Reposo impugnacion completo

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Reposo impugnacion completo

  1. 1. OBSERVACIÓN A LA PROPUESTA DE DANIEL GUSTAVOREPOSO PARA EL CARGO DE PROCURADOR GENERAL DELA NACIÓN (Decretos 222/03 y 588/2003)Sr. Ministro de Justicia y Derechos HumanosDr. Julio Alak LAURA ALONSO, DNI 23.120.537, FEDERICOPINEDO, DNI 11.985.474, MARTA GABRIELA MICHETTI, DNI17.467.718, SILVIA CRISTINA MAJDALANI, DNI 13.296.836,SOLEDAD MARTINEZ, DNI 29.799.519, CORNELIA SCHMIDTLIERMANN, DNI 16.939.470 y GLADYS ESTHER GONZALEZ, DNI22.971.764, PABLO GABRIEL TONELLI, DNI 10.995.287, en nuestracalidad de ciudadanos y diputados de la Nación, junto a las demáspersonas que suscriben la presente, constituyendo domicilio en la calleRiobamba 25, oficina 930, Ciudad de Buenos Aires, nos presentamos alSr. Ministro y decimos que: OBJETO Venimos a observar e impugnar, en los términos deldecreto 588/2003 y el artículo 6º del decreto 222/03, la propuesta querealizara el Poder Ejecutivo Nacional de nombrar al abogado DanielGustavo Reposo (DNI 17.646.049) para el cargo de Procurador Generalde la Nación. Por las razones que exponemos a continuación,solicitamos al Poder Ejecutivo que revoque la propuesta y retire elpliego enviado, y al Senado de la Nación que eventualmente lo rechace. SUMARIO: El cargo deProcurador General de la Nación es de los más altos en elGobierno federal. Su función no es política sino que tienelugar siempre en procesos judiciales: dirige el cuerpo defiscales que actúa ante los tribunales federales de todas lasinstancias en defensa de los intereses generales de lasociedad. En materia penal, ejercen las facultades deinvestigación y acusación, y en numerosas ocasionesaquellas versan sobre la conducta de funcionarios públicosque han sido denunciados. Asimismo, el Procurador emitedictamen ante la Corte Suprema en los principales casossometidos a decisión del máximo tribunal, debiendopronunciarse permanentemente respecto de la impugnaciónde todo tipo de actos estatales: normas provinciales, leyes delCongreso de la Nación, decretos del Poder Ejecutivo yresoluciones de los Ministerios, Secretarías y todas lasdemás autoridades administrativas. Teniendo en cuenta la1
  2. 2. naturaleza de las funciones mencionadas, resultaimprescindible que el Procurador sea una personaindependiente, de idéntica manera que se exige respecto losjueces de la Nación. Por ello la Constitución Nacional lo exigeen el artículo 120, y la Convención Constituyente de 1994hizo fuerte hincapié en este requisito. Una persona quecarece de independencia a cargo de la Procuración,frustraría el debido control del Estado y correctojuzgamiento de los funcionarios. La falta de independenciadel Dr. Reposo se evidencia por su fuerte ligazón a unpartido político, que además en este caso, es el partidopolítico que gobierna con amplias mayorías parlamentarias ycuya líder indiscutida ejerce el Poder Ejecutivo Nacional. Lafalta de independencia del candidato propuesto quedademostrada en el hecho de haber sido sucesivamentedesignado en cuatro (4) cargos políticos de directa confianzade la Presidenta y del Vicepresidente de la Nación. Por otrolado, las características de la labor de Procurador son laspropias de una magistratura técnica y profesionalizada, porlo que requieren poseer especial formación jurídica yespecialización profesional. En este caso, los antecedentesdel Dr. Reposo resultan harto insuficientes para la labor, alcarecer de trayectoria profesional vinculada con la funciónde Procurador, de formación académica especializada, y deantecedentes en la docencia universitaria regular y en laproducción científica. Por último, el Dr. Reposo tampocogarantiza idoneidad ética para la función ni compromiso conla democracia y los derechos humanos, pues siendo SíndicoGeneral de la Nación retiró los informes de la SIGEN de lapágina de internet del organismo, y ha negado su entrega aciudadanos que los requirieron, y en particular, a laAuditoría General de la Nación, según ha sido determinadopor sentencia judicial firme. Todo ello impide tenerlo como candidatoválidamente propuesto, e impone el rechazo de supostulación.2
  3. 3. A. REQUISITOS PARA SER PROCURADORGENERAL DE LA NACIÓN Sumario: Son requisitos inexcusablespara el cargo de Procurador General de la Nación: 1.Independencia (neutralidad, imparcialidad y objetividad),lo cual excluye afiliaciones partidarias y compromisos delealtad con candidatos electorales y autoridades políticas; 2.Capacidad técnica (preparación, formación, antecedentes yexperiencia profesional y académica suficiente para una delas mas altas magistraturas de la Nación), y 3. Antecedentesque demuestren respeto irrestricto por las normas y losderechos. 1. INDEPENDENCIA El Procurador General de la Nación es, junto conel Defensor General de la Nación, la máxima autoridad del MinisterioPúblico de la Nación, que a partir de la reforma constitucional de1994 ha sido elevado a la jerarquía de órgano extrapoder del Estado1,independiente del Congreso, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, ycuya función genérica es la de “promover la actuación de la justicia endefensa de la legalidad (y) de los intereses generales de la sociedad”(artículo 120 CN). Teniendo en cuenta que en su actuación ante laJusticia el Ministerio Público Fiscal debe dictaminar acerca de laconstitucionalidad y legalidad de los actos estatales sometidos ajuzgamiento de la Corte Suprema y los demás tribunales, y asimismoque en materia penal se encuentra bajo su universo de investigacióny acusación la conducta de los funcionarios públicos, el artículo120 exige de manera explícita que el Ministerio Público sea unórgano “independiente”2, con “autonomía funcional”, dotando ademása sus magistrados de las mismas garantías funcionales de los jueces:inamovilidad e intangibilidad de las remuneraciones. Los convencionales constituyentes de 1994, tuvieronespecial preocupación por dejar establecidas dichas garantías3, ysobretodo, la independencia del Ministerio Público, en atención a los1(conf. Diario Sesiones de la Convención Nacional Constituyente de 1994, intervención delconvencional Masnatta, 19/8/1994, p. 4663)2 SECCIÓN CUARTA. Del ministerio público. Artículo 120.- El Ministerio Público es un órgano independientecon autonomía funcional y autarquía financiera que tiene por función promover la actuación de la justicia endefensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridadesde la República.Está integrado por un procurador general de la Nación y un defensor general de la Nación y los demásmiembros que la ley establezca.Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones.3 La ley orgánica 24.946 agrega que los magistrados del Ministerio Público se encuentran protegidos por laestabilidad y por la inmunidad de arresto (arts. 13 y 14). Asimismo, el Procurador General de la Nación y elDefensor General de la Nación sólo pueden ser removidos por el juicio político del Congreso regulado enlos artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional, y los restantes magistrados del Ministerio Público, por unTribunal de Enjuiciamiento, por las causales de mal desempeño, grave negligencia o la comisión de delitos3dolosos de cualquier especie (art. 18).
  4. 4. antecedentes de la época según los cuales dicha independencia habíasido puesta en peligro, amenazada o directamente suprimida por partedel poder político4. Por ello es también que la propia ley orgánica delMinisterio Público n° 24.946 reconoce el problema y en su artículo14 establece: “Las cuestiones que los miembros del MinisterioPúblico denuncien con motivo de perturbaciones que afectenel ejercicio de sus funciones provenientes de los poderespúblicos, se sustanciarán ante el Procurador General de la Nacióno ante el Defensor General de la Nación, según corresponda, quienestendrán la facultad de resolverlas y, en su caso, poner el hecho enconocimiento de la autoridad judicial competente, requiriendo lasmedidas que fuesen necesarias para preservar el normal desempeño deaquellas funciones”.La independencia, que debe ser la "primera de las dotes del ProcuradorGeneral"5. Resulta necesaria, en primer lugar, porque se trata deun cargo jerárquico que reúne al mismo tiempo la particularidadde ser de ejercicio unipersonal y estar investido con privilegios,estabilidad e inmunidades equivalentes a las de los jueces6. Estosignifica una situación verdaderamente excepcional en nuestro régimenconstitucional, ya que las máximas autoridades de los demás poderesdel Estado o bien son colegiadas o bien carecen de estabilidad vitalicia.Por ello, dada la particular concentración de poder que se atribuyeal Procurador, es que la notas de independencia, imparcialidad yneutralidad deben ser exigidas con máximo rigor.4 El fenómeno de interferencia de los gobiernos políticos, los poderes ejecutivos y los funcionarios en laJusticia y en el Ministerio Público ha sido largamente descripta en nuestro país en ámbitos institucionales yen obras literarias.En la Convención Constituyente de 1994, el convencional Aníbal Ibarra sostenía a este respecto: “debemosser conscientes o, por lo menos, reflexionar sobre algunas particularidades y hechos que han marcado alMinisterio Público Fiscal en estos últimos años. Ocurre que a partir de tener presentes graves sucesos demanipulación política que tal ministerio ha sufrido, tal vez podamos darnos cuenta de la trascendencia deesta reforma que proponemos (...). Creo que todos recordamos (...) que hubo una situación política deforzamiento de esa renuncia (la del Procurador General Andrés D’Alessio en 1989) que marcaba uno de losprimeros pasos de copamiento del Poder Judicial y, precisamente, del Ministerio Público Fiscal. A raíz y apartir de esa situación, existieron numerosas presiones a los fiscales que intervenían en causas que erantrascendentes desde el punto de vista institucional y ante la opinión pública”. (...) “quiero destacar quenadie desconoce la política de presiones sobre determinados fiscales que intervenían en causas cuyainvestigación podía complicar a sectores del gobierno. No es del caso analizar situaciones particulares onombres de fiscales, pero fueron muchos, lo que marcó la situación de un Ministerio Público Fiscalperseguido, cuya sumisión se ha pretendido durante todo este tiempo. Los fiscales que no eran confiablesfueron separados, trasladados, ascendidos. La situación había llegado a un punto tal que incluso se habíainstalado el miedo dentro del Ministerio Público Fiscal. Esta Convención Constituyente podría ser laoportunidad para dar un giro de ciento ochenta grados en la estructuración del Ministerio Público. ¿Quéindependencia tendrá ese Ministerio Público? ¿Qué habremos cambiado respecto de esta realidad con sólodecir en la Constitución que el Ministerio Público Fiscal es un organismo extrapoder sin agregarabsolutamente nada más? Como dije, no establecimos la forma de designación ni la inamovilidad de losfiscales; ni siquiera la exigencia de que ingresen por concurso público de antecedentes y de oposición, paraque no sean designados a dedo, de modo que sean un instrumento de la sociedad y no del gobierno deturno”.A su turno, el periodista Horacio Verbistsky, en su obra “Robo para la Corona” (Ed. Planeta, Bs. As. 1991),relató los pormenores sobre la situación de presión política a que fuera sometido el ex Procurador GeneralAndrés D’Alessio en el año 1989, y que condujera a su renuncia y reemplazo por un Procurador afín al poderpolítico de la época, y carente de independencia.5 Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente de 1994, intervención del convencionalMasnatta, 19/08/1994, p. 466146 art. 120 CN y art. 13 ley 24.946
