Analisis sobre la primera sentencia sobre la despenalizacion de la droga

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Analisis sobre la primera sentencia sobre la despenalizacion de la droga

  1. 1. PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS TESIS DE 1999 INDICE POR AUTORES• ALVAREZ MOLINA FERNANDO• APARICIO YAÑEZ CLAUDIA LILIANA• ARANGO ARANGO MARÍA SOFIA• ARAÚJO ANGULO FELIPE SANTIAGO• ARIZA FORTICH ALMA ROCÍO• BERNAL RODRÍGUEZ PAOLA• BERNAL SALAZAR DANIEL ANDRÉS• BORDA RIDAO ROBERTO• BOTERO CABRERA ADRIANA• CALDERÓN CUELLO CLAUDIA• CASTILLO GARCIA JUAN DAVID• CASTRO MUÑOZ MARÍA ALEJANDRA• CATAÑO CATAÑO JAIME• CHARRIA SERRANO JUAN MANUEL• CUBIDES PINTO BENJAMIN• CUELLO HERMIDA ADRIANA ESPERANZA• DÁVILA VINUEZA GERMÁN• DELGADO PERDOMO PAOLA• DÍAZ ROMERO GINNA MARÍA• DUARTE CASTRO MARIO BERNARDO• DUQUE MARTÍNEZ MAGDA XIMENA• ELJACH MANRIQUE ALFONSO• FLÓREZ VÁSQUEZ CATALINA• FORERO BECERRA MARÍA DEL ROSARIO• GIRALDO SUAREZ JULIÁN JAVIER• GÓMEZ TAMARA ADRIANA LUCÍA• GONZÁLEZ AYERBE LUISA FERNANDA• GUTIÉRREZ JULIANA• HUERTAS BONILLA ADRIANA DEL ROCÍO• JAIMES TABOADA GERMAN• JOYA LIZARAZO JUAN MAURICIO• LAMK GUTIERREZ NAYIBE MARÍA• LIZCANO BUSTILLO BEATRIZ ELVIRA• LLORENTE CARREÑO MARGARITA• LÓPEZ LEÓN JUAN MANUEL• MANTILLA GÓMEZ CARLOS GERARDO• MEDINA MATALLANA MARLENE• MEJÍA GONZÁLEZ ANA MARÍA• MIRANDA CORRALES JUAN ARMANDO• MORALES LOURIDO DIANA PATRICIA• MUÑOZ CALDERÓN BEATRIZ• MURCIA CELEDÓN ERIKA• MURCIA VARGAS ANDRES CAMILO• NADER DANIES ANA MARIA• NAVAS QUINTERO MARÍA CAROLINA• NOVOA SERRANO PEDRO ELIAS• OLARTE RUSSY ALEXANDRA• OSORIO TORRES AURA XIMENA
  2. 2. • POVEDA CASTILLO PAOLA• RAMÍREZ ACUÑA LUZ NANCY• RAMOS AITKEN MARÍA DEL ROSARIO• RINCON CUELLAR LUIS FERNANDO• RIZO PALLAIS ERNESTO• RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ HERNÁN• RODRÍGUEZ LÓPEZ MARIA DEL PILAR• SÁNCHEZ CONTRERAS MARÍA FERNANDA• SANDOVAL ÁVILA ANGÉLICA ALEXANDRA• SARMIENTO CRIALES FERNANDO• SARQUIS MATTA ERIKA PATRICIA• SUAREZ DUQUE GLORIA LUCÍA• SUAREZ PARADA ALEJANDRO• SUELT COCK VANESSA ANDREA• TELLEZ NUÑEZ ALVARO ANDRÉS• TORRES IBARRA JUAN CARLOS• TOVAR LUNA ANA LUCÍA• TURBAY QUINTERO JULIO CESAR• URBINA GALIANO LIZA ANTONIETA• VERGARA DE MACÍA MARÍA CRISTINA
  3. 3. PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS TESIS DE 1999 INDICE POR TÍTULOS1. ADOPCIÓN COMO INSTITUCIÓN JURÍDICA Y MEDIDA DE PROTECCIÓN POR EXCELENCIA, LA2. ANALISIS JURISPRUDENCIAL DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO3. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE AUTONOMÍA UNIVERSITARIA4. BANCA ACTUAL A PARTIR DE LA CRISIS FINANCIERA DE 1982, LA5. CONNOTACIONES DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO6. CONSULTA PREVIA A LOS PUEBLOS INDIGENAS, LA7. CONTRATOS DE FUTUROS Y OPCIONES8. CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACION Y EL GRAVAMEN A LA PLUSVALÍA, LA9. CORRECCIÓN MONETARIA EN LA ACCIÓN SUBROGATORIA DERIVADA DEL CONTRATO DE SEGURO, LA10. CUPOS INDIVIDUALES DE ENDEUDAMIENTO, CONCENTRACIÓN DE RIESGO Y GARANTÍAS ADMISIBLES EN EL SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO11. DE LOS FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS EN GENERAL Y DEL RECURSO DE QUEJA12. DEL DELINCUENTE POLÍTICO AL TERRORISTA13. DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN EL CASO COLOMBIANO14. DERECHOS DE EXCLUSIVIDAD CONCEDIDOS POR LAS NUEVAS CREACIONES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL DERECHO DE LA COMPETENCIA15. DESARROLLO LEGISLATIVO DE LAS DIVERSIDADES ÉTNICAS EN EL DERECHO COLOMBIANO16. EFECTOS SOCIOECONOMICOS DE LA REFORMA PENSIONAL EN COLOMBIA: MANTENER EL SISTEMA DUAL O VOLVER AL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA PENSIONAL ÚNICO, LOS17. EXPROPIACIÓN EN EL DERECHO COLOMBIANO, LA18. EXTRADICIÓN EN COLOMBIA. UN PROBLEMA PROCESAL, LA19. FUNCIONES DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS SUPERINTENDENCIAS, SU ESTRUCTURA Y FUNCIONES, LAS20. INTRODUCCION AL DERECHO ECONÓMICO21. JURADO HACIA LA RECONCILIACIÓN, EL22. JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE LA DESPENALIZACIÓN DEL CONSUMO MÍNIMO DE DROGAS Y SU RELACIÓN CON EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, LA23. KNOW HOW, EL24. MODULACIÓN DE EFECTOS EN EL TIEMPO DE LAS SENTENCIAS DE CONSTITUCIONALIDAD POR PARTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL25. PACTO DE CABALLEROS EN BOLSAS DE VALORES26. PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE IGUALDAD EN EL DERECHO LABORAL, EL27. PRIVATIZACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS: CASO BANCO DE COLOMBIA28. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS JUDICIALES29. PROPUESTA JURÍDICA PARA LA INDUSTRIALI ZACIÓN DE LA MINERÍA30. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA TELEVISION EN COLOMBIA, EL31. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR EN COLOMBIA32. RESCATE DE LA VERDAD: REFLEXIONES SOBRE EL DERECHO A LA RECTIFICACION, EL
  4. 4. 33. RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS ADMINISTRADORES EN CASOS DE CONFLICTOS DE INTERESES34. RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA, LA35. SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA36. SECTOR DE LA TELEFONÍA MÓVIL CELULAR Y EL RÉGIMEN DE LIBRE COMPETENCIA EN COLOMBIA, EL37. SEGURO OBLIGATORIO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL EN EL CONTEXTO DE LA LEY 100 DE 199738. SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS –PRINCIPIOS, AGENTES Y MERCADO-, LOS39. SOBERANÍA Y NUEVO DERECHO INTERNACIONAL DEL ESPACIO ULTRATERRESTRE40. SOCIEDADES GESTORAS EN COLOMBIA-ENFOQUE PRÁCTICO-41. UNA VISIÓN VICTIMOLÓGICA DEL SECUESTRO42. VISIÓN JURÍDICA DE LOS GRUPOS EMPRESARIALES
  5. 5. PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS TESIS DE 1999 INDICE POR MATERIASDERECHO CIVIL Y COMERCIAL1. ADOPCIÓN COMO INSTITUCIÓN JURÍDICA Y MEDIDA DE PROTECCIÓN POR EXCELENCIA, LA MIRANDA CORRALES JUAN ARMANDO2. ANALISIS JURISPRUDENCIAL DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO CUELLO HERMIDA ADRIANA ESPERANZA3. CONTRIBUCIÓN DE VALORIZACION Y EL GRAVAMEN A LA PLUSVALÍA, LA CUBIDES PINTO BENJAMIN ARAÚJO ANGULO FELIPE SANTIAGO4. DERECHOS DE EXCLUSIVIDAD CONCEDIDOS POR LAS NUEVAS CREACIONES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL DERECHO DE LA COMPETENCIA RINCON CUELLAR LUIS FERNANDO5. FUNCIONES DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS SUPERINTENDENCIAS, SU ESTRUCTURA Y FUNCIONES, LAS OLARTE RUSSY ALEXANDRA URBINA GALIANO LIZA ANTONIETA6. KNOW HOW, EL CASTRO MUÑOZ MARÍA ALEJANDRA TORRES IBARRA JUAN CARLOS7. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA TELEVISION EN COLOMBIA, EL BERNAL RODRÍGUEZ PAOLA DÁVILA VINUEZA GERMÁN8. RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS ADMINISTRADORES EN CASOS DE CONFLICTOS DE INTERESES APARICIO YAÑEZ CLAUDIA LILIANA BOTERO CABRERA ADRIANA9. RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA, LA ALVAREZ MOLINA FERNANDO10. SECTOR DE LA TELEFONÍA MÓVIL CELULAR Y EL RÉGIMEN DE LIBRE COMPETENCIA EN COLOMBIA, EL DELGADO PERDOMO PAOLA MURCIA CELEDÓN ERIKA MARIA11. SOCIEDADES GESTORAS EN COLOMBIA- ENFOQUE PRÁCTICO- ARIZA FORTICH ALMA ROCÍO DUQUE MARTÍNEZ MAGDA XIMENA
  6. 6. PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS TESIS DE 1999 INDICE POR MATERIASDERECHO ECONOMICO1. BANCA ACTUAL A PARTIR DE LA CRISIS FINANCIERA DE 1982, LA LAMK GUTIERREZ NAYIBE MARÍA2. CONTRATOS DE FUTUROS Y OPCIONES RIZO PALLAIS ERNESTO SUAREZ PARADA ALEJANDRO3. CORRECCIÓN MONETARIA EN LA ACCIÓN SUBROGATORIA DERIVADA DEL CONTRATO DE SEGURO, LA SARMIENTO CRIALES FERNANDO TOVAR LUNA ANA LUCÍA4. CUPOS INDIVIDUALES DE ENDEUDAMIENTO, CONCENTRACIÓN DE RIESGO Y GARANTÍAS ADMISIBLES EN EL SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO BERNAL SALAZAR DANIEL ANDRÉS5. EFECTOS SOCIOECONOMICOS DE LA REFORMA PENSIONAL EN COLOMBIA: MANTENER EL SISTEMA DUAL O VOLVER AL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA PENSIONAL ÚNICO, LOS LIZCANO BUSTILLO BEATRIZ ELVIRA HUERTAS BONILLA ADRIANA DEL ROCÍO6. INTRODUCCION AL DERECHO ECONÓMICO BORDA RIDAO ROBERTO7. PACTO DE CABALLEROS EN BOLSAS DE VALORES LÓPEZ LEÓN JUAN MANUEL8. PRIVATIZACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS: CASO BANCO DE COLOMBIA MUÑOZ CALDERÓN BEATRIZ SARQUIS MATTA ERIKA PATRICIA9. PROPUESTA JURÍDICA PARA LA INDUSTRIALI ZACIÓN DE LA MINERÍA POVEDA CASTILLO PAOLA10. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS OFICINAS DE REPRESENTACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR EN COLOMBIA RAMÍREZ ACUÑA LUZ NANCY SÁNCHEZ CONTRERAS MARÍA FERNANDA11. SEGURO OBLIGATORIO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL EN EL CONTEXTO DE LA LEY 100 DE 1997 FLÓREZ VÁSQUEZ CATALINA RAMOS AITKEN MARÍA DEL ROSARIO12. SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS –PRINCIPIOS, AGENTES Y MERCADO-, LOS LLORENTE CARREÑO MARGARITA SUAREZ DUQUE GLORIA LUCÍA13. VISIÓN JURÍDICA DE LOS GRUPOS EMPRESARIALES NADER DANIES ANA MARIA
  7. 7. PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS TESIS DE 1999 INDICE POR MATERIASDERECHO LABORAL1. PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE IGUALDAD EN EL DERECHO LABORAL, EL CHARRIA SERRANO JUAN MANUEL MURCIA VARGAS ANDRES CAMILO
  8. 8. PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS TESIS DE 1999 INDICE POR MATERIASDERECHO PENAL1. DEL DELINCUENTE POLÍTICO AL TERRORISTA SANDOVAL ÁVILA ANGÉLICA ALEXANDRA SUELT COCK VANESSA ANDREA2. UNA VISIÓN VICTIMOLÓGICA DEL SECUESTRO MANTILLA GÓMEZ CARLOS GERARDO NOVOA SERRANO PEDRO ELIAS
