justa y equitativa de los beneficios,especialmente a favor de las comunidades en donde esos recursos naturales se encuentran y buscará, en armoníacon la Naturaleza, minimizar los impactos ambientales y sociales adversos que generen”.20 La citada cumbre fuebastante inédita y uno de sus principales objetivos fue el intentar zanjar diferencias en torno a la gestión pública delos recursos no renovables y escuchar las preocupaciones de los pueblos indígenas afectados por la explotación derecursos naturales en sus territorios. Al tenor de la mención que se hace a los “grupos o sectores sociales”, en clarareferencia a los indígenas, y de las manifestaciones que se produjeron en rechazo a la declaración, no parece quehubiese acercamientos notables.La situación, hoy por hoy, es de enconamiento total en las posiciones de unos y otros, hasta el punto que el RelatorEspecial de la ONU está intentando mediar para evitar una ruptura irreversible entre ambos actores. La Consti-tución de Ecuador contiene un significativo reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas,a la vez que representa un importante precedente regional latinoamericano e internacional, junto con Bolivia,en este ámbito. No obstante, siguen existiendo importantes resistencias no sólo de los poderes oligárquicostradicionales, sino de estamentos insertos en el propio gobierno, que impiden y dificultan la efectiva imple-mentación de los derechos humanos de los pueblos indígenas amparados en la normativa nacional e interna-cional. En su intento de mediación, el Relator Especial de la ONU menciona que “cualquier procedimientoestablecido debe tomar en cuenta y tratar las inquietudes de la CONAIE y otros representantes indígenassobre el proceso realizado en las mesas de diálogo de 2009” –referido más arriba- y, de forma especial, “laLey de Minería, la Ley de Recursos Hídricos, la Ley de Educación Intercultural Bilingüe, el Código Orgánicode Organización Territorial de Autonomía y Descentralización, y el Código Ambiental”.21 Es decir, todas lascuestiones que están en el corazón de las reivindicaciones y propuestas indígenas puesto que, tal y como estánsiendo establecidas por el gobierno, no se implementan ni los derechos de los pueblos indígenas garantizadosen la Constitución de 2008 ni en los instrumentos internacionales de derechos humanos. De no hacerse así, elRelator Especial de la ONU cree que se va a agudizar la polarización entre indígenas y gobierno y por ello haceun llamamiento al Estado “a que asegure que sus instituciones actúen con extrema cautela para no agravar estapolarización”. Para ello, “el Estado no debe impulsar los proyectos de inversión, infraestructura, extracción19 Minga Informativa de Movimientos Sociales, 13 de marzo de 2010.20 Declaración de Otavalo. X Cumbre ALBA-TCP con autoridades indígenas y afrodescientes. Otavalo, 25 de junio de 2010.21 Consejo de Derechos Humanos. 15.° período de sesiones. Observaciones sobre los avances y desafíos en la implementación de las garantíasde la Constitución Política del Ecuador sobre los derechos de los pueblos indígenas. 13 de septiembre de 2010. A/HRC/15/37/Add.7 110
  • 111. y explotación de recursos naturales, sin una previa, amplia y legítima consulta y participación de los pueblosindígenas, y tal como ha establecido la Corte Constitucional”22.22 Ibid. 111
  • 112. 112
  • 113. EL SALVADORLa población total de este país es de 5’7 millones de personas según el censo de 2007, que establece en un 0’2% el porcen-taje de esta población que sería indígena (13.310 personas) –aunque el censo no les nombra- pertenecientes a tres pueblos:cacaopera-kakawira, lenca-poton y nahuatl-pipil. La cifra es sorprendente no sólo por el intento encubierto de homoge-neización cultural que conlleva y la “extinción técnica” que apunta, sino por el hecho de que sólo tres años antes el gobiernosalvadoreño afirmaba en una reunión gubernamental sobre Institucionalidad y Políticas Públicas de América Latina y el Ca-ribe Orientada a los Pueblos Indígenas que el porcentaje de población del país “indígena o de origen indígena” era del 10%,aunque matizaba que las condiciones histórico-sociales en materia indígena de El Salvador son muy especiales y diferentes asus países vecinos puesto que “las comunidades indígenas no se identifican con una lengua, dado que toda la población hablael español, y tampoco pueden identificarse por su vestimenta, dado que un reducido número de ellos lo conservan”.1Basándose en éstas consideraciones y otras semejantes para los gobernantes de El Salvador “el elemento indígena no esnotorio ni relevante” aunque sí existan en el país “una serie de elementos de identidad en materia indígena, muy marcada ydominante en la mayoría de la población tales como: las tradiciones y costumbres, la dieta, la abundante mitología, y desdeluego los modos de hablar y la conformación anatomo-morfológica de las personas, es decir de estatura mediana, pelo gruesoy negro, que es característica biológica indígena”.2Si no hay indígenas, o estos son una proporción tan insignificante de la población que están en un proceso de “extincióntécnica”, no tiene por qué haber un reconocimiento oficial de sus derechos en la Constitución, donde no hay más que unamención a la “preservación, difusión y respeto de las lenguas autóctonas”, ni tampoco una institución propia. El tema indíge-na se aborda en El Salvador a través de una Unidad de Asuntos Indígenas que se engloba dentro del Consejo Nacional para laCultura y el Arte (sic). Este simple dato deja bien claro que los valores y normas culturales indígenas son vistos como aspec-tos meramente folklóricos pese a que una publicación de este organismo define al indígena como “aquellas familias, gruposo individuos a titulo personal que reúne estas características: un fundamento ancestral en creencias y practicas espirituales, unfundamento en los rituales concerniente al ciclo de la vida, productivos y de naturaleza, utilización de la medicina ancestraly un fuerte fundamento en las formas de organización socioeconómicas y espirituales; así como un factor importante es laautodeterminación de pertenecer a un pueblo indígena”.3Sin llegar a estos extremos, la ONU reconocía el año 2001 que existe una gran disparidad de criterios a la hora de cuantificarel número de indígenas en El Salvador y afirmaba que, dependiendo de las fuentes que se consultasen, la cifra podría oscilarentre los 88.000 y los 732.000 (del 1’7% al 12% del total de la población).4 No obstante, si se toma la molestia de echar unvistazo a los mapas oficiales se constata que al menos hay 60 comunidades reconocidas con presencia indígena.Cinco años más tarde, la situación seguía igual en cuanto a la falta de reconocimiento oficial de la existencia de pueblosindígenas y eso llevó a una de las instancias de la ONU, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, a pedirformalmente al país centroamericano el reconocimiento de las poblaciones indígenas que para el CEDR son los tres pueblosmencionados antes. Expertos de este organismo hablaban de un 12% de una población indígena en El Salvador, de los queel 61% es pobre y el 38% vive en la extrema pobreza, sin acceso al agua, la alimentación básica, la salud y la educación ycalificaron de “racismo invisible”5 la obsesión del gobierno de negar la existencia de población indígena con el argumento deque la mayoría de sus habitantes son mestizos. Por ello solicitaba al Estado datos estadísticos desagregados sobre la compo-sición étnica de la población salvadoreña y “otorgar reconocimiento legal a los pueblos indígenas”.1 http://www.fondoindigena.org/apc-aa-files/documentos/items/Informe_el_salvador.pdf2 Ibid.3 Gloria Mejía de Gutiérrez y Rita Jaimes de Araujo, “Perfil de los pueblos indígenas de El Salvador”, CONCULTURA, Ministerio de Educacióny Banco Mundial, 2003.4 http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6288.pdf5 http://archive.laprensa.com.sv/20060228/nacion/431190.asp 113
  • 114. Es evidente que El Salvador no lo hizo, a tenor de lo que se recoge en el censo de 2007, mostrando a las claras que estepaís no tiene el menor interés en reconocer a los pueblos indígenas. Tampoco es fácil que quienes en los últimos años haninvestigado se pongan de acuerdo. Si para el gobierno no hay indígenas, para los estudiosos, antropólogos e instancias de laONU son tres los pueblos y cinco para las propias organizaciones indígenas: kakawira-cacaopera, chortí, lenca, maya ynahuatl-pipil.Lo que es un hecho incuestionable para cualquiera que visite el país, no ya para los propios indígenas y el resto de salva-doreños, es que en todo el territorio del país se distinguen geográficamente zonas con clara presencia indígena de grupospertenecientes a los cinco pueblos mencionados arriba, como los izalco en los departamentos de Sonsonate y Ahuchapan,nonualco en el departamento de La Paz y cacaopera en el departamento de Morazán. Como dato histórico, los izalco tu-vieron una participación muy destacada en la rebelión campesina protagonizada en 1932 por Farabundo Martí, histórico ylegendario dirigente revolucionario salvadoreño, por lo que fueron objeto de una durísima represión que les diezmó hastacasi hacerles desaparecer. La revisión histórica que se está haciendo en El Salvador a raíz de la firma de los Acuerdos de Pazcalifica esta época histórica como “etnocidio” y menciona que de los 30.000 muertos que se estima provocó la represión,unos 25.000 habrían sido indígenas.Quienes sobrevivieron a la matanza o bien migraron hacia los países vecinos (Guatemala y Honduras principalmente) o bienoptaron por ocultar en público todo aquello que les pudiera identificar como indígenas (uso de la lengua nahuat, celebra-ciones y ritos religiosos, vestimentas tradicionales…) y asimilarse en la población ladina campesina por ser esta la única víapara no ser identificados, reprimidos y aniquilados. Años más tarde, con el surgimiento del Frente Farabundo Martí para laLiberación Nacional en los comienzos de la década de 1980, también se reincorporaron a las filas guerrilleras, aunque enmucha menor proporción. Tanto en 1932 como con el FMLN, la izquierda trató el tema indígena como campesino siguien-do la pauta de toda la guerrilla latinoamericana. Su presencia en las filas guerrilleras quedó recogida cuando en la reformaconstitucional de 1992, como corolario a los Acuerdos de Paz firmados ese mismo año, se aboga por la no existencia dediscriminación alguna para las personas indígenas, aunque no se profundizó en sus derechos.La relación histórica de los pueblos indígenas con la izquierda salvadoreña, de forma especial los nahuatl-pipil izalco ycacaopera, se tradujo en un voto masivo hacia el FMLN en las elecciones que dieron el triunfo a esta formación política enel año 2009 en la esperanza que este partido realizase los cambios estructurales necesarios para que dejen de ser invisiblesen el país. El nuevo presidente, Mauricio Funes, había manifestado durante la campaña su reconocimiento por “la historia,existencia y derechos fundamentales de los pueblos originarios”. Con motivo de la asunción del nuevo gobierno, los indíge-nas elaboraron un manifiesto recordando esas manifestaciones y exigiendo la aprobación del plan de gobierno denominado“Políticas hacia los Pueblos Originarios” en el que se incluyera la participación “consultiva” de los propios pueblos.6Aunque ya existían organizaciones indígenas como el Movimiento Ancestral Indígena Salvadoreño, la Fundación para elDesarrollo de la Cultura Indígena Los Pasos del Jaguar, el Concejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño, el RescateAncestral Indígena Salvadoreño, Winaka-Kakawira (Comunidad Indígena de Cacaopera), Movimiento Indígena Nonualco,etc., no es hasta este momento en el que se comienza a reestructurar un pensamiento y una acción política indígena que seha traducido en la recuperación de la cultura (se realizan ya con frecuencia festivales, foros y actos con esta finalidad) y enla elaboración de propuestas de reforma constitucional donde se incluya de forma expresa el reconocimiento de los pueblosindígenas en El Salvador “que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradicionesespirituales, de su historia y de su filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos”.7 Las organizacio-nes indígenas estiman en el 72% de ellos quienes no tienen ningún tipo de posesión de tierra para trabajar.Una de las cuestiones que han sido presentadas al nuevo gobierno es la de garantizar el derecho de los pueblos indígenassobre los conocimientos colectivos y tradicionales, para lo que reclaman que “se prohíba el registro de patentes sobre los6 http://www.diariocolatino.com/es/20090602/trazosculturales/67493/7 http://www.agruco.org/compas/pdf/pronun%20dia%20mundial%20de%20los%20indigenas.pdf 114
  • 115. recursos naturales, los bosques, la biodiversidad y las plantas que formen parte de nuestros territorios; así mismo se prohibirápatentar y utilizar nuestros símbolos sagrados”. No es una cuestión banal puesto que El Salvador está discutiendo si firma unTratado de Libre Comercio con la Unión Europea que incluye estos aspectos. Para los pueblos indígenas es una cuestión vitalpues su fuente de ingreso ha sido y sigue siendo el cultivo de la tierra (hortalizas, artesanías, maíz, frijol, plantas medicinales,subproductos del bosque y animales de cacería).Ninguna de las reivindicaciones indígenas se ha logrado todavía. El gobierno de Funes se resiste a dar pasos como la ratifi-cación del Convenio 169 de la OIT o la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU –promesas expresasrecogidas en el programa electoral, donde se decía “se respetarán los principios establecidos en la Declaración Universalde los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas; se promoverá que esta Declaración se eleve a ley de larepública” - para lo que tendría que impulsar una reforma constitucional que no parece estar en la mente del nuevo gobiernoa pesar de todas las promesas realizadas en ese sentido. En un informe remitido al CEDR en noviembre de 2009 volvía arecoger no ya las cifras oficiales del censo de 2007, sino que justifica la elaboración del mismo en base a que participarontécnicos de CONCULTURA “expertos en materia indígena” y que se preguntaba a la población de forma expresa si se con-sideraba indígena o no. Este aspecto es importante para el gobierno puesto que es un principio establecido por la ONU sobrela autoafirmación y el auto-reconocimiento.8La versión oficial del Estado ante las instancias internacionales no tiene mucho que ver con la que ofrece la Procuraduría deDefensa de los Derechos Humanos, también en un informe remitido al CEDR el mes de junio de 2010. Esta instancia guber-namental comienza reconociendo lo obvio, “los leves esfuerzos que desde diferentes instancias el Estado ha realizado para elreconocimiento y vigencia del respeto y garantía de los derechos de los pueblos indígenas que habitan en El Salvador”, parapasar a realizar un tirón de orejas a su propio gobierno: “Aunque los cambios generados por el nuevo gobierno a partir dejunio del año 2009 han dado un nuevo giro a la política gubernamental de participación ciudadana con la creación del Con-sejo Económico y Social, creando más y mejores espacios de participación en los que han sido tomados en cuenta algunosrepresentantes de Pueblos Indígenas, debe decirse que El Salvador aún está muy lejos de cumplir con las obligaciones que elDerecho Internacional de los Derechos Humanos le exige en materia de respeto a los derechos de los Pueblos Indígenas”.9El informe de la Procuraduría es demoledor en varias cuestiones: apunta hacia la necesidad de un cambio constitucional pues“la protección que nuestra Constitución otorga a los habitantes de los Pueblos Indígenas es prácticamente nula ya que nuestracarta magna hace referencia únicamente a las lenguas autóctonas y la riqueza artística, histórica y arqueológica como objetosde protección por parte del Estado (artículo 62 inciso 2° y artículo 63) pero ésta no incluye el respeto y la garantía de sus dere-chos como personas, ni como pueblos”; cree que con el censo de 2007 se ha producido una “invisibilización” de los pueblosindígenas en El Salvador, un acto que considera de discriminación y marginación, y se arriesga a pedir que se garantice “elgoce efectivo de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de los pueblos indígenas, debiendo tomar medidasconcretas para garantizar la tenencia de la tierra, el acceso al agua potable, a la salud y a la educación”.La Procuraduría sí alaba al gobierno en su intento de recuperar la lengua nahuatl y los progresos que se están haciendopara “fortalecer la identidad cultural y tener incidencia política”. Hace falta. Un estudio de la Universidad de El Salvadorestablece en 200 las personas que hablan la lengua nahuat. De la lengua lenca-poton no hay datos, ni siquiera estimativosaunque algún antropólogo se arriesga a afirmar que existen algunas palabras sueltas que son utilizadas en el contexto del usodel castellano pero que el idioma, como tal, no está estructurado. La lengua chortí desapareció en 1932 con la represión quetuvo lugar contra los indígenas aquel año.10 El sistema educativo de El Salvador no cuenta con ningún diseño específico deprogramas de enseñanza dirigidos a los pueblos indígenas. Son las diferentes organizaciones y pueblos quienes han afronta-do la revitalización de las lenguas desde las diferentes comunidades.8 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Informes presentados por los Estados partes conforme al artículo 9 de laConvención. El Salvador, 2 de noviembre de 2009. CERD/C/SLV/14-15.9 http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/ngos/PDDH_El%20Salvador_cerd77.pdf10 http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=93556 115
  • 116. 116
  • 117. ESTADOS UNIDOSSe está elaborando el censo de 2010, por lo que hay que remitirse al correspondiente al año 2000 y a un adelantoestimativo realizado en 2007 según el cual el número de quienes se identifican como indígenas es de 3.041.592 per-sonas, aunque hay que reseñar que otros cuatro millones lo hicieron en combinación con alguna otra identidad étnica(cherokee-mexicano, indio centroamericano, indio sudamericano, indio franco-americano, etc.). 1 La población totales de 310 millones de habitantes, lo que significa que menos de un 1% del total pertenecería a los pueblos2 abenaki,aleut, algonquino, alutiiq (sugpiat), apache (chiricahua, jicarilla, lipan, mescalero), arapahoe, arikara, as-siniboine, athabaskano (ahtena, doyon, gwich’in, tanaina), bannock, blackfoot, brotherton, caddo, cahuilla(soboba, agua caliente), cahto, chaneliak, chimariko, chugach, carrier, catawba, cayuse, chehalis, chemakuan(hoh, quileute), chemehuevi, cherokee (shawnee, echota, etowah), cheyenne, chickahominy, chickasaw, chino-ok, clatsop, chippewa (saginaw, sokoagon, keweenaw, leelanau, mille lac), chippewyan, chitimacha, choctaw,chumash (santa inés), coharie, colville, comanche, coos, coquilles, costanoan, coushatta, cowlitz, cree, creek(thlopthlocco), croatan, crow, cupeno, chaneliak, chugach, cato, chimarico, columbia, delaware (lenni lenape,munsee), diegueño (manzanita, mesa grande, sycuan, capitán grande), digger, gabrieleño, gros ventres (at-sina), han, haida, haliwa, hidatsa, hoopa, houma, ingalik, inupiat, iowa, iroquois (cayuga, mohawk, oneida,onondaga, seneca, tonawanda seneca, seneca cayuga, tuscarora, wyandotte), juaneño, kalispel, karok, kaw,kickappo, kiowa, klallam (lower elwha), klamath, konkow, kootenai (matinecock, montauk, poospatuck, se-tauket), kalapuya, luiseño (pala, pauma, pechanga), koyukon, kutchin, lumbee, lummi, maidu (nishinam),maikah, maliseet (aroostook), mandan, mattaponi, mattole, menominee, miami, miccosukee, micmac, miwok,moor, modoc, mohegan, mono, morongo, nabesna, nanticoke, narragansett, navajo, nez percé, nomalaki, nan-semonz, natchez, nipmuk, omaha, osage, otoe-missouria, ottawa, paiute (kaibab, moapa) , pamunkey, pas-samaquody, pawnee, penobscot, peoria, pequot, pima, piscataway, pomo (kashaya), ponka, potawatomi (han-nahville, hurón, pogagon), phowatan, pueblo (acoma, aeizona tewa, cohiti, hopi, isleta, keres, laguna, nambe,picuris, piro, poioaque, sandía, san felipe, san ildefonso, taos, tesuque, tiqua, zia, zuni), puget sound salish(duwamish, muckleshoot, nisqually, nooksack, puyallup, samish, sauk-suiattle, skomish, snoqualmie, squaxinisland, steilacoom, stillaguamish, suquamish, swinomish, tulalip), quapaw, quinault, rappahannock, sac andfox, salinan, salish, schaghticoke, sealaska, semínola, serrano, shasta, shawnee (absentee), shinnecock, shosho-ne (ely, goshute, te-moak, timbi-sha, washakie, yomba), shoshone-paiute, siletz, sioux (blackfoot, brule, dako-ta, mdewakanton, oglala, sisseton, sisseton-wahpeton, tetón, wahpeton, yankton), siuslaw, soboba, spokane,stockbridge, tanana, tillamook, tlingit, tohono o’odham (ak-chin), tolowa, tonkawa, tsimshian, tunica (biloxi),umatilla, umpqua (cow creek umpqua), ute (uintah), waccamaw-siouan, wailaki, walla-walla, wampanoag(mashpee), washo, wappo wesort, wichita, wicomico winnebago, wintu, wiyot, yakima, yaqui (barrio libre,pascua yaqui) , yavapai apache, yokuts (chukchansi, tachi), yuchi, yuki, yumán (cocoph, havasupai, hualapai,maricopa, mojave, quechan, yavapai), yupik y yurok.Estados Unidos no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT y votó en contra de la Declaración de Derechos de los Pue-blos Indígenas en la ONU, por lo que su legislación en lo referente a ellos sólo se sustenta en la Constitución de 1787y en una serie de sentencias judiciales posteriores aunque hay que reseñar que el gobierno actual, presidido por BarakObama, ha enviado una directiva a las agencias federales para que consulten con las tribus antes de desarrollar políticasfederales que puedan tener un impacto sobre los pueblos indígenas.3 No es una iniciativa nueva, simplemente desarrollauna normativa de la Administración Clinton que nunca había sido puesta en marcha. En cuanto a la ratificación del Con-venio 169 de la OIT y la reconsideración del voto en contra de la DDPI de la ONU, ni siquiera están en la agenda.1 http://www.census.gov/main/www/cen2000.html2 Entre paréntesis figuran algunos de los diferentes grupos que componen los diferentes pueblos indígenas, nativo-americanos en el lenguajeoficial. Como ejemplo, por ser más conocido, el pueblo apache lo componen los grupos chiricahua, jicarilla, lipan y mescalero.3 http://www.gpoaccess.gov/ 117
  • 118. En este sentido, no hay cambio alguno entre esta administración y la de sus predecesores, salvo sorpresa mayús-cula en los próximos años si es reelegido Obama. Bien es cierto que el presidente ha realizado algún gesto comola “Proclama presidencial en el Mes de la Herencia Indígena Estadounidense”,4 en noviembre de 2009, en la quereconoce a los pueblos indígenas en EEUU “sus muchos logros, contribuciones y sacrificios” junto a una “de-mostración de coraje ante la adversidad” y con una mención especial a quienes “han luchado valientemente endefensa de nuestra nación como dedicados hombres y mujeres de las fuerzas armadas”. Pero poco más. Ni unamención al Convenio 169 de la OIT ni a la DDPI aunque sí hay un reconocimiento a que “la comunidad indígenaestadounidense enfrenta hoy enormes desafíos que han sido ignorados por nuestro gobierno por mucho tiempo”,para lo que EEUU hace lo único que sabe hacer: dar dinero para que las comunidades indígenas satisfagan susnecesidades más urgentes.Obama mantiene una política de ambigüedad calculada respecto a los pueblos indígenas. En su campana electoralhizo una vaga promesa de revisar la posición de EEUU respecto a la DDPI aunque el único movimiento que ha hechoen ese sentido –es de suponer que para votar finalmente a favor de la misma- ha sido creación de una página web (sic)para recibir opiniones sobre el tema.5 Pero con esa iniciativa lo que ha hecho ha sido desconocer un plan de consultaformal con los dirigentes tribales y los propios pueblos originarios.Los derechos de los pueblos indígenas incluyen tratados individuales y leyes federales indias variables y, a menudo,dependientes de decisiones adoptadas por la Corte Suprema de los EEUU. La soberanía de los gobiernos tribales estálimitada por el pleno poder del Congreso, que puede cambiar de forma unilateral artículos de los tratados históricos.Y los jueces en la mayoría de las ocasiones realizan lecturas restrictivas de los derechos de los pueblos indígenas,como lo ocurrido cuando en el año 2007 el pueblo shinnecock reclamó contra lo que consideró “robo legalizado desus tierras”, demanda territorial que fue rechazada con el argumento que de ser considerada tendría “consecuenciasmuy perturbadoras” si tal pretensión se admitiese.6 La sentencia no deja lugar a dudas del tratamiento que reciben lospueblos originarios en EEUU dado que establece que la soberanía sobre las tierras no puede restituirse a las tribusindias si dicha restitución pudiera afectar negativamente a sistemas económicos y políticos que han estado funcionan-do durante décadas. Por lo tanto, la pérdida de soberanía no puede revertirse, incluso en el caso de que las tierras encuestión hayan sido ocupadas ilegalmente. Sólo se les da la razón, en ocasiones, ante cuestiones medioambientales yreligiosas. Así sucedió también ese año en una demanda colectiva de los pueblos navajo, hopi, hualapai y havasu-pai en contra de un proyecto de expansión de una estación de esquí en un bosque nacional considerado sagrado porestos pueblos. También el pueblo comanche logró paralizar un proyecto del Ejército para construir depósitos en sustierras sagradas.En la Constitución se menciona a los indígenas muy brevemente, sobre todo para la cuestión del comercio y de lostributos puesto que se consideraba a las tribus, denominación que hoy se utiliza, como entidades políticas separadas,externas a EEUU y, por lo tanto, sus miembros no eran considerados ciudadanos de ese país. Por otra parte, aunquesin mencionarlas explícitamente, se reconoce el estatus legal de los tratados con las tribus indígenas al afirmar que,junto con la Constitución y las leyes, los tratados constituyen la suprema ley del país. Todo eso cambió con la con-quista de los territorios indígenas durante el siglo XIX. Hoy el estatus legal de los pueblos originarios está definidopor la Ley Indígena, que considera a las tribus como “naciones domésticas dependientes” que retienen aquellos as-pectos de su soberanía que no han sido cedidos al gobierno de los Estados Unidos.4 http://www.america.gov/st/peopleplace-spanish/2009/November/20091103163408xjsnommis0.1458246.html?CP.rss=true5 http://www.state.gov/s/tribalconsultation/declaration/index.htm6 Estado de Nueva York versus Nación India Shinnecock. Tribunal de Distrito de los EEUU, Distrito Oriental de Nueva York, 30 de octubre de2007. 118
