SEÑOR/A JUEZ/A DE PICHINCHA.
I.- NOMBRE DE LOS LEGITIMADOS ACTIVOS.-
1. Dr. Ramiro Rivadeneira Silva, Defensor del Pueblo,...
inexistencia de un Reglamento que permita la aplicación de la disposición constitucional
contenida en el Art. 66 numeral 2...
9. La Convención sobre Derechos del Niño establece una obligación de respetar para
los Estados Parte, que se relaciona con...
14. En concordancia con éste, el Art. 18 de la Convención sobre los Derechos del
Niño, establece como principio el que amb...
Art. 5: Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: a) Modificar
los patrones socioculturales de conduct...
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discriminación por razón del sexo e ide...
dicho fin2
. Es decir, si el Estado ecuatoriano no puede justificar la aplicación del Art. 78
de la Ley de Registro Civil ...
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igualdad de sexos.”4
25. La Observ...
aunará una más amplia, flexible y justa regulación jurídica en lo que se refiere a la
imposición del orden de los apellido...
institución en ejercicio de funciones públicas, sin un asidero legal y legítimo contundente,
decida sobre los nombres y ap...
34. El numeral 28 del Art. 66 de la Constitución ecuatoriana también define la
identidad personal como derecho humano, en ...
registrada ante el Estado. Dicho derecho se establece también en diversos
instrumentos internacionales.
183. Los Estados, ...
apellidos serán el primero de cada uno de los padres, debiendo preceder el paterno al
materno, hacemos caer en cuenta que ...
44. Adicionalmente el Art. 424 de la Constitución establece que “La Constitución es
la norma suprema y prevalece sobre cua...
VI. DOCUMENTOS DE PRUEBA.-
A fin de demostrar la vulneración de los derechos antes mencionados, nos permitimos
adjuntar la...
Por mandato de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, deberá contarse
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Acción de protección Camila

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La Defensoría del Pueblo presentó una acción de protección a favor de los derechos de Camila y su padre y madre, Wilton y Nieve, que buscan registrar a su hija con el apellido materno, antecediendo al paterno

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Acción de protección Camila

  1. 1. SEÑOR/A JUEZ/A DE PICHINCHA. I.- NOMBRE DE LOS LEGITIMADOS ACTIVOS.- 1. Dr. Ramiro Rivadeneira Silva, Defensor del Pueblo, Dr. Patricio Benalcázar Alarcón, Adjunto Primero del Defensor del Pueblo; Carla Patiño Carreño Directora Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, Alejandra Soriano Díaz, servidora pública de la Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza, Abg. Wilton Guaranda Mendoza y Abg. Nieve Solorzano Zambrano, de estado civil casados entre sí, domiciliados en esta ciudad de Quito, de 31 y 30 años de edad, de ocupación Coordinador Nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Defensoría del Pueblo y Especialista Contenciosa Electoral II del Tribunal Contencioso Electoral, respectivamente, a usted respetuosamente comparecemos para interponer la siguiente Acción de Protección, conforme a lo dispuesto en los Art. 86 Núm. 1; Art. 88; Art. 215 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador; Art. 9 literal b) y Art. 39 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. II.- IDENTIFICACIÓN DE LA AUTORIDAD PÚBLICA O LEGITIMADO PASIVO.- 2. La Autoridad Pública contra la cual demando la presente Acción de Protección, es el señor Ingeniero Jorge Montaño Prado en calidad de Director General del Registro Civil del Ecuador. III.- DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN U OMISIÓN DE LA AUTORIDAD PÚBLICA QUE GENERA LA VIOLACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES, SOBRE LA CUAL DEMANDO LA PRESENTE ACCIÓN DE PROTECCIÓN.- ANTECEDENTES.- 3. El día 13 de diciembre del 2011, el señor Wilton Guaranda y la señora Nieve Solórzano acudieron a las oficinas del Registro Civil de Quito a inscribir a su hija de veinte días de nacida, con el nombre de Camila Solórzano Guaranda. 4. Funcionarios de la ventanilla 37 y de la Dirección de Asesoría Jurídica de la institución accionada, manifestaron su negativa a la inscripción con el primer apellido de la madre precediendo el del padre debido a la disposición expresa del Art. 78 de la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, que establece lo contrario y, principalmente, en la