  9. 9. PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS TESIS DE 1999 INDICE POR MATERIASDERECHO PROCESAL1. DE LOS FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS EN GENERAL Y DEL RECURSO DE QUEJA JAIMES TABOADA GERMAN2. JURADO HACIA LA RECONCILIACIÓN, EL FORERO BECERRA MARÍA DEL ROSARIO ARANGO ARANGO MARÍA SOFIA
  10. 10. PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS TESIS DE 1999 INDICE POR MATERIASDERECHO PUBLICO1. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE AUTONOMÍA UNIVERSITARIA CATAÑO CATAÑO JAIME2. CONNOTACIONES DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO DUARTE CASTRO MARIO BERNARDO OSORIO TORRES AURA XIMENA3. CONSULTA PREVIA A LOS PUEBLOS INDIGENAS, LA MEJÍA GONZÁLEZ ANA MARÍA CALDERÓN CUELLO CLAUDIA4. DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO EN EL CASO COLOMBIANO NAVAS QUINTERO MARÍA CAROLINA GONZÁLEZ AYERBE LUISA FERNANDA RODRÍGUEZ LÓPEZ MARIA DEL PILAR5. DESARROLLO LEGISLATIVO DE LAS DIVERSIDADES ÉTNICAS EN EL DERECHO COLOMBIANO DÍAZ ROMERO GINNA MARÍA MORALES LOURIDO DIANA PATRICIA6. EXPROPIACIÓN EN EL DERECHO COLOMBIANO, LA TURBAY QUINTERO JULIO CESAR7. EXTRADICIÓN EN COLOMBIA. UN PROBLEMA PROCESAL, LA GÓMEZ TAMARA ADRIANA LUCÍA8. JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE LA DESPENALIZACIÓN DEL CONSUMO MÍNIMO DE DROGAS Y SU RELACIÓN CON EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, LA RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ HERNÁN GUTIÉRREZ RUIZ JULIANA9. MODULACIÓN DE EFECTOS EN EL TIEMPO DE LAS SENTENCIAS DE CONSTITUCIONALIDAD POR PARTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL ELJACH MANRIQUE ALFONSO CASTILLO GARCIA JUAN DAVID10. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS JUDICIALES JOYA LIZARAZO JUAN MAURICIO11. SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA MEDINA MATALLANA MARLENE VERGARA DE MACÍA MARÍA CRISTINA12. SOBERANÍA Y NUEVO DERECHO INTERNACIONAL DEL ESPACIO ULTRATERRESTRE TELLEZ NUÑEZ ALVARO ANDRÉS
  11. 11. PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS TESIS DE 1999 INDICE POR MATERIASFILOSOFIA E HISTORIA DEL DERECHO1. RESCATE DE LA VERDAD: REFLEXIONES SOBRE EL DERECHO A LA RECTIFICACION, EL GIRALDO SUAREZ JULIÁN JAVIER
  12. 12. LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE LA DESPENALIZACION DEL CONSUMO MINIMO DE DROGAS Y SU RELACION CON EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Tesis para optar al título de Abogado. Director NESTOR RAUL CORREA HENAO Abogado PONTIFICIA UNIVERSIDA JAVERIANA FACULTAD DE DERECHO AREA DE DERECHO CONSTITUCIONAL SANTAFE DE BOGOTA, D.C. 1999
  13. 13. INTRODUCCIONEl objetivo de esta tesis es analizar la sentencia C-221 de 1994 de la CorteConstitucional, que establece una relación entre el consumo de drogas y elderecho al libre desarrollo de la personalidad, con el fin de presentarlo al lectorcomo un fallo filosóficamente liberal, lógicamente contradictorio y políticamentecuestionable.El derecho al libre desarrollo de la personalidad es un derecho Posmoderno.Sobre esto Alberto Parra afirma:«En la órbita geopolítica en la que mal que bien, rota América Latina, eleconomicismo capitalista ha pretendido ser el relato totalizador y exclusivista,en tanto que el signo y el arte, el ser y el pensamiento, lo lúdico y lo estético,las ciencias del contemporáneo, la nueva cultura y la generación x parecieranfactores de la existencia apenas decorativos y secundarios. De allí laimportancia de un pensamiento crítico, alternativo y avizor del futuro como es elpropio de la condición posmoderna.»1El derecho consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política es la pruebade que nos estamos enfrentando a un derecho nuevo, pues no exístia en laConstitución de 1886.Para lograr el objetivo de esta tesis y poder hacer el seguimiento a la formacomo un país, con una cultura típicamente latinoamericana, se va a enfrentar aun derecho nuevo, se analizarán las sentencias más importantes con relación
  14. 14. al libre desarrollo de la personalidad, para así descubrir la continuidad de lainterpretación que le ha dado la Corte a la consagración de este derecho.De otra parte se estudiarán las normas posteriores a la sentencia de ladespenalización para establecer el desarrollo legal que se le ha dado a estetema.Aunque entendemos que es muy difícil aplicar un derecho nuevo a culturastradicionales, queremos demostrar que el país ha ído evolucionando de lamano con el derecho.Para desarrollar los objetivos planteados se empleará el siguiente plan: estudiode la norma, la sentencia C-221 de 1994, el derecho al libre desarrollo de lapersonalidad, normas y jurisprudencias posteriores.
  15. 15. 1. LEGISLACION RELACIONADA CON EL CONSUMO DE DROGASEl tema del consumo de drogas a cobrado especial relevancia en los últimosaños en nuestro país y en el mundo entero, por su importancia social yeconómica. Frente a este hecho el legislador no podía ser ageno y por esoexpidío una serie de normas que buscaron ponerle límite a este problema quetanto daño ha causado al país.La Ley 30 de 1986 (Estatuto Nacinal de Estupefacientes), fue muy importanteen su momento, debido a la situación de violencia que se vivía en el paísocasionada por el narcotráfico; ya que era y será siempre una amenaza contralas instituciones, la economía, la actividad política y en general contra toda lasociedad. Sin embargo el Estatuto no puede ser el único medio para lucharcontra el narcotráfico, porque se requiere además la unificación y armonizaciónde las normas internas, y de éstas con las normas internacionales, para unaaplicación más efectiva y eficaz.En el momento de hacer el Estatuto, el gobierno y la sociedad civil no teníanuna conciencia clara sobre las consecuencias que podía producir elnarcotráfico y por esto no fue tan rígido como ha debido ser; es más, algunaparte minoritaria de la sociedad aprobaba la conducta de los narcotraficantes atal punto que uno de ellos llegó a la Cámara de Representantes, por votopopular.
  16. 16. Con el Estatuto se penalizó tanto el consumo de droga, como la producción,distribución y comercialización; pero estas últimas conductas no eransancionadas con todo el peso de la ley, como ha debido hacerse desde unprincipio y así este problema no tendría las magnitudes que tiene hoy en día.Pero ésta no era la actitud exclusiva del gobierno nacional sino también delresto del mundo, no sólo porque no se ha afrontado el problema con la energíasuficiente, sino además porque se han dejado muy solos a los países quecomo Colombia ha buscado desde hace unos años erradicar el narcotráfico.Pero de todas maneras es un buen intento por hacer algo ante ese graveproblema.Ley 30 de 1986 fue reglamentada por el Decreto 3788 de diciembre de 1986en el cual se aclaran algunos términos y se hace un análisis más detallado deaspectos que están relacionados con este tema para una mejor comprensión.Esta falta de severidad del Estatuto ha sido ya subsanada con la expedición dela Ley 333 de 1996 por la cual se establecen las normas de extinción deldominio sobre los bienes adquiridos en forma ilícita y con la Ley 365 de 1997,que incrementa las penas para los delitos relacionados con el narcotráfico.La primera, es el desarrollo del artículo 5 de la Convención de Viena de 1988que regula la figura de la extinción del derecho de dominio.Esta Ley es un instrumento para que los particulares sean diligentes en sustransacciones comerciales, conozcan el origen de los bienes objeto de éstas yasuman las consecuencias de un proceso de extinción de dominio que puedeprivarlos del goce de su propiedad, si estos tienen algún vínculo conorganizaciones criminales dedicadas a actividades como narcotráfico,secuestro, extorsión, corrupción administrativa, entre otras.
  17. 17. Además dicha Ley 333 de 1996 busca atacar el poderío económico de laempresa delincuencial, de la siguiente manera:a. Dando a las autoridades la posibilidad legal de perseguir el lucro mal habido, pudiendo perseguir los bienes lícitamente adquiridos cuando no sea posible localizar los obtenidos por medios ilícitos (bienes equivalentes).b. Extinguiendo el dominio de los bienes sucedidos por causa de muerte, para que no puedan legitimarse cuando se transmitan al patrimonio de los herederos.c. Disponiendo de una acción real aplicable a las personas que adquieran unbien de origen ilícito para que su responsabilidad trascienda la personal y deesta forma no se podrán legalizar fortunas hechas sin arreglo a las leyesciviles, ni se consolidarán situaciones jurídicas ilícitas existentes conanterioridad a esta Ley.La 365 de 1997, modifico el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal,el Estatuto Nacional de Estuperfacientes, la Ley 104 de 1.993 sobre beneficiosy el estatuto orgánico del sistema financiero.En relación con el Código Penal, dicha Ley estableció nuevos límites para laduración de la pena en general, agrava la sanción cuando el delito seacometido total o parcialmente desde un lugar de reclusión y también en elevento de receptación o concierto para delinquir y creó un capítulo con ungrupo de delitos contra el orden económico llamado “Del lavado de activos”.El Código de Procedimiento Penal se modificó en la parte que hace relación ala sentencia anticipada, a la audiencia especial, la competencia de los juecesregionales y la extinción del derecho de dominio.
