Sobre Ley Antiterrorista
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Sobre Ley Antiterrorista Sobre Ley Antiterrorista Document Transcript

  • - En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintisiete días del mes de mayo de 2014, a la hora 15 y 11: Sra. Presidenta (Bullrich).- Damos inicio a la reunión de la Comisión de Legislación Penal. Consideraremos un tema de mucha importancia política e iniciaremos la reunión con las exposiciones de los señores diputados hasta obtener quórum. Sobre el particular contamos con los proyectos del diputado Garrido, del diputado mandato cumplido Milman, de la diputada Donda Pérez y otros -con Facundo Moyano, Federico Pinedo y Francisco de Narváez en dos casos-, y de la diputada ALONSO. Todos estos proyectos tienen el sentido de derogar la llamada ley antiterrorista. Como ustedes saben, esta ley fue utilizada en dos oportunidades: en el famoso Proyecto X, que era un proyecto de espionaje ilegal, y en el caso del periodista Juan Pablo Suárez, acusado de sedición en la provincia de Santiago del Estero por filmar a dos policías mientras le pegaban y agredían a otro policía durante una huelga. Él estaba con sus hijos. El periodista en ese momento subió el video a Youtube. A raíz de ello le arrancaron el celular con el que filmaba y lo procesaron. Ahora acaba de ir a indagatoria. Cuando la semana pasada estuvo por aquí lo recibimos junto a las diputadas ALONSO y de Ferrari y la diputada mandato cumplido Silvana Giudici, presidenta de la Fundación LED. Cabe recordar que habíamos recibido a su mujer en diciembre del año pasado mientras él estaba preso en Santiago del Estero. La decisión de poner en discusión la derogación de la ley antiterrorista tiene que ver con lo que creemos es un orden democrático y no leyes que nos recuerden un orden represivo. Me refiero a un orden represivo que pueda ser utilizado con tanta flexibilidad que termine siendo, tal como dijimos en el momento de la discusión, un instrumento contra la libertad de expresión. Ello ocurrió con Proyecto X, utilizado para espiar manifestaciones de trabajadores o a quien quisiera manifestarse. Era un instrumento de espionaje o de límite a la libertad de expresión. En primer término hará uso de la palabra la diputada Laura ALONSO, quien ha reproducido un proyecto que ya había presentado en 2012. Sra. ALONSO.- Señora presidenta: no soy miembro de esta comisión pero agradezco la convocatoria. Lamento que no tengamos quórum, pero ojalá se pueda conformar en los próximos minutos porque es un tema que preocupa no sólo a
  • los bloques políticos opositores sino también a las organizaciones de derechos humanos, de representación de periodistas y a las asociaciones empresarias. Además este proyecto ha preocupado a más de un sector político y social. En 2011, durante el período de sesiones extraordinarias el Poder Ejecutivo envió este proyecto de ley antiterrorista argumentando que era un pedido del GAFI, y se le dio un tratamiento exprés. Hemos revisado los documentos del GAFI y no existe un solo registro de que le hubiera pedido al Poder Ejecutivo nacional que se aprobara una ley antiterrorista. Cuando leemos la ley, sobre todo el artículo 3° que reformó el 41 quinquies del Código Penal, entendemos que esta ley no tiene una intencionalidad directa respecto de los delitos contra el orden económico y financiero. Cuando se habla de que uno de los delitos previstos en el Código Penal “hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población”, cualquiera entiende que acciones de distinto tipo pueden tener como finalidad aterrorizar a la población. Hace mucho tiempo que no veo que sectores o actores tan distintos, que han estado encontrados y enfrentados en discusiones tan apasionadas, estén de acuerdo en algo. Y aquí he encontrado que hay acuerdo de Horacio Verbitsky, el diario La Nación, el CELS, la Sociedad Interamericana de Prensa y ADEPA. Actores de lo más diversos rechazan de plano esta ley; lo hicieron en su momento y siguen pidiendo su derogación. Inclusive Carta Abierta pidió al gobierno que no aprobara esta ley y sigue solicitando que se derogue. Cada uno lo hace por distintos motivos pero evidentemente hay una preocupación común. Esta no es solo una ley pensada para criminalizar la protesta. Es una ley pensada para recortar libertades, entre ellas, la libertad de expresión y la libertad de manifestarse. Además hay otras libertades que pueden ser recortadas a partir del ejercicio de esta ley. Señora presidenta: encontré registro de tres casos en los que se aplicó esta ley. Fíjese qué interesante el primero de ellos. El año pasado dos militares que estaban presos se fugaron del Hospital Militar. En ese caso ocurrió algo extrañísimo: la UIF, a cargo de Sbatella, pidió aplicar la ley antiterrorista. Sin embargo, el juez Bonadío dijo que eran prófugos y que obviamente había que buscarlos y no se les podía aplicar la ley. Menos mal que todavía existen jueces con cierta razonabilidad y racionalidad. El segundo pedido de aplicación de esta ley es contra Félix Díaz, cacique de la Comunidad La Primavera. El tercero, recientemente mencionado por la Presidencia, es contra el periodista Juan Pablo Suárez.
  • Todas las asociaciones de periodistas en Argentina -repito: todas-, es decir, ADEPA, FOPEA, la SIP -que es internacional-, la Fundación LED, la Asociación por los Derechos Civiles -que defiende libertades individuales- y el CELS, se han manifestado en contra de esta ley. Todos dijeron que esta ley va en contra del ejercicio de la libertad de expresión y obviamente del ejercicio de la profesión o del oficio -como cada uno quiera verlo- periodístico. En Santiago del Estero un fiscal federal pidió la aplicación de la ley contra Juan Pablo Suárez, quien fue indagado el viernes pasado. En diciembre de 2011, cuando se trataba esta ley en el Senado, todos advertíamos que, por la vaguedad y la forma de su redacción, ese primer artículo era incorrecto y se iba a poder aplicar en contra de los periodistas, de los medios y de quienes protestaran. En diciembre de 2012 el senador Pichetto dijo textualmente: “Ninguna nota periodística puede ser considerada una acción terrorista”. Bueno, Pichetto se equivocó y nosotros estábamos en lo cierto. En Santiago del Estero, hace pocas semanas, un fiscal federal entendió que subir un video a Youtube es una acción terrorista. Ya dije que no obedeció a un pedido del GAFI, pues no hay ningún documento que pruebe que el GAFI haya pedido esta ley. En todo caso, hay una serie de evaluaciones sobre las falencias que tiene nuestro sistema en materia de lavado de dinero, de lo cual el kirchnerismo y el señor Sbatella son bastante responsables, por los manejos y desmanejos que se producen en la Unidad de Información Financiera. Así que no es un argumento válido decir que el GAFI solicitó esta ley. Además, el GAFI no tiene por qué hacerlo ni tiene autoridad para pedir algo a un Estado nacional, y menos pedirle al Estado argentino que dicte una ley. Este tipo de leyes se han utilizado en otros países para controlar o intentar controlar la protesta social. También se ha amenazado en estos meses en la Argentina -en este año y pico- con que se podía utilizar esta ley en contra de los que agitan golpes de mercado a través de los medios de comunicación. Esto lo dijo Sbatella en la radio La Red al periodista Jorge Rial en una entrevista, y tengo preparada aquí la cita. Dijo Sbatella en diciembre de 2011: “Lo que se está previniendo es la posibilidad de que un grupo de personas con gran poder económico pueda concertar una política que vacíe las reservas y aterrorice a la población, de tal manera que la induce a llevarse los depósitos, que es lo que ha pasado históricamente en los golpes de mercado. Los que generan eso son un núcleo muy reducido de operadores que luego
  • difunden la situación en los medios. Y bueno, eso es aterrorizar a la población.” Entonces, me planteo lo siguiente. Suárez sube un video a su sitio web, que es un medio digital, y le quieren aplicar la ley antiterrorista. Si yo salgo de mi casa mal peinada y a alguien no le gusta, ¿va a decir que aterrorizo a la población porque me peiné mal y va a venir a buscarme para aplicarme la ley antiterrorista? La sensación que uno tiene es que esta ley de verdad echa por tierra todas las garantías con las que nos movemos. Por eso digo que no es solo una ley que va en contra de la protesta social. Esta es una ley que busca recortar las libertades de todos. Por ejemplo, en relación con la soja y las divisas se ha dicho más de una vez que cuando un empresario no liquida divisas, eso puede entenderse como una acción de aterrorizar a la población. Entonces, la verdad es que no podemos esperar mucho más tiempo ni hacer sufrir a las personas que hoy están sufriendo o están bajo proceso judicial, a las cuales se busca aplicar esta ley. Debemos derogarla lo más rápido posible. Es lamentable que el oficialismo hoy no haya dado quórum, porque entendemos que si se cometió un error -como efectivamente lo cometieron- o si tuvieron otra intencionalidad a la hora de promover esta ley, se puede corregir. La Argentina vive bajo un Estado de derecho y no podemos permitir que esta ley siga vigente y que alguna vez algún juez la declare inconstitucional, sino que tenemos que reparar el daño que ya hemos generado. Muchas gracias, señora presidenta. Sra. Presidenta (Bullrich).- Muchas gracias, señora diputada ALONSO. Tiene la palabra la señora diputada Stolbizer, quien también tiene un proyecto sobre derogación de la ley antiterrorista. Sra. Stolbizer.- Señora presidenta: nosotros presentamos el proyecto de ley de derogación de esta ley llamada antiterrorista en 2011, bajo el número de expediente 6.418- D.-2011, firmado por los señores diputados Duclós, Peralta, Milman, Linares y quien les habla. Con posterioridad a esto, en 2013 nuestro bloque hizo una presentación reiterando aquélla, que está contenida en el expediente 297-D.-2013, firmada por el señor diputado Milman, y ahora hemos vuelto a presentarla, como reproducción de los anteriores, bajo el número de expediente 3.896-D.-2014, que pido sea incorporado dentro del temario de la comisión.