  2. 2. inexistencia de un Reglamento que permita la aplicación de la disposición constitucional contenida en el Art. 66 numeral 28. 5. El 15 de diciembre del 2011, el señor Wilton Guaranda y la señora Nieve Solórzano presentaron una solicitud por escrito al señor Director General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, Ing. Jorge Montaño Prado, solicitando que en base a las normas constitucionales vigentes, se proceda a la inscripción de la niña Camila Solórzano Guaranda. 6. Con fecha 12 de Enero de 2012, el Ab. Vinicio Astudillo Palomo, en calidad de Director Nacional de Asesoría Jurídica del Registro Civil, contesta a la solicitud del señor Wilton Guaranda y la señora Nieve Solórzano manifestando, en un oficio en el cual transcribe normas constitucionales que en nada motivan su decisión que: “…en virtud de que se debe precautelar la seguridad jurídica de la filiación paterna y materna, esta Dirección de Asesoría Jurídica considera que no es procedente inscribir el nacimiento de la menor CAMILA en los términos solicitados, debiendo sujetarse la inscripción de nacimiento al ordenamiento jurídico imperante”. IV.- DERECHOS CONSTITUCIONALES QUE ESTAN SIENDO VULNERADOS POR LA AUTORIDAD PÚBLICA.- 7. Los hechos que se detallan en el numeral precedente demuestran que el Registro Civil al negar la inscripción de la hija del señor Wilton Guaranda y la señora Nieve Solórzano está vulnerando algunos derechos reconocidos en las normas constitucionales y en instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, como: i) el derecho al libre desarrollo de la personalidad; ii) el derecho a la no discriminación por razones de género; y, iii) el Derecho a la identidad personal, que incluye tener nombres y apellidos libremente escogidos. V.- FUNDAMENTOS DE DERECHO. A. Violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad 8. La Declaración Universal de Derechos Humanos, ratificada por Ecuador el 23 de marzo de 1990, en el Art. 22 menciona la obligación estatal de satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales indispensables para asegurar el libre desarrollo de la personalidad de los individuos.
  3. 3. 9. La Convención sobre Derechos del Niño establece una obligación de respetar para los Estados Parte, que se relaciona con el derecho al libre desarrollo de la personalidad de niñas y niños; esta consiste en que: “Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades.”(Art. 14.2) 10. La negativa de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, impide precisamente que los progenitores de Camila ejerzan estos derechos y cumplan con su deber de guiar a su hija para el ejercicio posterior y progresivo de su libertad de pensamiento. 11. La Constitución de la República en el Art. 66 Núm. 5 garantiza “El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los derechos de los demás”. En el presente caso, la decisión del señor Wilton Guaranda y la señora Nieve Solórzano no afecta derechos de terceros, más bien reivindica derechos como la igualdad de género, conforme lo señalaremos a continuación. La decisión del Registro Civil limita este ejercicio y trastoca el derecho al libre desarrollo de la personalidad que debe ser entendido como el derecho de toda persona a decidir sobre sus prioridades y necesidades personales, que incluyen el derecho a decidir los nombres y apellidos propios y los de sus hijos e hijas. B. Violación del derecho a la igualdad y no discriminación por razones de género 12. El Art. 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, reconoce los derechos y libertades a todas las personas sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, nacimiento ni cualquier otra condición. 13. El Art. 17 del Pacto de San José, refiriéndose a la protección a la familia como responsabilidad estatal, dispone en su numeral cuarto: “Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo…”.
  4. 4. 14. En concordancia con éste, el Art. 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño, establece como principio el que ambos progenitores tengan obligaciones comunes respecto a la crianza y desarrollo del niño o niña. 15. En cumplimiento de estas obligaciones contraídas por el Estado ecuatoriano, al suscribir los tratados internacionales antes mencionados, el Art. 67 inciso segundo de la Constitución de la República, dispone que: “El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal.” El primer inciso del mismo artículo, reconoce que los diversos tipos de familia se basarán “en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes”. 16. El artículo primero de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (dentro de este apartado B, la Convención), describe los actos que se entienden como discriminatorios: “A los efectos de la presente Convención, la expresión ‘discriminación contra la mujer’ denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”. 17. El Art. 2 de la Convención, establece la condena a la discriminación contra la mujer y los compromisos estatales asumidos en virtud de la ratificación de este instrumento, entre los cuales se encuentran: 1. “… asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de este principio”; 2. “Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas”; 3. “Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer”; entre otras. 18. Se puede examinar buena parte del articulado de la Convención, y constatar la violación de derechos a la niña Camila y a la señora Nieves Solórzano. Por mencionar algunos: Art. 3: Los Estados Partes tomarán en todas las esferas (…) todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones que el hombre.
