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Alvaro uribe debe ser procesado por la corte suprema
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Alvaro uribe debe ser procesado por la corte suprema

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  • 1. "Álvaro Uribe debe ser procesado por la Corte Suprema: la Cámara de Representantes no es un tribunal independiente"Entrevista a Sandra Gamboa, abogada de las víctimas de asesinatos del DASPatricia RivasRebeliónSandra Rocío Gamboa dice de sí misma que es "una simple abogada litigante", pero es de esarara especie de abogados que cree y que lucha por la Justicia, comprometida con la verdad,capaz de contagiar a quien la escuche el respeto por el Derecho, incluso en un país donde laleguleyada ha sido, desde su fundación, la herramienta de opresión más extendida, y donde laley se ha elaborado habitualmente a medida de la trampa. Vinculada al Colectivo de AbogadosJosé Alvear Restrepo, Sandra Rocio Gamboa pertenece a ese puñado de colombianos que noenfrentan la realidad del genocidio cotidiano recurriendo a la indiferencia, a la esquizofrenia dela Colombia virtual de la propaganda, sino al compromiso con las víctimas, a la defensa de lahumanidad, al trabajo concienzudo, riguroso, y al coraje frente a las amenazas, más o menosveladas, de los victimarios, que en Colombia suelen ser muy "respetables".Aprovechamos su paso por Madrid para pedirle la información que nos niegan los medios decomunicación, acerca de un proceso histórico que se desarrolla ante la Corte Suprema deJusticia contra quien fuera director del DAS (servicio de "inteligencia" presidencial) durante elmandato de Álvaro Uribe, por el asesinato de varias personas incómodas al régimen y que,previamente a su asesinato por estructuras paramilitares en connivencia con el DAS, fueroncriminalizados y acusados de nexos con la insurgencia. Una estrategia que fue exportada aAmérica Latina y a Europa, con el sorprendente apoyo del aparato institucional de países comoEspaña y de la que han sido víctimas ciudadanos como Remedios García, que lleva dos años ymedio esperando saber de qué se le acusa y poder defenderse, y en Venezuela el periodistacolombiano William Parra, cuyo crimen consistió en cubrir la fuente de la insurgencia paracontar la guerra en los más prestigiados medios de su país y negarse a revelar al otro bandobeligerante la ubicación de su fuente. Tras sobrevivir milagrosamente a un atentado mientrascaminaba con su pequeña hija por la ciudad de Bogotá, y casi morir desangrado, solicitó asiloen Venezuela, donde tiene condición de refugiado. Allí ha seguido demostrando susexcepcionales dotes de reportero, ejerciendo el periodismo con el rigor y la garra que le valió elsobrenombre que le endosó Jaime Garzón antes de que los paramilitares lo asesinaran por eldelito de sacarle los colores al establecimiento colombiano con su humor tan irreverente comosensible a la injusticia, y a quien los enemigos de la paz condenaron a muerte por su labor defacilitador para el intercambio humanitario en Colombia.William Parra cubrió para TeleSUR la última invasión de Israel contra el Líbano, en verano de2006, dotado con una cámara, un puñado de dólares recogido por sus compañeros y su saberhacer. Sin camarógrafo, sin chaleco antibalas, sin seguro médico. Quien conoce a William sabeque no come cuentos de agencia. Parra sabe que los conflictos sólo pueden contarsehonestamente desde dentro, dándole la voz a todas las partes, y generalmente siempre hayvoces que son silenciadas desde el cartel mediático. Es en ese límite donde se está encondiciones de descubrir los hechos ocultos, es decir, de informar. Sin periodistas comoWilliam, sencillamente no es posible la democracia. Si la única versión que recibimos es la queel poder consiente, si nadie nos desvela lo que interesadamente se cubre, se silencia o sedeforma, queda el totalitarismo. Ahora William Parra vuelve a ser perseguido por el Estado