  • Coincido con todos los argumentos que planteó la señora diputada ALONSO, pero quiero incorporar alguna mirada distinta o complementaria. Desde hace varios años nosotros venimos sosteniendo la necesidad de que esta ley sea derogada, pues se trata de una norma que nunca debió ser sancionada. Pero esta ley tiene su explicación en un contexto repetido de intentos de limitar, perseguir o reprimir las protestas sociales -no es la primera vez que esto ocurre- y, sobre todo, esto se da en un país donde hay más de cinco mil personas que están siendo sometidas a procesos judiciales por haber participado de movilizaciones y reclamos populares, muchos de ellos vinculados con la defensa de fuentes de trabajo o de recursos naturales, con cuestiones ambientales, etcétera, y la señora diputada ALONSO daba cuenta de algunos casos. El contexto se completa, sin ninguna duda, con un país que ha tenido el llamado Proyecto X, claramente destinado a espiar a los dirigentes y a las organizaciones sociales justamente para habilitar después este proceso de persecución o de represión. Por lo tanto, el intento de dar legitimidad a esta persecución y represión de la protesta a través de una ley de estas características merece nuestro más absoluto repudio. Quiero complementar esto con lo que para nosotros es una situación de doble o múltiple riesgo porque también se empiezan a tratar en esta Cámara otros proyectos destinados a regular -lo digo entre comillas- la convivencia social, el uso del espacio público, y estas cuestiones no pueden ser tomadas aisladamente. Estas cuestiones también son herramientas de altísimo peligro en manos de quienes no han limitado su accionar justamente en lo que es la persecución y la represión de la protesta social. Todos sabemos perfectamente que la protesta social no se evita con leyes penales, agitando la posibilidad de una sanción, sino tratando de no dar motivos para que esa protesta se produzca. Obviamente, si no estuviéramos frente a un gobierno con vocaciones predatorias respecto de lo que significan, entre otras cosas, nuestros recursos naturales, nuestras riquezas, todo esto que constituyen derechos para las personas, la verdad es que no habría por qué temer que existan movilizaciones, reclamos y protestas. Por lo tanto, lo que debería discutir este Congreso es de qué manera satisfacer y garantizar desde el Estado los derechos de todas las personas y no salir a reprimir a aquellos que reclaman justamente por el papel del Estado en garantía de esos derechos. Comparto algunas cuestiones que tienen que ver con el texto de esa ley. Realmente la norma es de una vaguedad muy peligrosa cuando plantea el tipo penal fundado en la intención de aterrorizar a la población. Nosotros
  • dijimos, también acompañando alguna versión risueña de esto, que a lo mejor un chico que sale a festejar Halloween con una careta termina siendo pasible de ser investigado por este intento de aterrorizar a la población. Si bien en el texto se intentó amortiguar el impacto de una ley de estas características, agregando ese párrafo que dice que "no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieron lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional", está claro que esta inclusión es meramente retórica y lo único que hace es intentar poner una pantalla, pero de ninguna manera eso puede encubrir la intencionalidad que la norma tiene. Así como dijimos que nunca debió haberse sancionado esta ley y presentamos un primer proyecto de derogación inmediatamente luego de su sanción, ahora acompañamos y reclamamos la posibilidad de su derogación lo antes posible. Sra. Presidenta (Bullrich).- Señora diputada Stolbizer: su proyecto acaba de entrar a la comisión en este momento, y por eso no llegamos a ponerlo en el temario. Tiene la palabra el señor diputado Tonelli, quien presenta el proyecto contenido en el expediente 1.107-D.- 2014. Sr. Tonelli.- Señora presidenta: quiero decir unas pocas cosas para sumar mi voz a la de quienes propician la derogación de esta ley antiterrorista. Voy a decir algunas cosas que probablemente sean más propias de la escuela primaria que de la Cámara de Diputados, pero lamentablemente parecen haber sido olvidadas al momento de debatir y sancionar esta ley. Para que una conducta pueda ser reprimida por estar prevista en el Código Penal tiene que encuadrar exactamente en la conducta prevista y reprimida por el Código Penal. Es lo que se llama la tipicidad. Es decir, si la conducta no es típica, si no encuadra exactamente en el tipo penal previsto en el Código, no es delito; es otra cosa. Por eso es que, gracias a Dios, en el derecho penal que podemos llamar occidental los tipos penales son precisos, exactos; prevén y reprimen conductas. Esta es una garantía para los habitantes y los ciudadanos, porque si la conducta en la que incurren no está exactamente descripta en el tipo penal, no hay delito. La contracara de esto son y han sido -afortunadamente cada vez son menos en el mundo- los tipos penales de los países autoritarios o en los que hubo dictaduras, que se han caracterizado por ser mucho más amplios y por la falta de precisión. Inclusive en algunos
  • casos llegó a haber lo que se conoce como tipos penales en blanco, en los cuales la conducta no está descripta y entonces el margen de interpretación para los jueces y para las autoridades es amplísimo. Esos tipos penales amplios en países que han vivido bajo regímenes dictatoriales se parecen mucho a este artículo 41 quinquies del Código Penal. Por ejemplo, para esos tipos penales se han utilizado expresiones como “aquel que haga algo en contra de los intereses del pueblo”, “aquel que haga algo en contra de la República” o “aquel que haga algo en contra de las autoridades”, dejando un margen de interpretación tan amplio al juez y a las autoridades que permite que cualquiera que moleste al gobierno pueda ser acusado, juzgado y condenado por haber incurrido en uno de esos delitos de tipos penales muy abiertos. Este artículo 41 quinquies es un tipo penal abierto, porque la finalidad de aterrorizar a la población es tan abstracta y tan amplia que cualquiera puede ser acusado de querer aterrorizar a la población. Y en este sentido no voy a dar ningún ejemplo porque me parece que el que dio la diputada Stolbizer respecto del chico que sale con una careta a festejar Halloween es magnífico. Ese niño podría ser procesado por incurrir en este delito. De manera tal que tenemos que evitar que en el Código Penal se introduzcan estos tipos penales abiertos o poco precisos, pues dejan un margen tan amplio al intérprete que permite perseguir a quienes no deben ser perseguidos, como ocurrió con ese periodista que ha sido procesado por subir un video a Internet. Todo esto lo dijimos al momento de debatirse la ley. Nosotros anticipamos lo que iba a pasar, y la práctica ha demostrado, en los tres casos que mencionó la diputada ALONSO, que la ley ha sido aplicada en situaciones en las que de ninguna manera debería haberse aplicado. Por lo tanto, la teoría y la práctica se conjugan y coinciden en este caso para reclamar la urgente derogación de esta ley y para que todos en la Argentina podamos estar más tranquilos en el sentido de que no vamos a poder ser perseguidos con cualquier excusa ridícula por el solo hecho de que molestamos al gobierno o a cualquier autoridad. Sra. Presidenta (Bullrich).- Tiene la palabra el señor diputado Garrido. Sr. Garrido.- Señora presidenta: lamento que el oficialismo no quiera debatir esta cuestión. En su momento recordamos que esta modificación al Código Penal, esta llamada ley antiterrorista, fue escasamente debatida -recordemos que se aprobó en esa maratónica sesión de diciembre de 2011, entre muchas otras cosas-, sin prestarle la más mínima atención a
  • las objeciones que en ese momento planteamos. Claro que en ese momento nadie imaginaba el devenir de lo que iba a ser la política de seguridad de este gobierno, la militarización de la seguridad a cargo del señor Berni ni tampoco que el general Milani iba a terminar siendo el jefe del Ejército, con lo cual algo que en ese momento pareció absurdo terminó, en todo caso, encajando en una política mucho más autoritaria, y esta ley antiterrorista ha pasado a ser una pieza en ese engranaje autoritario. Todos los días tenemos que asistir a las declaraciones de este señor Berni descalificando a los jueces, que precisamente son aquellos en los que descansa la aplicación del Código Penal y algunas garantías básicas, que ya este propio Congreso vulneró al introducir este artículo 41 quinquies en el derecho penal, mostrando lamentablemente un escaso respeto por las garantías constitucionales. Quiero detenerme en las objeciones que planteamos en ese momento, que siguen estando vigentes; y de hecho, la realidad nos ha dado la razón. En ese momento decíamos que esta descripción era vaga, imprecisa, que podía dar lugar a una aplicación abusiva y que iba a repercutir negativamente en la libertad de las personas. Todos estamos sacudidos por la aplicación de esta figura a un periodista. Y no es que esto puede ser corregido. Uno podría decir “bueno, cuando llegue a la Corte Suprema o a algún tribunal que decida aplicar la Constitución, esto se va a terminar”. Sin embargo, todos vimos que este periodista fue privado de su libertad durante mucho tiempo al comienzo de la causa, y hoy tiene que sobrellevar un expediente o un proceso. Y éste puede ser solamente el primer caso escandaloso de una cadena de casos escandalosos debidos a esta legislación que realmente es violatoria de la Constitución y de los derechos humanos. Me llama la atención -en realidad, a esta altura del partido no me sorprende- que un gobierno que se dice defensor de los derechos humanos y que enarbola la bandera de los derechos humanos haya introducido un artículo claramente violatorio de los derechos humanos en el Código Penal. En ese momento decíamos que este artículo claramente violaba una serie de pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha venido señalando en varios casos. Podemos citar como ejemplo el caso Castillo Petruzzi, donde se usó una herramienta similar para perseguir a quienes se tildaba de terroristas en Perú utilizando un tipo penal abierto. Hubo otros casos posteriores; entre ellos, uno de la Argentina: el caso Kimel, donde también la Corte Interamericana señaló que la legislación penal debe ser taxativa, es decir, que el principio de legalidad en
