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Nº de Expediente      0396-D-2012Trámite                      0004 (07/03/2012)Parlamentario                      REGIMEN ...
FUNDAMENTOSSeñor presidente:La ley 23.737, que establece el Régimen Penal de Estupefacientes penaliza la tenencia de droga...
considerando final, y dejar sin efecto la sentencia apelada en lo que fue motivo de agravio. II) Exhortar atodos los poder...
En vez de castigar a estas personas con todo el rigor de la ley penal, sostenemos que debemos brindarles unadecuado sistem...
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- El deslinde de las intervenciones punitiva y sanitaria a fin de posibilitar una discusión más robusta y ampliasobre la a...
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- La Ley 26.586, por la cual se creó el Programa Nacional de Educación para la Prevención de Adicciones yel Consumo indebi...
- Proponemos derogar el Artículo 5, en su inciso a). Este inciso es el referido a la "simple" siembra y cultivode plantas,...
LEGISLACION PENAL.El Senado y Cámara de Diputados,...Artículo 1° - Deróganse las leyes 23.737 y 23.975, y se las sustituye...
-además de la pena que le correspondiere- un tratamiento de desintoxicación y rehabilitación durante eltiempo que los peri...
sanitaria nacional y en acto público debidamente difundido por los medios de comunicación con anticipaciónsuficiente, para...
Pero, más allá de eso, pretendemos - siguiendo los criterios en los que se afianza un proyecto de ley conexopresentado en ...
Sin embargo y no obstante el evidente fracaso del abordaje penal en esta materia, a la par que se registraba unininterrump...
De esta manera con estos avances y retrocesos es que llegamos a mediados del año 2009 al reciente yriquísimo fallo "Arriol...
Sumado a lo anterior cabe mencionar que existen otras sustancias que generan un malestar en la salud, comoser las llamadas...
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  1. 1. Nº de Expediente 0396-D-2012Trámite 0004 (07/03/2012)Parlamentario REGIMEN CONTRA EL NARCOTRAFICO LEY 23737. MODIFICACION, SOBRESumario TENENCIA Y PENALIZACION. PUIGGROS, ADRIANA VICTORIA - SEGARRA, ADELA ROSA - BIANCHI,Firmantes MARIA DEL CARMEN. LEGISLACION PENAL; PREVENCION DE ADICCIONES Y CONTROL DELGiro a Comisiones NARCOTRAFICO; PRESUPUESTO Y HACIENDA.El Senado y Cámara de Diputados,...MODIFICACIONES A LA LEY N°. 23.737 DE RÉGIMEN LEGAL DE ESTUPEFACIENTESArtículo 1.- Sustitúyanse el penúltimo y el último párrafo del artículo 5 de la ley 23.737, que quedaránredactados de la siguiente manera:En el caso del inciso a), cuando por la escasa cantidad sembrada y cultivada, su carácter privado y demáscircunstancias, surja inequívocamente que ella está destinada a obtener estupefacientes para consumopersonal, el hecho no será punible.En el caso del inciso e), cuando la entrega, suministro o facilitación fuere ocasional y a título gratuito y porsu escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que es para uso personal de quien lorecepta, la pena será de seis (6) meses a tres (3) años de prisión.Artículo 2.- Incorpórese como último párrafo del artículo 10 de la ley 23.737, el siguiente texto:En el caso del primer párrafo del presente artículo, cuando la facilitación de un lugar o elementos para usarestupefacientes se realice a personas integradas a un programa de reducción de daños, el hecho no serápunible.Artículo 3.- Sustitúyase el inciso a del artículo 12 de la Ley 23.737 que quedará redactado de la siguientemanera:a) El que preconizare o difundiere públicamente el uso de estupefacientes o indujere a otro a consumirlos; aexcepción de aquellas acciones específicamente destinadas a promover la minimización de riesgos para lasalud de las personas, en el marco de programas de reducción de daños.Artículo 4.- Sustitúyase el último párrafo del artículo 14 de la ley 23.737, el que quedará redactado de lasiguiente manera:Cuando por su escasa cantidad y demás circunstancias, surja inequívocamente que la tenencia es paraconsumo personal, el hecho no será punible.Artículo 5.- Sustitúyase el artículo 16 de la ley 23.737, el que quedará redactado de la siguiente manera:Artículo 16.- Cuando el condenado por cualquier delito padezca adicción a estupefacientes tendrá derecho aacceder a un tratamiento adecuado, siempre que prestare consentimiento para ello. Este tratamiento sellevará a cabo en establecimientos adecuados que se encuentren dentro o fuera de las unidades del ServicioPenitenciario Federal o Provincial, los que estarán bajo conducción profesional reconocida y evaluadaperiódicamente, registrada oficialmente y con autorización de habilitación por la autoridad sanitarianacional o provincial, y que el Juez determine como el más adecuado para cada caso particular, previodictamen de peritos especialistas en la materia.Artículo 6.- Derogase los artículos 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la ley 23.737.Artículo 7.- Incorpórese como último párrafo del artículo 28 de la ley 23.737, el siguiente texto:En el caso del primer párrafo del presente artículo, cuando las instrucciones acerca de su uso seanimpartidas a poblaciones de usuarios de estupefacientes, en el marco de estrategias de reducción de daños,el hecho no será punible.Artículo 8.- Incorpórese a la Ley 23.737 el artículo 29 quáter, que quedará redactado de la siguiente manera:Artículo 29 quáter.- A las personas incursas en cualquiera de los delitos previstos en la presente ley y en elartículo 866 del Código Aduanero, el tribunal podrá reducirles las penas hasta la mitad del mínimo y delmáximo o eximirlas de ellas, cuando durante la sustanciación del proceso o con anterioridad a suiniciación, se comprobara su situación de vulnerabilidad socioeconómica, su participación como actoresmenores, y falta de antecedentes penales. La condición de madres de niños/as menores de edad, o su estadode embarazo, las exime directamente de la pena.Artículo 9.- Sustitúyase el artículo 42 de la Ley 23.737, que quedará redactado de la siguiente manera:Artículo 42.- En consonancia con la Ley 26.586, "Programa Nacional sobre las adicciones y el consumoindebido de drogas", el Consejo Federal de Educación, en coordinación con el Consejo Federal de Salud,diseñarán programas y estrategias cuyo objetivo sea la prevención de las adicciones. Para tal fin deberánconsiderar los planes de estudio, la carrera de formación docente, espacios culturales, formativos,informativos, deportivos y recreativos, y toda otra iniciativa que permita y facilite el cumplimiento de esteobjetivo.Artículo 10.- Incorpórese a la Ley 23.737 el artículo 42 bis, que quedará redactado de la siguiente manera:Artículo 42 bis.- Se entiende por Reducción de daños, a aquellas acciones que promuevan la reducción deriesgos para la salud individual y colectiva y que tengan por objeto mejorar la calidad de vida de laspersonas que padecen adicciones, disminuir la incidencia de enfermedades transmisibles y prevenir todootro daño asociado, incluyendo muertes por sobredosis y accidentes.Artículo 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
  2. 2. FUNDAMENTOSSeñor presidente:La ley 23.737, que establece el Régimen Penal de Estupefacientes penaliza la tenencia de drogas, aún cuandopor su escasa cantidad quede claramente establecido que es para consumo personal. De esta manera, laspersonas que padecen una adicción a alguna sustancia psicoactiva, si quieren evitar la sanción que prevé laley penal debe someterse compulsivamente a un tratamiento que no necesariamente concluirá con surecuperación, pero probablemente si, con su estigmatización. Creemos que después de veinte años de susanción, sus magros resultados en el campo del tratamiento de las adicciones tornan imperiosa sureformulación. Más aún, sostenemos que tal cual está formulada socava los cimientos de la mismaConstitución Nacional que en su artículo 19 sostiene que "Las acciones privadas de los hombres que deningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios,y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que nomanda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe".Desde el año 1926, con la sanción de la Ley N° 11.331 y hasta la actualidad, con la excepción de un breveperíodo, las políticas públicas respecto del consumidor de drogas fueron en nuestro país, políticas penales,aunque se tratare de pequeñas cantidades para el consumo personal. Paradójicamente en 1968, durante elgobierno de facto del General Juan Carlos Onganía, se sancionó la Ley 17.567, que introdujo en el CódigoPenal que las sanciones eran para aquel "que sin estar autorizado, tuvieren en su poder cantidades queexcedan las que correspondan a un uso personal...". Precisamente esta modificación se fundaba en lasacciones privadas de los hombres concernientes a la esfera de la libertad individual, consagrada en el artículo19 de la Constitución Nacional. En 1974 llega a su fin este período, con la Ley 20.771 que castigaba conprisión de 1 a 6 años a las personas que tuvieran en su poder estupefaciente aunque sea para consumopersonal; agregaba también al Código Penal la definición de estupefacientes, comprendiendo a losestupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias "capaces de producir dependencia física o psíquica, que seincluyan en las listas que elabore la autoridad sanitaria nacional".Durante la última dictadura militar, La Corte Suprema de la Nación, sentó precedente con el Fallo Collavini,por el que se negó a declarar la inconstitucionalidad