Acceso a la Información Pública - Debate

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Acceso a la Información Pública - Debate

  1. 1. 1 - En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre de 2012, a la hora 10 y 17:Sra. Presidenta (Alonso).- Damos comienzo a la ReuniónAbierta sobre el Estado de la Información Pública en laArgentina. Para hacer una breve introducción a esta jornadade trabajo, tiene la palabra la señora diputada Camaño.Sra. Camaño.- Señora presidenta: el grupo de legisladoresque nos hemos propuesto echar luz sobre la falta de unanorma que contemple el acceso a la información pública,queremos advertir que la posibilidad de tratar este año elproyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado –enel que hemos trabajado intensamente- no forma parte de laagenda ni es motivo de preocupación por parte deloficialismo; no está dentro de sus prioridades. Lamento muchísimo que no hayan venido a estareunión legisladores y asesores del bloque oficialista.Sinceramente me hubiera gustado compartir con ellos estaexperiencia, sobre todo porque sé –por la tarea que hemosdesarrollado- que el bloque del Frente para la Victoriacuenta con personalidades entendidas en esta materia.Algunos de sus integrantes han trabajado en normas dictadasen sus provincias, y tan importante fue su labor que meanimaría a decir que podría ser tomada como referencia parala futura ley. En esta introducción, no me adentraré en términosespecíficos sino que simplemente trazaré un panorama sobrelo que viene sucediendo en torno del derecho a acceder a lainformación pública, un derecho que tenemos no sólo losargentinos sino toda la humanidad. En la Cámara de Diputados, los antecedentesparlamentarios del derecho a la información pública datande 1996. Ya en esa época, algunos legisladores presentabanproyectos de ley vinculados con el tema. En el año 2000, elPoder Ejecutivo –en aquel entonces gobernaba la Alianza-decide comenzar a trabajar en una iniciativa y encomiendaal área específica, la Oficina Anticorrupción, laorganización de rondas de consulta para la elaboración delproyecto que sería enviado al Parlamento. Como es sabido, en 2001 hubo un quiebreinstitucional muy profundo; sin embargo, debemos rescatarque en 2002 se continuó con el desarrollo de una políticaen la materia. Rescato mucho esto porque me parece que son lascosas que nos enseñan a tener una mejor democracia. Me
  2. 2. 2refiero a la continuidad de las políticas que sonorientativas de la sociedad, facilitadoras oposibilitadoras, que tienen que ver con cuestiones que nodebemos abandonar por el mero hecho de que pasemos de ungobierno a otro. Ese anteproyecto que ingresó a la Cámara deDiputados con el número 10 de 2002 se trató y pasó alSenado. Esa Cámara lo trata con audiencias públicas, lomodifica, y en el año 2004 lo vuelve a remitir a la Cámarainiciadora. Hay detalles de ese tratamiento que no quierodejar de lado. Uno que me parece muy importante, es quequien presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales delSenado era quien actualmente es la presidenta de laRepública, es decir, la entonces senadora CristinaFernández de Kirchner. En aras de dejar todo en claro debo decir que lasmodificaciones que introdujo la Cámara revisora al proyectoenviado por la Cámara de Diputados, no formaron parte delas discusiones de las audiencias públicas. Sin duda, formaron parte de las apreciaciones quetenía hacia la ley quien de alguna manera llevaba adelante,por ser la presidenta de la comisión, la ley en el Senado. El proyecto ingresa a la Cámara de Diputados en2004 y pierde estado parlamentario en el año 2006 por faltade tratamiento. En 2010, un grupo de legisladores de diferentesbancadas nos propusimos trabajar intensamente porque,aunque cueste creerlo, las víctimas más importantes de lafalta de acceso a la información pública somos también loslegisladores en nuestro doble rol, el de informar a laopinión pública y el de consumidores de la información delPoder Ejecutivo, y en ambos somos víctimas. Fueron tres los dictámenes que se formularon enel año 2010. Uno fue un dictamen de mayoría y dos deminoría. En dos oportunidades solicitamos preferencia parael tratamiento del tema y aun así no pudimos abordar eldebate del proyecto. No obstante ello, el Senado, en una estrategiaconjunta, también avanzaba en el tratamiento del tema deacceso a la información pública por su lado. Lo que sí creo que hicimos con mucho acierto fuetrabajar en conjunto; es decir, tener la estrategia dellevar las propuestas o las inquietudes de los diputados,traer las propuestas e inquietudes de los senadores, yentre las dos Cámaras proponernos que quien diera laprimera sanción la otra Cámara no lo pasaría para noentorpecer el tratamiento. Es así que actualmente tenemos en la Cámara deDiputados una sanción del Senado, la cual deberíamosrevisar.
  3. 3. 3 Lamentablemente, advertimos que a punto de perderestado parlamentario en esta Cámara, nunca se ha puesto entratamiento en ninguna de las comisiones específicas quetendrían que abordar el tratamiento de este proyecto. Por esto y porque realmente estamos convencidosde la necesidad de la que la Argentina deje de tener estasuerte de norma imperfecta, que es el decreto 1.172, y quepasemos a tener una ley como corresponde de libre acceso ala información pública, es que a instancias e iniciativa dela diputada que seguramente me va a seguir en el uso de lapalabra estamos hoy reunidos para darle luz a este problemaque tenemos los legisladores, que pretendemos tener una leyde acceso a la información pública. Reitero, lamento que los legisladores deloficialismo, que sabemos están comprometidos con la norma,no participen ni tengan la iniciativa de forzar en supropio bloque –esto es algo absolutamente posible en latécnica legislativa- el tratamiento del proyecto de ley. Con esta suerte de apertura les damos labienvenida a todos y comenzamos a trabajar.Sra. Presidenta (Alonso).- Tiene la palabra el señordiputado Ferrari.Sr. Ferrari.- Muchas gracias a todos los que han accedido atrabajar ya que no podemos acceder a la información. Quiero hacer algunas reflexiones. En estosúltimos tiempos uno se encuentra hablando de presupuestosbásicos de la democracia. A esta altura de la evoluciónpolítica de la Argentina resultaría innecesario tener quevolver a conversar sobre cuestiones que hacen al sistemarepublicano. Sin embargo, son los temas que debatimos todoslos días. Detrás de las políticas, detrás de las cuestionesque discutimos en los medios, detrás de todo aquello que seda en la mesa familiar, hay algunas cuestiones que sonbásicas de la construcción de la democracia y de laconstrucción de ciudadanía. Éste es uno de los temascentrales que hace a la construcción del sistemarepublicano. Cuando estudiábamos en el colegio y se nos decíalo que significaba la República, veíamos que la misma teníavarios presupuestos, como la periodicidad de funciones, ladivisión de poderes y la publicidad de los actos degobierno. Éste era uno de los elementos centrales delsistema republicano. El juego de publicidad de los actos de gobierno yde división de poderes tiene una relación central y directacon el tema que hoy nos está reuniendo. ¿Por qué? Porqueefectivamente el conocer y el tener información es lo queal mismo tiempo permite los controles recíprocos que se danentre los poderes. Es decir, ese juego de contrapesos.
  4. 4. 4 No hay manera de poder contrapesar los distintospoderes si cada uno de ellos y la ciudadanía, entonces, notienen información. Nosotros jugamos claramente en estatemática con una participación directa por parte delgobierno. Hay que entender por qué el gobierno no pretendeo no quiere que los argentinos, que los legisladores, quelos periodistas y que todo el mundo, tengan información eneste país. Evidentemente, cuando uno dice que tiene quedisponer de información, la posibilidad es un juegorecíproco. Efectivamente, no se puede ejercer el poder quecorresponde a cada uno de nosotros en las funciones quetenemos si a su vez el gobierno no facilita esainformación. En ese sentido, el gobierno tiene una decisiónexplícita de que no nos expresemos. Cuando no se trasladala posibilidad de acceder a la información, el gobiernoestá respondiendo a una intencionalidad que es que no nosexpresemos, y digo esto responsablemente. Laintencionalidad es que no haya posibilidad de expresarnos,ni los ciudadanos ni los medios. Éste es un punto central que estamos debatiendoen estos días. En el medio de esta audiencia, todosnosotros estamos imbuidos de lo que está por ocurrir -o no,o sí, o quién sabe de qué manera- con los medios decomunicación en los próximos días. Este debate,evidentemente, invade o inunda esta temática. Hace tiempo que diversos tratados vienenplanteando la necesidad de que haya una ley nacional quedefienda este derecho. Como lo ha dicho la diputada Camaño,se ha intentado sancionar una ley, pero lamentablemente alo largo de estos años no se ha podido y simplementetenemos un débil decreto y una subsecretaría para lareforma institucional y fortalecimiento de la democraciaque teóricamente se ocupa de esta temática, a pesar de queno tiene vocero ni página web ni asesor de prensa nirelación con las ONG, etcétera. ¿Cuál ha sido la tarea que los legisladores hemostratado de llevar adelante para lograr información? En elperíodo parlamentario 2003 a 2011, en la Cámara deDiputados se presentaron 8.391 pedidos de informes.Solamente fueron aprobados 1.740. Es decir, el 17,5 porciento de la totalidad de los pedidos de informes que sepresentaron. A pesar de que se aprobó esa cantidad, el PoderEjecutivo solo respondió en ese período 2003-2011 a 1.055solicitudes. Es decir que sólo el 12 por ciento de lospedidos de informes que presentó la Cámara de Diputadosfueron respondidos por parte del Poder Ejecutivo. Aclaroque este es un informe de la Fundación Nuevas Generaciones. Durante el año 2012 –esto hay que unirlo con loque ha ocurrido también durante el período 2011 desde que
  5. 5. 5Cristina Fernández de Kirchner ejerce la presidencia- no serespondió ninguno. Hasta ahora se llevan presentados alrededor demil pedidos de informes, pero ninguno se ha respondido. Esdecir que hasta el segundo mandato de Cristina Fernández deKirchner, se respondió el 12 por ciento, pero a partir de2011 no se respondió ninguno. De esta manera, el pedido de informes se hatransformado –lo digo con muchísima pena- en una medida quetomamos los legisladores sabiendo que no va a servir porqueno nos van a responder. Realmente no sabemos qué hacerporque ciertamente es un elemento que nos permite teneralguna repercusión mediática, pero nada más.No hay forma de que uno logre una respuesta por parte delPoder Ejecutivo. Para terminar, decíamos que los legisladoresnecesitamos contar con información, y eso es fundamentalpara saber cuál es el estado de ejecución de aquellas leyesque sancionamos, si el gobierno está cumpliendo o no, peroesencialmente quienes necesitan la información son losciudadanos. Los países se distinguen, respecto de sujerarquía y desarrollo, según el ejercicio de ciudadaníaque lleven adelante sus habitantes. Cuanto más ejercen suciudadanía, ciertamente será un país mejor. Y el ejerciciode la ciudadanía, obviamente mediante el derecho del voto,pero esencialmente también por medio de la participación endistintos sectores de la sociedad civil –y en esto hay unatarea fundamental por parte de las organizaciones nogubernamentales-, es una forma directa e inmediata para queese ciudadano sienta que efectivamente está cumpliendo susobligaciones y ejerciendo sus derechos. Cicerón decía que la verdad no solamente secorrompe con la mentira, sino también con el silencio. Estees un punto central para entender que, a pesar de que laverdad siempre triunfa y de que en algún momento, despuésde largos períodos de silencio o de largos períodos dementiras, se logra la verdad, debe tenerse presente que enel medio hay una cantidad de personas que sufren, y engeneral son siempre las mismas. Ustedes preguntarán qué tiene que ver la falta deinformación con los derechos de aquellos que en un paíssiempre terminan sufriendo. Tiene muchísimo que ver porque,efectivamente, este problema siempre acaba generando másdolor en los desposeídos y en los más pobres, ya que esadesinformación, esa mentira, nos lleva a cuestionescotidianas que todos nosotros vivimos: que no hayinseguridad, que se puede vivir y comer con 6 pesos, queefectivamente en la Argentina hay libertad, y queefectivamente en nuestro país existen las dos condicionescentrales que un gobierno debe tener para asegurar la