  5. 5. Al mismo tiempo, la necesidad independencia del Procurador Generales de particular importancia en dos ámbitos de actuación de la Justicia: a) en las causas de mayortrascendencia que tramitan por ante la Corte Suprema, esto es, en lasacciones civiles en las que el Estado nacional es parte y está en juego suresponsabilidad patrimonial, y en todas aquellas en las que seencuentra en tela de juicio la constitucionalidad o legalidad decualquier acto estatal. En efecto el Procurador General tienecompetencia para dictaminar en las causas que tramitan ante la CorteSuprema de Justicia de la Nación en el marco de los "recursos deapelación ordinaria" (que tienen lugar, fundamentalmente, en aquellosprocesos en los cuales el Estado Nacional es parte y el valor disputadosupera los $ 726.523,32, conf. art. 33, inc. 3° de la ley 24.946 y art. 24,inciso 6°, apartados b) y c) del decreto-ley 1285/58), así como enlas "causas en las que se articulen cuestiones federales" por vía delrecurso extraordinario de la ley 48 (debiendo expedirse acerca de lalegalidad objetiva y de los intereses de la sociedad, conf. Inciso 5 delmencionado artículo), b) en las causas penales contra funcionariospúblicos: allí, como en todas las causas penales, le corresponde “darinstrucciones generales a los integrantes del Ministerio PúblicoFiscal para que estos ejerzan dicha acción (la acción pública) en lasrestantes instancias, con las atribuciones que esta ley prevé” (inciso b),y “Disponer por si o mediante instrucciones generales a los integrantesdel Ministerio Público Fiscal, la adopción de todas las medidas quesean necesarias y conducentes para poner en ejercicio las funcionesenunciadas en esta ley, y ejercer las demás atribuciones que leconfieren las leyes y los reglamentos” (inciso d). Asimismo, es atribución del ProcuradorGeneral: “Diseñar la política criminal y de persecución penal delMinisterio Público Fiscal” (inciso e), “dictar los reglamentos einstrucciones generales” para distribuir el trabajo entre los fiscales(inciso ll), “imponer sanciones” a los fiscales (inciso m), “aprobar elReglamento interno de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas”(inciso t), confeccionar “la propuesta en terna” para la designación defiscales (inciso h), y promover su enjuiciamiento (inciso i). En suma: la actividad delProcurador General afecta y compromete la de todos los órganos delgobierno, y se vincula de ordinario con todos los hechos, actos yconductas provenientes de todos los funcionarios públicos. Ellosentado, resulta evidente que el primer y principal requisito personalpara acceder a la función es que deba tratarse de una personaindependiente, esto es, que garantice imparcialidad, objetividad yneutralidad para pronunciarse sobre la conducta de los funcionarios ylas normas y actos del Estado. De otro modo, de tenerse comoProcurador General a una persona con compromisos políticos, relaciónde afinidad y amistad, o cualquier otra clase de condicionamiento quepudiera afectar su independencia para con la mayoría de quienes son ofueran funcionarios de los otros poderes, quedaría suprimida una partede las funciones del Ministerio Público. La importancia de susfunciones dan una idea del peligro que entraña a la República carecer5
  6. 6. de un Procurador General independiente: en el peor de los casos podríaquedar suprimido el control de los actos del Estado, y el enjuiciamientode funcionarios. Podrían quedar maniatadas las funciones de losfiscales, o sancionada su actuación cuando no sea conveniente al poderpolítico. Como correlato de este requisitoesencial de independencia fijado en la Constitución Nacional, elartículo 9º de la ley 24.946 extiende a los magistrados del MinisterioPúblico las mismas incompatibilidades que existen para losmagistrados del Poder Judicial de la Nación en el Reglamento para laJusticia Nacional (Decreto Ley 1285/58)7, una de las cuales es “noejercer actividad política” (art. 9 RJN). Asimismo, el Art. 55 delCódigo Procesal Penal de la Nación establece que los jueces (y porañadidura los miembros del ministerio público, esto lo extiendeespecíficamente el código en el art. 71) “deberán inhibirse y podrán serrecusados por: 1°) haber actuado en otras actuacionesjudiciales o administrativas profesionalmente en favor o encontra de alguna de las partes involucradas; 2°) si tuviereamistad íntima, o enemistad manifiesta con alguno de losinteresados; 3º) si hubieren recibido o recibieren beneficiosde importancia de alguno de los interesados”. Parece claro pues que, por el requisito generalde independencia que establece la Constitución Nacional, máslas limitaciones específicas insertas en el RJN y en el CódigoProcesal Penal, la regla de selección es la siguiente: el candidatoa la Procuración General de la Nación no debe poseerantecedentes inmediatos en el ejercicio de cargos políticos, oen funciones partidarias, o en la participación en campañaselectorales, o de relacionamiento estrecho con funcionariospolíticos.7 “... es incompatible la magistratura judicial con toda actividad política, con el ejercicio del comercio,con la realización de cualquier actividad profesional, salvo cuando se trate de la defensa de los interesespersonales, del cónyuge, de los padres y de los hijos, y con el desempeño de empleos públicos o privados,excepto la comisión de estudios de carácter honorario. No estará permitido el desempeño de los cargosde rector de universidad, decano de facultad o secretario de las mismas. Los magistrados de la justicianacional podrán ejercer, exclusivamente, la docencia universitaria o de enseñanza superior equivalente, conla autorización previa y expresa, en cada caso, de la autoridad judicial que ejerza la superintendencia. A losjueces de la Nación les está prohibido practicar juegos de azar, concurrir habitualmente a lugares destinadosa ellos o ejecutar actos que comprometan la dignidad del cargo".6
  7. 7. 2. ANTECEDENTES PROFESIONALES YACADÉMICOS RELEVANTES La función de los fiscales y del Procurador hace a laesencia de una adecuada administración de Justicia: importan siemprela aplicación del derecho a un caso particular. El cargo de Procuradorconstituye una magistratura técnico-profesional que, al igual que enel caso de los jueces, requiere, además de la básica independencia,de particular idoneidad, méritos profesionales y especializaciónacadémica. La ley reglamentaria nº 24.946 define con claridad que susmiembros son “magistrados”8. Algunos de los estándares de idoneidad seencuentran regulados en normas o contenidos en otra clase dedocumentos9, pero está claro que para ser designado ProcuradorGeneral deben poseerse –como mínimo- los requisitos para serdesignado Fiscal, y en el mejor de los casos, los equivalentes a losnecesarios para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además del requisito básico fijado en la ley 24.946,de poseer título de abogado, y 8 años de ejercicio de la profesión, esevidente que la máxima magistratura del Ministerio Público Fiscalprecisa de méritos profesionales y académicos que demuestrencapacidad suficiente para dirigir el cuerpo de fiscales del MinisterioPúblico, e instruir u ordenar su actuación en materia penal. Por suparte, debe contar con solvencia técnica y estatura intelectual paraemitir dictámenes en los estrados de la Corte Suprema de Justicia de laNación. Resulta de toda lógica y coherencia aplicaral Procurador General los requisitos de formación, experiencia ycapacidad técnica que se exigen en general a los postulantes a fiscalen los concursos públicos de oposición y antecedentes, aunquedicho proceso no alcance al cargo de Procurador. Tales parámetrosde idoneidad son, entre otros: a) la experiencia profesional en elMinisterio Público o en el Poder Judicial de la Nación; b) los estudiosde posgrado (doctorados, maestrías, carreras de especialización,etc.); c) la actividad científica: publicación de artículos en revistasespecializadas, producción de obras, participación en actividades deinvestigación, seminarios, congresos, etc.; d) la actividad docente. De modo concordante, el Decreto222/2003, que reglamenta el procedimiento de selección aplicable a ladesignación de jueces de la Corte Suprema, y también para ladesignación del Procurador General, conforme lo dispusiera8 Ley 24.946, ARTICULO 3°: ·El Ministerio Público Fiscal está integrado por los siguientes magistrados: a)Procurador General de la Nación...”9 Se debe tener especialmente en cuenta los principios y normas que surgen del “Régimen deselección de magistrados del Ministerio Público Fiscal de la Nación” (Res. Procurador General Nº 101/07) y el “Reglamento disciplinario para los magistrados del Ministerio Público Fiscal”, así como delCódigo Iberoamericano de Ética Judicial. También son valiosas las recomendaciones que surgen deldocumento “Fiscales y defensores en la agenda democrática. Propuestas para el fortalecimiento delMinisterio Público”, elaborado por la Asociación de Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legalesy Sociales (CELS), la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Fundación Poder Ciudadano,el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), y la Unión de Usuarios yConsumidores (disponible en: http://www.farn.org.ar/docs/p37.pdf , chequeado el 23/4/2012).7