del artículo de la Ley 20.771, que penaba la tenenciapara consumo. Se basó en la consideración de que la tenencia de estupefacientes no podía asimilarse alartículo 19 de la Constitución Nacional en cuanto acciones privadas de los hombres. Ya en democracia, laCorte falló en 1986 en las causas "Bazterrica" y "Capalbo", volviendo al principio de inconstitucionalidad depenar el consumo personal.Finalmente en 1989 se sancionó la ley 23.737, actualmente vigente, desconociendo los Fallos de la SupremaCorte de 1986 y reafirmando aquel cuestionado artículo de la norma que la había precedido, por el que sepenaba con prisión de 1 a 6 años la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Como antecedentecabe agregar que en el año 1988 se había sancionado la Convención de las Naciones Unidas contra el TráficoIlícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas por la cual las naciones signatarias se comprometían aestablecer como delito la posesión, compra o cultivo de drogas controladas para fines de consumo personal,no medicinal, a menos que esto fuera en contra de principios constitucionales y de los conceptos básicos desus sistemas legales. Corroborando esta política de estado el 11 de diciembre de 1990 la Corte Suprema deJusticia resolvió la causa "Montalvo, Ernesto" y decidió apartarse del criterio adoptado "por mayoría estricta"en "Bazterrica" y "Capalbo" y retomar la doctrina establecida a partir del caso "Colavini".La penalización vigente en la actual legislación, obliga a los consumidores a entrar en un circuito declandestinidad que muchas veces pone en riesgo su salud, agregando a su adicción el peligro de contraerenfermedades como el VIH/SIDA. No podemos desconocer esta realidad, debemos asumir que esresponsabilidad de las políticas públicas el cuidado de la salud, ofreciendo garantías socio -sanitarias, muchasveces vinculadas a programas de reducción de daños. Más allá de las controversias que este conceptodespierta, entendemos por ello, a aquellas acciones que promuevan la reducción de riesgos para la saludindividual y colectiva y que tengan por objeto mejorar la calidad de vida de las personas que padecenadicciones, disminuir la incidencia de enfermedades transmisibles y prevenir todo otro daño asociado,incluyendo muertes por sobredosis y accidentes. Para cumplir con estos objetivos se hace indispensable lamodificación de la Ley 23.737, en sus artículos que penalizan la tenencia para consumo personal.Actualmente, esta incorpora las llamadas medidas de seguridad curativas y educativas, basadas en lacompulsividad, que a la larga conducen al fracaso de cualquier tratamiento, ya que la opción, cárcel otratamiento no puede ser una opción válida cuando entramos en el ámbito de las adicciones y estamosprocurando salidas viables a personas que padecen una enfermedad, o simplemente estamosinmiscuyéndonos en el ámbito del derecho personalísimos de su vida privada.En este sentido, falló la Corte Suprema de la Nación el 25 de Agosto de 2009 sobre la causa Arriola. Elnúcleo de su argumentación estuvo dirigido a cuestionar la validez constitucional de la figura legal quesanciona la tenencia de estupefacientes para consumo personal, por la afectación que tal incriminaciónocasionaría al principio de reserva contenido en el artículo 19 de la Constitución Nacional. De ese modo,puso en tela de juicio una ley federal (artículo14, segundo párrafo, de la ley 23.737) como contraria alprincipio de reserva contenido en el artículo 19 de la Carta Magna:"se resuelve: I) Hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario, declarar lainconstitucionalidad del artículo 14, segundo párrafo, de la ley 23.737, con el alcance señalado en el
  3. 3. considerando final, y dejar sin efecto la sentencia apelada en lo que fue motivo de agravio. II) Exhortar atodos los poderes públicos a asegurar una política de Estado contra el tráfico ilícito de estupefacientes y aadoptar medidas de salud preventivas, con información y educación disuasiva del consumo, enfocada sobretodo en los grupos más vulnerables, especialmente los menores, a fin de dar adecuado cumplimiento con lostratados internacionales de derechos humanos suscriptos por el país. Vuelvan los autos al tribunal de origen afin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Agréguese laqueja a los autos principales. Hágase saber y devuélvase. RICARDO LUIS LORENZETTI (segúnsu voto)-ELENA I. HIGHTON de NOLASCO - CARLOS S. FAYT (según su voto) - ENRIQUE SANTIAGOPETRACCHI (según su voto)- JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI (según su voto)-CARMEN M. ARGIBAY (según su voto)".A instancias del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, se creó en Febrero del 2008 elCOMITÉ CIENTÍFICO ASESOR EN MATERIA DE CONTROL DEL TRÁFICO ILÍCITO DEESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS Y CRIMINALIDAD COMPLEJA, conformadopor renombrados integrantes del Poder Judicial de la Nación, Magistrados Fiscales, y destacadosprofesionales. (Dra. Mónica Cuñarro, Dr. Martín Vazquez Acuña, Dr. Roberto Falcone, Dr. Horacio Catan,Dra. Patricia Llerena, Dra. Eva Giberti). Entre las competencias del Comité se encuentran las de asesorar alMinistro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación en todas las cuestiones propias de lamateria:• Desde el uso hasta el tráfico de estupefacientes.• Control de lavado de activos.• Elaborar e intervenir en los anteproyectos de reforma y actualización legislativa en la materia.• Asistirlo en las relaciones con Organizaciones no Gubernamentales, del ámbito profesional y académico.• Asesorarlo en el diseño de un plan que comprenda y coordine todos los segmentos de intervención delestado en el marco de su competencia.• Asesorar en implementar convenios de colaboración técnica.• Asesorar en la coordinación de actividades de cooperación jurídica nacional e internacional.A casi cuatro años de su creación, el Comité ha desarrollado una intensa tarea, fruto de la cual es laelaboración de numerosos trabajos estadísticos y una contundente posición a favor de la despenalización dela tenencia de droga para consumo personal. Se ha hecho presente en la Honorable Cámara de Diputados dela Nación en reiteradas oportunidades, y brindando detallados informes de su labor ante los miembros de lasComisiones de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, Salud y Acción Social y LegislaciónPenal. En su momento apoyó el entonces Proyecto de Ley sobre prevención de adicciones en el ámbitoeducativo, hoy la Ley N°. 26.586, por la que incluimos la modificación del artículo 42 de la Ley deEstupefacientes; la media sanción de Diputados sobre el Programa Nacional de Asistencia Pública Integral delas Adicciones, caído en el Senado y reiteró su postura acerca de la necesidad de modificar el Régimen Legalde Estupefacientes, Ley N°. 23.737.Detengámonos un momento en las conclusiones de uno de sus últimos documentos:"1.- Despenalizar la tenencia de escasa cantidad de estupefacientes para consumo personal no supone ningúnreconocimiento de la legitimidad de su uso, sino por el contrario, parificarla con el consumo de otrassustancias no incriminadas penalmente para posibilitar abordajes preventivos y asistenciales, no interferidospor el sistema penal.2.- En los casos en que el consumo problemático de sustancias legales e ilegales requieran necesariamente deun tratamiento con o sin internación, éste siempre le será brindado teniendo en cuenta su condición de sujetode derecho acreedor al más alto nivel posible de salud, mediante prácticas reconocidas y supervisadas por laautoridad sanitaria.3.- El consumo de estupefacientes no puede ser considerado como un delito. Se trata de una problemática denaturaleza socio-sanitaria que exige políticas públicas enmarcadas en este contexto, que incluyan según loscasos estrategias de reducción de riesgos y daños.4.- La principal dificultad para incriminar al consumidor de sustancias es el hecho comprobado de que unnúmero grande de personas teniendo una amplia cantidad de sustancias legales a su disposición, utilizanaquellas prohibidas penalmente justamente porque están prohibidas, y porque el sistema penal los confirmaen el rol de trasgresor que buscan.5.- Por todo ello resulta imprescindible centrar las políticas públicas en las personas y sus necesidades y dejarde lado toda utopía de solucionar el problema sacando a las drogas de circulación. Es claro que su presenciaen la sociedad está satisfaciendo necesidades reales o imaginarias de la gente y que éstas no desapareceránsólo mediante el modelo jurídico".El consumo de drogas engloba una realidad social compleja, y en el caso de tenencia de pequeñas cantidadespara uso personal, debe tenerse en cuenta la terrible desproporcionalidad que implica la intervención de laJusticia Penal, cuando en realidad estamos ante un hecho que en el peor de los casos requiere de tratamientomédico y fundamentalmente de medidas de política social. La realidad nos demuestra que la mayoría de laspersonas que consumen sustancias, jamás incurrirán en algún hecho delictivo, y su adicción o no,seguramente quedará restringida al ámbito de su vida privada. La asociación droga-delito, y muchas vecesmenores, no encuentra su detonante en el consumo de alguna sustancia, como el PACO en el conurbano, sinoen un una situación de vulnerabilidad social previa. Para atender a estos casos, no es el mejor instrumento elsistema penal; de hecho se ha demostrado durante casi todo el siglo XX, que ha resultado ineficaz.