  18. 18. En cuanto al Estatuto orgánico del sistema financiero, la Ley 365 estableciócambios para las entidades cooperativas de grado superior que se encuentranbajo la vigilancia de la Superintendencia Bancaria.Sobre los efectos que produce la Ley, dispuso que a partir de su entrada envigencia, sólo podrán concederse los beneficios por colaboración con la justiciaprevistos en la ley 81 de 1993, en los términos que es modificada por esta Ley.En síntesis, la Ley 30 de 1986 llenó un vacío normativo en su momento,procuró luchar contra el narcotráfico, pero fue sin embargo poco severa en susmecanismos sancionatorios y, por último, fue complementada por leyesrecientes que buscaron armonizar y endurecer la respuesta estatal al flagelodel narcotráfico.La Ley 30 sentó, en últimas, las bases normativas para responder alnarcotráfico, al tiempo que ponía de manifiesto una postura éticagubernamental y social.Desde este punto de vista, la Ley se puede criticar en el plano del tecnicismojurídico, pero no puede dejarse de reconocer su aporte ético, sobre todo enmomentos tan difíciles para el país.
  19. 19. 2. ANALISIS DE LA SENTENCIA No. C-221 DE 19942.1. DE LA DEMANDALa sentencia por medio de la cual se despenaliza el consumo mínimo de ladroga en Colombia, se da como consecuencia de una demanda del ciudadanoAlexander Sochamandu que, en ejercicio de la acción de inconstitucionalidad,pide que se declaren inexequibles el artículo 2 literal j y el artículo 51 de la Ley30 de 1986, cuyo texto es el siguiente:«Artículo 2: Para efectos de la presente ley se adoptarán las siguientesdefiniciones:(...)j.) Dosis para uso personal. Es la cantidad de estuperfaciente que una personaporta o conserva para su propio consumo.Es dosis para uso personal la cantidad de marihuana que no exceda de veinte(20) gramos, la de marihuana hachís que no exceda de cinco (5) gramos; decocaína o cualquier sustancia a base de cocaína la que no exceda de un (1)gramo y de metaculona la que no exceda de dos (2) gramos.No es dosis para uso personal, el estuperfaciente que la persona lleve consigo,cuando tenga como fin si distribución o venta, cualquiera que sea su cantidad.(...)Artículo51: El que lleve consigo, conserve para su propio uso o consuma,cocaína, marihuana o cualquier otra droga que produzca dependencia, encantidad considerada como dosis personal, conforme a lo dispuesto en estaley, incurrirá en las siguientes sanciones:
  20. 20. a) Por primera vez, en arresto hasta por treinta (30) días y multa en cuantía demedio (1/2) salario mínimo mensual;b) Por la segunda vez, en arresto de un (1) mes a un (1) año y multa encuantía de medio (1/2) a un salario mínimo mensual, siempre que el nuevohecho se realice dentro de los doce (12) meses siguientes de la comisión delprimero, yc) El usuario o consumidor que, de acuerdo con dictamen médico legal, seencuentre en estado de drogadicción así haya sido sorprendido por primeravez, será internado en estableecimiento psiquiátrico o similar de carácter oficialo privado, por el término necesario para su recuperación. En este caso no seaplicará multa ni arresto.La autoridad correspondiente podrá confiar al drogadicto al cuidado de lafamilia o remitirlo, bajo la responsabiñidad de ésta, a una clínica, hospital ocasa de salud, para el tratamiento que corresponda, el cual se prolongará porel tiempo necesario para la recuperación de aquél, que deberá ser certificadapor el médico tratante y por la respectiva seccional de medicina legal. Lafamilia del drogadicto deberá responder del cumplimiento de sus obligaciones,mediante caución que fijará el funcionario competente, teniendo en cuenta lacapacidad ecónomica de aquélla.El médico tratante informará periódicamente a la autoridad que haya conocidodel caso sobre el estado de salud y rehabilitación del drogadicto. Si la familiafaltare a las obligaciones que le corresponden, se le hará efectiva la caución yel internamiento del drogadicto tendrá que cumplirse forzosamente.»2Los anteriores artículos violaron los siguientes artículos de la ConstituciónPolítica de 1991, según el demandante:ARTICULOS 5, 28, 29, 34, 49: son violados porque al considerarse a losdrogadictos como enfermos psicofisiológicos, el Estado no puede sancionarcon pena o medida de seguridad el derecho inalienable de las personas aestar psicofisiológicamente enfermas.ARTICULOS 28 Y 95 numeral 1: son desconocidos porque no se puede penara quienes consumen estuperfacientes, pues con el consumo sólo se perjudicanellos mismos.
  21. 21. ARTICULO 34: lo considera amenazado porque existen enfermos incurables,en cuyo caso la duración de los tratamientos sería indefinida, lo mismo que suinternación en un establecimiento psiquiátrico, es decir que se convertiría enuna pena imprescriptible.ARTICULO 336: considera que fue vulnerado, porque si el Estado no está encondiciones de garantizar la salud a un enfermo psicofisiológico dedrogadicción o toxicomanía, tampoco puede impedir o limitar el uso de esasdrogas.Además de todo lo anterior, dice el demandante que se discriminan a losadictos frente a los enfermos incurables, afirmando que si el Estado permitemitigar el dolor con drogas que producen adicción, al drogadicto incurable nose le puede negar el derecho a consumir la droga para mitigar su sufrimiento.Agrega el actor que se le da un trato discriminatorio a los drogadictos frente alos alcohólicos y a los nicotinómanos, ya que a éstos últimos se les da untratamiento legal de adictos socialmente afectados y a los primeros se les tratacomo contraventores o delincuentes.Afirma el actor que no es posible dar una cifra exacta de la cantidad de drogaque se pueda considerar como dosis personal, porque esto depende del gradode adicción que tenga la persona y de sus condiciones biofisiológicas.2.2. DE LAS INTERVENCIONESEn primer lugar intervino en el proceso el Ministerio de Justicia, diciendo quelos artículos demandados de la Ley 30 de 1986 no violaban la ConstituciónPolítica de Colombia por las siguientes razones:
  22. 22. - Las necesidades de los pacientes intoxicados por estuperfacientes, no se vana solucionar suministrándoles el tóxico o dejándolos que lo usen libremente,sino con medidas de educación, prevención y rehabilitación, que es lo quepretenden los artículos de la Ley demandada.- Se le da una aplicación errónea al artículo 5 de la Constitución Política alafirmar que todos tienen derecho a permanecer enfermos, ya que lo querealmente pretende el artículo es que se tenga derecho a la salud y no a laenfermedad.En segundo lugar, el Ministerio Público representado por el ProcuradorGeneral de la Nación (encargado), pidió igualmente que se declararanexequibles los artículos demandados, ya que en la Ley 30 de 1986 se le otorgaun tratamiento más benigno para quien consume droga que para quien laproduce y la comercializa; por considerar a esta persona como una víctima yno como un delincuente y por ésto, el Estado busca una rehabilitación y no unasanción.2.3. DE LAS CONSIDERACIONES DE LA CORTEEn la sentencia C-221 de 1994, la Corte Constitucional decidió despenalizar elconsumo mínimo de la droga.Respecto a las consideraciones de fondo, la Corte dice:A. Sobre el artículo 49 de la Constitución, que establece:“...Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud...”3La Corte, haciendo un análisis de este artículo, examinó inicialmente las tresposibilidades hermenéuticas, las cuales son:
  23. 23. 1. La primera es la que toma en consideración las consecuencias frente aterceros, de la conducta individual y por esta razón la hace objeto deregulación jurídica. A lo anterior, la Corte dice que no puede considerarse quelas personas que son próximas al drogadicto pueden verse privadas de suafecto, presencia y eventualmente de su apoyo económico, porque el sentidono puede ser éste, ya que dentro de la conducta típica se tendría que incluirque tenga familiares o seres queridos y en caso de no tenerlos no seencontrará dentro del tipo penal. Analiza también la Corte que en el evento depenalizarse el consumo de droga, se estaría tomando al drogadicto como undelincuente en potencia, lo cual no podría ser válido, ya que desde antaño elCódigo Penal no sanciona por la peligrosidad del agente sino por el hecho queél comete.2. Otra posibilidad de interpretación de este artículo es que el Estado asumeuna posición de dueño de la vida de cada persona cuya conducta rige y poreso prescribe comportamientos sobre ellas. A lo anterior responde la Cortediciendo que tampoco puede ser esta la interpretación, ya que estaríaactuando más allá de la órbita del derecho y que en la Constitución Política sepredican los principios de libertad y democracia como pilares de las relacionesentre los colombianos; y aquí se incluye la discriminación a la que se vesometido el drogadicto con respecto a los demás consumidores de otrassustancias de efectos similares, como el alcohol.Sobre lo anterior la Corte agrega:«... Pero si, moderando la perspectiva, asumimos que no se trata de un Estadoomnímodo, con pretensiones de injerencia en las más íntimas desiciones delsujeto destinatario, sino de un Estado paternalista y protector de sus súbditos,que conoce mejor que éstos lo que conviene a sus propios intereses y haceentonces obligatorio lo que para una persona libre sería opcional, por esa vía
  24. 24. benévola se llega al mismo resultado inadmisible: La negación de la libertadindividual, en aquel ámbito que no interfiere con la esfera de la libertad ajena.»43. Y por ultimo la única interpretación plausible para la Corte es la quesostieneque este artículo es la expresión de un deseo del constituyente, que solo tieneuna eficacia simbólica, pues la Corte encuentra bueno que las personas cuidende su salud, pero sin que tenga connotaciones normativas de orden jurídicogeneral y muchísimo menos de carácter específicamente punitivo.B. En lo referente al tratamiento médico como medida protectora deldrogadicto y la sanción penal contenida en la ley 30 de 1986, dice la Corte quees inconstitucional ya que es una conducta que sólo incumbe al drogadictomismo y cada uno es libre de decidir sobre su recuperación. Además agrega laCorporación en el fallo mencionado: “ una persona que no ha cometido alguna infracción penal, que sea obligada ...a recibir tratamiento médico contra una ‘ enfermedad’ de la que no quierecurarse, es abiertamente atentatoria de la libertad y de la autonomía,consagradas en el artículo 16 como ‘ libre desarrollo de la personalidad’.5 ”C. Sobre la sanción por el consumo de droga y el derecho al libre desarrollode la personalidad, el cual está regulado así en el artículo 16 de la ConstituciónPolítica,que dice:“Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sinmás limitación que las que impone los derechos de los demás y el ordenjurídico.”6La Corte dice que el legislador no podía válidamente establecer máslimitaciones que las que se den en armonía del espíritu de la Constitución. Yañade además que a las personas se les debe reconocer su derecho de
  25. 25. autonomía y la capacidad de decidir plenamente sobre sus actos, y que sonellas mismas las que deben darle sentido a su existencia.Agrega la Corte:«...Reconocer y garantizar el libre desarrollo de la personalidad, pero fijándolecomo límites el capricho del legislador, es un truco ilusorio para negar lo quese afirma. Equivale a esto: «usted es libre para elegir, pero solo para elegir lobueno y qué es lo bueno se lo dice el Estado.».Y no se diga que todo lo que hace el legislador lo hace en función del interéscomún, porque, al revés, el interés común resulta de observar rigurosamentelas pautas básicas que se han establecido para la prosecución de unasociedad justa. En otros términos: que las personas sean libres y autónomaspara elegir su forma de vida mientras ésta no interfiera con la autonomía de lasotras, es parte vital del interés común en una sociedad personalista, como laque ha pretendido configurar la Carta Política que hoy nos rige.Si el derecho al libre desarrollo de la personalidad tiene algún sentido dentrode nuestro sistema, es preciso concluir, que por razones anotadas, las normasque hacen del consumo de droga un delito, son claramente incontitucionales.»7D. Al referirse al tema de la libertad, la educación y la droga, la Corte anotaque es muy importante que el propio Estado se comprometa a respetar ypromover la educación para que de esta forma cada persona pueda elegirresponsablemente su forma de vida. Y dice:“ no puede, un Estado respetuoso de la dignidad humana, de la autonomía …personal y el libre desarrollo de la personalidad escamotear su obligaciónirrenunciable de educar, y sustituir a ella la represión como forma de controlarel consumo de sustancias que se juzgan nocivas para la personaindividualmente considerada y, eventualmente, para la comunidad a la quenecesariamente se halla integrada… ” 8E. La Corte declara inexequibles los artículos 51 y 87 de la Ley 30 de 1986, elúltimo por constituir unidad normativa con los textos acusados, admitiendo asíel consumo de una dosis personal de droga; y declara exequible el artículo 2literal j de la misma Ley, que no tiene mayor importancia ya que solamentedefine lo que es una dosis para el uso personal.
