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Lousada arochena, los derechos colectivos del trabajador autónomo

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Lousada arochena, los derechos colectivos del trabajador autónomo Lousada arochena, los derechos colectivos del trabajador autónomo Document Transcript

  • BIB 20072896 Los derechos colectivos del trabajador autónomo * Autores: José Fernando Lousada Arochena. Magistrado Especialista del Orden Social Se corresponde este texto con la exposición oral que, con el mismo título, realicé el 22 de noviembre de 2007 en el Seminario ?Estatuto del Trabajo Autónomo: trabajo autónomo y relaciones laborales", organizado por Consellería de Traballo de la Xunta de Galicia, Ministerio de Trabajo del Gobierno de España, y Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, Santiago de Compostela, 22/23.11.2007. Publicación: Aranzadi Social núm. 21/2007 Parte Estudio Editorial Aranzadi, SA, Pamplona. 2007 Lengua de publicación: Español Texto: I. Una aproximación general a los derechos colectivos de los trabajadores autónomos La Ley 20/2007, de 11 de julio ( RCL 20071354) , del Estatuto del Trabajador Autónomo -en adelante, la LETA-, dedica su Título III a los «derechos colectivos del trabajador autónomo», comprensivo de sólo cuatro artículos, el 19 referido a «derechos colectivos básicos», el 20 referido a «derecho de asociación profesional de los trabajadores autónomos», el 21 referido a «determinación de la representatividad de las asociaciones de trabajadores autónomos», y el 22 referido a «Consejo del Trabajador Autónomo». No son, sin embargo, las únicas normas con trascendencia en las relaciones colectivas en el ámbito del trabajo autónomo. A lo largo de la LETA aparecen otras normas con trascendencia en las relaciones colectivas en el ámbito del trabajo autónomo, como es, significativamente, la regulación sobre acuerdos de interés profesional para los trabajadores autónomos económicamente dependientes -en el artículo 13 de la LETA-. Previamente a entrar en un análisis más detallado, debemos realizar dos órdenes de consideraciones que condicionan fuertemente la regulación sobre los derechos colectivos de los trabajadores autónomos. Una primera es la relativa a la heterogeneidad del concepto trabajador autónomo que, como señala la LETA en su Exposición de Motivos, no sólo comprende el autónomo clásico titular de un establecimiento comercial, agricultor o profesional, sino, además el emprendedor, el autónomo económicamente dependiente, el socio trabajador de sociedades cooperativas o laborales, o el administrador de sociedades mercantiles que poseen su control efectivo. Una segunda es la relativa al carácter de ley ordinaria de la LETA, que le impide afectar el contenido esencial de los derechos fundamentales y las libertades públicas -una materia reservada a ley orgánica según el artículo 81 de la Constitución ( RCL 19782836) -, de donde la LETA, en concreto respecto a los derechos colectivos de los trabajadores autónomos, no entrará a modificar de manera esencial la regulación preexistente sobre libertad sindical, derecho de asociación o derecho de huelga, limitándose a meras remisiones generales a la normativa de referencia, o, como mucho, a la regulación de aspectos menores no afectados por la reserva de ley orgánica. Quizás esas circunstancias -la necesidad de abstraer a partir de situaciones fácticas muy heterogéneas y la afectación del ámbito de derechos fundamentales y libertades públicas- son determinantes para comprender que a la materia se dediquen sólo cuatro artículos que, en buena medida, son meramente declarativos, con remisión de la regulación concreta a otros ámbitos del ordenamiento jurídico. Pero no se vea esto como un defecto. Ya el Informe de la Comisión de Expertos para la elaboración de un Estatuto del Trabajador Autónomo 1 consideraba que «el mero reconocimiento es suficiente para el pleno ejercicio de estos derechos, dejándose al devenir de la actuación de las propias organizaciones el desarrollo y funcionalidad práctica de tales derechos». 1 «Un Estatuto para la Promoción y Tutela del Trabajador Autónomo (Informe de la Comisión de Expertos para la elaboración de un Estatuto del Trabajador Autónomo)», coordinado Fernando , y realizado por éste y, además, por Jesús , Salvador , Juan Antonio y Carmen , Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2006, página 174.
  • De este modo, la LETA diseña, en cuanto a la materia de los derechos colectivos de los trabajadores autónomos, un paraguas normativo dentro del que, en defensa de los propios intereses profesionales de los trabajadores autónomos, los sindicatos y las asociaciones empresariales con trabajadores autónomos afiliados y las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos se deberán manejar. Un paraguas normativo que promociona el ejercicio de los derechos colectivos a través de instituciones como la mayor representatividad o el Consejo del Trabajador Autónomo. No es descabellado concluir, como ya han hecho los primeros comentaristas de la LETA, que «al margen de las dificultades prácticas que a buen seguro derivarán de la aplicación de una norma como la presente, es de prever, por tal motivo, un período dorado en tal sentido»2. 2 Guillermo /Margarita , ( BIB 20071978) «Introducción al Estatuto del Trabajo Autónomo», Punto de Actualidad Legal, Editorial Aranzadi, Navarra, 2007, páginas 141 y 142. II. Los derechos colectivos de titularidad individual El artículo 19, apartado 1, de la LETA ( RCL 20071354) establece que «los trabajadores autónomos son titulares de los derechos a: (a) Afiliarse al sindicato o asociación empresarial de su elección, en los términos establecidos en la legislación correspondiente. (b) Afiliarse y fundar asociaciones profesionales específicas de trabajadores autónomos sin autorización previa. (c) Ejercer la actividad colectiva de defensa de sus intereses profesionales». Probablemente esta norma, que es un «catálogo de derechos (colectivos) básicos reconocidos a los trabajadores autónomos»3, sea una de las normas donde más se aprecian los condicionantes derivados de la generalidad y de las remisiones normativas. 3 Dulce María , «Hacia una regulación del trabajo autónomo: comentarios al proyecto de Estatuto del Trabajador Autónomo», Revista de Derecho Social, número 37, 2007, página 100. A consecuencia de su generalidad, se comprende la posibilidad de afiliación a sindicatos o a asociaciones empresariales y la fundación y la afiliación de asociaciones profesionales, remitiéndose a otras normativas sin innovar el ordenamiento jurídico, una diversidad de fórmulas que «servirán para canalizar... los intereses de (las) múltiples manifestaciones del trabajo autónomo, en función... a su mayor o menor proximidad a la condición de trabajador o empleador»4, o a través de asociaciones propias. 