  • 119. Los pueblos indígenas reclaman su devolución y la recuperación de los acuerdos alcanzados con ellos, que con-sideran son violados día tras día por el Estado con efectos devastadores en su vida social, económica, ambiental,cultural y espiritual por el uso que se da a sus territorios. EEUU ha visto siempre a los nativo-americanos (lenguajepolíticamente correcto) como menores de edad. Por ello, el gobierno federal tiene una “responsabilidad de tutela” queimplica no sólo la protección de los indígenas y sus bienes, sino también una obligación de proveerles de todo tipo deservicios, sociales, educativos y sanitarios. Entre esos bienes está la tierra. Los indígenas tienen derecho de ocupaciónde sus territorios, pero no pueden disponer de la tierra de ellos si no es con el consentimiento del gobierno federal, quemantiene un fideicomiso sobre esas tierras y los bienes que hay en ellas, por lo que es quien las administra a travésde la Oficina de Asuntos Indígenas, en estos momentos dirigida por un pawnee.Los fideicomisos se han convertido en uno de los principales elementos de lucha y reivindicación de los pueblosindígenas en EEUU. Como se ha dicho, es el gobierno quien tiene los títulos de propiedad de la tierra, recaudadinero en concepto de arrendamiento y paga a los propietarios indígenas individuales y colectivos de la tierra. Acambio, están libres de impuestos. Los indígenas llevan años denunciando una mala gestión y que el gobierno norinde cuentas de los ingresos provenientes de la explotación de petróleo, gas, carbón y madera y ante la justicia sehan presentado demandas que llevan 12 años sin resolverse. Es el caso de las presentadas por los pueblos navajo yblackfoot.El fideicomiso, además, le ha permitido al Estado hacer y deshacer sobre los recursos naturales. Uno de ellos, laextracción de uranio, está provocando un auténtico desastre cultural, además de ambiental y sanitario, en tierrade los navajo, havasupai, hopi y pueblo en el suroeste del país (Arizona). Hay estudios, avalados por el ForoPermanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas, que documentan un aumento considerable del número decasos de cáncer, enfermedades respiratorias, insuficiencia renal, diabetes y deformaciones como resultado de lasminas existentes en sus territorios.7 Estas cuatro naciones, junto a los hualapai, han reclamado con insistencia unamoratoria en la minería de uranio y ante el silencio del gobierno han decidido prohibir la extracción del mismoen sus territorios. Una medida más simbólica que real puesto que no tienen ninguna soberanía sobre los mismosy la mayoría de las extracciones de uranio están en tierras bajo fideicomiso. Los ponca están dispuestos a hacerlo mismo si el gobierno federal y el de Oklahoma no realizan de inmediato una evaluación seria sobre el impactoque está teniendo la explotación de petróleo en sus tierras en lo referente a contaminación de aguas, pérdida de susfuentes tradicionales de alimentos e impacto sobre la salud. En Alaska, los gwich’in se oponen a la explotaciónde petróleo en sus tierras.Sin ir tan lejos, los paiute han bloqueado los intentos de construir una línea de ferrocarril por su territorio que teníacomo finalidad transportar residuos nucleares hasta Montana. Y los shoshone no han podido hacer nada legal paraoponerse a que su territorio haya sido invadido para iniciar los trabajos de lo que podría convertirse en la mina de oromás grande del mundo cerca de uno de sus sitios sagrados en el monte Tenabo (Nevada).El gobierno de EEUU argumenta que, además del fideicomiso, la tribu puede tener tierra comunal aunque el título depropiedad de la misma pertenece siempre al Estado, tierra asignada (arrendada) a particulares y “loteos”, un sistemamixto entre la propiedad individual y el fideicomiso, que es la principal forma de tenencia de tierra, con una extensiónde 24 millones de hectáreas. El gobierno también dice que gracias a este sistema de fideicomiso algunas reservas in-dígenas han tenido un progreso económico considerable (uno de ellos representado por los casinos de juego, negocioen el que están invirtiendo o tienen el proyecto de hacerlo casi todos los pueblos indígenas con tierras en fideicomiso)aunque la realidad indica que si bien es cierto en el caso de los semínola la gran mayoría de la población indígena7 http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/es/session_eighth.html 119
  • 120. mantiene tasas de pobreza elevadas y el índice de desempleo llega en algunas reservas, sobre todo en las ubicadas enDakota del Sur, al 80%.Esta realidad de los indígenas en EEUU es la misma, o se diferencia muy poco, de la de otros pueblos en el resto delcontinente: falta de empleo, poco acceso al agua potable, aislamiento físico y social, vivienda de calidad inferior a lade otros ciudadanos, ataques a su identidad cultural y altas tasas de delito y encarcelamiento. La ONU establece queel ingreso medio de los indígenas en EEUU no llega a la mitad de la media general en el país, que casi la cuarta partevive bajo el umbral de pobreza (frente a un 12’5% de la población total) y que tienen las tasas de mortalidad másaltas que los demás a causa de tuberculosis (600% más alta), alcoholismo (510% más), diabetes (189% más, siendolos pima quienes tienen la tasa de diabetes más alta de todo el mundo), homicidio (61% más) y suicidio (62% más).8Otro dato revelador que ofrece la ONU es que las mujeres indígenas en EEUU tienen 2’5 veces más probabilidadesde ser violadas o de sufrir acoso sexual que el resto de mujeres.Aunque hay mucha diferencia entre unos pueblos y otros, sí se puede decir que el navajo es el más combativo enestos momentos. No sólo mantiene reclamaciones en los tribunales y rechaza las actividades extractivas como el ura-nio, sino que está realizando una campaña relacionada con la deforestación de los territorios tradicionales indígenasy la reversión de una práctica iniciada en la década de 1970 que consistía en el traslado de poblaciones de nativo-americanos para ser reubicados en otros lugares sin su consentimiento ni “justa y equitativa compensación”. Losnavajo han llevado el caso a la ONU y plantean que si no es posible volver a las tierras tradicionales al menos se lesconceda tierras de igual tamaño y calidad.En lo que sí hay un avance es en la cuestión educativa. Las agresivas tácticas de asimilación del pasado, tales comolas escuelas residenciales y los programas de adopción, han tenido un impacto en las culturas, los idiomas y las tra-diciones de los “nativo americanos”. Incluso hoy siguen funcionando los internados, unos dirigidos por la Oficinade Asuntos Indígenas, otros administrados por iglesias y otros se encuentran bajo el control de los propios pueblosoriginarios. La asistencia ya no es obligatoria y los niños no son obligados a practicar el cristianismo, lo que es unavance respecto al pasado, y es en las escuelas bajo control de los propios pueblos donde se les educa de forma bi-lingüe y se hace hincapié en las tradiciones culturales nativas. A ello ayuda el que en 2006 se aprobase una norma,la Ley Esther Martínez para la Preservación de las Lenguas Indígenas, que ha permitido que durante tres años seotorgase financiamiento a aquellas instituciones que enseñen las lenguas indígenas, puesto que las estimaciones sobrela supervivencia de las mismas no son optimistas: los lingüistas estiman que para el año 2050 sólo se mantendránvivas 20 lenguas indígenas en EEUU. La ley lleva en nombre de una anciana pueblo-tewa que siempre se preocupópor la revitalización de su lengua.Un aspecto a tener en cuenta sobre la situación de los indígenas en Estados Unidos es el referente al racismo que laley aprobada en Arizona pone encima de la mesa con toda su crudeza. No sólo está dirigida contra la población noanglosajona de origen hispano, sino a los propios pueblos originarios que, como los yaqui procedentes de lo que hoyes México, tienen un parecido físico extraordinario con cualquiera de los pueblos de origen azteca en este país lati-noamericano. Arizona es un territorio con amplias raíces mexicanas y también, y por ello, anti-mexicano. Los yaquiviven sin problemas en barrios marginales con gran población hispana, como South Tucson, en la capital de ese esta-do. Tal vez sería interesante que James Anaya, el actual Relator Especial de la ONU para los Derechos y LibertadesFundamentales de los Pueblos Indígenas, natural de Arizona, realice un informe sobre su país y su Estado y no selimitase sólo a criticar la ley junto con otros cinco relatores especiales de la ONU en cuestiones relacionadas con losderechos humanos. Los pueblos navajo, hopi y yaqui a buen seguro que se lo agradecerían y la famosa “comunidadinternacional” vería cómo se las gasta el país adalid de los derechos humanos con pueblos originarios como éstos,8 http://www.un.org/indigenous 120
  • 121. entre otros, que además están radicados en Arizona. Tal vez con este pequeño dato se pueda comprender mucho me-jor la expresión de felicidad de la indígena yaqui que asistió a la votación en la que la Asamblea General de la ONUadoptó la DDPI en el año 2007 (ver “La larga lucha hacia la visibilización”). 121
  • 122. 122
  • 123. GUATEMALAUno de los países con mayor población indígena del continente aunque, si hay que hacer caso al censo oficial de 2002,de una población total de 11’2 millones de habitantes apenas 4’5 millones se identificaban como indígenas.1 Eso su-pondría el 39% del total de la población. Pero un informe del Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)publicado en 2004 elevaba esa proporción al 66%, volviéndose a poner de manifiesto que todas estas cifras, sobretodo las oficiales, hay que tomarlas con mucha cautela. Diga lo que diga el censo es indudable que Guatemala es unasociedad indígena en muchos aspectos, tiene una identidad indígena predominante que no ha podido ser borrada a lolargo de la historia.Los pueblos indígenas son achí, akateco, awakateco, chortí, chuj, itzá, ixil, jacalteco, kaqchikel, k’iché, mam,mopan, poqomam, poqomchí, q’anjob’al, q’eqchí, sakapulteco, sipakapense, tektiteko, tz’utujil, uspanteko,xinka y garífuna. Las mayores concentraciones de poblaciones indígenas se concentran en los departamentos alnorte y al occidente de la Ciudad de Guatemala, especialmente en el Quiché, Alta y Baja Verapaz, Sololá, Totonica-pán, Huehuetenango y San Marcos. Cerca del 70% continúa viviendo en zonas rurales, mientas que el resto o bienha emigrado a las ciudades o bien a México y/o a Estados Unidos. Es una consecuencia directa de la falta de tierraque viene de la etapa colonial y remarcada con la independencia de la metrópoli que se tradujo en que estos pueblos(todos del tronco maya a excepción de los xinca y garífuna) fueron despojados de sus tierras, quedando las comuni-tarias en zonas altas, lo que les ha obligado desde entonces a trabajar como jornaleros en temporadas de cosecha o aemigrar hacia otros países. Con tan alto porcentaje de población residente en el campo no es extraño el dato de que el84% de los indígenas es pobre, de ellos el 24% en situación de extrema pobreza, el analfabetismo es del 41’7% y ladesnutrición alcanza al 34% de los niños. En cuanto al nivel de analfabetismo, en los departamentos de Quiché, AltaVerapaz, Huehuetenango, San Marcos, Totonicapán, Baja Verapaz y Sololá está en el 61%, cifra que se eleva hastael 87’5% en el caso de las mujeres. Las lenguas mam, k’iche, tz’utujil, kaqchikel, q’eqchí, poqomchí, kanjobal,jacalteco, chuj e ixil tienen una presencia significativa en muchos planos del país y, en menor medida, las chortí,poqomam, uspanteko, sakapulteco, mopan, awuakateco e itzá.Al igual que ocurrió en El Salvador, durante los años del conflicto armado la población indígena fue el componentemayoritario de la guerrilla y en ella se cebó la represión. Como está reflejado en las páginas iniciales de este libro, el83% de los muertos ocasionados por el Ejército (se calcula que 200.000 personas fueron asesinadas) fueron indíge-nas. Un verdadero etnocidio que no ha llamado mucho la atención en el mundo, al que se sumó el arrasamiento y des-trucción de pueblos y comunidades. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH),2 establecida tras la firmade los Acuerdos de Paz de 1996, afirma que la violencia contra las poblaciones indígenas transformó radicalmentelas comunidades; las estructuras tradicionalmente comunitarias como las cofradías y los concilios de ancianos fueronabolidas o sometidas a controles militares y, al mismo tiempo, el reclutamiento de muchos indígenas por parte de lasdenominadas Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), con un carácter claramente paramilitar, exacerbó las divisionesentre la población.Con los Acuerdos de Paz se produjo una reforma constitucional que incluyó los derechos de los pueblos indígenas yel reconocimiento del país como multiétnico y plurinacional. Sin embargo, no se ha pasado de ahí. No ha sido posi-ble su plasmación normativa en el ejercicio de esos derechos. La oligarquía criolla y el poderoso sector económicocontinúan obstruyendo incluso los intentos más sencillos para reconocer los derechos de los indígenas, especialmentelos colectivos como consecuencia de la escasa fuerza política y social de los indígenas, muy al contrario de lo quesucede en otros países –Bolivia, Perú, Ecuador- donde también son una parte importante de la población total. LaComisión Interamericana de Derechos Humanos reconocía con sorpresa que “si bien los Acuerdos de Paz, en especialel Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, representaron la oportunidad histórica para superar1 http://www.ine.gob.gt/index.php/demografia-y-poblacion/42-demografiaypoblacion/75-censo20022 http://shr.aaas.org/guatemala/ceh/mds/spanish/ 123
  • 124. los flagelos de la exclusión y la discriminación de los pueblos indígenas, es el Acuerdo con menor grado de cumpli-miento, a pesar de su obvia trascendencia en el país”.3Pero la conmemoración del décimo aniversario de los Acuerdos de Paz fue aprovechada para un cierto resurgir enaspectos como la denuncia del Tratado de Libre Comercio con EEUU y Canadá, la explotación de minería a cieloabierto en territorios indígenas y la construcción de grandes empresas hidroeléctricas. A ello ayudó la política gu-bernamental, que ante los devastadores efectos provocados por un huracán en 2005 privilegió la reconstrucción delos bienes y empresas de los sectores oligárquicos dejando en el máximo abandono a las comunidades indígenas quehabían quedado totalmente destruidas por dicho huracán a pesar de haberse dicho justamente lo contrario, que ibaa privilegiar la reconstrucción en las zonas más pobres. Tras años de postración, se retomaron las movilizacionesindígenas en forma de paros, tomas de carreteras y celebración de consultas (referéndums) en varias poblacionespara conocer la opinión de los pobladores sobre las concesiones otorgadas por el gobierno para la explotación minerade níquel, hierro, cromo y magnesio en sus tierras. Las empresas no tuvieron en menor reparo en iniciar costosascampañas publicitarias para desautorizar las consultas y se publicaron artículos en revistas especializadas afirmandoque “el éxito de GlamisGold [una de las empresas mineras sobre las que se realizaba una consulta, en este caso enla localidad de Sipacapa] en cuanto a las Relaciones Publicas relacionadas con el Proyecto Marlin es crucial. Es unasituación que se debe ganar, y la realidad es que la industria necesita una respuesta coordinada. Las ramificaciones sesentirán no solo por la compañía, sino por la industria minera a nivel mundial”.4 Lastima para ellos que la poblaciónindígena de esa localidad fuese casi en su totalidad analfabeta. Pero el mensaje no iba dirigido a ellos, sino a otros.A los funcionarios gubernamentales con fuertes vinculaciones con este tipo de empresas; a los bancos e institucio-nes financieras internacionales que otorgan créditos para “ayuda al desarrollo” de las comunidades indígenas –porejemplo, el Banco Interamericano para el Desarrollo es quien más “incentiva” la plantación de palma africana y cañade azúcar para los agrocumbustibles, cuya extensión ha pasado de 31.000 hectáreas en 2003 a 83.000 hectáreas en2008-,5 para los llamados medios de comunicación que sólo comunican hacia y desde un lado y para los jueces, queno se viesen tentados a validar los derechos y reivindicaciones indígenas en sus sentencias. Ya dejaba claro el redactorque “es una situación que se debe ganar”.Ni qué decir tiene que los indígenas rechazaron amplísimamente esas explotaciones. Por ejemplo, las 42 comunidadesdel municipio de Ixchiguán en el departamento de San Marcos, manifestaron un rotundo rechazo al establecimientode proyectos mineros a cielo abierto en su territorio, debido a la destrucción y contaminación de las fuentes de agua.No obstante, el gobierno, asumiendo ese mensaje de “se debe ganar” trasladado desde las empresas, no reconoció lasconsultas al no considerarlas legalmente vinculantes (con lo que incumplía de forma fragante el Convenio 169 de laOIT) y siguió adelante con los proyectos lo cual, a su vez, fue contestado por la toma de tierras por parte de los indí-genas q’ecqchí de 16 comunidades y tuvo lugar la consiguiente represión. Datos oficiales del gobierno –Ministeriode Energía y Minas- establecen en 136 los permisos de explotación minera existentes en Guatemala, de los que 67 sellevan a cabo en los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Alta Verapaz e Izabal, todos ellos con un altísimoporcentaje de población indígena especialmente los tres primeros. Y en todas esas explotaciones las empresas son dematriz canadiense. En virtud de la Ley de Minería –impulsada dentro del programa de reajuste estructural impuestopor el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional- se reduce el porcentaje de beneficios que percibe el Estadoa sólo un uno por ciento y se permite a las empresas extranjeras adquirir el 100% de la propiedad de las empresas,estando exentas al mismo tiempo del pago de impuestos como el agua y la maquinaria importada. A estos datos mi-neros hay que añadir 64 proyectos hidroeléctricos.Como consecuencia, el problema de la tierra surgió al primer plano. Desde 2005 existía una Mesa Intersectorial deDiálogo y Participación de Política de Desarrollo Rural Integral que apenas había logrado reunirse ante el boicot delos empresarios a que se discutieran temas como la expropiación de las tierras ociosas puesto que eso atentaría con-3 CIDH. Justicia e inclusión social: los desafíos de la democracia en Guatemala. 29 de diciembre de 2003, OEA/Ser.L/V/II.118.4 http://www.resourceinvestor.com/News/2005/6/Pages/Guatemalan-Gold-Mine-Opponents-Try-to-Tarnish.aspx5 http://www.prensalatina.com.mx/article.asp?ID= 124
  • 125. tra el principio de propiedad privada. El gobierno optó por apoyarse en los empresarios y elaboró unas propuestasagrarias en las que no reconocía la propiedad comunal ni la expropiación de esas tierras ociosas e impulsando paraellas el arrendamiento.6 Las organizaciones indígenas y campesinas rechazaron de plano el plan del gobierno por su“estrecha y sólida conexión entre los intereses gubernamentales y la Cámara del Agro, particularmente en los temasreferidos a la situación agraria y los derechos de los Pueblos Indígenas”.7En una de cal y otra de arena, tras la aprobación de este plan agrícola el gobierno reconoció que los pueblos indígenasson objeto de exclusión social y de diversas manifestaciones de racismo. Claro que antes de este golpe de pecho habíasido criticado por el comité de la ONU que se encarga de este tema y el informe del Programa de Naciones Unidaspara el Desarrollo le había dejado en evidencia al constatar la interrelación existente entre el racismo y la discrimi-nación, por un lado, y el mantenimiento de un sistema económico claramente desigual, por otro. Además, Guatemalahabía sido visitada por Evo Morales, el presidente de Bolivia, y ese fenómeno había generado un importante resurgi-miento político del movimiento indígena, hasta entonces muy débil y fraccionado, que se plasmó en la organizaciónWinaq (gente, en el idioma maya) liderada por la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú.Este simple hecho provocó que los partidos tradicionales impulsasen la presencia de indígenas en sus filas y candida-turas en las elecciones de 2008, aunque en un segundo plano a nivel nacional. En el ámbito municipal, los candidatosindígenas de diferentes organizaciones se hicieron, por primera vez en el país, con la alcaldía en 129 de los 332 mu-nicipios existentes. Un incremento cuantitativo de la participación indígena pero a través de espacios políticos con-servadores, bien abiertamente derechistas o pretendidamente socialdemócratas. En cualquier caso, ambas opcionesusan a los indígenas como símbolos, no como participación real y efectiva con cuotas de poder. Un columnista deun periódico oligárquico que en los últimos años ha ido abriendo tímidamente sus páginas a la información relativaa los indígenas lo reconocía de forma gráfica: “Hay algunos diputados mayas, pero éstos no cuentan; no sé si porquesólo están allí de relleno o por complicidad (…) A los actuales dipu-mayas tal vez no hay que echarles mucha culpaporque están allí de relleno o por complicidad con partidos dirigidos por ladinos cuyo esquema mental es que siguenmandando ‘indios’”. 8La mayoría de estos alcaldes representan al partido en el gobierno que preside Álvaro Colom y fue la respuesta indí-gena a una campaña con etiqueta socialdemócrata que tenía como uno de sus principales lemas “Gobierno de espe-ranza para los pobres e indígenas”. Tanto a nivel gubernamental como municipal se iniciaron diferentes programaseducativos, sanitarios y de aumento de la productividad en el medio rural que fueron bien acogidos por los indígenas.Incluso hubo un gesto de gran simbolismo: la presencia de la bandera maya en los actos públicos. Sin embargo, a lahora de iniciar transformaciones en las relaciones de propiedad o de la tierra la cosa no fue muy diferente respecto ala actitud mantenida por gobiernos anteriores. Las comunidades de los pueblos indígenas reimpulsaron la consultaen sus municipios para que la población decidiese sobre las explotaciones mineras, esta vez en muchos más lugaresy abarcando a un mayor número de personas. Hasta 400.000 indígenas participaron en las mismas. El resultado sevolvió a repetir, un rotundo rechazo a este tipo de explotaciones. Y la respuesta del gobierno volvió a ser la misma: lasconsultas no son legales al no contar con el aval ni de la ley ni del Tribunal Supremo. Ni una mención al Convenio dela OIT ni a la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la ONU un año antes de las eleccionesy que contó con el voto favorable de Guatemala. Por lo tanto, todas las acciones que impulsaron estas comunidadeseran ilegales y, en calidad de tales, competencia de la policía. Las actividades de protesta no sólo contra la minería,sino el petróleo fueron reprimidas y se declaró el estado de excepción en una zona (San Juan de Sacatepéquez) habi-tada mayoritariamente por el pueblo kakchiquel, que se había significado en las movilizaciones.Ante este comportamiento del gobierno los representantes q’eqchí de 43 comunidades han presentado una demanda6 Gobierno de Guatemala: Política de Desarrollo Rural Integral. Septiembre de 2006.7 http://www.adital.com.br/Site/noticia2.asp?lang=ES&cod=226258 Prensa Libre, 27 de junio de 2007. 125
  • 126. ante la CIDH por violación de sus derechos y uso tradicional a los recursos naturales sin que en el momento de elabo-rar este libro haya sido resuelta. Al mismo tiempo realizaron el primer encuentro nacional en defensa del territorio yla naturaleza en el que dejaban patente que el rechazo a los megaproyectos que se expresaba en algunas comunidadesno era el único, que era un rechazo extensivo a todas las comunidades y organizaciones indígenas en Guatemala y queellos no se iban a conformar con la promesa de “regalías” (pequeña participación en los beneficios) sino que lo quereivindicaban era su derecho al territorio. “Lo que queremos es que el interés colectivo prevalezca sobre los interesesde unos pocos, porque la destrucción que hacen las empresas mineras y petroleras a la naturaleza es irreversible”.9El derecho indígena sobre el territorio es cuestionado una y otra vez en la práctica por un Estado que lo asume sobreel papel a nivel internacional, puesto que a nivel nacional aún no lo ha incluido dentro de su normativa legal. Parala élite tradicional criolla –el racismo es un elemento determinante en la historia, pasada y actual de Guatemala- lospueblos indígenas sólo tienen derechos, y con limitaciones, en el aspecto cultural pero no, desde luego, en lo refe-rente a la tierra. Ello aumenta la vulnerabilidad de una población que sigue manteniendo unos índices de pobrezaescalofriantes y que se traducen en un simple dato: la ONU dice que en 2010 hay una diferencia de 13 años entrela esperanza de vida de los indígenas y no indígenas, más para estos últimos como es lógico por lo que venimosrelatando.10 El modelo de desarrollo existente en el país no ha cambiado y no tiene visos de hacerlo sin una mayorpresencia indígena en el ámbito político. La explotación de los recursos naturales a nivel masivo, las represas, losagrocombustibles están arrasando con las pocas tierras fértiles de las comunidades indígenas, su hábitat tradicional,sus lugares sagrados.La movilización es inevitable y necesaria. La única posibilidad que tienen los indígenas de hacer valer sus derechosfrente a una oligarquía ladina que sólo cede en algunos de ellos a través de la presión y al constatarse que la represión,como durante la guerra interna, no elimina las ansias de emancipación de estos pueblos. San Juan de Sacatepéqueztuvo muertos, heridos y detenidos pero logró el compromiso del gobierno de suspender el otorgamiento de licenciasde exploración y explotación minera. Habían logrado la solidaridad activa de otras comunidades, como San MiguelIxtahuacán que salieron a cortar carreteras para auxiliar a sus hermanos, prácticamente cercados por la policía y pro-testar también contra las mineras en su municipio. El movimiento se extendía y el gobierno se vio obligado a cedery a firmar un acuerdo11 al que se resistió cuanto pudo. Las empresas, mientras tanto, a lo suyo: financiar a partidospolíticos y diputados para aprobar restricciones al contenido del acuerdo, el amedrentamiento, las amenazas y lasagresiones intimidatorias contra los principales dirigentes de la comunidad kakchiquel12 que se caracteriza por estaren la vanguardia a la hora de defender su derecho al territorio y sus recursos naturales ante la invasión de la mineríaextractora.El país se mueve “desde abajo”, por lo que hay que reconducir el proceso “desde arriba” para que los privilegios deque se disfruta este sector oligárquico no se pongan en cuestión. Otorgar algo para no perder nada. Esa es la reac-ción del gobierno y algunas fuerzas que lo sustentan. En 2009 se propuso una reforma constitucional que incluyesealgunos derechos indígenas para reducir los altos niveles de pobreza en que viven para construir “un Estado másrepresentativo, más plural y multiétnico”. Está clara entonces cuál es la situación en Guatemala, ni hay estado repre-sentativo, ni plural, ni multiétnico. Si estos aspectos le hubiesen interesado a la oligarquía no se estaría hablando enel siglo XXI de ello. Pero las movilizaciones indígenas han hecho que se preocupe algo al menos porque también lasorganizaciones indígenas hacen propuestas que no se pueden dejar de oír como la que habían hecho a comienzos deese año, la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas, que había llegado hasta el congreso guatemalteco dela mano de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos,la Asociación Política de Mujeres Mayas y la Defensoría Maya. El gobierno creó entonces la Coordinadora Interins-titucional Indígena del Estado para que el movimiento no se le fuese de las manos y que desde esta institución salgan9 http://www.movimientos.org/show_text.php3?key=1209410 http://www.un.org.indigeonus/11 http://www.comision-transparencia.info/2009/08/20/suscripcion-de-acuerdo-de-entendimiento/12 http://www.minesandcommunities.org/article.php?a=9368 126