  • materia penal debe describir con detalle cuál es la conducta incriminada. El artículo 41 quinquies contempla nada más y nada menos que un agravante: que se aplica a cualquier delito cuando “supuestamente” la finalidad que se persigue es generar terror, es decir, un tipo penal absolutamente abierto, que además establece un incremento de la pena que es absolutamente desproporcionado y absurdo. Esa desproporción y ese monto desmesurado de penas a que conduce la aplicación de esta supuesta ley antiterrorista es lo que puede dar lugar a que algunos jueces utilicen esto como una herramienta para detener injustificadamente a las personas, tal como ocurrió en el caso de Santiago del Estero. Entendemos -por eso presentamos el proyecto que hoy está en consideración- que este Congreso debe reparar el error cometido y evitar que esto subsista en la legislación, dando la posibilidad o el pie para que personajes como Berni, complotados con jueces que no cumplen adecuadamente su rol, puedan usar esto como una herramienta represiva. Por supuesto que no es suficiente el párrafo final que se introdujo a raíz de la discusión y de la crítica oportuna, tal como lo ha demostrado el caso de Santiago del Estero. Es lamentable que para tapar la falta de cumplimiento de las recomendaciones del GAFI en materia de políticas públicas en contra del lavado de dinero, el gobierno de Cristina Fernández haya intentado lavarse la cara introduciendo este artículo en el Código Penal. Esto de ninguna manera fue exigido por el GAFI. Esto no sirve para perseguir el lavado de dinero sino solamente para reprimir la libertad de expresión, que básicamente es el derecho que está en juego cuando un periodista manifiesta su opinión o cuando hay una protesta pública, y estos son los casos en los que seguramente se seguirá aplicando este tipo penal de manera absurda. Quiero llamar a todos a la reflexión -también al oficialismo, porque sé que la mayoría de sus miembros opina que esta introducción o este artículo no tiene sentido- para que saquemos esto de una vez por todas del Código Penal, porque solamente estamos asistiendo al comienzo de una cadena de abusos que, si este Congreso no asume su responsabilidad, va a continuar y no sabemos dónde va a terminar. Gracias, señora presidenta. Sra. Presidenta (Bullrich).- Gracias, señor diputado Garrido. Tiene la palabra la señora diputada Donda Pérez.
  • Sra. Donda Pérez.- Señora presidenta: sería una redundancia agregar más a lo ya dicho. Simplemente quiero hacer hincapié en algunas cuestiones que creemos son importantes. Lamentamos la ausencia del oficialismo hoy en este debate pero no nos sorprende, pues lo votaron por unanimidad y sin ningún titubeo. La excusa para votarlo fue lo que mencionaba el señor diputado Garrido: encarcelar a los supuestos terroristas económicos o a aquellas personas que utilizaban el sistema financiero para construir un escenario de terror -entre comillas- a la sociedad, chantajeando de esa forma al gobierno para conseguir mayores beneficios. Sin embargo, las últimas noticias dan cuenta de que los sectores financieros han sido beneficiados durante estos años más que ningún otro sector de la economía, que no se procesó a ningún empresario y que no se utilizó esta figura para procesar a ninguna persona que en estos momentos esté acusada, sospechada o investigada por lavado de activos. ¿A quiénes se ha procesado? Se ha intentado procesar a miembros de la Asamblea de Andalgalá, a periodistas. Es decir, se ha utilizado precisamente para procesar -y, de esta forma, amedrentar- a aquellos que molestan. No es la única iniciativa. Creemos que hay que derogar esta ley y que hay que dar una discusión. Sabemos que hoy el oficialismo tiene mayoría. Confiamos en que el oficialismo y los sectores aliados a él darán una discusión en torno a esta ley antiterrorista, que no es más que un avance de una cultura autoritaria sobre nuestro derecho. Pero creemos que hay otros avances. También es bueno decir que cuando uno, como diputado, discute otorgarle a este Poder Ejecutivo -o a cualquier otro- las herramientas que pueden repercutir negativamente en la libertad de las personas, se tiene que hacer cargo después de cómo se utilizan estas herramientas. Y, por ejemplo, los proyectos de ley que van en dirección a reglar las protestas sociales van en dirección también a procesar a aquellos que molestan al gobierno; también son tipos penales amplios y pueden ser utilizados por el poder para acallar aquellas voces disidentes que no les gusten. Entonces, mañana vamos a estar lamentando que por propiciar la discusión de estos tipos penales y su inclusión dentro de nuestro plexo normativo estemos padeciendo el procesamiento de más periodistas, de vecinos que salen a protestar porque les cortaron la luz o de sectores de la economía que de forma absolutamente honesta y valedera se quejan ante determinadas situaciones con las que no están de acuerdo. Creemos que hay que derogar la ley antiterrorista y también creemos que no hay que propiciar ni el debate ni la incorporación de otras leyes que avancen en el sentido
  • de recortar la libertad y el derecho de expresarse a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Gracias. Sra. Presidenta (Bullrich).- Muchas gracias, señora diputada Donda Pérez. Tiene la palabra el señor diputado Del Caño. Sr. Del Caño.- Señora presidenta: en primer lugar, usted mencionaba al comienzo de esta reunión el Proyecto X. Se encuentra aquí presente mi compañera Myriam Bregman, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y militante del Partido de los Trabajadores Socialistas, que fue denunciante del Proyecto X. Quería destacar también que los sectores populares que más sufren tanto el Proyecto X como las distintas formas de criminalización de la protesta social son la izquierda y los trabajadores. Simplemente les doy un dato a tener en cuenta: la señora diputada Stolbizer hablaba de más de cinco mil procesados en el país por manifestarse y por hacer distintas protestas, y el dato que les quiero mencionar es que solamente nuestro partido tiene 200 procesados; entre ellos, los trabajadores de Kraft, de la comisión interna. Estamos hablando de delegados que tienen, por ejemplo, embargos por 300 mil pesos. Entonces, ¿cómo no vamos a estar a favor de que se traten todos los proyectos que planteen lisa y llanamente la derogación de la ley antiterrorista, que justamente es una ley con la que se busca criminalizar la protesta, más allá de que -como lo explicaron algunos señores diputados- se haya intentado edulcorar esto con el artículo 41 quinquies, por el que se incorporó esta cláusula que plantea que no se utilizaría para reprimir la protesta social? Creemos que atenta contra la libertad de manifestación. En ese sentido, estamos totalmente de acuerdo con que se traten todos los proyectos que proponen derogar la llamada ley antiterrorista. Sin embargo, no se nos escapa el oportunismo de algunos sectores, que muchas veces también piden criminalizar la protesta social, particularmente la de los trabajadores, cosa que rechazamos. Lamentamos que el Frente para la Victoria no esté aquí presente para tratar este tema. Como se mencionaba anteriormente, en ese artículo se plantea que una manifestación puede aterrorizar a la población. Justamente recién venimos de la empresa Gestamp, en Escobar, donde hay trabajadores que ingresaron a la planta que fueron despedidos hace tres semanas sin respuesta de la patronal. Hay sesenta familias que han sido despedidas y están haciendo varios piquetes alrededor de la planta. El sindicato no ha dado respuesta. Y eso se va a multiplicar, porque hoy mismo en otra autopartista cercana, Lear, anunciaron más de 300 suspensiones. Cuando los