4 Natividad , «Los derechos colectivos de los trabajadores autónomos: derecho de asociación y libertad sindical, negociación de acuerdos de interés profesional y adopción de medidas de conflicto para la defensa de los intereses profesionales», ejemplar fotocopiado, en el Curso de Formación Judicial «Estatuto del Trabajo Autónomo», Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2007, página 5. Una diversidad de fórmulas que genera la cuestión adicional de las dobles afiliaciones -por ejemplo, a un sindicato o a una asociación empresarial y, además, a una asociación propia de trabajadores autónomos-. A nuestro juicio, la solución afirmativa es la más coherente con el carácter de los derechos fundamentales o las libertades públicas que están en juego. Naturalmente, estamos ante derechos que, por el trabajador autónomo, se podrán ejercitar o se podrán no ejercitar. Parece incuestionable este aspecto de negatividad, que, en el ámbito de la libertad sindical, ostenta un reconocimiento constitucional, al afirmarse que «nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato» -artículo 28.1 de la CE-. Mutatis mutandis ningún trabajador autónomo podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato, a una asociación empresarial o a una asociación de trabajadores autónomos, pudiendo mantenerse en situación de no afiliación. 1 Libertad de sindicación y asociacionismo empresarial El artículo 19, apartado 1, reconoce, en su letra a), el derecho de los trabajadores autónomos a «afiliarse al sindicato o asociación empresarial de su elección, en los términos establecidos en la legislación correspondiente». No se aporta nada nuevo al régimen legal anterior, de donde, ahora como antes, se estará a lo establecido en la normativa de referencia tanto en relación con los sindicatos, normativa de referencia constituida básicamente por la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto ( RCL 19851980) , de Libertad Sindical -en adelante, la LOLS-, como en relación con las asociaciones empresariales, normativa de referencia constituida básicamente por la Ley 19/1977, de 1 de abril ( RCL 1977727) , de Asociación Sindical -en adelante, la LAS-, que se mantiene vigente para las asociaciones empresariales conforme a la Disposición Derogatoria Única de la LOLS. Tratándose de sindicatos, el artículo 3, apartado 3, de la LOLiS establece que «los trabajadores por cuenta propia que no tengan trabajadores a su servicio... podrán afiliarse a las organizaciones sindicales constituidas con arreglo a lo previsto en la presente Ley, pero no fundar sindicatos que tengan precisamente por objeto la tutela de sus
  • intereses singulares, sin perjuicio de su capacidad para constituir asociaciones al amparo de la legislación específica». Por lo tanto, se excluye a los trabajadores autónomos de la libertad sindical de fundación, aunque la exclusión sólo se refiere a «sindicatos que tengan precisamente por objeto la tutela de sus intereses singulares», sin impedirles participar en el proceso fundacional de un sindicato de trabajadores, y se limita la libertad sindical de afiliación a los trabajadores autónomos no empleadores. La STC 98/1985, de 29 de julio ( RTC 198598) , consideró estas restricciones acordes con el artículo 28 de la Constitución ( RCL 19782836) , argumentando que «(si) el sindicato... se justifica primordialmente por el ejercicio de la actividad sindical... (que) se caracteriza por la existencia de otra parte ligada al titular del derecho por una relación de servicios y frente a la que se ejercita, siendo su expresión una serie de derechos como los de huelga, de negociación colectiva y de conflicto... que no podría ejercer un sindicato de trabajadores autónomos, no hay motivo para considerar carente de fundamento razonable una regulación que en último término orienta el derecho de los trabajadores autónomos para defender sus intereses o hacia su integración en los sindicatos de trabajadores o, como hemos visto, hacia la constitución de asociaciones al amparo de la legislación específica». Así las cosas, la libertad sindical de afiliación, única reconocida a los trabajadores autónomos, se limita a «los trabajadores por cuenta propia que no tengan trabajadores a su servicio». La limitación no opera, en consecuencia, sobre la clase de trabajador autónomo, de modo que cualquier trabajador autónomo, siempre que no tenga trabajadores a su servicio, se puede afiliar a un sindicato. Incluso cuando se trata de un trabajador autónomo ejerciente de una profesión con una colegiación obligatoria - STC 123/1987, de 15 de julio ( RTC 1987123) -. No obstante lo dicho, los trabajadores autónomos económicamente dependientes son típicamente los trabajadores afiliables a sindicato porque, entre las condiciones fijadas legalmente para su apreciación, justamente se establece la de «no tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena» -ex artículo 11.2.a) de la LETA ( RCL 20071354) -. ¿Qué entendemos por tener trabajadores a su servicio? Una interpretación literal sólo incluiría a los trabajadores con contrato de trabajo directamente celebrado con el trabajador autónomo. Pero, si no queremos admitir la inclusión en sindicatos de trabajadores autónomos con intereses antagónicos a los de la clase trabajadora, debemos defender una interpretación lógica. Por ejemplo, incluyendo supuestos de prestación de servicios a través de otras fórmulas contractuales, como la subcontratación. O incluyendo a los administradores de sociedades mercantiles que posean su control efectivo, si esas sociedades tienen otros trabajadores a su cargo. En estos casos, se debería de excluir, para no desfigurar lo que es un sindicato, la posibilidad de afiliación, aunque no se desconozca la dificultad de aceptar la interpretación restrictiva de un derecho de libertad. No debiera ofrecer duda alguna que nos encontramos ante normas imperativas, de modo que, si el trabajador autónomo no empleador de otros trabajadores solicita su afiliación a un concreto sindicato, su solicitud no puede ser rechazada a causa de su condición de autónomo. Dicho en otros términos, los estatutos de un sindicato no pueden establecer una cláusula de exclusión de trabajadores autónomos, ni negar su afiliación, salvo, naturalmente, si se tratase de trabajadores autónomos con trabajadores por cuenta ajena. Alguna doctrina científica ha dudado sobre si esto resulta una injerencia legislativa en la libertad de autorregulación 5. Por idénticas razones de imperatividad de la norma, un sindicato no puede admitir la afiliación de trabajadores autónomos con trabajadores por cuenta ajena, aparte de que ello supondría incluir trabajadores con intereses antagónicos. 