  26. 26. El artículo 87 de la Ley 30 de 1986 es el siguiente:«Artículo 87: Las personas que, sin haber cometido ninguna de lasinfracciones decritas en este estatuto, estén afectadas por el consumo dedrogas que producen dependencia, serán enviadas a los establecimientosseñalados en los artículos 4o. y 5o. del Decreto 1136 de 1.970, de acuerdocon el procedimiento señalado por este decreto.»9F. Por último agrega la Corte, que el legislador podrá válidamente regular lascircustancias de lugar, edad, etc, dentro de la cuales el consumo de drogaresulte inadecuado o socialmente nocivo, sin vulnerar los derechos deigualdad y libertad.Al respecto la Corte señaló:«...Es ésta, materia propia de las normas se policía. Otro tanto cabe predicarde quienes tienen a su cargo la dirección de actividades de institucionespublicas o privadas, quienes derivan de esa calidad la competencia de dictarreglamentos internos que posibiliten la convivencia ordenada, dentro de losámbitos que les incumbe regir. Alude la corte a los reglamentos laborales,disciplinarios educativos, deportivos, etc.»10Esta fue la posición de la Corte, es decir de los magistrados Jorge ArangoMejía, Antonio Barrera Carbonel, Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos GaviriaDíaz (ponente) y Alejandro Martinez Caballero.2.4. DEL SALVAMENTO DE VOTOCuatro magistrados de la Corte salvaron el voto por no compartir la decisión defondo de la Sala Plena de la Corte Constitucional. Estos Magistrados fueron:José Gregorio Hernández, Hernando Herrera Vergara, Fabio Morón Díaz yVladimiro Naranjo Mesa.
  27. 27. Sus razones fueron:A. Que con este fallo se podrían dar “ efectos nocivos para bienes protegidos por la Carta Política como la salud ...física y mental de los Colombianos, la pacífica convivencia ciudadana, o laintegridad de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, y contraríanla obligación que tiene toda persona de procurar el cuidado de su salud y la desu comunidad, el principio de solidaridad social, el de la prevalencia del interésgeneral sobre el particular, y la obligación de respetar los derechos ajenos y noabusar de los propios... el hombre no solo vive para sí mismo, sino tambiénpara los demás...”11B. Dice el salvamento de voto que el fallo al tocar el tema del derecho al libredesarrollo de la personalidad lo trata como un derecho absoluto. La Corte enreiterada jurisprudencia reconoce que no hay derechos, ni libertades absolutasy que éstos se encuentran limitados por los derechos y libertades de lasdemás personas y por el orden jurídico. Además esto conduciría a concluir queserían lícitas las conductas que aparentemente pertenecen al fuero internocomo lo es el aborto. El mismo artículo señala las limitaciones que tiene esederecho que son, “ las que imponen los derechos de los demás y el orden ...jurídico...”.Dice que en aras al derecho al libre desarrollo de la personalidad, el hombreno se puede degenerar y que este lo que debe procurar más bien es que laspersonas aumenten su autonomía y que por tanto mejore su persona y no ladegenere.“ libre desarrollo de la personalidad debe pues consistir en un acto de Elracionalidad y no de barbarie.”
  28. 28. C. Que al drogadicto no se le puede considerar como un delincuente sinocomo un enfermo, al cual el Estado debe auxiliar. Agrega, que el fallo se debebasar en el derecho a la libertad, para así poder despenalizar el consumo, peroque la libertad del drogadicto no se puede considerar como no responsable,porque toda libertad debe ser responsable; debe tenerse en cuenta ésta, sinpasar al libertinaje, porque la libertad fomentada en forma depravada es unlibertinaje y estos dos conceptos no se deben nunca confundir. Dice ademásque el drogadicto actúa coaccionado bajo la presión de una pasión, inducidopor una convicción interna y por lo tanto no se le puede abandonar a su suerteya que eso es lo mismo que “ dejarlo sometido a la esclavitud que le ha ...creado dependencia a la droga...” Cuando una persona cae en la absoluta .dependencia de la droga, no se está autodeterminando sino todo lo contrarioesta persona pierde su libre albedrío y se encuentra sometidairremediablemente a la fuerza que le da la necesidad de consumir la droga a lacual se encuentra dependiente.D. Indica además que la drogadicción atenta contra la dignidad humana, lacual es un bien irrenunciable que esta implícitamente dentro del fin que buscanlos hombres que es la existencia; pero esta finalidad no es absoluta ya que laspersonas están guiadas por unos fines que se determinan por la naturaleza deéstas y apartarse de la dignidad humana implica necesariamente un conceptode degradación humana. No se puede admitir ningún atentado contra un valorque se encuentra asegurado por la Constitución. La dignidad humanapresupone que el hombre actúe con libertad pero que ésta sea responsable yno un libertinaje, que el hombre actúe según su conciencia y “ no bajo la ...presión de una pasión o un deseo desordenado, que en el fondo es unacoacción...”.
  29. 29. E. La producción libre de estuperfacientes es un crimen actual contra lahumanidad y legitimarla, se considera como legitimar sus efectos nocivos; escomo legalizar algo que por su propia naturaleza es no legitimable.F. En la sentencia de mayoría se dice que el acto de consumir droga es unacto privado indiferente para el derecho aunque tenga repercusiones morales;en el salvamento de voto se alega que en el caso de la droga es un actoprivado pero que la mayoría de las veces trasciende a la comunidad porafectar el interés general y el bien común.G. La diferenciación que se hace entre las bebidas alcohólicas o el cigarrillocon las drogas alucinógenas, que según la sentencia es discriminatoria, tienerelevancia en el salvamento de voto, ya que en las primeras se presenta laposibilidad de causar una lesión pero no puede obligarse, ni limitarse porindeterminación del objeto; pero con el consumo de drogas alucinógenas noocurre lo mismo ya que no se presenta la sola posibilidad de lesión, sino quese da una certeza de lesión o el grado de posibilidad es muy alto cuando hayuna dependencia severa; hay pues un peligro actual e inminente y no unasimple posibilidad de lesión.Sin desconocer el grave daño que causa el consumo de alcohol, los efectosnocivos que puede traer para el organismo cuando es ingerido en altas dosis ylos actos de violencia que puede causar, es bien sabido que un alcohólico “...no suele atracar ni asesinar para obtener el dinero para pagarse un trago, cosaque por el contrario, sucede cotidianamente con el drogadicto...” Tampoco los .alcohólicos son protagonistas de masacres, como si lo pueden ser los sicariosque cometen muchísimos crímenes bajo los efectos alucinógenos. Uno de losefectos del alcohol es el relajamiento de las funciones motrices y lasomnolencia, por el contrario la droga lo que hace es excitar el sistemanervioso.
  30. 30. La nicotina, aunque tiene consecuencias graves para el organismo de quien laconsume, no es un toxico, ni es una fuente imaginaria o real de alucinacioneso grandes poderes internos; nadie comete un crimen inducido por una dosis denicotina, ni se presenta con signos de incapacidad laboral por ir al trabajo enese estado.Mientras el alcohol en grandes cantidades puede tener efectos de alteracionesmentales y la nicotina de alteraciones afectivas, la droga aún en pequeñasdosis (cocaína) tiene un alto riesgo de alteraciones mentales y poco a poco vamatando las neuronas cerebrales, además que el riesgo de adicción porejemplo con la cocaína, es de 5 a 1 (de cinco personas que la consumen, unase vuelve adicta), en cambio el riesgo de adicción al alcohol es de 7 a 1.H. Las normas que fueron declaradas inexequibles tienen fundamentosconstitucionales; además no es compatible un verdadero orden dentro de lasociedad, una prosperidad general, ni una convivencia pacífica, si hay unadestrucción lenta de ciertos sectores de la población y más grave aún cuandouno de los sectores más afectados de la población es la juventud.I. Al despenalizar el consumo de las drogas alucinógenas se está incentivandopor el otro lado la venta y el tráfico de las mismas; en otras palabras sefortalecen con esta medida los carteles de la droga que han sido combatidospor los diferentes gobiernos desde hace varios años y que hoy en día seconsideran los peores enemigos de la sociedad colombiana, no solo por eltráfico de drogas sino por todas las acciones criminales que han atentado enmuchas ocasiones los derechos fundamentales de los colombianos y tambiénde extranjeros, afectando así la convivencia pacífica y el orden legal. Además
  31. 31. es deber del Estado el cuidado de la población y por lo tanto velar por susalud; luego el drogadicto se debe considerar como objetode protección del Estado, por su especial condición de debilidad mental y físicaen la que se encuentra a causa de su dependencia a las drogas alucinógenas.Si se toma el criterio de solidaridad como criterio orientador de la ConstituciónPolítica, al permitirse a las personas portar determinada dosis de drogasalucinógenas, es lo mismo que negar su propia naturaleza y negarse a símismo las consecuencias desastrosas que produce la droga tanto para quienlas usa como para la sociedad entera.En lo referente a la prevalencia del interés general sobre el particular, éste fuedesconocido por la sentencia “ haciendo prevalecer elementos tales como el ...irrefrenable deseo y la imperiosa necesidad del consumo en quien bajo elúnico pretexto de su soberana voluntad, envenena su propio organismo...”,este interés general entonces se ve supeditado al derecho absoluto del libredesarrollo a la personalidad. Según la Carta Política la familia es el núcleo dela sociedad y ésta es la primera que se ve afectada por los efectos negativosque trae consigo el consumo de las drogas; además destruye la unidad familiary genera entre sus miembros situaciones de marcada violencia, perdiéndosetotalmente el respeto entre sus miembros.En el artículo 42 de la Constitución Política se garantiza la protección integralde la familia, la dignidad inviolable de ésta y se busca que las relaciones entresus miembros se basen en respeto recíproco; y éstas se ven claramentevioladas cuando un miembro de ellas se ve dependiente de la droga.La Constitución también prevé derechos de los niños y de los adolescentes,como los son el tener una familia, la cual puede desaparecer con ladependencia de la droga de uno de sus familiares; además los menores sonlas primeras víctimas cuando hay consumo de alucinógenos por alguno de sus
  32. 32. padres, ya que pueden sufrir violencia física, mental y hasta ser abandonadospor éstos.J. Si se tienen en cuenta los demás países se advierte que en la gran mayoríade ellos el consumo se encuentra penalizado y en pocos países en donde seha despenalizado se ve cómo ha aumentado el consumo a tal punto que enunos países se reconsideró la medida para llegar a la conclusión depenalizarla de nuevo (España y Francia); en otros países como Holanda, sepermite solo el consumo de algunas drogas menos dañinas como la marihuanay el hachís pero para el resto de drogas sí existe la prohibición; esto en paísesque no son productores, ni exportadores de droga; pero el caso colombiano esdistinto, en donde es bien sabido que es uno de los principales paísesproductores y exportadores de drogas.K. Otra razón que se dió para rechazar el fallo, es que aunquehipotéticamente se asumiera una posición en la que se estuviera seguro queel consumo de drogas alucinógenas no traería grandes perjuicios para susconsumidores, se estaría frente a un acto moralmente reprochable por la granmayoría de la sociedad; se juzgaría la drogadicción como un “ hábito ...degradante que manifiesta un carácter moral defectuoso...”independientemente de sus efectos nocivos.L. Es una contradicción muy grande y un exabrupto, que por un lado seautorice el consumo de la dosis personal, pero por el otro lado se mantenga lapenalización para la venta, es decir para el narcotráfico. Luego se le estapermitiendo a los individuos consumirla pero “ se prohibe su producción, ...distribución y venta...”.