  • 127. las propuestas de reforma que atañan directamente a los pueblos indígenas como la eliminación de la discriminaciónracial, la ley de consulta –meramente consultiva, no vinculante-, los lugares sagrados, la educación bilingüe, la ju-risdicción indígena… o sea, todo lo que ahora no hay. Tampoco hay soberanía de la tierra, pero eso ni siquiera sediscute. Lo otro es lo políticamente correcto, la tierra es ya una cuestión de poder puesto que en Guatemala el 2% dela población posee el 90% del terreno nacional.La oligarquía ladina puede que acepte aprobar algunas de esas cuestiones, pero el meollo de la cuestión no es si seaprueban, sino si se desarrollan aunque sean relativamente fáciles y poco comprometidas. Por eso los pueblos indí-genas reaccionaron con escepticismo, máxime cuando la propuesta de reforma no toca lo principal: la economía yel territorio. Y cuando en esa propuesta de reforma se incluyen aspectos como los recursos naturales e hídricos, perono la consulta previa a las comunidades indígenas sino una participación subsidiaria de las mismas, queda claro quesigue muy vigente el lema de cambiar todo para que todo siga igual. Forma, no fondo. Las organizaciones indíge-nas han presentado propuestas muy diferentes sobre la conservación y manejo de los recursos naturales en tierrascomunales, el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y su potestad para beneficiarse dela explotación de esos recursos que han llegado hasta las instancias oficiales. Allí siguen. Mientras tanto, el Estadose niega a ofrecer información detallada sobre las actividades extractivas y sus impactos ambientales y sociales, in-crementa la expansión de cultivos de caña de azúcar y palma de aceite (imprescindibles para los agrocombustibles)en las zonas indígenas, criminaliza los movimientos sociales e indígenas y está comenzando a resurgir, otra vez, elparamilitarismo vinculado tanto a los organismos policiales como a los terratenientes y a las grandes compañías. Esalgo que no sólo ocurrió en San Juan de Sacatepéquez, sino en El Estor e Ixcán. Y en otros pueblos, el Ejército obien está asentado dentro del recinto de las compañías mineras a modo de protección o “protegiendo los proyectosde desarrollo”.Es mucho lo que hay que cambiar en Guatemala para que los indígenas, un tercio del país para el gobierno, mayoríaclara de dos tercios para otras instancias como la ONU, logren el reconocimiento y ejercicio pleno de sus derechos.Para ello no bastan las buenas intenciones, sino un cambio político que termine con el concepto de “los valores yconceptos que han hecho grande a la civilización occidental” (sic) que recoge algunos aspectos del orden cons-titucional de Guatemala. Un paso en esa dirección la dieron, por vez primera en el país, la Comisión de PueblosIndígenas del Congreso emitiendo un dictamen favorable a la iniciativa de ley de consulta (octubre 2009) y la CorteConstitucional cuando en una sentencia de diciembre de 2009 daba la razón a la comunidad kakchiquel de San Juande Sacatepéquez -¡otra vez ellos!- en su conflicto con una empresa cementera y minera y, de forma relevante, en lafalta de consulta previa y el consentimiento previo e informado de la comunidad tomando en consideración no sóloel Convenio 169 de la OIT sino toda la legislación internacional al respecto. Pero, aún sentando un precedente, laCorte Constitucional también daba la razón al gobierno, e indirectamente a la empresa, al afirmar que no se puedeparalizar su actividad dado el interés nacional de la industria cementera. Dos “intereses contrapuestos” frente a losque, al final, la justicia no es ciega ni imparcial y se decanta por el de la empresa anteponiendo el derecho colectivode Guatemala (“un elemento estratégico de la economía nacional y un bien indispensable para el desarrollo social”)al derecho colectivo de una comunidad concreta (sic).13 Es decir, sí al derecho a la consulta previa pero limitando, ymucho, la conformidad o no de las comunidades indígenas. Sí pero no a la legislación internacional que acoge en unhecho inédito de por sí por el simple hecho de hacerlo. Si la iniciativa del Congreso tenía previsto incluir la consultacomo obligatoria y determinante, la justicia se encargaba de delimitar por dónde debía ir su aprobación.Claro que en Guatemala, como en muchos otros países del continente de Abya Yala, no se hacen las cosas porquesí. El país había recibido la visita del Relator de la Organización de Estados Americanos y de la Comisión Intera-mericana de Derechos Humanos para conocer el acceso de los pueblos indígenas a la justicia y había cuestionadoal Estado por la desigualdad existente14. Al mismo tiempo, Guatemala tenía que “examinarse” ante el Comité parala Eliminación de la Discriminación Racial y la Organización Internacional del Trabajo. Algo tenía que ofrecer si13 Corte de Constitucionalidad. Expediente 3878-2007. Guatemala 21 de diciembre de 2009.14 http://www.prensalibre.com/pl/2009/junio/13/321082.html 127
  • 128. quería que su imagen internacional no quedase definitivamente por los suelos, ya muy deteriorada con cuestionescomo la impunidad pasada y presente de múltiples asesinatos, dado que dos meses antes de esta sentencia de la CorteConstitucional el CEDR había manifestado por enésima vez y con una contundencia inesperada su “preocupaciónprofunda por el arraigo profundo del racismo y la discriminación racial contra los pueblos maya, xinca y garífunaexistentes dentro del territorio del Estado parte y la insuficiencia de políticas públicas en materia de eliminación dela discriminación racial”, exhortando a Guatemala a aprobar “el proyecto de política nacional denominada ‘Por unaconvivencia armónica e intercultural’ encaminada a eliminar la discriminación racial y a tomar medidas especiales afavor de los pueblos históricamente discriminados, indígenas y afrodescendientes”.15Sin embargo la resolución de la Corte Constitucional no satisfizo a la OIT, quien en su informe de 2010 exigió lasuspensión “inmediata” de las actividades mineras en San Juan de Sacatepéquez en tanto se produjese el diálogoentre indígenas, empresa y gobierno “y se evaluase con la participación de los pueblos interesados la incidencia so-cial, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente de las actividades previstas y la medida en que los intereses delos pueblos indígenas se verían perjudicados”.16 Pero no se circunscribió a un caso particular, sino que lo extrapolóal resto del país: “la Comisión insta al Gobierno que se sirva adoptar todas las medidas necesarias para garantizar elestablecimiento de mecanismos apropiados de consulta y participación tal y como está previsto en el Convenio”,17reclamando además información sobre las medidas transitorias adoptadas para proteger los derechos a la tierra de lospueblos indígenas hasta que no se avance en la regularización de tierras.Y tampoco está muy contento que digamos el CEDR con las explicaciones que ofrece el gobierno de Guatemala y laspolíticas que impulsa. El informe (marzo de 2010) no deja títere con cabeza: critica el racismo institucional y comu-nicacional, pide el reconocimiento del sistema tradicional de justicia indígena y la presencia de intérpretes en juicioscontra indígenas, condena los asesinatos de indígenas y defensores de los derechos humanos, solicita la reforma delmarco legal que rige la explotación de recursos naturales de manera que se establezcan mecanismos de consulta pre-via con las poblaciones afectadas sobre el impacto de dichas explotaciones sobre sus comunidades y realiza otra seriede recomendaciones y críticas al Estado en cuestiones de salud, educación y acceso al agua potable.18El gobierno pareció no darse por enterado, pero las comunidades indígenas estaban muy al tanto de todo ello y losalcaldes comunales de San Miguel Ixtahuacán, una localidad que había jugado un papel también destacado junto aSan Juan de Sacatepéquez en el rechazo a la minería, presentaron una petición oficial al Presidente de Guatemala ya la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de derechos humanos para que sesuspendiesen de inmediato, como reclamaba la OIT, las operaciones mineras en San Juan de Sacatepéquez, Sipacapay San Miguel Ixtahuacán.19 Ni querían ni podían dejar que, otra vez más, una solicitud internacional quedase en elolvido. Tampoco estaban dispuestos a ello los pobladores. Ocho municipios de Huehuetenango declararon libres deminería y megaproyectos sus territorios. Sentencias, movilizaciones, acciones, rechazo. El miedo comenzó a recorrerla espina dorsal de las grandes empresas y se sacaron un as de la manga: un informe empresarial acerca del impactoen los derechos humanos de una de sus minas,20 esa que había sido denunciada por la comunidad de Sipacapa y quehabía iniciado una guerra “que había que vencer”. Ahora sí son importantes los derechos humanos, ambientales ysociales.¿Había entrado el buen juicio en las compañías mineras? En absoluto, preparaban el terreno para que el gobierno,cuando se viese obligado a tomar una decisión en la línea marcada por la OIT, tuviese en cuenta sus puntos de vista.Y así lo hizo. El vicepresidente afirmó enfáticamente que la mina “no viola los derechos humanos” y, por lo tanto, el15 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. 12º y 13º informes periódicos que los Estados partes debían presentar en 2008.Guatemala. 17 de septiembre de 2009. CERD/C/GTM/12-1316 OIT. Conferencia Internacional del Trabajo, 99.ª reunión, 2010. Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169. Guatemala.17 Ibid.18 CEDR. Observaciones Finales. Guatemala 76º período de sesiones, 15 de febrero a 12 de marzo de 2010. CERD/C/GTM/CO/12-1319 http://pluriculturalidadjuridica.blogspot.com/2010/03/oit-pide-suspender-operaciones-mineras.html20 http://www.elperiodico.com.gt/es/20100523/pais/152991/ 128
  • 129. presidente Colom hizo lo que estaba cantado: no acatar la resolución de la OIT –y de la CIDH, que en ese lapso detiempo también había reclamado el cierre- por no “tener fundamento”.Nueva movilización, nueva crítica internacional y el gobierno ya no tuvo más remedio que cumplir la legislacióninternacional. El 23 de junio de 2010 se vio obligado a anunciar el cierre de esa mina, en concreto, en tanto no hayadiálogo y estudios ambientales.21 Un triunfo del pueblo indígena de Guatemala que ofrece una interesante expe-riencia de lucha y resistencia al resto de pueblos originarios en Abya Yala que no se queda en estos éxitos sino quesigue adelante en su camino hacia la emancipación dejando clara su voluntad de autodeterminación y control de losrecursos naturales en sus tierras. En septiembre, la comunidad qe’qchí de Lanquín sometió a consulta a la población(“¿Aceptan que se desarrollen proyectos hidroeléctricos, mineros, áreas protegidas y megaproyectos que afecten lavida, el bienestar de nuestros hijos e hijas, familias, nuestras tierras y el territorio?”) el intento gubernamental deautorizar el ingreso de empresas en su territorio sin la consulta legal pertinente. De nuevo el gobierno incumpliendoy de nuevo la población indígena respondiendo. Ni qué decir tiene que esa consulta recogió un abrumador rechazoa la presencia de empresas mineras e hidroeléctricas (14.490 votos en contra de los proyectos y 24 a favor)22 en unimpresionante ejercicio de participación y decisión del pueblo en la toma de decisiones.21 http://www.prensalibre.com/noticias/mina-san_miguel_ixtahuacan-fiesta_0_286171601.html22 http://waqib-kej.org/portal/2010/10/comunidades-de-lanquin-entregaron-resultado-de-consulta-a-las-autoridades/ 129
  • 130. 130
  • 131. GUYANAEl censo de 2002 establece en 751.223 el número de habitantes, de los que 68.812 son indígenas (9’2% del total dela población)1 pertenecientes a los pueblos akawaio, arekuna, kariña, lokono, makushi, patamona, waiwai, wa-pishana y warau que son denominados “amerindios” en la legislación para distinguirles de otros pueblos llegadosbien en régimen de esclavitud durante la etapa colonial o a través de la emigración. Los pueblos waiwai (con unos200 integrantes) y arekuna (alrededor del medio millar) son los menos numerosos, mientras que el lokono (16.000)es el principal en cuanto a número de componentes. Como de costumbre, hay disparidad entre las cifras oficiales ylas de los pueblos indígenas. Estos últimos incluyen a los trio, taruma y atorad como etnias aún existentes –lo queno reconoce el censo oficial- aunque con una población muy disminuida debido a las epidemias, invasiones de sustierras por colonos y empresas y la migración. Todos estos pueblos tienen vínculos de todo tipo con sus hermanos enVenezuela, Brasil y Surinam. También hay que mencionar que Francia mantiene una posesión colonial, la Guyanafrancesa, en la que viven los pueblos arawak, kalina, palikur, teko, wayampi y wayana. Y hay una zona que recla-ma Venezuela y no reconoce como parte de la Guyana independiente, al este del río Esequibo, que es la que aparecereflejada en el mapa.La situación de los pueblos originarios es particular puesto que fueron de los primeros en todo el continente AbyaYala que obtuvieron derechos sobre sus tierras otorgados por los colonizadores holandeses. Ya en 1784 contaban conla “plena y libre propiedad” de las mismas y debido a que Guyana es un país surcado por decenas de ríos –su nombresignifica “el país de las muchas aguas”- y de bosques, en gran parte selva húmeda impenetrable, lo que les permitiómantener sus territorios sin grandes agresiones hasta casi finalizar el siglo XX dado que los colonos europeos y losmigrantes se mantenían en lugares donde podían establecer grandes plantaciones, aledaños a la selva, pero sin pene-trar en ella y en la costa, donde hoy reside el 80% de la población de Guyana.Aunque Guyana no ha reconocido el Convenio 169 de la OIT sí recoge en una ley especial, llamada Acta Amerindia,63 comunidades y dos distritos especiales indígenas aunque ni en las comunidades ni en los distritos están engloba-dos todos los pueblos originarios lo que significa, en la práctica, que quedan fuera del amparo de cualquier medidalegal. Las comunidades que están reconocidas (en una extensión de 9.600 kilómetros cuadrados de los 38.000 quelas autoridades del Estado reconocen como sus territorios ancestrales, aunque los indígenas reclaman 69.200 kiló-metros cuadrados) cuentan con un amplio espectro de derechos, incluida la elección de representantes indígenas ala Asamblea Nacional, aunque el hecho de que haya comunidades al margen de esos derechos llevó a la Asociaciónde Pueblos Amerindios, en 1993, a plantear una reforma del Acta Amerindia y una reforma constitucional –acordadaen 1999- que garantiza los derechos fundamentales de protección de su cultura y formas de vida (incluyendo suslenguas) e introducir el concepto de autodeterminación.Su práctico aislamiento hasta casi finales del siglo XX ha redundado en un sistema de gobierno propio y muy des-centralizado, por ejemplo, en la toma de decisiones. Se mantiene el sistema utilizado durante la época colonial de“capitanes municipales” que son quienes gobiernan las comunidades denominadas Consejos Municipales. Es a estosconsejos a quienes se otorgan los títulos de propiedad y cuentan con un elevado nivel de autogobierno que venía asancionar la reforma constitucional acordada en 1999. Esta forma de gobierno indígena se coordina en asociacionesregionales y nacionales de las que una de sus máximas expresiones es la Asociación de Pueblos Amerindios. Tambiénhay otra, la Organización de Pueblos Indígenas Guyaneses que ha provocado más de un enfrentamiento no sólo entrelos diferentes pueblos existentes en Guyana como entre los pueblos indígenas del Caribe agrupados en la CaribbeanOrganization of Indigenous Peoples (COIP) que engloba a representantes de los pueblos originarios de Trinidad yTobago, Surinam, San Vicente, Dominica y Belice.1 http://www.statisticsguyana.gov.gy/ 131
  • 132. No obstante, la reforma constitucional pese a haberse acordado en trámite parlamentario no se aplicó y sigue pendien-te en la actualidad. Una de las razones del por qué no se aplicó fue la presión de las compañías madereras y mineras,que en 1991 habían comenzado a invadir las tierras indígenas y las áreas protegidas. Esto, a su vez, era consecuenciadel retraso en la demarcación de tierras y una cierta connivencia del gobierno que terminó siendo complicidad abiertaal convertir en “estrategia nacional de desarrollo” la expansión de la minería con el apoyo de organismos internacio-nales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Estas instituciones ya habían impulsado y finan-ciado proyectos hidroeléctricos en la década de 1980 que conllevaban el desplazamiento de poblaciones indígenasakawayo y arekuna, aunque el BM terminó retirando la financiación al proyecto por la crítica internacional.Con estos avales, Guyana se llenó de explotación de minas de bauxita, diamantes y oro (hay 14.500 concesionesreconocidas por la Comisión de Geología y Minas de Guyana)2 que comenzaron a contratar trabajadores indígenasde las comunidades que no tienen reconocidos sus derechos a la tierra convirtiéndose en la mayoría de los 12.000trabajadores que agrupa el sector minero. Tan cantidad de explotaciones mineras hace que el 25% de la superficie deGuyana esté dedicada en estos momentos a la explotación, exploración y prospección minera. De la importancia deeste rubro para Guyana da muestra el hecho de que el primer ministro es a la vez el titular de la cartera de Minería.Como se ha dicho, los pueblos originarios cuentan con un amplio reconocimiento de derechos y el Grupo de Trabajosobre las Tierras Amerindias, establecido en 1990, es quien se encarga de todo lo relativo a los territorios ancestrales.No obstante, no cuenta con el apoyo de todos los pueblos indígenas por considerar que se trata de una instancia noparticipativa que ha dado prioridad a examinar los limitados títulos de propiedad otorgados, en lugar de responder alas reivindicaciones pendientes. Una de las funciones de este Grupo de Trabajo es proteger a los pueblos originariosde la explotación minera, tanto a pequeña como a gran escala, en sus tierras pero dicha protección es sólo efectivaen las tierras “legales”, es decir, en aquellas que cuentan ya con títulos de propiedad. En las otras, aún por demarcar,el gobierno sólo obliga a las empresas a consultar con los indígenas siempre que hagan prospecciones pero no hayningún tipo de supervisión oficial sobre tal consulta, que queda al arbitrio de la empresa.Por lo tanto, el impacto de la explotación minera sobre los pueblos indígenas es notable no sólo en el aspecto humano(mano de obra y prostitución, voluntaria o forzada, junto a consumo del alcohol y violaciones) sino en el relativo ala contaminación de los ríos y agua potable con la consiguiente disminución de la pesca y la caza, lo que acentúa aúnmás su situación de pobreza.La situación es tan dramática que el gobierno decidió en 2006 abordar una nueva reforma del Acta Amerindia “paraallanar el camino de los amerindios en los aspectos sociales, económicos y políticos”. Pero cuatro años después aúnno ha entrado en vigor, de nuevo por presiones de las compañías mineras dado que en virtud de esa reforma el 20% delos beneficios que generasen las explotaciones debían ir a un fondo destinado al beneficio de los pueblos indígenas.Las empresas mineras consideraron muy alto el porcentaje y el gobierno no se ha atrevido desde entonces a aplicarla.Son las compañías mineras canadienses y brasileñas las que controlan totalmente el sector. La canadiense VannesaVentures, por mencionar una, tiene una concesión de dos millones de hectáreas en la cordillera Kanuku, densamentepoblada de bosques, y parte del territorio ancestral de los pueblos makushi, waiwai y wapishana pese al rechazo quemostraron a la explotación de sus tierras.Junto a la minería, los indígenas se enfrentan a la deforestación de la selva y los bosques tropicales. Como se hadicho, el haber estado en un aislamiento práctico hasta finales del siglo XX ha permitido que gran parte de Guyanahaya sido un ecosistema prácticamente virgen. Los indígenas sólo utilizaban sus recursos de forma sustentable. Perocon la liberalización impuesta y avalada por el BM y el FMI se ha iniciado un proceso constante de deforestación2 Marcus Colchester, Jean La Rose y Kid James, “La minería y los amerindios en Guyana”, North-South Institute, Canadá 2002. 132
  • 133. en una doble vertiente: permitir la explotación minera y la maderera. Una medida sugerida por estas institucionesinternacionales es la creación de Parques Nacionales para dejar así el terreno libre a la explotación del resto de terri-torios, pero los pueblos originarios se oponen hasta tanto sus derechos territoriales sean totalmente reconocidos y latotalidad de sus tierras demarcadas. Este es un requisito imprescindible para detener las actividades depredadoras delas compañías mineras y madereras multinacionales que operan en el país.No parece que el gobierno esté por la labor. Según los planes existentes, es posible la explotación de los bosques yselvas (que ocupan el 85% de la superficie del país) si el país recibe dinero a cambio para evitar la destrucción detodos los bosques fuera de las tierras protegidas. Es una iniciativa parecida a la que adoptó Ecuador en el Parque delYasuní (ver este país) y por la que pretende lograr entre 270 y 1.600 millones de euros anuales. De nuevo la resisten-cia empresarial, que ha calificado la propuesta como “chantaje”3 aunque la idea ha sido bien acogida por el BM, elBanco Interamericano de Desarrollo y la Iniciativa Internacional de Clima y Bosques de Noruega, entre otros.El gobierno se está dando mucha prisa en organizar “reuniones de sensibilización” con las comunidades indígenas(2009) para dar a conocer su iniciativa. Lo que no dice es cómo va a funcionar su plan si, al mismo tiempo, aseguraa las empresas mineras y madereras que sus intereses y actividades no se verán afectadas y afirma también que va adesarrollar la industria del petróleo y del gas como “factor de desarrollo”.43 http://www.redd-monitor.org/2009/02/02/guyanas-president-jagdeo-launches-avoided-threatened-deforestation-scheme/4 http://www.lcds.gov.gy/lcds-speech-by-president-bharrat-jagdeo.html 133
  • 134. 134