5 Tomás /Ignacio afirman que «la posibilidad... de que los trabajadores autónomos puedan afiliarse a sindicatos de trabajadores puede significar una injerencia en la libertad de reglamentación sindical, dado que los estatutos de un sindicato no podrían contener cláusulas de exclusión de trabajadores autónomos», «Derecho Sindical», 2ª edición, Valencia, 1992, página 66. Resulta evidente que, afiliado al sindicato, el trabajador autónomo ostentará «el derecho... a elegir libremente a sus representantes dentro de cada sindicato» y «el derecho a la actividad sindical» -artículo 2.1.c) y d) de la LOLS-, en idénticos términos a los demás afiliados, aunque algunos derechos o garantías vinculados al derecho a la actividad sindical no se podrán ejercitar si no existe una contraparte empresarial, y ello ocurrirá únicamente en los trabajadores autonómos económicamente dependientes. Incluso para estos existirán serias dudas. ¿Un trabajador autónomo económicamente dependiente puede integrarse en secciones sindicales? ¿Puede ser delegado sindical y gozar de horas sindicales? ¿Se le podrán aplicar las garantías contra el despido si su cliente extinguiese la relación de servicio? ¿Está amparado contra todas las discriminaciones sindicales? Si bien no es fácil solventar estas cuestiones, u otras semejantes que se pudieran plantear, como el trabajador autónomo económicamente dependiente es una figura jurídica cercana al trabajador por cuenta ajena, debemos concluir que, en una línea de tendencia, lo lógico sería darles una solución afirmativa, aunque sin desconocer las dificultades interpretativas para alcanzar esa solución que, en no pocas ocasiones, serán insalvables. Por ejemplo, se deberían de aplicar las garantías antidiscriminatorias del artículo 6 de la LETA en el supuesto de discriminación por afiliación sindical, y ello sin desconocer que, en el artículo 4.3.a) y b) de la LETA, no se alude a esa discriminación. Aunque aparenta más difícil, aún en el caso de extinción contractual por decisión injustificada del cliente que suponga una discriminación sindical, considerar aplicable una readmisión forzosa. Frente a la LOLS, que en su artículo 3.3 algo nos dice -si bien no sea mucho- al respecto de las libertades sindicales de los trabajadores autónomos, la LAS nada nos dice al respecto de las libertades de asociación de los trabajadores autónomos en asociaciones empresariales. Aparentemente esto supone que no existen restricciones. Sin embargo, sería difícil de admitir que, pudiendo constituir asociaciones propias, se les permitiese a los trabajadores autónomos
  • fundar asociaciones empresariales para la defensa de sus intereses, cuando, además, no se les permite hacer lo propio con sindicatos. También sería lo más lógico excluir de la posibilidad de afiliación a asociaciones empresariales a aquellos trabajadores autónomos que no pueden tener a su servicio trabajadores por cuenta ajena, como son los económicamente dependientes -artículo 11.2.a) de la LETA-. 2 Libertad de asociación El artículo 19, apartado 1, reconoce, en su letra b), el derecho de los trabajadores autónomos a «afiliarse y fundar asociaciones profesionales específicas de trabajadores autónomos sin autorización previa». A diferencia de la libertad sindical de los trabajadores autónomos, sometida a importantes restricciones, su libertad de asociación profesional se reconoce de una manera muy amplia, abarcando tanto la libertad de fundación como la libertad de afiliación, lo cual es lógico -como se destaca en la STC 98/1985, de 29 de julio ( RTC 198598) - porque «la constitución de asociaciones al amparo de la legislación específica... (es) un derecho que también deriva directamente de la Constitución ( RCL 19782836) (artículo 22) y está dotado de igual grado de protección y de idéntica autonomía que el derecho de asociación sindical» . No es de extrañar, en consecuencia, que, cuando en la LETA ( RCL 20071354) se alude a los sindicatos como cauce de defensa de los intereses profesionales de los trabajadores autónomos, de inmediato se aluda a sus asociaciones profesionales. Por ejemplo, se legitima a aquéllos y a éstas para recabar la tutela judicial de sus derechos fundamentales o frente a un tratamiento discriminatorio -artículo 6.3 de la LETA-. O se legitima a aquéllos y a éstas para negociar acuerdos de interés profesional con la empresa cliente de autónomos económicamente dependientes -artículo 13 de la LETA-. Incluso los derechos de las asociaciones profesionales se enumeran en un evidente paralelismo con los derechos de libertad sindical de los sindicatos -compárese el artículo 19.2 de la LETA con el artículo 2.2 de la LOLS ( RCL 19851980) . Respetando la derivación directa del artículo 22 de la CE, el artículo 20.1 de la LETA establece que «las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos se constituirán y regirán por lo previsto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación y sus normas de desarrollo, con las especialidades previstas en la presente Ley». Tales especialidades, que no inciden -como es lógico al ser materia reservada a ley orgánica- «en el núcleo central de la regulación del derecho de asociación»6, se pueden sintetizar en los siguientes términos: 6 «Un Estatuto...», obra citada, página 145. 1º Las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos responden al principio de especialidad frente al derecho genérico de asociación, de ahí (1) que «en su denominación y estatutos se hará referencia a su especialidad subjetiva y de objetivos», (2) que «tendrán por finalidad la defensa de los intereses profesionales de los trabajadores autónomos y funciones complementarias, pudiendo desarrollar cuantas actividades lícitas vayan encaminadas a tal finalidad», y (3) que «en ningún caso podrán tener ánimo de lucro» -artículo 20.2 de la LETA-. 2º. Un principio de especialidad con reflejo en el ámbito registral, ya que, con la finalidad «de que exista clara constancia pública de qué concretas asociaciones tiene el carácter de organizaciones de tutela y defensa de los intereses profesionales de los trabajadores autónomos»7, éstas «deberán inscribirse y depositar sus estatutos en el registro especial de la oficina pública establecida al efecto en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o de la correspondiente Comunidad Autónoma, en el que la asociación desarrolle principalmente su actividad», un registro especial que «será específico y diferenciado del de cualesquiera otras organizaciones sindicales, empresariales o de otra naturaleza que puedan ser objeto de registro por esa oficina pública» -artículo 22.3 de la LETA-. 7 «Un Estatuto...», obra citada, página 175, agregándose además que ese requisito formal es a varios efectos: (1) «clarificar el panorama asociativo, identificar a las asociaciones a las que resulta de aplicación la regulación contenida en el presente Estatuto, distinguiéndose, por ello, de otras múltiples asociaciones que puedan estar legalmente constituidas, y, sobre todo, singularizar las asociaciones que pueden ejercer los derechos colectivos reconocidos en la LETA»; (2) «adicionalmente, la medida permite que la Administración Pública, cuando en el ejercicio de ciertas actividades deba tener conocimiento o entrar en contacto con las diversas asociaciones de autónomos en activo, pueda dirigirse con facilidad a ellas, otorgándoles a todas un mismo estatuto jurídico cuando se haya de atender al principio de igualdad de trato»; y (3) «finalmente, el registro de estas asociaciones se configura también como el requisito procedimental de partida para declarar cuáles, de entre ellas, pueden ver reconocida la condición de asociaciones representativas con base en su grado de implantación», páginas 175 y 176. Las Comunidades Autónomas «crearán, en su ámbito territorial, el registro especial según lo dispuesto en el artículo 20.3 de la presente Ley» -Disposición Adicional 6ª de la LETA-, en donde se registrarán las asociaciones profesionales de ámbito inferior a la Comunidad Autónoma. Por lo demás, tal inscripción en registro público especial es «con independencia de lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo ( RCL 2002854) Reguladora del Derecho de Asociación» -artículo 22.3 de la LETA-, donde se establece la inscripción registral de las asociaciones.