  6. 6. 6información: por un lado, la transparencia, y por el otro,la libertad. Como recién decía, en algún momento la verdad sehace presente, porque en algún momento se entiende quetener información es tener poder, y alguna vez el podervuelve a quienes lo ejercen en procura del bien común. Información es poder, y precisamente por eso elgobierno no la quiere dar: porque dar poder a laciudadanía, a los periodistas y a las organizaciones nogubernamentales es perder poder hegemónico, según elparticular criterio del gobierno, y este es el tema centralque vamos a debatir en estos días.Sra. Presidenta (Alonso).- Me toca a mí hacer algunasconsideraciones más operativas. Quiero contarles que esta reunión surgió con laparticipación de los diputados Camaño y Ferrari, perotambién de los diputados Milman, Ocaña y Garrido, quienesse van a ir sumando a lo largo del día. Tenemos más de treinta oradores inscriptos, y atodos aquellos que quieran sumarse para hacer algúncomentario les voy a pedir que me lo hagan saber de algunamanera, porque armaré la lista y trataré de actuar comomoderadora durante toda la reunión. Les anticipo que en un par de horas haremos unbreve cuarto intermedio para comer algo, porque tenemos elderecho a alimentarnos y no solo a acceder a lainformación. (Risas.) Lo que hoy vamos a hacer es hablar durante todoel día de un derecho humano fundamental, que es el derechohumano al acceso a la información, que es parte del derechoa la libertad de expresión. Vamos a hablar de cómo seproduce información en la Argentina, cómo se accede a lainformación y cómo se publicita la información pública ennuestro país. Además, estaremos hablando de estadísticas, deinflación, de información ambiental, del acceso a datospúblicos y de lo que hoy las tecnologías de la informaciónestán haciendo y pueden hacer, por medio de programadores ydesarrolladores, con el manejo de los datos públicos, nosolo para controlar la gestión de gobierno sino tambiénpara producir servicios, y para que los ciudadanos, através del manejo de datos públicos, puedan acercarse a lagestión de una manera completamente distinta. Vamos a estar hablando de periodismo de datos, decómo el acceso a la información y a datos garantiza mejorcalidad de periodismo de investigación, y cómo la falta deacceso a la información público afecta el ejercicio y laexigibilidad de otros derechos humanos. Seguramente, muchas veces habrán escuchado decirque el derecho a la información es una suerte de derecho
  7. 7. 7instrumental, una palanca que sirve para activar otrosderechos humanos. Por eso esta discusión es importante. Como bien decían mis colegas, la Argentina nocuenta con una ley de acceso a la información pública. Eneste aspecto, tenemos una deuda pendiente. Desde hacemuchos años, concretamente desde la reforma constitucional,se plantea la necesidad de sancionar una ley de acceso a lainformación pública. Sin embargo, pese a las demandas yreclamos realizados, los expedientes no han avanzado. Por otro lado, me parece importante hacer lasiguiente aclaración porque en los últimos meses hubo unapequeña discusión reglamentaria. Las comisiones de AsuntosConstitucionales, de Justicia y de Presupuesto y Haciendaguardan en sus cajones el proyecto de ley sancionado por elHonorable Senado en noviembre de 2010. El asunto está encondiciones de ser tratado; por eso este grupo dediputados, junto con otros, solicitamos a las trescomisiones –presididas por los diputados Diana Conti, JorgeYoma y Roberto Feletti respectivamente- que convoquen a unareunión plenaria para considerar esa iniciativa. Como nofue archivada, desde el punto de vista del tratamientoparlamentario tiene vida. En suma, existe la posibilidad de tratar en unplenario de las comisiones antes del 20 de noviembre esainiciativa sancionada por el Honorable Senado, de emitir undictamen y de llevarlo al recinto para transformarlo en leyantes de que finalice ese mes. En otras palabras, es posible contar este año conuna ley de acceso a la información pública; pero laresponsabilidad es pura y exclusivamente del oficialismo. Como dije antes, la lista de oradores es muylarga. Antes de comenzar con las exposiciones, quiero decirque hemos invitado a dos funcionarios del Poder Ejecutivo:el doctor Juan Antonio Travieso, director nacional deProtección de Datos Personales –seguramente en eltranscurso del día se entenderá por qué invitamos a estefuncionario, quien no ha contestado- y el doctor FrancoVitali, subsecretario para la Reforma Institucional yFortalecimiento de la Democracia. Hubiera sido interesanteque la autoridad de aplicación nos informe sobre lo que seestá haciendo para dar cumplimiento al decreto 1.172/03,una norma que -como todos sabemos- en los últimos años hasufrido una merma no sólo en su difusión sino también en suimplementación. Este fin de semana, en un informe que hasalido publicado, un grupo de ONG ha descripto muy bien lasituación; por lo tanto, seguramente se hablará sobre eltema a lo largo del día. Otro comentario que quiero hacer es el siguiente.Cada vez que hay una actividad en la Cámara de Diputados,se publica un mensaje del día. Es un mensaje en el sistemainterno, es decir, en la Intranet de la Cámara deDiputados; o sea que todos los empleados y legisladores nos
  8. 8. 8enteramos de su contenido cuando encendemos nuestrascomputadoras. Puede ser información administrativa,parlamentaria o bien vinculada con la realización deeventos. La reunión que ahora estamos celebrando no fuepublicada en el mensaje del día, y me parece importantemencionarlo para que nos demos cuenta si se ayuda o no a ladifusión de estas actividades. De todas formas, informamossobre la realización de esta jornada a través de ladirección de correo creada para todos los diputados; paraquienes no la conocen, esa dirección de e-mail esdiputados@diputados.gov.ar. Si una persona manda un mensajea esa dirección, éste llega a todos los diputados. Puedo adelantar que algunos legisladores se iránsumando en el transcurso de la jornada; si bien nopertenecen al comité organizador, se harán presentes paracontar sus experiencias en materia de acceso a lainformación pública. Antes de comenzar con la ronda de exposiciones –aefectos de que se vayan preparando, adelanto que los cuatroprimeros oradores serán Víctor Beker, Agustín Salvia,Andrés Nápoli y Marta Oyhanarte-, tiene la palabra al señordiputado Gerardo Milman.Sr. Milman.- Señora presidenta: sin duda, el acceso a lainformación pública es un tema que puede ser analizadodesde varias ópticas. El punto 4 de la Declaración de Principios sobreLibertad de Expresión de la Comisión Interamericana deDerechos Humanos comienza diciendo: “El acceso a lainformación en poder del Estado es un derecho fundamentalde los individuos.” Podemos pensar sobre el acceso a la informaciónpública en términos de ejercicio del poder; concretamente,podemos preguntarnos por qué los gobernados tienen elderecho de acceder al mismo conocimiento que poseen losgobernantes. En verdad, esto se encuentra íntimamenteligado con la discrecionalidad y la corrupción. Immanuel Kant decía que el principio detransparencia y la publicidad de las acciones del Estado,es considerado un elemento esencial, una “fórmulatrascendental del derecho público”. Por supuesto que la transparencia es beneficiosatanto en los mercados económicos como en los contextospolíticos. En cambio, la opacidad genera concentración enel poder económico y político, afecta negativamente eldesarrollo social y económico y aumenta ostensiblemente ladesigualdad. La falta de transparencia le da oportunidades ala corrupción –como decíamos-, que implica daños al
  9. 9. 9crecimiento económico, a la gobernabilidad y a lademocracia. Falta de transparencia y corrupción estáníntimamente relacionadas, y obviamente la corrupción tieneefectos negativos sobre la equidad y la lucha contra lapobreza. Hay muchos trabajos científicos que confirmanesta relación. Una mayor corrupción implica una mayordesigualdad. De manera que la transparencia es unaherramienta fundamental en el acceso a la información en elpoder del Estado. Este instrumento ha tenido un desarrollo mundialintenso en los últimos años. En 1990 sólo doce paísescontaban con leyes de acceso a la información pública. Afines de 2006 ya eran cerca de setenta. Hoy, en todo elmundo, al menos ochenta países tienen normasconstitucionales que garantizan el derecho de acceso ainformación. La regulación del acceso a la información públicadetermina definitivamente los flujos de informaciónexistentes y facilita el control ciudadano sobre elgobierno. Esta información puede ser proactiva o reactiva.Información proactiva es aquella que el Estado tiene laobligación de publicar sin ninguna solicitud, y reactiva esaquella que a pedido expreso de los ciudadanos, debe serpublicada sin que medie ninguna objeción. Por su parte, la transferencia es más que soloinformación. Es el acceso fluido y oportuno de informaciónconfiable, relevante y verificable. Como sostiene Transparencia Internacional, es elprincipio que permite a quienes son afectados pordeterminadas decisiones, conocer no sólo los hechos y lascifras, sino también los mecanismos y los procesos en latoma de decisiones. Por medio de la transparencia se permitefavorecer la predictibilidad respecto de los criterios detoma decisiones sobre políticas públicas. En la medida que los procesos de toma dedecisiones y de formulación del políticas públicas son mástransparentes se reducen los riesgos de corrupción ydisminuye la influencia de los grupos de presión. La transparencia promueve un mejor gasto derecursos públicos en forma más eficiente que otrasalternativas, como nuevas regulaciones o entidadesgubernamentales. A través de un mayor escrutinio público de lagestión del Estado, el acceso a la información públicatambién contribuye a aumentar la calidad de las políticaspúblicas. Un proceso de formación de políticas públicas enque los movimientos de los actores son observables y sus
  10. 10. 10acciones verificables, disminuye los costos de transacciónpolíticos e incentiva la cooperación. Señala Stiglitz que todo agente tomador dedecisiones se enfrenta a la eventualidad de errores uomisiones. Por ello, tiende a preferir procedimientossecretos y limitados a un número mínimo de participantes,ya que cuando se trata de decisiones relevantes existeademás el riesgo de filtraciones. Para evitarlas, los actores reducen todavía másel número de participantes en los procesos de decisión,privándose de fuentes diversas de información relevante conel consecuente efecto negativo en la calidad de laspolíticas públicas. Aun más, en ambientes corruptos, losfuncionarios tienden a aumentar el secreto y limitar laentrada de nuevos potenciales benefactores de coimas ysobornos. Como afirma Stiglitz, información pública-aquella elaborada con fondos públicos- no está, endefinitiva, cubierta por ninguna medida de propiedadintelectual ya que debe ser considerada un bien público. ¿Que ha hecho el gobierno con este bien público?Alterar las estadísticas oficiales, no actualizar lainformación de los portales de gobierno –y en algunoscasos, eliminarlas-, negar información en la IGJ sobresociedades, bloquear aprobación de pedidos de informesparlamentarios, la concurrencia de los ministros abrindarlos, etcétera. ¿Para qué? La respuesta es muy sencilla. Paraeludir responsabilidades políticas y penales, ocultar laausencia de un plan de gobierno estratégicamente diseñado,la impericia de sus funcionarios y el fracaso de un modelo. Para terminar, hace poco vimos un evento en elcual los funcionarios representantes del Poder Ejecutivo eneste Congreso, intentaron deslegitimar al presidente delColegio de Auditores de la Nación. Los órganos de control están directa yestrictamente relacionados a una correcta gestión delEstado y distribución de los fondos públicos, ya sea en elsector comunitario como en los servicios públicos, como uneje central para servir de alerta en situaciones de unaincorrecta prestación de los servicios. En marzo de 2010, la Auditoría General de laNación, ente de control externo del sector públiconacional, para el cumplimiento de sus funciones solicitó ala SIGEN -órgano de control interno de las jurisdiccionesque componen el Poder Ejecutivo y los organismosdescentralizados, empresas y sociedades del Estado quedependen del mismo- que remitiera todos los informes decontrol realizados al gobierno durante el año 2009 paraincorporar en su base de datos un pedido de acceso a lainformación pública por el decreto 1.172.