  • trabajadores se manifiestan se los trata de delincuentes, como hace Berni, que el otro día dijo que había que meter presos a todos aquellos que cortaran calles o rutas. Este gobierno, que tanto habla de los derechos humanos, permanentemente trata de delincuentes a los trabajadores que reclaman por sus derechos y a todos aquellos que enfrentan sus políticas, que en este momento son claramente de ajuste. Entonces, como dije, nuestra voluntad es que se traten todos estos proyectos que proponen derogar la llamada ley antiterrorista. Por supuesto, también queremos rechazar los intentos de plantear estas leyes que cercenan la manifestación, es decir, las llamadas leyes antipiquetes, que no son otra cosa que intentos de criminalizar a los que luchamos y enfrentamos las políticas no sólo de este gobierno sino de todos aquellos que defienden los intereses de los grandes capitalistas y de los empresarios y para eso están dispuestos a reprimir y encarcelar a los trabajadores, como lo hicieron con los trabajadores petroleros en Santa Cruz, que -gracias a las distintas manifestaciones que se realizaron- hoy fueron liberados pero todavía pesan sobre ellos las causas penales. Ese es el planteo que queríamos hacer desde el Partido de Trabajadores Socialistas y del Frente de Izquierda, que es uno de los principales sectores que sufren la criminalización de la protesta social. Sra. Presidenta (Bullrich).- Muchísimas gracias, señor diputado Del Caño. Ha quedado bastante claro, por lo manifestado por los distintos autores de iniciativas, que esta es una norma que tiene una utilización que nada tiene que ver con lo que se discutió de parte del oficialismo cuando se votó. Sí tiene que ver con aquello que dijimos en ese momento: que iba a ser utilizado contra la libertad de expresión, contra la gente, contra la sociedad, contra los trabajadores y que iba a ser utilizado para espiar. Y así está ocurriendo. Hoy hemos puesto este tema en discusión y lo seguiremos debatiendo en otra oportunidad. Les agradecemos a todos los autores de estos proyectos de ley y esperamos que en otro momento se den las condiciones para que estas iniciativas puedan ser tratadas. A continuación escucharemos las exposiciones del doctor Mario Fernando Ganora, de La Alameda, quien hablará sobre el Código Procesal Penal, y del legislador provincial presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados del Neuquén y miembro de la comisión especial que redactó el Código Procesal Penal
  • de la provincia del Neuquén, doctor José Russo. Les damos la bienvenida. Quiero contarles que está presente la diputada mandato cumplido y amiga Fernanda Gil Lozano, a quien hemos invitado, que fue una de las denunciantes de Proyecto X en esta Cámara de Diputados, a quien damos la bienvenida. Les quiero aclarar que la diputada Comelli nos ha recomendado escuchar al legislador Russo y nos trajo muchísimos ejemplos de cómo funciona el juicio por jurados en la provincia del Neuquén. Así que seguramente la diputada quiere presentar al diputado provincial Russo, por lo que con gusto le doy la palabra. Sra. Comelli.- En primer lugar, aclaro que no soy miembro de la comisión, por lo que les agradezco que hayan aceptado la inquietud planteada oportunamente de poder acercarles la experiencia que tenemos en Neuquén. Si bien hubo un debate muy amplio, que empezó allá por el año 1994, fue esta Legislatura, y particularmente la comisión que preside el doctor Russo, la que en los últimos cuatro años se hizo cargo de llevar adelante un debate muy participativo con toda la ciudadanía del Neuquén. Los jurados están integrados por ciudadanos; todos los que figuran en el padrón pueden ser miembros del jurado. Es una experiencia que desde lo teórico es válido compartirla acá, y también sería bueno compartir algún juicio en la práctica para ver el trabajo que realiza un jurado y escuchar la experiencia de quienes han integrado un jurado. Realmente es sorprendente cómo cada uno se visualiza a sí mismo cuando tiene que definir una situación; por ejemplo, cómo ve a los menores o cómo se siente en ese ámbito. Por eso, me parece que es algo para compartir. Agradezco que escuchen la experiencia y doy la bienvenida al diputado provincial Russo, compañero del Neuquén, a quien es un gusto tener en esta reunión. Sra. Presidenta (Bullrich).- El señor diputado Pitrola me está pidiendo la palabra. Me imagino que es para referirse al tema anterior, así que le daré dos minutos para que pueda expresarse y luego comenzaremos con el tratamiento del Código Procesal Penal. Sr. Pitrola.- Señora presidenta: el diputado del Caño ya aclaró la posición del Partido de Trabajadores Socialistas y del Frente de Izquierda, pero quiero reforzarla. Todos conocemos lo que ocurrió estos días con el intento de aplicación de la llamada ley antiterrorista. Quiero dejar planteado un problema. Nosotros estamos de acuerdo con la derogación de la ley 26.734. Pero antes estuvo vigente la ley 26.268, cuyos artículos 213 ter
  • y quáter plantean más o menos lo mismo pero incluso agravado, porque se aplica a organizaciones que serían consideradas asociaciones ilícitas en el caso de los mismos delitos contemplados en la ley 26.734. Por todo ello, quería dejar planteada no sólo la derogación de la ley 26.734 sino también de la ley 26.268. Acabemos con toda legislación que pueda aplicarse de esta manera, con el cuento del odio racial, del odio religioso o del odio político, que depende de la interpretación subjetiva de los jueces y no emerge de un delito de tipo objetivo, como debe ocurrir con todos los delitos contemplados en el Código Penal. Creo que es el momento más adecuado para esta campaña, no solo por el caso del periodista Juan Pablo Suárez sino por el despliegue de tropas frente a todo tipo de movimientos sociales que ocurren en el país. Incluso, hoy mismo ha ocurrido esto en la zona norte del Gran Buenos Aires. Sra. Presidenta (Bullrich).- Señor diputado Pitrola: si tiene un proyecto sobre el tema, con gusto lo pondremos en consideración. Por favor háganos saber si lo presenta. Tiene la palabra el legislador provincial Russo, a quien agradecemos muchísimo su presencia en esta reunión. Sr. Russo.- Señora presidenta: venimos a esta reunión para contarles un poco la experiencia que hemos tenido en nuestra provincia, no solo en lo relativo a la redacción del Código de Procedimiento Penal sino también en cuanto a su aplicación concreta. Antes de continuar quiero aclarar que soy médico. (Risas.) Soy un médico rural, devenido en político. Tengo el antecedente de haber sido uno de los impulsores del plan de salud de Neuquén -por la edad-, que gestó una revolución sanitaria en el país, luego exportada a otros países de Latinoamérica, muchos de los cuales después fueron modelo para nosotros. Con ese mismo espíritu elaboramos este nuevo código -digo “nuevo código” porque no es una reforma sino un nuevo código-, y dentro de ese espíritu podemos mencionar dos aspectos fundamentales: la pasión y el coraje. La pasión es la que le da continuidad a este proceso reformista, y el coraje -puede leerse como caradurez- nos permitió pensar que era posible modificar un código vigente, un código inquisitivo reformado, y aplicar una deuda que tiene la Nación Argentina con la Constitución de 1853, que es el juicio por jurados populares. En este planteo hemos trabajado durante cuatro años para gestar la ley 2.784. Es una ley nueva que modifica sustancialmente el Código Procesal Penal: lo
  • transforma de un código inquisitivo reformado –como dije- a un código acusatorio, que tiene básicamente como origen el no tener autor. Este es un detalle significativo, porque al no tener autor no hay quien lo ataque ni quien lo defienda. Se tomaron como base los distintos proyectos enviados y las distintas modas que había en Latinoamérica. Se conformó una comisión de asesores que redactó el documento preliminar. Luego, a partir de una decisión de la Cámara, se convocó a una comisión interpoderes, que no solamente discutió punto por punto, artículo por artículo, sino que posteriormente propuso las formas de implementación. Esto se completó con una comisión de seguimiento integrada por los tres poderes del Estado. Esto de los tres poderes es una representación institucional, pero están presentes distintos grupos, asociaciones, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que tienen algo para decir sobre la situación penal. Con ese aporte, desde las comisiones de víctimas hasta los representantes de las comunidades indígenas han participado en todos los aspectos que tienen que ver con propuestas concretas, es decir, ya no solamente con declamaciones o con posiciones políticas, dogmáticas o doctrinarias sino con puntos o artículos definidos que les interesaban o que pretendían modificar. Los tres poderes se han reunido durante estos cuatro años y han producido esto que ahora denominamos nuevo Código Procesal Penal. Por supuesto, hemos contado con el asesoramiento de juristas muy importantes, como el doctor Binder -podríamos decir que es el padrino de esta situación-, que ha insistido notablemente en alentar la continuidad, porque después del Código se dictaron las leyes complementarias, es decir, la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, la de la defensa y la de la organización del Poder Judicial en el aspecto de la aplicación penal. A continuación vamos a ir pasando los slides para que puedan leer en la pantalla cuáles son las cuestiones más formales que tienen que ver con la aplicación de este Código; por supuesto, los conceptos, los principios y las características tienen mucha trascendencia porque es lo que le da solidez. Este código se aprobó en diciembre de 2011, y se dio un plazo de dos años al Poder Judicial para que organizara su implementación. En esos dos años se trataron las cuatro leyes complementarias, que fueron sancionadas en diciembre de 2013; entre ellas, la referida a la instalación de los juzgados de ejecución penal, que es una ley específica que también prevé el código.