  8. 8. extensivamente el Decreto 538/03, expresa en sus considerandos lasfinalidades de la norma, atinentes a la mejora de la calidadinstitucional, y mencionando a las “especialidades profesionales”como parámetro o estándar obligatorio de evaluación y de selección demagistrados, y el art. 3° de la norma dispone que “al momento de laconsideración de cada propuesta, se tenga presente (...) laespecialidad (...)”. Por lo tanto: está claro que el Poder Ejecutivo haacogido en el derecho positivo la regla constitucional implícita, de lacual surge que tanto los magistrados de la Corte Suprema, como elProcurador General, deben poseer alguna especialidad enderecho. En tal sentido, está claro que de las competenciasatribuidas al Procurador General en el artículo 33 de la ley 24.946,las fundamentales se vinculan con el derecho penal (por ser titularde la acción penal pública), con el derecho procesal penal (por tenera su cargo fijar las reglas de actuación procesal de los fiscales) y conel derecho constitucional (por dictaminar ante la Corte Supremasobre la propia competencia del tribunal y sobre los planteos deinconstitucionalidad de normas y actos estatales de cualquier especie). La historia institucional del paísen materia de designación del Procurador General, exhibe clarosejemplos de qué tipo de perfil personal, profesional y académico esnecesario para ocupar semejante cargo y desempeñar tan trascendentefunción a la cabeza de uno de los poderes del Estado, y lasespecialidades del derecho que en el pasado se han tenido en cuentapara seleccionar a los procuradores. Baste con nombrar a cuatro exProcuradores: 1) Sebastián Soler (1955/1958): referente indiscutido delderecho penal argentino, autor del monumental "Tratado de DerechoPenal" y otras obras, y de dictámenes memorables, como en loscasos “Mouviel” (1958) y “Cine Callao” (1958), donde expresó losprincipios elementales del sistema republicano y de defensa de losderechos y garantías que habían sido violadas por el Estado;. 2)Enrique C. Petracchi: además de Procurador General fue Procuradordel Tesoro de la Nación, y Profesor Titular de Derecho Administrativoen la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en la Universidad CatólicaArgentina (UCA); 3) Juan Octavio Gauna (1983-1987): ProfesorAdjunto Regular de Derecho Administrativo en la UBA, funcionario deextensa carrera en el Poder Judicial de la Nación y juez del fuero en locontencioso administrativo federal. 3) Andrés DAlessio (1987-1989):ex camarista penal que juzgó a las juntas militares, Profesor TitularRegular de Derecho Penal de la UBA, Decano de la Facultad deDerecho de la UBA, destacado académico, autor de numerosas obras. 4)Esteban Righi: Profesor Titular de Derecho Penal de la UBA, y con unaextensa trayectoria en el ejercicio de la profesión10. Cabe detenerse, a modo deparámetro, en el currículum publicado por el Ministerio de Justicia(Ver Anexo 1) en ocasión de proponerse a Esteban Righi para el cargo,postulación que fuera aprobada por unanimidad en el Senado de laNación. Righi es abogado, escribano y Doctor en Derecho Penal yDisciplinas Criminológicas, título obtenido en la Facultad de Derecho10Ver Anexo I y http://www.mpf.gov.ar/Institucional/Autoridades/CVS/CVERighi.pdf, chequeado el 24/4/2012.8
  9. 9. de la Universidad de Buenos Aires en 1990. Ejerció la profesiónintensamente en el ámbito privado y en el público, y es ProfesorRegular en la Facultad de Derecho de la UBA desde 1973 (titular en lamateria Derecho Penal y Procesal Penal desde 1996) y en laUniversidad Nacional Autónoma de México, además de en numerosascarreras de especialización, posgrados y maestrías de nuestro país y delexterior. Al momento de ser designado, Righi había sido expositor ennumerosas jornadas, congresos y seminarios en derecho penal, eramiembro de prestigiosas asociaciones científicas y profesionales, habíarecibido importantes distinciones y era autor de todas las publicacionesy obras mencionadas en su currículum, siempre relativas al derechopúblico, el derecho penal, el derecho procesal penal y la criminología.9
  10. 10. 3. COMPROMISO CON LA DEMOCRACIA YLOS DERECHOS HUMANOS El “compromiso con la democracia y la defensa delos derechos humanos” es un requisito expresamente mencionado enlos considerandos del Decreto 222/2003, aplicable a la designación delProcurador General conforme lo dispusiera el Decreto 538/0311. El Procurador General, en tanto titular de unórgano estatal esencial para asegurar y afianzar la justicia, debe haberdemostrado antecedentes de conducta intachable en relación conlos deberes propios de la ética republicana y la función pública. Ellosignifica que no debe haber participado de conductas reñidas con latransparencia y el respeto de las normas. Por aplicación de este requisito, consideramos quelas personas que se propongan para el cargo de Procurador General,si es que previamente han desempeñado algún cargo o funciónpública, deben haber demostrado: a) cumplimiento cabal de lasnormas cuya observancia se ha encontrado a su cargo en funcionespúblicas anteriores, y b) respeto total de los derechos y garantías delos ciudadanos, y los principios y reglas del sistema republicano ydemocrático, tales como el derecho de acceso a la información pública,la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en la gestión.11 El considerando dice: “Que para mejor cumplimiento de las finalidades indicadas resulta convenienteposibilitar, con la conformidad expresa de quien o quienes resulten motivo de solicitud de acuerdo, laacreditación de aspectos relativos a su trayectoria profesional y académica, los compromisos públicos yprivados que tuvieren, la concurrencia de los requisitos establecidos en la Ley de Etica de la Función Públicay del cumplimiento de sus respectivas obligaciones impositivas”.10
  11. 11. B. CARENCIA DE LOS REQUISITOS PARASER DESIGNADO PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓNPOR PARTE DEL DR. DANIEL REPOSO 1. FALTA DE INDEPENDENCIA 1.1. Ejercicio de cargos políticos en forma inmediataanterior a la postulación El Dr. Reposo ha ejercidocuatro (4) cargos públicos de carácter netamente político en los últimoscinco años. Son “cargos políticos” aquellos dispuestos de mododiscrecional, por oposición a los cargos “no políticos” a los que seaccede en el marco de una carrera o escalafón profesional, previoprocedimiento de selección y designación de carácter “reglado”, comotípicamente es el concurso público de oposición y antecedentes. Lasdesignaciones del Dr. Reposo en sus últimos cuatro cargos fueron, entodos los casos, decisiones que no han hecho mérito de antecedentesprofesionales en particular, sino sustentadas en la confianza personaldepositada por la Presidenta de la Nación y por el entonces Director dela ANSES y Ministro de Economía, hoy Vice Presidente de la Nación.Los cargos políticos desempeñados fueron los siguientes: 1) SíndicoGeneral de la Nación12, 2) Titular de la Unidad de Auditoría Interna delMinisterio de Economía y Finanzas Públicas13, 3) Gerente de Control enla Administración Nacional de Seguridad Social14, 4) representante delEstado Nacional en la sociedad privada Papel Prensa S.A. Hasta el presente, el Dr. Reposo se ha desempeñadocomo titular de la SIGEN, bajo dependencia directa del PoderEjecutivo. El artículo 108 de la ley 24.156 define dicha dependenciadirecta al establecer que “La Sindicatura General de la Nación estaráa cargo de un funcionario denominado síndico general de la Nación.Será designado por el Poder Ejecutivo Nacional y dependerádirectamente del Presidente de la Nación, con rango deSecretario de la Presidencia de la Nación”. Vale decir que el Síndico es una autoridadnetamente política, y la designación del titular responde enteramentea la confianza política y a la discrecionalidad del Presidente, con unúnico requisito reglado en el art. 109 de la ley mencionada: debetratarse de un abogado o de un profesional en Ciencias Económicas,con experiencia en administración financiera, cosa que el Dr. Reposoacreditaba por su antecedentes laborales en la propia SIGEN. De acuerdo con lo anterior, queda demostrada unarelación de subordinación, lealtad, compromiso personal y gratitudrecíproca del Dr. Reposo para con la Presidenta de la Nación y elVicepresidente de la Nación, y en tales condiciones, no resulta uncandidato apto para investigar a los funcionarios dependientes del12 Decreto 1769/2009 (B.O. 20/11/2009).13 Designado por decreto 1560/2009 (BO 29/10/2009).14 Designado por decreto 504/2008 (BO 31/03/2008).11
  12. 12. Poder Ejecutivo ni pronunciarse con ecuanimidad y objetividad jurídicaacerca de los actos de gobierno. 1.2. Ejercicio activo de la actividad política El candidato, Dr. Daniel Reposo, figura en elRegistro Nacional de Afiliados a Partidos Políticos, dependiente dela Cámara Nacional Electoral, como afiliado a un partido político(Anexo 5). Como se ha dicho antes, tal situación es incompatible con elejercicio del cargo de Procurador General15 . Además, Dr. Daniel Reposo se ha desempeñadoy se desempeña –en forma absolutamente legítima- como activomilitante partidario, en este caso, del partido de gobierno -Frentepara la Victoria-, hecho que tampoco resulta compatible con elrequisito de independencia y objetividad que se requiere para lafunción de Procurador General. El Dr. Reposo lleva adelante desdehace años actividad de militancia política activa en favor de la alianzaelectoral “Frente para la Victoria”, y de las candidaturas electoralesde la Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y delVicepresidente de la Nación, Amado Boudou. Ello se encuentra demostrado y manifestado ennumerosas ocasiones a través de su participación en actos políticospartidarios y electorales y en reportajes por medios de comunicaciónaudiovisual donde expresó apoyo incondicional a la Presidenta y al VicePresidente de la Nación. “Yo soy un hombre de la presidenta ydel gobierno nacional”16, manifestó en una oportunidad. Tambiénse encuentra corroborado en sus cuentas de redes sociales. Por citar un ejemplo de ello, elmismo Reposo se definía en su perfil de Twitter17 como "ex gerente dePrestaciones ANSES, laborista, veroniquense, peronista K y amante delgolf". Sin embargo, en los últimos días decidió modificar su perfil,cambiando su biografía por la siguiente: "Síndico General de laNación"18. Asimismo, entre las múltiples manifestaciones comoferviente militante partidario, el 1º de octubre de 2011 declaró en la redsocial: "Todos en el club IMOS escuchando bandas y acompañando aAmado Boudou".19 El 23 de octubre del 2011, día en que se celebraronlas elecciones presidenciales, el Dr. Reposo comentó por aquellavía: "Con Amado festejando en el Intercontinental!!!". 20 Del mismomodo, el día que Cristina Kirchner asumió su segundo mandato comopresidenta, en diciembre último, el Dr. Reposo aprovechó para felicitar15 art. 9 ley 24.946 y art. 9 RJN, dec-ley 1285/58, ya citado16 Publicado en Tiempo Argentino del 12/04/2012, disponible en: http://tiempo.infonews.com/2012/04/12/argentina-72847-yo-soy-un-hombre-de-la-presidenta.php (chequeado el 24/4/2012); ver Página/12, “Elcandidato del Ejecutivo: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/191627-58594-2012-04-11.html (chequeado el 24/4/2012)17 http://twitter.com/#!/DANIELREPOSO18 Visto en el diario “Perfil”, el día 11 de abril de 2012. URL: http://140.perfil.com/2012/04/11/como-cambio-el-twitter-de-daniel-reposo-en-24-horas/ (chequedo el 24/4/2012)19Visto en el diario “La Nación”, el día 11 de abril de 2012. URL: http://www.lanacion.com.ar/1464022-reposo-defensor-y-amigo-de-boudou-tambien-en-twitter (chequeado el 24/4/2012)20 Visto en el diario “Perfil”, el día 11 de abril de 2012. URL: http://www.perfil.com/contenidos/2012/04/11/12noticia_0008.html (chequeado el 24/4/2012)