  4. 4. En vez de castigar a estas personas con todo el rigor de la ley penal, sostenemos que debemos brindarles unadecuado sistema de asistencia en el ámbito de la salud pública, que incorpore como herramienta el modelode reducción de daños, promoviendo la reducción de riesgos para su salud individual y colectiva, mejorandoasí su calidad de vida.Incluimos también bajo la creación de un nuevo artículo, el 29 quáter, toda una problemática cuyas víctimasson en su mayoría mujeres pobres y sus hijos, ya que distintas investigaciones permiten apreciar que elprincipal delito por el que se encuentran detenidas las mujeres en el ámbito del SPF es el de estupefacientes,y en las cárceles de la provincia de Buenos Aires comienza a advertirse un incremento en el mismo sentido.Asimismo, el informe realizado por la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación en 2006en dos unidades distintas, muestra que allí los porcentajes alcanzaban el 65 por ciento y el 72 por ciento,respectivamente; mientras que la mayoría de las detenidas por estos delitos son extranjeras. Si profundizamosen el perfil de estas personas, se puede advertir que, si bien la mayoría de éstas han participado en conductasvinculadas al tráfico de estupefacientes, lo hicieron como actores menores y llevadas por situaciones devulnerabilidad, que en el caso de las mujeres aparecen acentuadas y, si son extranjeras, más aún. De maneraque podemos afirmar que las mujeres que se encuentran recluidas por conductas relacionadas con el tráficode estupefacientes generalmente desempeñan roles de poca importancia en la cadena del tráfico ilícito dedrogas, ya que son las encargadas de entregar las sustancias a los consumidores, o bien quienes transportan elestupefaciente escondido en su cuerpo o disimulado entre sus pertenencias, las "mulas", asumiendo lospapeles de mayor exposición, ya que son los eslabones visibles de la cadena y por ende con mayor riesgo dedetección y aprehensión.Se criminaliza a estas mujeres bajo el argumento de que así se protege la salud pública y se combate alnarcotráfico. La realidad es que la protección de la salud pública no se resuelve con el Código Penal y elnegocio del narcotráfico no se perjudica en lo absoluto castigando a sus eslabones más débiles, que más biendeberíamos caracterizar como otras de sus víctimas. Por el contrario, el mercado ilícito de drogas hoy en díasigue más floreciente que nunca y las cárceles repletas de mujeres a las que se vulneran sus derechoshumanos fundamentales, víctimas del hacinamiento y la exclusión. "Esta demostrado que el enfoque actualque enfatiza el trato penal para enfrentar el mercado ilícito de las drogas no solamente es ineficaz paradetener el tráfico de drogas, sino que ha generado enormes consecuencias negativas, como la sobrecarga detribunales y cárceles, con un impacto severo en la eficacia de los procedimientos jurídicos. Poner tras lasrejas a miles de personas por pequeños delitos de drogas o por su simple posesión no fue una decisiónacertada. Como tampoco es del interés público que el mayor peso de la ley penal caiga en los niveles másbajos de la cadena del tráfico de drogas, hecho que delata la injusticia e ineficacia del actual sistema decontrol de drogas".Algo fundamental es que la mayoría de las mujeres privadas de libertad está detenida bajo la imputación dedelitos no violentos, como la comercialización o el contrabando de estupefacientes. Dentro del grupo de lasdetenidas por delitos relacionados con las drogas, entre las argentinas hay una mayor cantidad de casos porcomercialización de estupefacientes, mientras que en el grupo de las extranjeras predomina elencarcelamiento por contrabando. María Santos, responsable del Equipo de Género de la ProcuraciónPenitenciara de la Nación. Una de las autoras de la Investigación Mujeres en Prisión. Los alcances delcastigo, considera que la actual Ley produce un costo humano en daños irreparables y sufrimiento sostenidoya que 7 de cada 10 mujeres están detenidas por comercialización de estupefacientes y de estas el 90% sonextranjeras. La mayoría están presas por primera vez, son pobres, no terminaron sus estudios, no tienenocupación formal, son madres, jefas de hogar, con un promedio de 3 hijos, menores de edadNo es ninguna excepción encontrar estos tres fenómenos reunidos en una sola persona: mujer, mula yextranjera. La aplicación de leyes severas sobre drogas ha disparado la tasa de encarcelamientocontribuyendo a un grave hacinamiento en las cárceles. "...nosotros sabemos que la criminalización no puedetener ningún éxito en reducir la criminalidad, esto es una coincidencia de todos los investigadores del mundo.En este sentido la pena no es útil. La criminalidad, si existe como noción, no se reduce a través del derechopenal. Sabemos que el derecho penal es sufrimiento, es dolor. Un instrumento que ocasiona dolor en unasociedad debe ser reducido a su expresión mínima." Así se expresa Máximo Pavarini, el reconocidoinvestigador italiano en una reciente entrevista realizada por Página 12, sosteniendo de forma contundenteque "la única víctima del derecho penal es el imputado."Obviamente no estamos en condiciones como sociedad de eliminar el sistema punitivo, menos en el actualcontexto en que desde muchos sectores se cree erróneamente que el endurecimiento de las penas generaseguridad, aunque muchos otros sabemos que la seguridad se genera con derechos, con garantías, conciudadanía. Lo que si podemos es intentar invadir el derecho penal con derechos humanos y lasmodificaciones que se puedan introducir para aligerar las penas de estas mujeres "mulas", sin duda van eneste sentido; como lo van el garantizar la salud de las personas privadas de la libertad o descriminalizar elconsumo de drogas. Con similares objetivos ya habíamos presentado hace dos años el Proyecto de Ley 3673-D-2010, que hoy reafirmamos con algunas modificacionesPor lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Ley.Nº de Expediente 0981-D-2012Trámite 011 (16/03/2012)
  5. 5. Parlamentario REGIMEN CONTRA EL NARCOTRAFICO - LEY 23737; MODIFICACIONESSumario SOBRE DESPENALIZACION DE LA TENENCIA DE DROGAS PARA USO PERSONAL. GIL LAVEDRA, RICARDO RODOLFO - GARRIDO, MANUEL - GARNERO,Firmantes ESTELA RAMONA - ALFONSIN, RICARDO LUIS. PREVENCION DE ADICCIONES Y CONTROL DEL NARCOTRAFICO;Giro a Comisiones LEGISLACION PENAL.El Senado y Cámara de Diputados,...ARTÍCULO 1. Sustitúyase el artículo 5 de la ley 23.737 que quedará redactado, del siguiente modo:Será reprimido con reclusión o prisión de tres (3) a quince (15) años el que sin autorización o con destinoilegítimo:a) Siembre, cultive plantas o guarde semillas utilizables para producir estupefacientes, o materias primas, oelementos destinados a su producción o fabricación.b) Produzca, fabrique, extraiga o prepare estupefacientes;c) Comercie con estupefacientes o materias primas para su producción o fabricación o los tenga con fines decomercialización, o los distribuya, o dé en pago, o almacene o transporte;d) Comercie con planta o sus semillas, utilizables para producir estupefacientes, o las tenga con fines decomercialización, o las distribuya, o las dé en pago, o las almacene o transporte;e) Entregue, suministre, aplique o facilite a otro, estupefacientes a título oneroso. Si lo fuese a título gratuito,se aplicará reclusión o prisión de tres a doce años.Si los hechos previstos en los incisos precedentes fueren ejecutados por quien desarrolla una actividad cuyoejercicio dependa de una autorización, licencia o habilitación del poder público, se aplicará, además,inhabilitación especial de cinco a quince años.En los casos de los incisos a) y b), cuando por la escasa cantidad sembrada, cultivada o producida y demáscircunstancias, surja inequívocamente que ella está destinada a obtener estupefacientes para uso personal, elhecho no será punible.En el caso del inciso e) del presente artículo, cuando la entrega, suministro o facilitación fuere ocasional y atítulo gratuito y por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que es para usopersonal de quien lo recepta, el hecho no será punible.ARTÍCULO 2. Sustitúyase el segundo párrafo del artículo 866 del Código Aduanero que quedará redactado,del siguiente modo:Cuando concurriere alguna de las circunstancias previstas en los incisos a), b), c), d) y e) del art. 865, ocuando se tratare de estupefacientes elaborados o semielaborados que por su cantidad estuvieseninequívocamente destinados a ser comercializados dentro o fuera del territorio nacional, el máximo de laescala penal será aumentado en un tercio.ARTÍCULO 3. Sustitúyase el artículo 14 de la ley 23.737 que quedará redactado, del siguiente modo:Será reprimido con prisión de uno a seis años el que tuviere en su poder estupefacientes, cuando de lacantidad y el tipo de sustancia poseída y de las circunstancias de tiempo, lugar y modo, surgiereinequívocamente que la tenencia no es para uso personal.ARTÍCULO 4. Sustitúyase el artículo 16 de la ley 23.737 que quedará redactado, del siguiente modo:Cuando en el transcurso del proceso se constate fehacientemente que el imputado depende física opsíquicamente de estupefacientes, el juez le hará conocer los derechos que le asisten en función de la ley26.567 y notificará a la autoridad sanitaria correspondiente.En aquellos casos donde, de acuerdo a lo establecido en la ley 26.567, sea necesaria la internación de unapersona privada de su libertad, el tiempo de duración del tratamiento será computado para el cumplimientode la pena.El Servicio Penitenciario Federal o Provincial deberá disponer de personal y recursos apropiados para brindarasistencia a los internos que padezcan una adicción y deseen someterse a tratamiento.ARTÍCULO 5. Deróganse los artículos 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Ley 23.737.ARTÍCULO 6. Comuníquese al Poder Ejecutivo.FUNDAMENTOSSeñor presidente:Este proyecto reproduce con algunas correcciones, la propuesta de modificación de la ley 23.737 (1) , quefuera presentada en el año 2010 junto a los diputados Alfonsín, Albrieu, Chemes, Fiad y a la diputada Storaniy que avanzaba en 4 aspectos fundamentales:- La despenalización de la siembra, cultivo y guarda de semillas utilizables para producir estupefacientes, dematerias primas y de elementos destinados a su producción o fabricación cuando tengan por finalidad el usopersonal de estupefacientes;- La modificación del artículo 5 de la ley 23.737 a fin de atenuar el mínimo penal de una norma quehabitualmente recae inequitativamente sobre sectores sociales marginales y distraen esfuerzos y recursoshumanos de la investigación de otras conductas más severamente perseguidas;- La despenalización de la tenencia con fines de consumo personal y la reducción de la escala penal aplicableal delito de tenencia simple y