  33. 33. Es ilógico que se ampare al consumidor, pero no al productor. La droga sepodrá consumir, pero ¿cómo la va a adquirir?La solución no es admitir la producción, distribución y venta, porque si seacogen las políticas que han tenido los gobiernos desde hace unos añoscomplementadas con las políticas internacionales, sería una soluciónaberrante que implicaría:“ convertir de una plumada a los peores criminales que ha conocido nuestra ...historia, a los responsables de millares y millares de asesinatos, secuestros,magnicidios y del envenenamiento sistemático y colectivo de la juventud, eninocentes víctimas del peso de la ley...”12 .2.5. DE LA OPINION DOCTRINARIA SOBRE EL FALLO2.5.1. Sobre el fallo de la Corte, el Doctor Gustavo de Greiff, ex fiscal Generalde la Nación, opinó en una entrevista concedida a los autores de esta tesis en1994 :“ El fallo de la Corte Constitucional del 5 de Mayo del año en curso, por el cualse despenaliza el consumo mínimo de droga, desde el punto de vista filosóficoyjurídico es impecable. Evidentemente el derecho es una relación bilateral y porello no puede meterse en algo que es de la conciencia de los individuos comoes el consumir droga, eso es algo que le toca al individuo mismo decidir.La Corte lo que hizo fue reivindicar la libertad individual y establecer los límitesentre el derecho y la libertad individual.Desde el punto de vista político el fallo también es bueno; por él, el país no seva ha acabar ni mucho menos corromperse.
  34. 34. El fallo no es una solución ni al problema de las drogas, ni al problema delnarcotráfico, en primer lugar porque el problema del consumo hay que atacarlosimultáneamente con el problema del tráfico, que se deba atacar a través desu legalización, y el problema del consumo se ataca a través de campañaseducativas y campañas de salud pública.En suma el fallo es impecable jurídica y filosóficamente, y por lo mismo no va atener repercusiones jurídicas, políticas, sociales y tampoco las tendrá en elámbito internacional, ya que si no las tuvo no las va a tener ahora.”13Como se observa, esta primera opinión es favorable a la sentencia.2.5.2. Sobre el tema el Doctor Gabriel de Vega, ex Director Nacional deEstuperfacientes, en entrevista personal, opina que:“En general la sentencia tiene un sesgo individualista, porque frente a losderechos individuales se alzan los derechos societarios, no hay tal en elconsumo de drogas o de estuperfacientes y que solo afecte a quien lo hace;bien es sabido el infierno en que se torna una familia donde hay un adicto, suentorno social, cultural, escolar, en últimas toda la sociedad es afectada por elconsumo de sus asociados, en general la conducta de un adicto no se puedeescindir de los efectos que tienen sobre el resto de la sociedad.”14Se advierte que esta segunda opinión, a diferencia de la anterior, es contrariaal fallo, objeto de esta tesis.En síntesis, la sentencia C-221 polarizó la opinión pública, aunque en términosgenerales fueron más las voces que se lanzaron en contra de la sentencia.
  35. 35. 2.6. DEL ANALISIS DEL CASOLa idea central de esta tesis es:Que el fallo de la Corte Constitucional en la sentencia C-221 de 1994 es (i)filosóficamente liberal, (ii) lógicamente contradictorio y (iii) políticamentecuestionable.(i) El fallo es filosóficamente liberal o individualista porque la interpretación dela mayoría de los Magistrados consistió en que por la autonomía que cadapersona tiene, cada cual es libre para darle el sentido que mejor le parezca asu vida y que solo podrá limitarse esa autonomía en la medida en que entre enconflicto con la autonomía ajena.Es decir que cada persona, por ser titular del derecho fundamental consagradoen el artículo 16, tiene la facultad ilimitada de hacer o no, lo que quiera con suvida, aún llegando a extremos, como el consumo de estupefacientes.Sin embargo nosotros consideramos que ese individualismo decimonónico, tanextremo, no ha debido aplicarse para solucionar un problema social y global.En efecto, es muy importante que el Estado le dé libertad a las personas paraelegir su modo de vida, pero también debe preocuparse porque éstas sepuedan superar y vivir con los demás en paz, porque además la ConstituciónPolítica de Colombia dice claramente que el Estado tiene como fin asegurar asus integrantes la vida, la igualdad, el trabajo y la paz, lo que no puedelograrse si aquél les permite a las mismas destruirse.
  36. 36. Dicho en otras palabras, la ética individual debe tener en cuenta laresponsabilidad familiar y social de la persona.Por otra parte, además de lo dicho, hay que agregar que el derecho al libredesarrollo de la personalidad tiene limites y no es un derecho absoluto. Nohace parte de este derecho la opción ilimitada de consumir drogas. Es masbien un ejercicio abusivo de este derecho.(ii) El fallo es lógicamente contradictorio:Durante estos últimos años los diferentes gobiernos han estado luchandocontra el narcotráfico; así pues, resulta una contradicción aceptar que laspersonas puedan consumir sustancias estupefacientes, al mismo tiempo quesu venta está penalizada. Luego no es consecuente que una persona envirtud de un derecho fundamental pueda elegir si consume o no droga y almismo tiempo pueda adquirirla de una forma ilegal.No se entiende en efecto que se prohiba la producción, el procesamiento, eltransporte y la comercialización de la droga, cuando se permite el consumo dela misma. En este sentido es inapropiado que la Corte emita un fallo sin teneren cuenta la cadena lógica que une las diversas etapas del narcotráfico..Cabe preguntar ¿cómo van a hacer los consumidores de estas sustancias paraadquirir las mismas sin ser cómplices de un delito?Según el fallo de la mayoría, la única hipótesis lógica sería que el consumidorde estupefacientes se encontrase la cocaína en la calle. Pero eso es absurdo.En este punto entonces compartimos plenamente la tesis del salvamento devoto.
  37. 37. Por otro lado, es totalmente ilógico pensar que se puede consumir una dosispersonal de droga pero que su producción, distribución y venta estánprohibidas; ya que al final de cuentas o se acepta que hay ventas clandestinasque abastecerán a estos individuos o se tiene que llegar a la conclusión que lasentencia no permite el consumo, ya que nadie se la puede vender; es decirque se está dejando en una posición bastante vaga al drogadicto, ya que si seadmite el consumo pero no la venta, cuando alguien esté consumiendo drogaspuede estar dentro de la ley, pero podría llegar a ser cómplice o encubridor deun delito. Ante esta contradicción hay dos posibles soluciones, que son eldespenalizar totalmente el consumo de las drogas o volverlo a penalizar. Contodo lo analizado anteriormente se ve que la posición de la despenalizaciónparcial es ilógica.En síntesis acierta el Doctor Gabriel de Vega al comentar sobre el fallo de laCorte Constitucional lo siguiente:«Realmente lo complicado de la sentencia y sin duda no compatible es que lasentencia elevó a categoría de expresión de ‘ derecho’ la conducta delconsumo de estuperfacientes. De otro lado surgen unas situacionesincoherentes: sigue penalizado el distribuir droga a cualquier título, entoncesse da la situación donde una persona en el mejor de los casos es encubridorapor receptación o favorecimiento de la persona que le entregó la droga, queademás esta beneficiándose o haciendo uso del fruto de un ilícito, en estecaso de la sustancia cuyo procesamiento y cuyo tráfico es delito.»15Al analizar esta apreciación queda al desnudo la contradicción de la Corte así:a. Al adquirir por parte del consumidor de dosis mínimas se es necesariamentecómplice de otro delito.b. Y por parte del vendedor se le condena por obtener provecho de un actoque es lícito.
  38. 38. (iii) Políticamente cuestionable:En estos últimos años, Colombia ha vivido grandes crisis económicas ysociales y como consecuencia de esto la mayoría de la población colombianatiene un nivel muy bajo de vida y educación. El pueblo Colombiano no estapreparado para asumir una responsabilidad tan grande como es la de decidir sipuede o no consumir droga, porque no todas las personas tienen la educaciónadecuada para tomar la desición que mas les convenga.Ahora bien, en un sistema democrático el poder judicial no puede atribuirse así mismo la facultad de decidir sobre los demás. La Corte Constitucional, queno es de elección popular, no puede concederse el poder de suplantar lavoluntad popular.Es pues por lo menos inquietante que la Corte adopte decisiones tantrascendentes en lo político, prescindiendo de la opinión popular.Por otra parte, con este fallo se le quitó en gran parte, la base a la política quetiene el gobierno frente al narcotráfico, pues todo lo que ha luchado el paísdurante los últimos años queda perdido y el narcotráfico aunque en pequeñasdosis queda aceptado, por decisión no del constituyente ni del legislador, sinode la Corte.
  39. 39. 3. DERECHO A LA PERSONALIDAD3.1. ANALISIS DE LAS ACTAS DE LA CONSTITUYENTEEn lo que respecta a la controversia sobre si se debía consagrarconstitucionalmente el derecho a la autonomía personal, se presentaron dosposiciones.Hubo quienes se oponían argumentando que tal reconocimiento promovía elindividualismo. Estos opositores argumentaron que la persona no puede ser tanegoísta de no tener en consideración ningún factor, ni familiar ni comunitario, nisocial, y otros argumentaron que no era necesario consagrarlo porque yaestaba incluida dentro del derecho a la libertad.De otra parte, esta tesis fue rebatida aduciendo, en primer término, que elindividuo no solo se debe a los demás, también se debe así mismo, que esuna manera de desarrollarse y de poder aportar a los demás. Los defensoresde la individualidad expresaron que ellos lo que querían era salvar laindividualidad, la personalidad humana, frente a esas fuerzas que no lo dejanser sí mismo.Un aspecto específico del derecho a la autonomía personal, mencionado en laComisión, fue la definición sexual: « si una persona es homosexual, porejemplo, puede recibir muchísimas presiones de diferente índole, (...) que leimpidan desarrollar esa característica de su personalidad.»