  5. 5. Art. 5: Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias (…) b) Garantizar que la educación familiar incluya (…) el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos (…). Art. 15: 1. Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley. 2. Los Estados Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad (...). Art. 16: Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: (…) c) los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su disolución. d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial. (…) g) Los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el derecho a elegir apellido, profesión y ocupación. 19. La Convención entró en vigor en 1981 a nivel mundial. Ecuador suscribió la misma el 17 de Julio de 1980, y la ratificó el 9 de Noviembre 1981. El Decreto Supremo No. 278, que contiene la Ley de Registro Civil, fue promulgado el 21 de abril de 1976. No hace falta un examen muy profundo para comprobar que el Art. 78 de la Ley de Registro Civil (y seguramente muchas disposiciones más de dicha normativa), debió ser derogado para proteger los derechos de las mujeres y su cabal goce y ejercicio, más aún tratándose de un cuerpo legal tan importante como el que regula el registro de personas, intrínsecamente relacionado con el derecho a la identidad. La omisión o incumplimiento del Estado en este sentido, no puede acarrear la continua vulneración de derechos; el escudarse en la ausencia de norma secundaria para impedir el ejercicio de derechos, es inconstitucional, ilegítimo y condenable. Una actuación así por parte de instituciones públicas, lejos de salvaguardar la seguridad jurídica, como se asegura en el oficio de contestación del Registro Civil, la lesionan al decidir ilegítimamente inaplicar la Constitución (de aplicación directa e inmediata de acuerdo al Art. 11.3) para ampararse en una norma que perdió eficacia jurídica al momento en que entró en vigor la Carta Fundamental vigente. 20. La Constitución ecuatoriana consagra el derecho a la no discriminación, y a la igualdad material y formal, en el Art. 66 numeral 4, comprometiéndose el Estado a desarrollar y ejecutar planes y programas que permitan la igualdad material entre hombres y mujeres, empezando su aplicación en el sector público (Art. 70). Con bastante
  6. 6. claridad, el Art. 11 numeral segundo de la misma Norma establece la prohibición de discriminación por razón del sexo e identidad de género, como principio de aplicación de los derechos. Al hablar de principio de aplicación, se quiere significar que, en todo caso en que una persona pretenda ejercer sus derechos (en el caso presente, el derecho al nombre), el Estado, responsable de respetarlos, garantizarlos y promoverlos, deberá observar estos principios y aplicarlos para garantizar la efectividad del derecho. Para garantizar la aplicación de este principio específico, se dispone la sanción de toda forma de discriminación. 21. No hay asidero social ni jurídico alguno (salvo el inconstitucional y solitario Art. 78 de la Ley de Registro Civil, y las prácticas patriarcales arraigadas en la mentalidad de funcionarios y funcionarias públicas) que impidan verdaderamente la inscripción de una persona con el apellido de su madre antes del de su padre. Por el contrario, todas las consideraciones expuestas obligan a toda servidora y servidor público a respetar la plena vigencia de las libertades y derechos que aquí se han detallado; a aplicar la norma e interpretación que más favorezcan los derechos fundamentales (Art. 11.5 de la Constitución); y a proteger a la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Precisamente es por esa función social que un grupo familiar presenta per sé, que se deben desarraigar las costumbres discriminatorias, la degradación de la mujer y las prácticas contrarias a los derechos fundamentales, desde la familia. 22. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido el siguiente principio: “Esta misma formulación fue seguida por la Comisión en el caso ‘Morales de Sierra’18 relativo a la utilización legislativa del sexo como criterio diferenciador. La CIDH indicó que el artículo 24 de la Convención Americana ha establecido como regla que ciertas formas de diferencia en el trato, como aquellas que se basan en el sexo, resultan ‘fuertemente sospechosas de ilegalidad’, y que el Estado tiene que brindar razones de mucho peso para su justificación. Siempre que la distinción obedezca a algunos de los factores o categorías sospechosas, la norma o la política que la utiliza serán observadas bajo un criterio de escrutinio intenso o estricto.”1 23. La finalidad de introducir o mantener criterios diferenciadores en la legislación, jamás puede consistir en relegar a determinado grupo social o menoscabar sus derechos; por el contrario, los únicos criterios diferenciadores admisibles son aquellos que propenden a la igualdad material de todos los miembros de la sociedad, y solamente cuando no existan medidas “menos lesivas”, dice la Comisión Interamericana, para lograr 1 Dulitzky, A. E. (2007). El Principio de Igualdad y No Discriminación. Claroscuros de la Jurisprudencia Interamericana. , 15-32.