  6. 6. - El deslinde de las intervenciones punitiva y sanitaria a fin de posibilitar una discusión más robusta y ampliasobre la articulación del sistema de tratamiento.Este nuevo texto mantiene esa dirección original, pero da cuenta de los avances que se han verificado desdesu presentación al día de la fecha y de las observaciones y críticas recogidas en las distintas instancias dediscusión de las que hemos participado.En primer lugar, hemos decidido incluir al suministro, entrega o facilitación ocasional y a título gratuito deestupefacientes, cuándo surgiere que es para uso personal de quien lo recepta, dentro del universo deconductas que pasarían a quedar por fuera del ámbito de lo prohibido. Esto porque entendemos que se ajustamejor a la nueva lógica de intervención que pretendemos imponer a las fuerzas de seguridad y evita lacriminalización de conductas que pueden estar comprendidas dentro del ámbito de autonomía de cadaindividuo.El suministro ocasional y gratuito de estupefacientes para uso personal de quien lo recepta es una conductaque podemos estimar frecuente entre los usuarios de estupefacientes y que, en ocasiones, puede resultarinocua por lo que no siempre debería ser penalizada.En segundo lugar, incorporamos también una reducción del mínimo de la escala penal aplicable al delito decontrabando de estupefacientes elaborados o semielaborados, que complementa la reducción del mínimo dela figura prevista en el artículo 5 de la ley 23.737 y potencia su impacto aliviador de la situación desuperpoblación que existe en muchos de los establecimientos penitenciarios ubicados en zonas de frontera.Como explicamos en el proyecto original, las personas empleadas por organizaciones delictivas paratransportar pequeñas cantidades de estupefacientes a través de fronteras son habitualmente mujeres,pertenecen a estratos sociales extremadamente vulnerables y se ven forzadas a realizar esta actividad, muchasveces poniendo en grave riesgo su salud (2) , a cambio de pagos irrisorios. Debido a la tosquedad de lasmaniobras desplegadas es habitual que sean detenidas en zonas fronterizas y su condición de extranjeros oextranjeras casi indefectiblemente hace que permanezcan detenidas hasta la fecha del juicio.En ese entonces, destacábamos que el informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de laPena (3) daba cuenta de que de las 10.730 personas privadas de su libertad en el ámbito del ServicioPenitenciario Federal, 2.964 personas se encontraban detenidas por infracciones a la ley 23.737 (4) . Y vemosque esta proporción incluso ha aumentado, si observamos que el último informe (5) refiere la existencia de7.888 privadas de su libertad, de las cuáles 2.627 enfrentaba algún tipo de cargo por infracción a la ley23.737.En el mismo sentido, la Procuración Penitenciaria de la Nación sigue dando cuenta del incremento de lapoblación penitenciaria femenina y destaca que casi 7 de cada 10 mujeres responden que están procesadas ocondenadas por delitos vinculados con las drogas, en la mayor parte de los casos, por comercialización ocontrabando de estupefacientes y 9 de cada 10 mujeres extranjeras están privadas de libertad por delitosvinculados a las drogas (6) .En definitiva, y como expresamos anteriormente, las graves consecuencias que esta actividad produce en lasociedad permiten defender la necesidad de una escala penal alta, pero no podemos dejar de tener en cuentaque la selectividad propia de nuestro sistema penal genera que las consecuencias penales recaigan casiexclusivamente sobre los sectores más vulnerables de estas organizaciones delictivas, que generalmente seven involucrados a causa de necesidades económicas apremiantes.Al establecer un mínimo de 4 años, que impide la imposición de una pena de ejecución condicional, elsistema pierde la flexibilidad necesaria para graduar la sanción en relación al grado de culpabilidad de cadasujeto y este cuadro sugiere la conveniencia de llevar los mínimos a 3 años para evitar situaciones dehacinamiento y superpoblación y la imposición de sanciones que en determinados casos pueden resultarmanifiestamente injustas.La tercera de las modificaciones se debe a la sanción de la nueva Ley de Salud Mental (26.657) que haconsagrado en su artículo 4 que las adicciones "deben ser abordadas como parte integrante de las políticas desalud mental (...) (y que) las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos losderechos y garantías que se establecen con la presente ley en su relación con los servicios de salud".Entendemos que este giro en el abordaje del problema y el nuevo marco de derechos que trae esta nueva leynos exime de la necesidad de brindar mayores precisiones, porque lo que se han fijado pautas mínimas ycomplementarias que apuntan a minimizar la intervención del juez penal.Finalmente, la cuarta y última modificación que se ha introducido al texto original tiene que ver con el puntoque ha motivado algunas de las principales discusiones: la regulación de la tenencia simple. Como sabemos,actualmente el primer párrafo del artículo 14 de la ley 23.737 establece que:"Será reprimido con prisión de uno a seis años y multa de trescientos a seis mil australes el que tuviere ensu poder estupefacientes".Se trata de una figura controversial porque atrapa por igual a conductas ligadas al tráfico y a la tenencia paraconsumo personal, que por las dificultades probatorias muchas veces son complicadas de deslindar. Es claropara nosotros que existe, en este punto, una tensión entre el interés estatal por perseguir el narcotráfico y lacomercialización de estupefacientes, y el respeto por el ámbito de autonomía personal de los ciudadanos, quese ve agudizada por las prácticas policiales y judiciales.De acuerdo a la interpretación de la ley vigente, que hace la Corte Suprema de Justicia de la Nación en elfallo Vega Giménez, por aplicación del principio in dubio pro reo, en aquellos casos donde no pueda emitirseun juicio de certeza sobre que la finalidad de consumo nunca existió, la duda debe computarse a favor delimputado (7) . Pero esto parece no haber conseguido evitar por completo la criminalización de simples
  7. 7. usuarios y hemos tenido noticias de casos donde estos han sido privados de su libertad por tiemposprolongados o con graves consecuencias para su integridad.Frente a este problema, se han ensayado dos soluciones. La primera de ellas, propiciada por nuestro proyectooriginal, fue la reducción de la escala penal a fin de disminuir el riesgo de encarcelamiento preventivo y laspotenciales consecuencias lesivas para el imputado. Y la segunda, defendida en el proyecto de la diputadaDonda, era la derogación lisa y llana (8) . Y aunque ambas, con sus ventajas y problemas, pueden serconsideradas superadoras de la solución actual, hemos creído conveniente proponer un nuevo enfoque que,entendemos, permite la realización de la ley penal en aquellos supuestos donde todos coincidimos en queresulta necesario y ofrece mayores garantías de resguardo de la autonomía personal, al invertir lo que hastaahora era el principio rector y exigir que lo demostrado inequívocamente sea que no existió la finalidad deconsumo.Al igual que hace 2 años, y más aún en razón del tiempo transcurrido, consideramos que es hora de que estaHonorable Cámara acompañe este proceso, y por las razones expuestas pedimos a nuestros colegas diputadosy diputadas que nos acompañen en esta iniciativa.Nº de Expediente 0175-D-2012Trámite 0002 (05/03/2012)Parlamentario ESTUPEFACIENTES (LEY 23737): MODIFICACIONES SOBRESumario DESPENALIZACION DE LA TENENCIA DE DROGAS.Firmantes DONDA PEREZ, VICTORIA ANALIA. PREVENCION DE ADICCIONES Y CONTROL DEL NARCOTRAFICO;Giro a Comisiones LEGISLACION PENAL.El Senado y Cámara de Diputados,...ARTICULO 1º. - Deróguese el inciso a) y el anteúltimo párrafo del artículo 5 de la ley 23.737 y susmodificatorias.ARTICULO 2º. - Modificase el inciso d) del artículo 5 de la ley 23.737 y sus modificatorias, el que quedaráredactado de la siguiente manera:"d) Comercie con plantas utilizables para producir estupefacientes, o las tenga con fines de comercialización,o las distribuya, o las dé en pago, o las almacene o transporte."ARTICULO 3º. - Modificase el último párrafo del artículo 5 de la ley 23.737 y sus modificatorias, el quequedará redactado de la siguiente manera:"En el caso del inciso e) del presente artículo, cuando la entrega, suministro o facilitación fuere ocasional y atítulo gratuito y por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que es para usopersonal de quien lo recepta, la pena será de SEIS (6) meses a TRES (3) años de prisión."ARTICULO 4º. - Modificase el artículo 6 de la ley 23.737 y sus modificatorias, el que quedará redactado dela siguiente manera:"Será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a quince años y multa de veinte mil a un millón de pesos elque introdujera al país estupefacientes fabricados o en cualquier etapa de su fabricación o materias primasdestinadas a su fabricación o producción, incluso cuando habiendo efectuado una presentación correcta antela Aduana posteriormente alterare ilegítimamente su destino de uso.En estos supuestos la pena será de dos a doce años de reclusión o prisión, cuando surgiere inequívocamente,por su cantidad, que los mismos no serán destinados a comercialización dentro o fuera del territorio nacional.Si los hechos fueren realizados por quien desarrolle una actividad cuyo ejercicio depende de autorización,licencia o habilitación del poder público, se aplicará además inhabilitación especial de tres a doce años."ARTICULO 5º. -. Deróguese el artículo 14 de la ley 23.737 y sus modificatorias.ARTICULO 6º - Modificase el artículo 15 de la ley 23.737 y sus modificatorias, el que quedará redactado dela siguiente manera:"Las hojas de coca en su estado natural destinado a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo comoinfusión, no serán consideradas estupefacientes a los fines de esta ley."ARTICULO 7º. - Deróguense los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la ley 23.737 y sus modificatorias.ARTICULO 8º. - Deróguese el artículo 29 bis y sus modificatorias.ARTICULO 9º. - Deróguese el artículo 31 ter y sus modificatorias.ARTICULO 10º. - Comuníquese al Poder Ejecutivo.FUNDAMENTOSSeñor presidente:Este proyecto tiene como antecedente el Expediente 7258-D-2010, que ha perdido estado parlamentario.Teniendo en cuenta:-El Plan Nacional de Drogas del año 2009, realizado por la Comisión Nacional Coordinadora de PolíticasPúblicas en Materia de Prevención y Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la DelincuenciaOrganizada Transnacional y la Corrupción, la cual viene elaborando propuestas integrales sobre las políticaspúblicas en materia de adicciones en general;