  40. 40. Ahora bien, las actas de la Asamblea Nacional Constituyente que se refieren alartículo 16 de la Constitución Política sobre el “libre desarrollo de lapersonalidad” consagran las siguientes etapas por las que cursó este artículo.En principio se reguló así:“De la autonomía personal. Toda persona tiene derecho a la libredeterminación de su personalidad sin transgredir la Constitución y las leyes.”Frente a éste texto el delegatario Diego Uribe Vargas señala que:“ sociedad está manipulada por los medios de comunicación, el individuo se Laenajena a la fuerza del mayor número y esto limita la acción de las personas,los medios producen una presión irresistible sobre las personas imponiéndolesconductas, maneras de obrar; ante esto se pretende salvar la personalidad, laindividualidad.”16La constituyente María Mercedes Carranza hace énfasis en la frase del artículo“ transgredir la constitución y las leyes” porque se debe poner un límite al sin ,desarrollo de la personalidad ya que por medio de ella se contribuye en formaconcreta a la sociedad. Señala la Doctora Carranza, que:« es de vital importancia el límite al desarrollo de la personalidad, debido a queactualmente en la sociedad ha producido un cambio en la escala de valores,dándole mayor relevancia a lo que realmente no la tiene, e incluso puedeayudar a degradar o menoscabar la personalidad del individuo. Estableciendoun límite, un tope máximo, se evitarán abusos del ejercicio del derecho encuestión y ese tope sería la Constitución, las leyes y los derechos de losdemás.»17El delegatario Jaime Ortiz Hurtado sostiene que:«Hay factores tanto endógenos como exógenos que inciden en la formación dela personalidad; lo determinante en ella es la reflexión, el carácter, por lo que elartículo deja a la persona en un juego irresponsable, no dignificándola yademás sin jerarquía constitucional. Agrega que a pesar del beneficio quepodría otorgar ese límite al desarrollo de la personalidad, no se puede dejar de
  41. 41. lado que indudablemente tanto agentes internos como externos influyen enéste desarrollo: el artículo carece realmente de expresiones y fundamentosque involucren la responsabilidad del individuo, dejándolo en un limbo deirresponsabilidad frente a la sociedad y a sí mismo.»18La comisión primera de la Constituyente, luego de éstas intervenciones,procedió a averiguar sobre este principio en otras Constituciones, como porejemplo en la de Venezuela, que dice:“ Todos tienen el derecho al desenvolvimiento de su personalidad sin máslimitaciones que las que derivan de los derechos de los demás y el ordenpúblico y social.”19La Constitución Italiana consagra lo siguiente:” república reconoce y garantiza los derechos inviolables del hombre como Laindividuo o en el seno de las formaciones sociales, formación esencial dondeaquél desarrolla su personalidad y exige el cumplimiento de los deberesinderogables de solidaridad política, económica y social.”20La Carta Política de España dice que el libre desarrollo de la personalidad esuno de los fundamentos del orden político y de la paz social.El Doctor Juan Carlos Esguerra planteó en la comisión primera la posibilidadde cambiar el artículo, argumentando que la determinación de la personalidadcomo expresión, no es correcta porque la personalidad es determinada porfactores genéricos, culturales y sociales, por lo cual propuso sustituirlo pordesarrollo de la personalidad. Además expresó que debe hacerse una mencióna los derechos de los demás, siendo éste el primer límite, proponiendo:“Toda persona tiene derecho al libre desarrollo o desenvolvimiento, si seprefiere de su personalidad sin transgredir los derechos de los demás o elorden jurídico.”21Finalmente el artículo que fue aprobado el 19 de Junio de 1.991 por lacomisión primera, fue el siguiente:
  42. 42. «De la autonomía de la personalidad. Toda persona tiene derecho al libredesarrollo de su personalidad sin más límites que los que impone los derechosde los demás y el orden jurídico.»223.2. CONTENIDO Y ALCANCE DEL DERECHO3.2.1. Antecedentes.La Constitución de 1.886 establecía lo siguiente en su artículo 20:«Artículo 20. Los particulares no son responsables sino por la infracción de laConstitución y las Leyes. Los funcionarios públicos lo son por la misma causa ypor extralimitación de funciones, o por omisión del ejercicio de las mismas.»Ahora bien, no sólo no había un texto específico para regular lo que hoy esmateria del artículo 16, sino que además la jurisprudencia hasta 1991 fueatentatoria del libre desarrollo de la personalidad.En efecto 1982 la Corte Suprema de Justicia aprobó unas disposiciones queexigían a personas laboralmente vinculadas con el Estado unas conductasdeterminadas en su vida privada, tales como no embriagarse, no usarestupefacientes y no ser homosexuales.Ante la ausencia de una norma que consagrara el libre desarrollo de lapersonalidad estas normas se demandaron argumentando la libertad deconciencia, pero estas demandas no prosperaron.
  43. 43. Los fallos de la Corte Suprema de Justicia arriba mencionados fueron lossiguientes:a. Fallo del 1° de Junio de 1.982, cuyo Magistrado ponente fue el DoctorRicardo Medina.b. Fallo del 22 de Julio de 1.982, cuyo Magistrado ponente fue el DoctorRicardo Medina.c. Fallo del 12 de Agosto de 1.982, cuyo Magistrado ponente fue el ManuelGaona Cruz.Posteriormente no hubo ningún avance jurisprudencial no legislativo sobre estamateria.En síntesis, existía un déficit normativo y jurisprudencial sobre el derecho allibre desarrollo de la personalidad.3.2.2. Norma Vigente“Artículo 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de supersonalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de losdemás y el orden jurídico.”El artículo 16 introduce por primera vez en nuestro régimen constitucional elderecho al libre desarrollo de la personalidad.El derecho, también conocido como derecho a la autonomía personal,garantiza la libertad individual para tomar decisiones que conciernen y afectanel desarrollo de la personalidad y la libertad para emprender las actividades
  44. 44. individuales y sociales que le permitan a la persona proyectar su visión de símismo.En un sentido negativo, el derecho al libre desarrollo de la personalidad es underecho que coloca en cabeza del individuo la facultad de tomar las decisionesque pueden determinar el desarrollo como persona en el medio social y, enconsecuencia, ni la comunidad ni el Estado podrán intervenir en este terreno,salvo para hacer respetar los límites previstos en el mismo artículo.El derecho al libre desarrollo de la personalidad no es absoluto, y el objetofundamental de la limitación a este derecho es proscribir el ejercicio abusivo dela libertad, de tal suerte que so pretexto de este derecho no se desconozca elorden jurídico o se cause un daño a los demás.De otra parte el derecho a la autonomía personal, en virtud a su naturaleza,solo abarca a personas naturales. La extensión a personas jurídicasdesnaturalizaría el derecho.Manuel Jose Cepeda comentó sobre este artículo:«...La jurisprudencia no reconoció bajo la vigencia de la Constitución de 1.886el derecho a la autonomía personal. En la nueva Constutución esta garantía, ensu dimensión más amplia, recibe una consagración positiva.La orientación que tiene este derecho en nuestro sistema político se aleja delesquema individualista, según el cual el derecho a la autonomía garantiza unafrontera al individuo, absolutamente infranqueable por la sociedad o el Estado,en la que éste se eleva casi a la condición de un dios.(...)(...) La demarcación del derecho al libre desarrollo de la personalidad, en elcaso colombiano, tiene en cuenta la consideración de la persona inmersa en elmedio social. El derecho, en consecuencia, no busca levantar un últimobaluarte al individualismo sino por el contrario tiene la finalidad de haceroperante la democracia participativa y el reconocimiento al pluralismo y a la
  45. 45. diversidad. Si se otorga un espacio a la persona es precisamente por cuanto sereconoce su valor en el proceso social y en el proceso político.De otro lado, es pertinente enfatizar, bajo esta misma perspectiva, que el radiopropio del derecho a la autonimía no pone en peligro el concepto de Estado dederecho. Si se permite a la comunidad o al Estado regular indiscriminadamnetetodos los aspectos que inciden en la conformación de la persona, ésta dejaríade ser tal, para convertirse en autómata o simple objeto del derecho. (...)Ejemplos de lo anterior se encuentran en los pronunciamientos, tanto a favorcomo en contra, proferidos por cortes estadounidences sobre laconstitucionalidad de las prohibiciones impuestas por los establecimientoseducativos a los estudiantes, referentes al uso de afros, bigotes, y cabellolargo. Como en dicho país el derecho a la autonomía no fue desde un principioexpresamente reconocido, la jurisprudencia ha acudido a otros derechos, comola intimidad y la libertad de expresión, para proteger desiciones del individuoque en nuestro ordenamiento estarían amparadas por el derecho al libredesarrollo de la personalidad.El fenómeno de la homosexualidad, proscrito mediante estatutos criminales envarios Estados es otro ejemplo de ello.(...)En norteamérica el antecedente más citado en materia de autodeterminación,es el caso de Griswold v. Connecticut, donde la Corte Suprema de los EstadosUnidos declaró inconstitucional una ley que penaba a las parejas casadas queusaran métodos artificiales de control de natalidad. La Corte, en 1965 sostuvoque el «derecho a la privacidad», podría ser encontrado en las «penumbras»de la primera, tercera, cuarta, quinta y novena enmiendas y que estecomprendía el derecho de la pareja para decidir que hacer en la intimidad de sualcoba. »23Igualmente, Manuel Barreto sobre el artículo señalado indica:«1. El derecho al libre desarrollo de la personalidad comprende dosfacultades:la posibilidad del individuo de conducirse a sí mismo según supropio criterio, o lo que es lo mismo, a actuar según lo que para él es la mejormanera de vivir -de ahí que se le llame también a este derecho «a la autonomíapersonal»-. En virtud de la segunda facultad los individuos pueden desarrollarsu carácter, los elementos de su identidad y sus instintos -personalidad hacereferencia aquí al conjunto de rasgos psicológicos que constituyen al serhumano-.(...)La superación de la homogeneización cultural de la sociedad de masas, en laque los medios de comunicación y el consumismo hacen uniformes a laspersonas, requiere del desarrollo de procesos de individualización.(...)
  46. 46. Sólo un profundo y generalizado proceso de individualización. es decir, deformación de los individuos, permite que las decisiones fundamentales en unademocracia sean tomadas por una mayoría constituida por cada uno de losciudadanos y no por una masa uniforme. (...)Cuando la Constitución somete al libre desarrollo de la personalidad a loslímites que imponga el «orden jurídico» no está entendiendo a éste como unconcepto omnicomprensivo.(...)Colocar al individuo como centro de la vida en el capitalismo ha conducido a sudegeneración en el individualismo, con las secuelas del abandono de lasolidaridad y la explotación de los otros. De ahí la necesidad de concebir a laindividualidad como una esfera necesaria y autónoma de la personalidad, perotambién de ver ésta como una condición precaria y potencialmetedistorsionada.»24En el mismo sentido, Mario Madrid sostiene:«En cuanto a libre y dominador , cada hombre tiene, pues, el derecho de hacer«todo aquello que no perjudique a otro» como se aformó en el artículo 4o de ladeclaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789).El desarrollo de la personalidad no es otra cosa que al autonomía personal: laindependencia radical de todo ser humano para obrar sin ser interferido alelegir su propio plan de vida y al adherirse a sus ideales de existencia.Desarrollar libremente la personalidad consiste en ejercer con el mínimoposible de restricciones, la llamada libertad general de actuación. Por elloalgunos se refieren al derecho consagrado en el artículo 16 de la Carta Políticacomo derecho a la autodeterminación personal.Dos limites señala la Constitución al ejercicio de este derecho fundamental. Elprimero es el que imponen «los derechos de los demás». El segundo, elimpuesto por «el orden jurídico».(...)Desde luego, en toda legislación hay normas dictadas con el fin de imponer enforma coactiva la práctica de ciertos principios y valores, como son las quehacen obligatoria la escolaridad o la vacunación. Tales normas no deben serconsideradas , en rigor, como paternalistas, pues no las inspira el propósito decompelir a la practica de la virtud. Ellas responden, más exactamente, a lanecesidad de cumplir con eficacia los fines esenciales del Estado y asegurarintereses sociales de rango fundamental.»25Por último Carlos Santiago Niño, afirma:
  47. 47. Una cosa es decir que el individuo, en ejercicio del desarrollo a la autonomíapersonal, no puede poner en peligro o lesionar el orden jurídico y loos derechosde los demás. Pero otra cosa bien distinta es afirmar que este orden jurídico,en abstracto, se encuentra siempre en una posición superior a la autonomía, oafirmar que los derechos constitucionales o legales de las demás personas, encaso de estar en conflicto con el derecho a la autonomía personal de unindividuo, se encuentran en una posición ventajosa, pues están llamados aprévalecer. Es claro que estas limitaciones, no buscan establecer unajerarquía, sino determinar el ámbito del ejercicio de una libertad.(...)El objeto fundamental de estas limitaciones es proscribir el ejercicio abusivo dela libertad, de tal suerte que so pretexto del ejercicio de éste derecho no sedesconozca el orden jurídico o se cause un daño a los demás. Son las mismaslimitaciones generales que se aplican a cualquier derecho constitucional.»263.3. NORMAS INTERNACIONALES SOBRE ESTE DERECHOA continuación se citaran las principales normas Internacionales sobreDerechos Humanos, las cuales son importantes para el estudio del artículo 93de la Constitución que dice:«Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, quereconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estadosde excepción, prevalecen en el orden interno.Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán deconformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanosratificados por Colombia.»