  11. 11. 11 A ese pedido, por medio de una carta, la SIGENcontestó que no brindaría los informes de control por elrespeto a los principios de protección de datos personales. El caso derivó en un amparo por denegación deacceso a la información pública y por el decreto 1.172,expediente N° 22.927/2010, donde en abril del 2011 laCámara Federal de Apelaciones en lo ContenciosoAdministrativo le ordenó que haga entrega de la misma. Igualmente, la SIGEN, le niega la información, elBanco Central y la AFIP, alegando secreto fiscal. LaOficina Nacional de Control Comercial Agropecuaria –ONCCA-,la Administración de Programas Especiales –APE-, lasempresas de ferrocarriles y el órgano que controla lasconcesiones viales –OCCOVI- obstaculizaron en distintasoportunidades y por diversos motivos el acceso a lainformación de su gestión para ser auditados. Cuando el ex presidente Néstor Kirchner firmó eldecreto 1.172, muchos sentimos que era un paso en elsentido correcto. Pero cuando uno intenta utilizar estedecreto, muchísimas veces se encuentra con este tipo derespuestas que recibe un órgano de la Constitución, como esla Auditoría General de la Nación, de otro órgano quetambién está en nuestro marco normativo, como es la SIGEN,y de otras experiencias de control. Si las propias instituciones de control en laArgentina no funcionan, no lo hacen porque estén maldiseñadas desde el punto de vista institucional, sinoporque están gobernadas por funcionarios que expresan ydesean la opacidad por sobre la transparencia. Muchas gracias y espero que tengamos una jornadamuy fructífera.Sra. Presidenta (Alonso).- Quiero recordarles a losoradores que tienen diez minutos cada uno para exponer.Tenemos más de treinta inscriptos en la lista. Además, lesvamos a pedir que se tomen treinta segundos parapresentarse, así lo hacemos más breve e informal. Tiene la palabra el señor Víctor Beker.Sr. Beker.- Señora presidenta: mi presentación va a serbreve. Soy director nacional de Estadísticas Económicasdel INDEC, actualmente soy profesor titular consulto en laUniversidad de Buenos y director del Centro de Estudios dela Nueva Economía de la Universidad de Belgrano. Ante todo, quiero felicitar a los señoresdiputados por esta iniciativa, y agradecerles al mismotiempo la invitación para exponer sobre una de lasdistintas formas en que el derecho a la información esconculcado en la Argentina. Comienzo citando la declaración de una de lasprimeras asambleas de las Naciones Unidas, ocasión en la
  12. 12. 12que se señaló que la libertad de información es un derechofundamental y la piedra angular de todas las libertades alas que están consagradas las Naciones Unidas. Repito, esla piedra angular de todas las libertades. Por lo tanto,estamos hablando de algo que es sustantivo. En la Argentina se manipula información, comoviene sucediendo desde enero de 2007 en el INDEC. Se laoculta, como lo testimonian trescientos retrasos y retaceosen la información sobre la ejecución presupuestaria,composición, volumen del empleo público, distribución de lapublicidad oficial, etcétera; o lisa y llanamente se laproscribe, como dan testimonio la persecución a losconsultores académicos y la reciente medida contraasociaciones defensoras de los consumidores. A mi juicio, desde 1983 en nuestro país nuncahubo tal nivel de cercenamiento al derecho a lainformación. El tema específico en el que me voy a centrar serelaciona con la adulteración de las estadísticas, o lo quees lo mismo, el país que nos relata el INDEC. Según esteorganismo, hoy una persona adulta puede vivir en laArgentina con 17 pesos por día, o sea con 510 pesosmensuales. Esto quiere decir, por ejemplo, que en el paísdel INDEC el 80 por ciento de los jubilados -que ganan lamínima de 1.880 pesos- pueden ahorrar unos 1.370 pesos almes, o sea 17.800 pesos por año. La pregunta es qué hacenestos jubilados con esos jugosos ingresos que perciben, queles permiten esta magnitud de ahorro. ¿Serán ellos lo quese dedican –o dedicaban- a adquirir dólares para viajar aMiami? Por otra parte, los individuos que ganan menos de510 pesos al mes, o los hogares de cuatro miembros coningresos inferiores a 1.576 pesos, son los únicos que en laArgentina son pobres, según el INDEC, y representan apenasel 6,5 por ciento de la población total; esto es menos queen Suiza, que en Noruega, que en el Reino Unido, que en losEstados Unidos o que en Alemania, y se ubica casi en elmismo nivel que en Suecia. El 6,5 por ciento de 40 millones de habitantesrepresenta a 2.600.000 personas. Ahora bien; la asignaciónuniversal por hijo, por ejemplo, llega casi a 2 millones dehogares, o sea una población de aproximadamente 8 millonesde habitantes. Es decir que incluye a 5,5 millones depersonas que, según el INDEC, no serían pobres. ¿Qué hacenestas 5,5 millones de personas con los 340 pesos mensualesque reciben por hijo? ¿Serán también culpables –en esterelato oficial- de la fuga de divisas, en el paísimaginario del INDEC? Además, entre junio de 2007 y mayo de 2012 elsalario promedio de los trabajadores registrados se
  13. 13. 13incrementó en un 187 por ciento. Este es un dato confiableque surge de las declaraciones empresarias al realizar losaportes a la seguridad social. Ahora bien, en el mismoperíodo, los precios al consumidor, según el INDEC,aumentaron tan solo un 53 por ciento. De esta comparación entre estos datos -el 187 porciento y el 53 por ciento que acabo de mencionar- surgeque el salario real habría crecido un 88 por ciento, o seaun 17 por ciento al año, el doble de lo que creció elproducto bruto interno por año durante todo este período. No existe en el mundo un antecedente de semejantesuba en el salario real. Esta “proeza” debería serconsiderada candidata al Libro Guinness de los récords,pero de los disparates estadísticos. Cabe recordar que aún está pendiente el envío alCongreso del informe elaborado en 2010 por lasuniversidades integrantes del Consejo Académico deEvaluación y Seguimiento creado por decreto 927/09 delPoder Ejecutivo nacional, que incluía dicha obligación. ElPoder Ejecutivo, autor de ese decreto, no ha cumplido enestos dos años con esa obligación. Por otra parte, la Justicia tiene una deuda conla sociedad argentina en esta materia: llevar a término lasinvestigaciones realizadas por el ex fiscal deInvestigaciones Administrativas Manuel Garrido –hoydiputado nacional y uno de los auspiciantes de estareunión-, con el fin de deslindar responsabilidades en eldesmanejo del INDEC a partir de enero de 2007. La veracidad de la información pública, como seha señalado, es uno de los supuestos fundamentales delrégimen democrático. El pueblo puede ejercer su soberaníasólo en la medida que cuente con información confiable yveraz. El acceso a información fehaciente es condiciónnecesaria para la evaluación, por parte de los ciudadanos,de la labor que realizan los gobernantes. La manipulación, tergiversación u ocultamiento dela información pública no sólo atenta contra la calidadinstitucional sino que hace desaparecer una de las premisasbásicas del sistema democrático. Cabe preguntarse si lagravedad institucional de lo que ha ocurrido con el INDECno ameritaría una intervención de oficio de la CorteSuprema de Justicia de la Nación. El INDEC huele tan malcomo el Riachuelo. Finalmente, quiero dejar una propuesta a losorganizadores de esta reunión: la constitución de unacomisión permanente para la defensa del derecho a lainformación. Es decir, una comisión que vele por esederecho, lo defienda y denuncie todos los casos deviolación de esa garantía esencial para el funcionamientodel sistema democrático.