  • 2. colombiano, que desde hace dos años le acosa con acusaciones en los medios decomunicación de "vínculos con el terrorismo", sin que hasta el momento haya podido conocerqué pruebas se tienen en su contra ni rendir declaración para defenderse de unos cargos quedesconoce.Es un misterio de dónde sacan los defensores de derechos humanos la energía para enfrentarcotidianamente al aparato de opresión que en Colombia aplica la violencia y extiende el terror,la pobreza y la muerte de forma estructurada, con una sistematicidad y en una dimensión noigualados en este siglo en América. Pero comenzar el año con la fuerza y la rectitud de esta"abogada litigante", se me antoja la mejor manera de proyectar una mirada esperanzadora paraColombia sin recurrir a la hipocresía. Porque la humanidad es posible, todavía, gracias aquienes la defienden cotidianamente.Sandra Rocío Gamboa, extenuada por una agenda maratónica y el implacable frío de Madrid,recupera el brillo en la mirada apenas le preguntamos por sus defendidos, en una combinaciónentre indignación y esperanza en la Justicia.Hace aproximadamente 9 meses que pasó por Madrid y en ese entonces estaba en plenodesarrollo el juicio contra Jorge Noguera Cotes, ex director del DAS. ¿Qué novedades hahabido y cuál es el estado de esta causa?En el proceso desarrollado ante la Corte se pueden encontrar varias notas características. Laprimera, un respeto absoluto de parte de la Corte por la presunción de inocencia, por eldesarrollo de un debate procesal legítimo, auténtico, legal, donde se permitió que la defensapracticara los medios de prueba que fueron solicitados; donde también se permitió esaposibilidad a los abogados de la parte civil que adelantamos el caso.Por otro lado, también encontramos un recaudo, que podría ocupar aproximadamente 400páginas de transliteración. Un recaudo de medios de prueba testimoniales que, incluyendo losmedios que fueron presentados por la defensa, en realidad terminaron concluyendo en unaprueba sólida de certeza absoluta sobre la responsabilidad de Jorge Noguera Cotes en loscrímenes imputados. Yo destaco mucho cómo, a través de los interrogatorios de los sujetosprocesales, fue posible llegar a una verdad consideramos no solamente procesal, sino ademásmaterial. Pudimos evidenciar relaciones, hasta ahora desconocidas para nosotros entre dos delos asesinatos. Me refiero en específico al homicidio del Dr. Fernando Pisciotti Van Strahlen yal homicidio del profesor Alfredo Correa Andreis. Se pudo determinar la vinculación en estosdos crímenes de miembros del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS),coincidencias entre los casos como la previa judicialización. En el caso del Dr. Correa Andreisla previa judicialización de él mismo, y en el caso del Dr. Pisciotti, la previa judicialización dedos de las personas más cercanas.Asímismo observamos el ejercicio de un desarrollo absolutamente dialéctico y de un trabajoesforzado de la fiscal, la doctora Ángela María Buitrago. Lamentablemente, el resultado y loque se recibió, a pesar de esto, es que la doctora Ángela María Buitrago fue retirada de lafiscalía, y se perdió la posibilidad de contar con una mujer que conocía profundamente el caso,una mujer muy inteligente, muy activa en el proceso, y lo más lamentable de esto es que salepor decisión del fiscal encargado y salen imponiendo un manto de duda sobre el desarrollo desu gestión, cuando ha sido y es reconocida en todos los niveles como una fiscal absolutamenteactiva, que movía sus procesos y llevó a la cárcel a muchísimos militares. Esta fiscal fueretirada del caso por el Fiscal General de la Nación, quien adujo supuestas razones de falta de
  • 3. resultados en los procesos. Afortunadamente, recientemente ha salido una decisión delConsejo de la Judicatura que resalta que no existe tal valoración en el trabajo de la doctoraÁngela María Buitrago Ruiz. No obstante, ella ya no es funcionaria de la Fiscalía, y con ello, seha perdido una mujer absolutamente valiosa y una funcionaria administradora de Justicia,estructural en la lucha contra la impunidad en Colombia.En este momento tenemos que la fiscal fue relevada por otro fiscal que, si bien solicitó lacondena y aludió a algunos de los elementos estructurales del caso, no se ocupó del estudiomás allá de la responsabilidad penal individual, de cómo funcionaba la figura de Jorge NogueraCotes dentro de todo este entramado del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).Esto es, una visión estructural del caso sin, obviamente, deslindarse de la discusión acerca dela responsabilidad penal individual.Por su parte, el delegado del Ministerio Público igualmente cambió, llegó una nuevarepresentante de la Procuraduría quien, de manera sorpresiva pero muy en la línea de lo queha sido la actuación de la Procuraduría en la etapa de instrucción, solicitó la absolución deJorge Noguera Cotes por los homicidios agravados, pidiendo condena por los restantes delitos:concierto para delinquir agravado, entre otros. Consideramos que esta visión de laProcuraduría, si bien respetable en términos procesales, no consulta la verdad procesal y laverdad material, que quedó tan absolutamente sentada en la