  • El código comenzó a aplicarse el 14 de enero de 2014. Ya llevamos realizados cinco juicios por jurados en Neuquén y está en ejecución otro más. Llama la atención el impacto popular o la gran repercusión que ha tenido esto en la comunidad de Neuquén, no solamente por la justeza de los veredictos sino también por la participación popular y la trascendencia que le dieron los jurados a esta participación, cosa que desalienta bastante a algunos agoreros que creen que la gente en la Argentina no está preparada para integrar un jurado. Otra cosa que nos enorgullece es la comisión de seguimiento. Esta última tiene por objeto no creer que el código es perfecto, es decir, no pensar que el código tuvo en cuenta todo lo que se debía considerar sino que puede fallar en algún aspecto. Por lo tanto, esa comisión de seguimiento tiene la función de corregir, precisamente a través del seguimiento de la aplicación, las anomalías o los problemas que se vayan detectando. Además de eso, todavía persiste la comisión interpoderes, constituida por los tres poderes del estado provincial -el Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo-, que va a seguir tratando las diferentes propuestas que se presenten; inclusive ya hay propuestas de modificación del mismo código. Los aspectos jurídicos sobre los que versa este nuevo código -que seguramente son conocidos por ustedes- tienen que ver con estas cuestiones que pensamos que se conocen ampliamente en el ambiente procesal argentino. Tenemos una cantidad importante de cátedras procesales que han aportado sus conocimientos en el desarrollo de todo este proceso. Inclusive, estamos a punto de iniciar el tratamiento del nuevo Código de Procedimientos Civiles, Comerciales y de Familia, con el auspicio tanto de la Universidad de La Plata como de la Universidad de Rosario, a través de los doctores Alvarado Velloso y Oteiza, que se han comprometido a tutelar el desarrollo de este nuevo proceso, y así jugar con una posición equidistante en lo doctrinario y en lo dogmático respecto de estas dos escuelas que hoy existen en el país en materia procesal. También quiero decir que hay algunos elementos destacables sobre el trasfondo del código. Uno de ellos es la jerarquización o rejerarquización del papel de la víctima. Por supuesto, es una obviedad decir que el código respeta en su letra y en su espíritu todas las garantías constitucionales e incorpora los pactos internacionales, que tienen rango constitucional. Pero, además de eso, se ha puesto especial énfasis en el tema del rol de la víctima. En los códigos viejos, la víctima es un elemento necesario para establecer el principio del procedimiento -es decir, tiene que ver con
  • el origen del procedimiento judicial- pero luego no participa nunca más. En este caso, los derechos de la víctima tienen que ver no solamente con ser parte. Nosotros decimos ufanamente que la víctima pone el cuero, pone la vida y pone sus bienes y después nunca más es tenida en cuenta. En este caso la víctima tiene el derecho de exigir la participación en el proceso penal; no solamente participar si tiene capacidad de integrar la querella sino participar para ser permanentemente informada sobre el avance o el retroceso del proceso penal. Además, el Ministerio Público Fiscal debe hacerse cargo de la protección de la víctima y de la preservación tanto de sus bienes como de su propia vida, teniendo en cuenta que en estos casos la prisión preventiva se limita casi exclusivamente a las cuestiones que están previstas en el código y no es un elemento determinante para proceder en el caso de la gravedad de los delitos, sino que tiene que ver con la capacidad de entorpecer el mecanismo de investigación o la capacidad de alterar cualquiera de las funciones de la víctima, inclusive la de fugarse o profugarse. De cualquier manera, la víctima también tiene derecho a que se la asista económicamente en todos los aspectos en caso de que haga falta. Cabe mencionar que en el presupuesto del Poder Judicial aprobado recientemente se menciona -incluso está muy claramente expresado en el propio código- la posibilidad de contar con fondos específicos para que eso efectivamente se cumpla, es decir, para que no quede solamente en la letra o como una mera enunciación del código sino que se asignen los recursos necesarios y suficientes para que eso se pueda cumplir en la realidad. Por supuesto, no voy a hablar del desarrollo propio del procedimiento adversarial. Como ustedes saben, existen básicamente dos partes en pugna y un tercero imparcial, que es el juez. El juez no interviene más en la investigación. Parece una obviedad decir esto, pero en general en el país tenemos un sistema donde los jueces son los emperadores de los juzgados y determinan básicamente qué es lo que se hace y lo que se deja de hacer. En este caso, la recolección de las pruebas y la investigación es responsabilidad del fiscal, y el juez simplemente participa en las audiencias. Estas últimas son orales, y esa oralidad aporta inmediatez, confrontación, contradicción, y por supuesto, también lo hace público. Como dije, las audiencias son públicas, con lo cual se acaban los misterios. Además, los expedientes no existen más -con lo cual no se pueden “perder” las hojas- sino que todos los registros se hacen en videos o grabaciones que no necesitan demasiado espacio de guardado. Los tiempos son importantes y las responsabilidades por no cumplirlos también. No solamente
  • se acotan los tiempos de investigación y del debido proceso sino que además se asignan responsabilidades a cada uno de los actores para que eso se cumpla. De no cumplirse, las causas quedan anuladas. Esto obliga a los fiscales, a los defensores y a los jueces a atenerse a algunas reglas, incluyendo la verificación del cumplimiento de cada uno a través de la comisión de seguimiento. Por supuesto, en reiteradas oportunidades tuvimos dudas respecto del proceso de juicios por jurados. Sin embargo, es muy interesante ver los desarrollos. A quienes les interese el tema o tengan alguna duda sobre el funcionamiento y la seriedad con que se desarrollan los juicios por jurados -jurados populares- les recomiendo que nos visiten porque se van a llevar una sorpresa al ver cómo la gente toma con responsabilidad, madurez, conocimiento y sensatez el funcionamiento de estos juicios por jurados. El viernes pasado se realizó un juicio por un policía que mató a un chico. La presidenta del jurado hizo una declaración pública respecto de cómo se había sentido en el juicio. Fue un juicio trascendente ya que era la primera vez que un policía iba a ser juzgado por un juzgado popular. Y ahí se notó la seriedad, la madurez y la sensatez con que el jurado lo declaró culpable, ya que más allá de esa sensación de inseguridad que tiene toda la ciudadanía, el jurado lo declaró culpable. Entonces, tenemos que destacar lo siguiente: cómo es posible que la gente común tenga algo tan poco común, como es el sentido común, y cómo es posible que el ciudadano común interprete las necesidades de la sociedad y no haga falta que haya interlocutores letrados para saber cómo se siente y cómo se debería sentir. Los jurados populares están integrados por gente común, como está sucediendo en la provincia de Buenos Aires; es básicamente parecido. El jurado es elegido por sorteo de acuerdo al número de documento extraído del padrón electoral. Se excluye solamente a los menores de 18 años y a los mayores de 75. No pueden integrar los jurados populares los abogados, los miembros de las fuerzas armadas y de la policía ni aquellas personas que tengan causas pendientes, en trámite o hayan sido condenadas. Pero el resto, si sabe leer y escribir, puede integrar el jurado. La selección se hace una vez por año para la totalidad de los juicios previstos en el año, y luego se elige un jurado particular para cada juicio. Realmente es un procedimiento muy sencillo. Todo el mundo pensaba que iba a ser más complicado pero ha resultado muy simple. Y no solamente ha dado buenos resultados en ese sentido sino que ha ido desmitificando estas versiones que son muy comunes. Hay un escrito de un señor llamado Mercado, sobre una entrevista que realiza un abogado argentino a un juez estadounidense, que refiere esta dificultad que tiene la
  • Argentina para implementar de una vez por todas –hace mucho tiempo de esto- el juicio por jurados. Ese abogado argentino consulta al juez de Estados Unidos, pero como sus explicaciones no le alcanzan, lo invita a comer. Durante esa comida llegan a considerar temas de mayor profundidad y en determinado momento se juntan a compartir una imagen que les aparece de un filósofo alemán, Thomas Mann, Domingo Faustino Sarmiento y la hija de Thomas Mann que había sido amante de Sarmiento, y le preguntan -por supuesto, es una novela- si los argentinos estamos capacitados para integrar un jurado, si no es mejor saber de derecho, de leyes, es decir, estar instruidos sobre el efecto de las leyes y su responsabilidad. Le preguntan si esto no es exigible a la hora de integrar un jurado. Por supuesto es muy interesante leer el desarrollo. Y todo eso se verificó ahora en la experiencia de Neuquén, que fue el punto de partida de estos jurados populares. Gracias a estos jurados populares en Neuquén se verificó que la gente tiene la madurez y la sensatez suficiente como para entender los argumentos tanto del fiscal como de la defensa y sacar conclusiones propias, sin necesidad de que un letrado las traduzca. Quiero aclarar que uno de los elementos fundamentales de este nuevo código es que no permite que se utilicen términos que no sean de dominio común. Se quitaron de los juicios todos los ritualismos innecesarios, como ser la utilización del latín, tan común para que no se entienda qué se quiere decir. Este planteo ha exigido también, en el mismo caso que el sistema de audiencias… Todo se resuelve por audiencias, todo se confronta. Cualquier decisión se confronta y cualquier opinión es tenida en cuenta. Me parece sumamente interesante compartir esto, que no es una hipótesis sino que ya se está desarrollando. Cuando digo que la pasión y el coraje son elementos importantes a tener en cuenta cuando se producen estos cambios, estoy diciendo básicamente que hay que tener la suficiente vehemencia como para sostener los cambios en el tiempo y que no sean algo espasmódico –como decíamos los médicos-, es decir, que de repente a alguien se le ocurre que es necesario cambiar y al rato se olvidó de que el cambio era necesario. Como dije anteriormente, el elemento de la pasión es importante porque le da continuidad. Y el coraje es necesario para romper con lo que aparentemente son los pilares de nuestra sociedad, como el hecho de que el juzgar está reservado exclusivamente a los profesionales del derecho. Sin embargo, está demostrado que no es así, que la gente común tiene enormes posibilidades de entender qué sucede, y además toma muy sabias decisiones. Además, hay una cosa que parece una obviedad a esta altura de los acontecimientos, que tiene que ver con
