El documento analiza la crisis eléctrica en Venezuela y argumenta que no ha sido superada a pesar de declaraciones oficiales. Señala que persiste una seria insuficiencia térmica de más de 130 GWh y que el tratamiento aplicado no ha logrado la confiabilidad operativa requerida. Concluye que las prioridades políticas estuvieron por encima de los intereses de la nación y que Venezuela merece una mejor gestión de su sistema eléctrico.