etapa instructiva y que quedótotalmente corroborada en la etapa de juicio. En este momento la parte civil, particularmente eldoctor Alirio Uribe Muñoz, está desarrollando sus alegaciones finales ante la Corte, y trasfinalizar la intervención de la parte civil, la Corte culminará la audiencia y se procederá alproferimiento de sentencia.También llamamos la atención en este proceso sobre las denuncias presentadas por diversostestigos, sobre las presiones de las que eran objeto para que no declararan en el caso. Llamala atención dos casos particulares. Uno, el de la señora Nohora de Jesús Ospino, testigo enrelación con el homicidio del doctor Fernando Pisciotti, quien se encuentra resguardada en otropaís, al que llegaron a buscarla e intimidarla días antes del momento en que debía viajar aColombia a rendir esta diligencia. Finalmente, la Corte Suprema, comprometida con el ejerciciode la verdad, dispuso que a través de medios tecnológicos se pudiera recaudar esadeclaración, como en efecto se hizo, donde ella corroboró los cargos existentes contra JorgeAurelio Noguera Cotes, y donde además denunció la situación de agresión contra su vida.El otro caso, muy particular y muy llamativo, es el de un funcionario del DAS que intervino en laoperación conocida como "Rodadero Ciclón". Este funcionario, Juan Carlos Sánchez Candia,había declarado en la etapa instructiva e inició su intervención en el juicio de una formaabsolutamente sui generis. Inició su intervención pidiéndole a los magistrados de la Corte quele pidieran autorización al Director del DAS para que él pudiese hablar. Como se observa, es laimposición del Ejecutivo sobre la rama judicial, lo que es una contradicción absoluta a lasbases propias del mínimo y elemental Estado de Derecho. Al indagar el magistrado presidente,el magistrado ponente del caso, las razones por las cuales el testigo hacía tal afirmación, eltestigo revela cómo se le había obligado a él y a otros funcionarios del DAS a firmar un acta enla que juraban no declarar nada de lo conocido durante su trabajo en el DAS ante ningúnparticular ni ninguna autoridad sin la autorización del Director del Departamento Administrativode Seguridad (DAS). Evidentemente, el magistrado tuvo que aclararle a él a la audiencia queésta no era razón que pudiera oponerse ante un juez de la República, y particularmente, anteun magistrado de la Corte Suprema de Justicia, por lo cual este testigo finalmente pudo
  • 4. declarar y entregó además material documental fundamental para observar cuál había sido elpapel directo de Jorge Noguera Cotes dentro de lo que quiso ser una operación que terminasecon la captura de Hernán Giraldo y que finalmente no se corroboró. Y al mismo tiempo, estadeclaración y esta prueba documental entregadas por este testigo permitieron hacer unacorrelación con una lista de personas encontradas a Rafael García el día de su captura.Este listado de personas dice Rafael García que le fue suministrado por Jorge Noguera Cotescoinciden con los contenidos y con las fotografías establecidas dentro de un informe que elloshabían desarrollado. Todos los puntos, todas las situaciones atinentes a los cargos quedaroncorroboradas. Quedó corroborado el testimonio de Rafael García, pero además se pudo probarcómo no era el único medio de prueba con el que se contaba en este caso. Existen múltiples,centenares de medios de prueba que han sido traducidos por la parte civil en un alegato de 300páginas y aproximadamente 800 pies de página. Estos pies de página corresponden a lasubicaciones de cada una de las afirmaciones y de los hallazgos probatorios en el caso. Comopocos, este caso tiene muchísimo material probatorio que, a nuestro juicio, debe implicar unacondena contra Jorge Noguera por todos los crímenes por los que ha sido acusado.¿Qué implicaría esa visión estructural que usted reclama sobre el caso, que no es-entendemos- solamente sobre Jorge Noguera y que se ha mal-llamado el caso de laschuzadas del DAS?Esa visión estructural apunta a dos elementos principales: Una visión de quiénes eran lasvíctimas dentro de lo que constituye un plan sistemático de persecución contra determinadossectores en el país y, en segundo lugar, el empoderamiento del paramilitarismo en lainstitucionalidad colombiana, la conformación de lo que hemos denominado un aparato criminalorganizado de poder. Este aparato organizado de poder funcionaba entre el DAS y elparamilitarismo. Nosotros lo evidenciamos en nuestros alegatos. Lamentablemente, ni laFiscalía ni el Ministerio Público en sus alegaciones finales aludieron a esto, a por qué estasvíctimas fueron precisamente seleccionadas y escogidas entre el paramilitarismo y el DAS.