Ley televisa
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    Ley televisa Ley televisa Presentation Transcript

    • Ley televisa
      y la lucha por el poder en México
    • Capitulo I
      Antecedentes legislativos de
      la “Ley Televisa”
    • un par de argumentos del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la
      Nación, Genaro Góngora Pimentel, en el debate que en mayo de 2007 se
      llevó a cabo en el Pleno del Poder Judicial, durante el análisis de la Acción
      de Inconstitucionalidad de las Reformas a las Leyes Federales de Radio y
      Televisión y de Telecomunicaciones (“Ley Televisa”)
      los antecedentes de las reformas en el
      marco de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política, en
      los artículos 6 y 7, y cuyo debate forma parte de los en México.
      a éstos se ha venido registrando desde hace 30 años.
    • Primera etapa. El reconocimiento constitucional
      En el marco de la llamada reforma política, el 30 de diciembre de 1977, el
      presidente José López Portillo presentó una iniciativa que modificaba 17 artículos
      constitucionales, incluyendo la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos
      Electorales, en cuyos considerandos expresó:
      Se estima conveniente establecer como prerrogativas de los partidos políticos
      su acceso permanente en la radio y la televisión, sin restringirse a los periodos
      electorales, esta prerrogativa tiene el propósito de dar vigencia en forma más
      efectiva al derecho de información que mediante esta iniciativa se incorpora al artículo
      6 constitucional.
    • Otro aspecto que debe ser incorporado en los antecedentes del derecho a la
      información en México fue, sin duda, el debate internacional que en la década
      de 1970 se generó en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y en la
      Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
      (UNESCO) frente a la concentración de las fuentes de información de las grandes
      agencias informativas y que puso sobre la mesa el desequilibrio informativo y la
      necesidad de un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación
      Lo anterior puede explicar que los principales tratados y convenciones
      internacionales que incorporan los derechos a la libre expresión y el derecho
      a la información, como el “Pacto internacional de derechos civiles y políticos”
      (ONU, 1966) y la “Convención americana sobre derechos humanos” (OEA,
      1969), hayan sido incorporados en 1981 como parte del derecho mexicano para
      su plena vigencia como norma interna
      Con esta formalización institucional del derecho a
      la información se inicia en nuestro país el debate y los intentos por materializar
      en normas jurídicas, la posibilidad de su ejercicio y garantía plena, que aún hoy
      seguimos esperando.
      El
    • El inicio de los debates públicos
      Treinta años han pasado desde el reconocimiento constitucional del derecho ala información en México,
      importantes consultas: en
      1979 convocadas por el Poder Legislativo, en 1983 por el Ejecutivo, en 1995
      nuevamente por el Legislativo, en 2001 nuevamente por el Ejecutivo, en 2004 y
      2005 nuevas consultas en el Legislativo. Sin considerar los cientos de congresos,
      foros y conferencias que durante este largo periodo han sido realizados en el
      ámbito académico.
      Como resultado de estos debates, también se pudo constatar el crecimiento
      y consolidación de los argumentos respecto de la actualización de las normas
      reglamentarias y simultáneamente las esgrimidas por quienes históricamente se
      han opuesto a modificar “una sola coma”, la regulación vigente que ha permitido
      el cómodo statu quo en el que se han asentado y crecido los grandes medios de
      comunicación privados.
    • Primera llamada... primera
      Durante la entonces clásica comida conmemorativa de la libertad de expresión,
      el 7 de junio de 1977, el presidente José López Portillo manifiesta su convicción
      sobre la necesidad de poner orden en materia de comunicación y cumplir con la
      promesa hecha en su campaña sobre la garantía del derecho a la información:
      En el caso de la información no basta con abrir la oportunidad legal y libre para que
      haya información y comunicación. En una economía mixta en la que los procesos
      mercantiles también se garantizan, menester es garantizar que quienes por la
      fortuna no tienen medios, tengan sí la seguridad de informar y ser informados.
