A raíz de las interferencias y las presiones del gobierno nacional en la Justicia, un grupo de diputados produjimos esta declaración.

1. Buenos Aires, jueves 20 de marzo de 2014
VERDAD Y JUSTICIA EN CASOS DE CORRUPCION SE
GARANTIZAN SOLAMENTE CON JUECES Y FISCALES
INDEPENDIENTES
Declaración conjunta de los diputados nacionales Laura Alonso (PRO) , Manuel Garrido
(UCRE), Adrián Pérez (Frente Renovador) y la diputada de la Ciudad, Graciela Ocaña
(Confianza Pública).
La independencia del Poder Judicial frente a las presiones del Poder Ejecutivo forma parte
esencial del sistema republicano. Es por ello que representantes de distintas fuerzas políticas
queremos poner en evidencia la injerencia indebida del gobierno sobre la justicia, que se traduce
en la perpetuación de la impunidad, especialmente, de actos de corrupción.
Este gobierno nos demuestra constantemente cuál es su concepción de la división de poderes.
Lo hace cuando propone reformas institucionales para politizar el Consejo de la Magistratura,
cuando incumple las decisiones que no le son favorables, cuando realiza llamadas telefónicas a
jueces para que cambien el destino de una investigación y también cuando utiliza el mecanismo
de remoción a modo de presión.
Los dos ejemplos más representativos de los avances obscenos del gobierno sobre la justicia en
la actualidad son los del fiscal José María Campagnoli y el juez Norberto Oyarbide.
En el caso del Fiscal se decidió su suspensión y enjuiciamiento como reacción a la investigación
de los negocios de Lázaro Báez, que generó preocupación e irritación en el gobierno. Sobre este
punto queremos reforzar la idea de que los mecanismos de remoción de jueces y fiscales deben
responder únicamente a criterios de mala conducta o incompetencia, no pueden ser utilizados
como herramientas ejemplificadoras que provoquen la autocensura de otros funcionarios
encargados de investigar al poder político.
El otro caso, el de Oyarbide, nos muestra la cara de la obediencia incondicional que da lugar a la
protección descarada de funcionarios y amigos del poder. A lo largo de su llamativa trayectoria
mantuvo como una constante su parcialidad y recientemente naturalizó este vínculo servil,

2. reconociendo que suspendió un allanamiento por el llamado del Subsecretario Legal y Técnico, a
quien anteriormente le había archivado una causa por enriquecimiento ilícito. La independencia
de los jueces es tanto una garantía de los ciudadanos sometidos a los tribunales, así como de los
jueces en el ejercicio de sus funciones, e implica que estos no vean influidas sus decisiones por
presiones externas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso contra
Venezuela sostuvo que a diferencia del resto de los funcionarios públicos, los jueces
ios del Poder Ejecutivo están
dispuestos a arrasar con estos principios y garantías, para asegurarse no ser perseguidos
judicialmente por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
Estos dos extremos forman parte de una realidad preocupante que tenemos el deber de
denunciar. Es indispensable que el poder político se mantenga al margen de los procesos
judiciales. Sin jueces y fiscales exentos de las presiones del poder político, no tendremos justicia
independiente.
Por estos motivos instamos a la Justicia a que se pronuncie con celeridad sobre la suspensión
del fiscal Campagnoli. A su vez, solicitamos que se constituya un tribunal de enjuiciamiento del
Ministerio Público que cumpla con los requisitos de independencia e imparcialidad que
aseguren un debido proceso, en tanto al momento de decidir sobre su suspensión se encontraba
integrado con un claro sesgo oficialista. Por último, creemos que el Consejo de la Magistratura
debe cumplir responsablemente con sus funciones y dar trámite a los múltiples pedidos de jury
presentados en contra del juez Oyarbide para tomar una decisión sobre su continuidad.
Manuel Garrido
Diputado Nacional
UCR
Adrián Pérez
Diputado Nacional
Frente Renovador
Laura Alonso
Diputada Nacional
PRO
Graciela Ocaña
Diputada C.A.B.A
Confianza Pública