  14. 14. 14Sra. Presidenta (Alonso).- Tiene la palabra el señorAgustín Salvia.Sr. Salvia.- Señora presidenta: felicito esta iniciativa deun grupo de diputados preocupados por este tema. Creo quecoincide con la de otros diputados y senadores de laoposición, quienes también están preocupados por lo que seha planteado como un bien público: el derecho a lainformación, que también es parte de la investigación y dela producción social. Soy investigador del Conicet, organismo del quehe sido becario a mediados de los ochenta y en el que hicela Carrera de Investigador Científico y Tecnológico. Soydoctor en Ciencias Sociales, director del Programa deCambio Estructural y Desigualdad Social del Instituto deInvestigaciones Gino Germani, de la Facultad de CienciasSociales de la UBA, y director del Programa Observatorio dela Deuda Social Argentina en la Universidad CatólicaArgentina. En suma, no sólo por mi formación académica sinotambién por mi labor profesional, vengo trabajando condatos del campo económico-social desde mediados de ladécada del ochenta. Puedo afirmar, en el contexto de estapráctica profesional, que nunca ha ocurrido en el país loque efectivamente viene ocurriendo desde el año 2007. Sobre la base de la experiencia adquirida duranteeste tiempo, me gustaría hablar de algunas de lassituaciones que -a mi entender- han llevado a que se violeel derecho a la información, que como dije antes es tambiénpoder conocer, reclamar y transformar la realidad social.Es un recurso o insumo fundamental para el desarrollocientífico y tecnológico, que abre la posibilidad deintervenir sobre lo real para modificarlo en función de unproyecto de país distinto. Desde esta perspectiva, quiero señalar quevenimos utilizando información básicamente vinculada conaspectos económicos y sociales, a partir de estadísticascensales y de la Encuesta Permanente de Hogares, desdemediados de la década del ochenta. Esa información fuevertida por el INDEC no sin dificultades; es decir, conproblemas técnicos y profesionales vinculados no sólo conla calidad de la información sino también con la capacidadde transferirla a quienes somos usuarios en el campoacadémico. Sin embargo, advertimos que hubo un esfuerzosistemático por parte del INDEC para mejorar tanto lacapacidad de producción de la información como la aptitudde transparentar las condiciones en que dicha informaciónse produce, para luego ofrecerla al público y a losusuarios académicos. En la década del noventa, esta situación devinoen la posibilidad de contar con bases de datos y asesorías
  15. 15. 15para la evaluación de la problemática de la pobreza, de ladesigualdad social y del desempleo. Asimismo, después de la crisis que tuvo lugarentre los años 2001 y 2002, cuando asumo como director delPrograma Observatorio de la Deuda Social Argentina yemprendemos desde la UCA la tarea de llevar adelante unaencuesta propia sobre aspectos más integrales deldesarrollo humano –es decir que considerábamos no sólo elingreso, el empleo u otros indicadores tradicionalesasociados con el monitoreo de la situación social-,contamos con toda la colaboración de los equipos técnicosdel INDEC en cuanto a la elaboración del marco muestral.Sin ellos no hubiésemos podido hacer esa encuesta. Además, colaboramos en el intercambio de lavalidez y confiabilidad de los indicadores que íbamos atomar en nuestra encuesta. Con ellos hubo un acuerdo decooperación conjunta, incluso, respecto de la información.Nosotros, en otros campos del desarrollo social, íbamos aevaluar la posibilidad de cooperar con el propio INDEC enel desarrollo temático de los indicadores sociales. Esta vinculación estrecha se dio desde el año2004 hasta el año 2006. La última experiencia positiva quetuvimos al respecto fue bajo la dirección del doctorMármora en el INDEC. A partir de la intervención del instituto, tododiálogo quedó suspendido. Toda cooperación y ofrecimientode información quedó clausurada. Toda posibilidad deofrecer nuestra información y evaluarla a la luz de la queproducía el INDEC se vio claramente interrumpida. Esta situación no fue por voluntad política oacadémica nuestra sino por voluntad política o técnico-profesional de la nueva conducción del INDEC, queconsideraba que la información estadística que íbamosproveyendo desde el Observatorio de la Deuda SocialArgentina no era veraz. Tampoco hubo un espacio de intercambio yvalidación o confrontación de esa información, e incluso,de poder establecer mutuamente los parámetros con loscuales se estaba trabajando. Nosotros veníamos produciendo informaciónasociada a aspectos vinculados como el desarrollo humano ysocial en cuanto a vivienda, condiciones de hábitat,inseguridad alimentaria, evaluación de la pobrezasubjetiva, de la felicidad, indicadores vinculados a lacalidad de empleo, a la satisfacción sobre el empleo, arecursos psicosociales o calidad de los recursospsicosociales asociados al mundo del trabajo y a lascondiciones de vida de la reproducción social. Todos estos indicadores que nosotros veníamosproveyendo como indicadores que ampliaban el horizonte delos derechos humanos y sociales desde esa perspectiva,
  16. 16. 16fueron efectivamente menoscabados y básicamente quedamosasociados a cómo medíamos o no medíamos la pobreza y laindigencia. El INDEC estableció a las autoridades de laEncuesta Permanente de Hogares, fundamentalmente, una seriede denuncias vinculadas a cómo veníamos produciendo esainformación y que ésta no era veraz. Algunos portavoces o consultores del gobiernovinculados a la consultora eQuis, que conduce ArtemioLópez, también difamaron nuestro trabajo identificándolocomo el de una consultora privada y no reconociendo elcarácter académico de ese trabajo. En tal contexto, obviamente, conocemos lo queVíctor Beker viene mencionando en cuanto a aspectos que hanalterado la producción de la información. Yo no soy quién para informar cómo se altera laproducción de la información. Sí puedo señalar cómo,efectivamente, ha sido alterado uno de los indicadores queeventualmente ha servido para evaluar no solo la evoluciónde los precios en el país y el nivel de inflación -elíndice de precios al consumidor-, sino también el impactoque tiene esa evaluación de los precios en el país sobre unindicador muy sensible a nivel social: la medición de lapobreza y la indigencia a partir de la perspectiva de losingresos. En el año 2006, la Canasta Básica Alimentaria poradulto equivalente informada por el INDEC, era de 126pesos. De acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares,tomando la información relativa a ingresos, correspondíauna tasa de indigencia de la población del 10 por ciento. Cuando ese mimo indicador lo ajustábamos anuestra propia información de ingresos, nos daba unapequeña diferencia: nos incrementaba la tasa de indigenciaa un 12 por ciento. En el año 2011, el INDEC informa una CanastaBásica Alimentaria, para un adulto equivalente, de 203pesos, y ubica la tasa de indigencia, a fines del año 2011,en el 2,1 por ciento; y cuando nosotros hacíamos lamedición en nuestra propia encuesta usando esa valoraciónde la canasta, veíamos que el 1,9 por ciento de lapoblación estaba en situación de indigencia. Es decir, casininguna diferencia o poco significativa desde el punto devista estadístico.Sin embargo, cuando evaluábamos la incorporación de otrovalor para esta canasta, usando la evolución de los cambiosen los precios, llegábamos a una Canasta BásicaAlimentaria, para un adulto equivalente, de 360 pesos;nuestro indicador de indigencia casi se triplicaba ya quepasaba a ser del 5,4 por ciento de la población. Esa misma situación ocurrió con el indicador depobreza a partir de los ingresos.
  17. 17. 17 Cuando para el INDEC la población en situación depobreza era del 7,4 por ciento, al medir nosotros laCanasta Básica Total, por adulto equivalente, de 720 pesos,la tasa de pobreza se ubica en el 21,9 por ciento de lapoblación. Este indicador sensible que importa evaluar lacapacidad de consumo que puede tener la población paraacceder, a partir de sus ingresos, a un conjunto de bienesy servicios fundamentales, tanto para la subsistencia comopara el desarrollo humano y social, efectivamente seestaría devaluando, afectando, degradando y teniendo unamuy pobre consideración o valoración del derecho de lospobres a no ser pobres. Estamos generando, submidiendo osubreconociendo la existencia de la pobreza. Esto afecta nosolo el derecho a la información sino también el derecho alreclamo de la población a no ser pobre o indigente, en lamedida que alteramos las estadísticas a partir de estostipos de procedimientos. Los modos en que se valoriza la canasta o losprocedimientos metodológicos utilizados por el INDEC paravalorizar la canasta, no son conocidos, no sontransparentes y no han sido informados. Los modos en que esto impacta claramente sobre lalínea de indigencia y pobreza son conocidos desde el puntode vista metodológico; el problema es la valoración de lacanasta. Al ser modificado este insumo fundamental, sealtera -entre otros indicadores económicos y sociales- esteindicador tan sensible. Para finalizar, quiero señalar que cuandoevaluamos la evolución de período 2004/2011, no sólo en losindicadores de indigencia y de pobreza se observa estaclara divergencia que a partir de 2007 se acumula cada vezmás, sino que también se la advierte en otros dosindicadores. Ahora no tengo tiempo de presentarlos, pero seencuentran en la página web del Observatorio de la DeudaSocial. Uno de esos indicadores, para cuya medición setoman trece ítems, se llama “inseguridad alimentaria”. Eseítem de inseguridad alimentaria, efectivamente cayó enforma sistemática desde 2004 hasta 2006 ó 2007. A partirdel año 2007 se estanca ese indicador, llegando hoy por hoya tener un nivel de inseguridad o riesgo alimentario del11,5 por ciento, a nivel general, y del 5,4 por ciento, anivel de la inseguridad alimentaria severa. Alrededor deese valor va fluctuando. Efectivamente, no se produjo una disminución dela inseguridad alimentaria desde el año 2007 hasta el año2011, a diferencia de la estadística del INDEC que estaríamarcando una caída sistemática de la tasa de indigencia yde pobreza.
  18. 18. 18 El otro indicador es la pobreza subjetiva, esdecir, aquello que la población reconoce en términos de queno le alcanzan los ingresos para cubrir necesidades yconsumos básicos. Este indicador se estancó en un 30 por ciento dehogares a partir del año 2007, y ha variado entre 29, 30,31 y 32 por ciento en el último año, casi sin variaciónsistemática entre 2007 y 2011. La situación del país que describen estosindicadores en cuanto a estancamiento o barrera paraatravesar el problema de la pobreza estructural, de lapobreza alimentaria o de la pobreza en términos de calidadde vida, altera justamente el diagnóstico. Por lo tanto, sealteran también las posibilidades de formular políticas yde que los ciudadanos demanden por sus derechos. Esto, en cuanto a inseguridad alimentaria,pobreza subjetiva e indicadores directos de indigencia ypobreza medidos por ingresos, que describí hasta hace unmomento.Sra. Presidenta (Alonso).- Tiene la palabra el señor AndrésNápoli.Sr. Nápoli.- Señora presidenta: represento a la FundaciónAmbiente y Recursos Naturales. Actualmente, dirijo todo loque tiene que ver con el litigio del área del Riachuelo,pero durante una década trabajé con todo lo relacionado ala cuestión de litigio ambiental, donde el tema del accesoa la información ha sido una de las prédicas fuertes quehemos trabajado en la fundación. La fundación se dedica a la protección delderecho al ambiente. Voy a hacer una revisión de lo que hasido nuestra práctica para fortalecer la permanentepetición que tenemos en procura de la sanción de una ley deacceso a la información. En materia ambiental, nosotros somos aventajados.La Argentina tiene la ley 25.831 de acceso a la informaciónpública ambiental, y además cuenta con la ventaja y lasuerte de que esa ley sea de presupuestos mínimos. Estosignifica que, como reglamenta el artículo 41 de laConstitución Nacional, se aplica de manera directa en laNación, las provincias y los municipios. Ustedes saben lo que eso ha significado, entérminos de ventaja, para poder aplicar esta norma porparte de las comunidades originarias, por ejemplo, enCorrientes, Jujuy, Santiago del Estero o Formosa. Cuandouno tiene una norma con esta ventaja para el acceso a lainformación pública, ya tiene un derecho consagrado quepuede hacer valer.