¿Cuáles eran los rumbos, los vasos comunicantes, los conectores entre el DepartamentoAdministrativo de Seguridad (DAS), las fichas claves del DAS y las fichas claves delparamilitarismo? Esto no es algo que sea sui generis, ni impuesto por la parte civil. La mismaOrganización de las Naciones Unidas ha encontrado que, dentro de lo que ellos catalogan demanera genérica como "crímenes de sistema" y, para este caso, címenes de lesa humanidad,deben ser determinados en relación con las estructuras que los cometen y las víctimas haciaquienes van dirigidos.En este orden, sigue resultando el caso contra el profesor Correa de Andréis como un ataquecontra el ejercicio de los derechos humanos realizados por un docente, por un sociólogo, porun investigador social. El ataque contra Fernando Pisciotti Van Strahlen es el ataque contra unpolítico del Partido Liberal colombiano. No era ni siquiera un político que pudiese ser definidocomo de izquierda. Era un político que no estaba de acuerdo con la imposición política,económica y social del paramilitarismo en el Banco Magdalena. Y en el caso de Zully Codina(asesinada también por el binomio DAS-Paramilitares) se ha recaudado pruebas ydocumentación alusiva a la relación entre el paramilitarismo y entidades del orden municipal ydepartamental en la costa. Eso es un asunto que no puede deslindarse, si se está hablando entérminos de verdad material y de lucha contra la impunidad, de garantía de no repetición.
  • 5. Porque entender la estructura es entender toda la multiplicidad de actores que aún hoy noestán siendo procesados por estos crímenes.Y hablando de impunidad, ¿cómo se puede entender el reciente asilo otorgado por el Gobiernode Panamá a funcionarios como Pilar Hurtado, que tuvo una participación directa en estoshechos de persecución y de hostigamiento desde el DAS?El caso de María Pilar Hurtado indudablemente resulta una bofetada a las víctimas, por víadoble. Porque ella no es simplemente una ciudadana. Ella era una funcionaria pública de unaltísimo cargo que, según lo que demuestran las evidencias, habría utilizado su poder para laverificación de diversos crímenes, que incluyen crímenes de persecución y tortura, queconstituyen, en el marco que se ha presentado, con el análisis contextual que se hapresentado, crímenes de lesa humanidad. Pero, por otro lado, evidencian una situación deomisión del Fiscal General de la Nación, Y aquí no podemos hablar de los fiscales delegadosante la Corte, ni de fiscales debajo rango. Aquí hablamos del Fiscal General de la Nación que,por obligación constitucional, debía proceder a hacer la imputación. Los medios de prueba queevidencian la necesidad de una imputación y de un procesamiento de la señora María del PilarHurtado reposan en la Fiscalía hace varios meses, han sido dados a conocer a la opiniónpública a través de diversos medios y, a pesar de ello, sólo hasta el momento en que ellaprocedió a salir del país y se oficializó este asilo, contrario a la tradición jurídica internacional,es que se procede por el Fiscal a presentar esta imputación que podría terminar siendo, comodecimos en Colombia, "un saludo a la bandera".Si ya revisamos el tema mismo del asilo, esta ciudadana no es ninguna perseguida política. Alcontrario: ella hacía parte de un aparato de persecución. No es más que un contrasentidoconcebir cómo una persona que, según lo que se ha evidenciado, podría hacer parte de unaparato de persecución es beneficiada con una figura sagrada en el Derecho Internacional queestá concebida para proteger precisamente a los perseguidos. No es sólo lo que dice el FiscalGeneral actual encargado; que ella ha cometido delitos comunes y que, por eso, no deberíasostenerse el asilo que se ha dado en su favor. Es que, además de delitos comunes, ella tieneseñalamientos que precisan imputaciones además por crímenes de lesa humanidad. Tambiénhace parte del Derecho Internacional la consideración de que se permanece en la impunidadcuando no se imputan los delitos de lesa humanidad efectivamente cometidos. Por ejemplo, siun caso de torturas se maquilla como lesiones personales, o un homicidio agravado, unhomicidio en persona protegida se maquilla como homicidio simple. En este orden, es precisoque la nueva Fiscal, la doctora Morales, asuma en el menor tiempo posible su cargo y que unade sus banderas -y es lo que se espera en un Estado de Derecho y en una lógica de respetopor la Constitución- sea desarrollar esta imputación contra esta ciudadana