      Cuatro meses después, el 4 de octubre de 1977 el presidente envía a la Cámara
      de Diputados la iniciativa de ley que modificaría 17 artículos constitucionales
      incluyendo la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales y que
      fuera aprobada por el Congreso de la Unión, el 30 de diciembre de 1977 y que,
      como ya mencionamos, incorpora al artículo 6 constitucional, la garantía del
      derecho a la información.
    • El derecho a la información es ya expresión constitucional, pero todavía no
      suficientemente garantizada. Y éste es uno de los retos que se le presentan a la
      estructura democrática del país
      Hasta aquí la lógica del procedimiento no presentaba dudas, la presentación
      de una propuesta reglamentaria parecía ser el paso consecuente. Así, el 18 de
      septiembre de 1979, el entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles,
      dio a conocer la realización de audiencias públicas en la Cámara de Diputados,
      que tendrían como objetivo conocer las posiciones del sector social sobre el
      reglamento del derecho a la información.
      Finalmente, se reconoció
      al Estado como principal obligado a establecer un organismo regulador de las
      actividades del comunicador, todos estos son argumentos que reflejan los puntos
      de consenso. Sólo 15% (22) de las 140 ponencias manifestaron estar en contra
      de la reglamentación del derecho a la información.1
    • En abril del mismo año, el diputado Farías deja ver que existían presiones para
      que se abandonara la discusión sobre el tema: “La reglamentación del derecho a
      la información no estará sujeta a la presión de los grandes intereses que se oponen
      a ella.
      El cuerpo legislativo de la Cámara de Diputados no ha encontrado la fórmula
      para reglamentar el derecho a la información. Por decirlo así, no le encontramos la
      cuadratura al círculo. Hasta la fecha he rechazado varios proyectos presentados
      porque representaban un atentado directo a la libertad de expresión [...] Considero
      difícil que durante este periodo de sesiones se presente un proyecto definitivo
      [...] Porque este problema es tan complejo como el de la corrupción.
      una propuesta de
      actualización normativa a manera de ley integral que ordenaba la legislación
      vigente e incluía algunos preceptos no existentes, procurando hacer congruente
      el cuerpo jurídico general. Además de propuestas para una reordenación
      administrativa de las instituciones gubernamentales, entre las que estaba la
      creación de los institutos, tanto el de la radio (Instituto Mexicano de la Radio,
      Imer), el de televisión (Instituto Mexicano de la Televisión, Imevisión), el de
      cine (Instituto Mexicano de Cinematografía, Imcine) y el del libro (Instituto
      Mexicano del Libro, Imel).
    • Lo publicado refleja una buena síntesis de lo que se proponía, así como
      también nos permitirá evaluar, si lo expuesto en las páginas publicadas era motivo
      suficiente para entender las reacciones que provocaría:
      El derecho a la información, garantizado en el artículo sexto de la Constitución,
      involucra, de acuerdo con el anteproyecto de ley, los siguientes puntos: derecho
      a solicitar información a las fuentes idóneas; de proveer información a los
      medios de comunicación social y en general a quienes lo requieran; de informar
      públicamente; requerir que los mensajes sean publicados en los medios de
      comunicación social siempre que revistan importancia pública; derecho a
      una información cierta, objetiva, completa, plural y comprensible
    • las principales propuestas que en 1980-1981 se
      consideraban indispensables, eran:3
      • Establecer normas claras para el otorgamiento de frecuencias, y reglas para
      la renovación de acuerdo con los compromisos establecidos en los títulos de
      concesión.
      • Obligación del aprovechamiento racional de las bandas no utilizadas en el
      espectro.
      • Favorecer en el otorgamiento de concesiones y permisos a quienes se comprometan
      a destacar la función social del medio, así como proporcionar formas
      de participación social en la programación.
      • Equilibrar la disparidad entre las frecuencias comerciales y las de contenido
      social, cultural y educativo.
    • (Sociedades para la Comunicación Social de Patrimonio Colectivo) o de las
      iniciativas de participación social en los medios.
      • Utilizar plenamente los tiempos disponibles en radio y televisión para
      canalizar las iniciativas de participación social.