  7. 7. dicho fin2 . Es decir, si el Estado ecuatoriano no puede justificar la aplicación del Art. 78 de la Ley de Registro Civil como la única medida capaz de lograr la igualdad material de las mujeres con respecto a los hombres en lo relativo al registro nacional de personas, esta aplicación sería ilegítima; más cuando el efecto de este artículo es precisamente el contrario: provoca la conservación de prácticas discriminatorias contra la mujer que se deben erradicar por mandato constitucional. 24. Para profundizar en el principio de igualdad, procedemos a analizar su definición de acuerdo a la doctrina internacional de Derechos Humanos. Patricia Palacios Zuolaga explica: “La idea que hemos recogido aquí no es, entonces, que todos deben ser tratados de forma igual, sino que los iguales deben ser tratados de forma igual y los diferentes de forma diferente… concepto intermedio de igualdad de oportunidades, política que pretende establecer una base desde donde cada ser humano pueda partir en la vida con reales posibilidades de llegar a lograr sus metas… Es el reconocimiento universal de que los seres humanos somos esencialmente diferentes, pero que a pesar de ello, o tal vez en razón de ello, todos debemos ser tratados sin discriminación por el Estado… La igualdad ante la ley es la primera expresión práctica del principio de la igualdad, una respuesta a la interrogante de cómo se logra la igualdad dentro de un Estado de derecho, una meta realizable (a diferencia de la igualdad pura) que implica que los órganos estatales deben velar porque las normas jurídicas se apliquen de igual manera a todas las personas sujetas a la jurisdicción de ese Estado. Ahora bien, condición anterior necesaria para lograr una efectiva igualdad ante la ley es la llamada igualdad en la ley, principio que obliga a los Estados a asegurarse que las normas de aplicación general que se dicten dentro de su territorio no establezcan diferencias arbitrarias entre sus destinatarios. La manera en que el Estado logra cumplir con su obligación de asegurar la igualdad en la ley y ante la ley es a través del principio de no discriminación.”3 La Observación General No. 4 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, “interpreta el principio de no discriminación consagrado en el Pacto como fuente de obligaciones positivas de los Estados Partes, en particular con referencia a las medidas especiales para efectos de lograr la igualdad de facto. Luego recuerda a los Estados Partes que las obligaciones impuestas por el Pacto requieren necesariamente de una revisión profunda de la legislación vigente en cada uno 2 Ibídem 3 Zuloaga, P. P. (2006). La No Discriminación: Estudio de la Jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos sobre la Cláusula Autónoma de No Discriminación. Santiago de Chile: LOM.