  8. 8. - La Ley 26.586, por la cual se creó el Programa Nacional de Educación para la Prevención de Adicciones yel Consumo indebido de drogas, cuyo objetivo es implementar un plan que oriente las prácticas educativaspara trabajar en la educación y prevención en materia de adicciones en todas las modalidades y niveles delSistema Educativo Nacional.-El proyecto de Ley que crea el Programa Nacional de Asistencia a las Adicciones, el cual cuenta con mediasanción de la Cámara Baja, cuyo objetivo es desarrollar un Sistema Público de Asistencia Universal yGratuita para el abordaje de la problemática de las adicciones en todo el territorio nacional, que contemplediferentes modelos comprobados y avalados de intervención sobre la base de la diversidad, los variadoscontextos donde se presentan las problemáticas, las características de la adicción y la singularidad de laspersonas. Dentro de los modelos intervención se encuentra contemplado el de reducción de daños que esaquel que promueve la reducción de riesgos para la salud individual y colectiva de las personas que padecenadicciones, la disminución de la incidencia de enfermedades transmisibles y prevención de todo otro dañoasociado, incluyendo muertes por sobredosis y accidentes.- A su vez, el Articulo 19 de la Constitución Nacional, que señala: "Las acciones privadas de los hombresque de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadasa Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer loque no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe."Creemos que la legislación de ningún modo debe ser contraria a los derechos consagrados por nuestraConstitución Nacional y demás tratados internacionales de la misma jerarquía, y que en particularactualmente la Ley 23.737 está en clara contradicción con el artículo mencionado ut supra, por lo que esnuestro deber como legisladoras y legisladores adecuar la norma a dichos preceptos.Asimismo, debemos mencionar que en el año 2009 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictó un fallodeclarando inconstitucional el segundo párrafo del Artículo 14 de la Ley 23.737, por los siguientes motivos:"...Han pasado 19 años de la sanción de la Ley 23.737, y 18 de la doctrina "Montalvo" que legitimó suconstitucionalidad...""...La extensión de ese período ha permitido demostrar que las razones pragmáticas o utilitaristas en que sesustentaba "Montalvo" han fracaso. En efecto, allí se había sostenido que la incriminación del tenedor deestupefacientes permitiría combatir más fácilmente a las actividades vinculadas con el comercio deestupefacientes y arribar a resultados promisorios que no se han cumplido (ver considerando 26 de Fallos:313:1333), pues tal actividad criminal lejos de haber disminuido se ha acrecentado notablemente, y ello acosta de una interpretación restrictiva de los derechos individuales."En este mismo sentido, a principios del 2009, se celebró la Conferencia de la ONU que debía revisar lapolítica señalada en 1998 para el cambio de milenio que se resume en el eslogan "Un mundo libre de drogas.Podemos hacerlo". El director de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, AntonioMaría Costa, reconoció que las políticas aplicadas hasta ahora de penalización a los consumidores, hanfavorecido a los grandes carteles de la droga, que en este período se han hecho más ricos y poderosos, lo queplantea la necesidad de encontrar un punto intermedio entre la legalización y la criminalización.A nivel Interamericano, se ha señalado que "el desenvolvimiento del ser humano, no queda sujeto a lasiniciativas y cuidados del poder público. Bajo una perspectiva general, aquel posee, retiene y desarrolla, entérminos más o menos amplios, la capacidad de conducir su vida, resolver sobre la mejor forma de hacerlo,valerse de medios e instrumentos para este fin, seleccionados y utilizados con autonomía - que es prenda demadurez y condición de libertad-, e incluso resistir o rechazar en forma legítima la injerencia indebida y lasagresiones que se le dirigen. Esto exalta la idea de autonomía y desecha tentaciones opresoras, quepudieran ocultarse bajo un supuesto afán de beneficiar al sujeto, establecer su conveniencia y anticipar oiluminar sus decisiones." (CIDH en el caso Ximenes Lopes vs. Brasil, del 4 de julio de 2006, parágrafo 10del voto del Juez Sergio García Ramírez).Otro de los puntos que tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue la revictimización delconsumidor: "No hay dudas que en muchos casos, los consumidores de drogas, en especial, cuando setransforman en adictos, son las víctimas más visibles junto a sus familias, del flagelo de las bandascriminales de narcotráfico. No parece irrazonable sostener que una respuesta punitiva del Estado alconsumidor, se traduzca en una revictimización.""Asimismo, el procesamiento de usuarios obstaculiza la persecución del tráfico, o al menos, del expendiominorista, pues el usuario imputado goza de los beneficios que la naturaleza del acto de defensa otorga a ladeclaración indagatoria y, en consecuencia, puede legalmente negarse a declarar revelando la fuente deprovisión del tóxico, cosa que no podría hacer en el supuesto en que se le interrogara en condición detestigo, so pena de incurrir en la sanción del testigo remiso o falso." (Según voto del Dr. Zaffaroni).También en su voto el Dr. Zaffaroni hace referencia a los enormes gastos materiales y de personal, quegenera tanto para las fuerzas policiales como para el Poder Judicial, la persecución del delito de tenencia deestupefacientes para el consumo, provocando limitaciones a la libertad individual de las personas que noperjudican ni lesionan derechos de terceros y, también, impidiendo que todo esta fuente de recursos pueda serutilizada para combatir al narcotráfico.Por todo ello consideramos que todas las políticas públicas referenciadas contribuyen a un tratamientointegral de las adicciones, resultando como corolario de estas, la descriminalización de los consumidores deestupefacientes a través de la modificación a la Ley 23.737 y, por lo tanto, proponemos en el presenteproyecto las siguientes modificaciones:
  9. 9. - Proponemos derogar el Artículo 5, en su inciso a). Este inciso es el referido a la "simple" siembra y cultivode plantas, y a la salvedad de la disminución de la pena para aquellos casos en los que se demuestre que esasiembra o cultivo está destinada al propio consumo. Las mismas razones expuestas para la derogación de latenencia simple y su correlato en la salvedad de la tenencia para consumo personal se aplicarían para estecaso.- En referencia al Artículo 6, proponemos modificarlo ya que la Ley 23.737 penaliza la importación deestupefacientes en escasa cantidad con penas de 3 a 12 años de prisión. Este sería el delito por el que se acusaa las "mulitas". La propuesta de modificación de disminuir el mínimo de la pena de 3 a 2 años de prisión,permitiría la aplicación de penalizaciones más flexibles que redunden en un trato más humano para conquienes son también víctimas del narcotráfico y que, por lo general, pertenecen a los sectores másvulnerables de nuestra sociedad.- Proponemos también derogar el Artículo 14 porque consideramos que la construcción del tipo penal basadoen la criminalización de la simple tenencia ("tenencia simple") de drogas para, luego, hacer la salvedad dedeclarar no punibles a aquellos casos en los que inequívocamente demuestren que dicha tenencia es para suconsumo, es la base estructural mediante la cual la actual ley de drogas criminaliza sistemáticamente a losusuarios, ya que los obliga a demostrar su inocencia una vez sometidos al proceso penal. Por lo tanto, de nodesarmar este andamiaje y seguir manteniendo la salvedad de los casos de tenencia para consumo, aclarandosolo su no punibilidad, no habrá despenalización alguna y los usuarios seguirán criminalizados y sometidos aun proceso penal para demostrar su inocencia. Además, cabe aclarar que es absurdo que en una ley penal seespecifiquen las acciones que no son punibles. Gran parte de las doctrina del derecho viene señalando lainaplicabilidad de los delitos de "peligro abstracto", como lo es la "simple tenencia de drogas", ya que al noespecificar la finalidad de esa tenencia es imposible identificar si la acción cometida implica o no daño a untercero. Entendemos que la verdadera causa de cómo está redactada actualmente esta Ley, es la búsqueda deladelantamiento de la punibilidad de ciertos delitos, por lo que avanza más sobre el poder punitivo,alcanzando en estos casos a los actos preparatorios, hecho que repudiamos desde nuestra perspectiva sobre lautilización del derecho penal en estos casos. Por otro lado, respecto a las consecuencias concretas de laaplicación de este modelo, basta con verificar la saturación judicial que tanto jueces como fiscales ydefensores vienen denunciando desde hace años, y que se observa en las propias cifras del poder judicial: enlos últimos 10 años, el 70% del total de causas por drogas son por tenencia para consumo personal, entre el20 y el 25% son causas por tenencia simple, que recaen siempre entre usuarios y sólo el 5% del total decausas por drogas son por su comercialización. Veinte años de aplicación de esta ley demuestran en hechos elfracaso rotundo de la misma y su ineficiencia casi absoluta para la persecución del narcotráfico.- Proponemos modificar el Artículo 15, ya que su texto actual pierde validez por sí mismo. Tambiénplanteamos que no sean considerados estupefacientes a los fines de la presente ley las hojas de coca, debido aque es de público conocimiento el origen cultural y alimentario que tiene el coqueo en nuestro país.- Para proponer la derogación de los artículos 16,17, 18,19, 20, 21 y 22., nos basamos en que son artículosreferidos a la regulación de tratamientos de rehabilitación como parte del canje por la pena en las diversasinstancias del proceso penal. Creemos que la Ley penal no puede regular tratamientos de salud y menos aunutilizarlos como una pena encubierta. En este sentido, y como ya lo expresamos en esta fundamentación, laCorte Suprema de Justicia de la Nación dejó claro en el fallo Arriola que los tratamientos socio sanitarios ausuarios de drogas son parte del derecho a la salud y, de hecho, su regulación está siendo tratada actualmentepor el Senado de la Nación, mediante los proyectos de Ley de Salud Mental y de Ley de atención a lasAdicciones.- En cuanto al Artículo 29 bis, proponemos derogarlo porque penaliza "la confabulación" en los delitosrelacionados con drogas. Es inconstitucional y debería modificarse, puesto que al estar penalizando la"confabulación" se pena un acto previo a un acto preparatorio.- El Articulo 31ter también proponemos derogarlo, ya que como está redactado en la actualidad, permite yavala los otros delitos cometidos por el "agente encubierto" en la persecución de delitos relacionados condrogas. No se debe eximir al agente encubierto de la realización de otro tipo de delitos, dada la corrupción yel negocio paralelo que genera.Por último, queremos agradecer a todas las personas que aportaron a la redacción del presente proyecto deLey, especialmente a Emilio Ruchansky, a Sebastián Basalo, al Dr. Luis Osler, a Alejandro Sierra, a GabrielaBasalo y al equipo de la revista THC, quienes contribuyeron con valiosísima información, aportes yasesoramiento.Sr. Presidente, por las razones aquí expuestas, y por las que se darán oportunamente, es que se solicita laaprobación del presente Proyecto de Ley.Nº de Expediente 3452-D-2011Trámite 079 (29/06/2011)Parlamentario ESTUPEFACIENTES - LEY 23737 Y MODIFICATORIA 23975: DEROGACION;Sumario ESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO REGIMEN.Firmantes CAMAÑO, GRACIELA.Giro a Comisiones PREVENCION DE ADICCIONES Y CONTROL DEL NARCOTRAFICO;