      • Establecer las medidas necesarias para la eficiente administración del espectro,
      en particular privilegiando la participación social y del estado en la banda
      UHF y televisión de cable.
      • Aprovechar el sistema de televisión por cable para satisfacer las necesidades
      de cobertura educativa.
      • Establecer los mecanismos adecuados para la verificación de circulación y
      audiencias de los medios de comunicación a partir del Registro Público de
      la Comunicación Social.
    • Establecer un servicio nacional de centros y acervos de datos de operación
      telemática de acceso público y otras medidas dirigidas a evitar las tendencias
      a la privatización de la información mediante las nuevas tecnologías.
      • Estimular la creación de asociaciones de receptores.
      • Crear la figura (y elaborar una reglamentación específica) de sociedad de
      comunicación social de patrimonio colectivo.
    • Cuando Luis M. Farías, líder de la Cámara de Diputados, dio por terminado
      el debate tenía en las manos la propuesta de la Presidencia, nunca lo reconoció
      en ese momento; sin embargo, diez años después, en entrevista con Proceso,4
      explicó el final de este episodio:
      En reuniones privadas se lo dije al presidente: si aprobamos esto te vas a convertir
      en el gran censor. ¿Quiéres pasar a la historia como el que limitó la libertad de
      expresión? [...] Mejor déjalo todo como está.
      Le dije que yo entendía su interés y su preocupación, que había hecho una cosa
      muy bonita, en teoría pero no práctica, y que atentaba contra la Constitución.
      Nunca lo aceptó. Después renunció y ya no supe de él.
      Dijo ignorar si Televisa y otros grupos privados presionaron directamente:
      “No supe de reuniones privadas, pero no dudo que hayan existido.
      La ciudadanía, apenas estrenada en los asuntos del debate público, sigue
      participando y muestra mayor exigencia en sus demandas con 2 mil ponencias
      presentadas5 por los sectores interesados en el tema, para dejar nuevamente la
      expectativa de la reforma en un cajón, limitando ésta a un ajuste administrativo
      de ordenamiento de los recursos del Estado en la comunicación.
    • Segunda llamada... segunda
      Como resultado de estas deliberaciones, y casi a punto de cerrarse los trabajos
      de la LVI Legislatura, después de diagnósticos, propuestas y búsquedas de
      consensos, el 22 de abril de 1997 los diputados federales del PRD, PAN y PT,9
      miembros de la Comisión Especial de Comunicación Social,10 presentaron
      ante el pleno de la Cámara de Diputados dos iniciativas de ley: la Ley Federal
      de Comunicación Social, reglamentaria a los artículos sexto y séptimo de la
      Constitución, presentada por la diputada María Teresa Gómez Mont (PAN) y el
      proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal
      de Radio y Televisión y de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, para crear
      un nuevo marco legal que regule el otorgamiento, revocación o cancelación de
      las concesiones de radio y televisión en México,11 presentado por la diputada
      Ana Lilia Cepeda (PRD). Detenernos en lo propuesto en esta iniciativa
    • Las leyes y reglamentos aún vigentes han sido utilizadas en beneficio de unos
      cuantos grupos de concesionarios y dueños de los medios, estableciéndose una
      relación de beneficios mutuos entre éstos y el gobierno.
      Así,
      se abre la posibilidad que tendrán dichas estaciones para comercializar espacios
      publicitarios, conjugando así las necesidades de sobrevivencia de dichas estaciones
      con la labor cultural y educativa que realizan con las comunidades indígenas,
      rurales y urbanas del país.