  13. 13. a la fórmula presidencial: "Para seguir haciendo justicia social! CristinaAmado" 21. Véase que en todos los casos se trata no sólo demanifestaciones públicas exaltando su adhesión al gobierno y al partidogobernante, sino además dando cuenta de la cercanía personal, deamistad en el caso del Vice Presidente de la Nación, con la propiaPresidenta y muchos funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores delCongreso de la Nación. Por supuesto que estas muestras de adhesión noresultan en sí mismas reprochables ni cuestionables; sólo es destacadaen esta presentación al solo efecto de demostrar que el Dr. Reposojamás podría garantizar la independencia, imparcialidad y neutralidadque el artículo 120 de la Constitución Nacional y la ley 24.946requieren para ser designado y ejercer el cargo de Procurador Generalde la Nación. Sin duda que su designación llevaría aparejada un seriopeligro de interferir en la función normal del órgano constitucional, yfrustrar sus cometidos y competencias atinentes al control de los demáspoderes del Estado y el enjuiciamiento de los funcionarios sospechadosde haber cometido delitos. Por lo demás, no resulta ociososeñalar que la militancia partidaria que ha demostrado reiteradamenteel Dr. Reposo jamás sería admisible para un postulante que aspire aocupar alguna fiscalía del Ministerio Público, quien debe someterse aun proceso exhaustivo de selección, con concurso abierto y deoposición. Es ilógico e irrazonable que a todos los fiscales del país se lesexija un nivel de independencia y capacitación, sin afiliaciones nimilitancia partidaria, y no se siga el mismo criterio -como mínimo-para el Procurador General, el jefe de todos los fiscales, quien debedarle las órdenes, instruir y conducir en el marco de las funcionesencomendadas al Ministerio Público Fiscal. La máxima autoridad queasuma el cargo debe ser el ejemplo en este y otros aspectos, y el Dr.Reposo no puede ser ese ejemplo, por su manifiesta pertenencia a unmovimiento político y su demostrada afinidad y amistad confuncionarios y ex funcionarios del gobierno. Las relaciones políticas se encuentran regidaspor valores contradictorios con las que deben presidir la labor de unmagistrado: en política predominan la lealtad, la subordinación, ladisciplina, la fidelidad e incluso la solidaridad. Los magistrados, encambio, deben obrar guiados en primerísimo lugar por el principio deque todos los ciudadanos son iguales ante la ley (art. 16 CN) y de que noexiste absolutamente ninguna prerrogativa fundada en la pertenenciapolítica. Deben regirse por la imparcialidad y la ecuanimidad. El Dr. Reposo se ha manifestado a favor del proyectopolítico encabezado por la Presidenta Cristina Fernandez de Kirchnery el Vice-Presidente Amado Boudou. Frente a la consulta del periodistaLuis Novaresio en el resumen central de C5N: “siempre que hayun tipo de designación de este tipo se analiza la pertenencia o no adeterminado proyecto político. ¿Ud. Se siente identificado con esteproyecto político?”, el Dr. Reposo respondió categóricamente: “Porsupuesto. No hay Procurador que se haya nombrado que no21 http://twitter.com/#!/DANIELREPOSO13
  14. 14. esté consustanciado con un proyecto político, o sea, no existeen el mundo (sic) que no tenga una ideología, y creo que trabajar en elmarco de un proyecto político es tender a que una gestión de gobiernole vaya muy bien, significa que a la sociedad le va a ir muy bien”. 22 De la misma manera el Dr. Reposo entiende que unaimpugnación a su designación: “no es un ataque a Daniel Reposo sinoque es un ataque directo a la presidenta”, tal como lo afirmara en otroreportaje televisivo de la cadena CN23.23 ¿Aseguraría el Dr. Reposo la independencia querequiere el cargo de procurador frente a sus compromisos políticos?¿Podría pronunciarse sin ataduras respecto de la constitucionalidadde decretos del Poder Ejecutivo o la legalidad de resoluciones de laSecretaría de Comercio? ¿Sería independiente su labor en caso de queel Vicepresidente de la Nación se encontrara imputado en una causapenal, o en aquellas causas donde ya lo están dos ex Secretarios deTransporte que defienden el mismo proyecto político respecto del cualel Dr. Reposo dice estar consustanciado? ¿Cuál sería su opinión en lascausas en que el Estado Nacional tiene como contraparte a la empresaprivada Papel Prensa S.A, o en aquellas donde se discute el acceso a lainformación del INDEC, la distribución de la pauta publicitaria oficial ola constitucionalidad de la ley de medios n° 26.522? Está claro que, en caso de ser designado ProcuradorGeneral de la Nación, el Dr. Reposo se vería inevitablemente expuestoa una permanente situación de conflicto con sus manifiestos interesespolíticos. Por ejemplo, en las causas donde se investigue a funcionarioso cualquier persona que -como él- se define como integrante delmismo proyecto político. Del mismo modo, no es difícil suponerque el Dr. Reposo se encontraría en un serio dilema personal situviera que pronunciarse sobre la validez de cualquier medida legal oadministrativa sobre la cual el gobierno nacional haya depositado unespecial interés ideológico, estratégico y político. Como conclusión, la pertenencia políticademostrada y voluntariamente exhibida por el Dr. Reposo los últimosaños, no permiten tener por garantizada su independencia en elejercicio de la función de Procurador General. 1.3. Errónea concepción del candidato respecto de laindependencia y la función del Procurador General de la Nación Por si hiciera falta un elementomas para dudar de la independencia que eventualmente tendría el Dr.Reposo para desempeñarse como Procurador General, veamos ladefinición que el propio candidato realiza del requisito constitucional.En declaraciones que se pueden apreciar por internet sostuvo: “Lafalta de independencia se da con la falta de compromiso y con el22 Ver video en: http://www.youtube.com/watch?v=qsCFI71yjK0&feature=related (chequeado el 23/4/2012)23 Ver video en: http://www.youtube.com/watch?v=tfLXg96P7ME&feature=related (chequeado el 23/4/2012)14
  15. 15. compromiso con sectores vinculados a la materia jurídica que lleva ala corrupción, digamos a estudios, y demás, la independencia debe serentendida por mejorar y trabajar por el ciudadano y esto es lo másimportante, garantizar el proceso de firmeza, transparencia, quetengan los fiscales las suficientes herramientas, independencia paratrabajar cómodos con todo lo que necesitan”.24 Resulta preocupante, en primerlugar, el grado de confusión y de dificultad demostrado por el Dr.Reposo para definir algo tan sencillo como el requisito deindependencia para el cargo de Procurador General. El Dr. Repososostiene que “independencia” equivale a “falta de compromiso consectores vinculados a la materia jurídica”, que identifica con “losestudios”. Vale decir que el candidato intenta “parcializar” la noción deindependencia, pretendiendo –como idea- que quienes la ponen enpeligro son “los estudios”, y no los poderes políticos y los funcionarios.Pareciera que el Dr. Reposo desconoce la historia, los antecedentes dela reforma constitucional y las propias normas: lo que allí figura comopeligro para la independencia son los poderes políticos, y en especial,los poderes ejecutivos. Luego agrega que “la independencia debe serentendida por mejorar y trabajar por el ciudadano y (…) garantizarel proceso de firmeza, transparencia, que tengan los fiscales lassuficientes herramientas, independencia para trabajar cómodos contodo lo que necesitan”. Adviértase el desorden expositivo y la confusiónconceptual que exhibe tal declaración: ¿qué tiene que ver algo tanespecífico y concreto como la independencia que se requiere delProcurador con una idea tan vaga e indefinida como “mejorar ytrabajar por el ciudadano”? ¿qué se entiende por “el proceso defirmeza, transparencia” a que alude el candidato? En suma, ante unapregunta sencilla, el Dr. Reposo no logra sintetizar una definición claraacerca de la noción de independencia, y en su lugar, ha expresado ideasconfusas, disociadas y extravagantes. Con prescindencia de la cuestión atinente a laclaridad con que el Dr. Reposo se expresa, y de la mayor exactitud oinexactitud de sus dichos, lo relevante es que –y en definitiva esto es lomas grave- el candidato propuesto ha evadido tratar el cuestionamientoprincipal que se cierne sobre su candidatura: si es independienteo no, y cómo eventualmente actuaría en causas que comprometanactos de gobierno o el juzgamiento de funcionarios de los que ha sidodependiente y subordinado. Por último, véase la confusión en que incurre el Dr.Reposo respecto de la propia competencia del Ministerio Público ydel Procurador General de la Nación. Dice, en defensa de sus propiosantecedentes, que “Toda la vida fui un defensor de los derechos delestado, tanto en la etapa que llevó estar a cargo de los juicios y unole ha puesto absolutamente todo el compromiso y estas son las cartasque uno tiene para mostrar y desde el Derecho del Trabajo va a serla primera vez en la historia que una persona dedicada a lo socialesté propuesto, a cargo de un Ministerio Público. Creo que darle uncontenido social y al trabajo para garantizar la igualdad de derechos24 Ver video en http://www.youtube.com/watch?v=37bzFLEyN2I (chequeado el 23/4/2012)15
  16. 16. (sic) y la independencia que debe haber”25.En primer lugar, el Dr. Reposo comete un gravísimo error conceptual yjurídico al identificar las funciones del Ministerio Público conla “defensa de los derechos del Estado”. El Ministerio Público tiene a sucargo la defensa de la legalidad objetiva, y de los intereses generales dela sociedad, lo cual no tiene absolutamente nada que ver con la defensade los derechos (en todo caso debió decir, “intereses”) del Estado. Lalegalidad y los intereses de la sociedad podrán coincidir -en algunoscasos- con los intereses del Estado, y en otros casos no. Pareciera que elDr. Reposo desconoce que el Estado Nacional es parte en la mayoría delas causas judiciales en que el Procurador se debe pronunciar y queprecisamente se requiere que en tales causas el Ministerio Público seanequidistante e independiente, y garantice la defensa de la legalidadobjetiva y los intereses de la sociedad, coincida esto o no con losintereses del Estado. En este sentido, queda demostrado que el Dr.Reposo ignora por completo los antecedentes de la ConvenciónConstituyente de 1994 que sancionó el actual art. 120 de laConstitución Nacional. En dicha oportunidad, se aclaró que elMinisterio Público Fiscal debe perseguir "la defensa de los interesespúblicos por sobre lo que se podría llamar el fisco" ya que esa es laúnica manera de que el órgano se erija "como acusador independientepara que se asegure así la defensa del justiciable26". En segundo lugar, el candidatoequivoca la especialidad requerida para desempeñar cabalmente lafunción de Procurador General, al destacar en su favor su dedicación alderecho laboral y "a lo social". El derecho laboral es una materianotoriamente ajena a la función primordial del Procurador General.Así resulta de las competencias atribuidas por la Constitución, la ley24.946 y hasta del propio sitio web del Ministerio Público Fiscal, endonde se afirma que, sin perjuicio "de algunas funciones de control delegalidad que realizan los fiscales en materia civil, comercial, laboral,previsional y contencioso-administrativa, su actividad primordial tienelugar en el proceso penal27". Por lo demás, la referencia que realiza desu dedicación "a lo social" no traduce, más allá de su alarmanteindefinición, en ninguna especialización vinculada con las funcionesdel Ministerio Público fiscal.25 Ver video http://www.youtube.com/watch?v=tfLXg96P7ME&feature=related Chequeado 23 de abril de 201226Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de 1994, intervención del convencional Masnatta, 19/08/1994, p.46611627 http://www.mpf.gov.ar/index.asp?page=Organigrama/procurador.html al día 24/04/2012