  • establecer un puente de credibilidad entre la Justicia y la sociedad. La sociedad no le cree a los políticos ni a la Justicia, y creemos que esta nueva aproximación de la sociedad a los sistemas de administración de justicia va a generar ese puente de credibilidad y permitir también, en lo posible, que no solamente la gente crea en la Justicia sino que los propios operadores judiciales también lo vuelvan a hacer. Muchas gracias. (Aplausos.) Sra. Presidenta (Bullrich).- Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Mario Fernando Ganora, que es abogado de la Universidad de Buenos Aires, licenciado en criminología y vicepresidente de la Fundación Alameda por la lucha contra el trabajo esclavo y nos ha pedido poder hacer una exposición en el día de hoy. Luego pasaremos a la ronda de preguntas. Sr. Ganora.- Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos. La Fundación Alameda por la lucha contra el trabajo esclavo tiene como objeto combatir la trata de personas y la forma de explotación del hombre por el hombre, como pueden ser la esclavitud, la servidumbre o el trabajo forzoso. Desde la perspectiva de la actuación de nuestra organización queremos hacer algunas observaciones a los proyectos de reforma del Código Procesal Penal porque hay cuestiones que nos preocupan. En primer lugar, en materia de jurisdicción entendemos que es constitucional el establecimiento del juicio por jurados, porque así lo establecen los artículos 24, 75 -inciso 12- y 118 de la Constitución Nacional. Pero consideramos que esa incorporación del juicio por jurados debe ser establecida en el propio Código Procesal Penal y no derivada a una ley especial, porque podría producirse lo que viene aconteciendo desde hace 140 años hasta la fecha: que nunca se pone en funcionamiento una institución prevista en la Constitución. Y en el momento en que estemos dispuestos a incorporar esa institución fundamental republicana a nuestro Código Procesal Penal tenemos que analizar cuál ha sido la experiencia en países que tienen en funcionamiento esta institución desde su origen. El jurado ha sido objeto de análisis y críticas a lo largo de mucho tiempo. Es una herramienta de la democracia pero también puede tener serias distorsiones; por ejemplo, su funcionamiento puede estar inspirado por prejuicios de clase, de género, y puede servir para consolidar determinadas situaciones de dominación si no se adoptan medidas que son propias del derecho moderno. Según lo que hemos conversado con la diputada mandato cumplido Fernanda Gil Lozano, creemos que además de la institución del jurado que se va a sancionar hay que
  • incorporar una cuestión que tiene que ver con la perspectiva de género. Es decir, todo lo que tiene que ver con la trata de personas, especialmente con fines de explotación sexual, está apoyado en prejuicios consolidados, en prácticas tradicionales que ven a la mujer como un instrumento de placer que es susceptible de ser comprado y vendido en el mercado. Entonces, el tribunal popular que tiene que juzgar a los autores de este tipo de delitos debe tener una composición que no sea exclusivamente masculina, porque entonces todos los prejuicios de género de la sociedad se van a transmitir al momento de la valoración del juicio. Entendemos que en virtud del artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional, que habla de la necesidad de establecer acciones que llamamos de discriminación positiva, o acciones que tienden a realizar equiparaciones reales de oportunidades, el jurado que se constituya a través de la legislación tiene que contemplar para los casos de trata de personas con fines de explotación sexual, o los casos de explotación sexual, una composición que no sea exclusivamente masculina, sino que tiene que tener un componente femenino importante. Ahora me voy a referir a la competencia. Consideramos que es necesario mantener la competencia federal en lo que hace al delito de trata de personas, previsto en el artículo 145 bis del Código Penal, pero entendemos que esa competencia federal también debe ser extendida al artículo 140. Esta es una posición histórica de La Alameda, porque uno es el delito medio, y el otro, el delito fin; y entonces el delito medio, que es la trata, generalmente se logra determinar a partir del descubrimiento de situaciones de reducción a servidumbre. También entendemos que los delitos del crimen organizado o de las asociaciones criminales organizadas, de acuerdo con lo que se establece en la Convención sobre Delincuencia Organizada Transnacional, también deben ser federales. En la actual legislación no está establecida esa competencia y tampoco se está planteando en las reformas del Código Procesal Penal. Entendemos que este es un punto central. Son temas que hacen a los derechos humanos y por lo tanto deben tener un tratamiento dentro de la esfera de la competencia federal. Es una construcción que todavía falta hacer, pues en la Argentina no se ha realizado adecuadamente. En materia de la acción penal, a nosotros nos preocupa la posibilidad de la disponibilidad de la acción penal, el llamado principio de oportunidad. Creemos que en materia de trata de personas y de explotación humana no puede haber principio de oportunidad. ¿Por qué? Porque ese tipo de explotación en general se da en situaciones o en lugares donde hay un fuerte componente de vinculación de los grupos criminales con el poder político y económico, y
  • generalmente están interviniendo los operadores de la Justicia, tanto la policía como el propio Poder Judicial o el Ministerio Público, en una política de encubrimiento o, eventualmente, de participación. Si existiera el principio de oportunidad y se pudiera disponer de la acción para no investigar un hecho de estas características, se estaría favoreciendo la posibilidad de que se llevara adelante este delito en forma impune. El recaudo que prevé el proyecto de Código Procesal Penal, que es el de convertir el delito de acción pública en delito de acción privada en el supuesto de que no inste la acción el fiscal, no es un remedio adecuado porque hay una asimetría de poder respecto de las víctimas con los sectores poderosos. En general están acostumbradas a que el Estado no salga en su defensa y tienen miedo. Entonces, pretender que una víctima de trata asuma la responsabilidad de querellar al tratante de personas por su cuenta es ponerla en una situación particularmente vulnerable. Esto ha sido contemplado en el actual Código Procesal Penal. El artículo 82 bis permite a las Organizaciones No Gubernamentales en materia de derechos humanos asumir la querella en estos casos y además en la ley 26.842 hay toda una serie de disposiciones tendientes a la protección de la víctima, considerando que está en una situación de particular vulnerabilidad. De manera que en este punto no nos parece aconsejable que rija el principio de oportunidad sino que debe regir el principio de legalidad en la persecución penal de esta clase de delincuencia. También entendemos que no puede haber acuerdos conciliatorios entre la víctima y el victimario en los delitos de trata y de reducción a servidumbre, porque esto es reintroducir por la ventana lo que fue sacado por la puerta, es decir, que el consentimiento sea una causa de justificación. A partir de la ley 26.842 el consentimiento ya no es causa de justificación de estos delitos, y tampoco puede ser, por vía del derecho procesal, un mecanismo para lograr la impunidad a través de un mecanismo de conciliación. Asimismo, entendemos que en la investigación de esta clase de delitos deben tomarse recaudos especiales en materia probatoria. Creemos que en las disposiciones del actual artículo 150 quáter del Código Procesal Penal de la Nación tiene que estar incorporada la forma en la que se deben investigar este tipo de delitos, es decir, que la víctima de trata tiene que ser interrogada por psicólogos, con la cámara Gesell y demás. Todo eso que fue necesario establecer en una ley especial para modificar el Código Procesal Penal vigente tiene que reproducirse en el actual