en las condicionespropias de un debido proceso, si, pero con la claridad que determinan la Constitución y la Ley.Cuando hablamos del DAS, hablamos de una estructura que dependía directamente delPresidente de la República, que reportaba directamente al Presidente. Estamos escuchando enestos días declaraciones del ex Presidente Uribe afirmando que él apoya el asilo de la señoraHurtado porque en Colombia no hay garantías judiciales para los funcionarios. ¿Cuál es laopinión de usted al respecto?No sólo es absolutamente irrespetuoso que un propio ex mandatorio catalogue lo que, enúltimas, es el reflejo de su labor, como un escenario proclive a la falta de garantías judiciales.Eso es una cosa bastante contradictoria. Por otro lado, esto lo que evidencia es el desarrollo de
  • 6. una estrategia del señor Álvaro Uribe Vélez para protegerse a sí mismo, y para tratar desostener una no comparecencia ante la justicia para él mismo a través de María del PilarHurtado. En este momento, según lo que se ha difundido por los medios de comunicación,Álvaro Uribe Vélez podría ser el presidente de la República que más acciones penales tiene ensu contra. No obstante, la Comisión de Acusaciones de la Cámara no ha proferido,históricamente, una sola acusación que permita el procesamiento de un ex presidente.Nosotros consideramos, y así fue consignado en la última denuncia presentada por laresponsabilidad de Álvaro Uribe Vélez en crímenes de lesa humanidad, de persecución ytortura psicológica, que la determinación de la responsabilidad penal de un mandatario o de unex mandatario tiene que hacerse bajo los lineamientos que establece el bloque deConstitucionalidad. Y el bloque de Constitucionalidad es absolutamente claro en ladeterminación de las responsabilidades. Dice: un crimen de lesa humanidad sólo puede serprocesado por TRIBUNALES INDEPENDIENTES E IMPARCIALES. La Cámara deRepresentantes no es un tribunal; tampoco es independiente, según se percibe simplementeleyendo quiénes están ocupando este papel de "procesadores" de Álvaro Uribe Vélez, ytampoco puede llegar a ser imparcial. En esta medida, siguiendo los cánones de DerechoInternacional y de bloque de Constitucionalidad, es decir, que hacen parte de la ConstituciónPolítica de Colombia, Álvaro Uribe Vélez debería ser procesado por la Corte Suprema deJusticia, que sí es un tribunal; que sí es independiente; y que sí es imparcial.Quería preguntarle también por el caso de nuestro colega William Parra, un periodista que tuvoque salir de Colombia precisamente temiendo por su vida, después de sufrir un atentado muygrave por su compromiso con la verdad del pais, y en este momento está enfrentando cargosmuy graves. ¿En qué punto se encuentra su caso?Le agradezco la pregunta, porque permite aclarar además en el contexto de las preguntasanteriores un equívoco que se ha querido mantener, y es tratar de parangonar la situación deMaría del Pilar Hurtado con la situación de William Parra. Incluso esto lo ha dicho el mismoÁlvaro Uribe Vélez en varios escenarios en Colombia y a través de los medios decomunicación. William Parra es un periodista independiente, es un hombre que hace elejercicio crítico de su derecho que, a nuestro juicio es el único sentido ético de una laborperiodística. William Parra salió de Colombia hace ya varios años, porque iba a ser asesinado.Él salió después de haber sufrido un atentado del cual se sobrepuso milagrosamente, y que enlas condiciones en que se presentó, él no duda en atribuir a presiones recibidas en díasanteriores al atentado para suministrar la ubicación de sus fuentes periodísticas.Para mí es muy impresionante como abogada de William Parra observar cómo la humanidadde William no sólo lleva las cicatrices del intento de asesinato del que fue víctima, sino que, eneste momento, su humanidad también es perseguida. Después de que él debe salir del país esque la Policía Nacional envía una comunicación sugiriéndole que debía buscar protección parasu vida y que la policía se la llegaría a ofrecer. Ahora está a instancias de lo que no dudamosen catalogar de un montaje judicial, siendo, al parecer, procesado, también por el ejercicio desu labor periodística.¿Y por qué digo al parecer? Contra William Parra se abrió un sumario hace aproximadamentedos años. Desde el momento en que este sumario se abrió y ya puedo hablar de esto en lamedida en que ha sido objeto de otro tipo de acciones constitucionales y no estaría violandoningún tipo de reserva, William manifestó a través mío su interés en ser escuchado en