  19. 19. 19 La cuestión de la información en términosambientales es muy importante, porque como dice la últimalínea del gráfico que se proyecta en este momento, enmateria ambiental hay mucha incertidumbre. Todo esincertidumbre: no se sabe si se contamina o no; no se sabe,por ejemplo, cuáles son los impactos de las antenas detelefonía celular o de las actividades que puedendesarrollar las industrias. Como siempre hay una granincertidumbre, el Estado es el que puede, con suinformación, comenzar a esclarecer estos aspectos y empezara correr ese velo que rodea la información ambiental, parabrindar un poco de certeza, y además, para ayudar a losvecinos fundamentalmente a ejercer el derecho a gozar de unambiente sano y a participar en los procesos de toma dedecisiones. El Principio 10 de la Declaración de Río deJaneiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, estableceque la mejor forma de tratar los temas ambientales es conla participación de todos los involucrados, y prescribeademás que los Estados deberán garantizar, a nivelnacional, el acceso a la información y también el acceso ala Justicia. Esto, que nosotros llamamos “principio de lostres accesos”, es lo que claramente termina de cerrar estetema. Desde nuestra organización venimos trabajando enestos temas desde los años noventa, impulsando laconsolidación del acceso a la información pública, y lasaudiencias públicas, como complemento. En la primera décadade este siglo, con otras organizaciones hemos hechoinfinidad de reclamos sobre este tema, e incluso hemosfirmado la declaración que se emitió hace pocos días. Me parece que lo interesante es ver cuál ha sidonuestra experiencia en cuanto a hacer valer una ley deacceso a la información pública ambiental. Nosotros tenemosesta pequeña ventaja, no obstante lo cual esto no significaque con la ley hemos solucionado todos los problemas. Laley es apenas un requisito inicial, pero lo fundamental esvencer la cultura del silencio, la cultura del poder quetiene la información y todo lo que ustedes ya conocen y enlo que han trabajado in extenso. En verdad, la ley 25.831 nos ha permitido avanzaren ese sentido, y hemos hecho algunos ejercicios que tienenque ver con indicadores de acceso a la información pública. Con esto quiero decir que, además de la ventajade la norma, tenemos la ventaja de la práctica. En laprimera columna del gráfico que aparece en la pantallavemos a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la OPDS –que es elorganismo de la Ciudad de Buenos Aires-, a la Autoridad deCuenca Matanza Riachuelo y al Consejo Federal de MedioAmbiente.
  20. 20. 20 La Ciudad de Buenos Aires tiene una ley de accesoa la información pública desde hace más de quince años. Fueuna batalla muy importante que se dio al principio, encuanto a poder acceder a la información pública. Pero apartir de la cantidad de acciones que presentaban losvecinos, las organizaciones, etcétera, y la cantidad delitigios que se generaron, la ciudad claramente fuemejorando su performance. No en vano figura allí esacolumna, con los datos correspondientes a los años 2010 y2011, y aclaro que hemos hecho el mismo ejercicio paratodos los organismos. Sin embargo, todavía siguen existiendodiferenciaciones en el ámbito de la Ciudad Autónoma deBuenos Aires. Por ejemplo, un pedido de información estratado en forma diferente según que lo presente un vecinoo una ONG, pues a esta última le responden y a aquel no.Este es un dato muy interesante a tener en cuenta. La Ciudad de Buenos Aires está muy organizada, yde hecho, tiene una oficina de acceso a la informaciónpública. Cuando uno presenta un pedido de información sobretemas ambientales, generalmente lo llaman y le preguntanqué es lo que está pidiendo, para saber claramente si seestá yendo en una dirección o en otra; en fin, son todostemas que se han podido pulir en este tiempo. Sin embargo,eso no nos permite superar lo que es la cultura delsilencio. Ustedes están trabajando en la necesidad deacceder a la información pública y en la sanción de una leyal respecto, que es lo que nosotros denominamos “el accesoa la información pública en expediente”, es decir, poderacceder al expediente, a la información que tiene elEstado, preguntar a los funcionarios determinados temas yque ellos contesten. Pero hay otros elementos queseguramente aquí van a ver: los datos públicos, los datosprimarios del Estado y la necesidad de relación entre laspersonas que viven en el territorio con el organismopúblico, que creo que se debería comenzar a pensar.Por eso analizamos el tema del Riachuelo como un caso dondela información pública es una herramienta estratégica. ¿Quése logró desde el año en que la Corte Suprema dictósentencia? Sin lugar a dudas, información; si se me permitedaré algunos datos. Cuando a la secretaria de Medio Ambiente se lepreguntó en 2007 cuántas industrias estaban asentadas aorillas del Riachuelo, su respuesta fue “cuatro mil”. Apartir de aquel caso, pudimos saber que en realidad sononce mil, de las cuales mil doscientas son agentescontaminantes y deben ser controladas. Hablamos de una herramienta claramenteestratégica. Entonces, además de observar la ley, debemoscomenzar a analizar todos aquellos elementos de carácter
  21. 21. 21técnico que permitan a la gente relacionarse más allá delpedido de información. Es decir, que le den la posibilidadde relacionarse con los organismos públicos a través de losdatos primarios o abiertos que tiene el Estado. A partir de la tarea efectuada por lasorganizaciones que, de alguna manera, intentamos ejercercierto tipo de control sobre este complejo caso, surge elsitio web www.quepasariachuelo.org.ar; si ingresamos,podemos ver que hay un menú donde cada opción tiene sucolor: uno para industrias, otro para basurales, otro paraasentamientos y finalmente uno distinto para alertasterritoriales. Sobre esta última opción, resaltada en coloramarillo, luego voy a hablar porque me parece muyinteresante tenerla en cuenta para progresar en el dictadode una norma. En el sitio podemos encontrar información sobreaquellas mil doscientas industrias que, a nuestro juicio,deben ser controladas. A esto debemos agregar la existencia de unaplataforma de monitoreo online, cuyo objetivo es visualizarla problemática del Riachuelo. ¿Por qué en cuestionesambientales la información es importante? Si analizáramosel caso del Riachuelo como si se tratase de cualquiercuestión ambiental, se transformaría en un problema oculto;nadie lo vería. Si pregunto dónde está el Riachuelo,seguramente la mayoría respondería que en el puente de LaBoca, cuando en realidad ocupa 2.200 kilómetros cuadrados yafecta a 5 millones de personas, ya que comprende unconjunto de barriadas del conurbano bonaerense. Hay muchagente que necesita hacer visible su problema. ¿Cuántos barrios hay en la provincia de BuenosAires que sólo pueden llevar sus reclamos ante la industriaque contamina o el periódico local, con lo cual la noticiano trasciende y no nos enteramos? Eso transforma elproblema en algo oculto. Para nosotros es muy importante que la gentepueda informarse, reportar, decir lo que le pasa. En suma,que pueda trascender. Hay un conjunto de problemáticas muycalientes vinculadas, por ejemplo, con la relocalización delas poblaciones asentadas en la cuenca. La gente tienemuchos reclamos y mucho para decir, y la información es unvehículo para que pueda alcanzar ese objetivo. Por las razones expuestas, solicito a los señoresdiputados que cuando sancionen la ley contemplen estassituaciones y traten de encontrarles una solución.(Aplausos.)Sra. Presidenta (Alonso).- Antes de conceder el uso de lapalabra a la señora Marta Oyhanarte, quiero dar labienvenida a las señoras diputadas Graciela Ocaña yPatricia de Ferrari Rueda, que pertenece a la Unión Cívica
  22. 22. 22Radical por la provincia de Córdoba y se enteró de estaconvocatoria por el e-mail enviado a todos los diputados. Tiene la palabra la señora Oyhanarte.Sra. Oyhanarte.- Señora presidenta: en primer lugar,agradezco por esta oportunidad de reunirnos parareflexionar y exponer sobre nuestras experiencias respectodel derecho de acceso a la información. Soy abogada y mediadora, y me desempeñé comosubsecretaria para la Reforma Institucional yFortalecimiento de la Democracia, es decir, como autoridadde aplicación del decreto 1.172/03. Actualmente, soy miembro de la comisión directivadel Comité de Expertos en Administración Pública delConsejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Lasveinticuatro personas que integramos el comité norepresentamos a nuestros países. Fuimos seleccionados porantecedentes para ocupar ese lugar que, a mi entender, esde privilegio, porque nos permite estudiar lasadministraciones públicas de distintos países, ver en quéaspectos funcionan bien y cuáles se podrían replicar. Habiendo sido autoridad de aplicación del decreto1.172/03, no puedo dejar de hablar sobre lo que dicha normasignificó. Como es sabido, el decreto fue producto de laMesa de Reforma Política del Diálogo Argentino, de laOficina Anticorrupción, del Foro Social para laTransparencia, de un conjunto de ONG y de la propiasubsecretaría. Cuando esa norma fue sancionada en diciembre de2003 supimos que hasta ahí había ocurrido lo más fácil, esdecir, la norma: algo modesto, por supuesto, como es undecreto, pero importante porque abarcaba a todo elEjecutivo nacional. Entonces, decidimos realizar un abordajesistémico, que es lo que debe hacerse en la implementaciónde toda norma, sobre todo las que tienen tanta relevanciacomo ésta. Ello significó que organizáramos una red deenlaces dentro del Ejecutivo nacional, que llegó aconstituirse, aproximadamente, con doscientas cincuentapersonas amigables a la idea de esta cultura de latransparencia. Nos reuníamos periódicamente con ellos,llevábamos registros de los casos y estadísticas,buscábamos criterios orientadores, interpretación de lanormativa vigente para que no colisionara con el decreto1.172, etcétera. Hicimos muchos cursos de capacitación que fueronrecibidos por cientos de funcionarios; la mayoría de ellosmanifestaron su entusiasmo y compromiso. Luego, tambiéncreamos un sitio web y dimos herramientas de facilitación.Armamos un sistema de acceso electrónico, a imagen ysemejanza de Infomex, que se iba a llamar “Informar” –hasta
  23. 23. 23el nombre nos salía redondo. Elaboramos con distintas áreasde la administración pública nacional un proyecto muycompleto, teniendo en cuenta los cinco años de experienciaque habíamos podido acumular; trabajamos con gobiernoslocales, y hubo réplicas de normativas de acceso a lainformación. Así, muchos sancionaron ordenanzas, y algunosgobiernos provinciales emitieron decretos como el 1.172. Podría seguir mencionándoles algunas de las cosasque hicimos. Por ejemplo, trabajamos mucho conorganizaciones no gubernamentales, y acá hay algunas quesaben que en todo momento tratamos de articular. Como ustedes también saben, la Subsecretaría parala Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democraciaha sido mandada a cumplir con otros menesteres; porconsiguiente, este trabajo ha sido discontinuado. En relación con la situación actual de estatemática que es tan importante, tengo dos comentarios parahacer y una reflexión, para ver cómo se sigue. El primer comentario es malo –empiezo por éste- ytiene que ver con que la decisión política –ustedes losaben- es no dar información. Por consiguiente, soybastante escéptica en cuanto a que este proyecto puedallegar a tener la sanción que necesitaría para convertirseen ley antes de fin de año. Es lamentable que una vez másesto se postergue, pero esta es la realidad. El segundo comentario, que es bueno, apunta aindicar que todo lo que se hizo está latente. Estas cosas,cuando se siembran, quedan; algunas florecen y otraspermanecen ocultas. Nosotros trabajamos con cientos defuncionarios de planta permanente, que siguen estando allíy manifestaban de buena fe su compromiso con la cultura dela transparencia. No hay que olvidarse de esto porque está latente,al igual que las interpretaciones normativas. Si ustedesingresan a la página de Jefatura de Gabinete de Ministros-parece realismo mágico pero es así-, en la parte de accesoa la información, van a ver la lista de los enlaces, lanormativa vigente en distintos lugares de la República, losformularios de acceso a la información y tambiénencontrarán todo lo referido a las reuniones y audienciasde los funcionarios. Eso es parte del decreto 1.172 y estáíntimamente ligado al acceso a la información. Por supuesto, van a ver que su cumplimiento escaótico y hasta provocador en algunas de sus cosas, porquealgunos cumplen, otros no cumplen, otros ponen disparatesporque no hay una comprensión –o hay y no se tiene encuenta- de lo que es una gestión de interés; pero lo másimportante –que insumió mucho tiempo- es la plataforma, queestá. Creo que hay que tener conciencia de todas las cosasque están y que en algún momento pueden recuperarse.