  • proyecto de Código Procesal Penal; es decir, las mismas disposiciones de diciembre de 2013. Por último, quiero volver al tema de los sujetos procesales. Quiero insistir nuevamente en la necesidad de que las organizaciones no gubernamentales encargadas de la protección de los derechos humanos puedan actuar como querellantes en esta clase de procesos. Esto tiene que ver también con una cuestión que hace a la consideración de lo que ocurre en las situaciones de trata o de reducción a servidumbre. Habitualmente la víctima tiene una deformación de su conciencia; o sea, acepta la situación que vive como un destino natural. Esto viene aceptado por la sociedad e impuesto de arriba hacia abajo. Los operadores de la Justicia forman parte del sistema que ha llevado a esa persona a esa situación de explotación. Además, si no existen grupos que intervengan en el proceso, capaces de sacudir esa situación, puede ocurrir que, al quedar en manos de las víctimas y de los operadores del sistema de justicia, la situación de explotación perdure en el tiempo y se consolide. Estas son las observaciones que tengo respecto del Código Procesal Penal. Sra. Presidenta (Bullrich).- Gracias por su exposición, doctor Ganora. Queda abierta la ronda de preguntas de los diputados, asesores y representantes de las ONGs presentes. Tiene la palabra el señor diputado Garrido. Sr. Garrido.- Agradezco al doctor Russo la exposición que ha realizado. He tenido la oportunidad de conocer un poco más de cerca la realidad judicial neuquina. En un par de ocasiones tuve el honor de integrar los concursos del Consejo de la Magistratura. La última vez que estuve todavía no se había puesto en vigencia este código. Mi pregunta va más hacia lo concreto. Me gustaría saber qué modificaciones organizacionales encaró la provincia para implementar este nuevo código, o sea, si ha habido designación de jueces, cómo se ha fortalecido el Ministerio Público y si la organización de los jurados se centraliza en una sola instancia administrativa o gerencial. Mi pregunta apunta más a los pasos que se han dado para llevar a la práctica el código. También quiero preguntar si nos pueden dar una idea de los costos, no en términos monetarios sino en porcentajes de erogaciones, es decir, qué incremento porcentual implicó la implementación del nuevo código comparado con lo que se venía gastando. Sr. Russo.- Tenemos alguna idea de la primera evaluación que se hizo a los cuatro meses de la implementación de este
  • nuevo código procesal. Algunas cosas puedo contestarlas pero para otras necesitamos más tiempo. Por supuesto, hubo un cambio sustantivo en la organización del sistema judicial y del aparato judicial. Uno de ellos –que es una obviedad pero lo hemos puesto ahí- es el Colegio de Jueces. La organización del sistema de disponibilidad de los jueces a enfrentar las audiencias y luego los juicios tiene que ver con un Colegio de Jueces que tiene una oficina judicial que se encarga del aspecto organizativo y administrativo de todo el proceso. Hasta ahora, lo viene haciendo muy bien. ¿Por qué aclaro esto? Porque realmente ha habido un cambio importante en la forma de organizar: desaparecieron los juzgados y desaparecieron las responsabilidades administrativas de los jueces. Estos últimos están liberados de toda la carga organizativa y administrativa y solamente se dedican a las audiencias y a los juicios. Por lo tanto, el peso de las tareas ha cambiado notablemente. Estamos atravesando el principio de la implementación. Hay un desbalance en el número de jueces de impugnación, porque hay un tribunal de alzada que es el de impugnación; diría que casi hay más jueces de impugnación que jueces de juicios o de casos. En un momento, por una cuestión de jerarquización de los jueces en nuestra provincia, la organización ha permitido que se nuclearan las distintas jurisdicciones, pero tenemos un sobrenúmero de jueces de impugnación porque no pudimos -ni era nuestra intención- bajarles la categoría a aquellos que tenían una categoría que incluso se traducía en una remuneración diferente. Se prevé que en un plazo de tres años eso se va a equilibrar, incluso por un mecanismo cronológico, de la edad. Habrá jueces que se jubilarán y la pretensión es no renovar los jueces de impugnación y sí incrementar los jueces de juicio. Hasta ahora no hizo falta, pero hay en carpeta un incremento de los fiscales porque ahora ha cambiado la tarea del fiscal y realiza una tarea más ardua e importante. Inclusive, se han creado fiscalías de género y de delitos complejos contra las personas. Es decir que hay una especialización que requiere un incremento del número de fiscales, que está contemplado en el presupuesto aprobado hace pocos días. No se prevén modificaciones presupuestarias grandes. Sabemos que las habrá, pero no en este momento. El planteo que hizo la comisión de seguimiento es tratar, en lo posible, de comenzar la implementación sin hacer una especulación sobre costos. Durante todo el desarrollo de la comisión interpoderes, integrada por los tres poderes del Estado, los colegios de abogados, la Asociación de Magistrados, las asociaciones de víctimas, los grupos de derechos humanos y
  • una gran cantidad de comunidades indígenas, todo el mundo hizo el mismo planteo sobre las repercusiones presupuestarias que esto iba a tener. Y todas las veces respondimos lo mismo: no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Lo que acabo de relatar sobre la disparidad o inequidad entre jueces de impugnación y jueces de juicio era algo previsible. No así el resto, porque evidentemente, al haber juicios por jurados, la movilidad en cada jurisdicción iba a implicar gastos adicionales. Por ejemplo, el hecho de que fiscales, jurados y jueces tuvieran que trasladarse de un pueblo a otro iba a generar gastos adicionales que no teníamos en claro a cuánto ascenderían. Hasta ahora las previsiones dan que nos vamos a mantener durante este año con el mismo presupuesto, sin ninguna modificación. Creemos que esto es algo prudente. Hay gente enamorada de los cambios a altos costos. A veces hay que dar los cambios sin ningún costo. Hay que animarse a cambiar -por eso hablé del coraje-, porque creemos que haciendo una Justicia más rápida, más próxima, más transparente y más inmediata, los costos también se van a contener por ese lado. Hasta ahora es así, y suponemos que va a haber algunas adecuaciones. Debe haber algunas adecuaciones. El número del Ministerio de la Defensa está perfecto. Está bien y es de muy buen nivel. ¿Por qué digo que es de muy buen nivel? Porque una de las críticas que se nos hizo -y me parece que tenían razón- es que teníamos un bajo nivel de capacitación en los operadores del sistema. Este bajo nivel de capacitación significaba también dificultades a la hora de operar. Y es aceptable; a pesar de que hemos tenido dos años para capacitar a todos los operadores, no alcanzó el tiempo porque se lo hacía sobre abstracciones. Ahora hay que capacitar ya teniendo en cuenta los hechos concretos. Voy a dar un ejemplo: los fiscales tuvieron que aprender arte dramático. (Risas.) El sistema de comunicación con el juez es de una modalidad, pero con los jurados populares no es de la misma forma. Ya no pueden usar la misma terminología para hablar con los jurados populares. Y los abogados, al igual que los médicos, hablamos en “difícil” a propósito. Primero, hay que reconocer que no es necesario hablar en “difícil” para que nos entiendan; y segundo, no hay que hablar entre iniciados sino con gente común, con el mecánico, con el ama de casa, con la maestra. El otro día tuvimos como presidenta del jurado a una directora de cine. El esfuerzo que tiene que hacer, más el fiscal que el defensor, para transmitir su hipótesis del delito, su hilo conductor del delito, tiene que ver no con su capacidad de conocer las leyes sino con transmitir el
  • conocimiento de las leyes. No sé si con esto he contestado su pregunta. Sra. Comelli.- ¿Me permite hacer una observación? Sr. Russo.- Sí. Sra. Comelli.- Sí hubo un cambio -y muy importante- en la infraestructura de lo que alberga al Poder Judicial, al Tribunal Superior y a los juzgados, es decir, todo lo que tiene que ver con el fuero penal. Obviamente, esto tuvo un costo muy alto, pero si no se cambiaba el ámbito físico, tampoco se podía cambiar la estructura mental. El ámbito físico nuevo es un edificio de los llamados “inteligentes” y es completamente diferente a los viejos tribunales. Sra. Presidenta (Bullrich).- Tiene la palabra el señor diputado Garrido. Sr. Garrido.- Señora presidenta: quiero formular una pregunta a propósito de la aclaración que acaba de hacer la señora diputada Comelli. ¿La implementación se dio uniformemente en toda la provincia, sin gradualidad? ¿Ese edificio funciona en la capital? Sra. Comelli.- Nosotros tenemos cinco jurisdicciones judiciales. La capital y la zona de influencia de la primera jurisdicción son el 60 y pico por ciento de la provincia. Somos también una deformación macrocefálica. Entonces, si bien está contemplado y seguramente avanzaremos, el edificio se encuentra en la capital. Pero la diferencia o la desproporción con las otras jurisdicciones es muy grande. Sr. Russo.- Lo que acaba de decir la señora diputada Comelli ha sido muy importante. Hemos tenido la necesidad de adecuar mucha estructura. Parece una redundancia, bajo la luz del planteo de adecuar edificios, pero inclusive los edificios nuevos y sin inaugurar tuvieron que ser adaptados. Ahora la vedette es la sala de audiencias; no lo es más la oficina. En cualquier lugar de las cinco jurisdicciones en este momento funciona la sala de audiencias. El primer juicio por jurado popular se hizo en el interior, con jurados que se tenían que trasladar entre 70 y 80 kilómetros. Fue una maravilla. Sr. Presidenta (Bullrich).- Tiene la palabra el señor diputado Tonelli.