  48. 48. A. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en elartículo 4, establece que cada hombre tiene un derecho de hacer todo aquelloque no perjudique a otro.B. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, dice en elartículo 22 que toda persona tiene derecho al libre desarrollo de lapersonalidad.C. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1968, consagró enel artículo 2 numeral 2 y en el artículo 23 numeral 3 el derecho a la autonomíapersonal.D. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de1968, reconoce la autonomía personal que tienen todas las personas en elartículo 2 númeral 2 y en el artículo 6 númeral 1.E. La Convención Americana sobre Derechos Humanos «Pacto de San Joséde Costa Rica», en el artículo en los artículos 1 numeral1 y en el 17 numeral 3 ,estableció el derecho a la autonomía personal.F. OIT. Convenio No. 105. Relativo a la abolición del trabajo forzoso, con susdisposiciones hace respetar el derecho a la autonomía pesonal.G. OIT. Convenio No. 29. Relativo al trabajo forzoso y obligatorio (1967),establece el derecho a la autonomía personal.
  49. 49. 3.4. JURISPRUDENCIA3.4.1. La sentencia T-542, del 23 de Septiembre de 1992, de la CorteConstitucional, (Magistrado ponente: Alejandro Martinez Caballero), se profiriópor la acción de tutela interpuesta por la señora Sandoval Santamaría ante elJuez 2º Penal del Circuito de Chiquinquirá (Boyacá) contra actos del sacerdotecatólico Marco Antonio Peña Salinas del Convento Dominicano de NuestraSeñora del Rosario de Chiquinquirá, - Padres Dominicos -, que se originó enlos siguientes hechos:El sacerdote Dominico Eriberto Santamaría Puerto, tío de la accionante, seencontraba interno en el convento antes mencionado. La señora SandovalSantamaría denuncia la conducta del acusado, en el sentido de que éste no lepermitía el ingreso al Convento para visitar a su tío que se encontrabaenfermo.La peticionaria considera que los actos acusados violan los artículos 16 (libredesarrollo de la personalidad) y 24 (derecho a la locomoción), de la CartaPolítica.La Corte sobre lo anterior trató el tema del libre desarrollo de la personalidaddiciendo que es la facultad que tiene toda persona para tomar sus decisioneslibremente y según su conciencia, agrega que es uno de los principios másimportantes del constitucionalismo moderno. El origen de este derecho esta enel artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice:“Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridadsocial y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación
  50. 50. internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado,la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales,indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de la personalidad.”27El artículo 16 de la Carta Política de 1991, parte del principio material según elcual se debe respetar el criterio de la persona sobre su manera de vivir mejor,de acuerdo con su propia dignidad, pero sin producir daños a otras personas oir en contra del ordenamiento.Agrega la Corte que el aspecto positivo del libre desarrollo de la personalidad,consiste en que el individuo puede, en principio, hacer lo que quiera en y consu vida, pero correlativamente, se encuentra un aspecto negativo que es quela sociedad civil y el Estado no pueden inmiscuirse indebidamente en la vidade las personas.Este derecho tiene la cualidad de ser “genérico y omnicomprensivo ” su ,término es entender los aspectos de la autodeterminación del ser humano.La Corte por último decidió, que después de analizar las pruebas aportadas,nunca fueron negadas las visitas la sacerdote Eriberto Santamaría por partedel Padre Marco Antonio Peña, porque éstas fueron realizadas no solo por lasobrina del sacerdote, sino por otras personas allegadas a su familia y que laúnica exigencia que hizo el director de la orden de los Dominicos fue la depermitir el ingreso al convento previa orden, por tratarse de visitas en una zonareservada para los sacerdotes.El Padre Santamaría optó por la vida religiosa, en especial el ingreso a laOrden de los Dominicos, lo que implica la obediencia a sus reglamentos, y sufamilia por lo tanto debe respetar no sólo la decisión por él tomada, sinotambién debe acogerse a las disposiciones disciplinarias de la organizaciónsacerdotal.
  51. 51. Por las razones anterirmente expuestas, la Corte resolvió confirmar lasentencia del Juzgado 2° del Circuito de Chiquinquirá, por la cual se le habíadenegado la tutela solicitada por la señora Teresa de Jesús Sandoval.3.4.2. La sentencia T-420 del 17 de Junio de 1992, de la Corte Constitucional,se produjo por la demanda de tutela presentada ante el Juez Municipal deLiborina. Se basó en los siguientes hechos:Luz Carmenza Escudero Patiño realizó estudios de bachillerato en el LiceoDepartamental San Francisco de Asís de Liborina (Antioquia), a partir del añode 1985 hasta el año de 1989. Debido a su estado de embarazo (siendosoltera), tuvo que suspender sus estudios para el año de 1990 y al solicitarpara el año de 1991 su reintegro al Liceo, no le fue aceptado por el RectorJoaquín Lopera R. Igual proceder adoptó éste al insistir ella el 23 de marzode 1992 para que fuera admitida.La razón que le dió el Liceo para el no reintegro es que violó el reglamentointerno de la moral del establecimiento, lo cual estima arbitrario porque noexiste norma de la Secretaría de Educación Departamental que niegue a lasmadres solteras el derecho a continuar sus estudios en establecimiento oficial.Luz Carmenza Escudero Patiño solicitó en la demanda que se ordenara sureintegro al Liceo San Francisco de Asís para la culminación de sus estudios.La Sala considera que el Rector ha desobedecido el mandato constitucionaldel Derecho a la autonomía establecido en el artículo 16 como derechofundamental, por cuanto coarta la libre decisión de la estudiante de escoger
  52. 52. como nueva forma de vida su condición de madre, limitándole la facultad deautodeterminarse conforme a su propio arbitrio dentro de los límites permitidos.Agregó la Corte, al conceder la tutela, que el rector no tiene ninguna potestadpara impedirle a la estudiante que dirija su vida, siempre que sea dentro de loslineamientos que le impone la ley y sin que traspase la barrera donde se iniciael derecho de los demás.Además señala la sentencia que la nueva condición de vida que escoge unapersona no infringe el ordenamiento, ni el libre derecho de los demás. Y porúltimo anota que es muy importante tener en cuenta que a favor de lamaternidad se han consagrado disposiciones tuteladoras contenidas en lalegislación sobre seguridad social en el orden mundial, como también en lasconstituciones de los Estados.3.4.3. La sentencia C-239 de 1997 trata el tema de la eutanasia o homicidiopor piedad. En ejercicio de la acción de inconstitucionalidad, el ciudadano JoseEurípides Parra presentó demanda contra el artículo 326 del Código Penal, porconsiderar que dicha disposición viola los artículos 1, 2, 4, 5,6, 11, 12, 13, 14,16, 18, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 83, 94, 95 numerales1,2 y 4, 96, 97, 98, 99,100, 277 numerales 1, 2, 3 y 7, 282 numerales 1 y 2, 365 y 366 de laConstitución.El texto del artículo 326 del Código Penal es el siguiente:«Homicidio por piedad. El que matare a otro por piedad, para poner fin aintensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave oincurable, incurrirá en prisión de seis meses a tres años.»28La Corte consideró que por homicidio por piedad se entiende:“ la acción de quien obra por la motivación específica de poner fin a los …intensos sufrimientos de otro. Doctrinariamente se le ha denominado homicidiopietístico o eutanásico. Por tanto, quien mata con un interés distinto, como eleconómico, no puede ser sancionado conforme a este tipo. Es además, elhomicidio pietístico en que el sujeto pasivo tiene que tener unas
  53. 53. características, consistentes en que se encuentre padeciendo intensossufrimientos, provenientes de lesión corporal o de enfermedad grave oincurable, es decir, no se trata de eliminar a los improductivos, sino de hacerque cese el dolor del que padece sin ninguna esperanza de que termine susufrimiento. El comportamiento no es el mismo cuando el sujeto pasivo no hamanifestado su voluntad, o se opone a la materialización del hecho porque, apesar de las condiciones físicas en que se encuentra, desea seguir viviendohasta el final; al de aquel que realiza la conducta cuando la persona consienteel hecho y solicita que le ayuden a morir… ” 29El principio de la dignidad humana atiende necesariamente a la superación dela persona, respetando en todo momento su autonomía e identidad, por esto elEstado no puede oponerse a la decisión del individuo que no desea seguirviviendo y que solicita le ayuden a morir, cuando sufre una enfermedadterminal. Por consiguiente, si un enfermo terminal que se encuentra en lascondiciones objetivas que plantea el Código Penal considera que su vida debeconcluir, porque la juzga incompatible con su dignidad, puede proceder enejercicio de su libertad, sin que el Estado esté habilitado para oponerse a sudecisión, ni impedir, a través de la prohibición o de la sanción, que un tercerole ayude a hacer uso de su opción. No se trata de restarle importancia al deberdel Estado de proteger la vida, sino de reconocer que esta obligación no setraduce en la preservación de la vida solo como hecho biológico.La Corte consideró que mientras se regula el tema, todo homicidio por piedadde enfermos terminales debe dar lugar a la correspondiente investigaciónpenal, a fin de que en ella, los jueces establezcan si la conducta del médico hasido o no antijurídica.Adicionalmente la Corte le pidió al Congreso que regule el tema de la muertedigna.
