Miércoles 15 de Julio de 2009
Habilitación del puerto de Iquique
Las facilidades para el libre tránsito a través del puerto de Iquique de mercaderías provenientes o
destinadas a Bolivia son un avance concreto para el comercio y las relaciones bilaterales. Los
bolivianos contarán con gratuidad para almacenar sus importaciones durante un año, y 60 días para
depositar sus exportaciones en un recinto especialmente construido en Alto Hospicio. Esta
habilitación encontró fuerte resistencia de la Zona Franca de Iquique y del puerto de Arica,
probablemente por infundado temor a la competencia.
Desde ahora, el comercio boliviano tendrá tres puertos con un régimen semejante: Arica,
Antofagasta e Iquique. Estas franquicias deberían abaratar los costos de operación de las
exportaciones e importaciones bolivianas a través del Pacífico y aumentar el comercio y los
servicios portuarios chilenos. Sin embargo, la gratuidad tiene riesgos de ser desvirtuada y abusada
para dejar desechos y abandonar indefinidamente mercaderías. Debe velarse asimismo por que estos
depósitos, en caso alguno, puedan ser utilizados por organizaciones ilícitas para sus fines. Estas
conductas indebidas deben contar con mecanismos de prevención, solución y sanción, y que,
además, eviten perjuicios al entorno.
Para perfeccionar aún más las facilidades de tránsito, siguen pendientes el mejoramiento de la
infraestructura para la conectividad con Bolivia y la rehabilitación del ferrocarril de Arica a La Paz,
cuya reparación de vías debe volver a licitarse próximamente, para luego adjudicar su concesión.
Lamentablemente, obstáculos burocráticos y discutibles restricciones de financiamiento de las obras
han provocado demoras y desaliento, y en el caso del ferrocarril, desinterés de eventuales
concesionarios. Chile cumplió con el Tratado de Paz y Amistad de 1904, que estipuló "unir el
Puerto de Arica con el Alto de La Paz por un ferrocarril cuya construcción contratará a su costa el
Gobierno de Chile". Aunque jurídicamente no sea exigible, la mantención de la vía férrea para
prestar el servicio es inherente a ese compromiso. Secuelas de los conocidos desaciertos en la
gestión de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), la quiebra del último concesionario, el
descuido en el mantenimiento de las vías y equipos, desastres originados por la crecida del río Lluta
y, fundamentalmente, incompetencia y falta de voluntad política se han combinado para la
interrupción de los servicios ferroviarios desde 2005.
Igualmente indispensable es el seguimiento de la "agenda sustentable para el desarrollo de Arica"
que anunció el ministro del Interior a comienzos de este año. Esa agenda es el tercer plan de rescate
de Arica en los últimos 15 años y, como los anteriores, aún no rinde los frutos esperados. Dicho
plan, respecto de cuya necesidad hay consenso, merece ser complementado con medidas radicales
de exenciones de impuestos, semejantes a las vigentes en Isla de Pascua, y mediante
liberalizaciones para el desarrollo de su potencial minero, actualmente limitado por exageradas
razones ambientales y de seguridad nacional. Se trata de la provincia de la mayor importancia
geoestratégica y una de las más empobrecidas y abandonadas por el gobierno central. Urgente es la
agilización de la construcción de la planta desalinizadora, promesa que se arrastra desde la creación
de las provincias de Arica y Parinacota.
El desarrollo de Arica y la integración física con Bolivia están íntimamente ligados y merecen una
atención prioritaria de los gobernantes y legisladores nacionales. Hace ya muchos años que se
conocen las necesidades y oportunidades de las provincias de Arica y Parinacota y, también, las
deficiencias de infraestructura para la conectividad con Bolivia. Los parlamentarios y gremios de la
zona norte han sido claros en representar estas fallas. Es tiempo de que sean atendidas por las
autoridades del gobierno central y por los restantes legisladores.