  17. 17. 2. FALTA DE ANTECEDENTES YESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA El Dr. Reposo carece de los antecedentes académicosy profesionales que se requieren para acceder al cargo de ProcuradorGeneral de la Nación, tal como surge de la sola comparación de suCurrículum Vitae publicado en la página de Internet del Ministeriode Justicia de la Nación (y sin perjuicio de sus notorias falencias) conlos de sus antecesores en el cargo, en particular con el del Dr. EstebanRighi. El Dr. Reposo carece de todo antecedente decapacitación especializada en las materias relacionadas con elfuncionamiento de la Procuración General. La formación que acredita,además del título de abogado, está claramente orientada al derechodel trabajo y la seguridad social, materias de derecho común que –en principio- no son de competencia del Procurador General. Ellotampoco se traduce en un título de posgrado de jerarquía. Por lo tanto, el Dr. Reposo no estaría encondiciones académicas de dictaminar adecuadamente sobre lamateria constitucional y las cuestiones federales sobre las que noorientó su formación de posgrado, ni desempeñar correctamente laimportantísima titularidad de la acción penal pública cuando los únicosconocimientos que acredita sobre esa disciplina son los que pudo haberadquirido en la carrera de grado, hace muchos años. En lo que se refiere a la trayectoria profesional,cabe destacar que el candidato carece de antecedentes en la funciónjudicial o en el propio Ministerio Público, y demuestra solamente unacorta experiencia profesional en organismos públicos y en la actividadprivada. A esto se suma la falta de experiencia del Dr. Reposocomo litigante ante la Corte Suprema. Cabe advertir que del registrodel máximo tribunal28, surge que el Dr. Reposo actuó como abogadosólo en dos causas29. En conclusión, no podría dictaminar o actuaradecuadamente como Procurador General una persona con experienciacasi nula en litigios ante la Corte Suprema, y ninguna experiencia enderecho público constitucional y administrativo. Por su parte, el Dr. Reposo tampoco acredita haberescrito ni publicado artículos de doctrina en revistas especializadas,de mayor prestigio y difusión, notas de legislación o comentarios asentencias. A su vez, la escasa actividad de investigación que señala ensu Curriculum Vitae no se relaciona con las materias de competenciadel Procurador General de la Nación. Finalmente, el candidato no tiene capacitación deposgrado en gestión judicial o de la magistratura (v. gr. Maestría en28Ver www.csjn.gov.ar, búsqueda de jurisprudencia por abogado patrocinante.29Expediente 44/98 caratulado “Recurso de hecho deducido por la Sindicatura General de la Nación en lacausa: Stock, Guillermo c/ Estado Nacional (SIGEP y/u organismo reemplazante – SIGEN)”; sentencia del 25/08/1998. Expediente 75/2000 “ARecurso de hecho deducido por la Sindicatura General de la Nación en lacausa Elías, Miguel Julio c/ Estado Nacional (Sindicatura General de Empresas Públicas) y/u organismo que loreemplace)”; sentencia del 29/08/2000.17
  18. 18. Magistratura, o Carrera de Especialización en Ministerio Público,ambas de la Universidad de Buenos Aires). Para trazar una breve comparación con magistradosque se desempeñan hoy en el Ministerio Público, véase el CurrículumVitae del Dr. Javier De Luca (Anexo II), quien se desempeña comoFiscal ante la Cámara de Casación Penal y es Profesor Titular Regularde Derecho Penal en la UBA, Doctor en dicha área de especialización,ex secretario letrado de la Corte Suprema y fiscal de instancia conactuación destacada en causas vinculadas con derechos humanos.18
  19. 19. 3. FALTA DE COMPROMISO CONLOS DEBERES REPUBLICANOS, LOS VALORESDEMOCRÁTICOS Y LOS DERECHOS HUMANOS 3.1. Incumplimiento de deberes impuestos en lanormativa que rige la SIGEN En ejercicio del cargo de Síndico General de laNación, el Dr. Daniel Reposo incumplió la normativa objetiva que rigelas obligaciones del organismo. Ello ha sido claramente determinadopor sentencia judicial firme dictada en los autos "AGN c/ EN –SIGEN(dto. 1172/03) s/ Amparo por mora"30 (Ver Anexo III), en los cualesla Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso AdministrativoFederal, Sala I, condenó a la SIGEN a remitir en el término de diez díasuna cantidad de informes que le había solicitado la Auditoría Generalde la Nación y que la SIGEN se negó a remitir. La causa originó por la negativade la SIGEN a remitir a la AGN los 594 informes correspondientes alaño 2009, tal como lo estipula la ley 24.156 que rige las relacionesentre ambos organismos de control. Una vez demandado aquello por laAGN en sede judicial, la SIGEN volvió a violar el derecho, enviandosólo una parte de los informes contrariando a la requisitoria judicialque había sido por el total de los informes solicitados por la AGN. Ellomotivó la condena final a acompañar la totalidad de informes en unplazo fijado por el Tribunal. En su fallo, la Sala I indicó: "se colige quela conducta desplegada por la demandada no se compadece con lasobligaciones legales a la que debe sujetar su accionar. La reseña dehechos revela una manifiesta renuencia por parte de la SIGENa brindar información requerida, lo cual es incompatible con lasfunciones que la normativa le asigna (conf. Art. 107 inc. b) y 119 de laley 24.156)”. Esto es sentencia judicial que hace verdad legal acerca delos hechos: la SIGEN a cargo del Dr. Reposo incumplió la ley31 El caso reseñado es sólo unejemplo de una conducta constante del Dr. Reposo como SindicoGeneral de la Nación, que en incumplimiento de los deberes que leimpone la ley, llevó adelante distintas maniobras y actitudes paraevitar controlar o colaborar con el control del sector público nacional.Además de la constante renuencia a enviar los informes e informaciónrequerida a la Auditoría General de la Nación, se suma otra gravísimoepisodio. Desde que Daniel Reposo fuera designado Síndico General dela Nación fueron retirados los informes que se encontraban disponiblesen la página de internet del organismo. Fernando Straface, Director dela ONG CIPPEC, en una nota especial para el diario La Nación expresósobre el tema: “Si bien su sitio web presenta un listado de los informesproducidos en los últimos años, para acceder a su contenido es30 Expediente 22.927/2010 “AGN C/ EN – SIGEN (DTO. 1172/03) S/ AMPARO POR MORA”, sentencia del 12de abril de 2011.31 Para poder advertir la claridad de la situación, véase que el artículo 107 de la ley 24.156 establece que “LaSindicatura General deberá informar (…) A la Auditoria General de la Nación, sobre la gestión cumplida porlos entes bajo fiscalización de la sindicatura, sin perjuicio de atender consultas y requerimientos específicosformulados por el órgano externo de control”.19
  20. 20. necesario realizar un pedido por escrito en la sede del organismo,consignar diversos datos personales y detallar la informaciónsolicitada. Esta práctica supone una regresión (ya que antes todos losinformes de la Sigen podían encontrarse sin restricciones en el sitiowww.sigen.gov.ar ) y, sin duda, es contraria al derecho a lainformación reconocido en forma expresa en la Constitución nacionaldesde la reforma de 1994.”32 Ello, no solamente importa una clara violaciónde la regla democrática de publicidad de los actos de gobierno, delprincipio de transparencia en el ejercicio de la función y del derechode los ciudadanos al acceso a la información pública, sino que ademáscomporta el incumplimiento objetivo del artículo 107 de la ley 24.156que establece el deber de la SIGEN de “informar a la opinión pública”. En el mismo sentido se expresaron VictorAbramovich y Christian Courtis en su famoso artículo titulado “Elacceso a la información como derecho”: “el acceso a la informaciónpública es un derecho fundado en una de las características principalesdel gobierno republicano, que es el de la publicidad de los actos degobierno y transparencia de la administración”... “se vincula ademáscon el derecho de participación de los ciudadanos en la vida pública porla que decididamente opta nuestra Constitución Nacional”. 3.2. Incumplimiento en particular respecto de lasolicitud de información formulada por la Diputada Nacional LauraAlonso. El Dr. Reposo, a cargo de la SIGEN, ha incumplidoen numerosas ocasiones con su obligación de proveer información,pero en particular nos referiremos, por contar con todos los elementosa la vista, a la insólita respuesta cursada a la Diputada Nacional LauraAlonso en un pedido de información que se le formulara. Con fecha 15 de junio de 2010, es decir, muchísimoantes de que el Dr. Reposo fuera propuesto para el cargo de ProcuradorGeneral de la Nación, formuló el pedido de información pública cuyacopia acompaño como Anexo IV. Solicitó allí un informe deauditoría correspondiente al año 2009 y los papeles de trabajo quesirvieron para su confección. La SIGEN dió una respuesta33ininteligible, enrevesada y verdaderamente indescifrable evitandootorgar el informe requerido, con fundamento en el inciso f) delartículo 16 del Anexo VII al Decreto Nº 1172/2003, el cualestablece: “Los sujetos comprendidos en el artículo 2º sólo puedenexceptuarse de proveer la información requerida cuando una Ley oDecreto así lo establezca o cuando se configure alguno de los siguientessupuestos: … f) información preparada por asesores jurídicos o32 Artículo disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1301519-los-informes-estan-bien-guardados(chequeado el 23/4/2012)33 Ver Anexo IV.20