  • Sr. Tonelli.- Quiero hacer un comentario más que una pregunta. Me resultó muy interesante la exposición del doctor Russo. Creo que este tipo de Código de Procedimiento es el que inexorablemente debe regir en un plazo no muy largo en todo el país. Inclusive, creo que buena parte de los problemas de inseguridad que afrontamos hoy día se deriva del hecho de que hace muchos años debiéramos haber adoptado un Código como este y no lo hemos hecho; solamente hicimos reformas parciales que han dejado los Códigos de Procedimiento, en el caso de la Nación y de algunas provincias, a mitad de camino entre el viejo sistema y el más moderno. Me parece que ya es hora de que nos decidamos y pasemos a este sistema, que sin dudas es mucho mejor. De todas maneras, me parece que en el final el doctor Russo incurrió en una pequeña equivocación que me gustaría comentar. En el entusiasmo por exaltar y ensalzar la tarea de los jurados dijo que el jurado juzga, y me parece que no es tan así. El jurado -sobre todo el jurado popular, porque hay otros sistemas en los que el jurado también lo integran jueces- participa del juicio, pero quien verdaderamente juzga y dicta la sentencia es el juez. El jurado se pronuncia exclusivamente sobre los hechos, no sobre el derecho. El jurado no puede resolver sobre atenuantes, agravantes, excusas absolutorias, en fin, sobre toda una serie de circunstancias que inexorablemente tienen que ser resueltas por el juez. Eso no implica que la tarea del jurado no sea de mucha trascendencia y de mucha importancia, pero me parece que, en tren de ser precisos, debemos tener presente que lo que hace el jurado es participar del juzgamiento y cumplir un rol muy importante, pero quien finalmente decide es el juez, que tiene que ser abogado y tiene que conocer el derecho, porque es el que finalmente aplica el derecho en la sentencia. De todas maneras, no es esto lo más importante sino que la exposición fue muy ilustrativa y seguramente sirve para ayudar a los indecisos a darse cuenta de que ese es el sistema hacia el que tenemos que ir, y cuanto antes lo hagamos va a ser mejor. Sra. Presidenta (Bullrich).- Voy a plantear dos cosas. En primer lugar, agradezco al doctor Ganora y le digo lo que estamos contemplando para que puedan analizarlo. En primer lugar, un adecuado equilibrio de género nos parece un tema muy importante y lo vamos a contemplar. En el caso del principio de oportunidad estamos pensando en dos tipos de instancias, sobre todo en delitos complejos. Una de ellas es una revisión automática en delitos complejos por un fiscal de cámara, que en el caso de los delitos complejos sea un mecanismo absolutamente automático. En otros casos puede haber o no revisión de
  • acuerdo a cómo evalúe el fiscal de cámara la importancia del caso. El segundo tema que estamos planteando es una amplia querella, es decir, que la querella no sea solamente de la víctima sino que sea también de terceros interesados, en este caso ONGs o aquellos que actúen en la defensa de víctimas que, muchas veces por su condición de múltiples victimizaciones, no están en condiciones de defenderse a sí mismas, o por el ambiente de miedo o de falta de autonomía de la libertad que existe. Esto es lo que estamos contemplando: no un principio de oportunidad absolutamente automático y para todos los casos, sino pensándolo de esta manera. Por supuesto que si ustedes tienen otro aporte, estaremos pendientes de él. Pero queríamos contarles que por lo menos desde la Presidencia estamos analizando este tipo de figuras para que en el caso de aquellos que no están en condiciones o no pueden hacerlo por la situación en la que están envueltos, sea la sociedad civil a través de las ONGs, o la misma Justicia en una segunda instancia, quien continúe el caso. Este comentario es para hablar un poco de lo que dijo el doctor Ganora. Por otra parte, quiero hacer una pregunta al doctor Russo. Él habló de la ley de creación de los juzgados de ejecución penal, y de cuatro leyes complementarias. Me gustaría que nos describiera esas cuatro leyes complementarias. Sr. Russo.- Son cuatro leyes en total: la de creación de los juzgados de ejecución penal y tres complementarias. Estas últimas son: la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, la ley orgánica del Ministerio Público de la Defensa y la ley sobre la organización del sistema del Colegio de Jueces. Si me permite, señora presidenta, quiero volver sobre algo que se dijo recién respecto de si el jurado juzga o no. Quiero decir que en este sistema el jurado da el veredicto de culpable o inocente. Si esto es juzgar o no, podemos discutir el término en otro momento. Pero el planteo es que es cierto que el juez profesional da los argumentos necesarios para establecer la pena. Pero no es una participación porque si dice que es inocente… Sr. Tonelli.- El juez dicta la sentencia, es un poco más… Sr. Russo.- Bueno, si dice que es inocente, no hay juez profesional que valga. Sra. Presidenta (Bullrich).- Guilty or not guilty. Sr. Russo.- Exactamente.
  • De cualquier manera, es una invitación. Reitero que primero era una idea y ahora es una realidad. Es llamativa la sensatez con que el juzgado se expide y también la sensatez con la cual se analizan los elementos de convicción que cada una de las partes prepara para que el jurado se expida. Y es llamativa la forma en que hay que presentar las cosas y cómo la comunidad entiende de qué se trata el juicio, y no solamente el jurado. Por eso mencioné el caso del policía que mató a un chico. En un contexto en el que muchos están a favor del gatillo fácil de la policía debido a la incesante ola de inseguridad, la gente hizo una lectura absolutamente racional de la cuestión y dio una definición -si así se quiere llamar- de culpabilidad que es muy importante. Y como siempre ocurre, buscaremos la vuelta para que se complejice un poco. Sra. Presidenta (Bullrich).- Tiene la palabra la señora diputada mandato cumplido Gil Lozano. Sra. Gil Lozano.- Señora presidenta: aprovechando mi presencia en esta reunión, quiero decir que me gustaría que se trabaje en la reglamentación de la ley de trata. La reforma que se hizo hace dos años tiene que ver con el respeto del derecho de las víctimas de trata. Como saben, hay mucha oscuridad una vez que la víctima declara. Nosotros necesitamos que la víctima declare, testifique y señale a los culpables que la esclavizaron. Sin embargo, una vez que la víctima lo hace es librada a su propia suerte, con lo cual -en líneas generales- en corto tiempo vuelve a un círculo vicioso porque no regresa a su lugar de origen y cae en manos de la gente que la traficó con fines de explotación laboral o sexual. No es un tema menor. Se trabajó cuatro años en reformar la ley de trata de personas y es muy preocupante que no la podamos tener plenamente reglamentada. Desde La Alameda y otras ONGs presentamos un recurso de amparo y estamos trabajando con todos los medios que nos otorgan la justicia y la legalidad para que realmente entre en plena vigencia. Sin embargo, creo que desde acá ustedes pueden hacer un poco más para lograrlo. Sra. Presidenta (Bullrich).- Tiene la palabra el doctor Ganora. Sr. Ganora.- Señora presidente: simplemente quiero señalar que la función jurisdiccional, antes realizada por un órgano unipersonal o un tribunal, ahora pasa a un órgano complejo integrado por el juez letrado y los juzgados populares. Es decir que realmente cambia la estructura del poder de ejercer la jurisdicción y además se constitucionaliza.
  • Hasta ahora se venía aplicando un régimen inconstitucional que fue deliberadamente establecido en el Código Obarrio, en cuyos fundamentos se decía que se apartaba el criterio de los jurados populares porque el pueblo argentino todavía no estaba preparado y había situaciones de guerra civil que permitirían represalias. O sea que había una predisposición y un prejuicio en contra. Creo que eso se ha superado a través del régimen constitucional que lleva más de treinta años de vigencia. O sea que están maduras las condiciones para establecer el jurado. Sra. Presidenta (Bullrich).- Realmente las dos exposiciones fueron muy interesantes. Recuerdo que en La democracia en América, Alexis de Tocqueville decía que lo que hacía el juicio por jurados era que cada ciudadano viviese la justicia en carne propia y pudiese entender lo que significaba ponerse en los zapatos del otro, su complejidad, y acercara la Justicia a la ciudadanía de manera notable. Como señaló el doctor Ganora, con mucho de atraso pero con éxito se está llevando adelante este accionar en Córdoba y Neuquén, y veremos cómo comienza a aplicarse en la provincia de Buenos Aires. Y esperamos que pueda incorporarse al Código Procesal Penal de la Nación. Agradezco muchísimo a la diputada Comelli por haber traído el testimonio, y al diputado provincial Russo por asistir a esta comisión. También agradezco al doctor Ganora por habernos brindado su explicación, y a la diputada mandato cumplido Fernanda Gil Lozano por acercarnos siempre los problemas de la trata. Agradezco a los señores diputados, a los taquígrafos –que tomaron nota de todo lo dicho- y a todos los que nos acompañaron. Queda finalizada la reunión. - Es la hora 16 y 57.