  8. 8. de ellos, a fin de eliminar todas aquellas normas que no cumplen con el principio de la igualdad de sexos.”4 25. La Observación General No. 28 del mismo Comité, establece responsabilidades estatales indispensables para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres. Entre otras, se encuentran las siguientes: 1) Que los Estados tomen todas las medidas pertinentes para el goce y disfrute de los derechos fundamentales en igualdad de condiciones, tanto en lo público como en lo privado, así como la eliminación de los obstáculos que lo impidan e instruir a la población y a las personas funcionarias públicas en estos derechos [párrafos 3 y 4]; 2) Abstenerse de limitar los derechos consagrados en el Pacto en formas no previstas en el mismo ni impedir el goce de derechos reconocidos en la legislación interna –como el derecho a elegir libremente los nombres y apellidos que reconoce la Constitución ecuatoriana- a pretexto de no encontrarse los mismos reconocidos expresamente en el Pacto [párrafo 9]; 3) El reconocimiento de la personalidad jurídica plena de la mujer, incluyendo la obligación de erradicar leyes o prácticas que supongan restricciones a su capacidad jurídica [párrafo 19]; 4) Obligación estatal de garantizar y amparar la libertad de pensamiento de la mujer, y el derecho a expresarlo [párrafo 21]; 5) Igualdad de derechos en el régimen matrimonial y libre elección de los apellidos tanto para hombres como para mujeres [párrafo 25]. 26. Con la finalidad de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, otras legislaciones han procedido a modificar su régimen interno en lo relativo al registro de personas. Países como Francia, Argentina y España facultan a los progenitores escoger el orden de los apellidos de las hijas e hijos. Se cita a continuación la Guía Sobre el Cambio de Nombres y Apellidos, elaborada por el Ministerio de Justicia español, para demostrarlo5 : Esta Ley, que ahora se aprueba, en primer lugar, atribuye a los padres la posibilidad de elegir el orden de los apellidos, en el momento de solicitar la inscripción de nacimiento del recién nacido, de modo que pueda figurar como primero el de la madre siempre que exista común acuerdo. Si no existe este acuerdo, figurará el del padre tal y como está actualmente regulado (art. 54 L.R.C.). En todo caso, el orden de los apellidos con el que se inscriba al hijo o hija mayor determinará el orden establecido para los siguientes hijos de los mismos padres. Esta modificación se fundamenta en el principio de igualdad entre hombres y mujeres recogido en el art. 14 de la vigente Constitución Española de 1978, que 4 Ibídem, pg. 123. 5 Ministerio de Justicia (España). (20 de Octubre de 1999). scgeanealogia.org. Recuperado el 16 de Febrero de 2012, de http://www.scgenealogia.org/pdf/apellidos.pdf. Ver también: Ley de Registro Civil española, Arts. 54 y 55.
  9. 9. aunará una más amplia, flexible y justa regulación jurídica en lo que se refiere a la imposición del orden de los apellidos de los hijos, sean ya de filiación matrimonial o no matrimonial. No sólo nuestra Constitución Española venía exigiendo esta nueva regulación jurídica, sino también numerosas normas jurídicas de carácter internacional, emanadas tanto de organismos y organizaciones internacionales (las Naciones Unidas), así como otros de carácter supranacional (el Consejo de Europa y la Unión Europea)... 27. En el presente caso, tanto el señor Wilton Guaranda como la señora Nieve Solórzano han acordado de forma libre y voluntaria escoger como el primer apellido de su hija Camila, el apellido de la madre, lo cual nos muestra que el Estado, a través del Registro Civil está invadiendo el ámbito de decisión privada de esta familia, que ciertamente pretende equiparar criterios de igualdad y no discriminación que han estado arraigados por siglos en nuestra cultura jurídica y social. Con esta decisión, el Registro profundiza esa discriminación y acentúa las prácticas machistas de preponderancia del hombre sobre la mujer que están condenadas por la Constitución e instrumentos internacionales, conforme lo hemos analizado. C. Violación del derecho a la identidad personal, que incluye tener nombres y apellidos libremente escogidos 28. El Art. 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, recoge el derecho al nombre que tiene todo ser humano como intrínseco a su dignidad. En el mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, en el Art. 24.2, establece que “Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre.” 29. La Convención sobre Derechos del Niño define algunos de los componentes de la identidad como derecho humano específico de las niñas, niños y adolescentes. El Art. 8 de la Convención, obliga a los Estados Parte “a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.” 30. Con referencia a las injerencias ilícitas, es necesario puntualizar en qué consisten aquellas. La palabra injerencia, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua, se define como: “Entremeterse, introducirse en una dependencia o negocio.” De acuerdo con el Diccionario Enciclopédico de Guillermo Cabanellas, injerencia es: “Introducción |Inclusión |Intervención |Intromisión, las introducciones ilegales o indebidas en lo ajeno”6 . Puede entenderse entonces, que el hecho de que una persona o 6 Cabanellas, G. (1997). Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Buenos Aires: Heliasta.