  21. 21. abogados de la Administración cuya publicidad pudiera revelar laestrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicialo divulgare las técnicas o procedimientos de investigación o cuando lainformación privare a una persona el pleno ejercicio de la garantía deldebido proceso”. Pues bien, sobre la base de dicha disposición, adujoque “los contenidos del informe solicitado se consideran comprendidosen la excepción prevista en el inciso f) del artículo 16 del Anexo VII alDecreto Nº 1172/2003, por cuanto al proporcionarlos podría afectarel pleno ejercicio por parte del Estado Nacional de la garantía dedebido proceso” (ver Nota SIGEN Nº 3447/2010 que acompaño).¿A qué “proceso” se refiere la SIGEN? ¿A una causa judicial o a unprocedimiento administrativo? ¿Qué intervención le cabe a la SIGENen uno o en otro caso? ¿Cuál es ese proceso y a qué se refiere? Como se advierte, esas precisiones no constan en lanota, ni ninguna otra explicación que ayude a comprender por qué laSIGEN decidió negar el ejercicio de un derecho humano básico como esel acceso a la información pública. Pareciera que el argumento dado fuemás bien una excusa, insuficiente e incomprensible, para retacear lainformación. En definitiva, el hecho suma un elemento más quehace a la conclusión acerca de que, mientras ejerció la Jefatura de laSIGEN, el Dr. Reposo demostró un notable desprecio por el sistemademocrático y el respeto a los derechos humanos, además de unalamentable labor jurídica en lo que hace a la fundamentación de losactos administrativos. Por ambas razones su postulación para ocupar elcargo de Procurador General resulta francamente improponible. De acuerdo con los antecedentes mencionados,está claro que el candidato propuesto por el Poder Ejecutivo nogarantiza el cumplimiento de los deberes republicanos y democráticosvinculados con la publicidad de los actos de gobierno y la transparenciaen la gestión, ni el respeto por el derecho humano a informarse delos asuntos públicos establecido en nuestra Constitución Nacional yTratados Internacionales con jerarquía constitucional. ¿Publicaría el Dr. Reposo en lapágina de internet del Ministerio Público todos los dictámenes de laProcuración General, los actos administrativos referidos acontrataciones, los expedientes y actuaciones relativas a concursos ysumarios disciplinarios, las instrucciones impartidas a los fiscales, losinformes de gestión y todos los demás normas y actos públicos degobierno? ¿Elevaría en tiempo y forma el informe anual indicado en elartículo 32 de la ley 24.946 al Congreso de la Nación? ¿Lo haría porejemplo ante un escenario de minoría parlamentaria del proyectopolítico al cual adhiere y del que es fervoroso militante? A juzgar por suconcretos antecedentes como titular de la Sindicatura de la Nación, elderecho de acceso a la información pública y la publicidad de los actosde gobierno correrían serio peligro de ser violados por el Dr. Reposo encaso de ser designado Procurador General.21
  22. 22. En definitiva, se encuentra acreditado que el Dr.Reposo ha desempeñado sus funciones a cargo de la SIGEN con mayorapego a la disciplina partidaria y a la lealtad política, que al derecho ya las normas, incluso las más elementales del sistema democrático queimportan el respeto a los derechos humanos, entre los cuales está el deproveer la información pública a toda aquella persona que la requiera. 3.3. Incumplimiento del Reglamento General para lapublicidad de la gestión de intereses, Decreto 1172/2003 El Decreto 1172/03, establecedistintos mecanismos destinados a transparentar la gestión pública, enel ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, facilitar el acceso a lainformación, y promover la participación de la ciudadanía en la gestiónde gobierno. Entre algunas de las herramientas propuestas con este finse encuentra la Publicidad de la Gestión de intereses definidacomo, "...toda actividad desarrollada —en modalidad de audiencia—por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, por sí o enrepresentación de terceros —con o sin fines de lucro— cuyo objetoconsista en influir en el ejercicio de cualquiera de las funciones y/odecisiones de los organismos, entidades, empresas, sociedades,dependencias y de todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción delPoder Ejecutivo Nacional..." (Art. 2° del Reglamento General para laPublicidad de la gestión de intereses). La publicidad de la gestión deintereses genera igualdad de condiciones respecto del trato que elEstado debe otorgar a la ciudadanía; por otro lado, la ausencia de estetipo de normativa puede opacar los mecanismos a través de los cualesse deciden los asuntos públicos, ampliando los márgenes para ladiscrecionalidad y/o la corrupción, al favorecer la existencia deespacios para que los funcionarios públicos tomen decisiones a favorde personas o grupos a cambio de favores personales. “…En estesentido, la adecuada implementación de la herramienta generada porel Reglamento General para la Publicidad de la gestión de intereses,constituye un avance respecto de la promoción de transparencia en lagestión publica, la igualdad de condiciones de la ciudadanía frente alEstado, así como el acceso a la información, elementos que resultancentrales para la participación ciudadana en los asuntos públicos…”34 El Síndico General de la Nación, se encuentraalcanzado por esta norma. Es decir, el Reglamento General para laPublicidad de Gestión de intereses (Anexo III del Decreto 1172/03),lo obliga a publicar de manera actualizada información sobre aquellasreuniones que hayan tenido por objeto influir en sus funciones y/o decisiones. En este contexto, es sumamente llamativo que el Dr.Reposo no haya mantenido ninguna reunión de estas características34Informe de Monitoreo del Decreto 1172/03 “Mejora de la calidad de la democracia y sus instituciones”.Componente Publicidad de la gestión de intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. FundaciónPoder Ciudadano. Septiembre 2007.22
  23. 23. desde su asunción en el cargo35. O al menos, ha omitido instrumentarlos mecanismos necesarios para que la ciudadanía pueda acceder ainformación relativa a su gestión. Más llamativo resulta al comparar la nulapublicación del Dr Reposo, con aquella realizada por dos Secretariosde Estado, de igual jerarquía que el cargo de Síndico general, en estecaso, los responsables de la Secretaría de Cultura, y la Secretaría Legaly Técnica, que sí hacen pública la información sobre las reunionesmantenidas, según lo determinado por el Decreto 1172/03.36 4.1 Imputaciones recibidas en causas penales einvestigaciones judiciales en curso. El postulante Daniel Reposo tiene abiertas enel fuero criminal y correccional federal al menos siete causas pordelitos relacionados con la función pública. En particular, ha sidopúblicamente involucrado en hechos que, de ser probados por laJusticia, importarían la comisión de delitos e incluso causal de maldesempeño de funcionario público. Por citar alguno de los hechos que motivaronlas denuncias penales, en Septiembre de 2010, la SIGEN, bajo latitularidad del Dr. Reposo permitió al Ministerio de Economía (a cargodel Lic. Amado Boudou) la compra irregular de 19 automóviles de altagama sin licitación previa. Esta situación fue publicada en diversosmedios de comunicación y se dió inicio a una investigación judicial. Elfiscal Delgado impulsó la acción penal, en la causa nro. 2111/2010, NNs/delito de acción pública. Por esta razón considero que debe tenerse ala vista el expediente S01:0430579/09, en el que se dictó la resolución347/09 del Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación por la quese autorizó la compra de los automóviles. En agosto de 2010 el candidato propuesto aProcurador General de la Nación Dr. Daniel Reposo, en su caracterde síndico titular en representación del Estado Nacional desde el 03/06/2010 fue protagonista, junto con el Secretario de Comercio, de uncomportamiento hostil y violento hacia un sector de la asamblea deaccionistas de Papel Prensa S.A., lo que incluyó la obstaculización de lafilmación que se estaba llevando a cabo.3735http://audiencias.jgm.gob.ar/registrodeaudiencias/searchjgm.php?opcion=Buscar%20Audiencia%20por%20Dependencia&dependenciaid=584&pagina=0&bloque=10&opcionl=Listado%20Audiencias&obligadoid=0&obligadodependenciaid=1691&solicitanteid=0&representadoid=0&diafechadesde=00&mesfechadesde=00&aniofechadesde=0000&diafechahasta=00&mesfechahasta=00&aniofechahasta=0000&paginal=0&bloquel=10&estado=Realizada#veraudiencias(chequeado el 23/4/2012)36 Secretaría de Cultura:http://audiencias.jgm.gob.ar/registrodeaudiencias/searchjgm.php?opcion=Buscar%20Audiencia%20por%20Dependencia&dependenciaid=281&pagina=0&bloque=10&opcionl=Listado%20Audiencias&obligadoid=0&obligadodependenciaid=424&solicitanteid=0&representadoid=0&diafechadesde=00&mesfechadesde=00&aniofechadesde=0000&diafechahasta=00&mesfechahasta=00&aniofechahasta=0000&paginal=0&bloquel=10&estado=Realizada#veraudiencias;(chequeado el 23/4/2012)Secretaría Legal y Técnica http://audiencias.jgm.gob.ar/registrodeaudiencias/searchjgm.php?opcion=Buscar%20Audiencia%20por%20Dependencia&dependenciaid=56&pagina=0&bloque=10&opcionl=Listado%20Audiencias&obligadoid=0&obligadodependenciaid=769&solicitanteid=0&representadoid=0&diafechadesde=00&mesfechadesde=00&aniofechadesde=0000&diafechahasta=00&mesfechahasta=00&aniofechahasta=0000&paginal=0&bloquel=10&estado=Realizada#veraudiencias(chequeado el 23/4/2012)37 Ver video en: http://www.youtube.com/watch?v=LRcxnLlJcZg (chequeado el 23/4/2012)23
  24. 24. Un mes antes, ocurrió un episodio en el queGuillermo Moreno y José María Soaje Pintos intercambiaron golpesdurante una reunión celebrada en la sede de Papel Prensa. Elpostulante para el cargo de Procurador General de la Nación tieneuna causa abierta en la justicia federal por una supuesta oferta dedinero a un mozo para que cambiara su declaración sobre este últimoacontecimiento violento. En el marco de la investigación se produjo eltestimonio del mozo, Mario Aníbal Romero, quien presenció aquellosviolentos episodios y declaró que el Dr. Reposo, le ofreció dineropara que modificara su declaración ante la Justicia. Debido a esto,el juez resolvió "extraer testimonios" para que se abriera una nuevainvestigación que recayó en el juzgado de Daniel Rafecas.38 En marzo de 2011, el Juez Rafecas sobreseyó alDr. Reposo, pero poco después la sala II de la Cámara Federal, anteel recurso de apelación interpuesto por el Dr. Carlos E. Stornelli,revocó el sobreseimiento (Sala II- Causa nº 30.350 "Reposo, Daniel s/sobreseimiento") volviendo la causa, de esta manera, al juzgado delJuez Rafecas donde permanece abierta y en proceso de investigaciónhasta el presente. PETITORIO Por las razones anteriormente desarolladas,solicitamos al Poder Ejecutivo que revoque la propuesta y retire elpliego enviado, y al Senado de la Nación que eventualmente lo rechace.38Ver en http://www.clarin.com/politica/Investigan-Reposo-presionar-testigos_0_681531922.html(chequeado el 23/4/2012)24