  • 135. HONDURASEl censo oficial sitúa en 8.045.990 la población, de la que 496.600 pertenecería a los pueblos indígenas chortí, lenca,miskito, nahua, pech o paya, tawahka o sumo y tolupán o xicaque. De nuevo la disparidad de cifras puesto queel número de indígenas según sus propias organizaciones es de 607.300 a quienes hay que sumar un número cercanoa las 200.000 personas de los negros del Caribe y garifunas. Son, con mucho, el sector más pobre y abandonadodel país. Los organismos de la ONU estiman que viven en una situación de “extrema pobreza” en unas 4.000 aldeas,1condición determinada a lo largo de los siglos, desde la colonización española, por la falta de acceso a la educación,salud, seguridad, acceso a la tierra y a sus recursos naturales. El territorio reclamado por los pueblos indígenas es deaproximadamente 2 millones de hectáreas, sobre una extensión nacional de 11’2 millones, y solo el 10% de ellos tieneun título de propiedad de las mismas asegurado.Si hay un país en el continente americano donde formalmente se reconozca a los pueblos indígenas y en la prácticaapenas se hayan implementado disposiciones para que salgan de su “invisibilidad” socio-política y su extrema pobre-za, ese es Honduras (también habría que poner a Chile y El Salvador en este dudoso “lugar de honor”). Formalmentetienen reconocimiento legal en la Constitución, derecho para definir y mantener su propia forma de gobierno paratratar sus asuntos, potestad para usar y explotar las tierras que les pertenecen y a participar en las decisiones que lesafectan, directa o indirectamente. En la práctica no ocurre nada de eso. No lo dice un radical, sino el propio BancoMundial2 y la situación no ha evolucionado ni un ápice desde que esa tajante afirmación se realizó en 2003. Y esoa pesar que Honduras cuenta, desde 2001, con una estrategia de “reducción de la pobreza” que hace mención a los“pueblos étnicos”.Hubo un ligero movimiento para cambiar la situación cuando Manuel Zelaya accedió a la presidencia en el año 2006.Era un político más de la alternancia conservadora en el poder desde la independencia de España, ligado al sector dela madera, y la oligarquía no mostró la menor preocupación puesto que era uno de los suyos. Su política económicaasí lo manifestaba. Pero a medio mandato inició un cambio político, con cambios que tenían como objetivo favore-cer a la población más postergada (la red solidaria, bono tecnológico a los pequeños agricultores, merienda escolary transferencias directas a ciertos grupos vulnerables, entre otros) e iniciativas legislativas que favorecían, siquieraindirectamente, a los pueblos indígenas puesto que en varias de estas medidas se les mencionaba como “sectores mar-ginalizados”. Es una calificación verídica, pero que casi se queda corta puesto que los indígenas son los más pobresde toda la población de Honduras y no tienen participación alguna en la economía. Sus ingresos principales provienencultivo de maíz, frijol, café, la pesca y venta de artesanías.Este dato sirve para entender por qué los indígenas recibieron con los brazos abiertos la ley forestal elaborada por elgobierno de Zelaya. Hay que tener en cuenta que los indígenas de Honduras, como en la mayor parte del continente,viven en zonas selváticas o boscosas. Esta ley, aunque no otorgaba a los indígenas los derechos que tienen recogidosen la Constitución –y que les otorga también la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por laONU en 2007, votada afirmativamente por Honduras- abría nuevas perspectivas de aumento y diversificación de in-gresos a los pueblos indígenas, sobre todo con la explotación maderera. Otra iniciativa que se acercaba a los pueblosindígenas fue la elaboración de un proyecto de ley que pretendía reorientar las tierras indígenas hacia ellos mismos,aunque con muchas limitaciones.La situación de los pueblos originarios no se debe únicamente a la desidia, desinterés y opresión a que se ven some-tidos por todos los gobiernos hondureños, sino también a su propia desunión. Y a la intervención de organizacionesinternacionales de todo tipo, que les están convirtiendo en meros receptores de unas cuantas ayudas con lo que pa-lian, muy poco, su situación cotidiana pero que les impide coordinarse y reivindicar de forma conjunta al Estado sus1 http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/6292.pdf2 Banco Mundial, “Marco conceptual para la intervención en las comunidades indígenas y negras”, Tegucicalpa, mayo 2003. 135
  • 136. derechos y tierras. Ellos mismos lo denuncian. Al menos los negros de la Organización Fraternal Negra de Honduras(OFRANEH), que ha venido acusando a las instituciones internacionales, públicas y privadas, de imponer a los pue-blos indígenas y negros “una visión de desarrollo, vinculada a los programas de inversión e impulsando la redacciónde leyes ambiguas, destinada a destruir nuestros usos y costumbres”.3En Honduras, de la mano de instituciones como el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) o en Banco Mun-dial, se pretende impulsar el desarrollo de los pueblos indígenas y negros bajo la óptica del libre mercado, con lo quese rompe la tradición comunitaria. Se incentivan los proyectos individuales dentro de las comunidades y se colocaen un segundo lugar la puesta en marcha de mecanismos de regularización de los territorios dejando en el aire todaslas cuestiones relacionadas con la titulación, ampliación y saneamiento de los pueblos indígenas. Ello se hace apro-vechándose del altísimo nivel de analfabetismo existente (23% reconocido de forma oficial en personas de más de15 años, “a lo que debe sumarse el porcentaje de analfabetos en desuso, lo que hace de la situación de escolaridadun problema crítico”)4 y de la desesperada situación de muchas de las comunidades e individuos, que no dudan envenderse al mejor postor con la finalidad de salir de su penuria cotidiana acogiéndose al apartado de “compensacioneseconómicas” por la venta de tierras. Esto cuando se hace por las buenas. Por las malas, sus tierras son invadidas porcampesinos empobrecidos para sembrar maíz (muchas veces transgénico), frijoles o café; por empresarios madererosque aducen son tierras sin roturar (identificar como indígenas), y por traficantes de droga para sembrar sus cultivos.Es lo que le está ocurriendo al pueblo tolupán desde el año 2008.El BID va mucho más allá. Bajo su influencia, desde 2004 y también con el el gobierno de Zelaya, se estaba elabo-rando un anteproyecto de Ley para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que diluía los derechos reconocidos en elConvenio 169 de la OIT hasta hacerlos desaparecer en la práctica. Los funcionarios gubernamentales encargados del“tema indígena” hablaban por activa y por pasiva de la necesidad de “regular” el Convenio 169 en lo referente a lastierras, omitiendo el concepto de territorio y evitando mencionar en la ley el marco jurídico bajo el que se titularían,si es que eso se hacía. Es una vieja tradición del BID, que elabora y promueve planes semejantes en México, Panamáo Perú con la finalidad de convertir los territorios ancestrales en propiedades individuales partiendo del concepto deque la propiedad comunal es un impedimento para el desarrollo.Queda claro que el Estado no está libre de culpa en esta política. Como parte del Plan Puebla-Panamá, hoy deno-minado Proyecto Mesoamericano, Honduras ha abierto su territorio a todo tipo de planes económicos entre los quedestacan los megaproyectos hidroeléctricos, las concesiones mineras a cielo abierto, la explotación de petróleo, elcultivo de palma africana para uso de los biocombustibles y proyectos turísticos que atentan contra la soberanía ysupervivencia de los pueblos y comunidades indígenas. Eso por no hablar de las bases militares estadounidenses, enconstante ampliación.El tema turístico tiene una mención especial. En Honduras, desde comienzos de esta centuria, existen las ZonasLibres Turísticas que, como su nombre indica, son “libres” en referencia a que no forman parte de las tierras tradi-cionales indígenas, ni siquiera en calidad de “lugares sagrados”. Los indígenas vienen rechazando esta norma coninsistencia y han llegado a ocupar los sitios arqueológicos, como el pueblo chortí, tanto para oponerse a esta medidacomo para llamar la atención sobre su histórico abandono. Este tipo de acciones las han realizado los chortí (de as-cendencia maya) trece veces desde 1997 y sólo han abandonado su actitud cuando han arrancado algún compromisoal gobierno. La última acción de este tipo, llevada a cabo en la principal zona arqueológica de Honduras, Copán, durótres días y tuvo lugar en junio de 2010.El golpe de Estado que tuvo lugar en junio del año 2009 para desalojar de la presidencia a Zelaya no hizo sino empeo-rar las cosas para los pueblos indígenas dado que la mayoría de ellos tomaron partido por quien había iniciado, aún3 OFRANEH, “La Ley Indígena del BID y la violación de su política operativa”, 31 de marzo de 2008.4 Unidad Regional de Asistencia Técnica, junio de 2003. 136
  • 137. tímidamente, ciertos cambios legislativos en su beneficio. Habían apoyado propuestas concretas como la adhesión ala Alianza Bolivariana para las Américas puesto que ésta recoge un amplio apartado sobre la reducción de la pobrezay los derechos de los pueblos indígenas, la reorientación de los recursos a favor de los pueblos originarios en el marcodel tema tierra/territorio y su aspiración de limitar los privilegios de los grupos tradicionalmente más favorecidos enla sociedad hondureña. Zelaya había llegado, además, a aceptar retirar del Congreso una propuesta de ley indígenaque no contaba con el apoyo de la mayoría de los pueblos originarios en busca de un acuerdo con ellos a través de laConfederación Nacional de Pueblos Autóctonos de Honduras, de la que sólo se mantenían alejados los garifunas, di-visión que luego fue aprovechada por los golpistas. Comenzaba a ser el presidente del país que más receptivo se habíamostrado con las reivindicaciones indígenas y negras aunque ello no era óbice para que las diferentes organizacionesde estos pueblos expresasen su rechazo rotundo a los proyectos económicos y a leyes que beneficiaban los proyectoshidrocarburíferos por considerarles un atentado contra la biodiversidad, los ecosistemas y que “sólo busca beneficiara las empresas transnacionales y el interés geoestratégico de los Estados Unidos en la región”.5El golpe de Estado sirvió para que se acelerase una coordinación entre las diferentes organizaciones indígenas y sec-tores sociales y populares que ya se venía produciendo desde comienzos del año 2009, constituyéndose el ConsejoCívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras que se convirtió en uno de los baluartes del FrentePopular de la Resistencia, reclamando el retorno de Zelaya primero al país –había sido expulsado del mismo tras elgolpe- y después a la presidencia. Esta coordinación sirvió también para que los pueblos indígenas viesen una claraoportunidad de reclamar sus derechos en forma colectiva, más allá de la denuncia del golpe de Estado, y el protago-nismo lo llevaron los pueblos lenca, tolupán y chortí. Los pueblos indígenas, históricamente postergados, habíanvisto en la presidencia de Zelaya un tímido rayo de luz y tenían una profunda preocupación ante la resistencia de lospoderes fácticos a que la población fuese consultada sobre cuestiones políticas y/o económicas de calado –la excusapara el golpe de Estado fue una consulta a la población, que no era vinculante, sobre la participación ciudadana enla vida política- haría muy difícil la aplicación del derecho que tienen los pueblos indígenas a la consulta y consen-timiento libre, previo e informado, tal como está garantizado en múltiples estándares internacionales y que han sidoratificados por el Estado de Honduras. De hecho, fueron los indígenas articulados alrededor del Consejo Cívico deOrganizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) –donde el pueblo lenca es mayoría- quienes con másinsistencia apoyaron la consulta propuesta por Zelaya y la instalación de una Asamblea Constituyente que recogieseuna nueva Carta Magna en la que estuviesen reconocidos todos y cada uno de sus derechos, en especial los colecti-vos.Esta nueva situación no la habían previsto los golpistas, que se aumentase la conciencia política en general y delos pueblos indígenas en particular, aunque el incremento de la represión que se viene produciendo desde entoncescontra unos y otros no provoca buenos augurios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha constatadoque los pueblos indígenas y garifunas han sido los más afectados por el golpe de estado.6 No obstante, se ha iniciadoya un camino sin retorno en Honduras para que los pueblos indígenas y negros recuperen su lugar y tengan un papelprotagonista en el país.5 http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=373106 Observaciones preliminalres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su visita a Honduras realizada del 15 al 18 de mayode 2010. 137
  • 138. 138
  • 139. MÉXICOPuede parecer un contrasentido, pero en los Estados Unidos de México no hay datos exactos para saber cuántos pue-blos indígenas hay y cuantos idiomas hablan. No es ya la consabida diferencia entre las cifras que ofrecen gobiernoe indígenas, sino que en este caso son las propias instituciones oficiales del gobierno mexicano las que manejancantidades diferentes. Para el Instituto Nacional de Geografía y Estadística son 9.533.126 los indígenas, la ComisiónNacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI, como se la conoce en México) dice que son 10.220.862 yel Consejo Nacional de Población eleva el número hasta los 12’4 millones. En todos los casos son cifras relativas alaño 2005 y el porcentaje del total de la población en México oscilaría entre el 10% y el 12% dependiendo de cuálessean las que se toman como referencia.Tampoco es fácil responder a la pregunta de cuántos pueblos originarios hay. El número de pueblos indígenas seequipara generalmente al de lenguas y mientras que para la CDI habría 85 lenguas y 62 pueblos -dado que agrupacomo un solo pueblo a algunas variantes lingüísticas del zapoteco, el mixteco, el chinanteco y el popoluca- el Pro-grama Universitario México Nacional Multicultural de la Universidad Autónoma habla de la existencia de 76 pue-blos porque agrupa a los mixtecos como un solo pueblo sin considerar las variantes lingüísticas y cree que algunospueblos han perdido su lengua. Por si no hubiese suficiente con estas significativas disparidades, el Instituto Nacionalde las Lenguas Indígenas afirma que hay 68 lenguas que corresponden al mismo número de pueblos. La relación,por lo tanto, debe tomarse en base a los diferentes criterios de estas tres instituciones agrupando lenguas y pueblosa la vez: aguacateco, akateco, amuzgo, ayapaneco, cakchiquel, chatino, chichimeca jonaz, chinanteco, chocho,chol, chontal de Oaxaca, chontal de Tabasco, chuj, cochimí, cora, cucapá, cuicateco, guarijío, huasteco, hua-ve, huichol, ixcateco, ixil, jacalteco, kanjobal, kekchi, kikapú, kiliwa, kumiai, lacandón, mame, matlatzinca,maya, mayo, mazahua, mazateco, mixe, mixteco, motocintleco, náhuatl, ocuilteco, oluteco, ópata, otomí, pai-pai, pame, papabuco, pápago, pima, popoloca, popoluca, purépecha, quiché, sayulteco, seri, solteco, tacuate,tarahumara, tepehua, tepehuan, texistepequeño, tlapaneco, tojolabal, totonaca, triqui, tzeltal, tzotzil, yaqui,zapoteco y zoque. En unas 17.000 localidades (en su mayoría con una población inferior a los 2.500 habitantes -va-rias de ellas forman un municipio-, sobre todo en los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero) entre el 30% y el 70%de la población habla alguna lengua indígena.El control político ejercido por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante setenta años conllevó el asenta-miento de fuertes oligarquías, basado en el nepotismo y corrupción, a nivel municipal y estatal. Los intereses agroco-merciales, junto a una creciente concentración de tierras en manos de grandes empresas, presionó a las comunidadesindígenas y campesinas, incapaces cada vez más de sobrevivir del producto de sus tierras. En 1992 fue reformada laconstitución abriendo el camino a la privatización de las tierras comunales indígenas en el marco de un proceso dedesarrollo económico integrado a la globalización, incluyendo el Tratado de Libre Comercio de América del Nor-te (TLCAN), que llevó grandes cambios al mundo rural, en donde viven la mayoría de los indígenas. Como se haapuntado en las primeras páginas de este libro, desde la década de 1930 México ha basado su política indigenista enla educación, la reforma agraria y la infraestructura de carreteras y comunicaciones con el objeto de “integrar a losindios a la nación”. Sin embargo, no lo logró del todo. Los pueblos indígenas no sucumbieron por completo a estehistórico proceso de aculturación y mantuvieron su identidad, conscientes y orgullosos.Tal vez por ello, México fue uno de los primeros países del continente en firmar, en 1990, el Convenio 169 de la OITsobre derechos de los pueblos indígenas aprobado un año antes. Ese hecho fue rápidamente utilizado por los pueblosoriginarios para reclamar la puesta en práctica de los derechos ahí recogidos, máxime cuando la rebelión del EjércitoZapatista de Liberación Nacional (EZLN) de 1994 había conseguido que el país asumiese la necesidad de impulsarunas demandas sociales que si bien en su origen eran prioritariamente indígenas no lo eran de modo exclusivo. Ellevantamiento zapatista se había producido el mismo día que entraba en vigor el TLCAN (Canadá, EEUU y México)concebido por el gobierno mexicano como la estrategia fundamental de su política económica que seguía de forma 139
  • 140. lineal la estrategia diseñada por el FMI y el Banco Mundial: crecer en base a la demanda externa (exportar) y elimpulso de la inversión extranjera con el argumento que el crecimiento generaría empleos y permitiría disminuir lapobreza. Esta estrategia se enmarcaba, además, en el impulso al Área de Libre Comercio para las Américas que secomenzaba a desarrollar a nivel continental. Ambos, TLCAN y ALCA, prácticamente prohibían a los países exigirrequisitos de cualquier tipo a las empresas –grandes transnacionales- que invirtiesen en los países e, incluso, no erannecesarias unas reglas mínimas de comportamiento por lo que los Estados no podían establecer política alguna queimplicase un deber para estas empresas y que jugasen un papel positivo en el desarrollo y bienestar de la población.Se maximizaban las ganancias, pero sin la menor exigencia de contraprestación en términos de colaboración al desa-rrollo de los países. Y, en el caso indígena, se iniciaba una expoliación a gran escala de los recursos naturales existen-tes en sus territorios. Esto estaba en el origen del levantamiento zapatista y formaba parte integral de sus demandas.Como consecuencia de la combinación de dos formas de lucha, social y armada, el EZLN logró iniciar un procesode negociación con el gobierno cuyo eje central fueron las reivindicaciones de los derechos de los pueblos indígenasaunque el proceso de diálogo se estructuró en torno a varias mesas de trabajo que abarcaban aspectos mucho másamplios de los exclusivos indígenas. Aquí no fue posible acuerdo alguno. Sólo lo hubo en el tema indígena, plasma-do en la firma de los Acuerdos de San Andrés Larraínzar (1996) y presentado como un pacto social sobre el que sesustentase una “profunda reforma del Estado” donde los pueblos indígenas tuviesen una nueva situación “nacionaly local”. Esa nueva situación quedaría establecida en el reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución,su derecho a la libre determinación “asegurando la unidad nacional”, el fortalecimiento de un nuevo federalismo enMéxico ampliando la participación y representación políticas de los indígenas, su acceso pleno a la justicia, la pro-moción de sus manifestaciones culturales, educación y capacitación, salud, alimentación, empleo, etc. Todo ello seenmarcaba dentro del Convenio 169 de la OIT. 1Al confiar en la buena voluntad del gobierno los zapatistas cometieron un error estratégico que sirvió para que hubie-se un cambio en apariencia mientras todo seguía igual. Un año más tarde, la OIT tuvo que dar un toque de atención algobierno pidiendo explicaciones sobre por qué no se había iniciado la aplicación de los Acuerdos,2 que sólo fue posi-ble en 2001 a raíz de una importante movilización de los pueblos indígenas demandando su aplicación completa. Sereformaron entonces algunos artículos de la Constitución que, siendo un avance respecto a lo que había, se quedaronmuy cortos (cuando no incumpliendo, lisa y llanamente, los Acuerdos de San Andrés) en cuanto al reconocimientode pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho, con personalidad jurídica, derechos territoriales yrepresentación política. Los zapatistas, en calidad de firmantes de los acuerdos en los que teóricamente se asentaba lareforma constitucional, afirmaron que no se respondía “en absoluto” con las demandas de los pueblos originarios, nidel Congreso Nacional Indígena ni del propio EZLN y que traicionaba los mismos “en lo general y en lo particular”.De forma especial, “en lo relativo a puntos sustanciales como la autonomía y libre determinación, los pueblos indioscomo sujetos de derecho público, tierras y territorios, uso y disfrute de los recursos naturales, elección de autoridadesmunicipales y derecho de asociación general, entre otros”.3Un organismo oficial como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) –surgido comoconsecuencia de esta reforma constitucional y supliendo la desaparición del viejo, paternalista e integracionista Institu-to Nacional Indigenista (creado en los años 40 a raíz del Convenio de Pátzcuaro)- lo reconocía así, añadiendo el califi-cativo de “insuficiente” a esas reformas dado que “en México las normas jurídicas que reconocen derechos específicosa los indígenas no siempre se hacen efectivas y tampoco se observan en los procedimientos judiciales; los factores queprovocan este problema son diversos: van desde el desconocimiento de su existencia o contenido, a la velada discrimi-nación, pasando, en ocasiones por la falta de normas de procedimiento para asegurar su observancia”. 41 http://www.oit.or.cr/mdtsanjo/indig/sandres.htm2 La Jornada, 31 de mayo de 1997.3 Comunicado del EZLN del 29 de marzo de 2001.4 http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=187 140
  • 141. Esta crítica no era para menos. Los Acuerdos de San Andrés firmados entre el EZLN y el Gobierno federal daban unasalida política al conflicto social y armado que se plasmaba en la iniciativa legislativa elaborada por la Comisión deConcordia y Pacificación del Congreso de la Unión (COCOPA), creada tras los acuerdos, que a pesar de no recogertodos los aspectos establecidos en los Acuerdos de San Andrés fue aceptada por el EZLN y por la mayoría de las or-ganizaciones indígenas. Pero eso ocurrió durante un gobierno del PRI y su sucesor, el Partido de Acción Nacional, nose sintió vinculado a ellos. En realidad, el nuevo presidente, Vicente Fox, había enviado al Congreso el texto íntegroy sin modificar de la Ley COCOPA pero durante el trámite parlamentario tanto en el Congreso como en el Senadotodos los partidos, incluido el de la Revolución Democrática (PRD), votaron en contra. Así, la reforma constitucionalrecogió algunos aspectos propuestos por la COCOPA pero se apartó significativamente en otros, que son de impor-tancia fundamental para los pueblos originarios. En consecuencia, el movimiento indígena la rechazó y más de 300municipios indígenas presentaron “controversias constitucionales” ante la Suprema Corte de Justicia para solicitar lanulidad del procedimiento, pero no fueron aceptadas por improcedentes.La Constitución reconoce el derecho a la libre determinación y dispone, en consecuencia, la autonomía de los pueblosy comunidades indígenas pero establece que la misma, junto a la vigencia de los derechos que les reconoce, quedaencomendada a las instituciones públicas, federales, estatales y municipales. Es decir, la limita y circunscribe a losintereses del Estado que son, en lo relativo a los pueblos indígenas, tan limitados como la propia representación indí-gena: según la Constitución sólo puede haber representantes indígenas en la esfera municipal. Todo muy lógico si setiene en cuenta que estas reformas constitucionales tuvieron lugar cinco años después de los Acuerdos de San Andrésy que el gobierno se vio obligado a realizarlas tras unas importantes movilizaciones. Pero el hacer esas reformas nosuponía que contase con los indígenas durante el proceso de elaboración de las mismas. Y no lo hizo.El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas, en concreto, debía hacerse en las constituciones y leyesde las entidades federativas pero sólo en algunos estados (Chihuahua, Nayarit, Quintana Roo, Oaxaca, San Luis Po-tosí, Tabasco, Durango, Jalisco, Puebla, Morelos, Querétaro y Jucatán) de los 32 en que está dividido administrativa-mente el país se cumplió el requisito constitucional y en algunos de ellos se había reconocido a los pueblos indígenasasentados en territorios de esos estados antes, incluso, de la reforma constitucional.México presumía de Carta Magna y así la presentaba en el mundo –apoyándose también en la CDI y en el InstitutoNacional de Lenguas Indígenas, creado también a raíz de esa reforma- pero la discriminación contra los indígenasse incrementaba. Una de las actividades más visibles que ha presentado México en el exterior, la educación indígenabilingüe e intercultural que es, sin duda, un aporte a sus derechos culturales, no dice que los resultados muestran unosíndices muy por debajo de la media del Estado. Los supuestos beneficios del TLCAN no alcanzaban a los pueblosoriginarios, por el contrario crecían los bajos índices de desarrollo humano y social, la extrema pobreza y la insufi-ciencia de servicios sociales. La mayor parte de la población indígena se encuentra en los municipios y estados máspobres, donde se mantiene una agricultura de subsistencia y autoconsumo en un medio ambiente agreste y duro, endonde la tierra no da para alimentar a la familia, obligando a la gente cada vez más a emigrar, incluso al extranjero,para solventar sus necesidades. En su gran mayoría, los indígenas de estas regiones son campesinos minifundistas yjornaleros. En los tres estados con mayor población indígena -Chiapas, Guerrero y Oaxaca- la tasa de alfabetizacióny el índice de esperanza de vida al nacer son los más bajos de México y la pobreza, la más alta. Es precisamente enellos, no sólo pero sí de forma destacada, donde se mantiene con mayor intensidad la identidad cultural: lengua, or-ganización e instituciones sociales, espiritualidad y cosmovisión, ritos y ceremonias, medicina, literatura oral y otrasexpresiones artísticas.Era evidente que el gobierno tenía poca intención de cumplir a carta cabal con lo acordado e, inclusive, con la nor-mativa internacional que él mismo había adoptado. Más bien lo que hizo fue servirse de los Acuerdos para impulsarleyes claramente contrarias a los mismos aunque bajo la apariencia de cumplirlos. Fue el caso de la Ley Indígena,favorable a las grandes corporaciones transnacionales, y de la reforma de Ley de Aguas Nacionales que permitíaa personas privadas y entidades públicas adquirir títulos de concesión sobre manantiales enclavados en territorios 141
