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Participacion Ciudadana Ddhh Justicia Trans

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Transcript

  • 1. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL: VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN
  • 2.
    • I. La democracia participativa como aporte de la constitución de 1991
    • La democracia participativa encuentra su fundamento en el preámbulo de la Constitución Política. constitucionales.
    • Así, establece:
    • “ La convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el reconocimiento, la libertad y la paz ” deben garantizarse dentro de un marco jurídico “ democrático y participativo ”.
  • 3.
    • Igualmente, la democracia participativa se desarrolla en principios constitucionales tales como:
    • Art. 1: El Estado social de derecho se funda, entre otras, en sus entidades territoriales democráticas, participativas y pluralistas;
    • Art. 2: Son fines esenciales del Estado, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan, en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación;
  • 4.
    • De la misma manera como la democracia participativa reconoce derechos en cabeza de los ciudadanos , a éstos les corresponde la obligación y el deber de:
    • Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país así como propender al logro y mantenimiento de la paz ;
    • Participar en la construcción y desarrollo de las políticas públicas implementadas con el objetivo de lograr la paz y la reconciliación nacional .
  • 5.
    • Para tomar parte en la democracia participativa , la Constitución ofrece a la ciudadanía mecanismos tales como el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato (Art. 103).
    • Sin embargo, la Corte Constitucional ha extendido los instrumentos de participación democrática por cuanto considera que los mismos no pueden limitarse a la organización electoral. En efecto, los mecanismos deben cobijar todos los ámbitos de la vida individual, familiar, social y comunitaria (C-1338/2000).
  • 6.
    • Dicha interpretación ofrece a los ciudadanos la facultad de hacerse presente en toda la dinámica social del Estado, participando en el diseño y funcionamiento de las instituciones públicas.
    • Así, los individuos y los grupos sociales pueden participar exigiendo la garantía de protección de los derechos a la igualdad, a la libertad de expresión, a elevar peticiones, a reunirse, a informarse, a acceder a los documentos públicos, a la paz, a la verdad, a la justicia, a la reparación, entre otras.
  • 7. II. La democracia participativa y la justicia transicional
    • Derecho a la paz (art. 22 C.P.): La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.
    • Esquema de justicia transicional :
    • “ Por virtud del cual, el Estado intenta resolver los problemas derivados de un pasado de abusos y violaciones a los derechos humanos, a fin de que los responsables rindan cuentas, sirvan a la justicia y faciliten la reconciliación”.
  • 8.
    • El Esquema de justicia transicional exige del Estado:
    • La colaboración armónica de sus diferentes órganos, para evitar la impunidad, garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral, y para la consecución de uno de sus fines esenciales: la Paz ;
    • Que proporcione las herramientas necesarias para hacer efectiva y oportuna la participación en dicho esquema, como alternativa a la solución del conflicto armado interno.
  • 9.
    • Una de las herramientas para las solución del conflicto armado interno es la Ley 975 de 2005 , de “Justicia y Paz”, por medio de la cual se “ dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”.
    • Dicha ley, además de reglamentar las condiciones de reincorporación de los miembros de GAOML, pretende proteger los derechos de las víctimas .
  • 10.
    • Definición de víctima:
    • Persona que individual o colectivamente como resultado de actos u omisiones que violan los derecho humanos, hayan sufrido daños físicos, mentales, emocionales o financieros.
    • Es también víctima la familia directa o las personas a cargo de la víctima.
  • 11.
    • Las víctimas tienen derecho a:
    • 1. La verdad: Conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos violatorios;
    • 2. La justicia: A que se investigue, juzgue y sancione a los autores de los delitos de manera rápida, minuciosa, independiente e imparcial;
    • 3. La reparación integral: Resarcimiento de un daño material o psíquico a través de distintas medidas complementarias (restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición).
  • 12.
    • III. La Procuraduría General de la Nación y la ley 975 de 2005
    • Como órgano rector del Ministerio Público y por mandato constitucional, la PGN tiene las siguientes funciones:
    • Velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos;
    • Defender y representar los intereses de la sociedad;
    • Proteger y asegurar la efectividad los derechos humanos, especialmente de los sujetos más vulnerables.
  • 13.
    • 2. Como una de las Entidades responsables de la implementación de la ley 975 de 2005, la PGN tiene las siguientes funciones:
    • Intervención judicial y administrativa ;
    • Participación en la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación ;
    • Adopción de medidas para impedir la sustracción, la destrucción o la falsificación de los archivos relacionados con los procesos de desmovilización y reinserción.
    • Impulso de mecanismos para la participación de las organizaciones sociales para la asistencia a las víctimas; Divulgación de los derechos de las víctimas;
  • 14.
    • 3. La PGN adelanta acciones de seguimiento y control preventivo:
    • Seguimiento y control preventivo a las políticas públicas en materia de desmovilización y reinserción:
      • Primera Fase: Estándares internacionales;
      • Segunda Fase: Beneficios Administrativos y Jurídicos.
  • 15.
    • Impulso de mecanismos para la participación de las organizaciones sociales para la asistencia a las víctimas. - Capacitación de organizaciones sociales que representan víctimas en el marco de la ley 975 de 2005; - Campaña de divulgación audiovisual; - Fortalecimiento institucional por medio de la difusión de la cartilla “Conceptos básicos acerca de la ley 975 de 2005 y los derechos de las víctimas”.
  • 16.
    • Papel de los jueces de paz en los procesos de desmovilización y reinserción y derechos de las víctimas:
    • Fortalecimiento de los jueces de paz en su rol de mediadores entre población desmovilizada y su reincorporación a la vida civil;
    • Publicación de una cartilla de sensibilización en materia de justicia transicional, desmovilización y reinserción.
  • 17.
    • Formulación de criterios de reparación integral con la participación permanente de las víctimas y las organizaciones que las representan:
    • Criterios de reparación individual: Interpretación sistemática de la normativa interna e internacional sobre el concepto y materialización de “reparación”;
    • Criterios de reparación para colectivos: Indígenas y afro colombianos, con miras a la preservación cultural de las comunidades y el derecho a su territorio.
  • 18.
    • Derecho a la verdad, memoria histórica y conservación de archivos:
    • Adopción de medidas para impedir la sustracción, la destrucción o la falsificación de los archivos relacionados con los procesos de desmovilización y reinserción;
    • Memoria histórica con el fin de evitar la repetición de los hechos violentos.
  • 19.
    • Observatorio de la aplicación de la ley 975 de 2005:
    • Diseño de un instrumento que brinde información oportuna y fiable a la sociedad;
    • Análisis, seguimiento, monitoreo y evaluación de los procesos de implementación de la ley;
    • Recomendar soluciones técnicas, políticas o estratégicas a los riesgos y las dificultades que puedan surgir;
    • Alertar sobre los correctivos a adoptar.
  • 20.
    • Evaluación de las políticas de protección a las víctimas por parte del Estado colombiano:
    • Análisis de la oferta institucional;
    • Hacer observaciones y recomendaciones a la política pública de seguridad personal y patrimonio;
    • Participación constante de las organizaciones sociales.
  • 21.
    • Mesa de tierras:
    • Espacio académico y participativo de reflexión;
    • Pretende orientar o reorientar la acción gubernamental en torno al tema de la protección de bienes patrimoniales de la población desplazada;
    • Participación ciudadana en la construcción de las políticas públicas en el tema de reparaciones y reforma agraria.

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