El documento analiza las propuestas de reforma a las leyes relacionadas con la industria petrolera mexicana. Algunos de los principales cambios incluyen abrir el transporte, almacenamiento, distribución y refinación de petróleo y sus derivados a empresas privadas, así como fortalecer los poderes de la Secretaría de Energía y crear una nueva Comisión del Petróleo para regular estas nuevas áreas de participación privada.