  • Fuera de estas especialidades, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación, incurriéndose así en clara reiteración cuando se dice que las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos «podrán ser declaradas de utilidad pública conforme a lo previsto en los artículos 32 a 36 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación» -artículo 20.4 de la LETA-. Una cuestión en la cual, dicho sea de paso, se evitará muy especialmente un trato desigual entre las diversas asociaciones. 3 El ejercicio de la actividad colectiva de defensa de sus intereses profesionales El artículo 19, apartado 1, reconoce, en su letra c), el derecho de los trabajadores autónomos a «ejercer la actividad colectiva de defensa de sus intereses profesionales», una alusión genérica que, aunque no menciona ninguna medida de acción colectiva, tampoco descarta ninguna. Como no incluye ni excluye ninguna expresamente, la legalidad de la medida de acción colectiva se encontrará en otras normas del ordenamiento jurídico. De entrada, no existe ningún tipo penal relativo a la adopción de medidas de acción colectiva de los trabajadores autónomos, de modo que, en la adopción de esas medidas, estarán sujetos a las leyes penales en los mismos términos que los demás ciudadanos. Nuestro ordenamiento jurídico penal no penaliza la adopción de medidas de acción colectiva de los trabajadores autónomos, como tampoco lo hace de los de por cuenta ajena. Ahora bien, si la medida de acción colectiva supone un incumplimiento contractual, la cuestión es si eso habilita al cliente para la extinción de la relación, en cuyo caso estaríamos ante un sistema de libertad, o no, en cuyo caso estaríamos ante un verdadero derecho de huelga, de similar configuración al derecho de huelga de los trabajadores por cuenta ajena de conformidad con el artículo 28.2 de la Constitución ( RCL 19782836) . Hasta el momento, se ha venido negando. Según afirma la STC 11/1981, de 8 de abril ( RTC 198111) , «la cesación de la actividad de (los trabajadores autónomos) ... si la actividad empresarial o profesional es libre, se podrá realizar sin necesidad de que ninguna norma les conceda ningún derecho, aunque sin perjuicio de las consecuencias que haya que arrostrar por las perturbaciones que se produzcan». Se trataría de un sistema de libertad. Y de modo semejante, la STC 98/1985, de 29 de julio ( RTC 198598) , afirma que «el ejercicio de la actividad sindical... se caracteriza por la existencia de otra parte ligada al titular del derecho por una relación de servicios... siendo su expresión una serie de derechos como los de huelga, de negociación colectiva y de conflicto (reconocidos por los artículos 28.2, 37.1 y 37.2 de la CE), que no podría ejercer un sindicato de trabajadores autónomos». No obstante, esas afirmaciones son válidas «si la actividad empresarial o profesional es libre» -STC 11/1981, de 8 de abril-, o, dicho en otros términos, si no existe «otra parte ligada al titular del derecho por una relación de servicio» -STC 98/1985, de 29 de julio-. Fuera de ese caso, esas afirmaciones no resultan válidas, y, justamente, el caso de los trabajadores autónomos económicamente dependientes no está en ese caso. La generalidad del artículo 19.1.c) de la LETA ( RCL 20071354) no prejuzga, en consecuencia, el amparo -o desamparo- constitucional del derecho de huelga de los trabajadores autónomos. Pero la LETA crea la figura de los trabajadores autónomos económicamente dependientes para la cual los argumentos utilizados en la jurisprudencia constitucional sobre exclusión del derecho de huelga de los trabajadores autónomos no resultan válidos. Quizás debamos esperar para una solución definitiva al desarrollo legislativo del derecho fundamental de huelga, aclarando la cuestión de si la huelga de los trabajadores autónomos dependientes es una mera libertad o es un verdadero derecho. Pero mientras eso no ocurra, los tribunales sociales, si llega el caso, deberán ofrecer una solución. En la doctrina científica, ya han surgido algunas opiniones favorables al reconocimiento 8. 8 Para Guillermo /Margarita , y hasta que no se apruebe la ley orgánica reguladora del derecho de huelga, «las actuaciones de presión llevadas a cabo por los TRADEs frente a sus respectivos clientes para la defensa de sus intereses profesionales no debieran merecer, al menos, la consideración de incumplimientos contractuales de los que derivar la extinción indemnizada del contrato por parte de los clientes (artículo 15.2 LETA); ni siquiera, tampoco, causas justificadas que habiliten la extinción por parte de estos últimos [artículo 15.1.f) LETA]», «Introducción ...», obra citada, página 144. Otra cuestión importante es si la actividad colectiva de defensa sólo es canalizable a través de sindicatos, asociaciones empresariales o asociaciones de trabajadores autónomos, o son posibles otras actuaciones, solución esta última más ajustada a la norma, porque, si no fuesen factibles otras actuaciones, la letra c) sería inútil porque la actividad colectiva de defensa a través de entidades representativas está implícita en letras a) y b). Por ejemplo, y aunque el artículo 13 de la LETA sólo legitima a «asociaciones o sindicatos que representen a los trabajadores autónomos económicamente dependientes» para alcanzar acuerdos de interés profesional, nada impide los acuerdos directos de esos trabajadores con su cliente común al amparo de las normas civiles sobre contratación, siquiera no ostentarán la validez y la eficacia de los acuerdos de interés profesional. Si esto es así y si no se trata de un acto antisindical, debemos aceptar la posibilidad de que, en ejercicio de su derecho de defensa colectiva, los autónomos dependientes se doten de representaciones propias dentro de la