  • 7. diligencia indagatoria. Interés que, según la Fiscalía, ellos también compartían. La indagatoriabajo el régimen de la Ley 600 de 2000 se concibe como un mecanismo de vinculación de lapersona al proceso, pero también se concibe como un mecanismo, ante todo, de defensajudicial. Y debe ser aplicado en relación con todos los medios de prueba que se hayan obtenidohasta ese momento. Y esa obligación de mostrar los medios de prueba, de conocer lo que seenrostra en contra de cada ciudadano se mantiene durante todo el procedimiento de Ley 600.Inmediatamente se tuvo conocimiento del caso, se solicitó copia espejo de todos los medios deprueba obrantes frente a William Parra, y durante dos años largos se nos negaron de una yotra forma. Y eso no fue lo único que hicieron: hubo varios interregnos, períodos de tiempo enque se nos escondieron los cuadernos del proceso y se obligó a William Parra a presentar unaacción de tutela para que fuesen respetados sus derechos al debido proceso y a la defensa.Esta tutela fue ganada, fue decretada por el Tribunal Superior de Bogotá y parcialmentecumplida por la unidad de Terrorismo de la Fiscalía General.Inmediatamente sale el fallo de tutela, observamos que, a pesar de que en el trámite de latutela, el fiscal había decretado unos medios de prueba, no se había pronunciado sobre latotalidad de los medios de prueba solicitados por la defensa. En esa medida, envié unacomunicación al fiscal, solicitándole que se pronunciara sobre un medio de prueba que nohabía dicho si se negaba o si se admitía. La respuesta a partir de allí fue una serie deresoluciones del fiscal donde me maltrató, como profesional y como mujer. Llegó a tal profusiónde resoluciones, que empezó a levantar calumnias en mi contra. Esta era una estrategia de lafiscalía para, mientras me maltrataba a mí, seguir vulnerando los derechos de William Parra.Con posterioridad a ello, se venció el término que legalmente la fiscalía tenía para instruir elcaso. Se vencieron los 18 meses. Dice la ley que una vez pasado este término, el fiscal tiene laobligación de tomar una decisión sobre el estado del sumario y llamar a juicio o archivar lainvestigación. Aquí lo que hizo el fiscal, al parecer, fue variar los procedimientos. Y nos hemosenterado a través de los medios de prensa de que ha solicitado una orden de captura contraWilliam Parra, audiencia de orden de captura a la que no hemos podido tener acceso porqueexiste una supuesta reserva sobre estas diligencias por especificaciones de la Ley. Sonaudiencias reservadas a las que sólo podría tener acceso el fiscal. Y que la posibilidad paraindagar qué fue lo que dijo este fiscal.Es absolutamente contradictorio que, sin haber declarado la nulidad en el proceso anterior, deun momento a otro, resultemos en este proceso. No tenemos ni idea de qué fue lo que dijo estefiscal para hacer entrar muy posiblemente a error a un juez de la República que ha ordenadoen este momento la captura de William Parra. William, con mucha anterioridad, había recibidoel refugio de Venezuela, dado en conformidad con la ley y con el Derecho Internacional, quepone en evidencia que la situación de William es la de un perseguido político y,particularmente, la persecución contra un periodista por no querer ceder a su obligación-derecho de reserva de la fuente.En este momento, estamos en esta situación. No sabemos qué tipo de argumentaciones fuelas que presentó el señor fiscal, pero estamos insistiendo en el acceso a estas audiencias paraentender y para aclarar qué fue lo que sucedió y cómo, una orden de captura que no cumplíalos requisitos, a nuestro juicio no tenía cabida y cómo, de un momento a otro, se ha variado:antes el proceso se adelantaba por rebelión y ahora se han introducido otros delitos que es,lamentablemente, una estrategia consolidada dentro de la unidad de Terrorismo de la Fiscalía
  • 8. en casos contra periodistas independientes, contra campesinos, contra dirigentes sociales, ocontra académicos, como el profesor Miguel Ángel Beltrán, que aún hoy, culminando el juicio,no ha tenido acceso a ningún medio de prueba de los que dicen que fueron hallados en lossupuestos computadores mágicos de Raúl Reyes.VÍNCULOS RECOMENDADOS POR REBELIÓN:Sandra Gamboa: “Mancuso ha corroborado que el paramilitarismo es un fenómeno estatal”(Rebelión, 25.04.2010)Sandra Gamboa: "Bajo Uribe casi se han triplicado los asesinatos de civiles por fuerzasestatales" (Rebelión, 11.03.2010)Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia deCreative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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