  24. 24. 24 En cuanto a qué se puede seguir haciendo, lo cualfinalmente es el motivo de estos encuentros, diré losiguiente. La cultura de la transparencia, de la que elacceso a la información es un componente esencial, esdirectamente proporcional a la cultura cívica de laciudadanía y a la calidad del sistema democrático. La cultura cívica es mínima. Las Naciones Unidas,en su informe sobre desarrollo humano en la Argentina, de2002, muestran que el 1 por ciento de la población asociala información como un derecho importante inherente a lademocracia. Oportunamente, desde la subsecretaría hicimos untrabajo de campo muy intenso para evaluar la calidad de lasprácticas democráticas en los municipios junto conconsultores relevantes e incluso con universidades -aquíhay personas que han participado en esos programas-,2 yreconfirmamos el dato de que la gente no sabe lo que es elderecho de acceso a la información. En nuestro trabajo, que fue de 2002 a 2008, eseguarismo del 1 por ciento había subido al 1,5 por ciento, yno creo que en la actualidad haya cambiado demasiado. De ese porcentaje, sólo una mínima parte sabe dequé manera ejercer el derecho de acceso a la información.Quiere decir que acá hay una enorme tarea por hacer encuanto a la cultura cívica. En lo relativo a institucionalidad democrática,ustedes saben que las instituciones se encuentranestalladas; si medimos la calidad de la democracia por lacalidad de sus instituciones, es decir, las reglas de juegoque una sociedad se da para organizar su vida pública y losmecanismos para hacer cumplir esas reglas de juego, huelgadecir que estamos muy mal. Como punto final y recomendación, entiendo queademás de repetir este tipo de encuentros, deberíamosllevar este tema afuera, es decir, hacer docencia. En el proyecto que elaboramos sobre ley de accesoa la información -que distribuí entre muchos diputados yaque el proyecto fue realizado con dineros públicos y porconsiguiente es público- habíamos incorporado un artículoque disponía que el Ministerio de Educación –aunque la leyfederal de educación ya lo determina- debía incorporar enel currículo cuestiones relativas a la educación comoderecho fundamental. Esta tarea de afuera, que las organizaciones nogubernamentales pueden hacer, así como también puedellevarse a cabo desde el ámbito académico y el Parlamento,implica transmitir a la gente cuál es la utilidad delacceso a la información. Es decir, por qué es un derechohumano. Los derechos humanos, entre tantascaracterísticas, tienen la de ser interdependientes. Es
  25. 25. 25decir que si se viola un derecho humano, esa violación semultiplica en cantidad de violaciones a otros derechos. El derecho de acceso a la información esfundamental y, a su vez, es un derecho instrumental paraejercer otros derechos, ya sean políticos, económicos osociales, y su violación es gravísima. Entonces, hay que salir a explicar a la gente enqué la afecta, con casos concretos, con expresiones quetengan que ver con lo que cada uno puede hacer, para iraumentando el interés y generar la demanda o la presiónsuficiente para que esa ley y ese derecho se impongan deuna vez. (Aplausos.)Sra. Presidenta (Alonso).- Tiene la palabra el señorRicardo Brom, de Nación Data.Sr. Brom.- Señora presidenta: soy gerente de Tecnología ySeguridad Informática del diario La Nación. No estoy acá enningún rol periodístico; de hecho, no tengo nada que ver,porque soy ingeniero en electrónica, pero formo parte de ungrupo que se creó hace un par de años, que tiene que vercon el periodismo de investigación basado en datos. Acá tengo una breve definición de lo que es elperiodismo de investigación basado en datos, sacada deWikipedia, en donde rápidamente hablamos de los datos comomateria prima del fin, que es contar una historia, y todala cadena de valor que hay en el medio, que permiteagregarle un valor creciente para el público. Los datos solos, por su cuenta, no son nada;necesitan un trabajo de filtrado, de análisis, muchas vecesde comparación con otras fuentes de datos, unavisualización, y finalmente, contar la historia. Estosdatos crudos por sí solos pueden o no decir nada. Entonces, el desafío para esta nueva rama delperiodismo que se llama periodismo de investigación basadoen datos, tiene que ver con contar una historia a partir delos datos. Por lo tanto, huelga decir la importancia quetienen los datos. Nosotros podemos visualizar como uniceberg la cantidad de datos visibles en la superficie ysuponer lo que hay en la profundidad. Por un lado tenemos la tecnología –que essoftware comercial o software abierto-, que se suma altalento de personas provenientes de diversas disciplinas.De hecho, el grupo que estamos trabajando en periodismo deinvestigación basado en datos está conformado por personasprovenientes de muchas disciplinas absolutamentediferentes. Como decía, la tecnología se suma al talento degente proveniente de diversas disciplinas, y permite sacara la superficie conclusiones que no estaban a la vista. En definitiva, si miramos lo que nosotrosllamamos “el ciclo de vida de los datos”, por un lado
  26. 26. 26tenemos los datos, el periodista que investiga toda esainformación y un proceso que se debe hacer con esos datos-que obviamente tuvieron que estar disponibles primero-, deadaptación, de formateo. En efecto, muchas veces esos datosvienen en un formato que no es amigable para quien lo va aanalizar, sea o no periodista. En definitiva, una vez que se terminó eseanálisis periodístico, a partir de esos datos, se llega alas noticias que vemos en los diarios o en los dispositivosmóviles de distinta naturaleza. Para el periodismo de investigación, la base deanálisis es lo que se llama “dataset”, y al respecto hemostraído algunos ejemplos concretos. Para el tema desubsidios al transporte de pasajeros conseguimosinformación pública de la Secretaría de Transporte, apartir del subsidio que se llama SISTAU, del subsidio algasoil que se entregaba a las compañías de transporte, yacá tenemos algún ejemplo de los 1.600 archivos en PDF quesubían todos los meses y que afortunadamente existían. Enese sentido hay que sacarse el sombrero, porque lainformación estuvo disponible. Pero acá vemos que estos documentos están enarchivos PDF de hasta 1.200 filas y 21 columnas. El jefe deEconomía y otros periodistas que trataron de sacar algo enlimpio de esta información, pasaron meses abriendodocumentos, anotando en una planilla de Excel, cerrándolosy abandonándolos. Finalmente, cuando hicieron la propuestaa este grupo de periodismo de investigación basado endatos, nosotros empezamos a traer la tecnología pararecuperar esos 1.600 archivos, procesarlos, prepararlos-convertirlos de PDF a Excel-, y en definitiva, poderpresentar un informe de este tipo, que es un documentoconsolidado, mensual y anual, sobre los tres subsidios quese pagaba a todas las empresas de transporte. De esta información pudimos extraer un dato queignorábamos: el pago de 4.260.000 dólares diarios enefectivo, en cash, en concepto de subsidio sólo altransporte público de pasajeros. Es decir que faltaríaagregar el transporte fluvial y los ferrocarriles. Durantemuchos años nos sorprendimos porque los ferrocarrilesarrojaban una pérdida de un millón de dólares por día, peroresulta que ahora estamos hablando de 4.260.000 dólares. De la misma manera, es decir, con las mismasplanillas e igual nivel de complejidad, pudimos saber quese estaba subsidiando a las compañías de colectivos con55.361.000 litros de gasoil. Nuevamente, queda afuera todala información vinculada con el transporte fluvial y losferrocarriles. Asimismo, pudimos obtener alguna información quenos permitió entender cómo ha ido evolucionando esto a lolargo del tiempo. Incluso, llegamos a determinar cuánto