  • empresa cliente destinadas a una negociación o de manera más estable. Tales representaciones propias no dispondrán de las prerrogativas de los representantes de trabajadores dependientes, salvo pacto con el empresario. Conviene precisar que, en la LETA, no se ha asignado -como se pudo haber hecho 9- la defensa de los intereses profesionales de los autónomos dependientes a la representación de los trabajadores. Aunque, al admitirse el acceso de esa representación a cierta información de los contratos de los autónomos dependientes -artículo 12.1.II de la LETA-, se posibilita la intervención de aquélla en la defensa de los intereses de éstos. 9 Para Guillermo /Margarita , «tratándose del TRADE... quizás podrían encomendarse funciones representativas... a los representantes legales de (trabajadores de la empresa cliente)... de modo similar a como sucede respecto a los trabajadores en misión (artículo 17 Ley 14/1994, de 1 de junio, de empresas de trabajo temporal)», «Introducción ...», obra citada, página 144. III. Los derechos colectivos de titularidad colectiva 1 Contenido general El artículo 19, apartado 2, de la LETA ( RCL 20071354) establece que «las asociaciones de trabajadores autónomos son titulares de los derechos de carácter colectivo a: (a) Constituir federaciones, confederaciones o uniones, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos para la constitución de asociaciones, con acuerdo expreso de sus órganos competentes. Asimismo, podrán establecer los vínculos que consideren oportunos con organizaciones sindicales y asociaciones empresariales. (b) Concertar acuerdos de interés profesional para los trabajadores autónomos económicamente dependientes afiliados en los términos previstos en el artículo 13 de la presente Ley. (c) Ejercer la defensa y tutela colectiva de los intereses profesionales de los trabajadores autónomos. (d) Participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de las controversias colectivas de los trabajadores autónomos cuando esté previsto en los acuerdos de interés profesional». Se trata de un contenido que, aunque sólo referido a las asociaciones de trabajadores autónomos, se extiende a los sindicatos respecto de sus trabajadores autónomos afiliados, y sin perjuicio de las facultades que les corresponden a los sindicatos en el ejercicio de su derecho a la libertad sindical -artículo 19.4 de la LETA-. Además de remitir al siguiente epígrafe con respecto a la letra b), haremos algunos apuntes con respecto a las otras letras. En cuanto a la a), y si la comparamos con el artículo 2.2.b) de la LOLS ( RCL 19851980) , donde se contempla el derecho paralelo de los sindicatos, se observa la referencia adicional a las uniones, lo cual acaso se explica para fomentar la unidad asociativa y para evitar un excesivo fraccionamiento, «(un) riesgo más que evidente en este ámbito máxime teniendo en cuenta que las condiciones de trabajo e intereses en cada sector de actividad son bien distintos»10. En cuanto a la c), la defensa y la tutela de los intereses colectivos, comprende, entre otras, la facultad de convocar acciones de conflicto, el derecho de reunión de los trabajadores afiliados, o la defensa judicial de intereses profesionales -que encuentra manifestaciones concretas en el artículo 6.2 o en la Disposición Adicional 1ª Cinco de la LETA, la cual adiciona un nuevo apartado 3 al artículo 17 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 19951144, 1563) -. Y en cuanto a la d), la participación en los sistemas no jurisdiccionales de solución de las controversias colectivas de los trabajadores autónomos cuando esté previsto en los acuerdos de interés profesional, puede ser «tanto en calidad de parte como de integrante del órgano de mediación o conciliación»11. 10 Guillermo /Margarita , «Introducción ...», obra citada, página 145. 11 Consuelo , citando el Informe del Consejo General del Poder Judicial al Proyecto de Estatuto, «Tutela judicial y extrajudicial de los autónomos: asunción por la jurisdicción social de los litigios entre autónomos económicamente dependientes y sus clientes y modalidades procesales idóneas para conflictos individuales y colectivos», ejemplar fotocopiado, en el Curso de Formación Judicial «Estatuto del Trabajo Autónomo», Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2007, página 31. Poderosamente nos llama la atención el olvido de algunos derechos de las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos, y, en especial, del más significativo, el derecho de autonomía en el ejercicio de sus potestades organizativas y de sus funciones tutelares, que, sin embargo, sí aparece en el artículo 20.2 de la LETA: «Gozarán de autonomía frente a las Administraciones Públicas, así como frente a cualesquiera otros sujetos públicos o privados». Una autonomía que, en todo caso, no impide «establecer los vínculos que consideren oportunos con organizaciones sindicales y asociaciones empresariales» -artículo 19.2.a) de la LETA-, lo cual no sólo es lógico desde la perspectiva de la unidad de acción, sino que, además, supone el reconocimiento legal de acuerdos actualmente vigentes. Tampoco se alude en el artículo 19.2 de la LETA a la libertad de disolución de las asociaciones profesionales de
  • trabajadores autónomos, que, sin embargo, sí se nos aparece en el artículo 20.5 de la LETA: «Sólo podrán ser suspendidas o disueltas mediante resolución firme de la autoridad judicial fundada en incumplimiento grave de las leyes». La disolución la podrán asimismo acordar los propios trabajadores asociados. 2 Referencia especial a los acuerdos de interés profesional De los derechos colectivos de las asociaciones de trabajadores autónomos y de los sindicatos con trabajadores autónomos afiliados destaca el de «concertar acuerdos de interés profesional para los trabajadores autónomos económicamente dependientes afiliados en los términos previstos en el artículo 13 de la presente Ley» -artículo 19.2.b) de la LETA ( RCL 20071354) -. Tal norma, titulada «acuerdos de interés profesional», nos permite definirlos como aquellos que, «concertados entre las asociaciones o sindicatos que representen a los trabajadores autónomos económicamente dependientes y las empresas para las que ejecuten su actividad ... (establecen) las condiciones de modo, tiempo y lugar de ejecución de dicha actividad, así como otras condiciones generales de contratación», con eficacia limitada «a las partes firmantes y, en su caso, a los afiliados a las asociaciones de autónomos o sindicatos firmantes que hayan prestado expresamente su consentimiento para ello» -artículo 13.1 y 4 de la LETA-. En consecuencia, y siguiendo las explicaciones literales recogidas en la Exposición de Motivos de la LETA, «el reconocimiento de los acuerdos de interés profesional... no supone trasladar la negociación colectiva a este ámbito, sino simplemente reconocer la posibilidad de la existencia de un acuerdo que trascienda el mero contrato individual, pero con una eficacia personal limitada, pues sólo vincula a los firmantes del acuerdo». Partiendo de esa definición, se desgranan a continuación los elementos