  • 142. campesinos sin el conocimiento de los directamente afectados, así como títulos de concesión sobre los cauces decorrientes que nacen y atraviesan comunidades indígenas, sin que éstas puedan tocar una sola gota de dichas aguas.Las pocas regulaciones que existían para un aprovechamiento público de las aguas desaparecieron para dejar su usoal arbitrio de las reglas del libre mercado, es decir, privatización del agua y despojo de las aguas y tierras indígenasy campesinas.El antecedente de la construcción de grandes presas y grandes negocios náuticos como en Sonora, Baja California yBaja California del Sur que afectaría a los pueblos yaqui y mayo, con muchas de sus comunidades viéndose ame-nazadas de desalojo para la construcción de carreteras que faciliten el acceso hacia las playas y zonas deportivas.No son los únicos pueblos indígenas afectados por unas decisiones que se han tomado, además, sin cumplir con elrequisito de consulta previa e informada. La privatización del agua para uso de grandes corporaciones (Iberdrola,Eurus, Gamesa, Preneal, Endesa, Unión Fenosa, Walt Mart) afecta también a los chatino, mixteco y zapoteco. Hayque tener muy en cuenta que este tipo de políticas se enmarcaba en el Plan Puebla-Panamá, rebautizado en 2008 comoProyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica con la incorporación de Colombia, y en el que se acentúa lapresencia del capital transnacional en la explotación de los recursos naturales de todos los países que forman partede este acuerdo, del TLC y, básicamente, en los territorios indígenas. Ahora está llegando también a Chiapas, dondepoblaciones enteras con mayoría tzeltal se enfrentan a la construcción de carreteras en un movimiento de protesta yrechazo que está llenando las cárceles de detenidos.La lucha indígena y campesina por la tierra y sus recursos se agudizaron al calor de este tipo de políticas impulsadaspor el gobierno. Se invadían tierras colectivas por madereros, ganaderos y agricultores privados, se acumulaban pro-piedades en manos de caciques locales para venderlas a buen precio a las grandes corporaciones y los indígenas aúnpensaban en la posibilidad de recuperarlas por vía institucional, judicial y política. Pronto se dieron cuenta que no eraposible. Esta situación tenía lugar de norte a sur del país y afectó a los pueblos zapoteco, mixe, mixteco, triqui, hui-chol, tarahumara, yaqui, cucapá, cochimí, kumiai, kiliwa, tzeltal, chol, tojolabal, maya, mazahua, otomí, tepe-huano y tlapaneco. Todos ellos registraron 32 denuncias por violación de sus derechos colectivos, especialmente elderecho a la tierra y a sus recursos naturales. Para el gobierno, lo que había eran unos “focos rojos” –enfrentamientosentre comunidades- agrarios en los que estaban involucradas comunidades indígenas.Una verdadera contrarreforma respecto a los Acuerdos de San Andrés que llegaron a su culmen con la aprobaciónde una serie de reformas a la ley minera. Con ellas se declaró prácticamente abierto el territorio para la explotaciónminera y se colocó de manera indistinta a pueblos, comunidades indígenas y comunidades agrarias con empresas encompetencia con las tierras. En virtud de la ley, en caso que en sus tierras se realizase una exploración y explotaciónlos pueblos y comunidades indígenas y agrarias tienen “derecho preferente” en la concesión, siempre y cuandologren mejorar cualquier oferta de empresas interesadas y reunan todos los requisitos técnicos y de solvencia eco-nómica.Otra de las iniciativas del gobierno bajo el supuesto cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés fue la relativa alestablecimiento de las condiciones para que los pueblos y comunidades indígenas puedan adquirir, operar y adminis-trar medios de comunicación. El gobierno afirmó que cumplía lo firmado, pero lo hizo modificando la ley para queel acceso a las concesiones de frecuencias fuese por subasta pública, lo que ponía en desventaja evidente a pueblos ycomunidades indígenas y llevaba al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU a expresar supreocupación por la “discriminación racial hacia los pueblos indígenas en los medios de comunicación, incluyendola emisión de representaciones estereotipadas y denigrantes hacia los pueblos indígenas”.5 Estas empresas, con estosantecedentes, eran las que iban a optar a las licencias, preferentemente radiofónicas, en las comunidades indígenasaunque éstas hicieron frente a tan flagrante desigualdad poniendo en marcha una red de radios comunitarias, muchas5 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. 68º período de sesiones. 20 de febrero al 10 de marzo de 2006. CERD/C/MEX/CO/15 142
  • 143. de ellas en situación alegal, bajo constantes amenazas de cierre y persecuciones penales por “incumplir la ley”.Como respuesta a esta actitud gubernamental, los zapatistas crearon los gobiernos indígenas autónomos en Chiapasy en Michoacán y Oaxaca se impulsaron autonomías similares en una iniciativa que fue rápidamente contestada –conla aquiescencia del gobierno- por formaciones paramilitares, presentes en todo el país desde mucho antes del levanta-miento zapatista, y la cooptación de organizaciones indígenas y agrarias a quienes se procuró la titularidad de tierrasprevio desalojo de las comunidades zapatistas (se calcula que después del levantamiento zapatista de 1994 en todoel estado de Chiapas fueron tomadas de forma comunal unas 250.000 hectáreas) y no zapatistas. Esto fue presentadocomo un enfrentamiento entre indígenas y campesinos –los “focos rojos”-, lo que dejaba manos libres al gobierno,por una parte, y justificaba la militarización de esos estados, por otra. Nada se decía del papel de los tribunalesagrarios, en los que los casos de corrupción eran evidentes, con favoritismos claros hacia comunidades indígenas ycampesinas proclives al gobierno. Tampoco era un caso circunscrito a Chiapas. En otros estados, como Oaxaca, loshuave vieron cómo se les despojaba de 30.000 hectáreas por este procedimiento. Un patrón recurrente en las zonasconflictivas era, y sigue siendo, la criminalización de las actividades de protesta, denuncia, resistencia y movilizaciónsocial lo cual implicaba la fabricación de delitos difíciles o imposibles de demostrar, la detención ilegal de los acusa-dos, los abusos físicos o la dilatación en el proceso judicial además de acoso policial, amenazas y enjuiciamientos aautoridades y líderes comunitarios y miembros de organizaciones indígenas y sus defensores.Los gobiernos y municipios autónomos, al estar constituidos al margen de la institucionalidad administrativa, han te-nido serios problemas de funcionamiento porque el Estado ha tratado de desmantelarlos tanto por la fuerza como porla justicia. Así hay que entender el papel de la Corte Suprema Federal, que no tiene representación alguna indígena,cuando en diciembre de 2008 decidió “detallar el contenido esencial y el alcance” del derecho a la libre determinaciónde los indígenas. Quedó establecido en los territorios que ocupan, teniendo establecido el derecho a su explotación enconcordancia con sus propias costumbres, el uso y disfrute preferente de los recursos naturales “salvo aquellos quecorrespondan a las áreas estratégicas”, decididas por el gobierno federal. Es decir, el control de los recursos naturalesse les retiraba quedando al arbitrio gubernamental de cuáles podían disponer y dónde.Así, en el año 2008 se decretaron una serie de áreas naturales protegidas (más de un millón de hectáreas en total)que despojaban a los indígenas de derechos sobre ellas y se convertían, en muchos casos, en parajes turísticos ope-rados por empresarios privados y escenarios de muestras folklóricas para turistas (Chichén Itza, Teotihuacan). Si losindígenas reclamaban su derecho a administrar esos lugares, sagrados para ellos, e iniciaban su gestión con gestoscomo la reducción del precio de la entrada, simplemente se les mataba como hizo la policía con los tojolabal enChinkultic (Chiapas).6 Las transnacionales (Ford, Coca Cola, Cementos Mexicanos) se hicieron con la explotaciónde grandes territorios, bien por compra o por decretos expropiatorios, en los que se inició la siembra de monocultivosexógenos a los tradicionales de maíz, milpa y frijol con lo que se eliminaba la base tradicional de la alimentaciónindígena. Es decir, su soberanía alimentaria. En Chiapas, por ejemplo, afectó al modo de vida de tzeltales, choles ytzotziles. En Chihuahua, gracias a la ley de bioseguridad, la transnacional Monsanto inició la siembra a gran escalade maíz transgénico a pesar del rechazo no sólo de las comunidades indígenas sino del Relator Especial de la ONUpara el Derecho a la Alimentación,7 quien entendía que no se podía otorgar tanto poder a los monopolios del sectoragroalimentario por el impacto negativo que tenían sobre el derecho de los campesinos a alimentarse y participar consu trabajo y producción en la sociedad añadiéndose, además, el control y aumento de los precios de los alimentosque habían subido hasta el 70% en el espacio de dos años. En Veracruz, Tabasco, San Luis Potosí, Chiapas, Oaxacay Campeche las tierras se llenaron, más aún, de campos de extracción petrolífera, refinerías e instalaciones petroquí-micas en territorios ancestrales de los pueblos indígenas sin que el beneficio de la renta petrolera llegase más allá dela dádiva conmiserativa.México crece, dice el gobierno, gracias a estas políticas de entrega del país a las transnacionales en virtud del TLCAN6 http://www.jornada.unam.mx/2008/10/06/index.php?section=politica&article=016n2pol7 http://www.jornada.unam.mx/2008/10/31/index.php?section=sociedad&article=053n1soc 143
  • 144. pero eso no significa que ese crecimiento llegue a las comunidades indígenas. En Chiapas, ese año 2008, los datosoficiales reflejaban que el 54% de la población tenía problemas de desnutrición cuando es de ahí de donde sale el 20%de la producción petrolífera total de México, el 25 por ciento de gas y 50 por ciento de la electricidad.8 El viejo dichode “me vendes tu tierra o se la compro a tu viuda” sigue muy vigente.El Congreso Nacional Indígena dio respuesta en una reunión a la que asistieron representantes de los pueblos cuica-teco, mixteco, zapoteco, mixe, tzotzil, tzeltal, nahua, purépecha, triqui y chinanteco en la que se hacía un repasoa la situación del país y de los indígenas desde los Acuerdos de San Andrés enfatizando que los proyectos que afectana sus comunidades “son derivados de programas y acciones de los malos gobiernos como el Tratado de Libre Co-mercio, el Plan Puebla Panamá (Plan Mesoamericano), el Plan Mérida, entre otros” y que el despojo, la depredacióny etnocidio llegan a ellos “transformados en programas de agricultura, salud, educación, migración, telecomunica-ciones, industria de la cultura, administración de instituciones y seguridad financiera” a través de áreas en las quegobiernos y empresas fomentan la privatización de tierras, territorios y recursos. De todos ellos hacían una extensarelación9 y criticaban de nuevo la reforma constitucional por haber favorecido la aplicación de megaproyectos de lasempresas transnacionales.No lo decían por decir. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dio en 2009una muestra oficial de cómo el crecimiento se quedaba en la minoría que más tiene mientras se producía un empo-brecimiento cada vez mayor de la mayoría de la población. En el caso de los pueblos indígenas las cifras no dejabanlugar a dudas: el 75% de los indígenas padece pobreza multidimensional, es decir, carece de ingresos suficientes parala adquisición de bienes y servicios y el 39’2% está en situación de pobreza extrema por presentar más de cuatrocarencias sociales simultáneas (alimentación, educación, salud y vivienda). En ellos hay un nivel de desnutriciónmucho más elevado que para el resto de la población, los niños crecen menos y en todo ello ha sido un condicionantefundamental el que se haya sustituido el maíz por otro tipo de alimentos (gracias a la usurpación de sus territorios portransnacionales que les usan para monocultivos exógenos y para los agrocombustibles) “de pobre contenido nutricio-nal, que ha derivado en desnutrición y obesidad”. Las 22 escuelas peores están dirigidas a la población indígena y el83’7% no tiene acceso a los servicios de salud, situación no sólo grave de por sí sino por el hecho de que la presenciade transnacionales mineras en sus tierras y la consiguiente aparición de agentes químicos en el agua como plomoy arsénico ocasiona a los pobladores indígenas anencefalia, cáncer, parálisis parcial o total, abortos espontáneos ymeningitis. Los mapas que ofrece son muy ilustrativos sobre los estados y zonas donde más aguzada está dicha si-tuación. Todas esas zonas coinciden con las de mayoría de población indígena.10 Se pueden entender estos datos nosólo por razones históricas de racismo y olvido hacia los indígenas, sino por la marginación a que se ven sometidosen los propios presupuestos de México, que dedican escasamente poco más del 1% de los mismos a una poblaciónque sobrepasa el 12% del total del país. Ni siquiera en este aspecto hay proporcionalidad.Para el gobierno federal “desgraciadamente, los pueblos y comunidades indígenas aún no disfrutan de una situaciónsocial y económica propicia para el mejor desarrollo humano; se caracterizan por vivir en altos niveles de pobreza yen una situación de significativa desventaja”. Ni un atisbo de autocrítica. Así aparece reflejado en el segundo párrafodel Plan Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2007-2012 donde se recoge con el mayor énfasis que “elcombate al rezago social de los pueblos y las comunidades indígenas representa una de las áreas de política públicade mayor relevancia para el desarrollo armónico de México”.11 Transcurrido el ecuador del citado plan, de nuevopalabras vacías a tenor de lo recogido por el Coneval.México encabeza la lista de la desigualdad en el mundo. Sólo en este país nueve hombres poseen fortunas que suman55.100 millones de dólares (42.380 millones de euros), mientras millones de escolares y preescolares de 19 estados8 http://www.jornada.unam.mx/2008/09/13/index.php?section=opinion&article=024a1eco9 http://www.kaosenlared.net/noticia/68818/pronunciamiento-congreso-nacional-indigena10 http://medusa.coneval.gob.mx/cmsconeval/rw/pages/medicion/multidimencional/index.es.do11 http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/igualdad-de-oportunidades/pueblos-indigenas.html 144
  • 145. de la república padecen “desnutrición moderada y muy alta”. El neoliberalismo, la desarticulación del Estado, lavoracidad del mercado y la crisis económica profundizan la brecha entre ricos y pobres. No son datos ofrecidos porningún izquierdista, son del Banco Mundial que demuestran que desde 1980 la pobreza y la desigualdad en la dis-tribución del ingreso se aceleraron hasta convertir al país en el más desigual no sólo en América Latina, sino en elmundo. 12Como se puede suponer, son los indígenas quienes se llevan la peor parte. Pero, como también se puede suponer,los indígenas hace ya tiempo han dicho ¡basta! Es un movimiento que ya no se puede parar ni con la militarizaciónni con los asesinatos legales del propio Estado o ilegales de los paramilitares tolerados por este mismo Estado. Elpueblo náhua de Santa María de Ostula (Michoacán), que agrupa a 49 asentamientos, ha reivindicado el derecho a laautodefensa indígena y ha recuperado 700 hectáreas de propiedad comunal ilegalmente ocupadas por caciques (juniode 2009). Retomando el camino iniciado por los zapatistas, la proclama náhua advierte que los pueblos originariospadecen una guerra de exterminio neoliberal que pone en riesgo su seguridad, existencia y sobrevivencia por lo cual,frente a esta “guerra de exterminio neoliberal” los indígenas tienen el inalienable derecho, derivado del artículo 39de la Constitución de México, a “organizarse y realizar la defensa de su vida, de su seguridad, de sus libertades yderechos fundamentales y de su cultura y sus territorios”. Y en ese derecho está incluida la autodefensa, que cobravida con la formación de policías comunitarias, guardias comunales u otras formas de organización comunales, entanto no violen los derechos humanos.13 No es una iniciativa dirigida en exclusiva contra los caciques. Las tierrascomunales se encuentran amenazadas por dos proyectos sobre los que no han sido consultados: un proyecto turísticoy la construcción de una carretera complementaria del proyecto. Ambos buscan meter al mercado las tierras de las co-munidades indígenas y campesinas de la región. La reivindicación de la autodefensa indígena es un viejo y profundoanhelo de los pueblos originarios en México y una indicación del rumbo que su lucha ha tomado: la construcción dela autonomía de facto. Ya que el gobierno federal no lo impulsa, en aplicación de las normas internacionales y comoreiteradamente le reclaman los organismos internacionales –el último, el Comité de Derechos Humanos de la ONU-para que revise las disposiciones constitucionales relativas a la consulta con los pueblos indígenas y adopte “todaslas medidas necesarias para garantizar la consulta efectiva de los pueblos indígenas para la adopción de decisiones entodos los ámbitos que repercuten en sus derechos”,14 lo han hecho ellos mismos.Ostula no es el primero. En México existe una amplia gama de experiencias autonómicas de los pueblos indígenasque van desde las muy emblemáticas juntas de buen gobierno zapatistas, a la policía comunitaria en Guerrero y al mu-nicipio autónomo de San Juan Copala, en Oaxaca, entre muchas otras que se ejercen en los hechos. Todas ellas entra-ñan un amplio esfuerzo organizativo y han cobrado carta de legitimidad, porque legalidad la tienen y sobrada aunqueel gobierno siempre les ha tachado de “espurios” y ha invocado la “razón de Estado” para impedir su concreción.La construcción de las autonomías indígenas pasa necesariamente por la reivindicación de esos pueblos como actorespolíticos centrales, con sus autoridades y formas de organización propias, lo mismo que por la defensa del territorio,los recursos naturales y la potenciación de sus recursos culturales, como la lengua y las prácticas rituales propias,entre otras cosas.12 Isabel Rueda Peiro, “La creciente desigualdad en México”, IIEc-UNAM, México, 2009.13 Manifiesto de Ostula, http://www.cvss.udg.mx/files/Image/ostula/manifiesto.pdf14 Comité de Derechos Humanos, 98º período de sesiones, 8 a 26 de marzo de 2010. CCPR//C/MEX/CO/5. 145
  • 146. 146
  • 147. NICARAGUALa población indígena es de 443. 847 personas según el último censo realizado, que data del año 2005. Los miskitu(120.817) y los chorotega-nahua-mange (46.002), las tres denominaciones con los que se conoce a este pueblo, sonlos más numerosos. Junto a ellos están los cacaopera-matagalpa, nahoa-nicarao, rama, sumu-mayangna, ulwa yxiu-sutiava. Hay que mencionar que el propio censo, establecido según criterios de una autoidentificación por partede los propios miembros de estos pueblos, establece que 67.000 personas no saben o ignoran si pertenecen o no a lapoblación indígena.1 Como suele ser habitual en todo el continente, los indígenas consideran que estas cifras no sonreales y elevan el número de miskitu a los 150.000 y el de chorotega-nahua-mange a los 210.000, esta última cifracinco veces superior a la recogida en el censo. Lo mismo ocurre con el resto de pueblos aunque en mucha menorproporción. Tal vez una explicación a esta disparidad de cifras sea que el censo oficial recoge la identificación demestizo de la costa caribe, inexistente para los pueblos indígenas, con una población de 112.253 personas y colocaen el calificativo de “otros” a 13.740 personas. También hay que reseñar que Nicaragua reconoce a los pueblos afro-descendientes, los creole-kriol y los garifuna, y les otorga la categoría de “pueblos indígenas”.No fue hasta 1987, en medio de una sangrienta guerra que libraba el Frente Sandinista de Liberación Nacional(FSLN) con fuerzas entrenadas y financiadas por EEUU (la denominada “contra”), que se aprobó una Ley de Auto-nomía por la que se creaban las Regiones Autónomas del Atlántico Sur (RAAS) y del Atlántico Norte (RAAN). Deesa manera el FSLN, sobre la base teórica de la autonomía regional, daba salida a unas reivindicaciones que pasabandel plano militar al político respondiendo, en parte, a las demandas de los pueblos indígenas y afrodescendientes de laCosta Caribe nicaragüense. Sin embargo, apenas tuvo tiempo de desarrollar esa ley puesto que perdió las eleccionestres años después y el nuevo gobierno impuso una política diametralmente opuesta a la de su predecesor que, en lacuestión de la tierra y en la política agraria, se caracterizó por la colonización y titulación individual en los territoriosindígenas iniciándose, además, el establecimiento de áreas protegidas no consultadas sobre estos territorios. Estapolítica neoliberal fue “compensada” con la aprobación de la ley de lenguas, en aparente cumplimiento de la norma-tiva internacional –según lo acordado por el Convenio 169 de la OIT- en 1993 aunque Nicaragua no había suscritoformalmente dicho Convenio.Tuvieron que pasar diez años, hasta 2003, para que de nuevo se tuviese algo en cuenta a los indígenas con la aprobación deuna ley que invocaba el respeto a los modelos comunitarios de salud y de otra que establecía el régimen de propiedad comunalde los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los RíosBocay, Coco, Indio y Maíz. En 2006 se aprobó la Ley General de Educación, que reconocía un Sistema Educativo Autonómi-co Regional. Todas estas normas y leyes tuvieron un escaso desarrollo puesto que el gobierno de entonces, formado por unacoalición de partidos antisandinistas, se dividió el poder y las esferas de influencia. Así, los Consejos Regionales, sobre los quetenía que pivotar el desarrollo de los derechos legales e históricos de los indígenas, quedaron en manos de los intereses de cadapartido y, en consecuencia, subordinados a los intereses centralistas del Estado.Nicaragua tiene una historia peculiar en lo que a los indígenas se refiere, puesto que hubo dos colonizaciones diferen-tes en el mismo país: española en el Pacífico y británica en la Costa Atlántica. Aquí los británicos armaron a los mis-kitu para que hostigasen y dificultasen la política española, lo que les permitió a ellos entablar relaciones comercialesmuy beneficiosas. Crearon, incluso, el Reino de la Mosquitia. No es extraño, por lo tanto, que haya quien interpretaque gracias a los británicos, y pese al control que ejercían de la superestructura económica, los pueblos indígenas deesa zona “contaban con espacios de autonomía propios, con su propia forma de gobierno y manejo de sus recursosnaturales, educación y justicia”.2 Esta situación se mantuvo casi hasta el siglo XIX, pues no fue hasta 1894 cuando se1 http://www.inide.gob.ni/censos2005/VolPoblacion/Volumen%20Poblacion%201-4/Vol.I%20Poblacion-Caracteristicas%20Generales.pdf2 Mirna Cunningham, actual representante de los pueblos indígenas de Nicaragua en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas(ECOSOC), ex diputada del FSLN por la Costa Atlántica, ex directora del Centro por la Autonomía y el Desarrollo de los Pueblo Indígenas y exRectora de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense. 147
  • 148. “reincorporó” la Mosquitia a la actual Nicaragua aunque manteniendo, en virtud de una serie de acuerdos con GranBretaña, el derecho de tierra a la población miskitu con muchas limitaciones y nunca como propiedad comunal. Peropara la población de esta zona la “reincorporación” suponía una afrenta puesto que implicaba la pérdida de su auto-nomía y este resquemor ha seguido estando muy a flor de piel hasta fechas recientes. Tanto que en estas tierras nuncacayó simpático Augusto César Sandino, sus habitantes hicieron buenas migas con Anastasio Somoza –el dictadorque asesinó a Sandino- y se convirtieron en furibundos antisandinistas a raíz del triunfo revolucionario de 1979. Si aSandino le calificaron como “un caudillo español” –denominación que utilizaban para referirse a los habitantes delPacífico, donde se había asentado la colonización española- a sus sucesores les catalogaron de la misma forma.A ello ayudó el profundo desconocimiento que el FSLN tenía de esa zona del país –por ejemplo, la campaña de alfa-betización impulsada en los primeros años de gobierno sandinista se desarrolló únicamente en español- y el conside-rar que las reivindicaciones indígenas no suponían otra cosa que un “separatismo” del resto de Nicaragua, llegando aexpulsar del país a quienes aconsejaron respetar las formas comunales de tenencia de la tierra y considerar las formasautonómicas y de autogestión regional. A ello se sumaba, además, el hecho de que la Costa Atlántica estaba influen-ciada por EEUU desde largo tiempo y temía que se convirtiese en una base contrarrevolucionaria, lo que terminósiendo realidad en 1981 más por los errores sandinistas que por decisión de la población indígena. Desde ese momen-to, las organizaciones indígenas de la Costa Atlántica comenzaron a recibir ingente ayuda económica y material deEEUU aunque ahora está surgiendo una nueva corriente entre los políticos y los historiadores que considera que losindígenas no peleaban contra el sandinismo sino por mantener sus derechos históricos. Lo cierto es que, conscienteso no, se convirtieron en un instrumento de la política exterior estadounidense contra los sandinistas.Como se ha dicho antes, tuvieron que transcurrir ocho años (desde el triunfo revolucionario en 1979 hasta la ley deautonomía de 1987) para que se modificase la visión del FSLN sobre la Costa Atlántica al llegar algunos dirigentesgubernamentales a la misma conclusión que hoy mantienen algunos políticos e historiadores y considerar, también,que era una “reacción” a los errores cometidos por el gobierno revolucionario.3 La propuesta de autonomía, y la leyposterior, estaban refrendadas por el nuevo texto constitucional, donde se recogía el carácter multiétnico del pueblonicaragüense, las formas de propiedad comunal de la tierra y una organización política propia en el caso de los pue-blos indígenas.La ley de autonomía dividía el antiguo Departamento de Zelaya en dos Regiones Autónomas (del Norte y del Sur)que pasaban a ser gobernadas por Consejos Regionales en los que tenían que estar representadas todas las etnias dela región pero gobernados por un presidente. Además, los miembros del Consejo Regional son elegidos a través deprocesos electorales a celebrarse cada cuatro años en los que participan los partidos políticos tradicionales de Nica-ragua, lo que terminó lastrando el poder autónomo de los mismos, como se ha dicho más arriba, con la llegada de losgobiernos antisandinistas durante los años 1990-2008. En todos estos años, los indígenas y afrodescendientes quehan pertenecido a los Consejos Regionales no lo han hecho desde sus estructuras propias, sino a través de los partidospolíticos tradicionales lo que provoca un paulatino alejamiento de los intereses de las comunidades anteponiendo lospropios. Decir que los Consejos Regionales se han convertido en inoperantes tal vez sea demasiado drástico, peroafirmar que han servido para apenas nada tal vez sea quedarse demasiado corto. Un ejemplo es que en función de laley de autonomía los Consejos Regionales tenían facultad para delimitar los municipios, que se conformarían con undeterminado número de comunidades. Pues bien, no fue hasta 1996 cuando comenzó a hacerse y pronto mostraronlos mismos problemas que los Consejos Regionales añadiéndose el hecho de que los municipios ocupaban unosterritorios ajenos a las relaciones históricamente establecidas entre las comunidades. Cuando los municipios hancomenzado a negociar con la tierra, los indígenas han montado en cólera porque “no son dueños de las tierras, sinolas comunidades indígenas”.Es en este contexto en el que se llega al año 2003 y a la aprobación de una nueva ley que establecía el régimen de3 Pierre Frühling, Miguel González y Hans Petter Buvollen: “Etnicidad y nación. El desarrollo de la autonomía de la Costa Atlántica de Nicaragua(1987-2007)”. Guatemala, F&G Editores, 2007 148