  25. 25. ANEXO I Curriculum Vitae presentado por el Dr. Esteban Righipara el cargo de Procurador General de la Nación
  26. 26. APELLIDO: RIGHI NOMBRES: Esteban Justo Antonio NACIONALIDAD: argentino FECHA DE NACIMIENTO: 4 de setiembre de 1938 LUGAR DE NACIMIENTO: Resistencia, Provincia de Chaco, República Argentina DOCUMENTOS DE C.I. Nº 4.396.305, L.E. Nº 4.286.293 IDENTIDAD:ESTUDIOS CURSADOSEstudios universitarios de grado ● Abogado. Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires. 1956-1962. ● Escribano. Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires. 1963.Estudios de posgrado ● Doctor en Derecho Penal y Disciplinas Criminológicas. Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires. 1990.Otros estudios ● Curso de Especialización en Derecho Penal y Criminología, Instituto de Derecho Penal y Criminología. Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires. 1964 1965. ● Curso de Didáctica Superior (Area Jurídica). Universidad Nacional Autónoma de México. 1975. ● La Enseñanza y la Investigación Jurídicas. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México. 1976.BREVE RESEÑA DE ANTECEDENTES
  27. 27. ● Ejercicio profesional ante los Tribunales de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Fuero federal, Provincia de Buenos Aires y Corte Suprema de Justicia de la Nación. Matrícula: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Buenos Aires (Tº XXVI, fº 667). Corte Suprema de Justicia de la Nación (L. XV, fº 264). Colegio de Abogados de San Isidro. Provincia de Buenos Aires (Tº III, fº 477). República Argentina. 1962-1974. Actividad académica: Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires. 1973 1974. ● Ministro del Interior de la República Argentina, desde la designación por Decreto Nº 1 del 25.5.1973 del Poder Ejecutivo Nacional, hasta la aceptación de la renuncia el 13.7.1973. Iniciativas de ley enviadas al parlamento en materia de derecho penal y politica criminal: - Proyecto de Ley de Amnistía, convertido en Ley Nº 20.508 (cfr. ADLA XXXIII-C-2951). - Proyecto de Ley sobre pérdida de eficacia de las disposiciones por las que se crearon leyes o modificado delitos o penas ya existentes, no emanadas del Congreso Nacional, convertido en Ley Nº 20.509 (cfr. ADLA XXXIII-C- 2952). En virtud de esta ley se creó una Comisión para reformar el Código Penal Argentino, por lo que el Poder Ejecutivo Nacional mediante Decreto Nº 480/73 creó la Comisión que redactó un "Proyecto de la Parte General del Código Penal" (cfr. "Nuevo Pensamiento Penal", Sección Legislación, año 4, Nº 5, Depalma Ed., Buenos Aires, 1975). - Proyecto de Ley propiciando la disolución de tribunales y derogación de procedimientos especiales en materia penal, convertido en Ley Nº 20.510 (cfr. ADLA XXXIII-C-2953). - Proyecto de Modificación del Libro II, Título XVIII del Código de Procedimientos en lo Criminal, propiciando el Régimen de Eximición de Prisión y Excarcelación, convertido en Ley Nº 20.516 (cfr. ADLA XXXIII-C- 2954). - Mensaje del Ministro del Interior a la Policía Federal (5.6.1973) (cfr. Baschetti, “Documentos”, De la Campana Ed., Buenos Aires, 1996, I-65). ● “Proceso de Reorganización Nacional”. Resolución Nº 2 de la Junta Militar impone a Esteban Righi las sanciones establecidas en el Art. 2º incs. “a”, “d” y “e” del Acta de la Junta Militar (cfr. ADLA XXXVI-C-1977). - Sanciones previstas en el Acta (cfr. ADLA-XXXVI-C-1976). - Pérdida de los derechos políticos o gremiales (inc. a). - Inhabilitación para ejercer cargos, empleos y comisiones públicas y para desempeñarse en cargos honoríficos (inc. d). - Internación en el lugar que determine el Poder Ejecutivo Nacional mientras permanezca a su disposición y prohibición de administrar y disponer de sus bienes por actos entre vivos, hasta tanto justifique su legitimidad de adquisición de los mismos y de ejercer la profesión para la que estuviere facultado legalmente durante aquél lapso (inc. e). - Mediante Resolución de la Comisión Nacional de Recuperación Patrimonial de fecha 14.3.1980 se declaró legítima la adquisición del patrimonio, ordenándose levantar la inhibición general de bienes (cfr. Expte. Conarepa Nº 29.785/78). ● Exilio en México. Período comprendido entre el 3.10.1974 y la restauración del estado de derecho. - Actividad académica. Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad Autónoma Metropolitana. Fundador del Centro de Estudios Argentino Mexicano. 1974-1984. - Sin actividad profesional. - Fundador de la Comisión Argentina de Solidaridad (cfr. entre otros: Gómez, Albino, “Exilios”, Tea ed., Buenos Aires, 1999; Bernetti- Giardinelli, “México, el exilio que hemos vivido. Universidad Nacional de Quilmes. 2003). ● Ejercicio profesional ante los Tribunales de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Fuero federal, Provincia de Buenos Aires y Corte Suprema de Justicia de la Nación. Matrícula: Subsecretaría de Matrícula de la Corte Suprema (Tº 27, fº 113). ● Actividad académica. Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires. 1984-2004.ACTIVIDAD PROFESIONAL
  28. 28. Asesoría sector público ● Secretaría de Estado de Comercio, Ministerio de Economía; Letrado instructor de procesos criminales por delitos económicos, Secretaría de Estado de Comercio, ante la Justicia Nacional en lo Penal Económico. República Argentina. 1964-1974. ● Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; Dirección Jurídica Consultiva, Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; Procuraduría General de Justicia, Estado de Hidalgo. México. 1975 1983. ● Cámara de Diputados de la Nación; Petroquímica Bahía Blanca SAIC; Procuración General de la Nación; Comisión Asesora para la Reforma del Sistema Penal. Designado por Decreto Nº 736/03 del Poder Ejecutivo Nacional; Comisión de elaboración de proyectos del plan de estudios y de estructura organizativa del Instituto de Postgrado Universitario del Ministerio Público Fiscal, Acta Acuerdo entre la Presidencia de la Nación y la Procuración General de la Nación. República Argentina. 1987-2004.Asesoría sector privadoAconcagua, Cía. Sudamericana de Seguros S.A.; Amparo, Cía. Argentina deSeguros S.A.; Lefa, Cooperativa de Seguros Ltda.; Agencia Marítima Dodero S.A.;Agencia Marítima Cayetano Paíno S.R.L.; Banco Sindical S.A.; Cooperativa deCrédito Universo; Radio Miguel S.A.; Continental S.A.C.I.F., Felipe Lew & Cía. S.A.;O. Hayman S.A.I.C.; Multiblend S.A.I.C.F; Quelana S.A.I.C.; Luanda S.A.I.I.F.C.;Valentino, S.A.I.C.; Cía. Argentina de Estibajes S.A.I.C.; Clínica Tucumán S.A.;De Múgica Artes Gráficas S.A.I.C.; Dodero Viajes S.A.; Gedancal S.A. Cooperativade Transportes Perito Moreno Ltda.; N.O.V.A. S.A.; Pace & Larrocca S.A.I.C.I.F.;Enridora Cía. Inmobiliaria S.A. 1962 1974.Banco Shaw S.A.; Banesto, Banco Español de Crédito S.A.; Banesto BankingCorporation; Banesto Holdings Ltd.; Banesto Valores S.A.; Banco Bansud S.A.;Televisión Española S.A.; Compañía Argentina de Crédito S.A.; Uldesa S.A.; UldesaPoliplast Argentina S.A.; Unión Ferroviaria; Obra Social Ferroviaria; MontrealMontajes y Realizaciones S.A.; Eratic S.A.; Scitex America Corp.; Unione NazionaleAssociazioni Coltivatori Ortofrutticoli e Acrumari; I.P.S.A.; Electrolaser IngenieríaS.A.; Interbaires S.A.; Ansal Refrigeración S.A.; Sindicato de Mecánicos y Afinesdel Transporte Automotor; Obra Social del Sindicato de Mecánicos y Afines delTransporte Automotor; Provincia Seguros S.A.; Vanguardia, Compañía Argentinade Seguros S.A.; Ediciones Colihue S.R.L.; A.Z. Editora S.A.; Macchi Grupo EditorS.A.; Aique Grupo Editor S.A.; Gray Editora; Longseller S.A., Kapelusz EditoriaS.A.; Ediciones Santillana S.A.; Angel Estrada & Cía S.A.; Eudeba S.E.M.; Ed.Maipue; Prudencia Cía. Argentina de Seguros Generales S.A.; Theseus S.A.; yLagarcue S.A.; 1984-2004.ANTECEDENTES DOCENTES Y DE INVESTIGACIONFunciones docentes
  29. 29. ● Profesor Adjunto. Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires. 1973 1974. ● Profesor Asociado "C", tiempo completo. División de Ciencias Jurídicas. Escuela Nacional de Estudios Profesionales "Acatlán". Universidad Nacional Autónoma de México. 1975 1978. ● Profesor Titular "A", tiempo completo. División de Ciencias Jurídicas. Escuela Nacional de Estudios Profesionales "Acatlán". Universidad Nacional Autónoma de México. 1978 1984. ● Jefe de la Sección "Derecho Penal". Departamento de Derecho Público. División de Ciencias Jurídicas. Escuela Nacional de Estudios Profesionales "Acatlán". Universidad Nacional Autónoma de México. 1977 1984. ● Profesor de Posgrado. Maestría en Criminología. Instituto de Formación Profesional. Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. México. 1977 1982. ● Profesor de la División de Estudios Superiores. Maestría en Derecho. Facultad de Leyes. Universidad Autónoma del Estado de México. 1978. ● Profesor de la División de Estudios Superiores. Facultad de Derecho. Universidad Nacional Autónoma de México. 1979. ● Profesor de "Derecho Penal" en la Licenciatura en Derecho, y de Posgrado en la Especialización en Derecho Económico y Corporativo. Escuela de Derecho. Universidad Panamericana. 1979. ● Profesor de la Maestría en Ciencias Penales. Instituto Nacional de Ciencias Penales. México. 1979 1982. ● Coordinador de la Maestría en "Política Criminal". Coordinación General de Estudios de Posgrado. Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán. Universidad Nacional Autónoma de México. 1981 1984. ● Profesor de la Maestría en "Derecho Económico". Unidad Xochimilco. Universidad Autónoma Metropolitana. México. 1981 1984. ● Profesor Titular "B", medio tiempo. Departamento de Derecho. Unidad Azcapotzalco. Universidad Autónoma Metropolitana. México. 1982 1984. ● Profesor de Posgrado. Maestría en Criminología. Facultad de Derecho. Universidad Autónoma de Hidalgo. México. 1982 1984. ● Profesor Asociado en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, designado profesor regular por Resolución nº 169/86 del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. Facultad de Derecho. 1986 1996. ● Miembro del Consejo Asesor del Departamento de Derecho Penal y Criminología. Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires. 1988 1990. ● Profesor de Posgrado. Departamento de Posgrado. Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires. 1986 1990. ● Miembro de la Comisión ad hoc de Evaluación de Proyectos de Becas e Investigación, Comisión Asesora de Filosofía, Filología, Derecho y Ciencias Políticas. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. República Argentina. 1988 1989. ● Miembro titular del Consejo Consultivo del Departamento de Derecho Penal y Criminología. Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires, 1994- 2004. ● Director del Departamento de Posgrado. Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires. 1996-1998. ● Profesor Titular de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, designado profesor regular por Resolución Nº 4227/96 del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. Facultad de Derecho. 1996-2004. ● Director de la Carrera de Especialización en Administración de Justicia. Departamento de Posgrado. Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires. 2004.Concursos de oposición