fundamentales de los acuerdos de interés profesional, a saber: 1º. «Concertados entre las asociaciones o sindicatos que representen a los trabajadores autónomos económicamente dependientes y las empresas para las que ejecuten su actividad». Tanto la expresa referencia a las empresas, como la no referencia a las asociaciones empresariales, son circunstancias con las que está «dándose a entender implícitamente que los acuerdos tendrán en todo caso ámbito empresarial -nunca sectorial-»12. Sin embargo, otra opinión doctrinal no excluye la posibilidad de acuerdos de interés profesional con un ámbito superior a la empresa 13. A nuestro juicio, esto sólo sería posible si un acuerdo fuese negociado por varias empresas directamente o por representantes con poder para obligar, o después de negociado se hubiese adherido una empresa no negociadora. No se trataría entonces tanto de un acuerdo aplicable a las empresas de un sector como de un acuerdo aplicable a todas las empresas comprometidas. 12 Como expresamente afirma Jesús , «El Estatuto del Trabajo Autónomo», Boletín Informativo del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales/Junta de Andalucía, número 8, julio 2007. 13 Guillermo /Margarita , «Introducción ...», obra citada, página 118. Aunque la negociación de un acuerdo de interés profesional interesa a los trabajadores autónomos económicamente dependientes, como sus reivindicaciones pueden coincidir en mayor o menor medida con las de los trabajadores dependientes, es factible que, en una estrategia de unidad de acción, se negocie simultáneamente un acuerdo de interés profesional y un convenio colectivo. Incluso es factible que el convenio colectivo incluya normas aplicables a los autónomos como cláusulas a favor de terceros 14. 14 Natividad , quien agrega que, «de hecho, ya se conocen algunos ejemplos en esta línea (entre los más recientes el Convenio Colectivo Estatal de Estaciones de Servicio, Resolución de 8 de marzo de 2007 (BOE 26-3-2007) ... artículo 22», «Los derechos colectivos ...», obra citada, página 19. Por lo demás, la norma no alude expresamente a las asociaciones de empresarios como sujetos legitimados para concertar acuerdos de interés profesional en representación de los autónomos dependientes, lo cual se compadece con nuestra opinión -más arriba expuesta- sobre la lógica de excluir de la posibilidad de afiliación a asociaciones empresariales a tales autónomos dependientes, pues no pudiendo tener a su servicio trabajadores por cuenta ajena -artículo 11.2.a) de la LETA-, nunca serán empleadores. Más allá de la exigencia formal de que «los acuerdos de interés profesional deberán concertarse por escrito» -artículo 13.2 de la LETA-, no se establecen otras exigencias formales en cuanto a su concertación. Ni se establece una obligación de registro público, lo cual traerá consigo importantes inconvenientes. Pensemos, por ejemplo, que, para su alegación en juicio, será necesaria su aportación y, si se discutiese su validez, contenido o eficacia, obligaría al reconocimiento por parte de los firmantes. 2º. «(Establecen) las condiciones de modo, tiempo y lugar de ejecución de dicha actividad, así como otras
  • condiciones generales de contratación». Se trata de una previsión de carácter general totalmente coherente con la autonomía de la voluntad, aunque con dos limitaciones. Una, la de que «los acuerdos de interés profesional observarán los límites y condiciones establecidos en la legislación de defensa de la competencia» -artículo 13.1 de la LETA-. Y otra, la de que «se entenderán nulas y sin efecto las cláusulas de los acuerdos de interés profesional contrarias a disposiciones legales de derecho necesario» -artículo 13.3 de la LETA-. Además de esa previsión de carácter general sobre el contenido de los acuerdos de interés profesional, la LETA contiene diversas referencias a eventuales contenidos negociales de los acuerdos de interés profesional: a) La mejora cuantitativa del derecho a interrumpir la actividad anual, cuya duración legal es de 18 días hábiles -artículo 14.1 de la LETA-. b) El régimen de descanso semanal y de festivos, la cuantía máxima de la jornada de actividad y, en el caso de que la misma se compute por mes o por año, su distribución semanal -artículo 14.2 de la LETA-. c) El establecimiento de límites a la realización de actividad por tiempo superior al pactado contractualmente -artículo 14.3 de la LETA-. d) La determinación de la cuantía de la indemnización a que tenga derecho el trabajador en el caso de extinción -artículo 15.4 de la LETA-. e) La fijación de otras causas distintas a las legales de interrupción justificada de la actividad profesional -artículo 16.2 de la LETA-. f) La institución de órganos específicos de solución de conflictos -artículo 18.1 de la LETA-, que podrán sustituir al requisito de conciliación previa a vía judicial social -Disposición Adicional 1ª Cinco de la LETA-. g) El régimen del procedimiento arbitral -artículo 18.4 de la LETA-. 3º. Con eficacia limitada «a las partes firmantes y, en su caso, a los afiliados a las asociaciones de autónomos o sindicatos firmantes que hayan prestado expresamente su consentimiento para ello». Aquí se encuentra el obstáculo que nos impide hablar de un auténtico convenio colectivo 15. De este modo, y sin la eficacia erga omnes de los convenios colectivos estatutarios, los acuerdos de interés profesional son civiles 16, y así expresamente lo ratifica la LETA cuando establece que «se pactarán al amparo de las disposiciones del Código Civil» -artículo 13.4 de la LETA-. 15 De «pseudo negociación colectiva... a favor de los trabajadores autónomos económicamente dependientes» nos habla Dulce María , «Hacia una regulación ...», obra citada, página 98. 16 Guillermo /Maragarita , «Introducción ...», obra citada, página 117. Varios comentarios merece esta norma. El primero, es el de que las partes firmantes son libres de establecer la eficacia subjetiva del acuerdo, alcanzándoles sólo a ellas, o «en su caso» a sus afiliados. Una sujeción a la autonomía de la voluntad negocial que incluye, además, el contenido obligatorio objetivo del acuerdo, de modo que, tanto se podrán establecer meros compromisos morales, como obligaciones exigibles judicialmente 17. 