  • 149. propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlánticareconociendo, además, a las comunidades indígenas como “personalidad jurídica”. Ello supone que en todo lo rela-cionado con la tierra y los recursos naturales, las comunidades deben ser consultadas y son quienes tienen la últimapalabra, llegando a garantizar “la inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad de las mismas”. Esta ley nofue una evolución natural del gobierno, sino una imposición desde el exterior. En concreto, desde la Corte Interame-ricana de Derechos Humanos que, en el año 2001, había dictado una sentencia favorable a la comunidad sumu-ma-yangna de Awas Tingni (Región Autónoma del Atlántico Norte), rechazando la concesión otorgada por el gobiernoa una empresa para explotar el bosque situado en sus tierras comunales. La sentencia de la CIDH obligaba al Estadode Nicaragua a “tomar las medidas internas legislativas y administrativas necesarias para crear mecanismos de de-marcación y titulación, pero no sólo de la comunidad mayangna Awas Tingni, sino para todas las comunidades”.4 ElEstado cumplía lo que se le imponía desde fuera, pero no lo desarrollaba.En 2005 aún no había dinero para proceder al proceso de demarcación y titulación de tierras indígenas y los alcaldesy Consejos Regionales no presionaban por ello puesto que veían el proceso de demarcación de tierras como una ame-naza directa no sólo a su poder, sino a sus interes particulares. Por el contrario, para la dirigencia indígena el hechoúnicamente ponía de manifiesto que el Estado sólo hacía “un reducido número de concesiones en aspectos poco signi-ficativos de las estructuras económicas, sociales y culturales y políticas de tal manera que no exista una transformaciónintegral de la sociedad y Estado monoétnicos, discriminadores y racistas”. Así mismo, percibían a las principales fuer-zas políticas, de izquierda o derecha, como “oportunistas y utilitarias respecto a los intereses y demandas indígenas yen algunos casos como francamente opuestas al reconocimiento y cumplimiento de dichas demandas”.5Sólo se habían conseguido algunos avances en educación al promulgarse en 2006 una ley que otorgaba un estatusespecial al sistema educativo autonómico regional que dejaba en manos de las comunidades indígenas y de la “coope-ración internacional” todo lo referente a la educación, desde la primaria hasta el nivel universitario. La referencia a lacooperación internacional es interesante por el papel que está jugando tanto a nivel político como institucional dentrodel movimiento indígena, aunque se ha ido reduciendo desde que Nicaragua se adhirió al ALBA al llegar el FSLNal gobierno. En virtud de este acuerdo económico están ofreciéndose créditos a bajo costo que son aprovechados porlas comunidades campesinas e indígenas para la compra de bienes como generadores eléctricos, por ejemplo, queson distribuidos entre estas comunidades haciendo que las modalidades tradicionales de cooperación –ofrecidas porpaíses occidentales como Suecia, Finlandia y EEUU- que se dedicaban a estas cuestiones de entrega de bienes vayanperdiendo importancia.Y así es cuando se produce un nuevo cambio en el gobierno, volviendo al mismo el FSLN en 2007. La pretensiónera no repetir los errores del pasado en lo referente a los pueblos indígenas y, sobre todo, alejarse en lo posible del“racismo” estatal que ha venido caracterizando a los gobiernos en Nicaragua desde los tiempos de la independencia.Por lo tanto, no fue sorprendente que una de sus primeras iniciativas fuese la reforma de la ley de autonomía que yahabía aprobado en 1987, sólo que ahora en discusión abierta con dirigentes miskitu del Consejo de Desarrollo de laCosta Atlántica. Se apostaba por una profunda reconfiguración político-administrativa en las regiones autónomas,otorgando un mayor espacio territorial a una zona en el departamento de Jinotega (en el Pacífico) donde también haycomunidades sumu-mayanga y miskitu, y reduciendo la jurisdicción de los municipios a las zonas urbanas y mesti-zas con la finalidad de eliminar la superposición entre jurisdicciones y autoridades municipales e indígenas. Tambiénen este caso hay un poco de presión exterior, puesto que otra sentencia de la CIDH6 daba la razón a la organizaciónYATAMA (Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka, Hijos de la Madre Tierra) que en el año 2001 había interpuestouna querella contra Nicaragua por la obligación de que los candidatos a alcaldes y a miembros de los Consejos Re-gionales tuviesen que ser miembros de los partidos políticos tradicionales.4 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_79_esp.pdf5 Galio Gurdián y Maricela Kauffmann, “¿Minorías o pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua? Autonomía, Estado Multiétnico ydesarrollo humano”. Taller Relaciones Europa-América Latina y la cuestión de la pobreza, desarrollo y la democracia.6 http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/3669.pdf 149
  • 150. El FSLN y YATAMA, que habían sido enemigos irreconciliables, se convirtieron en aliados políticos y eso permitióel triunfo electoral de los sandinistas. Las dos organizaciones firmaron un “Acuerdo sobre la Autonomía” que incluíaseis puntos principales: la demarcación territorial, la reforma del Estatuto de Autonomía, la reforma de la ley electo-ral, la implementación de la sentencia de la CIDH, la reestructuración de las instituciones estatales y gubernamentalesy la contención de la frontera agropecuaria (con la finalidad de impedir el desmonte de los bosques y el saqueo de losrecursos naturales).7 Este último punto era muy importante puesto que el brutal avance de la “frontera agropecuaria”desde el centro de Nicaragua hacia los bosques y selvas tradicionalmente utilizados por los indígenas había provo-cado un desaforado desmonte para uso ganadero. Esto no significa que no haya roces y discrepancias entre las dosorganizaciones. Los miskitu vienen reclamando desde este acuerdo que el gobierno cumpla la sentencia de la CIDHdel año 2005 que obligaba a una reforma de la ley electoral para evitar la violación de derechos políticos de gruposindígenas.La demarcación territorial se comenzó de inmediato nada más iniciarse el ejercicio del poder por el nuevo gobier-no. Una de las primeras entregas de tierra que se hizo fue a la comunidad sumu-mayangna Awas Tingni cerrandoasí un pleito que se arrastraba desde 1998 y que contaba con sentencias favorables de la CIDH aunque ninguno delos gobiernos anteriores se había dignado cumplirlas. La sentencia emitida por la CIDH en el año 2001 fue consi-derada histórica por reflejar la violación de los derechos de una comunidad, dado que se establecía que el derechoa la propiedad protege la tenencia de la tierra tradicional de los pueblos indígenas. Fue el primer caso en el que untribunal internacional con carácter vinculante jurídicamente condenaba a un Estado por la violación de los derechosterritoriales colectivos de un grupo indígena, lo que sentó un importante precedente para los derechos de los pueblosoriginarios en el derecho internacional.A mediados de 2010 se habían demarcado 15 de los 23 territorios indígenas en litigio, cuatro de ellos a los miskitu,y se había iniciado un proceso similar con las tierras de los afrodescendientes creole-kriol. En total, se han vistobeneficiadas 214 comunidades indígenas y si se tiene en cuenta a los afrodescendientes el número total de beneficia-dos por las demarcaciones territoriales y entrega de títulos es de 103.790 habitantes pertenecientes a los diferentespueblos indígenas de Nicaragua en una extensión que supone algo más de 22.000 kilómetros cuadrados. Según unacomunicación del gobierno de Nicaragua a la ONU8, esto supone las dos terceras partes de las tierras indígenas deeste país. Esa entrega de tierras se produjo el mismo día que el país centroamericano ratificaba el Convenio 169 de laOrganización Internacional del Trabajo (6 de mayo de 2010), algo que no había realizado a pesar de haber introducidotodos los derechos en él reconocidos en la Constitución y haberlos aplicado en el Estatuto de Autonomía de la CostaAtlántica. Un hecho saludado por las organizaciones indígenas que, sin embargo, indican que no se avanza más rápi-do en el cumplimiento de sus demandas por los intereses político-económicos que tienen que ver con megaproyectosdiseñados en sus territorios, de forma especial en el rama y creole-kriol.Pero el proceso sufre parones por las contradicciones dentro del propio gobierno y la interferencia de institucionesinternacionales como el Banco Mundial, que a través de una de sus financieras y supuestamente en aras del “desa-rrollo” de la zona, otorgó un crédito de 22 millones de dólares a un grupo maderero para la “explotación y compra”de tierras miskitu, con lo que se pone de relieve el papel de las instituciones internacionales y de “desarrollo” en ladignificación y reparación de los derechos de los indígenas a su tierra, tal y como se recoge en las diferentes decla-raciones de los organismos internacionales. Si ello se hace con el consentimiento o no del gobierno de Nicaragua esuna cuestión a discutir y debatir, aunque habría que recordar que instituciones de este tipo, así como el FMI, EEUUy la Unión Europea congelaron –y cuando este libro sale a imprenta mantienen esta decisión con alguna variante- lascantidades que asignaban a la ayuda al desarrollo del país ante lo que consideraron “elecciones fraudulentas”. El BMjustifica esta actitud con el argumento que el 25% de los beneficios que genera la explotación maderera revierten enlas comunidades indígenas, según está recogido en la legislación. En ocasiones el BM compra tierras pertenecientes7 Acuerdo de compromiso entre YAYAMA y el FSLN con la Autonomía. 2 de mayo de 2006.8 Misión Permanente de Nicaragua ante la ONU, 16 de junio de 2010. 150
  • 151. a individuos o comunidades miskitu antes de que termine la última etapa del proceso de demarcación y titulacióndenominada “saneamiento”, es decir, el caso de tierras pertenecientes a terceros, indígenas o no.El supuesto beneficio que proporciona la presencia de empresas no siempre es considerado como tal, interesante yapropiado por las comunidades indígenas. El gobierno otorgó dos concesiones de explotación y exploración petroleraen el Caribe. En virtud de la autonomia indígena, las comunidades de la Costa Atlántica afectadas solicitaron ejercerel derecho a la consulta previa. En consecuencia, una de esas concesiones fue aprobada al considerar los habitantesde la zona donde se realizaría la explotación petrolera ”aceptables” los beneficios sociales que dejaría y otra recha-zada por la razón contraria. La división de pareceres entre comunidades también se plasma a nivel autonómico endiferentes niveles. El Consejo Regional del Sur ha aprobado un megaproyecto brasileño hidroeléctrico que implicael desalojo y reubicación de comunidades mestizas, mientras que en el norte eran algo más cautelosos hasta que conmotivo del huracán que asoló la zona en 2007 se relajaron los requisitos para la extracción y aprovechamiento de lamadera.Otra de las iniciativas legislativas del nuevo gobierno sandinista fue la ley de Conservación del Uso de Suelos de laReserva de la Biosfera Bosawas (territorio sumu-mayangna), por la que se prohibió invadir y establecer asentamien-tos humanos en los territorios indígenas ubicados en esa Reserva. Sin embargo, aún no ha sido implementada en sutotalidad puesto que sigue siendo una zona en la que se continúa la destrucción de territorio indígena y no son pocaslas amenazas de muerte que colonos y/o mestizos, por sí mismos o en nombre de los terratenientes de la zona, viertencontra los principales dirigentes indígenas si continúan exigiendo al gobierno la aplicación de la ley. Lo mismo hasucedido con la ley de costas, que pretende nacionalizar las tierras hasta 200 metros desde la línea de costa y trasla-dar su administración a las alcaldías –de gran importancia para los procesos de autogobierno y titulación de tierrasindígenas- y que fue paralizada por la presión de los empresarios del sector turístico y posteriormente aprobada trasincluir en su articulado que dicha ley no afecta ni restringe los derechos adquiridos antes de su entrada en vigor, conlo que no se afecta los intereses empresariales.Un aspecto reseñable es el referente a la justicia indígena, reconocida por la Constitución aunque implementada sólode forma efectiva en la Costa Atlántica. El ordenamiento jurídico nicaragüense reconoce que los delitos y faltas co-metidos por miembros de los pueblos indígenas en esta zona que supongan una pena igual o inferior a cinco años decárcel pueden ser juzgados por el derecho indígena, siendo el acusado quien elige qué sistema judicial prefiere quese le aplique: indígena o estatal. Este aspecto es importante puesto que en la parte sur de la Costa Atlántica, habitadamayoritariamente por el pueblo rama, se está comenzando a generar un conflicto de importancia. La demarcacióndel territorio de este pueblo se encuentra con muchas dificultades no tanto por la indecisión del gobierno como porla presencia, cada vez mayor, de colonos procedentes de otras partes de Nicaragua. La ley nicaragüense indica quela invasión de tierras tiene carácter penal, por lo que sería de aplicación en estos casos la justicia indígena. Pero seda la circunstancia que los colonos no lo son, por lo que muy probablemente éstos se acogerán a la justicia estatal,con la consiguiente extrapolación de un conflicto local al ámbito nacional. Pese a los innegables avances logrados enlos últimos años tras el retorno del FSLN al gobierno, aún hay muchas contradicciones, como ésta de la justicia, porresolver en los asuntos relacionados con los pueblos indígenas. 151
  • 152. 152
  • 153. PANAMÁEn Panamá existen siete pueblos indígenas con un total que sobrepasa con creces los 300.000 habitantes puesto queen el último censo, realizado en el año 2000, se contabilizaban 285.231 indígenas pertenecientes a los pueblos bribri, buglé, emberá, kuna, naso teribe, ngöbe y wounaan. Entonces representaban el 10’1’% del total de la pobla-ción panameña.1 Dos pueblos, ngöbe (59’3% del total) y kuna (21’6%), componen las dos terceras partes del totalde la población indígena. Hay un grupo, el bokota (993 miembros censados el año 2000), sobre el que se mantienengrandes discrepancias respecto a si forma parte del pueblo ngöbe o no sin que aún se haya llegado a un acuerdocientífico al respecto.Como el resto de países del continente americano, Panamá reconoce ciertos derechos a los indígenas en la Cons-titución como la promoción de la identidad étnica y cultural, al tiempo que garantiza a las comunidades indígenas“la reserva de las tierras necesarias y la propiedad colectiva de las mismas para el logro de su bienestar económicoy social”. En este marco se establecen las llamadas comarcas en distintas regiones del país en donde se reconoce suestructura política administrativa tradicional, su autonomía, su identidad y sus valores históricos culturales “comoparte del sistema nacional”, aunque no se reconoce en la Carta Magna el carácter plurinacional de Panamá. De he-cho, tampoco el texto constitucional reconoce las comarcas, se limita a mencionar unidades territoriales “sujetas aregímenes especiales”. Esta es la razón por la que no se ha procedido a la demarcación de comarcas para los pueblosnaso teribe y bri bri, que la vienen reivindicando desde hace tiempo. Lo mismo ocurre con dos poblaciones kunaen la frontera con Colombia y otras emberá y wounaan en esta misma zona del país.El concepto de comarca fue rescatado de la tradición por los indígenas que veían, por una parte, un camino inter-medio a la no adjudicación de la tierra y, por otra, una garantía de “no enajenación” de la misma por terceros. Lalegalización de territorios indígenas a través de las comarcas no es reciente. La más antigua se inició en 1938 y seconcretó en 1953, la Comarca de Kuna Yala. A lo largo de los años le siguieron la Comarca Emberá-Wounaan deDarién (1983), la Comarca Kuna de Madungandi (1997), la Comarca Ngöbe-Buglé (1997) y la Comarca Kuna deWargandi (2000). Es un proceso que aún no se ha cerrado y en alguna de las actuales, como la de Wargandi, todavíahay cuestiones pendientes de reglamentar –incluyendo conflictos entre indígenas y colonos no indígenas- mientrasque en otras, caso de la Comarca Ngöbe-Buglé, aún se está realizando la demarcación de los límites que debe tener.Esto pone de manifiesto que Panamá fue, mal que bien, uno de los primeros países del mundo en reconocer la protec-ción de los derechos de los pueblos indígenas a nivel constitucional y en adoptar políticas públicas que en bastantesaspectos son favorables a estos pueblos.A pesar que los territorios indígenas poseen una inmensa riqueza en recursos naturales, el empobrecimiento entre supoblación es alarmante y vergonzoso en un país que se caracteriza por altos niveles de ingreso per capita y es cata-logado como el segundo país de América con peor distribución del ingreso. La diferencia es de diez a uno en el casode un indígena sin ingresos (36%) y un no indígena en la misma situación (3’5%), según datos del propio gobiernopanameño.2 En el caso de la mujer indígena, la Conferencia Internacional del Trabajo de la ONU cifraba el porcentajede pobreza en el 98,5% y de este porcentaje, el 89,7% sufre una pobreza extrema.3 Sólo hay dos explicaciones: el mo-delo económico y el racismo social. Sobre este extremo el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial,también de la ONU, en el informe del año 2010 expresaba su preocupación por “la persistencia de la discriminación1 Dirección de Estadística y Censo de Panamá, año 2000.2 Op. cit.3 Conferencia Internacional delTrabajo, 99.ª reunión, 2010. Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendacionessobre Pueblos Indígenas y Tribales. Panamá. 153
  • 154. racial y sus causas históricas que han provocado la marginación, pobreza y vulnerabilidad de los afro panameños ylos pueblos indígenas, asimismo le preocupa que no exista una disposición general que prohíba la discriminación pormotivos de raza y que tipifique como delitos los actos de discriminación racial”.4El modelo económico es extractivo y está en el origen de la negativa gubernamental a legalizar nuevas comarcas indí-genas, especialmente la reclamada por el pueblo naso teribe. El gobierno considera que dado el bajo número de nasoteribes (3.305 según el censo del año 2000) lo único que se les puede ofrecer es la creación de una comarca conjuntacon los bri bri (2.521 según el censo de referencia). Ambos pueblos rechazan esta pretensión que, en realidad, encu-bre una cuestión referente en América Latina: la entrega de territorios indígenas a las empresas transnacionales.Es un fenómeno del que, en Panamá, no escapan las comarcas indígenas reconocidas legalmente. En la Ngöbe-Buglése está incentivando por parte del gobierno la presencia de empresas mineras, de matriz canadiense, sin realizar laconsulta previa pertinente lo que ya está generando conflictos. En el país hay un caso emblemático: la construcción deuna hidroeléctrica en la provincia de Bocas de Toro en una zona de especial relevancia, al ser protegida y zona de labiosfera, denominada Bosque Protector de Palo Seco en la que residen cuatro comunidades ngobe-buglé. La pobla-ción directamente afectada por la presa sería de mil personas y otras 4.000 lo serían de forma indirecta. Formalmente,esta zona no forma parte de la Comarca Ngöbe-Buglé precisamente por esto, por la zona protegida que es, además,reserva de la biosfera aunque es limítrofe y habitada por los ngobe-buglé. Lo curioso es que el gobierno incluye estey otros proyectos similares dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto aunque desconoceotras propuestas internacionales más cercanas, como la Declaración de Río sobre Desarrollo y Medio Ambiente.Este caso está siendo seguido por el Relator Especial de la ONU sobre la Situación de los Derechos humanos y lasLibertades Fundamentales de los Indígenas desde el año 2008, puesto que dicho proyecto implica el desplazamientode parte de la población indígena que habita esa zona. A pesar de la evidencia, el gobierno siempre ha negado esteaspecto por lo que el Relator de la ONU, después de una visita realizada en 2009, recomendó al gobierno, por unaparte, la realización de un proceso de consulta con los pueblos indígenas de la zona “que sea compatible con lasnormas internacionales pertinentes”, el cual debería guiar al Estado en el desarrollo de futuros proyectos que afectana los pueblos indígenas; y a las empresas que realizan o tienen previsto realizar proyectos económicos que afectan alas riquezas naturales, por otra parte, “el desarrollo de códigos de conducta que sean conformes con las normas in-ternacionales pertinentes, que guíen su actuación en relación con la planificación e implementación de proyectos queafectan a pueblos indígenas”. Tanto al gobierno como a la empresa que iba a realizar el macroproyecto hidroeléctricoles pedía “una necesaria reevaluación del proyecto y la puesta en práctica de medidas correctivas, incluyendo el iniciode un nuevo proceso de diálogo” con las comunidades ngöbe-buglé.5 El tema llegó a la Comisión Interamericanade Derechos Humanos, que solicitó una suspensión de las obras hasta que hubiese un veredicto. Y la OIT mostró su“profunda preocupación” por los hechos.La Cámara de Comercio e Industrias de Panamá pidió al gobierno “ignorar” a la CIDH6 y así se hizo. La respuestadel Estado fue la de “mantenella y no enmendalla”. Afirmó que tanto su actuación como la de la empresa ha sido “debuena fe” y “proporcional con las afectaciones sufridas mediante el pago de sumas en efectivo, la reubicación de4 Comité para la eliminación de la discriminación racial, Observaciones Finales. Panamá. 76º período de sesiones, 15 de febrero a 12 de marzode 2010. CERD/C/PAN/CO/15-205 Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, S. James Anaya. Observacionessobre la situación de la Comunidad Charco la Pava y otras comunidades afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Chan 75 (Panamá), 12 demayo de 2009.6 http://burica.wordpress.com/2009/06/30/empresarios-solicitan-seguridad-juridica-empresarial-por-violacion-a-dd-hh/?keepThis=true&TB_iframe=true&height=450&width=700 154
  • 155. comunidades dentro del Bosque Protector Palo Seco en comunidades colectivas, el desarrollo mediante capacitaciónde sus medios de subsistencia y, en algunos casos donde ha primado el derecho a la voluntad individual, la consecu-ción de títulos de propiedad individual fuera del Bosque Protector Palo Seco, en atención a las afectaciones por laconstrucción sobre las tierras que habitaban”.7En el caso de las comunidades emberá y wounaan fronterizas con Colombia y sin territorio propio, se las está obli-gando a un desplazamiento de sus zonas tradicionales ante la invasión de sus tierras por transnacionales petroleras ymineras quienes, sin el menor recato y contando con el beneplácito gubernamental, reconocen que están procediendoa “programas de reasentamiento participativo” (sic) “con la satisfacción y el contento tanto de las comunidades in-dígenas como de las instituciones panameñas”8, tal y como reconoce una de ellas en su página web añadiendo, porsi hubiesen quedado dudas, que “ha cooperado y continuará cooperando estrechamente con los funcionarios de laDefensoría del Pueblo para mantenerlos informados sobre los avances en el Programa de Reasentamiento”. En otrascomunidades, como la naso teribe de Bocas de Toro, en junio de 2010 se produjeron violentas protestas que termina-ron con dos muertos y más de un centenar de heridos ante el rechazo al desalojo de una comunidad por un proyectoeconómico agrícola y ganadero.El conflicto en Bocas de Toro se venía gestando desde largo tiempo, agravada la situación por el proyecto de construiruna represa que anegaría una parte importante de las tierras comunales, y provocó la visita del Relator de la ONUmencionada en los párrafos anteriores. El gobierno panameño hizo caso omiso tanto de las recomendaciones delRelator, pidiendo la reconsideración de todo el proyecto, como del derecho de consulta previa argumentando que yase había realizado “mediante las fórmulas constitucionales de participación”, es decir, el trámite parlamentario, y queplantearlo a las comunidades indígenas afectadas “resultaría discriminatorio frente al resto de la ciudadanía, carentede equidad y violatorio del ordenamiento jurídico vigente”.La justificación de este proceder viene dado por lo establecido en la ley panameña, que establece la obligatoriedadde las comunidades indígenas, estén donde estén, sean comarca o no, de “facilitar los proyectos de inversión que elEstado autorice por medio de contrato de concesiones y que hayan sido declarados de desarrollo estratégico para laNación” y de la diferenciación realizada por el Estado sobre los recursos renovables y los que no lo son. Es decir, losprimeros serían el suelo, bosque y fauna mientras que los segundos serían todos los que ofrece el subsuelo. Los pri-meros quedarían en manos del propietario de las tierras, con limitaciones, mientras que los segundos son propiedadincuestionable del Estado. Mares y ríos serían de uso público. Esta diferenciación no es concebible para los pueblosindígenas que, además, han visto a lo largo de los siglos los graves y en muchas ocasiones irreversibles daños quese ha ocasionado al ecosistema con diferenciaciones de este tipo. Ni siquiera la indemnización al propietario de lastierras o del suelo palía esta situación.La lucha de los pueblos indígenas en Panamá no sólo por la propiedad de sus tierras, sino por su conservación, es lamisma que la de cualquier otro pueblo indígena no ya en el continente americano sino en cualquier parte del mundo yel dilema “derecho ancestral-desarrollo” no difiere mucho del histórico “civilización-barbarie” con el que se colonizóel continente de Abya Yala siglos atrás.Pero los indígenas se aferran al ordenamiento legal por el que se ha reconocido sus comarcas. En virtud del mismo,se reconocen los derechos colectivos sobre la tierra y los derechos de administración de sus recursos existentes. Estafacultad se ejerce a través de las estructuras tradicionales de administración, como lo son los Congresos Generales; en7 http://burica.wordpress.com/2009/05/19/relator-de-pueblos-indigenas-de-la-onu-solicita-reconsiderar-el-proyecto-hidroelectrico-chan-75/8 http://www.aeschanguinola.com/ 155