    • El 10 de septiembre de 1998, la Comisión de RTC tomó el acuerdo unánime
      de conformar una subcomisión revisora, en primer lugar de la iniciativa de Ley
      Federal de Comunicación Social
      quedando integrada por tres miembros de
      cada fracción parlamentaria, quienes definieron su programa de trabajo entre el
      21 y el 30 de septiembre de 1998, calculando presentar la conclusión de su trabajo
      el 27 de octubre de ese mismo año,
    • A pesar de que desde la Comisión de RTC se enviaron comunicados de prensa,
      cartas aclaratorias a los periódicos e invitaciones a conferencias de prensa14 en donde
      explicaron el proceso de revisión de la iniciativa de Ley Federal de Comunicación
      Social, negando que existiera un intento por coartar las libertades de información
      y de expresión garantizadas constitucionalmente, los principales encabezados,15
      insistían en referirse a una “ley mordaza”, sin mencionar que lo que se presentaba
      como noticia era la misma iniciativa
    • Tercera llamada... tercera
      Ese 10 de octubre de 2002, durante la comida de clausura de la tradicional
      Semana de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, su presidente
      Bernardo Gómez,19 anuncia “el fin del 12.5% y un nuevo reglamento de la
      Ley Federal de Radio y Televisión”. Vicente Fox sólo ratifica lo anunciado por
      el presidente de la CIRT.
      México inicia una nueva etapa después de los resultados del 2 de julio de 2000,
      con un gobierno distinto al PRI y donde la Reforma Política de 1977 parecía
      haber encontrado una etapa concluyente, con un órgano electoral autónomo
      y una sociedad más participativa que logró un Congreso más heterogéneo en
      su representación política.
    • El nuevo Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión (1973 -2002)
      realizó modificaciones que muy lejos quedaron de resolver los problemas
      centrales de las formas de operación de los medios electrónicos
      el 4 de diciembre de 2002 llevaron los resultados al Senado de la República
      presentándolos como iniciativa ciudadana, éste la hizo suya al convertirla en
      Iniciativa de Ley el 12 de diciembre de 2002, presentada por Raymundo
      Cárdenas (PRD) y Javier Corral Jurado (PAN) y firmada por 64 senadores (PAN,
      PRD, Convergencia y PVEM)
    • Capítulo II ¿Qué fue la “Ley Televisa”?
      Radiodifusión y telecomunicaciones
      Los servicios de radio y televisión, como el de las telecomunicaciones, constituyen
      dos campos regulatorios diferentes, tanto por la naturaleza de los servicios
      que se prestan, como por el fin que cada uno persigue. Mientras que en las
      telecomunicaciones el uso del espectro para cumplir su cometido constituye una
      actividad de naturaleza eminentemente mercantil, el servicio de radiodifusión
      cumple una importante función social, en virtud del interés público que busca
      satisfacer; verificable, en parte, por la gratuidad de las transmisiones dirigidas
      a la población en general
    • Por ello conviene revisar las reformas a los artículos 2 y 28 primer párrafo,
      fracción II de la LFRTV, así como la adición de dos fracciones al artículo 3 de
      la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT), pues su redacción no abona a su
      comprensión conceptual; al contrario, confunde.
      Por ello era necesario que la radiodifusión se constituyera legalmente como
      un servicio de telecomunicaciones, a efecto de que los concesionarios –no así los
      servicios de radio y televisión permisionados– pudieran ampliar su capacidad
      de hacer negocio sin necesidad de participar en un proceso legal para que se
      les adjudicara la prestación de un servicio de esta naturaleza,
      A lo anterior contribuye la introducción del artículo 7-A en la LFRTV, que
      establece las reglas de la supletoriedad y precisa en su fracción I que a falta de
      regulación específica, deberá aplicarse, en primer lugar, la LFT. Como se sabe,
      la supletoriedad aplica en aquellos supuestos normativos en los cuales no existe
      disposición expresa en la ley especial
    • La ley favorece la concentración
      Lo anterior fomenta fenómenos de concentración,2 pues el hecho de permitir
      a un concesionario explotar nuevos servicios sin mediar licitación, limita la
      participación de otros interesados, lo cual, además, resulta ilegal, pues ningún
      acto administrativo firme, como en el presente caso sucede con una concesión
      de radio y televisión, puede generar en favor de su titular un derecho adicional
      que debe ser materia de un acto administrativo diferente
    • acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes”.