  10. 10. LEGISLACION PENAL.El Senado y Cámara de Diputados,...Artículo 1° - Deróganse las leyes 23.737 y 23.975, y se las sustituye por el siguiente texto:Artículo 1°: Será reprimido con reclusión de ocho años a veinte años y multa de pesos quinientos mil a diezmillones quien sin autorización o con destino ilegítimo:a) Siembre o cultive plantas o guarde semillas que puedan ser utilizadas en la producción de estupefacientes,o materias primas o todo otro elemento destinado a su producción o fabricación;b) Produzca, fabrique, extraiga o prepare estupefacientes;c) Comercie con estupefacientes o con materias primas necesarias para su producción o fabricación, losdistribuya, de en pago, almacene o transporte;d) Comercie con plantas o semillas que puedan ser utilizados en la producción de estupefacientes, los tengacon fines de comercialización o dé en pago, distribuya, almacene o transporte;e) Entregue, suministre, aplique o facilite a otro la obtención de estupefacientes a título oneroso. Si lo fuere atítulo gratuito, la pena será de prisión entre cuatro años y doce años;Si los delitos antes tipificados fueren ejecutados por quien desarrolla una actividad cuyo ejercicio exijahabilitación, licencia o autorización oficial, se la aplicará como accesoria la inhabilitación permanente.Artículo 2°: Será reprimido con reclusión o prisión de ocho años a veinte años el que introdujere al paísestupefacientes en cualquier etapa de su producción, fabricación o comercialización, o materias primasdestinadas a su producción o fabricación, y que fuera alterada con posterioridad a una presentación legal anteel servicio aduanero.La misma pena se aplicará cuando surja, inequívocamente, que su destino está fuera del territorio nacional.Además, si se dieren los supuestos previstos en la última parte del artículo anterior, se aplicarán lasaccesorias allí estipuladas.Artículo 3°: Será reprimido con reclusión o prisión de doce a veinticinco años, y multa de pesos quinientosmil a dos millones, el que organice o financie cualquiera de las actividades ilícitas mencionadas en losartículos anteriores.Artículo 4°: Será reprimido con reclusión o prisión de cinco a veinte años, con más una multa de doscientosmil a quinientos mil pesos e inhabilitación especial de diez a veinte años, el que, estando autorizado para laproducción, fabricación, extracción, preparación, importación, distribución o venta de estupefacientes, lostuviese en cantidades distintas a las autorizadas, o prepare o emplee compuestos naturales, sintéticos o deotro tipo que oculten o disimulen sustancias estupefacientes, y también al que aplicare, entregare o vendiereestupefacientes sin receta o en cantidades mayores a las recetadas.Artículo 5°: Será reprimido con prisión de cinco a diez años, con más multa entre cien mil y trescientos milpesos e inhabilitación especial entre tres a ocho años, el médico u otro profesional autorizado para recetarque prescribiera, suministrare o entregare estupefacientes fuera de los casos que aconseja la terapéutica o endosis mayores a las necesarias. Si lo hiciere con intención dolosa, la pena a aplicar será de reclusión o prisiónentre diez a veinte años, con más las accesorias de multa e inhabilitación.Artículo 6°: Será reprimido con reclusión a prisión entre cinco y quince años con más una multa entretrescientos mil y ochocientos mil pesos, quien facilitare, aunque sea de modo gratuito, lugares o elementosnecesarios para llevar a cabo los hechos tipificados en los artículos anteriores. La misma pena será aplicablea aquellos que faciliten lugares para la concurrencia de personas con el objeto de consumir estupefacientes.Si el lugar fuere comercial, se aplicará como accesoria la inhabilitación permanente.Artículo 7°: Serán considerados agravantes, y como tal se aumentarán las penas previstas en los artículosanteriores en un tercio, los siguientes supuestos:a) Si los hechos se cometieren en perjuicio de mujeres embarazadas, de discapacitados físicos o psíquicos, omenores de dieciocho años, o bien utilizando a éstos para facilitar la comisión de esos delitos;b) Si los hechos fueren cometidos mediante intimidación, amenaza o engaño;c) Si en los hechos intervinieren tres o más personas, con el objetivo de su comisión;d) Si en los hechos participare o fueren cometidos por un funcionario o empleado público encargado de laprevención, control o persecución de los delitos tipificados en esta ley, así como también por quién estuviereencargado de la custodia o guarda de presos o detenidos;e) Cuando el delito fuere cometido en las inmediaciones o en el interior de un establecimiento educativo,centro asistencial sanitario, lugares de detención, instituciones deportivas, culturales o sociales, o donde serealicen espectáculos con afluencia de público, o en cualquier otro sitio donde pudieren acudir escolares oestudiantes de cualquier nivel, con el fin de prácticas educativas, deportivas o sociales;f) Si los hechos fueren cometidos, sea como autor, instigador o cómplice, con carácter doloso o culposo, pordocente, directivo o empleado de establecimientos educacionales, en ejercicio o con motivo de sus funcionesespecíficas y abusando de esa situación.Artículo 8°: Será reprimido con prisión entre tres y ocho años:a) Quién difundiere públicamente el uso de estupefacientes, o indujere a otro a consumirlos;b) El que mostrare y consumiere estupefacientes públicamente, y haciendo ostentación de ese consumo.Artículo 9°: Será reprimido con prisión de tres a seis años y multa entre cincuenta mil y doscientos mil pesos,con más la accesoria de trabajo social o en obras públicas durante el mismo lapso, quien tuviere en su poderestupefacientes.Artículo 10: En todos los casos de condena derivados de los delitos normados en esta ley, así como tambiéncuando el condenado dependiera física o psíquicamente de estupefacientes, el juez cuidará que se cumpla
  11. 11. -además de la pena que le correspondiere- un tratamiento de desintoxicación y rehabilitación durante eltiempo que los peritos médicos aconsejen, el que sólo cesará por resolución judicial, y también previodictamen pericial.Artículo 11: Sólo la situación prevista en el artículo anterior podrá ser considerada atenuante en la aplicaciónde la pena, con dictámenes de tres peritos y fundada resolución judicial.Artículo 12: El tratamiento de desintoxicación y rehabilitación de que da cuenta el artículo 10 se llevará acabo en establecimientos adecuados que la Justicia determine, a elegir de una lista de instituciones bajoconducción profesional especializada reconocida y a las que se les efectúe evaluación y control periódicos;registradas oficialmente y habilitadas por la autoridad sanitaria nacional o provincial o de la CiudadAutónoma de Buenos Aires (según la jurisdicción), quienes mensualmente harán llagar al Poder Judicial lalista actualizada de las mismas, así como también la difundirán públicamente.Ese tratamiento podrá serle aplicado al procesado preventivamente cuando prestare su consentimiento y delos exámenes periciales surgiere que existe peligro que se dañe a sí mismo o a los demás.El tratamiento, sin excepción, deberá estar dirigido por equipos de técnicos y comprenderá los aspectosmédicos, psiquiátricos, psicológicos, pedagógicos, criminológicos y sociales, pudiendo ser ejecutados coninternación o en forma ambulatoria, según aconsejen los técnicos.Cuando el tratamiento se aplicare a quien ya estuviere condenado, el tiempo de tratamiento previo serácomputado en el tiempo de duración de la misma. Respecto de los procesados, el tiempo de tratamientosuspenderá la prescripción de la acción penal.El servicio penitenciario, nacional, provincial o local deberá arbitrar los medios necesarios para que en cadaunidad carcelaria o centro de detención se disponga de un espacio donde, separados de los demás internos,puedan ser ejecutados los tratamientos de desintoxicación y rehabilitación.Artículo 13: En el supuesto de consumidores primarios o principiantes y por única vez, el juez -previaopinión pericial-, podrá sustituir la pena por una medida de seguridad educativa.Artículo 14: Pasados tres años del tratamiento de desintoxicación y rehabilitación y acreditado un resultadosatisfactorio de recuperación, el juez librará oficio al Registro Nacional de Reincidencia y EstadísticaCriminal y Carcelaria, a fin de su anotación en relación al uso indebido y tenencia de estupefacientes.Artículo 15: Será reprimido con prisión de tres a ocho años el funcionario público dependiente de laautoridad sanitaria con jurisdicción y responsabilidad funcional en el control de la comercialización deestupefacientes, que no ejecutare las obligaciones impuestas por las normas legales vigentes, susreglamentaciones, u omitiere cumplir las órdenes que en consecuencia de aquéllas les impartieren sussuperiores jerárquicos.Artículo 16: Quien sin autorización, o violando el control de la autoridad sanitaria o autoridades aduaneras,ingrese en el país materias primas, precursores o productos químicos aptos para la elaboración o fabricaciónde estupefacientes, y sin perjuicio de las demás sanciones que por su tipificación penal pudierencorresponderle, será sancionado con multa entre quinientos mil y un millón de pesos, inhabilitación especialde cinco a diez años y decomiso de mercadería en infracción, cuyo destino y destrucción total deberá sercontrolado por el juez en turno.Los precursores y productos químicos serán determinados y publicados trimestralmente en listas elaboradaspor la autoridad sanitaria nacional.Artículo 17: La investigación de los delitos previstos en esta ley están excluidos de toda reserva bancaria otributaria.Artículo 18: Quien públicamente imparta instrucciones acerca de la producción, fabricación, elaboración ouso de estupefacientes será reprimido con prisión de tres a diez años. La misma pena será aplicada a quien,por medios masivos de comunicación social, incluidos los informáticos, explique o difunda su uso.Artículo 19: Será reprimido con prisión de tres a seis años el que falsificare recetas médicas deestupefacientes, o a sabiendas las imprimiera con datos supuestos o datos ciertos pero sin autorización delprofesional responsable de la matrícula; quien las suscribiere sin estar habilitado o autorizado para hacerlo, oquién las aceptare, aun a sabiendas de su procedencia ilegítima o irregular. Como accesoria, se aplicará lainhabilitación para ejercer la profesión, función pública o comercio (según fuere el caso), por el doble tiempode la condena.Artículo 20: Si los delitos previstos en esta ley fueren ejecutados en banda, la pena a aplicar se incrementaráen un tercio.Artículo 21: El juez podrá reducir la pena a aplicar a una persona en cualquiera de los delitos previstos enesta ley o en el artículo 866 del Código Aduanero, cuando durante la sustanciación del proceso o antes de suiniciación:a) Revelare la identidad de coautores, partícipes o encubridores de los hechos investigados o conexos,proporcionando datos suficientes que faciliten el procesamientos de los acusados y permitan progresar lainvestigación;b) Aportare información que permita o facilite el secuestro de sustancias, materias primas, precursoresquímicos, medios de transporte, dinero, o cualquier otro valor, bien o activo importante, proveniente de losdelitos tipificados en esta ley; dando primordial importancia a aquella información que permita desarticularuna organización o banda.La reducción de pena no procederá respecto a la inhabilitación.Artículo 22: La destrucción de todo material o elementos decomisados o secuestrados con motivo de lasinvestigaciones emanadas de la aplicación de esta ley, será efectuadas, previa orden judicial, por la autoridad
