Posicionamiento OSC limpieza social 2011

de 2 Exigimos al Estado Mexicano y sus Gobiernos Estatales, frenar los operativos de limpieza social en contra de las poblaciones callejeras.La Red por los derechos de la infancia en México y la Alianza Mexicana de Poblaciones Callejeras, queremos manifestarnuestra preocupación por los operativos de limpieza social que se han venido realizando en los Estados de Jalisco,Chiapas, Veracruz, Chihuahua y Cd. de México, intensificándose en las últimas semanas, teniendo como argumento queeste tipo de prácticas se encuentran en el marco de proyectos de alto nivel de remozamiento del entorno urbano, quedan respuesta a la demanda vecinal y de los empresarios de la zona y que generan espacios “seguros”, al quedar libresde niños trabajadores y poblaciones callejeras.En el mismo sentido, argumentando políticas de protección a la infancia, el DIF nacional en el marco de su programadenominado “De la Calle a la vida”, los DIF estatales, llevan a cabo programas locales en coordinación con la Secretariade Seguridad Pública y la Policía Preventiva con lo cual han instrumentado directamente levantamiento de la población,actos intimidatorios, destrucción de sus casas y pertenencias, amenazas a los padres de los niños de perder la patriapotestad, llamados a la población para que denuncie si ve alguna persona menor de edad trabajando o pidiendo dineroen las calles. Estas acciones criminalizan a niños, niñas y en general a las poblaciones callejeras.Los operativos realizados contravienen los derechos de la infancia, que lejos de atender bajo este enfoque y con laprofundidad necesaria los problemas que pretenden combatir, entre otros la pobreza y la profunda exclusión social de losniños y niñas que viven o trabajan en la calle, estas propuestas generan un círculo de exclusión al provocardiscriminación social y criminalización de las familias más vulneradas en sus derechos humanos.Más de cinco décadas de atención al fenómeno callejero en América Latina demuestran que las políticas de encierro ode retiro forzado de niños, niñas y adolescentes de las calles sólo constituyen acciones inmediatistas que impiden unproceso de restablecimiento de la cohesión social. Los programas más exitosos a nivel internacional son aquellos queparten de la desincorporación gradual de la calle para ofrecer nuevas posibilidad de acceder voluntariamente a espaciosalternativos como parte de un proceso de inclusión, interlocución y de formación para la infancia. El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha señalado enfáticamente que el Estado tendría quepromover programas de vinculación a la escuela y de desvinculación progresiva de la calle, así como programas contrala explotación laboral de niños y niñas. Los operativos implementados no cambian las raíces económico-sociales de laspoblaciones y que pueden incluso fomentar la corrupción de autoridades. Tales medidas son una oportunidad para quese legitime la práctica de abusos y arbitrariedades contra las poblaciones callejeras y quienes trabajan en las calles.El Estado mexicano firmó y ratifico con carácter vinculante la Convención de los Derechos del Niño (CDN) que desde elartículo 133 de la Constitución Mexicana obliga a todos los gobiernos a reconocerla como ley por encima de lasnormativas federales y estatales. Las prácticas de limpieza social impulsadas por los gobiernos de los Estados señaladosanteriormente, violan distintas disposiciones de esta ley, específicamente los derechos a la supervivencia y al desarrollo(art. 6 de la CDN), a la no discriminación (art. 2), a la participación en los temas que les afectan (art. 12), el principio delinterés superior del niño (art. 3), el derecho a una vida libre de violencia (art. 19). En el caso de niños y niñas que viveny/o trabajan en la calle con su familia, la iniciativa puede generar además la violación de su derecho a la familia y a noser separados de sus padres (art, 5, 9, 18), y al Art. 23 de la Ley federal para la Protección de los Derechos de Niñas,Niños y Adolescentes que dice textualmente: “Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia. La falta derecursos no podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de sus padres o de los familiares con los que convivan,ni causa de la pérdida de la patria potestad”. En el caso de la Ciudad de México, el Programa de Derechos Humanos delDistrito Federal en su línea 2022 indica “Identificar las prácticas discriminatorias y evitar los retiros forzados… de lapoblación callejera…”.

de 2 Asimismo, recordamos la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a los Casos “Niños de laCalle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala y Marco Antonio Servellón y otros vs. Honduras, en los cuales la Cortecondenó no sólo “la práctica sistemática de la violencia contra niños en situación de riesgo”, sino la doble agresión de lacual los niños son objeto en este caso: por una parte por su situación de pobreza, porque no se benefician de la debidaprotección del Estado garantizando el “desarrollo completo y armonioso de sus personalidades”; y porque el Estado haviolado sus integridades físicas, psicológicas y morales, e incluso sus vidas con sus prácticas u omisiones.Por tales motivos, y en virtud de las obligaciones del Estado Mexicano en materia de derechos humanos, exigimos: • El reconocimiento de las poblaciones callejeras y de infancia trabajadora como sujetos de derechos. • Que se eliminen los operativos de limpieza social y se retome el espíritu de Garante de los Derechos y de Protección que el propio Estado a través de los diversos organismos y secretarias, está obligado a cumplir aplicando estrategias integrales de atención a la infancia bajo el enfoque de derechos. • Se debe reconocer la deuda histórica del Estado Mexicano con esta población excluida socialmente, por lo que toda acción pública debe partir en su diseño y aplicación de los principios rectores de la Convención de los Derechos del Niño, la consulta con expertos en el tema, así como un presupuesto claramente diferenciado para esta población. • Es necesario desarrollar estrategias, sustentadas en el principio rector de la No Discriminación, para sensibilizar a la sociedad, a los líderes de opinión y funcionarios públicos de todo nivel para el tratamiento adecuado de este fenómeno social, superando las falsas creencias y estereotipos negativos que sustentan la discriminación, la violencia y las acciones de limpieza social. • Realizar campañas nacionales, estatales y municipales de promoción de la Convención de los Derechos del Niño, para facilitar el tránsito de las miradas tradicionales que limitan el derecho de participación de la infancia callejera, con la finalidad de alcanzar el reconocimiento de niños y niñas como ciudadanos con igualdad de derechos. • Exigimos el desarrollo de alternativas diferenciadas por núcleos de población, con especial énfasis en las problemáticas de la infancia indígena y migrantes a las áreas urbanas. • Cualquier iniciativa pública con población callejera debe garantizar espacios de coordinación y concertación entre los programas gubernamentales, sociedad civil, y fundamentalmente se priorice la participación de las poblaciones callejeras. • Es urgente la programación de presupuesto etiquetado para atender la complejidad de las poblaciones callejeras con el fin de garantizar su inclusión y el pleno ejercicio de sus derechos.Como organizaciones de la sociedad civil que promovemos un movimiento social y cultural de promoción y defensa delos derechos de la infancia, estamos en la disposición de compartir nuestra experiencia para el desarrollo de leyes,políticas públicas y programas que generen inclusión y formación para las poblaciones callejeras y la infancia trabajadoraen el marco de los Derechos Humanos. AtentamenteAlianza Mexicana de Poblaciones CallejerasCIDES, IAP (Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social)Ednica, IAPEl Caracol, A. C.MAMA, A. C.MATRACA, A. C.Melel Xojobal, A. C.Red por los Derechos de la Infancia en Mexico (REDIM) México, D. F. a 26 de Mayo del 2011

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by Melel Xojobal on May 26, 2011

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