  • 156. esencia, el derecho a la libre determinación. Cuando el gobierno aduce “el interés general” debería tener en cuenta eltexto constitucional, que se traduce en asegurar a los pueblos indígenas no sólo la propiedad colectiva, sino además lacapacidad de que a través de sus gobiernos tradicionales impulsen su desarrollo social, económico y cultural que, a lapostre, beneficia a todo el país: el ejercicio de los derechos humanos y el desarrollo social justo beneficia a la mayorcantidad de gente. Pero esta filosofía es contraria a la que impone el capitalismo neoliberal.En cualquier caso, la Constitución de Panamá al reconocer los derechos colectivos y a través de la ley sus formas deorganización política, presupone que los planes de desarrollo o concesiones en dichos territorios no se puedan darsin la participación de los pueblos indígenas, porque son entidades políticas jurídicamente reconocidas. Por lo tanto,las concesiones mineras, sin el consentimiento de los pueblos originarios son ilegítimas, lo vista como lo vista elgobierno.Sin embargo, la constante también aquí: la ley y la trampa, el reconocimiento teórico de unos derechos y su noaplicación en la práctica. El mes de junio de 2010 hubo dos medidas legislativas complementarias que modificansustancialmente el ordenamiento vigente en cuestiones indígenas. La primera, una ley que declara de interés socialprácticamente todos los proyectos económicos en marcha para eximirlos de publicar informes de impacto ambiental,garantía fundamental para los pueblos indígenas. La segunda, un decreto presidencial modificando por completo,sin consulta, la Carta Orgánica de la Comarca Ngöbe-Buglé especificando cómo deben ser los representantes de estepueblo, cada cuanto tiempo deben ser electos y cuántas veces debe reunirse su Congreso General. Un ataque en todaregla a la autonomía de esta comarca, por el momento, que tal vez no sea más que el indicativo de cómo se va a trataral resto de comarcas. El Congreso General de los ngobe-buglé considera que ambas disposiciones legislativas lesponen en peligro como pueblo. En el caso de la ley ambiental, por ser su comarca la más rica del país en recursosminerales además de contar con los ríos más caudalosos. Como ellos dicen, “hemos sido los mejores guardianes dela madre naturaleza y queremos seguir siéndolo”.Es un intento claro de intentar doblegar la resistencia ngobe-buglé a un importante proyecto de explotación de cobre,oro y plata concedido a una transnacional estadounidense, la Dominion Minerals Corp., que supone 26 explotacionesen un total de 24.242 hectáreas de esta comarca y de la que es un alto directivo en su filial panameña un ex vicemi-nistro de comercio e industria del país. También sucede algo similar con el pueblo naso. Una de sus comunidades hasido obligada a abandonar sus tierras para la realización de proyectos ganaderos a gran escala sin que, de nuevo, sehayan escuchado los requerimientos en contra del Relator Especial de la ONU9 recordando que los pueblos indígenasno pueden ser trasladados de sus territorios sin su consentimiento. El caso es extremo porque el pueblo naso cuentacon poco más de 3.000 integrates y ser removido de sus tierras y recursos tradicionales le podría abocar a medio plazoa una situación cercana a la desaparición.El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU ha tomado cartas en el asunto en marzo de2010. Ha recomendado a Panamá tomar las medidas necesarias y efectivas para asegurar la prohibición de desalojosforzosos10 e insta al Estado a que asuma su papel como mediador en estos conflictos “protegiendo a sus ciudadanos,incluyendo indígenas y afro panameños, y colabore a encontrar una solución a los conflictos de tierras que permitanreconciliar proyectos de desarrollo con la cosmovisión indígena”. Junto a ello, expresa su seria preocupación por lafalta de mecanismos de consulta efectiva con los pueblos indígenas y por el hecho que en varias oportunidades lasconsultas pertinentes sobre proyectos de explotación de recursos, construcción y turismo se han dejado en manos9 http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2009/11/25/4/539160 Comité para la eliminación de la discriminación racial, Observaciones Finales. Panamá. 76º período de sesiones, 15 de febrero a 12 de marzo10de 2010. CERD/C/PAN/CO/15-20 156
  • 157. de las empresas privadas que llevarán a cabo los proyectos, con lo que el Estado, claramente, no está ejerciendo suresponsabilidad. 157
  • 158. 158
  • 159. PARAGUAYLos pueblos indígenas en Paraguay son 20 (aché-guayakí, angaité, ava-guaraní, ayoreo, entleht norte, enxetsur, guaraní occidental o chiriguano o guarayo, guaná, maká, mankuy, maskoy, mbyá, nivaclé, ñandeva, pai-tavytera, sanapaná, toba qom, toba-enenlhet, tomáraho e ybytoso o chamacoco) pertenecientes a cinco familiaslingüísticas diferentes (guaraní, guaicurú, maskoy, mataco-mataguayo y zamuco) y que suponen, según el últimocenso, 108.803 personas1 (aproximadamente el 2% del total de habitantes del país, aunque en la región occidentalque incluye el Chaco –zona transfronteriza que abarca también a Argentina y Bolivia- son el 31% de la población)afrontando situaciones de pobreza extrema y condiciones laborales de esclavitud debido a la falta de tierra propia.Esto causa, a su vez, dificultades para el acceso a recursos naturales para su subsistencia, la imposibilidad de llevaradelante propuestas de desarrollo y la pérdida gradual de su cultura. Hay que añadir que durante más de sesenta añoslos indígenas fueron sometidos a una política sistemática de vulneración de derechos que incluyó no sólo ejecucionesextrajudiciales, detenciones y violaciones de mujeres sino que se esterilizó a éstas para evitar el crecimiento de lapoblación indígena, tal y como ha reconocido la Comisión de Verdad y Justicia que se constituyó en julio de 2008para analizar la situación de los pueblos indígenas durante la dictadura y la transición democrática en este país.Muchos de ellos viven en zonas selváticas, más o menos preservadas, y se encuentran con tres tipos de situaciones encuanto a la propiedad de la tierra se refiere: con ella en propiedad, sin título de propiedad o, directamente, sin tierra.Esto se debe a que la ley paraguaya (1981) exige la “personería jurídica” de las comunidades indígenas para tener eltítulo de propiedad de la tierra. Dicha estrategia jurídica ha sido la norma en el Paraguay moderno: desde 1947 hasta2007 más de doce millones de hectáreas de patrimonio nacional han sido repartidas, en su mayoría, a latifundistas.Desde el comienzo de este siglo XXI se está asistiendo a un incremento de la implantación de monocultivos dedica-dos a la exporación (biocombustibles) con la compra de millones de hectáreas por parte de compañías y particularesextranjeras que dedican al cultivo de soja, transgénica en su mayoría. En la actualidad el 60% de la tierra cultivadaestá dedicada a este producto, que ha convertido a Paraguay en el cuarto exportador mundial detrás de EEUU, Argen-tina y Brasil. Las tierras que se han podido preservar para los indígenas “lo han sido mediante compras por parte deorganizaciones filantrópicas extranjeras, por lo regular a través de iglesias”.2La presencia de las iglesias católicas, protestantes y anglicanas en Paraguay es un fenómeno digno de estudio aparte.Son conocidas las misiones jesuitas de los siglos XVII y XVIII; lo es menos la anglicana de finales del siglo XIX portodo el Chaco Central y con la que Paraguay pagaba su deuda con los acreedores de la guerra de 1870 (la Guerra dela Triple Alianza entre Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay) a costa de los pueblos enxet, toba, sanapanáy angaité y que sirvió para proteger los latifundios ingleses extendiendo la cultura occidental con programas asis-tencialistas y paternalistas con los indígenas, y es prácticamente desconocida la labor de la llamada Misión de lasNuevas Tribus, establecida desde 1942 y que se ha ido expandiendo por tierras de los angaité y ayoreo a quienescaza, literalmente, para que trabajen en los proyectos misioneros que se realizan en tierras que les han usurpado y aquienes, además, se les cierran sus tradicionales territorios de caza pasando así a ser extranjeros en su propia tierra.De las razzias estilo nazi y con comportamiento colonial dan muestra dos hechos notorios: en 1979 se produjeroncinco muertos y varios heridos cuando los indígenas se negaron a trasladarse a la misión; en 1983 otros cinco muer-tos, todos ayoreo, pero como los menonitas –secta religiosa cristiana protestante que controla Nuevas Tribus- habíanaprendido la lección esta vez enviaron a ayoreo conversos a hacer lo mismo, por la fuerza, a un grupo ayoreo toto-biegosode3 que había decidido mantenerse al margen de la “civilización”. No es únicamente una cuestión de “civili-1 http://www.dgeec.gov.py2 Bartolomeu Meliá, “Paraguay” en “Atlas sociolingüístico de pueblos indígenas en América Latina”, op. cit.3 Las cifras oficiales indican que los ayoreo son 2.500, divididos en varias agrupaciones: los Garaigosode (habitantes de los palmares o camposbajos), los Guidaigosode (gente de la aldea) y los Tobobiegosode (gente del lugar donde entraron los pecaríes). Los ayoreo pertenecientes aeste último grupo se mantienen en aislamiento voluntario o lo que en Paraguay se denomina “contacto inicial” y que se refiere a los ayoreosacados a la fuerza de su tierra y bosques en épocas recientes. 159
  • 160. zar a los salvajes”, sino de dejar sus territorios tradicionales libres para macroproyectos y explotaciones económicasganaderas. Es lo que está ocurriendo ahora mismo en Paraguay y que es defendido sin tapujos por Nuevas Tribus: “entodos los casos donde la civilización avanza hacia regiones remotas, hay consecuencias negativas, pero también hayconsecuencias positivas; un aspecto negativo de la civilización es el sacrificio de los ecosistemas y aquellas personasque dependen de la tierra para sobrevivir”.4 Según el Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas, enel Chaco –donde hay presencia de 13 de los 20 pueblos originarios en Paraguay- las tierras indígenas fueron conce-didas a grupos religiosos que utilizaron a las comunidades indígenas “como mano de obra de bajo costo” y los casosde trabajo forzoso de al menos 8.000 indígenas se han documentado tanto por investigadores particulares como porla OIT en fechas tan recientes como el año 2005.5No es inhabitual tener que pedir un permiso en la sede central que Nuevas Tribus tiene en Asunción, la capital deParaguay, si se quiere visitar alguna de sus misiones. Los menonitas, cuyo idioma madre es el alemán aunque tienenel castellano como segunda lengua, se consideran los amos de una gran extensión del territorio paraguayo. Son, dehecho, un poder fáctico que impide la realización de proyectos favorables a los pueblos indígenas, en especial los re-lacionados con la devolución y demarcación de tierras, porque en caso de hacerlo perderían una valiosa mano de obra,muchas veces forzosa por no decir semi-esclava. Llegados en la década de 1930 consiguieron del gobierno de entoncesla concesión de un extenso territorio para su explotación agrícola y ganadera. Así surge Nuevas Tribus unos años mástarde. Necesitaban, y necesitan, mano de obra y la más cercana, asequible –aunque fuese y sea cazándola a lazo- y ba-rata es la indígena. El hecho de que éstos estuviesen en su propia tierra, aunque ésta no fuese “legalmente” suya teníapoca importancia para quien llevaba, y lleva, “la civilización y evangelización frente a la barbarie”. Ni tampoco parael gobierno de entonces, aunque el de ahora se tiene que enfrentar a una demanda legal que los ayoreo totobiegosodeinterpusieron en 1993 reclamando la devolución de sus tierras y que ha provocado que un grupo de los reclutados a lafuerza por la Misión Nuevas Tribus decidiese retornar a su tierra en 1997, con el apoyo del gobierno, para constituir lacomunidad Arocojnadí a la que en 2007 se incorporaron más ayoreos tras abandonar la misión religiosa menonita.El Comité Indígena Internacional para la Protección de los Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial de la Amazo-nía, el Gran Chaco y la Región Oriental de Paraguay ha venido reclamando con insistencia al gobierno paraguayo –deforma especial con la llegada al mismo de Fernando Lugo, de lo que se hablará más adelante- que tome las medidasnecesarias para impedir todo intento de búsqueda de contacto de parte de misioneros con los indígenas en aislamientoe impedir cualquier otro tipo de acción dirigida a hacer una “limpieza” de su territorio. En particular, “pedimos algobierno medidas que impidan que los misioneros utilicen a gente ayoreo de nuestras propias comunidades comoagentes del contacto, tal como viene ocurriendo”.6La desprotección de las tierras indígenas provoca una y otra vez serios conflictos no sólo con las misiones religiosas,sino con campesinos que intentan apropiarse de esas tierras, menos protegidas y defendidas que las de los grandeslatifundistas, puesto que el 91’5% de los indígenas del país vive en zonas rurales. Esta situación de enfrentamientocon campesinos y terratenientes está provocando un éxodo desde el campo a la ciudad de forma especial entre losmaká, quienes ya viven en un porcentaje que se estima por encima del 77% en ciudades según el censo indígena quese realizó el año 2002.7 Es más que probable que esta cifra haya crecido desde entonces.Este censo sobre población indígena, el segundo que se realizaba en Paraguay desde su historia como país indepen-diente, expuso también en sus resultados su alarmante situación educativa: alto grado de analfabetismo (51%), conun promedio de 2’2 años de estudio entre los niños de 10 años y más, frente a los 7 años que se registra en la pobla-ción nacional no indígena. Dado que la enorme mayoría de indígenas vive en el campo, el problema se agravaba en4 http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_7735000/7735108.stm5 Álvaro Bedoya Silva-Santisteban y Eduardo Bedoya Garland, Servidumbre por deudas y marginación en el Chaco de Paraguay. Ginebra,Oficina Internacional del Trabajo. 2005.6 http://www.servindi.org/actualidad/56127 http://www.capi.org.py/pueblos_indigenas.html 160
  • 161. las zonas rurales (53’3%) frente al 29’2% en las zonas urbanas. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrolloofrece datos aún más escalofriantes en lo que se refiere a seguro médico (sólo el 12’2% cuenta con él) y el número dehogares con acceso al agua potable (5’9%).8Respecto a la tierra, el censo reconoce que el 45% del total de indígenas no cuenta con ningún título de tierras, ni pro-visional ni definitivo. No es extraño puesto que a pesar de tener reconocidos sus derechos en la Constitución de 1992,entre ellos éste, no se les permitía ejercerlos. Un dato lo pone de manifiesto: desde que se aprobó la Carta Magna lostribunales de justicia, sobre todo en su más alta instancia, sólo habían dado la razón a los indígenas en dos causas dedevolución de tierras, en 1997 y en 1998.La situación parecía que se iba a solucionar cuando accedió a la presidencia Fernando Lugo, en el año 2008, quientanto en su campaña electoral como en el discurso con el que asumió su cargo –gran parte del mismo hablado enguaraní- y en una intervención en la propia ONU insistió en que iba a sacar de la miseria y su “humillante situacióna quienes secularmente han vivido en la marginación, excluidos de cualquier posibilidad de desarrollo y privados desus tierras”. Y añadió con énfasis: “Las naciones indígenas esperan a la orilla del camino que alguien los convoquea reapropiarse de sus tierras. Estas tierras de ahora en más no solo serán sagradas para su cultura sino –valga la figu-ra– sagradas para la aplicación de la ley. Ningún blanco que negocie tierras indígenas, que los humille o los persigatendrá la misma impunidad que tuvo siempre”.9 No es extraño que los indígenas votasen en masa a Lugo. El deseode recuperar sus tierras, el derecho a la salud, a la educación y a unas condiciones de vida dignas eliminando, porejemplo, las condiciones de esclavitud y semiesclavitud en las que aún viven en las grandes haciendas que usurpansus territorios fueron algunas de las razones por las que se volcaron con la candidatura del nuevo presidente.Sus primeras medidas iban en esa dirección, como puso de manifiesto el nombramiento de una indígena para el cargo depresidenta del Instituto Paraguayo del Indígena con la finalidad de “asesorar y orientar” a la presidencia en la formula-ción, elaboración y ejecución de las políticas y programas relacionados con los pueblos indígenas. Pero no fue más queuna ilusión que duró cuatro meses y el desencanto llevó a los indígenas a movilizarse, lo que generó una dura represiónhasta extremos que no se habían visto en años anteriores. El viejo discurso teoría-práctica, el que una cosa es predicar yotra dar trigo. La realidad es que a pesar de los pronunciamientos constantes de la presidencia del país en relación a lospueblos indígenas, su identidad y organización propia siguen sin ser considerados como sujetos de derechos políticos.Sin embargo no es una crítica que hay que hacer en exclusiva al gobierno. También tiene mucho que ver la propiadivisión indígena, que se manifiesta en un divorcio cada vez más evidente entre quienes han comenzado a vivir en lasciudades y quienes se mantienen en los territorios ancestrales. Los primeros comienzan a no reconocer a los dirigen-tes tradicionales y se postulan a sí mismos como los más capacitados para dirigir los pequeños espacios de poder quese han abierto para los indígenas con la llegada a la presidencia de Lugo. Uno de esos espacios es el IPI, por el quese produjeron enfrentamientos entre avá guaraní y mbyá, de un lado, y guarayo de otro tanto por la presidencia ensí como por el hecho de haber sido ejercida, según parte de los indígenas, con beneficio del pueblo al que pertenecíala presidenta durante el tiempo que estuvo ejerciéndola en detrimento de los demás.En lo que sí hay un esfuerzo visible del Estado bajo la presidencia de Lugo es en el acceso de los indígenas a servicios deeducación y salud –aquí es meritorio el reconocimiento de la medicina indígena-, así como la puesta en marcha de unaserie de acciones coordinadas entre varias instituciones para enfrentar situaciones extremas en niños, mujeres (víctimasde violencia) y otros sectores vulnerables de la población indígena. Y como consecuencia de una enorme sequía quetuvo lugar durante 2008, el gobierno inició un programa de “mitigación y rehabilitación” de las zonas más afectadas conla distribución de agua potable y alimentos al tiempo que se iniciaba la reparación de la infraestructura vial existente,apertura de nuevos caminos, la rehabilitación de los sistemas de almacenamiento y distribución de agua, y el acceso a la8 http://www.undp.org.py/images_not/Publicación%20Pueblos%20Indígenas.pdf9 http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=13459 161
  • 162. educación y a la vivienda. Hubo, además, un cierto apoyo a la producción para generar ingresos en las comunidades.No obstante, al dejar fuera de la gestión de todo ello a las propias comunidades son iniciativas que se quedan en una políticaasistencial que si bien es cierto que es capaz de evitar estados de inanición (acentuados en departamentos como el Chacopor esa durísima sequía que llegó a provocar muertes) no lo es, aún, de superar la desnutrición crónica que sufren y padecenestos pueblos. De hecho, el propio gobierno paraguayo ha tenido que reconocer que 185 de las 412 comunidades indígenasdel país no tienen títulos definitivos de propiedad de sus tierras, lo que las aboca a una situación no sólo de dependencia dela ayuda oficial sino a una pobreza extrema debido a la falta de tierra. Por lo tanto, sólo una reforma agraria enfocada a laseguridad y soberanía alimentaria que evalúe la legitimidad de los títulos de propiedad de la tierra en manos de terratenien-tes, campesinos e iglesias y se ofrezca una indemnización acorde con la ley, en caso de que se consideren ilegales, podrásacar a los pueblos indígenas de su postración actual.El gobierno de Lugo muestra sus simpatías verbales ante esta propuesta, pero se ampara en el bloqueo del Parlamento y lajusticia para no hacer nada efectivo por ella -pese a que la Constitución garantiza a los indígenas el derecho a la propiedadcomunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiaresde vida- precisando que es algo que compete a todos los poderes del Estado, ejecutivo y judicial, al afirmar: “El estado lesproveerá gratuitamente de estas tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, nosusceptibles de garantizar obligaciones contractuales ni ser arrendadas; así mismo estarán exentas de tributo”, además deprohibir “la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos”.10Un caso es el referente al pueblo enxet sur y, en concreto, a la comunidad Yakye Axa – formada por 90 familias con 390personas en total- que se atrevió a denunciar al Estado de Paraguay en el año 2000 ante la Comisión Interamericana de De-rechos Humanos (CIDH) por la omisión estatal de reconocerle la propiedad sobre su territorio ancestral. Ante la imposibili-dad de ser resuelta en el ámbito de la Comisión, ésta remitió la denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.La Corte consideró que Paraguay no adoptó las medidas adecuadas de derecho interno necesarias para garantizar a la co-munidad el uso y goce efectivo de sus tierras tradicionales y con ello amenazó el libre desarrollo y transmisión de la culturay prácticas tradicionales de los enxet sur. Así, la Corte resolvió en 2005 que Paraguay violó los derechos a la propiedad ya la protección judicial, así como el derecho a la vida ya que privó a la comunidad de acceder a sus medios de subsistenciatradicionales. Además, entendió que el Estado no adoptó las medidas positivas necesarias para asegurar a los indígenas,durante el período que permanecieron sin territorio, las condiciones de vida compatibles con su dignidad: carecieron deacceso adecuado a alimentos, servicios de salud y educación. Dieciséis personas fallecieron a causa de las condiciones devida referidas. La Corte consideró que el Estado tiene el deber de adoptar medidas positivas orientadas a la satisfacciónde una vida digna, en especial cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo cuya atención se vuelveprioritaria. La Corte ordenó a Paraguay demarcar el territorio tradicional, entregárselo a los indígenas de manera gratuita yproveerles los bienes y servicios básicos para su subsistencia mientras se les restituían sus territorios. Cuando el nuevo go-bierno, en octubre de 2008, remitió al Senado un proyecto de expropiación de tierras para devolvérselas a esta comunidaden cumplimiento de la sentencia de la CIDH, el Senado rechazó el mismo argumentando que las tierras en cuestión estabansiendo objeto de una “explotación racional”, que en la zona existían otras tierras indígenas, que la comunidad Yakye Axaestaba dividida al respecto y, lo más curioso, que dicha comunidad estaba siendo manipulada por una organización no gu-bernamental, Tierraviva, con intereses ocultos en que se cumplimentase la sentencia.11Esta organización se creó en 1994 con la finalidad de acompañar los procesos judiciales que interponían las comunida-des indígenas en defensa de sus tierras y fue quien llevó el litigio de la comunidad Yakye Axa ante las instancias interna-cionales. Lo mismo sucedió con otra comunidad, Sawhoyamaxa, también del pueblo enxet sur. La denuncia fue inter-puesta en 2001 y en febrero de 2005 también hubo una sentencia favorable de la CIDH obligando al Estado de Paraguaya devolver las tierras añadiendo que mientras el Estado no cumpla en forma íntegra y adecuada la sentencia, cada día10 Constitución Nacional Paraguaya, 1992. http://www.leyes.com.py/documentaciones/constitucion%20nacional%20paraguaya/partII_tituloI.php11 Diario de sesiones de la Cámara de Senadores, Sesión ordinaria del 15 de octubre de 2009. 162