  12. 12. sanitaria nacional y en acto público debidamente difundido por los medios de comunicación con anticipaciónsuficiente, para que el pueblo pueda ejercer el debido control.Artículo 23: Todos los organismos de seguridad y del servicio aduanero podrán actuar en otras jurisdiccionesen la persecución de delincuentes y búsqueda de elementos que hacen a la investigación de los delitostipificados en esta ley. A ese fin las autoridades de esas jurisdicciones acordarán la forma de implementar esaacción, para que no se vean vulnerados los objetivos contra el delito que busca esta ley.Artículo 24: Cuando la demora en el procedimiento pueda comprometer el éxito de la investigación, el juezde la causa podrá actuar en ajena jurisdicción ordenando a las autoridades de prevención el cumplimiento delas medidas y diligencias que considere pertinentes y aconsejables.Artículo 25: Está permitida la actuación de agentes encubiertos tendientes al cumplimiento de los objetivosde esta ley, con conocimiento confidencial del juez interviniente.Artículo 26: Ningún agente de las fuerzas de seguridad podrá ser obligado a actuar como agente encubierto.Artículo 27: Cuando peligre la seguridad personal del agente de alguna de las fuerzas de seguridad quehubiese actuado como agente encubierto por haberse develado su verdadera identidad, éste tendrá derecho apermanecer activo u optar por su pase a retiro, cualquiera fuese la cantidad de años de servicio. En esteúltimo supuesto se le reconocerá un haber mensual de retiro que le hubiera correspondido con dos gradosmás.Artículo 28: El funcionario o empleado público que indebidamente revelare la verdadera identidad de unagente encubierto, será sancionado con prisión de dos a seis años y multa entre diez mil pesos y cien milpesos, e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.Si esa información fuese develada por imprudencia o negligencia, será sancionado con prisión de uno acuatro años, multa de cinco mil a cincuenta mil pesos, e inhabilitación especial de cinco años a quince añospara ejercer cargos públicos.Artículo 29: Cuando las circunstancias del caso hicieren presumir fundadamente un peligro cierto para lavida o integridad física de un testigo o de un imputado que hubiese colaborado con la investigación, el juezdeberá disponer las medidas especiales de protección que considere adecuadas. Estas podrán consistir,incluso, en la sustitución de la identidad del testigo o imputado.Artículo 30: Las personas denunciantes de cualquier delito previsto en esta ley o el artículo 866 yconcordantes del Código Aduanero, permanecerán en el anonimato.Artículo 31: La justicia federal es competente en todo el país para aplicar las disposiciones de esta ley.Artículo 32: Las autoridades educativas nacionales, en coordinación con las autoridades sanitarias, junto conlas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluirán en los programas de formación deprofesionales en educación el uso indebido de todo tipo de drogas, teniendo en cuenta las orientacionesemanadas de los tratados internacionales suscritos por el país, las políticas y estrategias de los organismosinternacionales especializados en la materia, los avances de la información científica referida aestupefacientes y los informes específicos periódicamente dados por la Organización Mundial de la Salud.Basados en los mismos objetivos, serán desarrolladas acciones de información a los educandos, a los gruposcomunitarios organizados y a la población en general.Artículo 33: El Estado nacional asistirá económicamente a las jurisdicciones federales que cuenten ocontaren en el futuro con centros públicos de recuperación de adictos a los estupefacientes, proveyéndole laasistencia técnica que les fuere necesaria.Además, anualmente deberá incluir en el presupuesto nacional una partida destinada específicamente a esosfines.Artículo 34: Comuníquese al Poder Ejecutivo.Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo.FUNDAMENTOSSeñor presidente:Hace muchos años, como representantes del pueblo, hemos venido trabajando sobre temas de salud sobretodo preocupados cuando aquéllos son pasibles de tener consecuencias penales. O sea, cuando más allá delperjuicio que pueda causarse a la salud de la gente, la acción, privada o pública, involucra conductas dolosas.Basado en esas premisas, lamentablemente, el tema de las drogas -y en lo que hace específicamente a lasalud- resalta la importancia de los estupefacientes en cuanto bien o mal recetados, suministrados con recetao sin ella, y también, con documentación fraguada o, lo que es más grave, sustancias alteradas o noautorizadas.Ello nos ha llevado a estudiar en los últimos tiempos la normativa prevista en el Código Penal, las leyes23.737 y 23.975, y en situaciones especiales, disposiciones del Código Aduanero. Cuando se dicta la ley23.737 se trata de definir en un solo texto legal (indudablemente muy difícil de lograr), la normativa referidaa los estupefacientes. El texto -por razones obvias de la época en que fue dictada-, aplicaba multas enaustrales, lo que obliga al posterior dictado de luna ley correctiva, la 23.975, para de algún modo modificar elmonto adecuándolo a la realidad, lo que se hace multiplicando la cifra de la sanción que se aplicare portrescientos setenta y cinco.Su estudio nos convenció de la necesidad de modificar, aunque sea parcialmente, el régimen nacional deestupefacientes, para coordinarlo -de modo coherente- con las disposiciones afines del Código Penal, asícomo también con las del Código Aduanero.
  13. 13. Pero, más allá de eso, pretendemos - siguiendo los criterios en los que se afianza un proyecto de ley conexopresentado en la fecha (modificando el Código Penal)- una mejor tipificación de las conductas delictivas yuna ampliación de las sanciones que impida la excarcelación. En el texto legal aquí fundamentado no sólonos referimos al expendio de estupefacientes, sino a drogas ilícitas de más gravedad, materias primas,precursores sintéticos, y todo elemento que facilite su producción venta, o distribución, sea a título oneroso ogratuito.Prevemos también trámites procesales, sean judiciales, administrativos o de fuerzas de seguridad, incluido laacción de agentes encubiertos, todo tendiente a evitar que el grave flagelo del narcotráfico (queindudablemente, y casi "inocentemente", comienza con los estupefacientes, mediante la receta demedicamentos aparentemente inofensivos), se apodere y atrofie el presente y el futuro de nuestra gente,especialmente de nuestros jóvenes, niños y adolescentes.Descontamos que nuestros pares darán pronta sanción al proyecto de ley aquí fundamentado, y quecomplementamos en la fecha con otras dos propuestas legales sobre el régimen de estupefacientes y elCódigo Aduanero. La salud de nuestra gente, física y mental, y consecuentemente social, nos lo pide y exige.Nº de 1826-D-2012ExpedienteTrámite 0021 (30/03/2012)Parlamentario MODIFICACION DE LA LEY 23737 DE NARCOTRAFICO, SOBRE CONSUMO PERSONAL; MODIFICACION DE EL PENULTIMO Y ULTIMO PARRAFO DELSumario ARTICULO 5, ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 14 Y MODIFICACION DEL ARTICULO 16; DEROGACION DE LOS ARTICULOS 17, 18, 19, 20, 21 y 22, RESPECTO DE TRATAMIENTOS DE DESINTOXICACION Y REHABILITACION. PERALTA, FABIAN FRANCISCO - MILMAN, GERARDO FABIAN - LINARES,Firmantes MARIA VIRGINIA - DUCLOS, OMAR ARNALDO - STOLBIZER, MARGARITA ROSA.Giro a LEGISLACION PENAL; PREVENCION DE ADICCIONES Y CONTROL DELComisiones NARCOTRAFICO; PRESUPUESTO Y HACIENDA.El Senado y Cámara de Diputados,...ARTÍCULO 1º.- Sustitúyanse el penúltimo y último párrafo del artículo 5º de la ley 23.737, por lossiguientes:"En el caso del inciso a), no será punible cuando por la escasa cantidad sembrada, cultivada o guardada ydemás circunstancias, surja inequívocamente que está destinada a obtener estupefacientes para consumopersonal.En el caso del inciso e), cuando la entrega, suministro o facilitación fuere ocasional y a título gratuito y porsu escasa cantidad y demás circunstancias surgiere inequívocamente que es para uso personal de quien lorecepta, la pena será de seis (6) meses a tres (3) años de prisión."ARTÍCULO 2°.- Sustitúyase el último párrafo del artículo 14 de la ley 23.737, el que quedará redactado de lasiguiente forma:"Cuando por su escasa cantidad y demás circunstancias, surja inequívocamente que la tenencia es para usopersonal, el hecho no será punible."ARTÍCULO 3º.- Modifícase el artículo 16 de la ley 23.737, el que quedará redactado de la siguiente forma:Cuando el condenado por cualquier delito dependiera física o psíquicamente de estupefacientes tendráderecho a acceder a un tratamiento adecuado, siempre que prestare consentimiento para elloEl tratamiento se llevará a cabo en establecimientos adecuados que se encuentren dentro o fuera de lasunidades del Servicio Penitenciario Federal o Provincial, los que estarán bajo conducción profesionalreconocida y evaluada periódicamente, registradas oficialmente y con autorización de habilitación por laautoridad sanitaria nacional o provincial, y que el Juez determine como el más adecuado para cada casoparticular, previo dictamen de peritos especialistas en la materia; quienes deberán tener en cuenta que lainternación compulsiva es el último recurso a implementar, según la ley de salud mental. Las alternativasson: terapia individual -con o sin acompañamiento terapéutico-, hospital de día e internación en casos dondeesté en riesgo la integridad del ciudadano.ARTICULO 4º.- Deróganse los artículos 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la ley 23.737.ARTICULO 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.-FUNDAMENTOSSeñor presidente:Este proyecto tiene como antecedente el Expediente 4346-D-2010, que ha perdido estado parlamentario.Ya es conocido que la intromisión del sistema penal para resolver los "problemas" asociados con el consumode drogas consideradas ilegales, ha resultado disfuncional respecto al objetivo explícito en la legislaciónnacional y en las diversas Convenciones Internacionales de salvar el bien jurídico Salud Pública a través de lareducción de la producción y consumo de sustancias.