      Por otra parte, lo dispuesto en el artículo 16 favorece sobremanera los
      fenómenos de concentración, pues si bien disminuye a 20 años el plazo de las
      concesiones –en la versión anterior de la ley este plazo era de 30 años– beneficia
      No existe posibilidad alguna para que una concesión que vence se adjudique
      a alguien diferente al actual concesionario, pues no se establecen requisitos
      adicionales para evaluar la factibilidad de la prórroga
      “El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés
      general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y
      aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, salvo las excepciones que
      las mismas prevengan. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren
      la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y
      evitarán fenómenos de concentración que contraríen el interés público”.
    • Lo dispuesto por el artículo 16 de la LFRTV, en la parte comentada, de
      ninguna manera asegura un esquema que evite fenómenos de concentración,
      pues reitero, sería indispensable introducir criterios que permitieran evaluar de
      manera objetiva, por lo menos, el cumplimiento de la función social referida en
      el artículo 5 de la Ley, previo a que se autorizara la prórroga.
      Órgano regulador
      establece el artículo 27 de la Constitución General de la República.
      No deja de ser importante la reforma que adiciona un artículo (9-A) a la
      LFT, por medio del cual se le otorgan atribuciones a la Cofetel en los diversos
      ámbitos de su competencia, entre los cuales puede leerse en la fracción XVI que
      “de manera exclusiva” la Cofetel adquiere “las facultades que en materia de radio
      y televisión le confieren a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la Ley
      Federal de Radio y Televisión, los tratados y acuerdos internacionales
    • la SCT mantendrá una función importante en materia de
      telecomunicaciones es la hipótesis contenida en la fracción XV del artículo 9-A
      anteriormente citado, que atribuye a la Cofetel capacidad para “proponer al titular
      de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la imposición de sanciones
      por infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
      aplicables”, es decir, que siempre habrá la posibilidad de que el titular del ramo
      no esté de acuerdo con la propuesta de sanción que haga la Cofetel
    • Los redactores de la iniciativa de reformas a la LFT pensaron que para
      asegurar su congruencia con lo dispuesto por el artículo 27 de la Carta Magna
      que en su párrafo sexto ordena que “el uso o aprovechamiento de los bienes del
      dominio directo, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a
      las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por
      el Ejecutivo Federal,
      Por ello, es necesario insistir sobre la necesidad de fortalecer a la Cofetel a
      nivel de una reforma constitucional, pues de otra forma siempre se mantendrá
      dependiente de la SCT.
      En el caso de la Cofetel, se formula una propuesta similar a la que se aplicó
      en la designación de los comisionados del IFAI, que permite al Ejecutivo
      Federal realizar los nombramientos y someterlos a conocimiento del Senado de
      la República, para que éste, o la Comisión Permanente, según el momento en
      que se haga la propuesta, evalúe el perfil de las personas designadas
    • Por otra parte, en la ley se observa una insuficiencia importante, relacionada con el ejercicio profesional de quienes lleguen al cargo de comisionados, pues
      no se introduce la posibilidad de vetar a quienes hayan mantenido una situación de empleados de los concesionarios, ya sean de telecomunicaciones como de
      radiodifusión, con lo cual se corre el riesgo de que el conflicto de intereses no sea una limitante para que determinada persona ocupe el cargo de Comisionado de la
      Cofetel.
    • Régimen de concesiones y permisos
      Es preciso señalar que en términos del artículo 27 constitucional, el otorgamiento
      de concesiones deberá realizarse conforme a “las reglas y condiciones que
      establezcan las leyes”, aunque no basta simplemente con introducir ciertos
      criterios legales para asegurar que se cumple con lo anterior, pues el décimo
      párrafo del artículo 28 de la Carta Magna establece que en caso de que se
      concesione un servicio del dominio directo, “las leyes fijarán las modalidades
      y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la
      utilización social de los bienes”.