17 Como se explica en el Informe de la Comisión de Expertos para la elaboración de un Estatuto del Trabajador Autónomo, «se deja así en manos de los correspondientes negociadores la elección de un amplio abanico de fórmulas que irían desde el simple compromiso moral de exigencia puramente por vía de las buenas prácticas sociales hasta la firma de un acuerdo vinculante y cuyo cumplimiento efectivo sería exigible por los cauces establecidos en un Estado de Derecho... libertad de elección (que) incluye, desde luego, la posibilidad de instituir distintos tipos de eficacia jurídica, más o menos intensa, según el ámbito de las materia pactadas en el ámbito colectivo... y para la hipótesis de que las partes hayan optado por atribuir efectiva vinculabilidad jurídica a los pactos por ellas firmados, las partes debería precisar también si su voluntad es que el compromiso alcance exclusivamente a los propios sujetos del pacto o trascienda este reducido ámbito subjetivo, para extender la vinculación directamente a los trabajadores autónomos y empresas a los que representen en la negociación, de modo que en este último caso tenga lugar la incorporación automática de sus cláusulas a los pactos individuales que puedan celebrar o hayan celebrado ya estos últimos», «Un Estatuto...», obra citada, páginas 167 y 168, passim. Y el segundo, es el de que, para la eficacia subjetiva sobre los trabajadores afiliados a sindicato o a asociación de trabajadores autónomos, es necesario «que hayan prestado expresamente su consentimiento para ello», obligando a su instrumentación «a través del contrato suscrito con el cliente o mediante documento habilitado al efecto»18. Si el trabajador no estuviese afiliado o, estándolo, no lo consiente, no se le aplica el acuerdo.
  • 18 Guillermo /Margarita , «Introducción ...», obra citada, página 121. Pues bien, estando el trabajador afiliado al sindicato o a la asociación de trabajadores firmante y consintiendo expresamente, el acuerdo de interés profesional será «fuente de (su) régimen profesional», de modo que «toda cláusula (de su) contrato individual... será nula cuando contravenga lo dispuesto en un acuerdo de interés profesional» -artículo 3.2 de la LETA-. De este modo, el acuerdo colectivo prevalecerá sobre el pacto individual. Un apunte final de carácter procesal. Y es el añadido de un apartado 3 al artículo 17 de la Ley de Procedimiento Laboral ( RCL 19951144, 1563) -Disposición Adicional 1ª Cuatro de la LETA- donde se establece que «las organizaciones de trabajadores autónomos tendrán legitimación para la defensa de los acuerdos de interés profesional por ellas firmadas». Sin embargo, no se establecen las adaptaciones convenientes de las normas sobre legitimación en las modalidades procesales de conflictos colectivos y de impugnación de convenios colectivos, aunque se ha argumentado de manera muy sensata a favor de admitir la legitimación interpretando ampliamente tales normas 19. 19 Consuelo , «Tutela judicial y extrajudicial ...», obra citada, páginas 24 y 25. 3 Contenido singular vinculado a la mayor representatividad Habida cuenta de que «un sistema de interlocución universal e indiscriminado (del Poder Público) con cuantas asociaciones puedan llegar a constituirse, con independencia de su incidencia real entre el colectivo sobre el que actúan y al que pretenden defender, es inviable y, además, ineficaz a los efectos del objetivo participativo que se busca establecer»20, la LETA -artículo 21- regula la figura de las «asociaciones profesionales representativas de los trabajadores autónomos», que, «sin perjuicio de la representación que ostentan de sus afiliados y a los efectos de lo previsto en este artículo y en el siguiente», donde se les otorga capacidad jurídica para actuar en determinados ámbitos en representación de los trabajadores autónomos, se definen como «aquellas que, inscritas en el registro especial establecido al efecto, demuestren una suficiente implantación en el ámbito territorial en el que actúen». De este modo, se vincula a la mayor representatividad una singular posición jurídica que diferencia a las asociaciones profesionales representativas de aquellas otras que no lo sean, sin que suponga desigualdad «tratar de forma diferenciada a quienes por razón de su representatividad también son diferentes»21. 20 «Un Estatuto ...», obra citada, página 176. 21 «Un Estatuto ...», obra citada, página 176. Tal implantación «habrá de acreditarse a través de criterios objetivos de los que pueda deducirse la representatividad de la asociación, entre ellos, el grado de afiliación de trabajadores autónomos a la asociación, el número de asociaciones con las que se hayan firmado convenios o acuerdos de representación o de otra naturaleza, los recursos humanos y materiales, los acuerdos de interés profesional en los que hayan participado, la presencia de sedes permanentes en su ámbito de actuación, y cualesquiera otros criterios de naturaleza similar y de carácter objetivo». En todo caso, se desarrollarán mediante norma reglamentaria. Ahora bien, la objetivación de los criterios legales no es, como se deduce de su simple lectura, completa, quedando márgenes a la discreción subjetiva, y, a sabiendas de esa indeterminación, el legislador se preocupa de atribuir la declaración de la condición de asociación estatal representativa a «un Consejo formado por funcionarios de la Administración General del Estado y por expertos de reconocido prestigio, imparciales e independientes», dejándose al reglamento su composición, siempre con un número impar de miembros no superior a cinco, sus funciones y procedimiento de funcionamiento -artículo 21.2 de la LETA-. «Las resoluciones dictadas... serán directamente recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa» -artículo 21.3 de la LETA-. En cuanto a la representatividad en el ámbito autonómico «y a los efectos de lo previsto en el artículo 215 de esta Ley», son «las Comunidades Autónomas (quienes) determinarán la representatividad de las asociaciones de trabajadores autónomos de acuerdo con los criterios a los que se refiere el artículo 21.1» -Disposición Adicional 6ª de la LETA-. Se trata, en consecuencia, de una potestad autonómica de reglamentación, siempre respetando los criterios legales que operarán como una norma común uniforme aplicable en la totalidad del territorio nacional español. Por lo demás, «la capacidad representativa reconocida... a las asociaciones de trabajadores autónomos se podrá ejercer en el ámbito de actuación territorial de la correspondiente asociación» -artículo 21.4 de la LETA-, que lo será el ámbito estatal o, en su caso, el ámbito autonómico.