  • 163. la vida de los miembros de la comunidad está en riesgo así como la existencia misma de la Comunidad Sawhoyamaxay su supervivencia cultural y su expectativa como grupo. En este caso, se han realizado pagos parciales en concepto deindemnización y se ha creado un fondo económico destinado a respaldar una futura compra de estas tierras a sus propie-tarios usurpadores aunque no se ha podido realizar aún puesto que dicho fondo es muy inferior a la cantidad que se pidepor ellas. Lo mismo, en menor medida, está haciendo el gobierno con la comunidad Yakye Axa. Incapaz de enfrentarsea los terratenientes y latifundistas, muy bien conectados con los políticos tradicionales, el gobierno ha adelantado “unproceso de solución” que pasa por “la compra de una finca a ser transferida gratuitamente a la comunidad”, como reco-noce el Instituto Paraguayo del Indígena.12 El gobierno, en un giro inequívoco sobre su política económica, justifica elque sólo vaya hasta ahí amparándose en otra cuestión constitucional: el respeto a la propiedad privada. El hecho de queesa propiedad pueda no ser legal, sino usurpada a los indígenas –como dice la CIDH- no se tiene en cuenta.El gobierno intenta contentar a todos, pero ante la opción de enfrentar a los poderes econonómicos o a los indígenas,opta por los segundos, infinitamente mucho más débiles. Paraguay es uno de los países de América Latina donde lapropiedad de la tierra está más concentrada: el 95% de ella pertenece a grandes haciendas. El modelo de desarrollo deParaguay tiene una fuerte base en las exportaciones agropecuarias, lo que quiere decir que el país sigue siendo muyrural, con una economía mayoritariamente basada en cuatro productos agrícolas (algodón, soja, carne y madera). Estaes la fuerza de los empresarios y la debilidad de los indígenas y campesinos, que se ven obligados bien a trabajar enlas condiciones que imponen los hacendados, la mayoría de las ocasiones en régimen de semi-esclavitud y con sala-rios por debajo de los establecidos en la ley (en muchas ocasiones cobran sólo la mitad del salario mínimo, como re-flejó la OIT en su informe), o bien a abandonar el campo e instalarse en los grandes cinturones de pobreza urbanos.Estas situaciones ponen de relieve lo que venimos manteniendo con insistencia y reiteración a lo largo de este libro:la resistencia de las élites políticas y económicas tradicionales a cualquier cambio y más si éste es impulsado o re-clamado por los pueblos indígenas. Pese a toda la retórica, y aún con gobiernos pretendidamente progresistas, siguenprimando los intereses corporativos de los ganaderos, de los madereros, de los latifundistas para quienes la ley sólose cumple si la imparten ellos. Aún así los pueblos indígenas no se arredran y en agosto de 2009 se volvió a presentarotra demanda ante la CIDH por violación de los derechos a la propiedad colectiva de la tierra, del derecho a la vida,a las garantías y protección judicial, los derechos del niño y de la niña y a la personalidad jurídica por parte de lacomunidad indígena Xakmok Kásek y sus miembros, también pertenecientes al pueblo enxet.El gobierno de Lugo, con posiciones teóricas favorables a los indígenas, como ha manifestado ante la ONU13 tieneuna oportunidad de oro para cambiar de una vez el rumbo de su país en lo referente a los pueblos originarios. Un pasoimportante sería recortar el poder que tienen los menonitas y las organizaciones religiosas de este tipo. De momento,éstos han creado numerosas Organizaciones No Gubernamentales con el objetivo de “ayudar al desarrollo” de unascomunidades a las que explotan para evitar la presencia del Estado. El INDI (nuevas siglas del viejo IPI), renovado aprimeros de este año 2010 tras los desencuentros habidos desde el momento de su creación, tiene una ocasión de oropara reivindicarse y elaborar un plan de acción contra el trabajo forzoso y semi esclavo especialmente con relación alas situaciones que se registran en las haciendas y misiones menonitas.A ello va a ayudar a buen seguro la coordinación que se comienza a lograr entre los diferentes pueblos originarios, como laCoordinadora por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, de la que forman parte 15 de los 20 existentes en Para-guay. Ya existe una propuesta de trabajo en común que podría llegar a la definición de una política indígena y una reformalegislativa que incluya también la creación de un órgano del Estado sobre asuntos indígenas con la participación de lospueblos originarios, tanto en su definición como en su integración, y que facilite la titulación de tierras para terminar con eléxodo y la dispersión de las comunidades. Sólo así se podrá poner coto a la explotación de esas tierras por los agrocombus-tibles o para la madera y evitar lo que la OIT considera “notoria depredación” en varias comunidades indígenas.12 Instituto Paraguayo del Indígena. Caso de la comunidad indígena Yakie Axa, http://www.indi.gov.py/institucional.html, página visitada el 9de agosto de 2010.13 Consejo Económico y Social, Documentos Oficiales, 2010. Suplemento núm. 23. E/2010/43. E/C.19/2010/15 163
  • 164. 164
  • 165. PERÚLa población indígena en Perú no es fácil de cuantificar. El censo de 2007 establecía en más de 24 millones dehabitantes los del país, de los que más de 4 millones son indígenas. El criterio utilizado para la identificación de losindígenas fue el de “lengua nativa aprendida” y en función del mismo la proporción étnica es de un 83’11% qui-chua, 10’92% aymara, 1’67% asháninka y un 4’13% hablaría otras lenguas, con el castellano como la segundaen utilización. Sin embargo, si se hubiese utilizado otro criterio que no hubiese sido el de la lengua –los criterioscondicionan las cantidades, dicen los sociólogos- el número de indígenas en Perú puede acercarse mucho a los10 millones, si no es que se sobrepasa esta cifra: el censo de 1993 cuantificaba en 8.793.295 los indígenas, de loscuales el 97,8% eran andinos -90,9 % quichuas o kichwas y 6,9 % aymaras- y el 2,1 % amazónicos.Perú es uno de los países donde el término “indígena” no gusta ni a quienes lo son. En las comunidades andinas ycosteñas son muchos quienes no se autoperciben como indígenas porque hacen todo lo posible por no serlo aun-que desciendan de los primeros habitantes del país. Especialmente quienes se adscriben a la clase media y tienenalgún tipo de profesión liberal: médicos, ingenieros… o policías. De ahí la diferencia entre unos censos y otrosy la “desaparición” de casi cinco millones de “indígenas” en diez años. Todavía sigue vigente esta estrategia de“desindigenización” que llevó a muchos a renegar de su lengua y cultura.En el área de la costa-andina existirían 5.680 comunidades indígenas, pero muchas de ellas están consideradas nocomo tales sino “campesinas” por razones históricas que se abordarán más delante de forma sucinta. Lo mismopasa con las comunidades indígenas denominadas “nativas” y de las que, tomando como referencia el censo másreciente, habría en Perú 1.786 pertenecientes a 60 etnias:1 achual, aguano, aguaruna, awajún, amahuaca, ama-rakaeri, amuesha, arabela, arazaeri, asháninka, ashéninka, bora, candoshi-murato, capanahua, caquinte,cashibo-cacataibo, cashinahua, chamicuro, chayahuita, cocama-cocamilla, cujareño-iñapari, culina-madi-ja, ese ejja, huachipaeri, huambisa, huitoto-meneca, huitoto-muiname, huitoto-murui, iquito, isconahua, je-bero, jíbaro, kisamberi, kichwaruna, lamas, marinahua, mastanahua, matsiguenga, mayoruna-mayoruna,morunahua, muniche, nomatsiguenga, ocaina, omagua, orejón, parquenahua, piro-yine, pisabo, pukirieri,quichua, resígaro, sapitieri, sharanahua, secoya, shipibo-conibo, ticuna, toyoeri, urarina, yagua, yaminahuay wampís.De todos estos pueblos, 51 residen en el Amazonas peruano –sumando un total algo superior a las 300.000 per-sonas- y dos de ellos, marinahua y resígaro están al borde de la extinción puesto que sólo contaban con 20 y37 miembros, respectivamente, en el momento de realizar el censo de 2007. No se empadronó a otros, como loscujareño, isconahua, morunahua, parquenahua, pisabo, omagua, aguano, muniche y taushiro “debido a quealgunas etnias ya no conforman comunidades al ser absorbidos por otros pueblos, además de existir etnias que porsu situación de aislamiento es muy difícil llegar a ellas”.2 Dos de los mencionados, isconahua y morunahua per-manecen en aislamiento voluntario, así como los chitonahua y varios grupos identificados como pertenecientes alos matsiguenga y amahuaca (ubicados básicamente en el departamento de Madre de Dios). No se sabe a cienciacierta cuántos pueblos o grupos de ellos permanecen aislados; la cifra varía entre los 14 y los 20. Incluso desde elgobierno actual, presidido por Alan García, y a pesar de lo que indica el censo realizado por una instancia oficialcomo el Instituto Nacional de Estadística e Informática, se cuestiona su existencia con el científico argumento deque “nadie les ha visto” o que son “una invención de los grupos ambientalistas” y así permitir la actividad hidro-carburífera en la Amazonía. Es este tipo de actividades, caucheras en el pasado, madereras y petroleras en épocas1 Perú identifica como etnia a poblaciones con lengua y cultura propia. http://www1.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0789/Libro.pdf2 Op. cit. 165
  • 166. más recientes o la actual tala ilegal de caoba, el “oro rojo” de la Amazonía, la que empuja cada vez más a estospueblos hacia la amazonía fronteriza con Brasil. La constatación en 2007 de la existencia de un grupo de unas 20personas migrando hacia Brasil3 por parte de una sociedad científica alemana –Sociedad Zoológica de Francfort-mientras investigaba el sureste de la selva peruana para documentar la presencia de madereros ilegales dejó enevidencia al gobierno y certificó lo que ya se sabía.La “arremetida desarrollista” en la Amazonía peruana, en nada diferente de la que se produce en otros países,ha hecho que de los más de 73 millones de hectáreas que tiene de extensión aproximada se hayan “colonizado”más de diez y otra cantidad similar haya sido otorgada a diferentes empresas para su explotación, además de los25 millones de hectáreas declarados Bosques de Producción Permanente por el Estado para otorgar concesionesforestales. El resto, o bien están en manos del Estado (11 millones) o han sido calificadas como área protegida (12millones). Una extensión similar es la que se pretende otorgar a los pueblos indígenas –recordemos que 51 de los60 del Perú residen en esta zona- como tierras propias.La política gubernamental, de corte claramente capitalista neoliberal, ha favorecido la aprobación de un Tratadode Libre Comercio con EEUU –la denominación oficial es Acuerdo de Promoción Comercial, ante el rechazo quesuscitaba entre la población- que ha supuesto la elaboración de casi un centenar de decretos legislativos que re-estructuran el sistema jurídico y debilitan no sólo el marco ambiental sino los derechos colectivos de los pueblosindígenas. De forma muy significativa en la Amazonía donde, de hecho, las empresas mineras y petroleras puedenactuar a sus anchas. En el marco de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana(IIRSA) se está desarrollando un proyecto de construcción de carretera interoceánica que unirá Brasil y Perú y quetendrá efectos devastadores no sólo en términos ambientales, sino en los humanos puesto que afecta directamenteal hábitat de los pueblos que se mantienen voluntariamente aislados. La carretera facilitará la penetración migra-toria, la invasión de tierras para todo tipo de explotaciones y, en último término, la desaparición física de estospueblos que se supone están compuestos por apenas unos centenares de componentes.En Perú, al igual que en otros países, hay una interrelación negativa entre poderes económicos y derechos indíge-nas. Son los primeros quienes deciden qué tipo de derechos se concede o reconoce a los segundos en función de susintereses corporativos. Y como atestiguan los constantes casos de corrupción política –el penúltimo de ellos cono-cido, en 2008, llegó a provocar la caída del gobierno- el cambio de leyes está influenciado por ellos. Así, una cosaes la ratificación de convenios internacionales, otra la inclusión de los aspectos que recogen esos convenios en laConstitución y otra muy diferente la aplicación de todo ello. Si por muy moderada que sea la relación de derechosen la normativa legal su puesta en práctica, así sea de forma muy tímida, perjudica la expansión económica de losgrupos de poder se cambia la ley y listo. Es lo que sucedió en 2005 con la aprobación de un decreto legislativo para“unificar los procedimientos de las comunidades campesinas de la Sierra y de la Selva con las de la Costa paramejorar su producción y competitividad agropecuaria”. Es decir, adiós al derecho de las comunidades indígenasno ya a ser consultadas, sino a decidir sobre su territorio que, con la ley en la mano, queda ofrecido a las empresasen aras del progreso y del desarrollo.Perú, pese a ser un país con una población indígena muy numerosa, no se ha caracterizado por tener unas organiza-ciones indígenas similares a las de los demás países andinos, Ecuador y Bolivia. Una de las razones que se aducenpara tal hecho es, por una parte, que han primado los intereses de clase sobre los de etnia y, por otra, una sistemá-tica política gubernamental –iniciada en la década de 1960 que terminó siendo interiorizada por la población- queconsideraba el término “indígena” como peyorativo y ligado a las estructuras coloniales aunque, al mismo tiempo,ya se había iniciado un proceso de “desindigenización” de motu propio y se prefería el término “campesino” parareferirse a ellos. Así, las comunidades indígenas pasaron a ser comunidades campesinas y este hecho favoreció3 http://www.survival.es/indigenas/aisladosperu/las_pruebas 166
  • 167. tanto el desarrollo de organizaciones armadas, en especial Sendero Luminoso –con un alto componente indígenaen sus filas-, como la estrategia gubernamental de “rondas campesinas” para enfrentar al movimiento senderista.Este fenómeno lingüístico y sociológico apenas llegó a la Amazonía, donde también la política gubernamentalhabía cambiado el término “indígena” por el de “nativo” e iniciado una tímida entrega de tierras (244 títulos depropiedad) cuando se puso en vigor una Ley de Comunidades Nativas en 1978. La Constitución no mencionaba alos indígenas sino en esas dos vertientes, campesinos y nativos, aunque sí les reconocía “con derechos a la tierracomunal con carácter de inalienables, inembargables e imprescriptibles”. Cuando se modificó la Carta Magna en1993 todo ello quedó muy debilitado y, en la práctica, desaparecieron esos derechos al promoverse de forma legaly constitucional la inversión privada sobre los recursos naturales existentes en tierras indígenas.No fue hasta el año 2001 cuando, en el marco del II Congreso Nacional de la Coordinadora Permanente de PueblosIndígenas del Perú (COPPIP), se comenzó a exigir retomar la identidad de indígena “como un derecho inaliena-ble para usar un estatus jurídico internacional, que hoy se reconoce”. Los indígenas peruanos se sumaban así ala tendencia internacional y a la reivindicación de sus derechos, al tiempo que se comenzaban a desmarcar conclaridad de la retórica oficial y a integrar el discurso étnico con el de otros pueblos andinos y amazónicos. Hastaese momento sólo la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) tenía presencia en elpaís desde la década de 1980, habiendo manifestado en reiteradas ocasiones su rechazo a la explotación de hidro-carburos en la Amazonía4 y solicitando con insistencia el cumplimiento por Perú del Convenio 169 de la OIT –delque es signatario desde 1993- en lo referente a la consulta previa.Bajo el impulso de ese congreso se constituyó la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) en2006. Hábilmente recogió este sentir de recuperación de lo indígena un candidato a las elecciones presidencialesde ese año y se granjeó así el apoyo incondicional de la mayoría de los indígenas. Era no sólo un reconocimiento aalgo que nunca se había producido en el país, sino un rechazo a la política tradicional que, sin embargo, logró im-poner a su candidato, eso sí, de una forma muy ajustada. En lo que pareció una venganza por este posicionamientopolítico de los indígenas el nuevo gobierno decidió disolver en Instituto Nacional de Desarrollo de los PueblosAndinos, Amazónicos y Afroperuanos y reducirlo a una Dirección de Pueblos Originarios que ubicó dentro delMinisterio de la Mujer y Desarrollo Social. El retroceso era evidente, si es que había habido algún progreso enla cuestión indígena. Los pueblos originarios habían interiorizado la jurisprudencia internacional mientras el go-bierno demostraba que sólo lo hacía cosméticamente. El bochorno interno, y sobre todo internacional, hizo que en2008 se anulase esa decisión. Pero anular algo no significa rectificar y el gobierno peruano no está dispuesto a ello.El presidente del país, Alan García, publicó una serie de artículos en la prensa con el título genérico de “El perrodel hortelano”5 en los que mantenía que las comunidades indígenas –tanto andinas como amazónicas– no son másque instituciones retrógradas e incapaces de generar desarrollo por mantener tierras “ociosas” e “improductivas” y“vivir en la pobreza”. He aquí una perla del pensamiento presidencial: “Hay millones de hectáreas que las comu-nidades [indígenas] y asociaciones no han cultivado ni cultivarán. Hay recursos sin uso que no son transables, queno reciben inversión y que no generan trabajo. Y todo ello por el tabú de ideologías superadas, por ociosidad, porindolencia o por la ley del perro del hortelano”.Esta conceptualización, típicamente oligárquica y racista sobre el “ser indígena” tiene un claro enfoque reduccio-nista y una intencionalidad muy clara: integrar a los indígenas al estilo de desarrollo dominante, con su cultura ynormas inherentes, sin considerar ni un ápice su identidad y valores propios. O sea, se mantiene la idea de que losindígenas deben ser integrados dentro del conjunto de valores nacionales bajo la bandera del progreso siguiendo4 Por el respeto de los derechos de los pueblos indígenas frente a la explotación de hidrocarburos en la Amazonía peruana. Pronunciamientode la AIDESEP, 1 de julio de 2003.5 Alan García, “El síndrome del perro del hortelano”, 28 de octubre de 2007, y “Receta para acabar con el perro del hortelano”, 25 denoviembre de 2007, ambos en el diario El Comercio. 167
  • 168. un estilo muy semejante al que desarrollaron los “extirpadores de idolatrías” cuando impusieron el cristianismo alas masas indígenas. Entonces era la religión, hoy la economía del libre mercado.Con un pensamiento de este nivel y emitido por la primera autoridad del país no puede sorprender que la actituddel gobierno haya sido la del desconocimiento de los escasos títulos de propiedad de las comunidades indígenas.Por ende, se modificó el reglamento de ley de áreas naturales protegidas derogando todo lo referido a conservaciónmunicipal para favorecer la penetración de empresas relacionadas con los hidrocarburos y la minería, lo que sóloen este aspecto económico supuso que las concesiones mineras aumentasen un 87%.Este modelo económico, basado en las actividades extractivas, había generado la aparición en los albores del año2000 de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI). En las comunida-des campesinas, en plena reconstrucción tras la violencia interna de la que fueron víctimas, esta política económicaprofundizó la situación de pobreza y vulneración de sus derechos colectivos, especialmente los referidos a lastierras y la autonomía comunal para decidir su uso. Este tema fue el que provocó una confluencia, esperada, conel movimiento indígena que se estaba gestando y que habiendo avanzado bastante se encuentra aún con el retode consolidarse como actor político. Elementos como el idioma, el gobierno comunal, el territorio, la vestimenta,las costumbres o la espiritualidad, que constituyen lo vivo en los Andes, se comienzan a poner en evidencia comosímbolos indígenas en muchas organizaciones peruanas y comienza a madurar como expresión política no sóloreivindicando el derecho al territorio, a los recursos naturales y al desarrollo propio.El gobierno no podía ser ajeno a este proceso y se vio obligado a impulsar algunos cambios aparentes en su políticahacia los pueblos originarios. A finales de 2008 el Congreso aprobó un proyecto de ley que regula el derecho deconsulta previa a los pueblos indígenas con el objetivo de reglamentar la práctica de la consulta a la que obliga laConvención 169 de la OIT y que fue ratificada por Perú ¡en 1994! y que, por el simple hecho de haber sido rati-ficada es vinculante para Perú. O sea, se legislaba catorce años después algo sobre lo que no se había movido undedo. Está claro que Perú daba este paso no sólo por el empuje organizativo indígena, sino también por el hechode haberse aprobado en la ONU la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007. Luego la preguntaque habría que hacerse es qué legalidad tienen todas las medidas económicas impulsadas desde 1994 en tierrasindígenas sin el consentimiento de sus comunidades. Un pequeño detalle que no quita el sueño ni a políticos ni aempresarios pero sí a los indígenas, que mostraron su preocupación por una ley que decía reconocer un derechopero que en realidad lo hacía de una forma restrictiva para favorecer la presencia en sus territorios de las empresasextractivas aunque en esta ocasión, bajo amparo legal.Esta ley, en realidad, encubría unos ambiciosos planes de explotación de todo el territorio peruano. Incluyendolas fronteras. La Constitución establece que en una extensión de cincuenta kilómetros, fronteras adentro, “losextranjeros no pueden adquirir o poseer, por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentesde energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad” pero se da la circunstancia que otra medidalegislativa de finales de 2008 incumplió dicho precepto constitucional otorgando licencia de explotación minera auna empresa china en ese límite y en una zona, para más inri, indígena. El eterno debate sobre a quién perteneceel subsuelo, si al Estado o a los pueblos que habitan el suelo. Una situación esquizofrénica: la parte de arriba es,en teoría, de los indígenas; la parte de abajo, del Estado; pero para acceder a la parte de abajo hay que estar en laparte de arriba y, para ello, hay que consultarles. Pero esa consulta debería ser vinculante, según el derecho inter-nacional, y en Perú no se estima así.Al calor de esta medida legal se otorgó una concesión minera a una empresa canadiense en lo que había sido ParqueNacional Ichigkat Muja. Este territorio era hábitat de dos pueblos, awajún y wampís, que en 2007 vieron cómo elgobierno desconocía unilateralmente un acuerdo alcanzado entre el Instituto Nacional de Recursos Naturales y ellos 168
  • 169. y recortaba casi a la mitad la extensión del mismo para ofrecer el territorio a las empresas mineras. El dato no puedepasar desapercibido para lo que ocurriría en 2009 y que ya se podía preveer cuando en agosto de ese año 2008 estosy otros pueblos de la Amazonía tomaron una central hidroeléctrica, paralizaron las estaciones del proyecto gasíferoCamisea y retuvieron a una veintena de policías en protesta por la aprobación de unos decretos legislativos que pro-movían la inversión privada en sus territorios en contra de sus derechos, reconocidos constitucionalmente, al tiempoque exigían la vigencia del Convenio 169 de la OIT en lo relativo a la obligación de la consulta previa.6La movilización indígena obligó al gobierno a dar marcha atrás y a retirar sus propuestas, aunque no fue más queun movimiento táctico para recuperar fuerzas y preparar el terreno para nuevas agresiones. Ya sabía cuál podíaser la respuesta, por lo que adecuó las nuevas leyes a ella en un intento de limitarla y sortearla. El gobierno teníacomo prioridad estratégica el TLC con EEUU y para ello no paraba en prendas. Así, ese mismo año 2008 y dentrode este marco se elabora el decreto legislativo 1604 que aprueba el régimen jurídico para el aprovechamiento delas tierras de uso agrario con mención expresa a las tierras indígenas. En él se dice respetar la integridad de todotipo de propiedades comunitarias –recuérdese la diferenciación entre campesinos y nativos- pero se las imponeuna serie de servidumbres que, de hecho, anulan esa integridad: “servidumbres de libre paso de oleoductos, ga-seoductos, mineroductos, instalaciones para la exploración y explotación minera y petrolera, instalaciones para elservicio público de telecomunicaciones, líneas de transmisión de energía, vías de comunicación de toda especie,obras para irrigación y drenaje establecidas o que sea necesario establecer, así como las que demande su operacióny mantenimiento”.7 El país se llenó de conflictos mediambientales en los que la minería se convirtió en el eje sobreel que pivotaba el 81% de ellos, según la propia Defensoría del Pueblo.8 Nada extraño si se tiene en cuenta que el15’38% del territorio peruano está dedicado a explotaciones mineras, una extensión que se había triplicado en me-nos de veinte años. Pero la Amazonía no se quedaba muy atrás. Una tercera parte de sus 782.880 kilómetros cua-drados están siendo explorados o explotados a través de 64 bloques o lotes que han sido concedidos a 35 empresastransnacionales. De estos bloques, 58 se superponen con tierras tituladas de los pueblos indígenas amazónicos.La acentuación del modelo económico extractivista y la constante acusación de “perro del hortelano” a cualquiercrítico con este modelo terminó haciendo que explotase la olla a presión en que se había convertido Perú. Lasconsultas indígenas que se realizaban reflejaban, sin excepciones, un rechazo masivo a las explotaciones minerascon porcentajes que llegaron a sobrepasar el 90% aunque en ningún caso el rechazo bajó del 60%.9 El gobiernohizo oídos sordos al considerarlas sin respaldo legal ya que el proyecto de ley aún no había sido aprobado por elCongreso (contraviniendo de nuevo el Convenio 169 de la OIT y la DDPI, que establecen la obligatoriedad deconsultas a los pueblos indígenas cada vez que se formulen medidas legislativas o administrativas que les afectendirectamente) y continuó adelante con sus planes económicos. La corrupción se extendió a extremos que llegarona las mismas puertas presidenciales al descubrirse el pago de comisiones por parte de transnacionales petroleraspor lograr concesiones. El gobierno entero tuvo que dimitir.Pero su sucesor no cambió un ápice su política respecto a los indígenas. Una de sus primeras iniciativas en 2009fue la aprobación de una ley de aguas que ignoró todas y cada una de las propuestas presentadas por las organiza-ciones campesinas e indígenas abriendo el camino, además, a su privatización. Esta era una vieja reivindicaciónde las empresas mineras que de esta forma podían obtener licencias directamente del gobierno sin tener que pasarpor las regiones, mucho más influenciables ante las movilizaciones indígenas. Otra de sus propuestas fue que laley de consulta no fuese vinculante, lo que provocó la protesta de la Defensoría del Pueblo: “hay que ser claros, enel Perú no existe la consulta previa”.106 http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=894677 Congreso de la República del Perú. Decreto Legislativo nº 1604. 27 de junio de 2008. http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/DecretosLegislativos/01064.pdf8 http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=56889 http://upsidedownworld.org/main/content/view/1479/1/10 http://www.servindi.org/actualidad/10024 169
  • 170. Perú era ya una olla a punto de estallar y lo hizo en lo que se conoce como “matanza de Bagua” (2009), una mo-vilización indígena sin precedentes. En un plazo de tres días (8, 9 y 10 de mayo) el gobierno elaboró, publicó yaprobó un decreto decretando el estado de emergencia en diversos distritos de los departamentos de Cusco, Ucaya-li, Loreto y