    • [...] el precepto constitucional [...] únicamente establece como requisito para
      su procedencia, que sea ejercida por el equivalente al 33% de los integrantes del
      órgano legislativo estatal que haya expedido la norma que se combate, por lo que
      Sobre el tema, cabe resaltar el sentido de los informes que presentaron las cámaras
      del Congreso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues sostienen la
      validez de la norma general impugnada
    • Capítulo III
      El proceso legislativo de la aprobación de las reformas
      Los 327 diputados que aprobaron la “ley Televisa” se distribuyeron, por
      partidos, de la siguiente manera.16 En la tabla se incluye el porcentaje de legisladores
      que votó por esas reformas, respecto del total de diputados de cada fracción.
      El ex secretario de Gobernación nada dijo que los opositores a la “ley Televisa”
      no hubieran señalado durante los meses aciagos que corrieron de diciembre de 2005
      a abril de 2006, cuando prácticamente dos poderes de la Unión –el Legislativo y
      el Ejecutivo– cayeron postrados a los intereses de los ejecutivos de Televisa y de
      TV Azteca para sacar adelante reformas que, en esencia, significaban una “captura
      del Estado” y un secuestro del futuro de la convergencia tecnológica en manos de
      los monopolios de medios electrónicos y telecomunicaciones
      La “Ley Televisa”, crónica de una imposición
    • Los senadores perredistas, en especial el coordinador Carlos Navarrete, tomó
      la estafeta y se comprometió a impulsar una reforma a la contrarreforma que
      significó la “ley Televisa”. El diputado federal Raymundo Cárdenas, quien
      fue un activo crítico de la ley durante su paso como senador en la Legislatura
      pasada, alertó junto con otros legisladores como el priísta Carlos Rojas
      La noche amarga
      En el seno de la fracción del PRI los ánimos también se caldearon. Al ex
      gobernador de Puebla y ex secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, no lo
      pudieron doblar ni las insinuaciones de Emilio Gamboa Patrón ni los amagos
      de golpes en su contra. Mucho menos a Dulce María Sauri, quien rompió
      récord de participaciones en la tribuna sin que la contraparte le diera una sola
      contraargumentación. El diálogo de sordos de esa noche se transformó, un año
      después, en el expediente más puntual para que los ministros de la Suprema
      Corte retomaran las críticas vertidas por quienes votaron en contra de las
      contrarreformas.
    • Capítulo iV
      La acción de inconstitucionalidad
      A pesar de que la discusión fue más amplia, es imperioso que el diálogo que
      se origina entre los actores políticos en nuestro país asiente sus argumentos en
      procesos dialécticos con los sectores de la población –como son los empresarios
      y los grupos minoritarios. La sociedad civil debe ocupar su lugar como agente
      de cambio y reclamar que las leyes creadas para gobernarlos vayan de acuerdo
      con las demandas de la modernidad. Situación a manifestarse no sólo en la
      búsqueda del avance tecnológico de los medios masivos, sino a partir de la
      estrecha unión del desarrollo sociocultural fundado en la competencia necesaria,
      para que el posicionamiento de las frecuencias disponibles refleje la pluralidad
      de nuestra nación.
    • La acción de inconstitucionalidad, otro procedimiento que sólo puede tramitarse
      ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La pueden iniciar el equivalente
      al 33% de los integrantes del órgano legislativo que haya expedido la norma
      (es decir, una minoría de senadores o diputados del Congreso de la Unión, o
      una minoría de diputados de las legislaturas locales), el Procurador General
      de la República y, en el caso de las leyes electorales, t
      Los cimientos de la acción de inconstitucionalidad
      Para comprender la trascendencia que la acción representa para la actualidad
      democrática del país es necesario sumergirse en los postulados esenciales que
      promueve. En la presentación del proyecto de sentencia el ministro ponente,
      Aguirre Anguiano, engloba los problemas fundamentales que personifican los
      monopolios para el desarrollo plural de la sociedad –traducidos en la aprobación
      de la “ley Televisa”–, coyuntura que los obligaba a reflexionar sobre la decisión
      que tomarían: “se trata de determinar qué constituye la propiedad originaria
      del Estado mexicano, de qué es dueño el Estado