Este documento describe las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de los Comités de Agua Potable (CAPS) en Nicaragua en el manejo comunitario del agua. Los CAPS son organizaciones comunitarias democráticas que gestionan el agua a nivel local. Si bien cuentan con experiencia organizativa y apoyo de organizaciones, enfrentan retos como la propiedad privada de fuentes de agua, falta de legalidad y conocimiento de leyes relacionadas. Se propone ampliar el conocimiento de marcos legales, impulsar la plan
3. Nuestra Fortalezas
Una organización Comunitaria, con carácter democrático y
participativa alrededor de la gestión del agua.
La experiencia, organizativa, de gestión e incidencia
alcanzada por los CAPS.
Los CAPS constituyen un mecanismo de participación
ciudadana en el desarrollo de sus comunidades.
Tener una ley que establece un marco de actuaciones.
Contar con una amplia Red de sistemas existentes (5000)
Ser organizaciones sin discriminación
hacia la participación de la mujer
4. Oportunidades
Nivel de coordinaciones y apoyo
alcanzado con organizaciones de
sociedad civil, alcaldías e instituciones
del estado.
Procesos de capacitación realizados con el apoyo de
organizaciones de sociedad civil.
Apoyo para la rehabilitación de sistemas de agua con el
apoyo de organizaciones de la sociedad civil, agencias
financieras y alcaldías.
La participación ciudadana en espacios
comunitarios y municipales.
5. Dificultades (1)
La propiedad de las fuentes de agua está en manos
privadas
La legalidad de las tierras, fuentes de
agua y servidumbres de paso.
El desconocimiento y manejo de las
leyes que regulan el uso del agua por
parte de la población, de los CAPS y de
las mismas autoridades.
La falta de legalidad de los CAPS, se calcula que no
menos de un 10 % no están inscrito debido a las
dificultades que establece la ley para su inscripción.
6. Dificultades (2)
Desconocimiento de la Ley Especial de CAPS por
parte de los funcionarios de las instituciones.
El requerimiento de parte el Ministerio de Hacienda,
que las declaraciones sean en línea e informatizadas
sin tomar en cuenta la realidad del país y
particularmente de las comunidades rurales, donde
muchas personas ni leen ni escriben, mucho menos
pueden hacer uso de computadoras y procedimientos
en internet.
7. Dificultades
No hay apropiación ni conocimiento de lo que implica la
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, lo que
repercute en conflictos y competencias por el uso del
agua.
Algunas autoridades no toman
las denuncias por delitos
ambientales.
La autorización de despales por
parte de algunas autoridades locales y nacionales.
8. Amenazas (1)
La posibilidad de la privatización de las fuentes de
agua, contempladas en la Ley General de aguas
Nacionales.
Algunas fuentes de agua a nombre de algunas alcaldías
y no a nombre de las comunidades o de los CAPS.
La falta de un cuidado y manejo apropiado del
medioambiente, sumado al los efectos del cambio
climático.
9. Amenazas (2)
La posibilidad de la privatización de las fuentes de
agua, contempladas en la Ley General de aguas
Nacionales.
Algunas fuentes de agua a nombre de algunas
alcaldías y no a nombre de las comunidades o de los
CAPS y la perspectiva de que esto sea una política.
La falta de un cuidado y manejo apropiado del
medioambiente, sumado al los efectos del cambio
climático.
10. Amenzas
El avance del monocultivo.
El crecimiento del latifundio y desplazamiento de
campesinos pobres en alianza con personas ligadas
al gobierno, caso concreto Los Pellas en Chichigalpa.
11. Proponemos :
Amplio manejo del marco jurídico que rige la gestión de
los recursos hídricos incluyendo la Ley Especial de
Comités de Agua Potable por parte de la población
beneficiaria, los CAPS y todas las autoridades estatales
involucradas.
Conocer sobre GIRH e impulsar desde el estado y las
alcaldías la planificación el uso del agua, priorizando el
consumo humano.
12. Proponemos :
Evitar el sesgo político en el manejo de los recurso
hídricos.
Observatorio y denuncia social sobre el cumplimiento
de la Ley General de Aguas Nacionales, por parte de las
autoridades, que evite las dificultades con las propiedad
de las fuentes de agua y que limitan el acceso a las
comunidades.
Proponer una reforma a Ley Especial de CAPS que
facilite los proceso de legalización.