  10. 10. institución en ejercicio de funciones públicas, sin un asidero legal y legítimo contundente, decida sobre los nombres y apellidos que llevará una niña, interfiriendo con la voluntad de los progenitores legítimamente expresada, es de considerarse como una injerencia ilícita. Tal actuación por parte de la institución accionada, evidentemente pugna contra la Convención sobre Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales de derechos humanos (algunos aquí analizados), y constituye por ello una flagrante vulneración de los derechos fundamentales específicos de Camila, de la cual el Estado ecuatoriano se constituye responsable. 31. En el caso Gelman vs. Uruguay7 , que conoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se define el derecho a la identidad, de la siguiente manera: “Asimismo, el derecho a la identidad puede ser conceptualizado, en general, como el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en sociedad y, en tal sentido, comprende varios otros derechos según el sujeto de derechos de que se trate y las circunstancias del caso”. 32. Y más aún, la Organización de Estados Americanos ha profundizado en el alcance del derecho a la identidad, concluyendo que “el reconocimiento de la identidad de las personas es uno de los medios a través del cual se facilita el ejercicio de los derechos a la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad, a la inscripción en el registro civil, a las relaciones familiares, entre otros derechos reconocidos en instrumentos internacionales como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana (…) la falta de reconocimiento de la identidad puede implicar que la persona no cuente con constancia legal de su existencia, dificultando el pleno ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”. Y el mismo parágrafo de la sentencia antes referida, explica: “En ese mismo sentido, el Comité Jurídico Interamericano expresó que el ‘derecho a la identidad es consustancial a los atributos y a la dignidad humana’ y que, en consecuencia, ‘es un derecho humano fundamental oponible erga omnes como expresión de un interés colectivo’” (Gelman vs. Uruguay, ibídem). 33. La negativa de inscripción de la niña Camila por parte del Registro Civil, está ocasionando que el padre y madre de la referida niña, tengan inconvenientes para ejercer algunos de sus derechos, como por ejemplo el derecho de la niña a recibir atención médica en el IESS debido a que necesitan demostrar el parentesco consanguíneo para tener acceso a la atención médica. 7 Gelman vs. Uruguay, Sentencia de 24 de Febrero de 2011, parágrafos 122-123.
  11. 11. 34. El numeral 28 del Art. 66 de la Constitución ecuatoriana también define la identidad personal como derecho humano, en los siguientes términos: “El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales.” 35. La libertad de escoger los nombres y apellidos es ejercida por los representantes legales de aquella persona que no hubiere alcanzado su capacidad jurídica plena, en representación de la misma, fundamentados, en el presente caso, en la formación que han escogido para dicha persona. Es decir, existe una relación íntima entre el derecho a formar una familia y la forma en que esa familia busca y alcanza su desarrollo, todo lo cual, encontrándose en la esfera de los derechos humanos, no puede ser objeto de intromisión estatal alguna, salvo para garantizar precisamente el ejercicio más amplio posible de tales derechos. En este sentido, de conformidad con lo anteriormente analizado, incluido el Art. 14.2 de la Convención de los Derechos del Niño, transcrito en el apartado A del presente documento, el ejercicio de esta potestad no puede recaer en funcionarios o funcionarias públicas, cuando la madre y padre de una persona menor de edad está en plena capacidad legal de ejercerla. 36. La negativa a registrar el nombre de Camila con el apellido de su madre y el de su padre, causa una vulneración a sus derechos que se viene prolongando en el tiempo desde el momento en que se negó el registro por primera vez, hasta que se constituya el registro mismo. Mientras tanto, se está manteniendo a una niña en una situación jurídica irregular, lo cual representa una amenaza grave a sus derechos fundamentales, pues al no constar la inscripción de su nacimiento en el Registro público creado para el efecto, virtualmente (para la ley), ella no existe. La importancia del nombre y de la inscripción de un niño o niña al momento de nacer, con los nombres y apellidos libremente escogidos por el padre y madre, ha sido analizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Niñas Yean Bosico vs. República Dominicana8 : 182. Ahora bien, el derecho al nombre, consagrado en el artículo 18 de la Convención Americana, constituye un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona, sin el cual no puede ser reconocida por la sociedad ni 8 Caso Yean Bosico vs. República Dominicana (Corte Interamericana de Derechos Humanos 8 de Septiembre de 2005), parráfos 182-184.
