Este documento define un embarazo no deseado y explica que ante tal situación, una mujer puede continuar con el embarazo o interrumpirlo de forma voluntaria si la legislación lo permite, siempre con asistencia sanitaria. También señala que suministrar anticonceptivos a las 201 millones de mujeres en riesgo de embarazos no deseados en países en desarrollo costaría aproximadamente 2,3 mil millones de euros anualmente.