  27. 27. 27recibió cada empresa. El Grupo Plaza, por ejemplo, recibió64.000 metros cúbicos de gasoil; dado que un metro cúbicoequivale a 1.000 litros, en definitiva estamos diciendo queal Grupo Plaza le subsidiaron 64 millones de litros degasoil. Hace instantes me referí al análisis de lainformación, al cruce de datos y a los datasets. Larelevancia que este procedimiento radica en que los datospueden ser obtenidos no sólo a partir de un grupo sino devarias fuentes. De la CNRT –es bueno decir que lainformación existe-, tenemos la posibilidad de sacarpermanentemente la cantidad de vehículos que posee cadalínea de colectivos. La empresa San Cayetano, por ejemplo,cuenta con treinta y seis unidades. También es posibleconocer el número de patente de cada una. Entonces, de alguna manera se podría hacer unaespecie de control cruzado para determinar si todos losvehículos por los que se está cobrando un subsidio estánefectivamente en circulación. Otro aspecto interesante de este trabajo es laparticipación ciudadana. Dentro de Nación Data, una nuevasección de La Nación desde hace aproximadamente seis meses,hay un micrositio dedicado en forma exclusiva a lossubsidios a colectivos en la Argentina. Contiene un montónde información que es modificada mes a mes, a medida que laSecretaría de Transporte entrega datos actualizados. Losdatasets se pueden bajar; es decir que la gente puededescargar los mismos datos que nosotros procesamos y hacersu propio análisis. También quiero citar como ejemplo el caso deADELCO –Acción del Consumidor-, organismo que en estosúltimos días se encuentra muy en boga. Nosotros veníamostrabajando desde hacía varios meses con la informaciónpublicada por ADELCO entre 2006 y septiembre de 2011 -esdecir, hasta que deja de publicar sus datos- sobre lacanasta de veintiocho productos líderes. Sobre la base deese trabajo, en nuestro micrositio de “La Nación Data”también publicamos información que permitía a la gentesaber qué ocurría con el precio del arroz, del azúcar,etcétera. En otras palabras, se podía ver cómo habíaevolucionado en el tiempo el valor de distintos productos. Recuerdo que algunos periodistas decían, porejemplo, que el precio del azúcar había quedadoestabilizado durante mucho tiempo. Pero luego se liberaba,cuando Moreno permitía volver a manejarlo libremente, y losque se mantenían eran otros productos a los que se lesfijaba un precio. Con el trabajo que nosotrosdesarrollamos, se podía ver claramente la evolución de cadauno de esos productos. En cuanto a APE, obtuvimos información –quetambién es pública- sobre la asignación de los reintegrospagados a diferentes obras sociales. Se puede calcular qué
  28. 28. 28cantidad recibió, en concepto de subsidio, cada obrasocial. Sin embargo, ese dato por sí solo no dice mucho;también se necesita saber, por ejemplo, el número deafiliados que tiene cada una de ellas. Si ingresamos alsitio, es posible saberlo. Si tomamos la Obra SocialFerroviaria, por citar un caso, podemos conocer la cantidadde afiliados titulares, de afiliados familiares y el númerototal. Esta información nos permite, de alguna manera,sacar distintas conclusiones. En suma, el gran aporte para el público engeneral es que no sólo puede analizar toda esta informaciónsino también, a través de la visualización interactiva,saber concretamente qué pasó con su obra social. Otro caso es el que tiene que ver con elfuncionamiento de los municipios. La reforma administrativa financiera municipalhizo posible que los municipios tuvieran la posibilidad deentregar información sobre sus órdenes de compra. Lasmunicipalidades de Bahía Blanca, de Mar del Plata y deMorón lo hacen, pero no todos proceden así, tienen laposibilidad técnica de hacerlo. De manera que ésta seríauna fuente de consulta muy interesante. El gobierno de laCiudad Autónoma de Buenos Aires tiene un sitio que está enevolución. Finalmente, como reflexión, quiero hablar de losdatos y de los no datos. Muchas de las cosas que mostramoshasta ahora tienen que ver con los datos presentes, que conmayor o menor complejidad podemos obtener. Hay provincias que no presentan boletinesoficiales o lo hacen un solo día; algunas los entregan demanera gratuita; otras, sólo por suscripción, y otras no lotienen online ni impreso. Hay municipios que no ofrecenonline datos de su gestión administrativa. Hay que destacar el caso ejemplar de la AuditoríaGeneral de la Nación. Tenemos cinco mil y pico de informesque son impecables y que nos permiten muchas veces el crucede información entre un dataset y otro: La OficinaAnticorrupción prácticamente nada tiene. El dato en sí mismo es importante, pero tambiénlo es el formato. Como decía, hay documentos PDF escaneadosque no permiten su copia o su impresión. De manera que hayque estar registrando datos o hacer correr procedimientostécnicos para convertir los archivos a texto, o las tablaso cuadros a Excel, etcétera. Acá hay un ejemplo del Sistema Sur, que se creóhace un par de semanas, donde hay un montón de información,decenas de tablas y cuadros que teneos que recuperar amano.
  29. 29. 29 Por otro lado, los datos son la materia principalpara el periodismo de investigación denominado “periodismode base de datos o data journalism”. También son datos lo que se entrega a lasociedad, no sólo a los lectores como resultado de lasinvestigaciones. Los datos son el medio para mejorar lacalidad de las instituciones por medio de transparencia opara hacer periodismo de anticipación. Citando la frase del creador de internet, en lacapacidad de analizar los datos está el futuro delperiodismo. (Aplausos.)Sra. Presidenta (Alonso).- Tiene la palabra la señoraRomina Colman.Sra. Colman.- Señora presidenta: soy responsable deproducción de datos del diario La Nación, estoy en elequipo de L&M Data, y además soy activista por el acceso ala información pública acá en la Argentina, Latinoamérica yen algunos países del mundo. Tengo más de ciento cincuentapedidos de acceso a la información en la Argentina, México,Chile, el Banco Mundial, e incursioné recientemente enNoruega. De manera que voy probando los distintos sistemasviendo cómo funcionan y cuál es la respuesta ciudadana. Lo que hoy les vengo a contar es qué pasa cuandovamos al “escritorio”, es decir, cuando nos acercamos a losorganismos públicos a pedir información. Esto es lo que nomuchas veces se cuenta, quedándonos siempre en el análisisdel tema desde el punto de vista político o jurídico. Voy a dar algunos datos estadísticos que solicitéa la subsecretaría a través de pedidos de acceso a lainformación pública. Desde la entrada en vigencia del decreto hastajunio del 2010 se presentaron 3.374 solicitudes de acceso ala información pública. Durante 2011 fueron presentadas1.009 solicitudes de acceso a la información pública, queson 2.067 preguntas o casos –este pedido de acceso a lainformación pública me lo respondieron el viernes pasado-,y entre enero y marzo de 2012 hubo 94 pedidos. Esto habla de una clara disminución en lassolicitudes que se presentan, con lo cual si la tendenciasigue, para diciembre no se va a superar siquiera lo de2011. ¿Cómo vive el proceso el solicitante? El primerdesafío es la mesa de entradas. ¿Qué es lo que pasa en lamesa de entradas? La información que está publicada en lapágina web de Jefatura de Gabinete, por ejemplo, no siemprecoincide con el lugar donde se tiene que entregar elpedido. Por ejemplo, en el Ministerio de PlanificaciónFederal, Inversión Pública y Servicios, actualmente la Mesa
  30. 30. 30de Entradas está en Balcarce, pero figura ubicada enHipólito Yrigoyen. ¿Qué es lo que hice? Ingresé un pedido de accesoa la información pública para que actualizaran esainformación y me dijeran si lo que está en la página web esefectivamente lo que está vigente.La respuesta que me dieron es la siguiente: “Los datos quefiguran están siendo actualizados y serán modificados unavez recibida la totalidad de la base actualizada. Esto sedebe a la nómina de actualización permanente”. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que hasta que noreciban la nómina de actualización permanente, con la redde enlaces y sus mesas de entradas, no harán lapublicación; pero por otro lado hay rotación permanente depersonal. Esto es clave y sumamente importante. Mi primerabarrera a superar –aunque prefiero hablar de desafío- essaber dónde tengo que acercar mi pedido de acceso a lainformación pública. En la recepción de la solicitud, en muchos casosno se entrega el número de expediente y trámite al momentode la presentación. Esto es un claro problema einconveniente. ¿Por qué? Yo soy de los que reclaman porteléfono. Dejo pasar los diez días hábiles que estipula eldecreto y empiezo a llamar por teléfono. Lo primero quepregunto en mesa de entradas es por el número de expedientede la solicitud, pero en muchos lugares no me lo dan; demanera que no tienen registro del ingreso de ese pedido deacceso a la información. También hay un desconocimiento general deldecreto 1.172. Suelen preguntarme de dónde vengo o me dicenque tengo que hacer una nota formal dirigida al director.Por ejemplo, en Boletín Oficial de la República Argentinahasta han querido imprimir el decreto 1.172. Tuve quehablar con la jefa de Mesa de Entradas y explicarle que ibaa entregar una solicitud de acceso a la informaciónpública. Si bien el decreto dice que no debe contenerninguna formalidad, me exigían presentar una nota formaldirigida al director. De manera que tuve que hablar concuatro personas para que me receptaran mi pedido de accesoa la información. Un problema periodístico que tenemos en el diarioes que generalmente, cuando vamos a mesa de entradas, puedeser que tengan una lista; entonces, automáticamente “salta”en el sistema que tenemos que hablar con el área de prensa.No debe ser así. El derecho al acceso a la informaciónpública es un derecho humano fundamental. No importa si soyperiodista, médico o ciudadano. Por eso, también prefierohablar de “toda persona” -no de “ciudadanos”-, seanacional, residente o extranjera, porque todos tenemosderecho a pedir información.