  14. 14. Sin embargo y no obstante el evidente fracaso del abordaje penal en esta materia, a la par que se registraba unininterrumpido incremento de la presencia de drogas a nivel mundial, paradójicamente se ha ido potenciandoel mecanismo coercitivo del sistema penal focalizando su atención básicamente en el eslabón más débil de lacadena.En el primer informe del Comité Científico Asesor en Materia de Control de Tráfico Ilícito deEstupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja creado en febrero de 2008 en el ámbitodel Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, quedó plasmado un duro diagnóstico sobre lasituación Argentina en la materia. Allí se señala que la legislación vigente durante más de 20 años "no hapodido contener la realidad del aumento exponencial de la oferta y la demanda de sustancias legales eilegales a partir de los años 90". Asimismo, señala que la aplicación de esta legislación sólo "generaimpunidad y al mismo tiempo la percepción social de que la sanción punitiva por excelencia alcanza a losmás vulnerables y los más débiles, esto es al consumidor", lo que se sostiene en las estadísticas del PoderJudicial que indican que del total de ingresos al sistema penal, casi el 70% corresponde a tenencia yconsumo personal de drogas, en general resultado de decomisos en la vía pública. También se señala quepersisten el tránsito y el tráfico internacional de drogas a través del país, dado que, pese al aumento de losdecomisos, "se mantienen fronteras permeables a todos los tráficos ilegales", es decir, "hay zonas defrontera sensibles" en las que se observa "una enorme corrupción que facilita negocios ilícitos". A ello seañade que "la represión de contrabando de estupefacientes se centra principalmente en el tráfico de lasmulas", que son "el eslabón más débil de la cadena y deben padecer un maltrato que a veces llega a lamuerte".Además, el documento destaca el incremento notable del consumo de drogas, aun bajo una legislación quepenaliza la tenencia para el consumo. Pese a una legislación penal que desde el año 1926 castiga la tenenciapara el propio consumo, lo cual ha sido reforzado por los pronunciamientos de nuestro más alto tribunal delos años 90, nunca se ha consumido más y por sectores más amplios, lo que demuestra el fracaso de lapolítica criminal adoptada.Creemos que es pertinente, a los fines de la argumentación, traer a consideración algunos antecedenteshistóricos de la prohibición. El texto original del Código Penal -que pese a sus numerosas reformas aún nosrige- no contenía precepto alguno relacionado con la tenencia de estupefacientes. Sólo se limitaba a reprimircon prisión de 6 meses a 2 años a quien, estando autorizado para la venta de sustancias medicinales, lassuministrare en especie, calidad o cantidad no correspondiente a las prescripciones médicas La pena era de 2a 6 años de prisión si del hecho resultaba enfermedad o muerte de alguna persona.Recién en 1926 (cuatro años después de la entrada en vigencia del Código Penal) el codificador decidiópenalizar a quienes, no estando autorizados para la venta, tuvieran en su poder "las drogas a que se refiereesta ley y no justificasen la razón legítima de su posesión o tenencia". Esa fórmula legal gozó de unaprolongada vigencia, recién en 1968 la ley 17.567, dio lugar a una hipertrofia de las descripciones legalesalusivas a esta materia que quedaron plasmadas en una nueva redacción del artículo 204 y en los nuevos204 bis, ter y quater. Esta ley no obstante el global aumento de las penas para esta clase de infracciones,introdujo una cláusula que dejaba expresamente afuera de su régimen a quien tuviere en su podersustancias estupefacientes o materias destinadas a su preparación en cantidades que no excedieran de "lasque corresponden a su uso personal".En 1974 la sanción de la ley 20.771 abrió un nuevo capítulo para el tratamiento jurídico penal de la cuestióny en el artículo 6º pasó a reprimir con prisión de 1 a 6 años y multa al que tuviere en su poder estupefacientesaunque estuvieran destinados a su consumo personal. A partir de ese momento y en los años siguientes fueinteresante la jurisprudencia que se fue abriendo paso para conciliar la salvaguarda del bien jurídico de lasalud pública con el respeto al vallado de privacidad con que nuestra Constitución Nacional ampara lasacciones privadas de los hombres.Así en plena dictadura militar en 1978 la Corte Suprema en el fallo "Colavini" afirmaba que la actitud de unjoven que fumaba marihuana en una plaza desierta del Gran Buenos Aires, no sólo habría puesto en jaque lasalud pública sino la seguridad nacional, habida cuenta de que el poder del narcotráfico dependería de laexistencia de consumidores como el allí procesado.Sin embargo con el correr de los años y el retorno de la democracia fue ganando terreno la postura judicialempeñada en someter a un serio control de constitucionalidad a la disposición que penaba sin excepciones latenencia de estupefacientes. Así los fallos "Capalbo" y "Bazterrica" de la Corte en 1986 declaran lainconstitucionalidad de la norma que reprimía la tenencia de estupefacientes para consumo personal.Asimismo el fallo "Bernasconi" de la Cámara Nacional de Apelaciones de la Capital Federal en 1987 señalaque corresponde efectuar distinciones interpretativas tomando en consideración la cantidad de sustanciaestupefaciente incautada y las demás circunstancias del caso.Así llegamos a la actual ley 23.737 en vigencia desde 1989 que además de disparar una vez más los topespunitivos de las conductas asimiladas al comercio de estupefacientes fijándolas ahora entre los cuatro y losquince años de prisión y multa, sin perjuicio de posibles circunstancias agravantes, desdobló la punición de latenencia, manteniendo la escala penal de uno a seis años de prisión y multa para la tenencia simple yfijándola entre un mes y dos años de prisión cuando por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiereinequívocamente que la tenencia es para consumo personal. Esto además agravado por el nuevo fallo de laCorte de 1990 ya con la nueva composición de nueve miembros en la causa "Montalvo" que vuelve a retomarla doctrina establecida en "Colavini" apartándose del criterio de los casos "Bazterrica" y "Capalbo".
  15. 15. De esta manera con estos avances y retrocesos es que llegamos a mediados del año 2009 al reciente yriquísimo fallo "Arriola" de la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación (por unanimidad de la decisión)que vuelve a descriminalizar a la tenencia para consumo personal retomando los argumentos del fallo"Bazterrica" al remarcar muy nítidamente la diferencia entre consumidor y traficante.Pero además es interesante en cuanto exhorta a los poderes públicos a asegurar una política de Estado contrael tráfico ilícito de estupefacientes controlando también los precursores químicos, como así también a adoptarmedidas de salud preventivas en especial hacia los grupos más vulnerables, y la necesidad de fijar estándaresmás claros definiendo de un modo inequívoco los casos de tenencia que no puedan causar daño o poner enpeligro bienes jurídicos de terceros. Ello está en sintonía con las propuestas elaboradas por el comité deexpertos que asesora al Poder Ejecutivo, tendiente a la reforma integral de la legislación de la materiaEl Poder Judicial no puede despenalizar ni destipificar conductas sino que ello corresponde al CongresoNacional; lo que pueden y deben hacer los jueces es controlar que las leyes sean conforme a directricesconstitucionales, y si no es así deben considerarlas inconstitucionales en el caso concreto y no aplicarlasEs por ello que creemos que el fallo "Arriola" ha enviado un mensaje al poder que encabeza, a los otrospoderes estatales y a la sociedad toda. El mensaje es preservar las acciones privadas de los hombres ymujeres siempre que no afecten a terceros; adoptar efectivas medidas preventivas en relación a los gruposvulnerables; asistir al adicto (a quien considera una víctima) y perseguir al narcotraficante.Es en ese espíritu en el que está basado nuestro proyecto fundamentalmente los artículos 1 y 2. En el artículo3 reformulamos el artículo 16 de la ley 23.737 en el sentido de que sólo las personas que cometieran delitos yque sean adictas a estupefacientes pueden ser sometidos a tratamiento siempre con su previo consentimientocosa no exigida en la actual redacción.En el mismo sentido derogamos los actuales artículos 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la 23.737 ya que en ellosademás de una redacción confusa, tampoco se toma en cuenta la decisión personal de comenzar o no untratamiento, cuestión esencial para la implicación y posterior desarrollo del tratamiento.En relación a este aspecto del marco normativo, queremos profundizar al señalar que podemos denominartodo inicio posible de tratamiento bajo la llamada "Demanda del sujeto", que es posible sólo en libertad deelección sobre su malestar. La "Demanda" (teorizada por Jaques Lacan) en el ámbito del psicoanálisis hacereferencia a que el sujeto supone un saber sobre lo que le ocurre, un sentido que a él se le escapa y que lotransfiere al terapeuta. El pedido de tratamiento corresponde así a una doble operación: por un lado,suposición de un saber que daría respuesta al enigma sobre su malestar y por otro lado, ubicar ese sabersupuesto en el terapeuta. "No hay tratamiento posible sin Demanda", lo que significa que si en vez de haberDemanda por parte del sujeto hay una imposición jamás se podrá llegar a una concientización de laproblemática del sujeto en cuestión y su respectiva implicación en lo que respecta al tratamiento. No hacefalta aclarar que los resultados esperados nunca se concretan; no se alcanza el grado de bienestarprogramado en la medida de asistencia impuesta y en vez de considerarlo una debilidad del sujeto sufriente,una dificultad de la misma lógica del abordaje terapéutico (para criticar el mismo), se lo penalizanuevamente.El sistema penal, obliga a un tratamiento en una esfera que sólo es incumbencia de esa persona, "hay queatacar a la droga, y el drogadicto cobra status de desadaptado social que hay que socializar a cualquierprecio" (Gallinal, Roberto "Propuestas preventivas")Los medios también contribuyen a difundir el mensaje en el que la droga convierte en marginal, endelincuente potencial, encubriendo que el alcohol y los psicofármacos son plausibles de ser adicciones.Otro tema es el límite temporal a los tratamientos ya que habitualmente la fórmula utilizada es que durará"el tiempo necesario a esos fines" o "cesará por resolución judicial, previo dictamen de peritos que así loaconsejen", lo que la convierte en una pena sin término, lo cual vulnera una vez más el principio delegalidad.Es necesario cuestionar qué entendemos por "rehabilitar" desde un posicionamiento ético, qué espera lasociedad del "adicto", cómo se juzgan ciertas conductas y no otras, dependiendo de la sustancia y suaceptación legal. Porque cuando lo jurídico se intercepta con la salud, allí aparece acentuada la diferencia dela esfera de lo privado y lo público. Es casi de sentido común la idea, a nuestro juicio equivocada, de que elderecho penal sirve para atacar los graves problemas que padece nuestra sociedad; y en realidad casi nuncasoluciona nada y ocasiona otros problemas. El derecho penal es el último recurso del Estado, el más extremoy violento (como que puede privar de su libertad a una persona casi de por vida); por eso debe utilizarse conracionalidad y proporcionalidad. Por otro lado, y siguiendo al filósofo Immanuel Kant, el principio de ladignidad del hombre hace que sea un fin en sí mismo y ello se opone a que sea tratado como un instrumentopara lograr otros objetivos que no sean los propios.Se puede acordar que las drogas son perniciosas para la salud, pero ello dependerá del uso que se haga deellas, recordemos el concepto griego de Farmakon, "venenoremedio" es decir que una droga puede serremedio o veneno según el uso o el modo de consumo. Por ello y sin dejar de reconocer que las drogaspueden ser perniciosas para la salud humana como lo indican los estudios médicos, creemos que castigarpenalmente a quien consume o abusa de estupefacientes resulta una demasía inútil. Es evidente que elprohibicionismo no da los resultados esperados como se demostró con la Ley Seca norteamericana de ladécada del veinte del siglo pasado que llevó a que se consumiera más alcohol, se lo produjeraclandestinamente y a veces resultara tóxico, generando una criminalidad organizada que corrompió ampliossectores del Estado.
  16. 16. Sumado a lo anterior cabe mencionar que existen otras sustancias que generan un malestar en la salud, comoser las llamadas "legales" de venta y consumo libre, que por generar ganancias económicas a los grandescapitales, su consumo no está penalizado ni altamente cuestionado. Además es de suma importanciadiferenciar las categorías de "uso ocasional", "abuso", "adicción" o "dependencia", ya que no es el mismodaño el que acarrea la sustancia en cada caso. Asimismo, y con relación a la necesidad de un tratamiento, nose debe caer en la "psicopatologización de todos los malestares", esto es tender a una excesivarecomendación terapéutica en casos donde no hay necesidad del tratamiento o el consumidor no lo solicite.De lo contrario caeríamos en la fácil estigmatización y generalización del malestar con sus consecuenciasnegativas para la subjetividad de la persona.Es por todo ello que solicitamos a los señores diputados que acompañen el presente proyecto de ley.

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