  54. 54. Por último la Corte decidió, declarar exequible el artículo 326 del Decreto 100de 1980 (Código Penal), con la advertencia de que en el caso de los enfermosterminales en que concurra la voluntad libre del sujeto pasivo del acto, nopodrá derivarse responsabilidad para el médico autor, pues la conducta estájustificada.3.4.4. En la Sentencia C-320 de 1997 el ciudadano Carlos Enrique Marín Vélezpresentó demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 34 (parcial) y 61literal 8º de la Ley 181 de 1995 por la cual se dictaron disposiciones para elfomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y laeducación física, y creó el sistema nacional de deporte.Los artículos demandados, en lo pertinente, se transcriben a continuación:“Artículo 34. Entiéndese por derechos deportivos de los jugadores odeportistas, la facultad exclusiva que tienen los clubes deportivos de registrar,inscribir, o autorizar la actuación de un jugador cuya carta de transferencia lecorresponde, conforme a las disposiciones de la federación respectiva. Ningúnclub profesional podrá transferir más de dos jugadores o deportistas enpréstamo a un mismo club, dentro de un mismo torneo.” 30La Corte considera que los artículos demandados plantean un primer problemaconstitucional ya que el lenguaje empleado por la ley parece implicar que lacarta de transferencia y los derechos deportivos confieren a los clubes unaverdadera propiedad sobre sus jugadores.En efecto, la norma habla de la “transferencia” de los deportistas lo cualsignifica que los clubes son dueños de esas personas. El uso de términosjurídicos que tienden a cosificar a la persona no es admisible.
  55. 55. En consecuencia afirma la Corte que el lenguaje de las normas revisadas esincompatible con la Constitución ya que desconoce la dignidad de losdeportistas a quienes cosifica, vulnera la terminante prohibición de la esclavitudy la trata de personas.Sobre lo anterior la Corte anota:«… La figura de los derechos deportivos, como sistema de compensación entrelos clubes, es legítima, siempre y cuando ella no constituya o permita un abusode parte de los clubes, que tienda a desconocer los derechos constitucionalesdel jugador, a cosificarlo y a convertirlo en un simple activo de talesasociaciones. La ley limita a los clubes la titularidad de los derechos deportivos,ya que confiere esa facultad en «exclusiva» a esas asociaciones.La Corte encuentra que la prohibición de que los jugadores puedan ser titularesde sus propios derechos deportivos no sirve ningún propósitoconstitucionalmente relevante, pues en nada afecta la transparencia de lastransacciones en el ámbito deportivo que un deportista adquiera su carta detransferencia, y sea entonces él mismo el administrador de su carreraprofesional. La medida no es entonces útil a los propósitos de la ley. Además,ella vulnera la protección de la dignidad, la autonomía y la libertad de losjugadores, ya que impide, sin ninguna razón aparente, que un deportista, aladquirir su «pase», pueda entonces orientar en forma libre y autónoma sufuturo profesional, por lo cual se trata de una restricción que tiende a cosificaral jugador al convertirlo en un simple activo empresarial. Los propios jugadorespueden ser titulares de sus derechos deportivos. Tanto la regulación legal delos derechos deportivos como su ejercicio concreto por los clubes deben sercompatibles con la protección a la libertad de trabajo de los jugadoresprofesionales establecida por la Constitución.»31Finalmente la Corte Constitucional resolvió declarar exequible el inciso primerodel artículo 32 , el artículo 34 , salvo la expresión “exclusiva” que es ,inexequible, declaró exequible el artículo 35, salvo la expresión “ dentro de un …plazo no mayor de seis meses… ” que es inexequible y por último la Corte ,decidió declarar exequible el artículo 61 literal 8º de la Ley 181 de 1995.3.4.5. En la sentencia C-013 de 1.997, el ciudadano Eurípides Parra Parra, enejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, demandó lainconstitucionalidad del artículo 328, 345, 347 y 348 del Decreto 100 de 1980(Código Penal).
  56. 56. El texto de las normas acusadas, es el siguiente:“ARTICULO 328. Muerte de hijo fruto de acceso carnal violento, abusivo o deinseminación artificial no consentida. La madre que durante el nacimiento odentro de los ocho días siguientes matare a su hijo, fruto de acceso carnalviolento o abusivo o de inseminación artificial no consentida, incurrirá enarresto de uno a tres años.ARTICULO 345. Circunstancias específicas. La mujer embarazada comoresultado de acceso carnal violento, abusivo o de inseminación artificial noconsentida que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurriráen arresto de cuatro meses a un año.En la misma pena incurrirá el que causare el aborto por estas circunstancias.ARTICULO 347. Abandono de hijo fruto de acceso carnal violento, abusivo ode inseminación artificial no consentida. La madre que dentro de los ocho díassiguientes al nacimiento abandone a su hijo fruto de acceso carnal violento,abusivo, o de inseminación artificial no consentida, incurrirá en arresto de seismeses a tres años.ARTICULO 348. Abandono seguido de lesión o muerte. Si del hecho descritoen los artículos anteriores se siguiere para el abandonado alguna lesiónpersonal, la pena respectiva se aumentará hasta en una cuarta parte.Si sobreviniere la muerte, el aumento será de una tercera parte a la mitad».32La Corte consideró que sobre el artículo 345 comparado con el 343, normasque consagran la pena atenuada para el caso del aborto cuando la mujer hasido embarazada por un acto violento o como consecuencia de unainseminación artificial no consentida, no se configura una desproporciónpunitiva que pueda encajar en el supuesto de irrazonabilidad e injusticia, y que,por tanto, haga forzosa la inconstitucionalidad de dichas normas.Sobre el derecho a la vida la Corte afirma que este es el primero y másimportante de los derechos fundamentales y tiene el carácter de inviolable. Setrata, de un derecho inalienable de todo ser humano, garantizado además enlos pactos internacionales de derechos, que prevalecen en el orden interno, deconformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución.
  57. 57. La Corte insiste en que así la mujer sea ofendida por el delincuente, nadiepuede alegar un derecho para cometer un crimen. Ninguna persona puedehacer justicia por su propia mano, menos todavía si pretende dirigir su actovengativo contra un ser totalmente ajeno al agraviante.En consecuencia la Corte decidió declarar exequibles los artículos 328, 345,347 y 348 del Código Penal (Decreto 100 de 1980), avalando la punición delaborto.En el Salvamento de Voto de esta Sentencia se afirma que el Estado nopuede, sin violar la Constitución Política , sancionar las conductas arribamencionadas, ni siquiera mediante la imposición de penas menos severas delas que contempla el tipo básico.3.5. ANALISIS SE LA JURISPRUDENCIALa sentencia C-221 de 1994 objeto de esta tesis, a la luz de los posteriorespronunciamientos jurisprudenciales, en particular los fallos sobre el aborto, laeutanasia y la transferencia de los jugadores de fútbol, se observa que hayambivalencia de la Corte sobre los alcances y los límites del artículo 16 de laConstitución Nacional.
  58. 58. En efecto, después del análisis de varias sentencias posteriores sobre el temase ve claramente que la Corte ha tenido dos posiciones opuestas en relacióncon este tema, a saber:1. Por una parte, y como se ve claramente en la sentencia de ladespenalización del consumo de la dosis personal (Sentencia C-221 de 1994),la Corte toma el derecho al libre desarrollo de la personalidad como underecho preferente, inclusive interponiendo este derecho sobre derechos tanimportantes como el derecho a la vida y a la salud.2. De otra parte, en la sentencia donde se penaliza el aborto (Sentencia C-013de 1997) después de una violación o una inseminación artificial no consentida,la Corte es clara en afirmar que el derecho a la vida está por encima decualquier otro derecho, inclusive sobre el artículo 16 de la Constitución Política.Dicho en otros términos, la Corte cambia radicalmente de posición.3. La misma Corte anota en la sentencia de la eutanasia (Sentencia C-239 de1997), que el artículo 16 de la Constitución prima sobre el artículo 11. En estasentencia no sólo se declara constitucional la norma donde se atenúa la penapara el homicidio por piedad sino que se afirma que si la persona da suconsentimiento, no podrá ser castigado el médico que le ayudó a morirdignamente. Aquí la Corte vuelve a su tesis inicial: prima la autonomíapersonal sobre la vida, lo que implica un nuevo cambio de jurisprudencia.4. Por último la sentencia donde la Corte se refiere a los derechos deportivosde los jugadores de fútbol (Sentencia C-320 de 1997), la Corte aplica la teoríade la cohabitación de los derechos, pues defiende la dignidad de los mismos
  59. 59. como personas, sin vulnerar los derechos de los propietarios de los clubes. Esdecir que la sentencia respeta el principio que establece que el límite de losderechos de cada persona son los derechos de los demás. Por eso laimportancia de esta sentencia respecto de las anteriores, en las cuales laCorte por proteger unos derechos violaba otros. Aquí, por el contrario, la Corte,luego de las polarizaciones iniciales, pareciera encontrar un justo medio.Ahora bien, esta ambigüedad de la Corte no es preocupante ni sorprendente.No es preocupante porque Colombia es un país en construcción en el cualtodavía quedan muchos pisos por edificar, y no es sorprendente porque elartículo 16 consagra un derecho nuevo aplicado a la cultura colombiana.Además, luego de los altibajos iniciales, en la última sentencia citada la Corterecorre caminos más tranquilos.Finalmente se debe señalar que sobre el consumo de droga no ha habidopronunciamientos judiciales expresos, de suerte que la sentencia C-221 de1994 continua vigente.
  60. 60. 4. DECRETO 1108 DE 19944.1. EL TEXTO DEL DECRETOCon posterioridad a la sentencia C-221 de 1994, y para atenuar sus efectos, elGobierno Nacional expidió el Decreto 1108 de 1994.Los temas tratados en el Decreto son los siguientes:CAPITULO II.Este capítulo prohibe el porte y consumo de sustancias sicotrópicas a losmenores de edad y a las mujeres embarazadas o en período de lactancia. Seconsagran las medidas necesarias en el caso que los menores o las mujeresembarazadas poseen o consuman esas sustancias, también incluye cuálesson las autoridades competentes para adoptar esas medidas y los programastendientes a asegurar el cuidado de esas personas.CAPITULO III.Se relaciona con el Código Educativo, ya que incluye la obligación de adoptaren los reglamentos estudiantiles o manuales de convivencia la prohibición deportar o consumir tales sustancias en los establecimientos educativos del país.
  61. 61. CAPITULO IV.Prohibe el porte y consumo de estuperfacientes y sustancias sicótrópicas enlugares públicos y abiertos al público; y pone las consecuencias y sancionesaplicables frente a la violación de tales normas.CAPITULO V.Este capítulo reglamenta algunas disposiciones sobre deporte. Más tarde seexpidió la Ley 181 de 1994 que prohibe a todas las autoridades deportivas delpaís el uso de estuperfacientes y sustancias sicotrópicas, y establece comoconsecuencias la aplicación del régimen disciplinario de esa ley.CAPITULO VI.Incluye este capítulo disposiciones del Código Penitenciario y Carcelario, queprohibe a los internos de esos establecimientos el consumo de talessustancias y se determina las consecuencias para las personas que custodiany vigilan esos establecimientos, si ellas permiten el ingreso de esas sustanciasa ellos.
  62. 62. CAPITULO VII.Se encuentran las normas para las personas que consumen o se encuentrenbajo los efectos de dichas sustancias y simultáneamente están portando otransportando armas. Como sanción dice que se les incautarán las armasimpondrán multas.CAPITULO VIII.Se relaciona con el Código de Transporte Terrestre y se imponen sanciones alas personas que conducen vehículos bajo el influjo de esas sustancias.CAPITULO IX.Reglamenta disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo y del Régimen delos Servidores Públicos. Prohibe a todos los empleados presentarse al sitio detrabajo bajo el influjo de esas sustancias.CAPITULOS X, XI, XII.Son las normas que orientan las acciones para prevenir el consumo deestuperfacientes, indicando tareas y obligaciones de la Dirección Nacional de

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