  12. 12. registrada ante el Estado. Dicho derecho se establece también en diversos instrumentos internacionales. 183. Los Estados, dentro del marco del artículo 18 de la Convención, tienen la obligación no sólo de proteger el derecho al nombre, sino también de brindar las medidas necesarias para facilitar el registro de la persona, inmediatamente después de su nacimiento. 184. Igualmente, los Estados deben garantizar que la persona sea registrada con el nombre elegido por ella o por sus padres, según sea el momento del registro, sin ningún tipo de restricción al derecho ni interferencia en la decisión de escoger el nombre. Una vez registrada la persona, se debe garantizar la posibilidad de preservar y restablecer su nombre y su apellido. El nombre y los apellidos son esenciales para establecer formalmente el vínculo existente entre los diferentes miembros de la familia con la sociedad y con el Estado 37. Y en el parágrafo 180 de la misma sentencia, la Corte expresa: “En el caso concreto, el Estado mantuvo a las niñas Yean y Bosico en un limbo legal en que, si bien las niñas existían y se hallaban insertadas en un determinado contexto social, su existencia misma no estaba jurídicamente reconocida, es decir, no tenían personalidad jurídica.” 38. Es el mismo limbo legal en el que el señor Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación, se ha permitido colocar a la niña Camila, quien hasta la fecha carece de identidad jurídica legalmente reconocida, por el acto ilegítimo e inconstitucional que se denuncia en esta acción. D. La disposición legal del Art. 78 de la ley de registro civil es inaplicable a este caso concreto, pues su disposición es ineficaz, contraria la constitución y vulnera los derechos antes mencionados.- 39. La Constitución de la República en el Art. 66 Núm. 28 establece que: “Se reconoce y garantizará a las personas: El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y sociales”. (el subrayado nos pertenece). 40. A través de esta disposición, la Constitución garantiza la libertad de las personas para escoger los nombres y apellidos. Si bien el Art. 78 de la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación establece que en la inscripción de un nacimiento, los
  13. 13. apellidos serán el primero de cada uno de los padres, debiendo preceder el paterno al materno, hacemos caer en cuenta que esta disposición data del año 1976, cuando por Decreto Supremo 278, publicado en el Registro Oficial 70 del 21 de abril de 1976, año de dictadura militar, se publicó la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, época en que no se habían reconocido algunos de los derechos que actualmente se encuentran en la Constitución de la República e Instrumentos internacionales de derechos humanos, como es el derecho de los padres y madres a elegir los nombres y apellidos de los hijos, conforme consta del Art. 66 Núm. 28 de la Constitución vigente. 41. La disposición legal del Art. 78 de la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación se encuentra sin vigencia de conformidad con la Disposición Derogatoria de la vigente Constitución que dispone “que se encuentra derogada toda norma contraria a esta Constitución y que el resto del ordenamiento jurídico permanecerá vigente en cuanto no sea contrario a la Constitución”. Como podemos observar, existe una evidente contrariedad entre la norma constitucional que garantiza el derecho de las personas a elegir los nombres y apellidos en la inscripción y la Ley del Registro Civil que obliga a las personas a inscribirse primero con el apellido paterno y luego el materno. 42. La Constitución de la República en el Art. 11 establece que los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento. El numeral 3 del mencionado artículo señala que “Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte”. Adicionalmente el numeral 5 establece que “En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia”. 43. El establecimiento de esta disposición señala precisamente que contrario a lo que ocurría en los estados de derecho, en el actual estado constitucional de derechos y justicia que nos rige, los funcionarios públicos están obligados a ejercer las funciones que establece primeramente la Constitución y luego la Ley, en ese orden. Por tanto no puede argumentarse que el registro Civil está impedido de inscribir los nombres y apellidos que deciden los padres bajo pretexto de que hay una ley que así lo obliga, pues como insistimos, la Constitución manda que los funcionarios públicos apliquen primeramente sus normas antes que las leyes, y como manifestamos nuevamente, la Constitución de forma expresa garantiza el derecho de elegir los nombres y apellidos de quienes se vayan a inscribir como ciudadanos/as ecuatorianos.