  • Las asociaciones representativas de los trabajadores autónomos y las organizaciones sindicales más representativas, de conformidad con los artículos 6 y 7 de la LOLS ( RCL 19851980) , gozarán de una posición jurídica singular, que les otorga capacidad jurídica para actuar en representación de los trabajadores autónomos para -de acuerdo con el artículo 21.5 de la LETA-: a) Ostentar representación institucional ante las Administraciones Públicas u otras entidades u organismos de carácter estatal o de Comunidad Autónoma que la tengan prevista. b) Ser consultadas cuando las Administraciones Públicas diseñen las políticas públicas que incidan sobre el trabajo autónomo. c) Gestionar programas públicos dirigidos a los trabajadores autónomos en los términos previstos legalmente. d) Cualquier otra función que se establezca legal o reglamentariamente. Obsérvese, y al efecto basta la comparativa con los artículos 6 y 7 de la LOLS, que «se ha optado por un criterio restrictivo en cuanto a la naturaleza y entidad de las facultades atribuidas en exclusividad a las asociaciones representativas... en lo demás, se considera oportuno que rija el principio general de proporcionalidad»22. De ahí que nos llame la atención la dejación al reglamento -letra d)- para ampliar esas funciones. 22 «Un Estatuto ...», obra citada, página 177. IV. El Consejo del Trabajo Autónomo El artículo 22 de la LETA ( RCL 20071354) , que se titula «Consejo del Trabajo Autónomo», establece que éste «se constituye, al amparo de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo ( RCL 2002854) , Reguladora del Derecho de Asociación, como órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y profesional del trabajo autónomo» . Recordemos al efecto que, en el artículo 42 de esa Ley Orgánica, se contemplan los Consejos Sectoriales de Asociaciones «como cauce de participación ciudadana en asuntos públicos» y «como órganos de consulta, información y asesoramiento en ámbitos concretos de actuación». Siendo el Consejo del Trabajo Autónomo un Consejo Sectorial de Asociaciones, se configura, en esencia, como un cauce de participación institucional de los trabajadores autónomos y como un órgano de interlocución del Gobierno. La LETA se limita a determinar el marco general de su regulación, cuya composición y régimen de funcionamiento se deja al desarrollo reglamentario -artículo 22.6 de la LETA-. Tal marco general delimita sus funciones, su composición, su presidencia y la consignación presupuestaria. Respecto a sus funciones -artículo 22.2 de la LETA-, son: a) Emitir su parecer con carácter facultativo sobre (1) los anteproyectos de leyes o proyectos de reales decretos que incidan sobre el trabajo autónomo (2) el diseño de las políticas públicas de carácter estatal en materia de trabajo autónomo, y (3) cualesquiera otros asuntos que se sometan a consulta del mismo por el Gobierno de la Nación o sus miembros. El informe relativo a los anteproyectos de leyes o proyectos de reales decretos será preceptivo si se produjeran modificaciones del Estatuto del Trabajo Autónomo. b) Elaborar, a solicitud del Gobierno de la Nación o de sus miembros, o por propia iniciativa, estudios o informes relacionados con el ámbito de sus competencias. c) Elaborar su reglamento de funcionamiento interno. d) Cualesquiera otras competencias atribuidas legal o reglamentariamente. Respecto a su composición -artículo 22.3 de la LETA-, estará compuesto por representantes de las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos representativas cuyo ámbito de actuación sea intersectorial y estatal, por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y por representantes de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de la asociación de Entidades Locales más representativa en el ámbito estatal. Adicionalmente, un representante por cada Consejo del Trabajo Autónomo que se constituya. Respecto a la Presidencia, corresponderá al Secretario General de Empleo y, por delegación, al Director General de la Economía Social, el Trabajo Autónomo y el Fondo Social Europeo -artículo 22.4 de la LETA-. Y respecto a los créditos necesarios para su funcionamiento se consignarán en los presupuestos del MTAS -artículo 22.5 de la LETA-. Por lo demás, «las Comunidades Autónomas podrán constituir, en su ámbito territorial, Consejos Consultivos en materia socioeconómica y profesional del trabajo autónomo... (y) asimismo podrán regular la composición y el funcionamiento» -artículo 22.7 de la LETA-. No es el Consejo del Trabajo Autónomo la única forma de participación institucional a que se alude en la LETA, en cuanto en ésta se obliga al Gobierno a plantear «la presencia de los trabajadores autónomos en el Consejo Económico y Social», aunque es una obligación curiosa en la medida en que depende de dos exigencias, una de difícil medición, que es «la evolución del Consejo del Trabajo Autónomo en la representación de los mismos», y otra encubridora de la anuencia del Consejo Económico y Social, que es «el informe preceptivo del Consejo Económico y Social sobre la composición del mismo que deberá realizar para ello en el menor plazo de tiempo posible» -según la Disposición Adicional 8ª de la LETA-.