  31. 31. 31 En una ocasión, en el Ministerio de RelacionesExteriores y Culto me pidieron que indicara a quédependencia del ministerio iba dirigido mi pedido. Lodesconozco. Para eso dirijo la solicitud al responsable delacceso a la información pública. Es claro que si yo puedocolaborar y conozco la dependencia a la cual tengo quedirigir mi pedido de acceso a la información, comosolicitante me pongo a disposición y así lo indico en mipedido para facilitar su trámite interno; pero elsolicitante no tiene por qué saber a qué parte de eseministerio o de otra dependencia del Poder Ejecutivonacional debe direccionarse el pedido. Por otro lado, es muy importante la necesidad degenerar una cultura de servicios. ¿A qué me refiero conesto? Me ha pasado de ir a organismos públicos estatales yencontrarme con carteles que dicen: “Si no tiene nada quehacer, no lo venga hacer acá”. (Risas.) Eso es grave. O porejemplo, carteles que dicen: “A partir del 31 de julio de2012 se cobra la reproducción de copias”. El decreto 1.172dice que en tanto y en cuanto éstas puedan darsegratuitamente, son gratis. Otro desafío se relaciona con el término de diezdías hábiles dentro del cual debe proveerse la información.Hay un uso generalizado del pedido de prórroga, cuando éstedebería ser excepcional, como lo estipula el decreto 1.172. Vengo haciendo pedidos de acceso a la informacióndesde hace cinco o seis años. Les voy a graficar algunoscasos. Un pedido en el año 2010 a la Jefatura deGabinete. No sé si llega a leer en la pantalla. Lo quedice, básicamente, es que el expediente se encuentra enestudio en el área técnica correspondiente. No se estáfundando la prórroga. En el año 2011, fueron cuatro los pedidos deacceso a la información pública. En el margen superior dela pantalla figuran los números. La respuesta es la misma:“Le informo a usted que el expediente se encuentra enestudio en el área técnica correspondiente”. En 2012, recientemente, presenté cinco o seispedidos de acceso a la información con la misma respuesta.No se está fundamentando por qué se requiere más tiempo. Acá quiero hacer una breve acotación. Consideroque diez hábiles es muy poco tiempo para responder. Enprimer lugar, por el estado de los sistemas de archivo dela administración pública federal, y en segundo término,porque viendo las reglamentaciones internacionales deMéxico, Chile o del Banco Mundial, por ejemplo, son veintedías hábiles. Se precisa tiempo para encontrar lainformación. De modo que hay una falta de fundamentaciónexplícita de los motivos del uso de la prórroga y demorasustancial en la notificación. Generalmente, la
  32. 32. 32comunicación de prórroga me llega cinco días después, y lafecha de la carta dice que cumple con el período queestipula el decreto 1.172.Hay una necesidad de seguimiento del pedido uno a uno,mediante un reclamo personalizado. Créanme que he pasadohasta una hora reclamando pedidos telefónicamente, y si no,me dirijo a la mesa de entradas a reclamarlos. Esto, como consecuencia, ha traído una nuevavariedad de perfil del solicitante. ¿Quiénes somos los quepedimos información? Las ONG, los periodistas, yo...Sra. Presidenta (Alonso).- Los diputados. (Risas.)Sra. Colman.- El tema es que la información no está bajandoa la ciudadanía, y esto es grave. El tercer desafío se refiere a las respuestas,que en muchos casos contienen explicaciones no solicitadas.Las he encontrado a montones. Yo pregunto escuetamente, ysi son varias consultas, ingreso distintos pedidos deacceso a la información, pero me encuentro con informaciónque nunca solicité. Otras características son: la necesidad derepreguntar; procesos que desalientan la presentación depedidos, e indicaciones poco específicas. No hay asistenciaal solicitante. Por ejemplo, se le dice “Esa información seencuentra publicada en la página web”. He pasado dos horas buscando información, paraver si estaba publicada, antes de hacer un pedido, porqueeste es el último recurso. No se encuentra publicada, y larespuesta no es específica. Otra característica es el envío de respuestas porcarta documento. Esto me parece importante destacar. Comotengo tantos pedidos, a mí no me asusta que me mandencartas documento para notificarme, pero para la ciudadaníaen general resulta chocante recibir una carta documento.Entonces, hay que cuidar los procedimientos. Si se puedemandar una carta certificada con acuse de recibo, es mejorutilizar ese mecanismo. En cuanto a la problemática actual, hayinconvenientes para acceder a expedientes de contratacionesestatales. He pedido expedientes a la SIGEN y a la AFIP. Enel caso de la SIGEN, me fundamentan en el decreto 1.759/72,por el cual tengo que demostrar un interés legítimo paraacceder a la información en las actuaciones que tiene laSIGEN, de expedientes sobre contrataciones. En cuanto a laAFIP, se presenta el mismo caso. A modo de conclusiones, como bien dijeronexpositores que me precedieron en el uso de la palabra, laley es únicamente el primer paso. Necesitamos también unpresupuesto acorde a su implementación. Yo probé muchos delos sistemas extranjeros; el de México es excelente, pero
  33. 33. 33tiene un presupuesto que se puede manejar. Entonces,necesitamos presupuesto para garantizar la transparencia. Además, se requiere un órgano autónomo ydecisiones vinculantes. Actualmente, la OficinaAnticorrupción emite recomendaciones. Si no se puedeobligar a los organismos, ¿por qué se va a entregar lainformación? “La transparencia duele”. Esta es una frase deAlejandro Ferrerio Yazigi, presidente del Consejo para laTransparencia, de Chile. Hay que generar anticuerpos. Esnecesario que tengamos casos testigo y que se discutantemáticas que van más allá de la implementación de la ley. Por ejemplo, ahora se está discutiendo en algunospaíses si los correos de funcionarios públicos sonpúblicos. Hace dos semanas, en Chile se declararonreservados. En mi opinión, los correos de funcionariospúblicos sobre asuntos públicos y que informan sobre fondospúblicos, son públicos. Por otro lado, tenemos el tema de latransparencia activa. El pedido de acceso a la informacióndebería ser el último recurso. Yo no debería tener quepresentar un pedido de acceso a la información. Lainformación debería estar disponible para el solicitante. Además, necesitamos un sistema electrónico desolicitudes de acceso a la información. Como bien decíaMarta Oyhanarte, actualmente nosotros tenemos vigente elpréstamo 7.449 del Banco Mundial, sobre proyecto demodernización del Estado. Dentro de ese préstamo, elsubcomponente 4 tiene que ver con el acceso a lainformación pública y prevé la creación de la PlataformaInformar. Según el último informe del Banco Mundial, seespera una decisión política. El año pasado yo presenté un pedido de acceso ala información para ver cuánto se había ejecutado de estepréstamo, y hablé con el gerente del Proyecto enWashington. Para ellos no se había ejecutado nada. LaJefatura de Gabinete me confirma que lo ejecutado son 57mil dólares, y cuando pedí el listado de las acciones,informaron que “se hicieron varias acciones”, sin dar otrodetalle. Esto es importante y grave. También necesitamos un repositorio de pedidos yrepuestas. Si yo presento una solicitud y luego otrapersona presenta la misma solicitud, es necesario evitartrabajo al Estado. Entonces, debería haber un repositorio,de manera que si esa respuesta ya se dio, esté disponible. Ningún sistema es perfecto. Ahora hay problemas,por ejemplo, en Irlanda, porque están aumentando mucho loscostos para recibir las respuestas. La única informaciónque no se cobra es la concerniente a datos personales. Elresto de la información la debe pagar el ciudadanointeresado, y ese es un problema para acceder a lainformación.
  34. 34. 34 Hace muy poco hice un pedido en Inglaterra, através del sistema “WhatDoTheyKnow”, que utiliza unsoftware open source que se llama Alaveteli, y básicamentepregunté sobre Malvinas. Todas las respuestas que daInglaterra a las solicitudes comienzan con “Gracias por supedido de acceso a la información”, y cierran con lasiguiente frase: “Si usted no está conforme con larespuesta, acá están los datos para que ingrese sureclamo”. Eso es cambio y eso es cultura. (Aplausos.)Sra. Presidenta (Alonso).- Antes de conceder el uso de lapalabra al próximo orador, quiero agradecer a la señoraColman por preguntar al poder. Hay que preguntar al poder. A fin de que se vayan preparando, cumplo eninformar que los próximos oradores son el señor AlejandroSuárez, la señora Graciela Bevacqua, la señora Noel AlonsoMurray y la señora Natalia Gherardi. Tiene la palabra el señor Suárez.Sr. Suárez.- Señora presidenta: si bien soy monitor deLibertad de Expresión del Foro de Periodismo Argentino, hevenido no en representación de FOPEA sino simplemente comodirector del diario Mi ciudad, de Florencio Varela. Esteperiódico, que el año que viene cumplirá sesenta años deaparición ininterrumpida, es el decano de la zona sur delGran Buenos Aires. Siguiendo los lineamientos del gobierno nacional,en Florencio Varela nuestro intendente oculta toda lainformación que puede. Mucho antes de su promocionado viajea Disneylandia, quisimos averiguar sobre los gastos de él yde algunos de sus funcionarios que han viajado al exteriora expensas de nuestro dinero. Ese es justamente elfundamento de nuestro pedido: estas personas no viajan consu plata sino con la nuestra. En 2005, pedimos a la municipalidad que nosinforme sobre algo tan simple como su nómina de empleados.Asimismo queríamos saber qué tareas desempeñaban, cuántocobraban y sus lugares de residencia. La solicitud no eracapciosa, si tenemos en cuenta que en Florencio Varela losnombramientos son bastante extraños. Aun hoy, después deveinte años de tener al mismo intendente, es imposiblesaber qué función cumple su hermano en el gabinete, pese aque cobra su sueldo todos los meses. Lo mismo ocurre confuncionarios que han estado presos por estafar a los chicosa través del Consejo Escolar; siguen percibiendo dinerospúblicos y nadie sabe en concepto de qué. Cuando una persona va a la Municipalidad deFlorencio Varela, puede pensar que en realidad está en laIsla de la Fantasía, ya que hay chicas muy bonitasatendiendo. Eso es porque la municipalidad elige año trasaño a la reina de Florencio Varela y luego, tanto a ellacomo a quienes son coronadas princesas, las incorpora a su
  35. 35. 35plantel de personal permanente. Digamos que por un lado esbueno, pero por el otro… En 2005 presentamos un pedido a la municipalidad,pero nunca nos contestó. Entonces fuimos a la Justicia ysolicitamos un recurso de amparo; se tomó su tiempo, tresaños exactamente, y falló en nuestra contra. El JuzgadoFederal de Primera Instancia de Quilmes dijo que noteníamos derecho a acceder a esos datos y además nos impusolas costas; o sea que tuvimos que pagar por quererinformarnos. Soy abogado –aunque soy más periodista queabogado- y creo que no hace falta aclarar que estocontradice todos los principios fundamentales de laJusticia. Nunca hubo de nuestra parte un interés pecuniarioy jamás tendría que haberse dispuesto que pagáramos porpedir información. Apelamos la resolución del Juzgado Federal dePrimera Instancia de Quilmes ante la Cámara de Apelacionesen lo Contencioso Administrativo, pero ésta le dio la razónal juez de primera instancia. Entonces presentamos unrecurso extraordinario de nulidad e inaplicabilidad ante laSuprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.Por un error de nuestra abogada, venció un plazo denotificación y el recurso cayó. En medio de todo este asunto, la municipalidadpublicó en su sitio web la lista del personal junto con unainformación muy técnica que, si bien no satisfacía nuestrorequerimiento, al menos dejaba ver algunos nombres; porsupuesto, sin especificar los montos que cobran ni lasfunciones que desempeñan. En Florencio Varela todo se maneja así, como sifuera un feudo; es imposible acceder a la información. Sele puede preguntar al jefe de prensa, pero jamás van adecir cuánto se paga por algo. Sin embargo, hemos podido saber que lamunicipalidad alquila camiones a una empresa que no tienecamiones, la que a su vez los alquila a otra que sí lostiene, y que en ese pasamano se queda con una importantecantidad de dinero. Esto no es ningún secreto y ademástengo las facturas que comprueban lo que estoy diciendo. Son situaciones de todos los días, y se podríaafirmar que los pocos concejales de la oposición jamástienen acceso al análisis de los gastos porque recién lespermiten acceder a esa información dos días antes de larendición de cuentas en el Concejo Deliberante. Los hacenentrar a una habitación donde hay más de doscientos milpapeles mezclados y les dicen: ahí están los gastos. Aunquees imposible encontrar información en esas condiciones, aveces alguno se tropieza con algo raro. Todos los años pasalo mismo.

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