  30. 30. ● Comisión Dictaminadora del Área de Derecho. Escuela Nacional de Estudios Profesionales "Acatlán". Universidad Nacional Autónoma de México. Concurso de oposición para cubrir cuatro plazas de Profesor de Asignatura en Derecho Penal I (Parte General): la plaza fue obtenida con mención especial del Jurado "por la excelencia del trabajo presentado". México, 1976. ● Comisión Dictaminadora de Ciencias Sociales y Humanidades. Universidad Autónoma Metropolitana. Concurso de oposición para otorgar una plaza de Profesor de Carrera Titular, medio tiempo, definitivo, en el área de Ciencias Penales y Criminológicas. Convocatoria de 1981: la plaza fue obtenida según dictamen unánime del Jurado. México. 1982. ● Consejo Técnico de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales "Acatlán". Universidad Nacional Autónoma de México. Concurso de oposición para otorgar una plaza de Profesor de Carrera Titular, tiempo completo, en las asignaturas "Derecho Penal I", "Derecho Penal II", "Criminología" y "Derecho Penitenciario" de la Carrera de Derecho, en el área de Ciencias Penales. Convocatoria del 14.12.1981: la plaza se obtuvo de conformidad con el dictamen unánime de la Comisión Dictaminadora de Ciencias Jurídicas. México. 1983. ● Consejo Técnico de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales "Acatlán". Universidad Nacional Autónoma de México. Concurso de Oposición para otorgar definitividad en una plaza de Profesor de Carrera, Titular, tiempo completo, nivel "A": se obtuvo la definitividad según dictamen unánime de la Comisión Dictaminadora de Ciencias Jurídicas. México. 1984. ● Departamento de Derecho Penal y Criminología. Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires. Concurso de Oposición para cubrir doce cargos de Profesor Regular Titular y/o Asociado, Resoluciones Nº 533/84 y 102/ 85 de la Universidad: la Cátedra fue obtenida de conformidad al dictamen unánime del Jurado Internacional que intervino. Buenos Aires. 1985. ● Departamento de Derecho Penal y Criminología, Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires. Concurso de Oposición para cubrir cuatro cargos de Profesor Regular Titular, Resoluciones Nº 860/90 y Nº 2695/92 de la Universidad: la Cátedra fue obtenida de conformidad al dictamen unánime del Jurado que intervino. Buenos Aires. 1996.ELABORACION DE PLANES DE ESTUDIOY PROGRAMAS DE ENSEÑANZAPlanes de estudio ● Miembro de la Comisión que elaboró el Nuevo Plan de Estudios para la Carrera de Derecho, desarrollando las siguientes actividades: a) Participación en la redacción de la Exposición de Motivos y Sistematización de las Áreas Básica, Central y de Preespecializaciones; b) Elaboración de los programas de las asignaturas obligatorias "Derecho Penal I" y "Derecho Penal II" del Área Central; c) Elaboración de la Preespecialización en "Derecho y Ciencias Penales", que incluye los programas de las asignaturas semi optativas "Criminología", "Derecho Penal Económico", "Delitos previstos en leyes especiales" y "Seminario de Derecho Penal Mexicano"; y de las optativas "Delitos Políticos" y "Criminalística y Medicina Forense". Escuela Nacional de Estudios Profesionales "Acatlán". Universidad Nacional Autónoma de México. 1979 1984. ● Autor del Plan de Estudios de la "Maestría en Política Criminal” que incluyó: a) Redacción de la Exposición de Motivos, b) Sistematización de la Estructura del Plan de Estudios aprobado por el Consejo Universitario, c) Elaboración de los programas de las siguientes asignaturas de la Maestría: "Introducción a la Política Criminal" y "Política Criminal y Teoría del Delito" del Primer Semestre; "Penas y Medidas de Seguridad" y "Tópicos selectos de política criminal" del Segundo Semestre; "Política Criminal y Delincuencia Juvenil" y "Política Criminal en materia penitenciaria" del Tercer Semestre; y "Política Criminal en América Latina" del Cuarto Semestre. Coordinación General de Estudios de Posgrado. Escuela Nacional de Estudios Profesionales "Acatlán". Universidad Nacional Autónoma de México. 1981 1983.Programas de enseñanza
  31. 31. Licenciatura ● Derecho Penal (Parte General). Escuela Nacional de Estudios Profesionales "Acatlán", Universidad Nacional Autónoma de México, 1976. Universidad Panamericana, 1978. Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana, 1984. ● Derecho Penal (Parte Especial). Escuela Nacional de Estudios Profesionales "Acatlán", Universidad Nacional Autónoma de México, 1978; Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana, 1984. ● Delitos en Particular I (Delitos económicos y ecológicos). Unidad Azcapotzalco. Universidad Autónoma Metropolitana. 1984. ● Delitos en Particular II (Delitos políticos y de servidores públicos). Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. 1984. ● Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal. Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires. 1989. ● Delitos que se cometen mediante cheques. Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires. 1995. ● Teoría del Delito y Sistema de la Pena. Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires. 1996. ● Evolución y estado actual de la teoría de la tipicidad. Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires. 1997. ● Fin y justificación de la pena y de las medidas de seguridad. Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires. 2001.Seminarios para alumnos ● Derecho Penal Económico. Escuela Nacional de Estudios Profesionales "Acatlán". Universidad Nacional Autónoma de México. 1976. ● Casos Penales, Escuela Nacional de Estudios Profesionales "Acatlán". Universidad Nacional Autónoma de México. 1976.Posgrado ● Derecho Penal Económico. Maestría en Derecho Económico. Unidad Xochimilco. Universidad Autónoma Metropolitana. México. 1976. ● Derecho Penal (Parte General). Maestría en Criminología. Instituto de Formación Profesional. Procuraduría General de Justicia del D.F. México. 1977. ● Derecho Penal (Parte Especial). Maestría en Criminología. Instituto de Formación Profesional. Procuraduría General de Justicia del D.F. México. 1977. ● Introducción al Estudio del Derecho Penal. Curso propedéutico de la Maestría en Criminología. Instituto de Formación Profesional. Procuraduría General de Justicia del D.F. México. 1978. ● Delitos Económicos. Maestría en Ciencias Penales. Instituto Nacional de Ciencias Penales. México. 1979.Seminario para docentes ● Influencia de la doctrina finalista de la acción. Escuela Nacional de Estudios Profesionales "Acatlán". Universidad Nacional Autónoma de México. 1978. ● Casos Penales. Departamento de Carrera Docente. Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires. 1989. ● Delitos contra la vida y la integridad corporal. Departamento de Carrera Docente. Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires. 1990 1991. ● Delitos contra la propiedad. Departamento de Carrera Docente. Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires. 1993. ● El procedimiento penal. Departamento de Carrera Docente. Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires. 1995. ● El procedimiento penal: La prueba del tipo. Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires. 1997-1998. ● El procedimiento penal en la etapa del juicio y la actividad recursiva, Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires. 1998. ● Imputación objetiva. Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires. 2001-2002.
  32. 32. ASIGNATURAS DICTADAS EN UNIVERSIDADESY CENTROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR ● "Derecho Penal" (Parte General). Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires, 1973 1974; Escuela Nacional de Estudios Profesionales "Acatlán". Universidad Autónoma de México. 1975 1984; Maestría en Criminología del Instituto de Formación Profesional. Procuraduría General de Justicia del D.F. México. 1976 1982; Maestría en Criminología de la Facultad de Derecho. Universidad de Hidalgo. 1983; Departamento de Derecho. Unidad Azcapotzalco. Universidad Autónoma Metropolitana. 1982 1984. ● "Derecho Penal" (Parte Especial). Escuela Nacional de Estudios Profesionales "Acatlán". Universidad Nacional Autónoma de México. 1976 1984. Maestría en Criminología del Instituto de Formación Profesional. Procuraduría General de Justicia del D.F. México. 1976 1982; División de Estudios Superiores. Facultad de Leyes. Universidad Autónoma del Estado de México. 1978; Maestría en Criminología. Facultad de Derecho. Universidad de Hidalgo. México. 1984; Departamento de Derecho. Unidad Azcapotzalco. Universidad Autónoma Metropolitana. 1982 1984. ● "Criminología". Escuela Nacional de Estudios Profesionales "Acatlán". Universidad Nacional Autónoma de México. 1977. ● "Teoría General de la Culpabilidad". División de Estudios Superiores. Facultad de Derecho. Universidad Nacional Autónoma de México. 1979; Maestría en Ciencias Penales. Instituto Nacional de Ciencias Penales. México. 1981; Departamento de Graduados. Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires. 1987. ● "Penología". Maestría en Criminología del Instituto de Formación Profesional. Procuraduría General de Justicia del D.F. México. 1980 1981; Departamento de Derecho de la Unidad Azcapotzalco. Universidad Autónoma Metropolitana. 1982. 7.6. "TEORÍA DEL DELITO". Maestría en Política Criminal. Coordinación General de Estudios de Posgrado. Escuela Nacional de Estudios Profesionales "Acatlán". Universidad Nacional Autónoma de México. 1984; Departamento de Graduados. Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires. 1986-2002. ● "Derecho Penitenciario". Maestría en Criminología. Instituto de Formación Profesional. Procuraduría General de Justicia del D.F. México. 1980 1981. ● "Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal". Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires. 1986 2003. ● "Teoría del delito y sistema de la pena". Facultad de Derecho. Ciclo Profesional Orientado. Universidad de Buenos Aires, 1989 2003. ● "Delitos que se cometen mediante cheques". Facultad de Derecho. Ciclo Profesional Orientado. Universidad de Buenos Aires. 1995. ● "Evolución y estado actual de la teoría de la tipicidad". Facultad de Derecho. Ciclo Profesional Orientado. Universidad de Buenos Aires. 1997 y 2000. ● "Fin y Justificación de la Pena y de las Medidas de Seguridad”. Facultad de Derecho. Ciclo Profesional Orientado. Universidad de Buenos Aires. 2001.SEMINARIOS

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