  14. 14. 44. Adicionalmente el Art. 424 de la Constitución establece que “La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica”. La disposición del Art. 78 de la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación no guarda conformidad con el Art. 66 Núm. 28 de la Constitución vigente, por lo tanto carece de eficacia jurídica y no debe ser aplicada por las autoridades del Registro Civil. 45. Adicionalmente, el Art. 425 dispone que “El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos”. Como usted podrá observar, la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación es una Ley Ordinaria, ubicada en el cuarto lugar de aplicación de normas, siendo la Constitución el primer cuerpo normativo que la autoridad pública o judicial debe observar para aplicar sus preceptos. Por lo tanto es plenamente legítimo y legal que el registro Civil aplique de forma directa el Art. 66 Núm. 28 de la Constitución y proceda a la inscripción de la niña Camila con el orden de los apellidos decididos por su padre y madre. 46. En caso de que existan dudas o conflictos en la aplicación de estas normas, la Constitución señala en el Art. 425 segundo inciso que “En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior”. (el subrayo nos corresponde). Esto quiere decir, que se deberá aplicar la norma jerárquica superior, esto es la norma Constitucional que permite la elección de los nombres y apellidos de nuestra hija y por tanto disponer la inscripción como lo están solicitando el padre y madre de la niña Camila. 47. Finalmente, y en caso de que usted señor/a Juez así lo considere, en virtud de que la disposición del Art 78 de la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación es contraria a lo establecido en el Art. 66 Núm. 28 de la Constitución de la República, solicitamos que de conformidad al Art. 428 de la Constitución en concordancia con el Art. 142 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, suspenda la tramitación de la presente acción de protección y remita en consulta el expediente a la Corte Constitucional para que resuelva sobre la inaplicabilidad de la norma del Registro Civil.
  15. 15. VI. DOCUMENTOS DE PRUEBA.- A fin de demostrar la vulneración de los derechos antes mencionados, nos permitimos adjuntar la siguiente documentación que prueba nuestros argumentos de hecho y de derecho: • Oficio de fecha 15 de diciembre de 2011, recibido por la institución accionada el mismo día y año a las 8h25, mediante el cual se solicitó la inscripción de la hija del señor Wilton Guaranda y la señora Nieve Solórzano. • Oficio No. 2012-13-DAJ mediante el cual el abogado Vinicio Astudillo Palomo da respuesta negativa a la solicitud, a nombre de la Dirección General de Identificación, Registro Civil y Cedulación. VII. PETICIÓN.- Por los antecedentes expuestos, solicito a usted señor/a Juez/a que una vez aceptada la presente Acción de Protección, mediante Sentencia, en términos del Art. 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, resuelva lo siguiente: La Inscripción de forma inmediata, en cualesquiera agencia del Registro Civil del Ecuador de la hija del señor Wilton Guaranda Mendoza y la señora Nieve Solórzano Zambrano, con los nombres de Camila Solórzano Guaranda. VIII. DECLARACIÓN.- Declaramos que no hemos planteado otra garantía constitucional por las mismas acciones, contra la misma persona o grupo de personas y con la misma pretensión. IX. NOTIFICACIONES.- Al Director General del Registro Civil se le notificará en la Av. Amazonas N37-61 y NNUU, en esta ciudad de Quito. Notificaciones que nos correspondan, en función de lo previsto en el Art. 8 numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se recibirán tanto en la casilla judicial No. 998 del Palacio de Justicia de Quito como en el correo cpatino@dpe.gob.ec de la Defensoría del Pueblo.
  16. 16. Por mandato de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, deberá contarse en la presente causa con el señor Procurador General del Estado, a quien se le notificará en las calles Robles 731 y Av. Amazonas. Sírvase proveer por ser legal y constitucional nuestro pedido. Dr. Ramiro Rivadeneira Silva DEFENSOR DEL PUEBLO Carla Patiño Carreño DIRECTORA NACIONAL DE PROTECCION DERECHOS HUMANOS Y DE LA NATURALEZA Abg. Wilton Guaranda Mendoza c. c. 130811984-9 Dr. Patricio Benalcázar Alarcón ADJUNTO PRIMERO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO Alejandra Soriano Diaz SERVIDORA PÚBLICA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Abg. Nieve Solórzano Zambrano c. c. 130947913-5

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